La Fiscalía: «Es un juicio en defensa de la democracia»

"Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas", ha señalado el fiscal del Tribunal Supremo en respuesta a los alegatos que desplegaron ayer las defensas de los 12 lideres independentistas, que plantearon el juicio como una causa general contra el independentismo que vulnera derechos fundamentales.

"Nada mas lejos de la realidad", ha dicho Zaragoza frente a las afirmaciones de que lo que se va a juzgar en este procedimiento es "la capacidad de la democracia española para tolerar la discrepancia politica y la protesta ciudadana", como señalaron algunas defensas.

Es mas bien, segun el fiscal, "un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagro la Constitucion de 1978".

Afirmar que los acusados estan siendo juzgados por sus ideas "es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos", ha señalado Zaragoza, quien ha insistido que en esta causa "no se persigue una ideologia que puede ser defendida en un sistema democratico" sino unas acciones por las que se trato de "imponer un determinado planteamiento politico a los demas".

Zaragoza ha recalcado que el ejercicio de los derechos politicos no justifica sustituir la Constitucion por una "legalidad paralela", "imponer coactivamente un proceso de segregacion territorial", desobedecer de forma "reiterada, sistematica y contumaz" al Tribunal Constitucional y "llamar, incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento".

Y ha recordado el caso de la consulta del 9N, por la que fue inhabilitado el expresident Artur Mas, en la que se pretendieron ejercer los derechos politicos al margen de las leyes y se vulneraron los derechos del resto de ciudadanos que no intervinieron en el proceso, una "mayoria social silenciosa de Cataluña, que representa casi un 60 % del censo electoral que no participo en esa votacion".

Por eso, ha dicho el representante de la Fiscalia, "a nadie debe extrañarle que la Justicia penal reaccione" ante acusados que "violan las normas mas elementales de la convivencia y lo hacen mediante la ejecucion de actos de enorme gravedad que suponen una grave agresion al orden constitucional".