Con septiembre llega el regreso a las aulas en España. El pistoletazo de salida en la mayoría de regiones se produce el día 8. Este año, el arranque del nuevo curso escolar viene cargado: junto a libros y cuadernos, la comunidad pública educativa arrastra una mochila repleta de asignaturas pendientes
—muchas de ellas estructurales— que quedaron en el aire el curso pasado. Profesores, estudiantes, sindicatos y expertos coinciden en que la lista para este nuevo curso no solo es extensa, sino también «urgente» para salvar la educación pública.
Entre los temas por resolver figuran la precariedad laboral, el avance de la privatización, la persistente segregación escolar, los recortes que afectan a las lenguas cooficiales, la falta de recursos para atender la diversidad en las aulas, las becas insuficientes y el aumento de los gastos que deben asumir las familias. El mochilón tampoco distingue etapas: acompaña tanto a la Educación Infantil como a la Primaria, la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional e incluso a la Universidad.
El curso pasado, la comunidad educativa manifestó algunas de estas demandas con paros y movilizaciones, aunque denuncian que «no contaron con el respaldo de las instituciones«. Este año esperan ser escuchados, pero insisten en que muchas de las tareas pendientes «deberían haber sido resueltas antes del inicio del curso», algo que finalmente no ha ocurrido.
Mejorar las condiciones laborales del profesorado
La situación de los docentes es una de las principales asignaturas pendientes para el curso académico 2025-2026. Profesores y sindicatos comparten con Público las cuestiones que no pueden pasar inadvertidas este año. Erica Polo, profesora de Física y Química en Salamanca, señala como prioridad «reducir las ratios» de alumnado por clase. «Una ratio superior a 20 dificulta mucho llegar a todos los estudiantes, conocer sus problemas y ofrecerles ayuda personalizada», explica. Según la profesora, en materias como Biología, Geología y Física y Química, «es materialmente imposible trabajar con un nivel aceptable de seguridad en el laboratorio si un solo profesor tiene que atender a 25 o 30 alumnos a la vez».
Erica Polo, profesora en Castilla y León: «Exigimos reducir ratios, aliviar la burocracia, mejorar recursos y corregir la desigualdad salarial»
La salmantina también denuncia la «ingente burocracia» que, en su opinión, ha ido en aumento en los últimos años y que «ahoga al profesorado y reduce el tiempo para dedicarse a su principal labor: enseñar». Asimismo, incide en la falta de recursos materiales en los centros públicos: «En Castilla y León la mayoría de los docentes tenemos que aportar nuestros propios ordenadores para poder trabajar. Se nos restringe el acceso a materiales básicos como bolígrafos, rotuladores, lápices o papel. Pagamos estas herramientas de nuestro bolsillo». Critica que, en muchas ocasiones, se fomente cobrar a los alumnos por fotocopias de fichas que se usarán en clase. También ratifica que las infraestructuras de muchas escuelas están obsoletas, «con goteras o ventanas poco eficientes desde el punto de vista energético». Y confirma que existe «desigualdad salarial» entre comunidades: «Por ejemplo, el salario en Castilla y León es más bajo que en otras regiones, por lo que reivindicamos una equiparación salarial«.
Borja Llorente, CCOO Asturias: «La temporalidad del profesorado impide que los centros desarrollen proyectos a medio y largo plazo»
A 430 kilómetros por carretera de Salamanca, Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias,
enumera otras tareas pendientes que deben abordarse. La primera de ellas: las «políticas fallidas de estabilización» del profesorado. «Casi un 30% de la plantilla es interina, con contratos de máximo un año de duración, y cada año muchos cambian de centro al menos una vez. Algunas compañeras deben trasladarse incluso más veces porque no disponen de vacantes», cuenta a Público. Atestigua que un gran porcentaje de estos docentes trabaja con vacantes de media jornada. «En las zonas rurales más despobladas, la interinidad se concentra hasta el punto de que algunos centros cuentan con toda su plantilla formada por interinos». «Esto dificulta, e incluso imposibilita, que los centros educativos desarrollen proyectos a medio y largo plazo«, explica.
Al sur del mapa, en Andalucía, Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia, añade a la lista la necesidad de «reforzar la formación del profesorado, tanto para implementar la LOMLOE como para atender la creciente diversidad del alumnado en las aulas».
Los docentes madrileños ponen en el punto de mira la gestión de los 52 nuevos ‘Medios CEIPSOS’ que implementó Ayuso
En la capital, los docentes madrileños también piden para este nuevo curso académico revisar la gestión de los nuevos Medios CEIPSOS. La modalidad, implantada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, incorpora 1º y 2º de ESO en 52 colegios públicos de Infantil y Primaria. Según denuncia el profesorado, estos puestos no estarán ocupados por funcionarios de carrera, sino por interinos, muchos de ellos a tiempo parcial o repartidos entre varios centros, y «en muchos casos impartiendo materias que no corresponden a su especialidad». Los profesionales reivindican que esta situación supone «una ruptura en la continuidad pedagógica del alumnado«.
Para Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, el futuro del profesorado pasa por avanzar en compromisos pendientes de la LOMLOE: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente, incluyendo la incorporación de todos los docentes al grupo A1 con la revisión de los niveles retributivos, la reducción del horario lectivo, la disminución del número de alumnos por aula y un nuevo sistema de acceso e ingreso en la profesión docente, entre otros». García sostiene que «no se han revertido todos los recortes educativos de 2012 y, además, la situación no es homogénea en toda España». Desde el sindicato confían en la necesidad de iniciar un proceso negociador que permita mejoras reales para la profesión: «Nuestro profesorado está harto de promesas que no se cumplen«.
Beatriz García, secretaría de Enseñanza de UGT: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente»
Desde el Ministerio de Educación recalcan a Público que «las competencias en materia educativa son autonómicas«. «Los retos pendientes de cada comunidad deberán ser planteados y detectados por ellas mismas. Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre eso». Aun así, se remiten a informes y estadísticas oficiales, como el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación y el anuario estadístico Las cifras de la educación en España, donde se recopilan datos sobre personal docente, rendimiento académico, infraestructuras y recursos educativos, entre otros.
Lo privado gana terreno a lo público
Otra de las cuestiones que atemorizan al personal docente de cara al nuevo curso es el avance de la privatización. Víctor Muñoz es profesor de un centro educativo público en la Comunidad de Madrid. Para él, una de las grandes tareas pendientes del sistema educativo es «desmontar el plan estructural basado en el desmantelamiento de lo público». Asegura a este medio ser testigo de cómo la educación pública se infrafinancia año tras año. «La estrategia es que la pública se perciba como algo de poca calidad, mientras que la privada y la concertada se presentan como el modelo ejemplar».
Víctor Muñoz, docente en la Comunidad de Madrid: «Se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada»
El profesor abre el melón del peso creciente de la educación concertada en España. Según precisa, se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada, o bien se limita tanto la oferta que las familias no tienen más opción que matricular allí a sus hijos. Aunque habla desde la realidad madrileña, subraya que el fenómeno de la privatización se extiende ya por todo el país. «Las escuelas infantiles son un buen ejemplo: quedan muy pocas porque muchas han sido privatizadas o cerradas con la excusa de la falta de niños». «Se está mercantilizando la educación pública«, concluye tajante.
El avance de lo privado también salpica a la enseñanza universitaria. Este mismo año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en la decimocuarta universidad privada de la región, después de que el Ejecutivo central anunciara nuevas regulaciones con mayores controles y exigencias para la creación de centros universitarios privados. Mientras, en la capital apenas resisten seis universidades públicas, que durante todo el curso pasado denunciaron la asfixia provocada por la falta de financiación.
En este nuevo curso se prevé la aprobación de la Ley de Enseñanzas Superiores de Universidad y Ciencia, impulsada por el Ejecutivo de Ayuso. La normativa, diseñada por la administración del Partido Popular, equipara a universidades y Formación Profesional, sin diferenciar entre centros públicos y privados. Además, la ley introduce nuevas fórmulas de inversión para la universidad pública y, según adelantó Público, contempla que esta pueda crear o participar en fondos de inversión.
Un modelo anclado en la segregación escolar
Otro de los grandes desafíos que enfrenta la escuela pública en España es «dejar atrás un modelo anclado en la segregación y la discapofobia«. Así lo denuncia Bernardo Cabañas, vocal de la Confederación de Asociaciones de Padres, Madres y Familias del Alumnado de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), en una conversación con Público. Cabañas corrobora que la enseñanza pública es la que concentra a más estudiantes en situación de vulnerabilidad: alumnado con desventaja socioeconómica, con necesidades educativas especiales, con discapacidad o de origen extranjero. «Esta agrupación de perfiles que requieren apoyos específicos necesita de recursos sólidos y estables, pero la realidad es que la dotación actual es insuficiente. Como consecuencia, el alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada en los centros ordinarios».
Bernardo Cabañas (CONFAPA): «El alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada por falta de recursos y profesionales»
El miembro de CONFAPA recuerda que «las aulas son actualmente más diversas que hace años» y que «urge crear las condiciones para responder a esa pluralidad». Entre las medidas prioritarias plantea la reducción de las ratios —un máximo de 20 estudiantes por clase en Primaria y ESO, y de 15 en Infantil—, así como la apuesta por equipos docentes «estables y especializados». «Es imprescindible contar con maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, técnicos de integración social y orientadores cualificados. No puede ser que en demasiados casos estas plazas las ocupen interinos sin la formación mínima necesaria«, dice.
Alejandro Tiana, profesor emérito de Historia de la Educación en la UNED, acredita que los métodos tradicionales «ya no sirven en aulas cada vez más heterogéneas». «Ante un alumnado diverso, la uniformidad no garantiza el aprendizaje«, explica a Público.
Para este experto, el reto exige replantear la organización escolar con mayor flexibilidad, incorporando nuevas figuras profesionales y recursos adaptados. «Es necesario aplicar fórmulas como las agrupaciones flexibles, la codocencia —dos o más docentes comparten la planificación, la enseñanza y la evaluación de un mismo grupo de estudiantes— o los espacios polivalentes, y al mismo tiempo apoyar al profesorado en esa transformación». Tiana apuesta por una adaptación progresiva, con una estrategia sostenida en el tiempo: «Hay que ir ajustando los centros a las nuevas realidades y, sobre todo, acompañar ese proceso con inversiones que permitan acometer las reformas necesarias».
Fran Curto, docente en Castilla y León: «Las leyes se hacen sin contar con el profesorado; necesitamos ser escuchados»
Fran Curto, profesor de secundaria y Bachillerato en Valladolid, avala desde las aulas la urgencia de atender la diversidad en la educación pública. «Nuestro sistema educativo debe ser capaz de ofrecer una atención más personalizada y adecuada para cada estudiante», afirma a Público. Para lograrlo, propone reducir las ratios de alumnos por clase y aumentar los recursos humanos: más profesorado de apoyo, logopedas, pedagogos terapéuticos y personal auxiliar especializado en atención a la diversidad, así como la implementación de metodologías inclusivas. Aun con todo, augura que si la educación se sigue gestionando al margen del profesorado, «será imposible alcanzar los objetivos». «Los docentes deben tener una participación real en la elaboración de nuevas leyes, que se nos escuche de verdad. Nosotros estamos en las aulas todos los días, y hay muy poca relación entre la realidad que vivimos y lo que reflejan las leyes y los políticos«, denuncia.
Aulas bajo control: recortes de derechos y represión
El estudiantado, sobre todo el de las enseñanzas universitarias, es el otro gran damnificado de la educación pública en la península. El curso pasado los alumnos denunciaron lo que consideran «un retroceso en sus derechos». Sabela Martínez, estudiante y portavoz de la Plataforma UCM por la Pública en la Universidad Complutense de Madrid, lo resume con dos asignaturas pendientes en la agenda educativa: la reforma de la ley de universidades y «la represión estudiantil». Lo dice con conocimiento de causa: presenció cómo sus compañeras, que acampaban en la universidad contra el genocidio en Gaza o protestaban contra Vox y por la vivienda, fueron represaliadas.
En el curso 2025-2026 se aprobará la ley de universidades de Ayuso, con mayor protagonismo de las empresas en la educación pública
El curso pasado dejó numerosos ejemplos relacionados con la falta de libertad de expresión en los campus: activistas represaliadas tras protestar por la presencia del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en Somosaguas; intervenciones contra miembros de la Organització Juvenil Socialista (OJS) en Alacant; dos estudiantes de la Universidad de Granada sancionadas tras participar en una protesta contra la intervención de la exdiputada de Vox Macarena Olona en un coloquio sobre feminismo y derecho; o las pintadas aparecidas en el despacho del jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, atribuidas a la Juventud Falangista Española.
La portavoz de UCM por la Pública critica la reacción política frente a estas movilizaciones estudiantiles: «Dos manifestaciones multitudinarias y una huelga no fueron suficientes para que tomen medidas».
Cuando la política silencia la lengua
Otra asignatura pendiente para este curso, según el profesorado, son los recortes en la enseñanza de lenguas cooficiales. «Cuando llegó Alberto Núñez Feijóo en 2009, el gallego, que ya estaba poco presente en los institutos, pasó a estar marginado directamente», explica a este medio Iago Martís, profesor de secundaria de gallego.
Iago Martís, profesor de gallego: «Desde 2009, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego»
Según el profesor, antes de ese año, gallego y castellano se repartían aproximadamente el 50% de las asignaturas. «Hoy, el reparto es de un 30% para cada lengua más un 30% de inglés», informa. Martís denuncia que hoy está prohibido impartir materias como Matemáticas o Física y Química en gallego. «Tenemos casos de profesores que fueron perseguidos por reivindicar el uso del gallego en Matemáticas», revela. Y lamenta: «Desde 2009 y ahora con la presidencia del popular
Alfonso Rueda, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego».
Núria Gisbert es docente en el País Valencià, la comunidad que afronta el próximo curso con menos cimientos: ocho colegios públicos afectados por la DANA seguirán cerrados. En lo que atañe a la cuestión de las lenguas cooficiales, aclara en declaraciones a Público que «la nueva Ley de Libertad Educativa, promovida por el PP y Carlos Mazón, ha logrado excluir la lengua valenciana de las aulas. Este próximo curso habrá alumnos que no la tendrán como lengua vehicular, cuando era uno de los pocos contextos en los que realmente iban a usarla». La profesora informa que la normativa ha modificado la forma en que se organizan los grupos: «Ahora se prioriza la elección de los padres sobre la lengua vehicular, sin considerar primero las necesidades, dificultades y fortalezas del grupo, como se hacía antes».
Aumento de los gastos escolares
Este año, la vuelta al cole también atiza al bolsillo de las familias que optan por la escuela pública. Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) basado en una encuesta a 687 progenitores con 976 hijos de entre 3 y 18 años, el coste medio anual por alumno en centros públicos asciende a 1.221 euros, un 2% más que el curso pasado. El mayor gasto recae en el comedor, con un promedio de 107 euros al mes. Le siguen las actividades extraescolares, que cuestan 56 euros mensuales, y los libros de texto, que suman 157 euros al año. Otros gastos incluyen excursiones y visitas culturales, con un coste medio de 176 euros anuales, y material escolar, con 92 euros. Además, uno de cada cinco menores utiliza un dispositivo electrónico para fines escolares, lo que supone un gasto adicional de 297 euros al año. Esto se suma, según los profesionales consultados por este medio, a una «política de becas insuficiente, que no logra compensar las desigualdades socioculturales y económicas existentes».
Cada año, la mochila que la comunidad educativa lleva a sus espaldas se vuelve más pesada. El desgaste físico y emocional de docentes, estudiantes y familias es cada vez más evidente: estrés, ansiedad, incertidumbre y miedo recorren las aulas. Aun así, el hartazgo no frenó su protesta en las calles. Las manifestaciones más recientes, multitudinarias y sonadas en la Comunidad de Madrid y Asturias, se convirtieron en un símbolo de la lucha educativa en todo el país.
El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el 2 de octubre por Gaza y la Plataforma Menos Lectivas anuncia una movilización el 19 de octubre en Madrid
La comunidad educativa no se rinde. El colectivo confirma a este medio que se está preparando para volver a salir a la calle y alzar la voz en defensa de la educación pública. Lo anunció este jueves el Sindicato de Estudiantes convocando una huelga para el próximo 2 de octubre en protesta por el genocidio en Gaza. También la Plataforma Menos Lectivas adelantó a Público que planea una movilización el 19 de octubre en la región madrileña. ¿Se pondrán al día estas asignaturas el próximo curso o seguirán pendientes?