Un Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este viernes, y marcado por las negociaciones más allá del último minuto entre PSOE y Sumar, ha aprobado el paquete de 80 medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra entre EEUU, Israel e Irán. El Real Decreto-ley, denominado como Plan Integral de Respuesta a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio entrará en vigor este domingo, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevista para este sábado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha calificado como «el mayor escudo social y económico de la UE» en estos momentos. Tiene dos ejes bien diferenciados. Por un lado, medidas de carácter coyuntural. Es decir, temporales. Por otro, medidas estructurales relacionadas con la descarbonización y el sistema energético para continuar potenciando las energías renovables. La inversión del Ejecutivo es de 5.046 millones de euros.
Según destacan fuentes gubernamentales, la mayor parte de ese desembolso llegará a través de las numerosas rebajas fiscales. Se calcula que prácticamente la mitad del total, unos 2.500 millones de euros, procede de este tipo de suspensiones o rebajas en diferentes impuestos. Desde el Gobierno se considera que hay margen fiscal suficiente para afrontar este plan porque supone apenas un 1% de la recaudación total de las arcas del Estado.
Por ejemplo, se ha aprobado la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que tiene un impacto de 450 millones. La reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos supone 507 millones mientras que la reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo supone un ahorro para ciudadanos y profesionales que alcanzará los 656,5 millones.
También se rebaja al 10% el IVA de la electricidad, que supondrá un ahorro de 539,1 millones de
euros para la ciudadanía. Esta reducción al 10% del IVA también se aplicará al gas natural,
briquetas y pellets. También se ha aprobado una reducción del Impuesto Especial sobre la
Electricidad en su tipo impositivo, que caerá del 5,1% hasta el 0,5%.
A todo ello habría que sumar otras deducciones sobre el IRPF, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Todas ellas están relacionadas con cuestiones energéticas como la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de
recarga de automóviles eléctricos, la puesta en marcha de instalaciones destinadas al autoconsumo o la rehabilitación energética de edificios. Estas deducciones estaban incluidas en el decreto denominado «escudo social» que tumbó el Congreso en enero por los votos de PP, Vox y Junts al incluir una moratoria antidesahucios que rechazaron.
La otra mitad del presupuesto del plan se distribuye entre las ayudas directas y las reformas estructurales en materia energética. En el paquete se establecen una ayuda
de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran los transportistas. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las diputaciones forales correspondientes en Navarra y Euskadi. Hay una ayuda similar para los agricultores y armadores de pesca, canalizada por el Ministerio de Agricultura, tanto para el gasóleo como para la compra de fertilizantes. Y el Ministerio de Transportes hará lo propio con el transporte marítimo. El Ministerio de Industria, por su parte, ha establecido ayudas para las empresas electrointensivas.
¿Qué tienen en común todas estas medidas? Su temporalidad. El decreto fija el 30 de junio como la fecha de caducidad. Es decir, si se quieren extender, el Gobierno debería aprobar otro Real Decreto-ley y que las Cortes lo avalen. La nueva normativa incluye, como se hizo en decretos similares sobre los efectos de la guerra de Ucrania, una cláusula de desactivación por si la escalada de precios se frena.
¿Cómo se desactivarían estas medidas? Fuentes del Gobierno explican que se usará como referencia el IPC de carburantes, gas y electricidad de manera separada. Las medidas se aplicarán en cualquier caso en los meses de abril y mayo, explican las mismas fuentes. La cláusula se podría activar en junio en todo caso. Solo se desactivarían las medidas fiscales de electricidad a principios de junio, por ejemplo, si el IPC de ese concepto en abril (dato que se conoce en mayo) crece más de un 15% respecto al dato de IPC de abril de 2025. Si existe esa contención de precios las medidas decaerían antes de la fecha prevista.
También se han aprobado la extensión del bono social eléctrico, del bono social térmico y la prohibición del corte de suministros básicos para familias vulnerables. En estos casos la duración es hasta finales de año.
Ahorro para el bolsillo en carburantes
Todas estas medidas fiscales beneficiarán directamente al bolsillo de los ciudadanos. Especialmente se comenzará a notar de inmediato, según destacan desde el Gobierno, al repostar vehículos. Para ejemplificarlo, el Ministerio de Hacienda ha hecho una serie de cálculos.
De este modo, tomando como referencia los precios medios del 19 de marzo en las gasolineras, la gasolina sin plomo 95 bajaría
a 1,51 euros por litro, lo que implica un ahorro de 15,9 euros por rellenar un
depósito de 55 litros. La gasolina sin plomo 98 bajaría a 1,60
euros, un ahorro de 18,9 euros por rellenar un
depósito del mismo tamaño. Y el precio del combustible diésel bajaría a 1,67 euros, que supondría 13 euros menos por rellenar un depósito de 55 litros.
La transformación energética
La otra pata relevante del Plan de Respuesta Integral tiene que ver con reformas estructurales que serán permanentes. Las capitaliza el Ministerio de Transición Ecológica y suponen una inversión de cerca de 500 millones de euros. Hay medidas como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que busca dar un impulso a las sustituciones de calderas por bombas de calor en edificios para que haya menos dependencia del gas.
Se dan también más competencias a las entidades locales para promocionar las comunidades energéticas, que son entidades jurídicas sin ánimo de lucro que gestionan y almacenan sus propias energías renovables de manera colectiva.
Otra de las medidas destacadas es la obligatoriedad de que un proyecto de energías renovables que llegue a un territorio aporte beneficios directos a ese territorio. También se busca una mayor agilidad en los trámites administrativos para este tipo de proyectos. Se establecerá además un sello de excelencia para proyectos relacionados con las energías renovables que puntuarán más cuando haya concursos públicos. Respecto a los centros de datos se potenciarán también los criterios de eficiencia y el uso de energías renovables en los mismos.
¿Y los beneficios empresariales?
Desde Sumar consideran muy relevante otra de las medidas arrancadas al PSOE durante las negociaciones y cuya ausencia provocó el retraso en el inicio del Consejo de Ministros. Durante su rueda de prensa Sánchez señaló que se dotaría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para evitar eventuales abusos. «Un Gobierno responsable no puede tolerar que por pura codicia intenten sacar tajada algunos», afirmó.
Fuentes del Gobierno no entran en el detalle de esta medida y consideran que la CNMC ya realiza este tipo de funciones de manera habitual. Las mismas fuentes se limitan a señalar que hay que dejar trabajar a la CNMC y que efectúe sus recomendaciones y que a partir de ella el Gobierno tome sus decisiones.
Sobre posibles sanciones señalan las mismas fuentes que la CNMC está ya sancionando comportamientos contrarios a competencia en relación al sector de los carburantes. Recientemente se ha sancionado a varias empresas del Grupo Repsol, por ejemplo. La medida aprobada se trata de un control reforzado y potenciar un instrumento que reconocen que ya existe.