La pretensión de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) de suspender La Vuelta ciclista, ante un supuesto «riesgo cierto e inminente de la vida e integridad de los deportistas», no salió adelante al inadmitir el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la denuncia por falta de competencia. En su petición, la organización sionista presidida por Ángel Guillermo Mas ponía el foco sobre los promotores de las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición.
En concreto, la denuncia de ACOM se dirigía contra la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida e, incluso, el director técnico de la Vuelta, Kiko García. En ella, la organización sionista achacaba los delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
Este último movimiento, inadmitido por la Audiencia Nacional, se suma a las múltiples acciones desarrolladas por esta organización especialmente desde 2015 (se fundó en 2004), que abarcan el ámbito político, social y judicial. En este último campo, sus decenas de denuncias y querellas han desembocado en la apertura de al menos 15 causas judiciales, según los datos y documentos oficiales recabados por Público. Seis de ellas, presentadas por diferentes delitos contra la exministra Ione Belarra, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, varios manifestantes propalestinos y diversos ayuntamientos con gobiernos progresistas, tampoco tuvieron éxito.
Por otro lado, diferentes tribunales han avalado en otras siete ocasiones las peticiones de ACOM contra las resoluciones y acuerdos adoptados por otros consistorios de izquierdas a favor de la campaña Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) y de apoyo al pueblo palestino.
Contra el «antisemitismo de la izquierda y la ultraizquierda»
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con dicha organización, sin éxito. No obstante, tal como explicó su director en el portal Nuevo Mundo Israelita, el evento detonante para su fundación fue «la concienciación de que existía una oportunidad en España para presentar la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista político, mediático e incluso legal, de parte de ciudadanos españoles que pensábamos que había una comunión de intereses y valores entre España e Israel».
Su director, natural de Murcia, señaló que «España, como toda Europa y muchos países del mundo, sufre el fenómeno del antisemitismo, pero tiene particularidades, sobre todo, que la actividad antisemita venía de la izquierda y la ultraizquierda».
Amparo a la libertad de expresión
En el camino judicial emprendido por ACOM, el lobby sionista ha sufrido sonados reveses. En septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Sueca, que no vio delito de odio en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a favor del pueblo palestino.
En mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso de apelación interpuesto por este lobby contra miembros de
la Junta de Gobierno Local de esta ciudad. Según ACOM, el consistorio liderado entonces por José María González Kichi «aprobó adherirse a un movimiento
discriminador y antisemita como es ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) y BDS». En ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo lo propio al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la organización contra el auto de 12 de septiembre de 2018 sobre un acuerdo adoptado en favor de la causa palestina en Valencia.
Las siguientes derrotas llegaron en 2024, alcanzando un mayor impacto mediático. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la iniciativa de ACOM contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien acusaba de los delitos de odio (pena de prisión de uno a cuatro años) y prevaricación (incluye penas de prisión e inhabilitación) por suspender las relaciones del Ayuntamiento con Israel.
También, el Tribunal Supremo archivó la
denuncia de ACOM contra Ione Belarra por sus declaraciones sobre Israel cuando
era ministra. El lobby sionista acusó a la líder de Podemos de un delito de odio por señalar, entre otras cosas, que “Israel está llevando a cabo
un genocidio planificado», pero el alto tribunal consideró que sus expresiones «están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionadas penalmente».
Asimismo, la Audiencia Nacional desestimó en septiembre de 2024 dos recursos de apelación formulados tras desestimarse dos querellas por la presunta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Estos iban dirigidos contra
unos manifestantes que profirieron cánticos contra el genocidio israelí en una
manifestación en Madrid.
En otras ocasiones, las iniciativas de ACOM en los tribunales o ante el mismo Gobierno ni siquiera fueron admitidas a trámite, en este caso contra el ministerio de Pablo Bustinduy. En 2024, la organización presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales por el envío de cartas a empresas españolas que operan en territorios ocupados por Israel recordándoles sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional inadmitió el recurso en julio de 2024. En el mes de diciembre de ese año, ACOM presentó un recurso de reposición, también sin éxito, contra un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se destinaban, a través de Derechos Sociales, 900.000 euros a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Bustinduy explicó en un tuit publicado en su cuenta personal cómo opera esta organización sionista: “Estas técnicas de intimidación están tristemente de actualidad. Su objetivo no es otro que coartar la capacidad política de nuestra democracia y, en este caso, silenciar el genocidio del pueblo palestino”.
Victorias judiciales
Por otro lado, ACOM ha salido airoso hasta en siete ocasiones tras sus denuncias contra varios ayuntamientos progresistas por mostrar su apoyo a la causa palestina a través de resoluciones y mociones. De hecho, la más importante fue la última, cosechada en el Tribunal Supremo en septiembre del 2022. El alto tribunal consideró que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelíes, ni contratar con empresas vinculadas con este país, son «discriminatorios» y «vulneran» derechos fundamentales.
El Supremo fijó este criterio tras analizar el caso concreto del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), que en julio de 2016 aprobó un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), anunciando además medidas concretas respecto a la relación hacia empresas e instituciones de este país.
De esta manera, anuló el punto que pedía «adoptar las medidas legales oportunas» para impedir «contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Asimismo, hizo lo mismo con el apartado que acordaba «no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional».
Mucho antes, en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid de anular, a raíz de una denuncia de ACOM, el acuerdo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de adhesión a la campaña
«Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí». Esta iniciativa partió de los grupos municipales Somos Rivas y Rivas Puede
En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 15 de Barcelona estimó un recurso de
ACOM y anuló un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montcada i
Reixac (Barcelona) del 22 de diciembre de 2017 (punto 7.1), en el que el consistorio se adhería a la campaña BDS contra el Estado de Israel.
Asimismo, en diciembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Santander estimó el
recurso interpuesto por ACOM contra una resolución del pleno del Ayuntamiento de Camargo que manifestaba su adhesión y
apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014, por la
que «se reconocía el Estado de Palestina y mostraba su solidaridad con la
población de Palestina».
También en diciembre de 2019, el mismo órgano estimó el recurso interpuesto por ACOM contra una resolución
del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) por la que se
acordó declarar la localidad «Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)». En consecuencia, el tribunal anuló el citado acuerdo.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra revocó, tras un recurso interpuesto por ACOM, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Huarte a favor de una «moción sobre Palestina».
El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en diciembre de 2021 la anulación de parte de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valencia en apoyo del pueblo palestino y del movimiento BDS.