Este domingo, miles de personas llenaron las calles de Palma para dejar claro su rechazo a la masificación turística que sufre la isla de Mallorca. La marcha, a la que asistieron entre 25.000 y 70.000 personas (según la Delegación del Gobierno y los convocantes, respectivamente), terminó con altercados entre manifestantes y la Policía. El balance final fue de al menos ocho heridos y un detenido. Los hechos han generado un gran revuelo y el delegado del Gobierno ha anunciado que se investigará la actuación policial.
El ambiente previo a la convocatoria del 26-J ya estaba caldeado. Hace dos semanas, la plataforma Menys Turisme, Més Vida (MTMV), organizadora de la manifestación, publicó un «manual de acción contra la turistificación». En él se daban consejos para realizar «acciones de protesta directa no violenta» con seguridad; es decir, evitando ser reconocidos y denunciados. ¿A qué tipo de actos hace referencia? Van desde arrojar pintura a fachadas de «negocios gentrificadores» hasta inutilizar cajetines para llaves de pisos turísticos o colocar carteles de la agrupación en espacios clave.
El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, expresó inmediatamente su «condena absoluta» ante este manual, que calificó de «kale borroka turística». Por su parte, la Delegación del Gobierno advirtió en un comunicado de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigarían cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito e hizo un llamamiento a la protesta pacífica.
Desde MTMV consideran que estas actuaciones, si bien bordean la ley –por lo que recomiendan en su manual evitar cámaras o taparse la cara–, no implican nunca violencia. Además, recuerda uno de sus representantes en conversación con Público, que ellos «no han descubierto nada nuevo» porque la acción directa «ha sido y es parte de los movimientos sociales». «Son cosas que están sucediendo y que la gente quiere replicar. Lo hemos notado en las asambleas. Además, creemos que es un tipo de acción legítima y lo único que hemos hecho es dar unas nociones de seguridad a la gente que quiera hacerlo», defiende.
Precisamente el pasado 15 de julio, dos activistas mallorquinas fueron detenidas tras actuar contra cinco inmobiliarias en el barrio de Santa Maria del Camí, uno de los más gentrificados de la isla. Aunque unas horas más tarde fueron puestas en libertad, se las investiga por un delito de grupo criminal. Ambas jóvenes intervinieron durante la marcha del domingo para dar las gracias por el apoyo recibido. Según relataron, creen que su arresto pretendía «meter miedo» y «desmovilizar». Estas detenciones fueron duramente criticadas por las entidades vinculadas al derecho a la vivienda en la isla, así como el GOB (el principal grupo ecologista de la isla) y la agrupación Més per Mallorca, que ha pedido explicaciones al ministro del Interior.
Una de las inspiraciones de esta plataforma son los colectivos que, durante la Transición, lucharon por preservar la naturaleza del archipiélago evitando la construcción de urbanizaciones e infraestructuras destructivas. Además, recuerdan el caso de Sa Dragonera, donde, gracias a miles de activistas, se consiguió evitar la construcción de un gran resort para extranjeros adinerados.
Madrid, Valencia o Granada
Aunque estos días se está poniendo el foco en Balears, los boicots a establecimientos turísticos son un goteo que se repite periódicamente en todo el Estado. Por lo general, se concentran en los cajetines de seguridad o lectores de código de los alquileres vacacionales, ubicados en barrios donde la presión turística está haciendo mella. Pocas veces se conoce a sus autores y los actos se difunden rápidamente en redes sociales.
A principios de junio, en Madrid, aparecieron más de un centenar de estos dispositivos saboteados, acompañados de alguna pintada. Latina, Carabanchel o Tetuán fueron algunos de los barrios donde dejó rastro esta protesta organizada en plena noche y de forma anónima. Fue la segunda que se registró en lo que va de año. En estos barrios es cada vez más frecuente encontrar carteles señalando dónde se encuentra un piso turístico ilegal.
Lo mismo sucedió el 12 de marzo en València, donde 450 cerraduras de bajos turísticos en Malvarrosa, Nazaret, Cabanyal o El Carme aparecieron bloqueadas. En este caso también se realizaron algunos grafitis con mensajes en contra del modelo turístico. Por su parte, en Granada, a finales de febrero, fueron saboteados más de 500 dispositivos para guardar llaves de apartamentos. Al lado se colocó una pegatina donde se podía leer «contra el negocio de la vivienda».
Más allá de los códigos y llaves de acceso, MTMV paralizó hace unos meses un autocar turístico para denunciar la masificación que sufre la isla. «Llevamos tres años saliendo a las calles en julio y la situación va a peor. Todo esto afecta a la vivienda, a los precios, a los locales donde compramos…», subrayan desde la plataforma.
Vecinos que no pueden más
Detrás de este tipo de actos o de la manifestación masiva del domingo en Palma están los vecinos que se enfrentan a las consecuencias del turismo de masas. En la isla cada vez es más frecuente encontrar a trabajadores y residentes que se ven obligados a compartir piso, vivir en autocaravanas o en sus propios coches. El precio medio del metro cuadrado de vivienda de alquiler en Palma en junio se situaba, según los datos de Idealista, en 19,1 euros.
El más de un centenar de entidades que se sumaron a esta última marcha denuncian que gran parte del problema se encuentra en los alojamientos turísticos y las segundas residencias. Ante esta situación, han anunciado otra nueva protesta el 8 de agosto en Sóller, uno de los municipios más afectados. Además, el martes han convocado una concentración de urgencia para denunciar las cargas policiales del pasado domingo.