«Esto no va de mí, ni del PSOE, ni de los diputados del PSOE en exclusiva, sino de un proyecto político» que es más importante que cualquier dirigente concreto, planteó Sánchez durante su comparecencia. Y, preguntado por si se ha planteado cambios en el Consejo de Ministros para abrir una nueva etapa y cobrar impulso tras la crisis, el presidente respondió que «en absoluto» lo ha pensado porque «esto no afecta al Gobierno». «Estamos hablando del secretario de Organización del PSOE» y no de un ministro, y por tanto no habrá modificaciones en el gabinete y «se van a celebrar las elecciones generales cuando toca, en 2027».
En esa línea, las medidas anunciadas por Sánchez tienen que ver todas con el partido y ninguna con el Ejecutivo. En primer lugar, el presidente prometió reestructurar la ejecutiva del PSOE aprovechando que tiene que nombrar un nuevo secretario de Organización, algo que hará el próximo 4 de julio, durante la reunión del Comité Federal socialista en Sevilla. Además, Sánchez pondrá en marcha una auditoría externa de las cuentas del partido, aunque sostuvo que no tiene ninguna sospecha de que parte del dinero presuntamente cobrado en comisiones ilegales por Cerdán, Ábalos y Koldo haya servido para que la formación socialista se financie irregularmente. «Pero esa auditoría va a servir para eliminar cualquier sombra de duda que haya», precisó.
Problemas en el Gobierno y en el Congreso
No obstante, pese a que la estrategia de la Moncloa es clarísima, Sánchez no va a tenerlo fácil para establecer un cortafuegos que impida que el incendio salga de la calle Ferraz. Más allá de que PP y Vox han señalado directamente al presidente del Gobierno y le han exigido adelantar las elecciones, el problema para Sánchez es que sus socios también exigen respuestas y se encuentran muy enfadados con las revelaciones sobre Cerdán y la actuación del Ejecutivo al respecto. Incluso Sumar, la pata minoritaria del Consejo de Ministros, se ha visto obligado a cambiar de estrategia y, lejos de esquivar los casos de presunta corrupción como ha hecho otras veces, este jueves exigió desde primera hora contundencia al PSOE.
La gravedad de la situación es tal que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que habitualmente evita chocar en primera persona con el PSOE incluso cuando su partido critica a los socialistas, compareció este jueves por la tarde para exigir a Sánchez un «reseteo» de la legislatura. «No basta con pedir perdón» porque «lo que ha pasado hoy es absolutamente inaceptable» y «la corrupción no es un mal menor, es un veneno que corroe las instituciones», afirmó Díaz. La vicepresidenta pidió al presidente, asimismo, un nuevo marco de relaciones «de igual a igual» con el PSOE y un «giro social de 180 grados», pese a que estas cuestiones nada tienen que ver con los casos de corrupción.
El segundo problema potencial para Sánchez son sus socios parlamentarios. Junts, que desde el inicio de la legislatura ha sido la pata más inestable de la frágil alianza que sostiene al Gobierno, anunció este jueves que pedirá una reunión «urgente» al presidente para analizar la «viabilidad» de que agote la legislatura. La postura del partido de Carles Puigdemont es clave, puesto que sus siete votos permitirían que fuera aprobada una moción de censura si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se decidiera a presentarla, aunque para ello harían falta los votos de Vox, un partido tóxico para los independentistas catalanes.
Los socios de izquierdas tampoco están muy contentos con la situación. Fuentes de Podemos aseguraron tras la comparecencia de Sánchez que las explicaciones ofrecidas por el presidente son «muy insuficientes» y exigieron «depurar responsabilidades a todos los niveles, reparar el daño causado» y que «el PSOE devuelva el dinero robado», pese a que, hasta ahora, no hay ningún indicio que sugiera que la formación haya percibido parte de las comisiones percibidas irregularmente por Cerdán, Ábalos y Koldo. Asimismo, Podemos dice que «no resulta seria la idea de que estos hechos sólo afectan al PSOE como organización política: para adjudicar obras de forma fraudulenta y cobrar comisiones ilegales es necesario que participen de la trama corrupta personas que ostentan responsabilidades de gobierno», como era Ábalos.