Más de una hora esposado. Arrodillado en una cuneta. Ahí mismo, donde le habían detenido. Así pasó la tarde del pasado 7 de septiembre Miguel. ¿Su delito? Participar en una de las protestas pacífcias contra el genocidio en Gaza que acompañaron el paso de La Vuelta en su decimoquinta etapa. De Vegadeo a Monforte. De Asturias a Galicia. «Ya nos habían identificado a todos preventivamente. Por protocolo, según nos confirmó la propia Guardia Civil», recuerda el manifestante. «Pero fue cuando nos colocamos en el borde de la carretera cuando nos detuvieron», sigue contando. Así ocurrió. A medida que se acercaba el pelotón ciclista, un grupo de ocho personas, incluido el propio Miguel, extendieron una pancarta a lo largo del arcén. «Palestina libre«, rezaba la lona. Los agentes no tardaron en actuar. Esposas y al suelo. ¿Bajo qué cargos? Invadir la vía pública.
De ahí, Miguel y sus compañeros fueron directamente transportados a los calabozos de la comandancia de Lugo. Entraron a las 4 de la tarde. Salieron pasadas las 10 y media de la noche. «En el parte de detención, nos llegaban a acusar de poner en peligro la seguridad de los ciclistas y de otros viandantes», detalla el detenido. «Nosotros solo estábamos mostrando nuestra repulsa con lo que está pasando en Gaza«, añade con impotencia. Por lo menos, el tema quedaba zanjado. O eso parecía. Esta mañana le ha llegado una carta certificada. «Todavía no he podido leerla, pero al ver que están empezando a imponer sanciones, me temo lo peor», refiere con preocupación el manifestante.
No está exagerando. Este miércoles, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte anunciaba 17 propuestas de sanciones para manifestantes identificados y detenidos durante el desarrollo de La Vuelta. Concretamente en tres de sus etapas. La etapa 12, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en Cantabria. La 14, entre Avilés y La Farrapona, en Asturias. Y la 15, a la que acudió Miguel de la mano de la plataforma Lugo por Palestina. Entre 3.000 y 4.000 euros. Son las cantidades que tendrían que desembolsar los afectados. Además de la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período de hasta seis meses.
«Estamos hablando de infracciones graves«, confirman voces del Ministerio de Interior, que ejerce la presidencia y portavocia de la comisión. Es la categoría en la que se incluirían los actos reivindicativos protagonizados por los manifestantes a los que señala Antiviolencia. Ya sea por el incumplimiento de las medidas de seguridad o por «comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes». Así lo recoge la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que rige las actuaciones de la comisión. Las infracciones graves son la categoría intermedia, penada con hasta 60.000 euros. Por debajo quedan las infracciones leves, por un valor de entre 150 y 3.000 euros; por encima, las muy graves, que podrían ascender a los 650.000 euros. Una millonada.
«Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza», aseguran fuentes ministeriales
Eso sí, no son firmes. «Tendrán que pasar por las delegaciones de gobierno autonómicas, que son las encargadas de dar el visto bueno definitivo. De tramitarlas», señalan desde Interior. Pero no está muy claro que vayan a dar marcha atrás. «Al final, las sanciones se basan en los atestados policiales y de la Guardia Civil, que es de quienes parte la proposición«, desarrollan voces ministeriales. «Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza». «Es su palabra contra la nuestra», responde Miguel. En la mayoría de casos, se han agarrado a la cantidad mínima: 3.001 euros. «En otros se ha podido elevar un poco la cantidad porque se considere que había circunstancias agravantes», explican desde Interior. Resistencia a la autoridad, provocaciones o insultos.
Aquí viene lo sorprendente. En el mismo comunicado en el que Antiviolencia anuncia las propuestas de multa para las protestas, se incluye la sanción a un aficionado del Real Oviedo. Y no por presentarse en el estadio con kufiya. «Por proferir insultos racistas a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Junior«, detalla el documento. En otras palabras, por incurrir en comportamientos racistas.
Ocurrió el pasado 5 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. En el minuto 37. Las cámaras enfocaban a un aficionado que, aprovechando el foco de atención, «hacía gestos corporales de imitación de un mono«. La Policía Nacional lo identificó en seguida como miembro de un grupo ultra del equipo local. Procediendo a su detención. Pues resulta que este aficionado se enfrentaría a la misma multa que algunos manifestantes propalestinos: 4.000. Protestar por un genocidio es tan grave como ser racista.
“Es un delito de odio contra el pueblo judío”
Ni condenados por kale borroka, ni yihadistas, ni gentuza. El bulo del diario El Mundo, azuzado por el Partido Popular, ha puesto el broche a semanas de criminalización mediática de las protestas. De la mano de reconocidos periodistas y representantes políticos. Pero parece que el cuento es más bien al revés. Hubo violencia en las manifestaciones, sí. Pero no por parte de quienes ejercían su derecho a la protesta.
«Ya había terminado la etapa de La Vuelta. Había terminado su trabajo», insiste Rosana Prieto, responsable comarcal del BNG en el sur de Lugo y concelleira en el municipio de Pantón. “De repente se me acercó un policía y me pidió que me identificara”, sigue contando. «Pregunté qué iban a hacer después y se lanzó contra mí», hace memoria la política. Nunca le comunicaron los cargos en su contra. «Me llevaron a comisaría antes que al hospital», subraya con indignación. Quedó bajo custodia policial a las 6. Salió algo después de la 1 de la mañana.
Miguel, manifestante: «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino»
Moretones, fisuras en las costillas, el riñón afectado. «¿Esto no es violencia? ¿Esto no tiene ninguna sanción?», protesta la concejala. No es la única que lo piensa. «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Por denunciar un genocidio», remarca Miguel. Las recurrirán. «Es que encima la interpone una comisión que se dice de antiviolencia. Es todo una broma», valora el manifestante.
Todavía no se sabe a quién irán a parar las multas. Con una excepción. Una mujer, en Laredo, con una sanción por un valor de 3.001 euros. Es la información que ha facilitado la Delegación de Gobierno en Cantabria sobre el posible alcance de las multas en su comunidad. De la identidad de la multada, por el momento, no hay noticia. «Hasta que no sean definitivas, en principio no se le comunican a los afectados», explica Interior. ¿Y en el resto del recorrido? ¿Habrá nuevas multas? ¿Qué pasa con los 97 identificados en Madrid? «Amenazas de la policía no han faltado, desde luego», sostiene Pablo García, manifestante en la última etapa de La Vuelta. «Cuando me detuvieron, me llegaron a decir que me iba a caer una denuncia por delito de odio contra el pueblo judío», hace memoria el manifestante. «Pensé que era para intimidar, pero ahora con esto…», deja caer. Cabe además la posibilidad de otro tipo de sanciones, en base a la ley de protección de la seguridad ciudadana. La famosa ley mordaza.