La denuncia del PP contra el PSOE está firmada por el acusado de destruir los papeles de Bárcenas
Abogado del PP y persona de confianza de Cospedal
Alberto-Pío Durán Ruiz de Huidobro (nombre completo) es abogado del partido y un hombre de la máxima confianza de quien fuera número dos de la formación de Génova 13, María Dolores de Cospedal. De hecho, fue quien presentó en nombre de la también expresidenta regional de Castilla-La Mancha la querella contra Bárcenas -el extesorero indicaría durante la investigación haber alcanzado un acuerdo de compensación con ella- y el que la representó en las citaciones judiciales a las que no acudió sobre el caso de espionaje en la agencia Almirante.
Desde que estallara el caso el letrado asumió un papel muy relevante; fue, por ejemplo, el que dio la orden de vaciar la sala Andalucía, un espacio de la tercera planta de la sede popular utilizado por el extesorero por supuesto robo de dos ordenadores y otras pertenencias.
Asimismo, atendió a tres especialistas de la Policía Científica cuando las autoridades acudieron a Génova 13 para hacer las pesquisas oportunas. También acudió a la cita de conciliación -que fracasó- por la demanda de despido improcedente interpuesta por quien llevara las cuentas del partido.
Amenazas a los medios de comunicación
En 2013, el jefe de la asesoría jurídica del PP remitió una carta al exdirector de El País con la que amenazaba a ese periódico con acciones penales si seguía adelante con la publicación del sumario del caso Bárcenas sobre la financiación ilegal de los populares tomando como base los papeles en los que el extesorero llevaba una contabilidad opaca.
En aquella misiva, el abogado del PP sostenía que el mencionado periódico llevaba publicando desde hace meses “informaciones absolutamente falsas que lesionan el honor y la imagen pública del Partido Popular”. Aquellas informaciones “falsas” provocaron la apertura de un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional.
El abogado basaba la amenaza en que la divulgación de documentos que obran en un proceso penal “está prohibido por Ley”, por lo que “la obtención de esos documentos y su posterior publicación, con conocimiento de su origen ilícito, puede ser constitutivo del delito previsto y penado por el artículo 197 del Código Penal”.
El PP actuó por aquel entonces con una doble vara de medir evidente, dado que en los últimos tiempos se había subido a la crítica política a sus adversarios aprovechando la publicación de informaciones basadas en sumarios judiciales declarados secretos sin denunciar en esos casos la comisión de delitos.
Sin embargo, en lo que respecta al sumario de Bárcenas, señalaba que “el derecho a la información en absoluto legitima la publicación de documentos cuya obtención no es lícita” y amparaba que en los documentos aparecían datos personales relativos a los trabajadores del partido, sobre los que debía prevalecer su derecho a la intimidad. No obstante, en las informaciones no figuraban datos de ningún trabajador, sino de cargos dirigentes del partido.
En cualquier caso, el letrado advirtió de que la publicación del sumario motivaría la “Inmediata interposición de las acciones penales que procedan en defensa de los derechos al honor y la intimidad del PP”.
Caso Bárcenas
Las publicaciones anteriormente mencionadas se basaban en los cuadernos del extesorero, cuya procedencia confirmaron numerosos grafólogos y cuyo contenido confirmaron algunos dirigentes que aparecían citados en las libretas. Las páginas apuntaban los ingresos que hacía en la cuenta de donativos del PP, coincidiendo las cantidades con las figuras que aparecen en la contabilidad oficial, y en ellas figuraban nombres tan desconocidos por la Justicia como el de M.Rajoy.
El Partido Popular camufló sueldos a su cúpula haciéndolos pasar como gastos de representación. Bárcenas ‘blanqueó’ 1,3 millones euros en donativos del partido en cinco años, mientras que la formación no registró en su contabilidad oficial pagos que sí admitió a sus dirigentes.
La primera confesión del entonces tesorero llegó en 2013, mismo año en el que la Audiencia Nacional inició una investigación sobre el caso. Desde entonces, la persona que llevaba las cuentas de la formación abrió un cajón de sastre que llevó a la celebración de 27 sesiones judiciales (a fecha de 2021) y ha puesto a varios nombres en la diana con el paso de los años.
Luis Bárcenas fue condenado por el Tribunal Supremo a 33 años por la trama Gürtel, aunque su pena se vio después reducida a 29. Hasta 2024, cuando obtuvo el tercer grado, lo que supone un paso más hacia la libertad condicional.
Denuncia del PP al PSOE
El pasado lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, citaba a los medios al juzgado para hablar sobre la denuncia presentada por el partido y que lleva la rúbrica de Durán, aunque el documento se presentó digitalmente.
Tras presentar la querella, a la que ha tenido acceso este medio, Sémper señalaba que el PSOE se enfrenta a un “escándalo de dimensiones aún no reveladas” que “seguirá creciendo”. “Todo se sabrá. Lo que hoy son meras sospechas se convertirán en pruebas, y lo que actualmente son evidencias se transformará en información verificada y respaldada por los tribunales”, apuntaba.
Los socialistas salieron al paso con siete páginas que contemplan las 39 causas de corrupción que los conservadores tienen en estos momentos sobre la mesa, entre las que se encuentran Kitchen, Púnica, Tándem, Lezo o Novo.
“Fue absuelto (…) Hace cinco años de la sentencia”
este medio se ha puesto en contacto con el PP por si quisieran hacer alguna valoración sobre el hecho de que la persona que firma la denuncia fuera la misma acusada de destruir los ordenadores de Bárcenas.
Fuentes de Génova señalan ante este periódico a Alberto Durán como “responsable del departamento jurídico del partido” y emiten que “fue absuelto”. “Hace cinco años de la sentencia”, indican.