«Con lo que tenemos sobre el papel, yo no puedo extrapolar que aquí lo que se esté negociando sea un cupo para Cataluña. Ahora bien, probablemente lo que sí se puede concluir es que esta es la primera piedra para poder acabar configurando el sistema de financiación en Cataluña de un modo muy parecido a lo que es el cupo vasco», expresa, por su parte, María Cadaval catedrática de Economía, experta en financiación autonómica y subdirectora de la Rifde.
Cadaval incide en la «ambigüedad calculada» del acuerdo dada las circunstancias políticas que lo rodean y la enorme dificultad que implicaría un cambio legislativo de tan gran calado con el Parlamento actual. Una falta de claridad que se ve bien en referencias a reivindicaciones clásicas de las comunidades autónomas, como una mayor agilidad en las entregas a cuenta o mayor capacidad normativa.
Un paso más allá van desde la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Su secretario, Antonio Morales, considera que estamos ante un día «trágico» para los contribuyentes, ante el principio del fin de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña. Incide en que el modelo que se ha planteado no tiene amparo ni en la Constitución ni en las normas de desarrollo, por lo que, mientras no se modifique la normativa, es un régimen ilegal, que además vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Carta Magna.
Consecuencias
El despliegue completo de una suerte de ‘cupo’ a la catalana que persiguen los nacionalistas tendría un efecto notable sobre las cuentas públicas. Si Cataluña empezara a recaudar y gestionar todos sus impuestos, aunque hubiera una contribución solidaria, el Estado tendría que cubrir el hueco que deja. A corto plazo, esto implicaría aumentar la deuda pública, pero llegaría un momento en el que seguir endeudándose para tapar el agujero «sería inviable desde el punto de vista financiero», explica Martínez, de Fedea.
Cadaval coincide en que en este hipotético escenario, tanto el Estado como el resto de comunidades autónomas, aunque se mantuviera cierta solidaridad, perderían recursos. Una situación que se vería agravada si otras comunidades clave para el sistema como Madrid o Baleares pidieran su propio cupo. En lo tocante al Estado, esta merma de recursos se podría traducir en una pérdida capacidad de respuesta ante shocks como la DANA.
A Morales le preocupa que se esté apuntando a la posibilidad de ampliar un sistema de este tipo al resto de autonomías, por la merma que supondría para la Administración Central. Esta no dispondría, por ejemplo, de los fondos necesarios para financiar el importe de las pensiones que se atienden con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como el ingreso mínimo vital, o desembolsos extraordinarios como el de los ERTE en pandemia.
«Podríamos tener una España a dos velocidades, con una desigualdad en la gestión y la entrega de los servicios públicos, con financiación desigual según la comunidad», sintetiza Pablo Arce, profesor de Economía en la UCM. La generalización de un sistema de cupos, podría acabar dividiendo al país entre comunidades que pueden asumir este sistema y otras que no tengan capacidad, añade por su parte Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF. «Es una pérdida de decisión y de control del Estado», sostiene.
A esta crítica se suma otra lanzada por los Inspectores de Hacienda, que inciden en que no se ha escuchado ni una sola opinión positiva o alguna ventaja del nuevo modelo por parte del grupo de expertos creado por el Ejecutivo catalán para desarrollarlo y que sólo obedece a un acuerdo político para el nombramiento, en su día, del presidente de la Generalitat.