El hecho de que Álvarez participara de las «actividades de carácter privado» de la esposa de Pedro Sánchez implica que hubo, según el juez, un incorrecto destino del patrimonio público, dado que estas labores no figuraban entre sus funciones. Tras apuntar esto último, el instructor Peinado argumenta que el responsable de ese desvío de fondos es Félix Bolaños. En la época de la contratación de Cristina Álvarez, 2018, Bolaños ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia.
En su escrito, Peinado sostiene que Bolaños «tenía bajo su responsabilidad esa correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo». Así es como llega a la conclusión de que el ahora ministro de Justicia debería ser investigado por un «hipotético delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal». Es más, el juez Peinado reitera en varias ocasiones que Bolaños «ahora» tiene la condición de «investigado».
Sin embargo, como titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Peinado no tiene capacidad para imputar ningún delito al ministro, que está aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Solo el Supremo puede dar a Bolaños la condición de investigado, en ningún caso puede hacerlo Juan Carlos Peinado. Por eso eleva exposición razonada a esta Sala.
En el escrito, Peinado explica que a lo largo de la instrucción ha tomado declaración a la propia Álvarez, al ex vicesecretario general de la Presidencia Alfredo González Gómez; a Félix Bolaños y también al cargo al que Bolaños señaló como responsable de los nombramientos del personal de Moncloa, Raúl Díaz Silva.
El juez destaca que, tras realizar estas diligencias, ha hallado una contradicción entre las testificales de Bolaños y Díaz Silva. Y concluye que, ante esta circunstancia, «solo cabría haber acordado la diligencia de entrada y registro» en Moncloa. Pero esta diligencia sería «contraria al principio de proporcionalidad», de modo que al juez le «resulta imposible continuar la investigación judicial sin quebrantar el derecho de defensa del aforado Félix Bolaños».
Por eso mismo, Peinado pide al Supremo que cite al ministro en calidad de investigado, que le pida aportar «toda la documentación relativa a la propuesta y nombramiento de Cristina Álvarez». Y que reclame información sobre todos los pagos a la asesora.
Bolaños confía en la decisión del Supremo
El ministro de Justicia está «tranquilo» y afirma que «la exposición motivada se erige sobre una respuesta» que él no pronunció. Fuentes del ministerio se muestran preocupadas, en todo caso, por «cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia», y destacan que Peinado no preguntó a Bolaños por el «nombramiento de Cristina Álvarez», sino por «el responsable» de la asesora.
Subrayan también que «la Secretaría General de Presidencia no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez». «No hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos», destacan en el entorno del ministro. El titular de Justicia confía en que el Supremo desestimará la exposición razonada.
Lo argumentan de la siguiente forma las mencionadas fuentes: «Estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó, y un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error. Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo«.