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Alberto Núñez Feijóo parece haber perdido el control del discurso político del Partido Popular. Si el líder de la oposición plantea un mínimo acercamiento al nacionalismo, ahí está José María Aznar para llamarle la atención. Y si la mejor discípula del expresidente, Isabel Díaz Ayuso, hace bandera de un debate que ya ha incendiado la política madrileña, Feijóo va detrás y lo eleva a lo nacional. La izquierda plantea un muro frente a la polémica ley del concebido no nacido, el “cuento de la criada” que la baronesa ya ha implantado en Madrid, y que ahora hace suyo el líder popular. 

Este lunes, Feijóo ha anunciado que, si llega a ser presidente, impulsará una ley nacional similar a la que el PP regional aprobó en la Asamblea de Madrid el pasado jueves. Se trata de la norma que otorga los mismos derechos de cara a las ayudas públicas a las familias antes de que su hijo haya nacido, contándolo como miembro de la unidad familiar desde el embarazo. 

“Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público«, ha dicho Feijóo en Espejo Público. El líder del PP, que ya impulsó algo similar en 2011 cuando era presidente de la Xunta de Galicia, se mete así de lleno en un debate que ya está absorto en la polémica en, arrastrado una vez más por la competición con Vox que mantiene la corriente aznarista que encarna Ayuso. 

Me comprometo a una ley nacional que reconozca las ayudas a las familias por el concebido no nacido. pic.twitter.com/8kY3KYUzOd

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 6, 2026

La izquierda, tanto madrileña como nacional, ya ha lanzado una contraofensiva a esta ley, que critican desde que el Ejecutivo regional la impulsó hace meses, que va desde las propias instituciones, con propuestas de mociones en contra en la Asamblea, hasta los tribunales. 

Feijóo entra de lleno en el “cuento de la criada” de Ayuso 

Las primeras reacciones al anuncio de Feijóo este lunes no se han hecho esperar, la mayoría más por el hecho de que el líder nacional del PP vaya a rebufo de Ayuso. “La nueva temporada de Lost promete”, respondía al vídeo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. A la izquierda del PSOE, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado a Feijóo por hacer “seguidismo” de Ayuso. 

Pero antes de que el líder de la oposición se subiera al carro, ya se había iniciado la reacción de Moncloa contra la aprobación de la ley en la Asamblea. Más concretamente, y por afinar qué tipo de personajes le están marcando la agenda a Feijóo, a tenor de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, nada más aprobarse la norma gracias a la mayoría absoluta del PP: “Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”, escribió en X el jefe de gabinete de Ayuso. 

Los derechos del feto son mucho más importantes para este señor y el gobierno de Ayuso que los derechos de las mujeres. El cuento de la criada empieza a contarse en Madrid. Vamos a defender la vida y la libertad de las mujeres. https://t.co/VvNcbYEJYe

— Ana Redondo (@_anaredondo_) July 3, 2026

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lidera la contraofensiva del Gobierno por su cartera. “Los derechos del feto son mucho más importantes para este señor y el gobierno de Ayuso que los derechos de las mujeres”, respondió a Rodríguez. La socialista lanzó la píldora que ampliaría un día después en un acto en Valladolid: “El cuento de la criada se empieza a contar en Madrid, donde parece que las mujeres solo son recipientes para parir”. 

La oposición a Ayuso anuncia batalla en los tribunales 

Ahora, Feijóo se mete hasta el fondo en una disputa que ya ha enfangado el terreno en Madrid. Ayuso avanza en su fomento de la natalidad, mientras la izquierda pone el foco en que, para mejorar la situación de las familias, hace falta facilitar los cuidados y la conciliación. Más allá de criticar el sentido de la norma aprobada en la Cámara de Vallecas, la oposición pone el foco también en su forma. 

“Es una batalla cultural que tiene el PP contra Vox. Porque la señora Ayuso y Vox son exactamente lo mismo, son negacionistas y machistas. No se trata de ayudar a las madres a que sean madres. Para eso lo que harían son leyes que proporcionaran acompañamiento durante la maternidad”, señaló la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. 

Los socialistas recuerdan que Madrid es la única comunidad de España sin ley de Igualdad, además de que la región lidera en brecha salarial entre hombres y mujeres, pero van más allá: “Esta ley no es solo una chapuza en la forma, sino también en el contenido. Por eso los socialistas vamos a acudir allá donde sea necesario, también al Tribunal Constitucional”, anuncia. 

También desde Más Madrid anunciaron medidas contra la propuesta del PP antes de que se aprobara. El grupo registró un escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea en el que advertía de la posible inconstitucionalidad de una de las enmiendas de los populares, al considerar que permitía al Consejo de Gobierno modificar por vía reglamentaria un elemento esencial de la ley, como el umbral de las 14 semanas para acceder a las ayudas y al reconocimiento previsto en la norma. Por ello, solicitó que la enmienda fuera inadmitida o, de forma subsidiaria, que se recabara un informe urgente de los servicios jurídicos antes de someterla a votación, algo que no se hizo. 

La capital turca, Ankara, acogerá este martes y miércoles 7 y 8 de julio una cumbre de la OTAN un tanto especial. Por un lado, habrá incertidumbre en España en torno a que las relaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no son las mejores, en tanto que el de Washington ha pronunciado sendas críticas contra el jefe del Ejecutivo que han tenido el beneplácito y la no censura del secretario general de la alianza, Mark Rutte. Por otro lado, precisamente, los países miembros mirarán de cerca las posiciones del máximo responsable del Tratado Atlántico, que se han acostumbrado a ser especialmente serviles a los intereses de Donald Trump y de unos Estados Unidos que celebraban este sábado sus 250 años de vida.

Mark Rutte trasladaba este sábado sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos y gran aliado por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, y lo hacía elogiando al fallecido y polémico expresidente Ronald Reagan y a la OTAN por haber sido «un bastión frente al fascismo y al comunismo a lo largo de casi 70 años de historia». Para Rutte, Estados Unidos es «una nación que durante mucho tiempo ha sido fuente de inspiración y aspiración» y que «uno de sus grandes líderes, el presidente Ronald Reagan, llamó la ‘ciudad resplandeciente sobre la colina'». «Soy holandés. Pero para mí y para muchísimos otros, eso es lo que Estados Unidos representa y siempre ha representado: un faro, una guía», agregaba.

«Nos unimos en la OTAN en torno a ese ideal en 1949, cuando el mundo se recuperaba de una lucha fundamental contra el fascismo, y mientras se avecinaba otra lucha fundamental contra el comunismo. sabíamos que la libertad era frágil. Estuvimos de acuerdo en que valía la pena luchar por ello. Y comprendimos que unirnos nos daría ventaja en esa lucha. Ese es el ideal sobre el que se fundó la OTAN. Vale la pena luchar por la libertad. Juntos, como amigos y aliados, continuamos con esa causa común. Todo gracias a la idea materializada que es Estados Unidos«, continuaba sus halagos el secretario general, antes de desear un «muy feliz cumpleaños» a esa «resplandeciente ciudad sobre la colina», en un discurso fuertemente plegado a Washington.

El 5%, bajo debate en medio de las tensiones

La cumbre de la alianza, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países que forman parte de la OTAN, servirá para medir el progreso de los aliados con el compromiso adquirido el pasado verano en La Haya, donde acordaron una hoja de ruta con la idea de que en 2035 todos destinen el 5% de sus respectivos PIB a la defensa. El encuentro, además, tendrá lugar en un momento en el que el presidente de Estados Unidos está siendo muy crítico con los aliados europeos y Canadá al considerar que tienen un bajo gasto militar, por lo que se espera que utilice la cumbre para someter a sus socios a un examen de cuánto han aumentado su inversión en defensa en comparación con el año pasado.

«En la cumbre del año pasado conseguimos el compromiso de defensa de La Haya. Ahora estamos llevando a cabo el primer boletín de calificaciones sobre ese 5% para ver dónde están nuestros aliados«, auguraba el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, en declaraciones a la prensa en vísperas de la cumbre. Cabe recordar que el compromiso alcanzado por los aliados en la cumbre de La Haya establece que los países deberán destinar el 5% de PIB a defensa antes de 2035, un objetivo que se desglosa en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad. Dicho esto, Whitaker sostuvo que la cita se centrará «en medir ese progreso», pero también en la necesidad de repartir mejor la carga de la defensa convencional de la Alianza Atlántica en Europa, dados los planes de Washington de reajustar sus capacidades en el Viejo Continente y la necesidad de los aliados europeos de suplir cualquier tipo de vacío.

Hechos y críticas

Pero pese a las constantes críticas de Trump, los aliados europeos quieren demostrar durante esta cumbre los «hechos», y es que en el último año Europa ha cumplido con lo acordado, invirtiendo más en capacidades militares y asumiendo una mayor responsabilidad de su propia defensa convencional, evitando así confrontaciones o reprimendas del presidente de Estados Unidos, según han indicado fuentes diplomáticas. Algunos países, como Alemania, han anunciado recientemente inversiones militares para elevar en solo cuatro años su gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Reino Unido prevé alcanzar un 4,2% de gasto en defensa y derivados para 2035. Todo ello, en un año en el que todos los miembros de la Alianza Atlántica han superado el umbral del 2% de inversión del PIB fijado en la cumbre de Gales de 2014.

Algo parecido ocurre con el reajuste militar de Estados Unidos en Europa al reducir su participación en el ‘Modelo de Fuerzas de la OTAN‘, el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto. El comandante supremo de la OTAN, Alexus Grynkewich, ha trasladado que los aliados han cubierto gran parte los vacíos dejados por Washington, según han confirmado fuentes aliadas.

Por eso mismo, la parte europea espera que las críticas no protagonicen la cumbre de Ankara, como sí lo hicieron el año pasado en La Haya, y que prevalezca un mensaje de unidad de los 32 Estados miembro en la consecución del aumento del gasto en defensa o del apoyo a Ucrania en el quinto año de guerra.

Los europeos esperan que Rutte se posicione

Mark Rutte, por su parte, se ha acostumbrado a alinearse en exceso con Donald Trump y con sus designios imperialistas. No obstante, los países europeos tienen fe de que saque la cara por ellos tras las críticas del inquilino de la Casa Blanca. En una reciente visita a la Casa Blanca, Rutte dijo que entendía perfectamente la decepción de Trump, aunque estimó que, «cuando se observan las cifras de las inversiones que los países de la OTAN están realizando en su propia defensa, son asombrosas». Sobre España, concretamente, Trump dijo que «eran un auténtico desastre» y que estaba «muy decepcionado«, ante lo que el secretario general solo se atrevió a contestar que Madrid es «un caso aislado».

Además del gasto en defensa, otro de los puntos que protagonizarán la cumbre de Ankara será cómo convertir el compromiso de mayor gasto en defensa en resultados concretos. Por ejemplo, cómo hacer coincidir el aumento de la demanda de capacidades militares con la oferta que puede producir la industria militar. Los líderes quieren que empresas del sector aprovechen el impulso para desarrollar una capacidad industrial de defensa suficiente y sostenible, ya que a medida que los aliados han aumentado sus pedidos, los plazos de entrega de ciertos tipos de munición se han alargado. En este sentido, el martes se celebrará el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26), el principal evento de alto nivel de la Alianza sobre producción, inversión e innovación en defensa transatlántica, donde altos funcionarios de la OTAN, aliados y socios, debatirán con líderes de la industria y las comunidades responsables de impulsar en la industria sus temas más apremiantes.

El apoyo a Ucrania será otro de los grandes pilares de la cumbre. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estará presente en Ankara, donde los aliados prevén formalizar un nuevo compromiso financiero de apoyo militar para este año y el próximo que podría llegar hasta los 70.000 millones de euros. Según han indicado varias fuentes diplomáticas, en esos 70.000 millones se incluyen los 30.000 millones de euros dispuestos por la Unión Europea a Kiev en su préstamo para gasto en defensa. Los otros 40.000 está previsto que se alcance con apoyo bilateral adicional a Ucrania. Eso sí, no se prevé que Estados Unidos participe en esta financiación.

La vía principal de suministro militar de Estados Unidos a Kiev tras la retirada de la financiación con la llegada de Trump seguirá siendo el mecanismo PURL (Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania), a través del cual los aliados europeos y Canadá compran armamento estadounidense para donárselo a Ucrania. Según ha informado Whitaker, hasta el momento se han reunido más de 6.000 millones de dólares (5.200 millones de euros) para la compra en sistemas estadounidenses, entre ellos misiles Patriot para hacer frente a los ataques aéreos de Rusia.

Vivienda se ha convertido en la palabra maldita de la legislatura. El clamor ciudadano ante la durísima situación del mercado inmobiliario ha activado las palancas en el Ejecutivo para hacer algo al respecto, pero hasta la fecha, ha llegado mal, tarde o ni siquiera ha llegado. Desde hace meses se viene anticipando un puñetazo en la mesa que ayude a los españoles con el principal problema que tienen en su día a día, pero no terminan de materializarse cambios sustanciales, ya sea por falta de voluntad o de entendimiento entre los responsables de que salga adelante. Con todo este telón de fondo, el Gobierno ha intentado un último movimiento para sacar adelante un amplio paquete de medidas frente a la situación inmobiliaria antes de que acabe la legislatura. Que caiga en saco roto o no dependerá del diálogo entre las partes.

En primera instancia, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo dentro de la coalición para impulsar un decreto de gran alcance en el Consejo de Ministros antes de que concluya julio. Sumar, con el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como principal impulsor, ha logrado fijar este calendario y ha situado en el centro de la negociación la prórroga extraordinaria de los alquileres. Esta iniciativa decayó el pasado 28 de abril tras ser rechazada por Junts con el respaldo de PP y Vox. No obstante, el Ejecutivo considera que una nueva formulación del texto, acompañada de otras concesiones, podría facilitar el apoyo de la formación conservadora catalana, poco susceptible de apoyar reformas progresistas en el mercado de la vivienda. El futuro decreto incluirá un conjunto amplio de medidas diseñado para atraer a distintos grupos parlamentarios y aumentar las opciones de convalidación. A diferencia del texto anterior, rechazado por el Congreso y compuesto únicamente por dos artículos, la nueva propuesta abordará cuestiones que van desde la fiscalidad de los pisos turísticos hasta mecanismos para reforzar la empresa pública de vivienda Casa 47.

Paralelamente, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, encargada de coordinar las conversaciones, se encontraría trabajando junto a Sumar en la elaboración de un paquete maleable para negociar con casi todas las formaciones del arco parlamentario, en una fórmula en la que caerían también el propio Junts y el PNV, además de los socios más cercanos ideológicamente al PSOE, como ERC, Bildu y Podemos. La larga tramitación de la ley de Vivienda, que se prolongó durante casi tres años, ya demostró lo complicado que es, en un Parlamento tan fragmentado y polarizado, sacar adelante iniciativas sensibles. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo consideran que existen posibilidades reales de entendimiento, ya que creen que es posible incorporar demandas de todos los actores implicados y, además, existe una fuerte presión social para actuar, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda constituye, según sondeos, la preocupación más acuciante de millones de ciudadanos españoles.

Mecanismos por desbloquear: amnistía y otras negociaciones

Mientras continúan las conversaciones, con el Consejo de Ministros en la lontananza, cabe todavía esperar un acontecimiento que será clave para el desarrollo de la política española: el próximo 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer su resolución sobre la ley de amnistía, una decisión que podría facilitar el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña en caso de fallo favorable. Alrededor de este asunto, cada formación política ha trasladado reivindicaciones diferentes que se han ido limando conforme le ha ido interesando a cada agente: el Partido Popular, otrora muy crítico con esta ley y con Junts per Catalunya, ha intentado, en los últimos meses, traer al redil a los neoconvergentes para reconducir las relaciones.

Volviendo a la vivienda, el Gobierno considera que existe margen para dar respuesta a la mayoría de las demandas de los partidos del Hemiciclo. Junts, por ejemplo, reclama deducciones vinculadas al pago de hipotecas y alquileres, así como incentivos fiscales destinados a fomentar la construcción y la rehabilitación de viviendas, cuestiones que el Ejecutivo considera susceptibles de negociación. En relación con los alquileres temporales, el Gobierno se está acercando a la posición defendida por el PNV. Para ello, tomará como referencia una ponencia parlamentaria que permanece en tramitación desde diciembre y que cuenta con el respaldo de los nacionalistas vascos. Entre las modificaciones planteadas figura la equiparación de los alquileres por habitaciones con los contratos de vivienda habitual, lo que implicaría una duración mínima de cinco o siete años, según el tipo de arrendador, además de la aplicación de límites de precio en zonas declaradas tensionadas.

A pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la proposición de ley sobre arrendamientos temporales y de las diferencias surgidas posteriormente entre los grupos parlamentarios en materia de vivienda, fuentes del departamento que dirige Rodríguez señalan que el texto mantiene su configuración inicial y que, adicionalmente, incorpora nuevas aportaciones del PNV, Bildu y Sumar y no está siendo objeto de revisión porque ya dispone del respaldo de una parte significativa del Parlamento. Así, el Ejecutivo pretende trasladar ese mismo nivel de consenso a otros aspectos más conflictivos que todavía no cuentan con un apoyo suficiente.

En concreto, uno de los puntos más delicados es la recuperación de la moratoria de los alquileres, que regresará al Congreso integrada en la nueva norma, aunque con una formulación distinta. El Gobierno confía en que los cambios introducidos permitan superar las reticencias de los neoconvergentes, y para posibilitar ese acercamiento, se estudia incorporar beneficios fiscales en el IRPF para aquellos propietarios que mantengan congeladas o reduzcan las rentas de alquiler, una demanda reiterada por la formación catalana.

Las medidas previstas, sin embargo, irán mucho más allá: cuando se anunció la elaboración del decreto, el Ejecutivo adelantó ya la intención de aplicar un IVA del 21% a las viviendas destinadas al alquiler turístico, y según fuentes gubernamentales, se están evaluando fórmulas que permitan agilizar los procedimientos administrativos y establecer incentivos fiscales orientados a incrementar la construcción de vivienda asequible. También se estudian instrumentos para facilitar la ampliación del parque residencial gestionado por Casa 47. Del mismo modo, se prevé reforzar uno de los principios que el Ministerio de Vivienda viene defendiendo de forma recurrente: garantizar de manera permanente la protección de la vivienda de protección oficial (VPO).

Dividido en dos bloques

Este futuro decreto, descrito por la ministra portavoz, Elma Saiz, como una iniciativa «amplia y transversal», constará de dos bloques principales. Por una parte, la regulación de los alquileres temporales y de las habitaciones constituirá uno de los ejes principales y es, además, uno de los aspectos más avanzados de la negociación. El propósito es evitar que estas modalidades se utilicen para eludir determinadas garantías recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos: tal y como señala la ponencia parlamentaria, numerosos propietarios recurren a estas fórmulas para sortear la regulación vigente de los alquileres. Mientras que la LAU obliga a mantener contratos de cinco años y limita las actualizaciones de renta a la evolución de la inflación, los contratos temporales permiten finalizar la relación contractual con mayor facilidad y aplicar incrementos periódicos en el precio, incluso de forma mensual.

Con el objetivo de frenar estas prácticas, el Gobierno plantea introducir algunas modificaciones, como la extensión a los alquileres por habitaciones de las mismas condiciones de protección aplicables a los contratos de vivienda completa. Este tipo de alojamiento ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, especialmente en aquellas zonas donde la oferta residencial se ha reducido de manera considerable, convirtiéndose para muchas personas en la única alternativa disponible para acceder a una vivienda. Por todo ello, el Ejecutivo considera que reforzar la protección de estos arrendamientos tendría un impacto directo sobre una parte importante del mercado del alquiler. Además de equiparar la duración de los contratos, la propuesta legislativa establece nuevos límites temporales para los alquileres de temporada, tanto de viviendas completas como de habitaciones individuales. Aunque las partes seguirán pudiendo acordar libremente la duración del contrato, esta no podrá ser inferior a 31 días ni superior a 12 meses.

Asimismo, si se formalizan sucesivos contratos entre las mismas partes y por idéntico periodo, la vivienda pasará a considerarse residencia habitual y quedará sometida a todas las garantías previstas por la LAU. Con el fin de restringir aún más el uso indebido de los alquileres no permanentes, la norma prevé que, en las viviendas arrendadas por habitaciones, la suma de todas las rentas abonadas no pueda superar el importe que correspondería al alquiler íntegro del inmueble. Cuando no exista una renta previa que sirva de referencia, se recurrirá al índice elaborado por el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler en aquellos casos en que la vivienda esté situada en una zona tensionada.

El grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y sustituir las penas impuestas a delincuentes extranjeros por, directamente, su expulsión del territorio nacional y la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen si son condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito de cualquier gravedad. La iniciativa del partido de extrema derecha plantea modificar el artículo 89 del Código Penal para que la pena, sea leve, menos grave o grave, impuesta a un ciudadano extranjero condenado por sentencia firme, sea sustituida por completo por la expulsión directa del territorio español y la revocación de la nacionalidad.

Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo de la pena en el país de origen, el juez podrá acordar la ejecución de una parte de la pena, que no podrá ser superior a dos tercios, y sustituir el resto por su expulsión de España. En los casos en los que se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo en el país de origen del condenado, el partido de Santiago Abascal propone que el juez acuerde la ejecución de todo o parte de la pena «en la medida necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito».

Expulsión y revocación de la nacionalidad

La proposición establece que el extranjero expulsado no podrá regresar a España en un plazo de diez a veinte años y que la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo para residir o trabajar en España, así como la extinción del derecho a percibir ayudas, prestaciones o subvenciones públicas de cualquier naturaleza. El partido ultraderechista también plantea añadir al Código Penal la pena de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen, hayan adquirido la nacionalidad española y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito previsto en el Código o en leyes penales especiales, sin perjuicio de las demás penas previstas para el delito correspondiente.

La iniciativa incluye, además, una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno suscriba acuerdos multilaterales y bilaterales con otros estados y promueva normas en el ámbito de la Unión Europea para que la expulsión de delincuentes del territorio español lleve consigo el cumplimiento íntegro en sus países de las penas impuestas por los tribunales españoles, con mecanismos de verificación periódica. En su argumentación de motivos, Vox sostiene que la reciente reforma en materia de multirreincidencia resulta «insuficiente» porque, a su juicio, no afronta «el principal y más grave factor asociado al incremento de la delincuencia en España», que identifica con «el fenómeno de la inmigración masiva».

El grupo parlamentario afirma que la reforma busca «dar una respuesta eficaz» a situaciones en las que individuos de origen extranjero incurren en la delincuencia y pretende reforzar la reacción del Estado con un régimen «más severo y efectivo» de expulsión para quienes, «con independencia de la gravedad individual del delito o delitos cometidos», acrediten mediante su conducta la voluntad de quebrantar la legalidad penal española. Del mismo modo, Vox propone suprimir la previsión actual que permite excluir la expulsión cuando pueda considerarse desproporcionada por las circunstancias personales del autor y su arraigo en España, al considerar que la invocación de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos «ha permitido neutralizar la expulsión incluso en casos de reiteración delictiva».

La formación dirigida por Santiago Abascal defiende también que la nacionalidad constituye el vínculo que une a la persona con el Estado y sostiene que no puede seguir permitiéndose que quien haya adquirido la nacionalidad española utilice esa posición para «volverse contra sus propios compatriotas«, por lo que plantea introducir estas modificaciones en el Código Penal y el Código Civil para hacer posible su pérdida por sentencia firme.

Consideran «insuficiente» la multirreincidencia por la que votaron

Cabe recordar que el Congreso aprobó, hace unos meses y con los votos favorables del propio Vox entre otras formaciones, una reforma penal impulsada por Junts para endurecer las penas a la multirreincidencia. Aquella votación sirvió de extraño precedente en el que ultraderechistas e independentistas votaron en el mismo sentido, muy disidentes discursivamente en el Parlamento a pesar de sus múltiples similitudes ideológicas.

Durante el debate de la norma en el pleno de la Cámara, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió que la ley «nace del territorio, no de los despachos», a la vez que valoraba que la reforma llegaba «muy tarde» tras «bloqueos y dilaciones». Pese a ello, la diputada de la formación de Carles Puigdemont afirmó que con la ley «se ataca la impunidad» y que es «una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil» para jueces, fiscales, policías.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe calificó la reforma de «necesaria, pero no suficiente», y celebró que «la realidad acaba imponiéndose». «No estamos ante una abstracción jurídica. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso«, argumentó entonces. En la misma línea se pronuncian ahora los ultraderechistas, insistiendo en la insuficiencia de la medida e impulsando un argumentario atravesado por la xenofobia para expulsar y revocar nacionalidades por encima de los procedimientos jurídicos habituales.

Entre la vía Rufián y la obtusa situación que impera en el interior de Sumar hay un océano. Diálogos y seducciones han existido durante los últimos meses de cara a las elecciones generales de 2027, con un plan: unificar todo el voto a la izquierda del PSOE en una sola candidatura para que no se pierda una sola papeleta en el vacío de la división partidista. Tanto los que abogan por esta alianza como los que presentan mayores reticencias, asociadas habitualmente a la nomenclatura y al peso de cada sigla en lo que quiera que fuese el resultado final, son conscientes de que existe la necesidad de hacer algo, pero, como siempre, no se termina de concretar nada. Mientras que Gabriel Rufián se encuentra vigilado por la cúpula de su propio partido, Podemos ve con buenos ojos un acercamiento al portavoz republicano y en el aparato de Sumar rechazan la propuesta que desliza desde hace meses el catalán, aunque reconocen que que es urgente nombrar un candidato para los próximos comicios. Tiranteces, roces y conflictos mientras el tiempo se agota.

Elegir el candidato y comenzar a diseñar una marca clara para las generales son las tareas que destaca el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Según publica El País, Maíllo aboga por «una profundización democrática, la consolidación de los derechos sociales, y una apuesta firme por frentes amplios de izquierdas», y rechaza abiertamente la propuesta de Rufián pese a este último punto. «Urge levantar una alternativa estatal de izquierda transformadora con capacidad de evitar un cierre autoritario. Las bases para hacerla posible están en la alianza de fuerzas políticas que están dando Un paso al frente«, señala Maíllo en referencia al proceso de coalición en el que participan IU de la mano con Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, presentado en febrero para reeditar el pacto magenta de cara a los comicios de 2027. «También se cuenta con una base electoral de voto de izquierda transformadora nada desdeñable y, si el deterioro del PSOE continúa como resultado de los últimos escándalos, una posible recuperación de votantes que tuvo la coalición Sumar el 23J», agrega también el andaluz sobre los recientes casos judiciales que afectan a las filas socialistas. Pese a reconocer la necesidad de unión, la vía con los partidos regionalistas queda completamente descartada para el coordinador federal.

«Sin embargo, estas bases son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales», reconoce también Maíllo en el texto, urgiendo a concretar un candidato para pasar de lo abstracto a lo concreto y empezar a diseñar una marca alrededor de la figura elegida. «Del mismo modo, urge dotar de una nueva denominación al espacio político, así como integrar, bajo las fórmulas diversas que lo hagan viable, a las fuerzas políticas que concurrieron juntas el 23-J«, incide el andaluz.

«Frentes amplios sin alianzas coyunturales»

Uno de los puntos clave para entender el rechazo del portavoz de IU a la vía Rufián es la coyunturalidad. Maíllo concibe la idea del catalán como un proyecto con caducidad y limitado únicamente a recoger y maximizar voto de cara a las elecciones de 2027, pero sin futuro en el largo plazo. Por ello, llama a construir «frentes amplios y programas transformadores, pero no como alianzas políticas coyunturales con las que maximizar los votos». «Se trata de seguir trabajando en pro de la construcción de un bloque histórico democrático y transformador que frene a la extrema derecha a través de la transformación social: con ambición, entusiasmo y optimismo«, señala.

«La clave para llegar en las mejores condiciones a las próximas elecciones generales de 2027, garantizar que seguimos ampliando derechos y evitar un Gobierno de la derecha extrema, reside en la capacidad que tengamos para articular un frente amplio capaz de mejorar las experiencias anteriores. […] No se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta marcada por el declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas. Por todo ello, hay que tener altura de miras, sabiendo que la construcción de alianzas se hace desde los territorios, desde el reconocimiento de la existencia de las diferentes organizaciones que forman parte o quieren formar parte de la coalición estatal», señala el coordinador de Izquierda Unida.

Rufián insiste en la necesidad de un espacio «liderado por las izquierdas soberanistas»

Barriendo para casa y defendiendo la idea que lleva meses sobre la mesa, Gabriel Rufián ha defendido en las redes sociales la urgencia de actuar para que la izquierda «no se vaya al carajo durante años».

«Se opine lo que se opine de Sumar, y de la innegable operación mediática que hubo detrás, solo hay una cosa clara. O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años«, ha opinado el portavoz republicano en su cuenta de X. A continuación, el catalán exponía los que para él son los tres puntos que han de vertebrar el espacio: «Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas con un programa común basado en tres ejes, que son la vivienda, las condiciones de vida y el derecho a la autodeterminación«. Este tercer punto puede ser, precisamente, el que aleje a otras formaciones de carácter no nacionalista de esta vía.

«Quien crea que su bandera (y su buen resultado electoral particular) le va a proteger o es un inconsciente o es un negligente«, sentenciaba el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados.

Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara.

O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años.

Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas…

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 2, 2026

7.200 millones de euros es la cifra que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales de junio en materia de dependencia para 2027. Una cifra “histórica” con la que dar respuesta a la salud y bienestar de nuestra ciudadanía. En términos reales, ¿en qué se traduce esta cuantía? Cabe así situar el foco en las listas de espera, las cuales se verán notablemente reducidas con la nueva dotación económica al sistema.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy han ahondado en estimaciones: A finales del próximo año, las listas de espera en dependencia podrán caer en más de 70.000 personas -71.338, para ser más exactos-, lo que se traduce en un 47%, en tan solo un año y medio. “Un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que cada año sube el número de personas que solicitan una prestación por dependencia”, aplauden.

En consecuencia, con vistas a finales de 2027, se calcula que habrá 416.774 personas más que podrán recibir esta prestación del Estado, lo que supone un incremento del 25% con respecto a 2025. En cifras totales, se tratará de cerca de 2,1 millones de personas atendidas por el sistema.

Según precisan estas fuentes, las estimaciones mencionadas se han elaborado en base a las nuevas cuantías aprobadas por el Ejecutivo central, en las cuales se ha duplicado la aportación del Estado que se reparte entre todas las Comunidades Autónomas para su consiguiente gestión. Dichas cuantías se han comenzado a abonar este mismo mes de julio y, en términos de inversión adicional, será de 6.200 millones de euros a repartir desde estas fechas a finales del próximo año.

Cabe sumar, además de la considerable reducción de las listas de espera y el aumento de personas atendidas, que el incremento de financiación se verá mejorado a su vez en la calidad de las prestaciones entregadas, así como en las condiciones laborales del personal hacia los pacientes dependientes.

El Ministerio de Bustinduy precisa, sin terminar en este punto, que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo las personas con prestaciones en esta materia “más allá de 2027” debido a que la aportación a los gobiernos autonómicos “es estructural” debido a que las dotaciones “quedan fijadas y blindadas por ley”.

La inversión de récord del Gobierno en dependencia