PP y Junts amargan el fin de curso al Gobierno con el veto a Extranjería y el frenazo presupuestario
El Gobierno asumía su derrota con la Ley de Extranjería. Desde el PSOE ya advirtieron que bajo ningún concepto retirarían la reforma para ganar tiempo, aun con la petición expresa de Coalición Canaria de no votarla para buscar el acuerdo de la mayoría de la Cámara. En Moncloa cumplan expresamente al Partido Popular de lo sucedido, pese a que Junts tampoco ha dado su brazo a torcer. Señalan explícitamente a Alberto Núñez Feijóo por su “insolidaridad” y “despreocupación absoluta” hacia un territorio bajo su gobierno como son las Islas Canarias.
María Jesús Montero comparecía minutos antes de la votación para cargar las tintas contra Génova, situándoles en una competición por la bandera de la lucha contra la inmigración con Vox. “Asimilan la inmigración con la delincuencia y han consumado la amenaza de que este es el terreno donde quieren competir contra la ultraderecha”, argumenta la vicepresidenta primera, precisando que el voto negativo de los populares impide que “Canarias tenga una solución”.
La insolidaridad que Montero atribuye al PP no llega sola. No al menos para el Gobierno, que también atribuye el frenazo a los Presupuestos con el rechazo del principal partido de la oposición a unos objetivos de estabilidad presupuestaria que proporcionaban 100.000 millones de euros de gasto para “Comunidades y Ayuntamientos del Partido Popular”. La también ministra de Hacienda afeaba a los conservadores dar la espalda a sus gobiernos municipales y autonómicos al anteponer su estrategia de “acoso y derribo” contra Pedro Sánchez. “Simple y llanamente”, deslizaba una María Jesús Montero visiblemente molesta.
Pinza PP-Junts
Lo cierto es que el veto de la Cámara a Extranjería y a la senda de estabilidad no es competencia exclusiva del Partido Popular. Junts ha puesto su granito de arena, activando todas las alertas con la comparecencia de prensa de su portavoz, Josep María Cruset, tras la intervención de Montero en el punto de los objetivos de déficit. Saltó la sorpresa -cuasi generalizada-, pues se daba prácticamente por hecho que saldría adelante.
Explican desde la formación neoconvergente que su disconformidad parte del reparto de los objetivos de déficit entre administraciones. Concretamente, exigen que las comunidades autónomas tuvieran un mayor margen de gasto. Su decisión se encuadra en los prolegómenos de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la Generalitat este próximo miércoles, aunque lo desvinculan por completo de su voto.
La maniobra de Junts ha condimentado una jornada que se presuponía predecible, aunque en la política española nada lo es desde un tiempo a esta parte. Especialmente tras la votación final. Algunos diputados ya vislumbran en el horizonte una suerte de pinza PP-Junts a no mucho tardar. Así se ha expresado Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, al término del pleno ómnibus. Una crítica que conjugaba con la conclusión que extraen desde el Grupo Plurinacional y que lo describen como una “pataleta” sin mucho más recorrido.
Cuatro textos aprobados
En cualquier caso, la sangre no ha llegado al río. Al menos esa es la lectura que se extrae desde la coalición progresista y sus satélites parlamentarios. No hay preocupación con respecto a esta formalidad. Socialistas y magentas aplacaban los ánimos en el patio del Congreso desdramatizando la situación, dado que el ‘no’ a los objetivos de déficit no impide su tramitación. Simplemente, insisten, retrasa el proceso y fuerza al Ejecutivo a presentar unos nuevos o, en su defecto, los anteriores, que también obtuvieron el rechazo de la Cámara.
Al margen de Extranjería y Cuentas Públicas, la lectura que extraen desde Moncloa es positiva, pues de las seis iniciativas que había sobre la mesa tan sólo dos han decaído. El Pleno ha dado luz verde a la reforma de la Ley del Poder Judicial, fruto del pacto entre PSOE y PP, además de la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El texto está ya empaquetado para ser trasladado al Senado, que este mismo miércoles hará lo propio y votará su cuota correspondiente de vocales.
También han conseguido sacar adelante, no sin el enigma pertinente, la prórroga del decreto anticrisis. El escudo social vivió cierto momento de incertidumbre, pero a primera hora de la mañana ya se vislumbraba como una certeza. Podemos anunciaba en los prolegómenos del pleno un acuerdo con el PSOE mediante el cuál se incluía entre el paquete de medidas anticrisis el bono social eléctrico, una de sus principales líneas rojas. La sombra de Junts planeaba también por este punto del orden del día, aunque durante el debate parlamentario anunciaron su respaldo a la extensión de la cobertura, que contempla la reducción del IVA al aceite de oliva que, a su vez, nace de una demanda neoconvergente.
Por último, el Pleno también ha dado el visto a la ley de paridad, que regresaba a la Carrera de San Jerónimo después de que el PP pasara el rodillo de su mayoría absoluta en el Senado. El bloque de la investidura regateó los recortes conservadores y mantienen las iniciativas que garantizan la representación en igualdad de condiciones en algunos lugares que “se le resistían a las mujeres”. Un avance “muy importante” que ve la luz junto al proyecto de ley de bomberos forestales, que partía de una iniciativa del Grupo Socialista y que persigue condiciones equivalentes en todo el país, acompañadas de formación y seguridad, además de jubilación anticipada.
En consecuencia, el Gobierno pasa la reválida del mes de julio con un cuatro sobre seis, aunque decaen dos de las iniciativas propias de mayor peso; especialmente la relativa a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para la que seguirán buscando una vía alternativa. Por ahora, sin embargo, el curso político en la Carrera de San Jerónimo baja el telón hasta la próxima temporada, cediendo el protagonismo de la actualidad a Cataluña y las negociaciones que pueden coronar a Salvador Illa como próximo president de la Generalitat.
