El gobierno de Donald Trump tiene en el punto de mira al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido el rostro de la lucha contra la campaña de deportaciones masivas del presidente. Ábrego García fue deportado «por error» el pasado mes de marzo a la CECOT de El Salvador. A finales de junio, el gobierno permitió su retorno a Estados Unidos para juzgarlo por cargos penales. Después de que los activistas por los derechos de los migrantes celebraron su regreso como una victoria frente a la campaña de deportaciones de Trump, este lunes Ábrego García ha vuelto a ser arrestado bajo la amenaza de ser expulsado a Uganda.
La semana pasada, Ábrego García había sido puesto en libertad a la espera del juicio que el gobierno estadounidense ha iniciado contra él. “Mi nombre es Kilmar Ábrego García, y quiero que recordéis esto: recordad que soy libre y he podido volver a reunirme con mi familia”, dijo a través de un traductor. “Esto ha sido un milagro… Quiero agradecer a cada uno de los que han marchado, que han levantado su voz, que no han dejado de rezar y que continúan luchando en mi nombre”.
A su alrededor, los activistas que han hecho campaña para el retorno de Ábrego coreaban “Sí se puede” y “Somos Kilmar”. Lograr forzar a la administración Trump a devolver al salvadoreño a Estados Unidos (quien desde 2019 está protegido judicialmente de la deportación) era una clara victoria para los activistas de los derechos de los migrantes. Algo que Trump no puede tolerar de ningún modo. Tan solo tres días después de la escena, este lunes, los agentes de inmigración (ICE, en sus siglas en inglés) lo han arrestado este lunes en Baltimore.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado en un comunicado que ICE está “procesando” al hombre para ser deportado. No concretó el lugar. Previamente a la detención, la defensa de Ábrego García había apuntado que la administración Trump lo deportaría a Uganda si no aceptaba el acuerdo de ser expulsado a Costa Rica bajo el estatus de refugiado.
Por el momento, sus abogados ya han presentado una moción ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland para frenar la expulsión a Uganda. La petición argumenta que la administración Trump lo ha vuelto a arrestar sin darle previamente la oportunidad de expresar su temor a ser perseguido y torturado en ese país.
«Le castigan por ejercer sus derechos constitucionales»
«La única razón por la que fue detenido es para castigarlo. Para castigarlo por ejercer sus derechos constitucionales«, ha dicho Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados que representa a Ábrego, este lunes frente a una oficina de ICE en Baltimore. Sandoval considera que la administración está usando la amenaza de Uganda para presionar a su cliente después de que rechazara la oferta de ser deportado en a Costa Rica a cambio de permanecer allí en prisión y aceptar los cargos de tráfico de personas que el gobierno estadounidense le imputó en junio.
“El hecho de que estén usando a Costa Rica como una zanahoria y a Uganda como un garrote para tratar de obligarlo a declararse culpable de un delito es una prueba tan clara de que están convirtiendo el sistema de inmigración en un arma de una manera completamente inconstitucional”, ha expuesto Sandoval a la prensa.
La administración Trump, dispuesta a no ceder ante el caso de Ábrego García después de reconocer que lo deportó «por un error administrativo«, decidió retornarlo a Estados Unidos solo para juzgarlo por unos nuevos cargos que le imputaron: el de ayudar a entrar ilegalmente a otras personas al país. “Cargos federales que son completamente inventados», denunció en su momento Sandoval. Desde entonces había estado encerrado en un centro de detención de Tennessee.
El caso de Ábrego García empezó cuando el 15 de marzo fue deportado junto con más de 200 migrantes, venezolanos y salvadoreños, a El Salvador bajo la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. El hombre había llegado a Estados Unidos en 2011 huyendo de las maras salvadoreñas para pedir asilo. Es residente legal de EEUU y desde 2019 está protegido judicialmente contra la deportación. Tal y como explicaron sus abogados en el momento de la detención en marzo, no había ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13.
A raíz de la campaña legal y de presión para devolver a Ábrego García, el departamento de Justicia emitió una respuesta kafkiana: reconocía que le había deportado «por un error administrativo» y no tenía «poder» para devolverlo. Esos mismos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, era recibido en el Despacho Oval y hacía gala de su buena sintonía con Trump. Ambos mandatarios se lavaron las manos sobre la capacidad real para retornar a Ábrego García.
Poco a poco, el caso del salvadoreño se convirtió en una prueba de la falta de revisión judicial que sufrieron las personas a las que se les aplicó la ley de enemigos extranjeros del 1789, bajo la acusación de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y El Tren de Aragua. La pugna legal escaló hasta el Supremo que, en una orden no firmada, dijo al gobierno que facilitara el regreso del hombre. Durante meses, la administración Trump retrasó el cumplimiento de dicha orden.
Una jueza suspende temporalmente la deportación
La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis detuvo la deportación a Uganda del salvadoreño Kilmar Abrego García y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump mantenerlo en Estados Unidos mientras evalúa una nueva impugnación legal contra los planes de enviarlo a África.
Xinis, la misma jueza que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador tras ser deportado allí por error, preguntó si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsar a Abrego García del territorio continental estadounidense, a lo que el abogado del Gobierno Trump contestó que sí.
Según una orden judicial anterior de Xinis, Abrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.
La jueza afirmó que existen «varios motivos» por los cuales podría tener jurisdicción para solicitar la exención deportación, incluyendo que Uganda no ha accedido a ofrecerle a Abrego protecciones como la libertad de tránsito, la obtención del estatus de refugiado y la prohibición de ser enviado a El Salvador.