En su informe, el Gobierno responsabiliza de ello a Red Eléctrica, porque ni el día anterior programó «con suficiencia» las centrales térmicas que debían dar estabilidad al sistema y porque cuando lo quiso hacer ese mismo 28 ya era demasiado tarde. También a las empresas, porque apunta que las centrales que sí estaban previstas en la programación de Red Eléctrica no cumplieron su tarea de control de tensión como estaba previsto. Para evitar que esto pueda volver a suceder, el Gobierno incrementa las capacidades de inspección de la CNMC, a la que da seis meses para «evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio», es decir, a Red Eléctrica en la programación del sistema y a las centrales que sean retribuidas por las restricciones técnicas. El regulador deberá emitir un informe, que «actualizará cada tres meses».
Asimismo, la vicepresidenta tercera encomienda a la CNMC un «plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición», con «mayor» atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años.
Entroncando directamente con la responsabilidad que tanto el Ministerio como Red Eléctrica descargan sobre las empresas eléctricas de que sus centrales incluidas el 28 de abril en la programación para controlar la red no lo hicieron según lo esperado, el Gobierno prevé en su decreto de este martes otro elemento de la normativa que aprobó la CNMC esta semana, que es incorporar «penalizaciones» a la regulación que obliga a las centrales eléctricas a estar disponibles a requerimiento de Red Eléctrica -siempre que no hayan comunicado la imposibilidad-. Según fuentes del Ministerio, esto «ya era obligatorio pero no había una penalización», que ahora se incorporará.
Cómo de anómala es una tensión normal
Por otra parte, Transición Ecológica también encomienda a Red Eléctrica investigar la posibilidad de regular aspectos que también podrían haber fallado el día del apagón o por lo menos que dieron rango de normalidad cuando estaban llevando al cero eléctrico. Es el caso, por ejemplo, de los niveles de tensión. La empresa que preside Corredor asegura que no fue hasta segundos antes cuando empezaron a desconectarse instalaciones por 20.000 Mw de electricidad. Ahora, Aagesen pide a Red Eléctrica que «elabore propuestas de modificaciones normativas» sobre «las respuestas a las oscilaciones de potencia, la velocidad de la variación de las tensiones o sobre la programación de restricciones técnicas».
Según explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, se trata de intentar definir qué significa que la tensión «varíe demasiado», como sucedió el 28 de abril, aunque sea dentro de los rangos de normalidad. También a partir de qué tipo de oscilaciones se considera que las plantas podrían no tener que poder operar.
En relación con los niveles de tensión -y sobretensión- de la red eléctrica que se alcanzaron el 28 de abril y que llevaron a que, una tras otra, las centrales de generación se fueran desconectando del sistema hasta llegar al ‘cero nacional’, la investigación europea sobre el apagón constata que ese día hubo sobretensión en la red española.
Operación «más barata» del sistema
Por lo que respecta a las restricciones técnicas, por las que Red Eléctrica pide que centrales de generación tradicionales estén disponibles para dar estabilidad a la red, las medidas del Gobierno para evitar otro apagón incorporan una nueva regulación que, tras años retrasada, aprobó la CNMC esta misma semana y que fuentes de Transición Ecológica avanzan que «va a hacer mucho más barato» operar el sistema eléctrico, con repercusiones, por tanto en los consumidores.
Se trata de un nuevo procedimiento de operación que, cinco años después, reconocerá a las plantas de generación renovable la capacidad para controlar la tensión que hasta ahora solo tienen reconocida las centrales nucleares, las hidroeléctricas y los ciclos combinados -y las centrales de carbón, ya fuera de funcionamiento-. En realidad, las plantas construidas después de 2019 ya disponen de esta tecnología -conocida como «gridforming», creadora de red- pero el atraso en su aprobación de hace unos días ha retrasado que sea una realidad. A partir de ahora, una planta fotovoltaica podrá «competir» con una central nuclear o un ciclo combinado -que genera electricidad con gas- entre los candidatos que la víspera pida Red Eléctrica para respaldar el sistema y controlar la tensión de la red al día siguiente.
El Ministerio calcula que será «más barato» porque abre el espectro de las tecnologías que estarán disponibles, incluyendo fotovoltaica y eólica, que generalmente son más baratas que el gas de los ciclos combinados. Con tecnologías más baratas a las que Red Eléctrica pueda recurrir en sus llamadas restricciones técnicas para dar firmeza al sistema es previsible que, cuando entre en vigor, se reduzcan los costes por ese y otros servicios de ajuste, que se han más que duplicado desde el apagón y ha llevado a eléctricas, industria y comercializadoras a advertir de «costes sobrevenidos». También a que la CNMC recordara este lunes a las comercializadoras que no es un criterio aceptable en la norma para cambiar el precio fijo de la luz acordado con los clientes en contratos a largo plazo.
Luz verde del Congreso
Tras su aprobación este martes, el decreto ley deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. A pesar de la situación política, en la que los casos de corrupción vinculados con el PSOE ya han hecho que el Gobierno pierda apoyos parlamentarios entre sus socios, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado que el decreto es una «propuesta viable» negociada previamente con «los distintos grupos políticos» y han apelado «a la responsabilidad de todo el arco parlamentario para apoyar medidas que son muy importantes».
De la misma manera, desde el departamento de Aagesen se pide al Congreso «agilizar» la tramitación para «recuperar» la Comisión Nacional de la Energía como un órgano independiente de la CNMC, una recomendación que el Ministerio incluyó la semana pasada en su informe sobre el apagón y que no ha recogido en el decreto-ley, a la espera del trámite parlamentario en curso.