Hay que aprender a vivir con el fuego. Así lo llevan inculcando las voces científicas durante las últimas semanas –y los últimos años–. Ahora bien, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se garantiza que las vecinas y vecinos de un municipio cuentan con la formación necesaria para hacer frente al fuego cuando llega? Esta es una de las tareas que las administraciones públicas tienen todavía pendiente impulsar, y que a menudo suplen organizaciones de la sociedad civil de manera voluntaria.
«Está claro que incendios va a seguir habiendo», dice a PúblicoLourdes Hernández, especialista en incendios forestales de WWF España. Por este motivo, se requiere ir adaptando nuestros entornos para que «los municipios sean zonas seguras, que en caso de que haya un fuego, no evolucione hacia las situaciones tan extremas como las que estamos viendo». Maria Cifre, antropóloga de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especializada en los dominios social, histórico y ambiental del fuego, remarca que es necesario «dar más información». Sin embargo, esta tarea se debe tomar en serio. «No es suficiente colgar un tríptico con lenguaje supertécnico en una página web de un ayuntamiento o de un cuerpo de bomberos. Hay que hacer que la información sea relevante, que sea accesible, que sea entendible y hacerla llegar a la población».
Aquí entra en juego SOS Wildfire, una asociación de bomberos forestales que se encarga de hacer cursos de formación en entornos rurales a lo largo de la geografía española. Nacho Martín, bombero forestal y fundador del proyecto, explica a este diario que se trata de «un curso teórico-práctico de día y medio», en el cual se enseñan «conceptos básicos de extinción de incendios forestales basado en la seguridad como eje principal». De este modo, la población aprende cómo enfrentarse a un fuego para mantenerse a salvo, pero también se fomenta la conciencia de corresponsabilidad, en virtud de la cual la ciudadanía también debe estar activamente implicada en las emergencias ambientales.
Empoderamiento vecinal frente al fuego
«Dentro de las capacidades que ellos tienen, les enseñamos qué pueden aportar y, sobre todo, cómo se pueden y se tienen que coordinar con los responsables en la extinción de incendios», abunda el bombero. Se trata de un elemento fundamental, ya que Maria Cifre recalca que, si bien el conocimiento en prevención es imprescindible, este no es el único eje formativo del que deben disponer quienes viven en zonas vulnerables. La experta insiste en que las personas «deben saber qué hacer antes de un incendio para aumentar la seguridad«, pero también «qué hacer durante y qué hacer después».
En esto consistiría la nueva cultura del fuego basada en la percepción del riesgo, según describen estos días diferentes voces científicas. Los cambios en el uso del suelo homogeneiza el paisaje y aumenta la masa forestal inflamable, lo que facilita la propagación del fuego a mayor velocidad. La construcción de viviendas en la interfaz urbano-forestal, además, dificulta las labores de extinción. A ello se suma la crisis climática y sus consecuentes olas de calor, cada vez más largas, intensas y frecuentes.
Un bombero ante el incendio en la Sierra de Madrid, a 28 de julio de 2026.
Todo ello provoca un estrés hídrico en la abundante vegetación, lo que la hace más sensible a la ignición. El conjunto de estas condiciones conllevan una simultaneidad de los focos, lo que obliga a repartir las fuerzas de trabajo y los medios disponibles y priorizar por orden de urgencia. En última instancia, esto significa que cada vez es más probable que un incendio supere las capacidades de extinción. Ante una circunstancia de este tipo, se vuelve urgente que las personas sepan cómo actuar.
Implicación ciudadana ante la falta de recursos públicos
En este sentido, Nacho Martín valora que los pueblos «están muy interesados» en las actividades formativas de SOS Wildfire. «Son conceptos nuevos que ellos no conocían y la verdad es que se están sintiendo con una visión y mentalidad diferentes hacia los incendios forestales». Pero también cambia la actitud hacia «algo muy importante», como son los servicios de extinción. «A nosotros nos interesa que también sean conscientes de lo que hacemos y por qué hacemos determinados trabajos, para que empaticen, para que comprendan y para que sepan lo que hay». El bombero forestal indica que este tipo de conocimiento agiliza la coordinación de las personas voluntarias con los equipos profesionales. Si bien antes «se ponían a trabajar en cualquier sitio de cualquier manera», las formaciones «van a servir para que sepan hacer unas labores efectivas».
Este tipo de experiencias de aprendizaje responden a un requerimiento social en el nuevo contexto ambiental: «Vecinos implicados activamente«, menciona Lourdes Hernández. Pero se necesita también un segundo ingrediente: «Municipios que informen y se preparen debidamente frente a estos eventos«. La especialista de WWF España defiende que son las administraciones públicas quienes deben facilitar los recursos para garantizar una sociedad cohesionada y debidamente formada ante las emergencias. En caso de que las localidades carezcan de medios para ello, Hernández recalca que son las comunidades autónomas las entidades que deben proporcionarlos.
Pero la teoría difiere sobremanera de la realidad. «Las administraciones públicas en el tema de la formación no están haciendo nada», lamenta Nacho Martín. «Están un poco ausentes», añade. Los bomberos forestales llevan a cabo estas capacitaciones de manera voluntaria y en su tiempo libre, por lo que no tienen capacidad de responder a todas la solicitudes que reciben de las diferentes localidades vulnerables. Tanto Martín como Hernández abogan por una mayor inversión pública que a la postre desarrolle una ciudadanía entrenada para hacer frente a unos desastres naturales que han venido para quedarse.
El de Ávila es ya el peor incendio de la historia. Ha superado las 50.000 hectáreas calcinadas, por encima de las 40.000 que arrasaron Uña de Quintana, en Zamora, el pasado verano. Este se había convertido, hasta ahora, en el fuego más grave de la serie histórica, iniciada en 1968. Los tres focos activos entre los territorios avilés y madrileño se unieron el viernes en un único frente, lo que agravó la situación, todavía activa. Y la península sigue ardiendo: las autoridades siguen de cerca las llamas que afectan a La Vall d’Uixó, en Castelló, que ha entrado en el parque natural de Sierra de Espadán. Entre todos los fuegos que asolan España, hay más de 110.000 personas evacuadas y casi 30.000 confinadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos que «extremen las precauciones» porque quedan «horas difíciles» en la lucha contra los focos activos. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la superficie forestal arrasada por los incendios en lo que va de año asciende a 172.396,10 hectáreas, cerca de 20.000 hectáreas más que las contabilizadas este domingo y casi seis veces las 29.817 registradas para el mismo período de 2025. El inicio de una nueva ola de calor a partir de este miércoles, según ha anunciado la AEMET, deja un escenario desfavorable para la evolución de las llamas.
El Estado es particularmente eficaz en apagar fuegos, pero algo está cambiando. O más bien, ya ha cambiado. «En las últimas décadas, hemos mejorado considerablemente en la lucha contra los incendios forestales y, de hecho, el número total de incendios ha disminuido», expresa Fernando Medina, geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y experto en protección civil. «Sin embargo, aquellos que escapan a la extinción inicial se desarrollan ahora con una intensidad y una velocidad sin precedentes».
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Lourdes Hernández, especialista en incendios forestales de WWF España, indica a Público que cada vez tenemos más cantidad de Grandes Incendios Forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas, según define el MITECO. Pero además de ser más extensos, son también más virulentos y llegan a crear su propio ecosistema, de manera que con frecuencia sobrepasan la capacidad de extinción. Y a esa realidad nos enfrentamos en los últimos años: llamas que no cesan.
¿Por qué son incendios imposibles de apagar?
«Hay incendios que por muchos recursos que pudieras dedicarles, no podríamos apagarlos», destaca a este medio Cristina Santín, jefa del departamento de Biodiversidad y Cambio Global del IMIB-CSIC. Son varios los factores que explican la dificultad de extinguir los focos. Hernández indica que la probabilidad de llegar a este punto es hoy mayor debido a que «son más intensos que nunca«. Menciona a este respecto los cambios en el uso del suelo y el abandono rural, lo que implica una homogeneización del paisaje y un aumento de la masa forestal inflamable. Esto incrementa la conectividad de las llamas y su facilidad para propagarse por el entorno, por lo que corren más rápido. A esto se suma la simultaneidad de los fuegos en diferentes puntos, explica Santín. Esto obliga a repartir las fuerzas de trabajo y los medios disponibles y priorizar por orden de urgencia, como una suerte de triaje.
La especialista de WWF España también señala que «hemos primado lo estético a la hora de construir». Ha habido una expansión poco planificada de viviendas en la interfaz urbano-forestal, lo cual dificulta las labores de extinción y pone en una situación de especial vulnerabilidad a los habitantes de estas zonas. Por último, señala la emergencia climática como otro punto clave. No solo hay más vegetación inflamable, sino que esta se encuentra estresada debido a las prolongadas, fuertes y frecuentes olas de calor. La climatología adversa no solo dificulta apagar los incendios, sino que también hace que la masa forestal sea más sensible a la ignición. Es decir, facilita que una chispa se convierta en un desastre medioambiental.
Bomberos en el incendio de Ávila, a 27 de julio de 2026.
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Aunque no sucede siempre, estas nuevas condiciones sociales, territoriales y climáticas hacen más probable que un incendio cobre vida propia. Esto se debe a que crean sus condiciones climatológicas particulares. En concreto, generan pirocúmulos. Se tratan de nubes de fuego hechos de piroclastos de aerosoles, unas partículas de materia orgánica, las cuales crean unas células convectivas. Es decir, que por su movimiento, se calientan y enfrían, desplazándose hacia arriba y hacia abajo. Dicho fenómeno alimenta la base de las llamas.
¿Qué hacer ante incendios de esta clase?
Cuando un foco rebasa las capacidades de apagarlo, hay una prioridad clara: las personas. «La comunicación de riesgos, la preparación de la población y la evacuación oportuna son ahora tan importantes como la capacidad de extinción«, subraya Medina. En segundo lugar, Lourdes Hernández añade que se debe «estudiar el comportamiento del incendio para identificar la ventana de oportunidad», en caso de que haya condiciones meterológicas favorables o se dirija hacia puntos geográficos desde los que la intervención pueda ser más eficaz.
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Vista de las llamas en La Adrada, Avila.
Santín añade que se puede tratar de reconducir el fuego atajando determinados flancos. En una línea parecida se expresa al SMC España Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería forestal y Cambio global de la Universidad de Lleida. «Si el incendio está fuera de capacidad de extinción, se pueden atacar las partes que están dentro de capacidad, como los flancos o la cola», indica. Pero reconoce que en ocasiones «la única opción es evacuar la zona, incluso para los bomberos, pues corren grave peligro».
Jesús S. Notario del Pino, del departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, propone al SMC España «eliminar combustible allí donde sea factible hacerlo de manera que, cuando llegue el frente de llama, no tenga mucho que quemar y disminuya la intensidad del fuego, lo que haría posible enfrentarse a él». De todos modos, insiste en que «sobre el papel parece sencillo, pero en la práctica puede ser tremendamente complicado». Es por este motivo por el que las labores no se pueden centrar únicamente en la extinción de los focos, tal y como se venía haciendo –exitosamente– hasta ahora. Pero la nueva normalidad requiere a su vez nuevas formas.
Prevención y una nueva cultura del fuego
Uno de los puntos fuertes de las nuevas políticas frente a los incendios es la prevención. Que estas condiciones y esta realidad haya venido para quedarse «no significa que tengamos que estar condenados a sufrirla cada verano«, recalca Hernández. La especialista pone de relieve la necesidad de establecer planes de autoprotección en las zonas vulnerables, especialmente en las viviendas y urbanizaciones construidas en la interfaz urbano-forestal. «Existen una serie de herramientas y políticas que si se impulsan frenarían enormemente los daños«, argumenta. Para ello, recuerda que es necesario tener una clase política «a la altura de las circunstancias» y que sea capaz de acordar un Pacto de Estado climático.
Pero esto debe venir a su vez de un giro en la sensibilidad social, un cambio de conciencia basado en la percepción del riesgo. En suma, se trata de crear colectivamente una nueva cultura del fuego. Así lo defiende Cristina Santín, y es que debemos aprender a convivir con esta clase de incendios. Si bien no significa que no se pueda hacer nada, sí debe existir una preparación, en virtud de la cual la ciudadanía ejerce una corresponsabilidad. Por tanto, subraya la importancia de que cuenten con la formación y la capacidad de respuesta necesarias y que siempre atiendan a las instrucciones dadas por los servicios de emergencia.
Y es que en útima instancia, es la vida lo que está en riesgo. «Esto exige un cambio fundamental en la gestión de emergencias«, destaca Fernando Medina. «En la era de los incendios forestales extremos, el éxito ya no debería medirse únicamente en hectáreas quemadas, sino en vidas protegidas».
Este domingo, miles de personas llenaron las calles de Palma para dejar claro su rechazo a la masificación turística que sufre la isla de Mallorca. La marcha, a la que asistieron entre 25.000 y 70.000 personas (según la Delegación del Gobierno y los convocantes, respectivamente), terminó con altercados entre manifestantes y la Policía. El balance final fue de al menos ocho heridos y un detenido. Los hechos han generado un gran revuelo y el delegado del Gobierno ha anunciado que se investigará la actuación policial.
El ambiente previo a la convocatoria del 26-J ya estaba caldeado. Hace dos semanas, la plataforma Menys Turisme, Més Vida (MTMV), organizadora de la manifestación, publicó un «manual de acción contra la turistificación». En él se daban consejos para realizar «acciones de protesta directa no violenta» con seguridad; es decir, evitando ser reconocidos y denunciados. ¿A qué tipo de actos hace referencia? Van desde arrojar pintura a fachadas de «negocios gentrificadores» hasta inutilizar cajetines para llaves de pisos turísticos o colocar carteles de la agrupación en espacios clave.
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El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, expresó inmediatamente su «condena absoluta» ante este manual, que calificó de «kale borroka turística». Por su parte, la Delegación del Gobierno advirtió en un comunicado de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigarían cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito e hizo un llamamiento a la protesta pacífica.
Desde MTMV consideran que estas actuaciones, si bien bordean la ley –por lo que recomiendan en su manual evitar cámaras o taparse la cara–, no implican nunca violencia. Además, recuerda uno de sus representantes en conversación con Público, que ellos «no han descubierto nada nuevo» porque la acción directa «ha sido y es parte de los movimientos sociales». «Son cosas que están sucediendo y que la gente quiere replicar. Lo hemos notado en las asambleas. Además, creemos que es un tipo de acción legítima y lo único que hemos hecho es dar unas nociones de seguridad a la gente que quiera hacerlo», defiende.
Precisamente el pasado 15 de julio, dos activistas mallorquinas fueron detenidas tras actuar contra cinco inmobiliarias en el barrio de Santa Maria del Camí, uno de los más gentrificados de la isla. Aunque unas horas más tarde fueron puestas en libertad, se las investiga por un delito de grupo criminal. Ambas jóvenes intervinieron durante la marcha del domingo para dar las gracias por el apoyo recibido. Según relataron, creen que su arresto pretendía «meter miedo» y «desmovilizar». Estas detenciones fueron duramente criticadas por las entidades vinculadas al derecho a la vivienda en la isla, así como el GOB (el principal grupo ecologista de la isla) y la agrupación Més per Mallorca, que ha pedido explicaciones al ministro del Interior.
Una de las inspiraciones de esta plataforma son los colectivos que, durante la Transición, lucharon por preservar la naturaleza del archipiélago evitando la construcción de urbanizaciones e infraestructuras destructivas. Además, recuerdan el caso de Sa Dragonera, donde, gracias a miles de activistas, se consiguió evitar la construcción de un gran resort para extranjeros adinerados.
Madrid, Valencia o Granada
Aunque estos días se está poniendo el foco en Balears, los boicots a establecimientos turísticos son un goteo que se repite periódicamente en todo el Estado. Por lo general, se concentran en los cajetines de seguridad o lectores de código de los alquileres vacacionales, ubicados en barrios donde la presión turística está haciendo mella. Pocas veces se conoce a sus autores y los actos se difunden rápidamente en redes sociales.
A principios de junio, en Madrid, aparecieron más de un centenar de estos dispositivos saboteados, acompañados de alguna pintada. Latina, Carabanchel o Tetuán fueron algunos de los barrios donde dejó rastro esta protesta organizada en plena noche y de forma anónima. Fue la segunda que se registró en lo que va de año. En estos barrios es cada vez más frecuente encontrar carteles señalando dónde se encuentra un piso turístico ilegal.
Una persona durante una manifestación contra la saturación turística, en Palma de Mallorca.
Lo mismo sucedió el 12 de marzo en València, donde 450 cerraduras de bajos turísticos en Malvarrosa, Nazaret, Cabanyal o El Carme aparecieron bloqueadas. En este caso también se realizaron algunos grafitis con mensajes en contra del modelo turístico. Por su parte, en Granada, a finales de febrero, fueron saboteados más de 500 dispositivos para guardar llaves de apartamentos. Al lado se colocó una pegatina donde se podía leer «contra el negocio de la vivienda».
Más allá de los códigos y llaves de acceso, MTMV paralizó hace unos meses un autocar turístico para denunciar la masificación que sufre la isla. «Llevamos tres años saliendo a las calles en julio y la situación va a peor. Todo esto afecta a la vivienda, a los precios, a los locales donde compramos…», subrayan desde la plataforma.
Vecinos que no pueden más
Detrás de este tipo de actos o de la manifestación masiva del domingo en Palma están los vecinos que se enfrentan a las consecuencias del turismo de masas. En la isla cada vez es más frecuente encontrar a trabajadores y residentes que se ven obligados a compartir piso, vivir en autocaravanas o en sus propios coches. El precio medio del metro cuadrado de vivienda de alquiler en Palma en junio se situaba, según los datos de Idealista, en 19,1 euros.
Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).
El más de un centenar de entidades que se sumaron a esta última marcha denuncian que gran parte del problema se encuentra en los alojamientos turísticos y las segundas residencias. Ante esta situación, han anunciado otra nueva protesta el 8 de agosto en Sóller, uno de los municipios más afectados. Además, el martes han convocado una concentración de urgencia para denunciar las cargas policiales del pasado domingo.
El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros, al superar el ocurrido en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.
El fuego del año pasado en la zona noroeste del país calcinó un total de 37.765 hectáreas, mientras que el originado hace apenas diez días, el 16 de julio, en La Mierla (Guadalajara) había escalado hasta la segunda posición, con unas 32.000 hectáreas afectadas.
En conjunto, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas calcinadas y, de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.
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Como consecuencia del fuego de Burgohondo, la Guardia Civil ya ha detenido a una persona e investiga a otra por un delito de incendio forestal, un procedimiento en el que se personará como acusación la Junta de Castilla y León.
La ministra de Transición Ecológica recuerda que aún se «prevén más evacuaciones»
La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y Ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha visitado en la tarde de este domingo el centro de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid) donde ha adelantado que «aún se prevén más evacuaciones» en la zona oeste donde está teniendo lugar el incendio que une las provincias de Madrid, Ávila y Toledo.
Durante su intervención ante los medios, Aagesen ha agradecido la labor de ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que han estado «trabajando juntos y unidos», una colaboración que ha definido como «un ejemplo palpable y visible del trabajo mano a mano».
«Sois un orgullo de país», ha resaltado la ministra, quien también ha trasladado todo su apoyo a las familias desplazadas por los incendios y ha agradecido a los voluntarios que se encuentran «al frente de la atención y la asistencia».
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Aagesen ha incidido en que España está atravesando una temporada «extraordinariamente complicada» de fuegos, en la que se han registrado ya 32 grandes incendios forestales y han ardido alrededor de 153.000 hectáreas desde el 1 de enero, seis veces más que el año anterior en el mismo periodo.
Aagensen ha añadido que la población regresará a sus casas cuando se produzca la «máxima seguridad» y para ello se irá dando toda la información puntualmente. «Estamos actuando para obtener una resolución lo más temprana posible y atacar la extinción».
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Hasta esta tarde, ha dicho, hay unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo, y otros 16.000 desalojados en Castellón.
En concreto, en las tres provincias bajo emergencia nacional hay 59.896 evacuados y 29.867 confinados.
De las 77.000 hectáreas calcinadas hasta el momento, 50.000 corresponden a Ávila, 25.0000 a Madrid y a Toledo más de 2.000.
El humo de los incendios del centro de la Península es visible desde el satélite Meteosat
El humo de los incendios del centro de la Península es visible desde el satélite Meteosat, según ha informado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras quemarse 77.000 hectáreas en las provincias limítrofes de Madrid, Toledo y Ávila.
El humo de estos fuegos está compuesto por partículas procedentes de la combustión que provocan «un empeoramiento de la calidad del aire», según explica la Aemet y, por ello, insta a la ciudadanía a «seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias».
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El pasado sábado, el cielo de Madrid amaneció de un color marronoso y con la atmósfera cargada de olor a quemado, lo que provocó que muchos vecinos y turistas volvieran a ponerse mascarillas y cerraran las ventanas de sus casas.
El humo de los incendios sobre la península, visto por el satélite Meteosat.
La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió también no permanecer en el exterior por la mala calidad del aire en las zonas cercanas a los incendios y por la presencia de partículas contaminantes suspendidas con un diámetro menor a 2,5 micras.
García aseguró que estos valores están «muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)» y por ello pidió utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los fuegos, entre ellas la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha advertido este domingo que el humo de los grandes incendios forestales ha llegado también al cielo de la provincia de Alicante, que desde primera hora ha aparecido cargado y con un ligero olor a quemado.
Según ha informado la entidad en su canal de la red social X, la pluma de humo procedente de los fuegos de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo ha llegado impulsada por los vientos del oeste-noroeste en las capas medias de la atmósfera.
Desde el amanecer de este domingo, el cielo, que hasta ayer estaba cubierto de polvo sahariano por una oleada de aire procedente del norte de África, ha sido sustituido por una nube de humo de los grandes incendios del centro de España.
Además, un total de 19 personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de la Vall d’Uixò (Castellón); de ellas, siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.
Un verano más, España se quema. El fuego de La Mierla en Guadalajara ha entrado este miércoles en estado de estabilización tras haber arrasado 32.000 hectáreas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha acudido al lugar junto con el líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Y es que el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara es el segundo más grande por superficie quemada en la serie histórica, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
«No podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen sino que tenemos que hacerlo previamente», ha recalcado el jefe del Ejecutivo. También ha abogado por alcanzar un Pacto de Estado climático «para convertir en leyes y en recursos económicos medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de comarcas y de territorios». La iniciativa del pacto fue anunciada en el 2025 , después de vivir el peor año en cuanto a superficie quemada de la serie histórica europea.
Este mismo mes ha tenido lugar el devastador incendio de Los Gallardos en Almería, que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos. Afectó también a los municipios de Bédar, Lubrín y Antas, y calcinó más de 7.000 hectáreas. La cantidad de superficie arrasada por las llamas en España se ha duplicado en apenas dos semanas y supera ya las 125.000 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios (EFFIS). Esta repentina propagación del fuego no es una casualidad, sino una combinación de factores sociales y transformaciones territoriales azuzadas por la crisis climática.
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Meses de calor extremo que precedieron al verano
«Veníamos de un final de mes de abril y un final de mes de mayo muy cálido», recuerda a Público el físico y meteorólogo Peio Oria. Durante el quinto mes del año, la península ibérica sufrió temperaturas propias del punto álgido del verano, lo que se conoce como canícula. Se tratan de «temperaturas excepcionalmente altas que llevan durando unos meses». El experto destaca que incluso las olas de calor apenas han tenido interrupciones por «pequeñas bajadas intermedias» en el termómetro.
El exceso de calor se empareja con la falta de agua, ya que apenas ha habido precipitaciones. En el caso de Guadalajara, «desde el 7 de mayo solo han acumulado dos litros. No ha llovido prácticamente nada«, destaca Oria. Esto se contrapone a la etapa inmediatamente anterior. Víctor Granda, científico de datos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF, por sus siglas en catalán), apunta a este medio que sí hubo abundantes lluvias durante el invierno y el principio de la primavera. Ello hizo «que creciera el sotobosque», señala. Es decir, la maleza, el arbusto, herbáceos y, en general, la vegetación que crece más cerca del suelo.
Vegetación que se muere de sed, más fácil de arder
Un patrón similar tuvo lugar el pasado 2025, indica el investigador del CREAF. Las precipitaciones de la primavera dejaron una exuberante vegetación disponible para arder durante el verano, lo que convirtió el último período estival en el más grave en cuanto a incendios, de acuerdo con EFFIS. En esta ocasión, el calor extremo y la falta de lluvias durante los últimos meses también ha provocado un estrés hídrico en las plantas, hierbas y matorrales del suelo. Estas se secan y se convierten en «combustible» disponible para la propagación de las llamas, explica Granda.
Bomberos trabajan en el lugar durante el incendio forestal de La Mierla en Albendiego, Guadalajara, España, el 21 de julio de 2026.
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Peio Oria indica que en una situación de sequía, «disminuye la actividad de la fotosíntesis, aumenta la temperatura de las hojas y, si se prolonga mucho tiempo, la vegetación termina perdiendo su contenido hídrico. Ahí está la clave». Y es que cuando se llega a estas condiciones, «la cantidad de energía necesaria para que un vegetal entre en ignición es mínima». Víctor Resco de Dios, profesor de ingeniería forestal y cambio global de la Universitat de Lleida e investigador de Agrotecnio, añade que «los incendios forestales requieren de dos ingredientes principalmente». Declara a este diario que «por un lado se requiere de suficiente combustible como para propagar un incendio, y por otro lado se requiere que ese combustible esté lo suficientemente seco como para arder».
Un paisaje homogéneo en plena crisis climática
A esto se suma los cambios en el uso del suelo, recuerda Resco de Dios. La despoblación rural ha provocado una menor variedad de paisajes –conocidos como paisajes mosaico–, que antaño servían como cortafuegos. Ahora el entorno es más homogéneo, de manera que hay una mayor conectividad. Estas circunstancias facilitan no solo que el suelo arda, sino también que se propague. Es por ello que en el caso de La Mierla el incendio ha sido tan extenso y la cantidad de superficie quemada en España se ha duplicado en tan poco tiempo.
Las razones por las que los grandes incendios forestales son cada vez más comunes responden a factores de carácter preeminentemente social. No obstante, la crisis climática también juega un papel destacado. Esta «favorece la desecación de la vegetación, que el combustible esté disponible para el incendio –y que lo esté durante más tiempo–, y una situación de inestabilidad atmosférica que favorece la propagación de los incendios», remarca el profesor.
La incierta previsión del fuego este verano
El clima puede ser un factor determinante en la evolución de las llamas. «La ola de calor que estamos sufriendo en estos momentos debería acabar en un par de días, lo que daría, en principio, una cierta tregua, al menos, desde el punto de vista meteorológico», declara al SMC España Cristina Santín, investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC). «En cuanto al resto del verano, según la AEMET, se espera que sea más cálido de lo normal, pero no hay una previsión clara sobre las precipitaciones y cómo todo esto se va a trasladar a la actividad de incendios no está claro», añade.
En términos parecidos se expresa también en declaraciones al SMC España Jesús S. Notario del Pino, profesor titular del departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna. «Dependerá de la evolución de las temperaturas y la duración de las olas de calor», dice. «Si siguen como hasta ahora, la situación seguramente empeorará, ya que el combustible se secará más aún y eso lo pondrá todo más difícil».
Field Produce Marketing, Hadiklaim y Agrifood Marketing. Las tres son empresas israelíes que se dedican a la producción y venta de cacahuetes, almendras y sobre todo, dátiles. Las tres tienen plantaciones y naves en los territorios palestinos y sirios que Israel ocupa ilegalmente en Cisjordania y los Altos del Golán. Y las tres exportan productos hortofrutícolas a varios países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España. Esto es lo que viene a denunciar una investigación reciente del grupo francés de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE) y el centro de investigación israelí Who Profits, publicada recientemente por EUObserver. Este medio digital con sede en Bruselas ha compartido su base de datos con Público, que ha comprobado que las tres compañías presumen en sus páginas web de llegar con sus productos a España. Así lo publicitaban a fecha de 17 de julio de 2026.
La distribución de estos productos en el mercado español incumpliría el Real decreto ley 10/2025 de medidas contra el genocidio en Gaza, cuyo artículo 3 prohíbe la importación de productos procedentes de los territorios palestinos ocupados. Las zonas afectadas por esta medida quedaron delimitadas en una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del pasado 10 de febrero de 2026. El real decreto pretendía responder a las exigencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en 2024 emitió un dictamen en el que instaba a todos los Estados a no reconocer ni cooperar con los territorios ocupados ilegalmente por Israel.
Pese a ello, Tel Aviv ha seguido expandiendo sus fronteras más allá del espacio que le conceden varias resoluciones de la ONU. La agricultura, afirma en conversación con Público la investigadora del CIDSE Dorien Vanden Boer, debe concebirse como una de las muchas estrategias que Israel utiliza «para despojar a los palestinos de sus tierras y expulsarlos de ellas», además de la guerra, la ilegalización y destrucción de infraestructuras civiles, la creación de campos de tiro y el establecimiento de zonas de valor arqueológico, entre otras.
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Field Produce Marketing, Hadiklaim y Agrifood Marketing no son las únicas empresas que continúan con presencia en nuestro país. En la base de datos compartida por EUObserver con Público, figuraban otras tres compañías israelíes que presuntamente seguían exportando productos de los territorios ocupados a España. Estas eran Agrexco Carmel Agricultural Export Company, Hamat Group Ltd y Aqwise Wise Water Technology. A diferencia de las tres primeras, Público no ha podido confirmar que estas firmas publiciten que siguen enviando mercancía a nuestro país tras la entrada en vigor del Real decreto-ley 10/2025.
Las seis empresas israelíes han declinado responder a las solicitudes de información realizadas por este periódico antes de la publicación de este artículo. Público también ha preguntado a la AEAT si existían expedientes sancionadores abiertos a estas u otras empresas israelíes, pero la Agencia Tributaria respondió que no podía facilitar la información porque estaba en manos de las diferentes Aduanas y no disponía de ella «de forma automatizada».
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Cultivando expolio en la Cisjordania Ocupada
Field Produce Marketing tiene una de sus cuatro plantas en el asentamiento de Yafit, en el Valle del Jordán, justo en la Cisjordania Ocupada, rebautizada por la administración sionista como Judea y Samaria. Esta es una información de la que la firma presume en su propia página web. La empresa está registrada como una sociedad privada israelí y exporta el 65% de lo que produce, con alianzas –cadenas de alimentación, «tostadoras de café» y comercializadores de frutos secos- en toda Europa. La actividad se centra sobre todo en el cultivo y la venta de cacahuetes, almendras y dátiles de la variedad Medjool, una de las más habituales en los supermercados de España.
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Field Produce Marketing tiene entre su clientela a tres empresas que compran y venden al mercado español: Delinuts, Importaco y La Piedra Redonda. La primera es una marca gallega dedicada a la creación de «barritas energéticas naturales». La segunda, una de las principales intermediarias en el mercado de los frutos secos en España, con sede en València. Importaco es además una de las proveedoras de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. La Piedra Redonda trabaja por su parte con el sello Oro del Mediterráneo, localizable en distintas superficies. Todos estos datos están disponibles en la web de Field Produce Marketing. Público se ha puesto en contacto con las tres empresas españolas para conocer su versión y saber en qué estado se encontraban sus acuerdos comerciales con compañías israelíes. Delinuts e Importaco no han respondido. La Piedra Redonda por su parte dice no importar productos de Israel, pese a figurar en el listado de clientes de Field Produce Marketing.
Hadiklaim, por su parte, es una cooperativa que se dedica fundamentalmente a la comercialización de dátiles -y derivados- procedentes del Valle del Jordán y de la zona del Mar Muerto. Las plantaciones vuelven a situarse en la Cisjordania Ocupada, concretamente en los asentamientos de Yafit, Galil, Almog, Beit Ha’arava y Tomer, tal y como recoge en uno de sus últimos informes Who Profits. «Exportamos nuestras nueve variedades de dátiles a más de cincuenta países en los cinco continentes«, sostiene la compañía en su página web. España sigue siendo uno de sus principales destinos, según el mapa disponible en Hadiklaim.com.
La cooperativa opera a través de varias marcas, entre ellas, MyJool, Jordan River y King Salomon Dates. EUObserver informó –con datos previos a la resolución de febrero de 2026- de que los dátiles de la firma se podían localizar en Aldi, El Corte Inglés, Lidl, Carrefour o Mercadona. Las dos últimas cadenas han negado -en declaraciones a Público– tener actualmente en sus estanterías mercancía procedente de los territorios palestinos ocupados. Las tres primeras han declinado responder a las preguntas de este periódico. Hadiklaim recibió además «indemnizaciones» del Ministerio de Economía de Israel entre 2019 y 2021 por un valor total de casi tres millones de euros a raíz de la supuesta caída de las exportaciones. La firma israelí tampoco ha atendido las reiteradas solicitudes de información de este periódico.
Agrifood Marketing, por último, también tiene sus plantaciones en el Valle del Jordán y en la zona del Mar Muerto, un enclave que le permite a la compañía «suministrar todas las variedades de dátiles (…) durante todo el año». La Cisjordania Ocupada –insisten en su página web- tiene un «clima perfecto» para el cultivo de estos productos, sobre todo por la «combinación singular de la calidez del desierto, la baja humedad y la experiencia de los agricultores israelíes». La «comercialización a nivel mundial» alcanza países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón o España, según el mapa disponible en Agrifood-Marketing.co.il. La firma no ha querido responder a las preguntas de Público y tampoco identifica en su portal quiénes son concretamente sus clientes en el mercado español.
La postura de los supermercados españoles
Las principales cadenas de supermercados en España se agarran al cumplimiento de la resolución aprobada por la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en febrero de 2026, pero no aclaran qué mecanismos de fiscalización interna utilizan ni cuántos acuerdos comerciales han roto con sus proveedores con motivo del nuevo marco legal.
La respuesta de cada uno de los grupos tiene de todos modos sus particularidades. Un portavoz de Carrefour España ha asegurado en una conversación con Público que no comercializa en nuestro país «productos procedentes de Israel o Palestina». En los mismos términos se ha pronunciado Eroski, para luego explicar que la decisión «responde a la voluntad» de la marca de «actuar de forma coherente no solo con su identidad, sino también con su compromiso con una política de compras responsable, orientada al respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas».
Lidl también ha aprovechado la ocasión para reafirmar su «firme compromiso con los derechos humanos en todas las operaciones». La cadena alemana dice cumplir «estrictamente con la legalidad vigente en cada mercado» en el que opera, garantizando así «el absoluto cumplimiento de la resolución del 10 de febrero de 2026». Lidl presume asimismo de «exigir» a todos sus proveedores «operar bajo un riguroso código de conducta basado en los principios internacionales» y contempla «medidas inmediatas» para «cualquier vulneración de este código». La compañía sin embargo no ha entrado a detallar qué mecanismos de fiscalización utiliza y tampoco ha aclarado si rompió algún acuerdo o aplicó sanciones de algún tipo por vulnerar la normativa española.
Mercadona por su parte insiste en el cumplimiento de la legislación vigente y asegura que «traslada a sus proveedores la necesidad de hacerlo también», pero no aclara qué mecanismos de fiscalización utiliza para ello.
Ahorramás y Aldi han indicado que, «lamentablemente», prefieren no dar su versión de los hechos para este artículo. Por último, Alcampo, Dia y Supermercados El Corte Inglés no han respondido a ninguno de los correos de Público.
El 18 de julio de 1936, el fracaso de un golpe de Estado militar contra la República da lugar a tres años de conflicto armado. En El holocausto español, el historiador Paul Preston cifra en 300.000 los muertos en ambos bandos en el campo de batalla. El autor cifra en unas 150.000 las víctimas mortales de la represión fascista durante la guerra y la inmediata posguerra. Unos 20.000 republicanos fueron ejecutados tras el final de la contienda, a los que añade muchos más fallecidos por hambre, enfermedades, trabajos forzados y las condiciones de las cárceles franquistas. Muchos continúan ocho décadas después en cunetas y fosas comunes.
Noventa años después, historiadores y académicos siguen enfrentándose a aquellos que niegan los hechos tal y como ocurrieron y tratan de difundir «realidades paralelas» que distorsionan este periodo clave en la historia de España. «Es algo habitual cuando suceden masacres y atrocidades. Siempre hay alguien que se identifica con el verdugo», afirma el profesor Xabier Irujo, especialista en historia contemporánea de Euskadi y en el estudio de genocidios.
Irujo explica que, a lo largo de su carrera, se ha encontrado con dos grandes corrientes del revisionismo: el negacionismo y el reduccionismo. Ambas han estado presentes, por ejemplo, durante sus investigaciones sobre los bombardeos del bando franquista en la Guerra Civil. «¿Qué suelen hacer? Reducen el número de muertos, ocultan información y fuentes o tergiversan los motivos por los que se produjo cierto ataque para reducir las culpas», añade.
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El historiador y politólogo Alberto Reig Tapia se ha topado con éstas y otras fórmulas: desde minimizar las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura a criticar «a quienes no quieren pasar página y se dedican a remover el pasado». «Esta última, una tesis profundamente equivocada porque solo se puede pasar página conociendo la historia. Si no se demuestra lo que pasó, los hijos y nietos seguirán buscando la verdad», deja claro.
Reig Tapia es autor del libro Anti-Moa, en el que desmonta metódicamente las tesis vertidas por el pseudo historiador Pío Moa, uno de los principales precursores del revisionismo de la historia moderna de España. Este best seller de la ultraderecha se encargó a principios de los 2000 de recuperar algunos de los grandes mitos del franquismo: que la revolución del 34 fue el verdadero origen de la guerra, que las elecciones del 36 fueron un fraude o que el colapso de la República fue responsabilidad exclusiva de sus dirigentes democráticos.
Hitler y Franco en su entrevista en Hendaya.
«Básicamente lo que hace es actualizar las justificaciones clásicas del franquismo sobre el golpe de Estado del 18 de julio. Parte de autores de la dictadura como Joaquín Aguirre, Eduardo Comín, Ricardo Cierva, Francisco Pérez de Urbel… Coge las tesis de siempre y, entre comillas, las moderniza», afirma el historiador a Público.
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Iker Itoiz Ciáurriz: «No necesitan reivindicar abiertamente a Franco, les basta con diluir responsabilidades del golpe, desplazar el origen de la guerra y convertir la dictadura en una consecuencia inevitable de los errores de la izquierda»
En la misma línea, el profesor de historia moderna Iker Itoiz Ciáurriz explica que estos autores presentan sus libros como «una revisión crítica de una supuesta historiografía dominada por la izquierda», cuando en realidad replican sin grandes cambios toda la propaganda difundida durante el régimen franquista. «No necesitan reivindicar abiertamente a Franco, les basta con diluir responsabilidades del golpe, desplazar el origen de la guerra y convertir la dictadura en una consecuencia inevitable de los errores de la izquierda», subraya.
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Este investigador diferencia cuatro etapas en la propagación del revisionismo en España. En la Transición queda latente la propaganda franquista en buena parte del conservadurismo –entre otros, Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, que culpó a la República en varias entrevistas del golpe de Estado–. Sin embargo, es a finales de los noventa, en paralelo con el surgimiento de los movimientos memorialistas, cuando estas corrientes «trascienden el ámbito estrictamente historiográfico para convertirse en herramientas de movilización política y cultural». Habrá otros dos momentos clave: 2007, con la primera Ley de Memoria, y 2018, con el auge de la ultraderecha y la entrada en juego de las redes sociales.
Descalificar la República para justificar el golpe
Los bulos sobre la Guerra Civil se remontan a los inicios del conflicto. Ya en 1936, desde el bando sublevado, se empezó a construir un relato según el cual la República había dejado de ser una democracia y era incapaz acabar con la violencia en las calles. Más tarde, toda la historiografía oficial del régimen se pondría al servicio de esta narrativa.
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Itoiz Ciurriáiz detalla las afirmaciones en las que se sustentaba: la supuesta incapacidad del Estado para mantener el orden público, la amenaza de una revolución comunista, el carácter ilegítimo del Frente Popular tras las elecciones de febrero de 1936 (presentadas como fraudulentas) y el asesinato de José Calvo Sotelo como prueba del colapso definitivo del Estado de derecho. «Sobre estas bases se justificaba el golpe de Estado de julio de 1936 como una reacción necesaria para salvar a España de una revolución», apostilla.
«Todos estos relatos perdieron su legitimidad académica al poco de restablecerse la democracia. En ese momento la República pasa a interpretarse como una democracia de entreguerras sometida a profundas tensiones políticas y sociales, pero plenamente democrática». añade.
Xavier Irujo: «De los 2.042 bombardeos que hubo en Euskadi desde el 22 de julio de 1936 hasta 1937, más del 90% los ordenó el ejército franquista»
Junto con este argumentario, pensado para reducir las responsabilidades entorno al golpe militar, más tarde se desarrolla una narrativa centrada en la «equivalencia». Es aquí cuando surgen los repetidos discursos que hablan de una guerra fraticida o entre hermanos.El objetivo no era argumentar que la violencia ejercida por republicanos y franquistas fuese similar. En este caso, los datos demuestran que no fue así y que la mayor parte de las muertes las perpetró el bando sublevado.
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«De los 2.042 bombardeos que hubo en Euskadi desde el 22 de julio de 1936 -cuando se registra el primero- hasta 1937, con su caída en manos franquistas, más del 90% los ordenó el ejército franquista», subraya el historiador Xavier Irujo. Nada de esto, insisten los historiadores, niega la existencia de matanzas y actos de violencia a ambos lados del frente de batalla.
«¿Por qué atacan la República? porque es la representación de la democracia y yo creo que quienes defienden estas posturas, en el fondo, no son demócratas. No admiten que haya alternancia de poderes, no entienden que pueda gobernar la izquierda. No han superado todavía el gusto de la victoria en tiempos de guerra», así de crítico es Reig Tapia.
Ante la duda de a quién le interesa reescribir la historia, Itoiz Ciurriáiz lo tiene claro: «Reconocer plenamente que el franquismo nació de un golpe de Estado contra un régimen constitucional, que practicó una represión sistemática y que excluyó durante décadas a una parte de la sociedad obliga a revisar no solo el pasado, sino también la continuidad de determinadas élites, patrimonios, símbolos y relatos familiares. Por ello, la equiparación entre la República y la dictadura cumple una función defensiva: si ambos bandos fueron igualmente antidemocráticos y responsables de la violencia, el franquismo deja de aparecer como una ruptura ilegítima y puede presentarse como una respuesta, quizá excesiva, pero comprensible, ante el caos y la amenaza revolucionaria».
El dictador Francisco Franco tras una celebración religiosa haciendo el saludo fascista.
En esta misma línea, Matilde Eiroa San Francisco, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, cree que «solo hay que investigar un poco el pasado de gran parte de los actuales líderes conservadores» para entender porqué hay a ciertos sectores a los que les interesa mantener vivos los falsos mitos franquistas de la historia reciente de España.
Lorena Ortiz: «Un ejemplo claro es la insistencia en que el pasado ya está cerrado y que hablar de él sólo hace ‘daño’. Este argumento lo escuchamos en las derechas españolas, pero también en el discurso de la AfD sobre su pasado nazi»
La catedrática recuerda que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en desvelar los orígenes y motivos del golpe y que quienes persisten en las versiones tergiversadas de la historia «tienen objetivos únicamente políticos»: «Se ha demostrado el protagonismo de los monárquicos en la conspiración, a quienes se sumaron carlistas, falangistas y militares. Hemos avanzado mucho también en lo referente a la participación internacional desde el origen de la guerra hasta su final. No es posible desmontar los resultados de estas investigaciones a la luz de los documentos nacionales e internacionales«.
El revisionismo crece con fuerza aupado por los ultras
Lorena Ortiz Cabrero, historiadora y politóloga, ha centrado gran parte de sus estudios en la memoria histórica y el auge de la extrema derecha. De acuerdo a su análisis, las posturas reaccionarias contra la memoria histórica son una tendencia en auge desde hace algo más de una década. «Lo más peligroso es que no se trata de un fenómeno aislado, sino de un movimiento con fuertes vínculos internacionales. Lo vemos en la colaboración entre Abascal y Meloni, que se han apoyado mutuamente en campañas electorales y equiparan lo que llaman las ‘leyendas negras’ de España y de Italia. Lo vemos también en Trump, Farage o Milei», apunta. Estos líderes llevan tiempo repitiendo eslóganes sobre hacer que sus respectivos países vuelvan a ser grandes de nuevo (variantes del lema trumpista Make America great again).
Esta «internalización ideológica» favorece la expansión de un repertorio de argumentos fácil que cada partido adapta a su contexto nacional: «Un ejemplo claro es la insistencia de que el pasado ya está cerrado y que hablar de él sólo hace ‘daño’. Este argumento lo escuchamos en las derechas españolas, pero también en el discurso de la AfD sobre su pasado nazi», explica la experta.
En todo este contexto, las redes sociales han tenido un papel decisivo. Coinciden los historiadores consultados en que, en el momento actual, no cambian tanto los discursos como la forma en la que llegan a las nuevas generaciones. Todos ellos sienten que en la última década ha aumentado la radicalidad y se ha perdido cierto «respeto» hacia las voces de autoridad.
«Hay una polarización más acusada en los últimos años. Gente no experta habla del pasado sin saber sobre los hechos. Se opina de un modo muy visceral, con poco rigor y mucho desconocimiento. El interés parece residir en deslegitimar a los gobiernos de izquierda, no en construir un pasado lo más cercano posible a los hechos probados», lamenta Matilde Eiroa.
Esta catedrática es experta en el estudio de la difusión de la memoria histórica en entornos digitales. Bajo su punto de vista, el anonimato de las redes sociales facilita la propagación de bulos históricos. «Las cuentas especializadas en franquismo son escasas en comparación a las de memoria, pero predominan perfiles particulares y de grupos ultras que manipulan datos e imágenes para exhibir la dictadura como un período pacífico y de prosperidad», sostiene.
Un avión de una escuadrilla aérea de las Brigadas Internacionales fue derribado y cayó en Valdelinares (Teruel). A la expedición de rescate se fue uniendo poco a poco la gente del pueblo, mostrando su solidaridad con este bando. El escritor André Malraux fue testigo, como aviador del ejército republicano, de este episodio, uno de los primeros de la Guerra Civil. Lo contó en su novela La esperanza y después lo llevó al cine en Sierra de Teruel (1938-39), una de las películas documentales más conocidas de los cientos de producciones que se rodaron durante los años del conflicto.
Codirigida junto a Boris Peskine, con guion de Antonio del Amo, Denis Marion, Peskine y Max Aub (que fue ayudante de dirección y traductor del guion al español), la película se terminó de rodar en Francia -el equipo tuvo que salir de España con la llegada de las tropas franquistas-, y se estrenó en París. Franco la prohibió y hasta 1978 no se pudo ver en nuestro país.
Pero antes, la primera película que se hizo durante la guerra fue Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona (1936), restaurada gracias a una serie de materiales que recuperaron la CNT, la FAI y Filmoteca Española. En ella Mateo Santos mostraba los hechos ocurridos en Barcelona entre el 19 y el 23 de julio, desde el momento en que la población armada detuvo a los militares rebeldes, pasando por las posiciones de los milicianos anarquistas en las barricadas hasta la salida de la columna Durruti hacia el frente de Aragón.
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Herramienta de propaganda
En los difíciles años de la guerra, el cine se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda y en una obligación moral para muchos cineastas dispuestos a documentar lo que estaba ocurriendo. Uno de los más activos en el bando republicano fue el mencionado Antonio del Amo, abuelo materno del cineasta Rodrigo Sorogoyen, que participó en varios proyectos en aquel periodo.
Rodó Mando único en 1937, un cortometraje documental en el insistía en la necesidad de una centralización de la organización político-económica y del mando militar contra los rebeldes. Colaboró en España leal en armas (1937), una película de Jean-Paul Le Chanois con guion de Luis Buñuel, producida por la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República con la idea de que fuera difundida en el extranjero y se legitimara el Gobierno de la República. Dirigió y escribió junto a Rafael Gil Soldados campesinos (1938), donde contaba la historia de una pareja de campesinos separada por la guerra. Mientras él luchaba en el frente, ella trabajaba la tierra con un arado. Y documentó la vida y la producción en la retaguardia en Industrias de guerra (1937).
Fotograma de ‘España leal en armas’.
Muchas de las producciones que se rodaron entonces son mediometrajes o cortometrajes, documentos valiosísimos para conocer los hechos de esos años, firmados por cineastas españoles, como Fernando G. Mantilla, Valentín R. González, Nemesio Sobrevila, Daniel Quiterio Prieto, Antonio Sau, J. Pallejá o Ramón Quadreny. A ellos se unieron unos cuantos extranjeros, comprometidos con la legalidad republicana y contra la guerra y el bando fascista.
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De todos, el británico Ivor Montagu, un personaje peculiar y convencido comunista que repartió su entusiasmo entre el cine, el espionaje y el tenis de mesa, fue uno de los más involucrados con la causa republicana. Es el autor de la primera película extranjera rodada en la guerra, Defence of Madrid (1936). En ella contaba el asalto aéreo a Madrid, con fotogramas de niños muertos y de escombros; la llamada a las armas con las milicias en las barricadas y las imágenes de las Brigadas Internacionales y la llegada de un barco soviético con alimentos. La película se estrenó en 1937 en toda Gran Bretaña, en cines, institutos mineros, cineclubes locales… y al final de cada proyección se hacía una colecta para ayudar a los españoles.
El neerlandés Joris Ivens firmó Tierra de España (1937), con textos de Ernest Hemingway sobre una primera sinopsis de John Dos Passos. Y Henri Cartier-Bresson, el padre del fotoperiodismo, y el americano Herbert Kline hicieron en 1937 Return to Life (el título francés fue Victoire de la vie) sobre los servicios médicos internacionales en la guerra.
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Cartel de ‘Tierra de España’.
Los franquistas también utilizaron el cine como arma de propaganda y dejaron títulos como La batalla del Ebro (1938, La liberación de Barcelona (1939), Alma y nervio de España (Joaquín Martínez Arboleya, 1937) o la racista España heroica (Paul Laven y Fritz Mauch, 1938)
En la ficción
La guerra y su realidad pedían a gritos películas documentales, pero también hubo tiempo para rodar algunas ficciones, entretenimientos para escapar de la dureza del conflicto. En el bando republicano, hay títulos como Nosotros somos así (Valentín R. González, 1936), una curiosa película anarquista musical en la que un niño rico descubría los problemas de los trabajadores; la comedia también musical Nuestro culpable (1937), del italiano afincado en España Fernando Mignoni; el drama político Aurora de esperanza (Antonio Sau, 1937) o Frente de Madrid, película que rodó en Italia Edgar Neville en 1939, con Fosco Giacchetti, Rafael Rivelles y Conchita Montes, un drama de quintacolumnistas y espionaje que arrancaba con una pareja que iba a casarse el 18 de julio, pero la guerra lo impedía.
Imagen de ‘Nosotros somos así’.
Paquete, el fotógrafo público número uno (1938), protagonizada por Paco Martínez Soria y Mary Santpere, fue un caso peculiar, producida en la zona republicana, la película abrió las puertas al director, Ignacio Iquino, que trabajó luego cómodamente bajo el régimen franquista. Este bando también utilizó la ficción para expandir su ideario reaccionario, con películas como Morena clara (Florián Rey, 1937), Carmen la de Triana (Florián Rey, 1938), Mariquilla terremoto (Benito Perojo, 1938) y unas cuantas más. Y, al terminar la guerra, con los fascistas ufanos por la victoria, el cine español estrenó por todo lo alto Raza (1941), el engendro nacional-católico que escribió Franco y dirigió José Luis Sáez de Heredia.
Ante un panorama donde los conflictos bélicos, diplomáticos y, en general, políticos, impactan de manera frontal con el suministro de recursos, la soberanía energética se ha convertido en un asunto de estado. En el caso europeo, esta cuestión adquiere un nivel agregado, ya que concierne al conjunto de los Veintisiete. En este contexto, Bruselas impulsa una serie de proyectos que cumplan una doble función: suministrar las materias primas y la infraestructura energética que, según la UE, necesita para reducir su dependencia de Rusia, China y otras potencias extranjeras. Sin embargo, estas iniciativas salen adelante al tiempo que las mismas compañías acumulan algunos de los casos de contaminación sin resolver más persistentes del continente.
Uno de los casos que se enmarca en este contexto es el de Solvay, una compañía química multinacional de origen belga y que opera en diferentes puntos de Europa. Sus proyectos en España, Francia y en Italia son ahora fundamentales para la política industrial estratégica de la UE, pero todavía debe hacerse cargo del impacto ambiental que ha generado hasta ahora. Así lo ha analizado una investigación periodística internacional financiada por el Journalismfund Europe y de la que Público ha formado parte.
Una planta de biomasa y quema de carbón
La empresa tiene su sede social española en Torrelavega, una localidad de Cantabria y se dedica a la producción de carbonato y bicarbonato sódicos. El carbonato sódico es un recurso empleado para la fabricación de vidrio, paneles solares. También es utilizado en baterías de vehículos eléctricos y detergentes. Por su parte, el bicarbonato tiene diversas aplicaciones, como alimentos, piensos, cosméticos o productos farmacéuticos.
La fabricación de estos químicos todavía se lleva a cabo mediante la quema de carbón. Se trata de la fuente de energía que más emisiones de CO2 provoca y uno de los principales causantes de la crisis climática. En este contexto, uno de los grandes proyectos de Solvay en España es su futura planta de cogeneración a partir de biomasa. Esta fue anunciada en marzo de 2025 y su objetivo, según defiende la compañía, es «reducir casi la mitad de las emisiones de CO2 para 2027».
«Con más de 116 años operando en España, estamos orgullosos de la transición de la planta a una nueva etapa, marcando un capítulo importante en su historia. Este hito supone un paso de gigante en la reducción de nuestra huella de carbono y en el suministro de productos más sostenibles a nuestros clientes”, declaró durante el anuncio del proyecto Etienne Galan, presidente de Solvay para el negocio del Carbonato Sódico y Derivados. «Nuestro ambicioso plan para Torrelavega incluye ofrecer a nuestros clientes en España carbonato y bicarbonato sódico con la huella de carbono más baja del mercado. Este proyecto reafirma nuestro compromiso con la producción local sostenible y competitiva, asegurando la viabilidad y el éxito a largo plazo».
Un proyecto «estratégico» con 30 millones de euros
La planta de biomasa ha recibido una ayuda para proyectos de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera. Esta se enmarca dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Es el Ministerio de Industria quien se encarga de gestionar los PERTE, que a su vez se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. En total, la subvención asciende a 30 millones de euros.
La construcción de la planta para Solvay corre a cargo de ENSO, una compañía dedicada a la descarbonización industrial por medio de la bioenergía. En su página web defienden «una transición energética que no solo sea eficiente, sino también justa, medible y replicable». Según explican, la descarbonización del complejo industrial de la empresa química en Torrelavega consistirá en dos estrategias. Por un lado, el autoconsumo de energía cogenerado por la planta de biomasa. Por el otro, un aumento de la eficiencia energética que se buscará implementando un nuevo variador de frecuencia –un dispositivo que regula la velocidad de la corriente eléctrica–.
«Nuestros esfuerzos de colaboración con Solvay durante los últimos meses han culminado en la aprobación con éxito de un proyecto de gran envergadura», expresó durante el anuncio del proyecto en marzo de 2025 la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular. En su intervención, también recordó que la planta de biomasa había sido declarada como «iniciativa estratégica». Esta categoría, añadió entonces, permite «el acceso a la financiación a través de los Certificados de Ahorro de Energía (CAE)».
El Gobierno regional declaró el «carácter estratégico» del proyecto en enero de 2025. «Estamos hablando de una decisión, la de hacer el informe para reconocer el carácter estratégico del proyecto de cogeneración de biomasa de Solvay, necesaria y urgente porque va a dotar a Cantabria de la cogeneración más grande de España, logrando reducir el 60% del consumo de carbón y las emisiones de dióxido de carbono en 326 millones de toneladas al año», afirmó entonces el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. Este medio ha tratado de contactar con el Ejecutivo cántabro, pero no ha obtenido respuesta.
La biomasa… ¿una falsa solución?
«El proyecto de biomasa tiene por objeto reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ de la central, sustituyendo la mayor parte del carbón que se utiliza actualmente en la central de Torrelavega», declaran a Público fuentes de Solvay. La biomasa plantea diversos problemas en lo que respecta a la transición energética. Mario Rodríguez, director de la Fundación para la Ecología y el Desarrollo (ECODES), recuerda en declaraciones a este medio que esta fuente requiere también de combustión, por lo que provoca emisiones de CO2.
En la misma línea se expresa Alfonso Fernández-Manso, profesor del Grupo de investigación en Ecología Aplicada (GEAT) de la Universidad de León. «Conviene recordar que la combustión de biomasa no es inocua«, indica en un artículo que publicó para el blog del Grupo de Energía, Economía y dinámica de Sistemas (GEEDS) de la Universidad de Valladolid. Subraya que no solo emite CO2, sino también «partículas en suspensión, incluidas PM10 y PM2,5, así como compuestos orgánicos volátiles, todos ellos con efectos relevantes sobre la calidad del aire y la salud pública».
Por este motivo, aduce que la «neutralidad de carbono» de esta energía es «científicamente cuestionable«. «La tala y la quema inmediata de masa forestal liberan carbono a la atmósfera en un plazo muy corto, mientras que su eventual recaptura por el monte requiere décadas y depende, además, de que esa regeneración se produzca realmente y en condiciones equivalentes», añade.
Para el director de ECODES, la medida poco tiene que ver con una intención por parte de la empresa química de cambiar su imagen hacia una más verde. «Es difícil que Solvay tenga una imagen positiva desde el punto de vista ambiental«, expresa, en referencia a la trayectoria histórica del grupo en este asunto. En su lugar, se trataría de «una cuestión práctica» para cumplir con las exigencias normativas de la Unión Europea.
«La fábrica de Solvay sigue quemando todavía carbón, ni siquiera gas», insiste el experto. Ante esta situación, considera que la planta de biomasa «puede tener sentido como sistema de transición». No obstante, pone de relieve que, si se quiere llegar a una verdadera neutralidad de carbono, «la biomasa no debe parar esa transición». Fuentes de la compañía afirman que «la protección de las personas, las comunidades y el medioambiente es una prioridad para Solvay, y seguimos comprometidos con llevar a cabo nuestras actividades de forma responsable y cumpliendo con la normativa vigente».
Sobre el impacto ecológico de la planta
Por otro lado, la construcción de la planta tendrá ya de por sí repercusiones sobre el medio físico. De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), «la instalación se encuentra a pocos kilómetros del Lugar de Interés Geológico (LIG) denominado ‘Yacimiento de Zn-Pb de Reocín'». Se trata de una mina que estuvo en funcionamiento de 1856 a 2003 y que llegó a ser el mayor yacimiento de zinc en Europa. Asimismo, la DIA expone que «la eliminación y alteración del suelo aumentará el riesgo de erosión, pudiendo producirse también impactos sobre este factor por posibles derrames accidentales de aceites, combustibles, residuos u otros elementos que alteren su calidad«.
El mismo documento reconoce que «los impactos sobre el aire, los factores climáticos y el cambio climático» pueden tener lugar debido a «las emisiones de polvo y partículas sólidas suspendidas por las operaciones de la Planta, descarga del material y tránsito de camiones y maquinaria, emisiones atmosféricas», así como a las «emisiones acústicas». En la misma línea, señala «impactos sobre la vegetación, flora y fauna«, los cuales pueden ocasionarse a raíz de «la pérdida o degradación de los hábitats y, por las perturbaciones (ruidos y presencia humana) que pueden provocar el desplazamiento de la fauna».
El paisaje es otro de los elementos analizados por la DIA. A este respecto, apunta que el mayor impacto se deberá a «una mayor construcción de elementos dentro del complejo fabril de Solvay –chimenea y otros-, la cercanía a la ría, a las vías de comunicación y, a las viviendas». No obstante, el documento recuerda que se trata ya de un emplazamiento «muy antropizado» debido a que lleva siendo «industrialmente intervenido desde 1908».
Bernardo García, portavoz cántabro de Ecologistas en Acción y que ha seguido muy de cerca a la compañía química desde hace años, sospecha igualmente de las intenciones de Solvay y recalca en conversación con Público que seguirá teniendo un importante impacto ambiental. «La quema de cualquier combustible, sea biomasa o no, siempre tiene emisiones«, expresa. «Y también tendrá impactos en cuanto a la calidad del aire», reitera. El activista insiste además en que la descarbonización tampoco será completa y que los avances de la empresa para adaptarse a las exigencias de la crisis climática son tardías e insuficientes.
Controversias laborales por el ERE en Barreda
No es esta la única polémica en la que Solvay se ha visto recientemente involucrada. La empresa anunció este año un ERE en su fábrica de Barreda, en el municipio cántabro de Torrelavega. Las negociaciones con el comité de empresa culminaron el 6 de abril, con un acuerdo que redujo el número inicial de 77 despidos planteado por la compañía a 45. Julio Ibáñez, de UGT-FICA –el sindicato mayoritario en el comité– declara a este medio su disconformidad con la medida. «Creemos que había otras opciones», señala, como ajustes de plantilla o rebajas de capacidad.
Según explica Ibáñez, el ERE ha sido justificado por «circunstancias económicas del mercado» y «causas productivas y organizativas». Sobre la planta de biomasa, remarca que la reducción de emisiones de CO2 «es la única forma de que la fabrica pueda seguir funcionando». Sin embargo, el sindicalista teme que la puesta en marcha de la planta de biomasa sirva como excusa para nuevos reajustes en la plantilla. «Es probable que debamos afrontar otro ajuste», apunta. Sobre esta cuestión, desde el comité defienden «que la transición energética se haga de forma justa y no se deje a nadie atrás».
La mancha en la playa de Usgo, sin resolver
La planta de biomasa tiene prevista su puesta en marcha en el 2027 como parte de una transición energética que la empresa debe llevar a cabo hacia formas más limpias. Y es que Solvay arrastra un historial de contaminación ambiental del que todavía debe hacerse cargo. Ejemplo de ello es la playa de Usgo, donde la compañía lanza sus vertidos a través de un emisario. La consecuente polución del litoral ha sido una causa de que Ecologistas en Acción haya incluido este punto geográfico como hotspot de la contaminación en su informe anual Banderas negras.
La última edición de este estudio, publicado en junio de 2026, repite por tercer año consecutivo la bandera negra en la playa de Usgo, categoría que también repitió en 2020 y 2021. De acuerdo con el informe más reciente, Solvay vierte en el litoral cántabro «residuos químicos generados como subproductos de sus procesos industriales, fundamentalmente lodos de cloruro cálcico, cloruro de sodio, hidróxido de calcio, metales pesados y amoníaco«. En la edición de 2024, la organización advertía de que los efectos de estos vertidos se notan hacia «unos 12 km de litoral costero, incluyendo la ZEPA [zona de especial protección para las aves] Islas Cabreras, el Parque Natural de las Dunas de Liencres y adentrándose en el mar varios kilómetros».
El informe más reciente recalca que se trata de «un grave problema histórico por la gravísima afección que ocasiona en el medio». Como consecuencia de estos vertidos, estiman que se produce «un gran incremento de la turbidez de las aguas, la reducción drástica de la radiación solar, una modificación muy significativa de la tasa de sedimentación, el aumento de temperatura y subidas y bajadas súbitas del pH«. A raíz de ello, pronostican que «esto va a causar una drástica reducción de los organismos fotosintéticos que son base de la cadena alimenticia».
En relación con las circunstancias ecológicas a las que se ve expuesto el enclave, Solvay solicitó en 2014 llevar a cabo un dragado. Este consistía en trabajos de limpieza «retirando las arenas que se acumulan en la propia salida«. Los diferentes informes de Ecologistas en Acción revelan que la situación de los vertidos sigue sin resolver. Fuentes de la compañía química declaran que «la planta de Torrelavega opera de conformidad con su permiso medioambiental y la normativa aplicable. Como parte del proceso de producción de carbonato sódico, Solvay utiliza materias primas naturales, entre ellas la piedra caliza y la sal. El material a base de piedra caliza que queda tras el ciclo de producción se vierte a través de un emisario submarino autorizado, de acuerdo con los requisitos del permiso«.
La empresa añade que «el vertido se supervisa de forma continua y es inspeccionado periódicamente por las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en el permiso«. En este sentido, «Solvay mantiene su compromiso con unas operaciones responsables y con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones medioambientales», alega. De manera más general, justifica que «sigue trabajando para reducir la huella medioambiental de su producción de carbonato sódico, entre otras cosas mediante el desarrollo de su proces, diseñado para reducir las emisiones de CO2, así como el consumo de agua, salmuera y piedra caliza, y para reducir los residuos de piedra caliza. Tras el éxito de las pruebas piloto, Solvay tiene previsto implementar progresivamente esta tecnología».
La dinámica descrita en la planta de Torrelavega se hace extensible a otros territorios europeos, como serían el caso del proyecto Alpha en Rosignano Solvay –una localidad de la Toscana, en Italia, que lleva el nombre de la compañía– o en La Rochelle, en Francia. La investigación internacional incluye también un estudio pormenorizado del caso italiano, sus fuentes de financiación y su declaración de carácter estratégico. Se trata de una categoría que permite simplificar y acelerar los trámites burocráticos para desarrollar diferentes iniciativas empresariales. Estos casos serán desarrollados próximamente dentro del mismo marco de la investigación.
Esta investigación ha sido apoyada por Journalismfund Europe.
Soft2bet, el grupo de empresas de Uri Poliavich que hace una fortuna con sus casinos ilegales, ha apostado fuerte por España. Acaba de obtener del Ministerio de Consumo licencia provisional para cinco juegos de azar distintos –ruleta, blackjack, apuestas deportivas, máquinas de azar…– y ya tiene lista una web, betinia.es, donde anuncia su próxima llegada con el objetivo declarado de «transformar» la forma de «jugar y apostar» de los españoles. Para entrar en el mercado nacional ha comprado una empresa, Iberix Gaming SA, que tiene su domicilio social en Ceuta, a fin de aprovechar los beneficios fiscales que la ciudad autónoma ofrece al sector del juego online.
Este reportaje forma parte de Soft2bet Files, la investigación de Investigate Europe junto con 15 medios de todo el mundo, incluido Público como el único español, sobre el grupo de empresas operadas por Uri Poliavich. Además de 11 casinos online legales, la red se compone de otros 145 sitios de apuestas que carecen de licencia en al menos un país europeo.
Sin embargo, el centro de interés del ucranio-israelí Uri Poliavich parece estar en otra ciudad española, València. Allí ha comprado dos empresas: Construcciones Originales Personalizadas Shirokuro SL, que se dedica al negocio inmobiliario, y Publicidad Shirokuro SL, que cambió su nombre a Restaurant Amami VLC SL el pasado diciembre. Para hacerse con ambas ha utilizado dos sociedades chipriotas, Croel Ltd y Partena Ltd.
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A finales de 2025,Brainrocket Ltd,que se encarga de desarrollar el software necesario paraoperarsus casinos, abrió oficina en València. Y empezó a trasladar hasta allí personal desde su sede central en la ciudad chipriota deLimassol.También está reclutando trabajadores, como puede comprobarse enLinkediny en otras webs de búsqueda de empleo.
Y no se trata de un amor pasajero.También ha puesto el pie en València la Fundación Yael. Fundada porPoliavichen 2020, lleva el nombre de su esposay financia colegios religiosos en todo el mundo.La web Enfoque Judío publicó el pasado 26 de mayo que la fundación ha alquilado un edificio en la ciudad. Loestá remodelando para albergar uncentro de educación infantil y un centro comunitario judío.
El casino ‘online’ Betinia anuncia su próxima apertura en España.
La web vincula el «desembarco» de la fundación con la llegada a València de «decenas de familias israelíes vinculadas al sector tecnológico, muchas de ellas procedentes de Chipre». «València», explica Enfoque Judío, «venía experimentando desde hace años un crecimiento gradual de población judía e israelí, favorecido por el encarecimiento de Madrid y Barcelona y por el atractivo mediterráneo de la ciudad». Pero destaca la «nueva dimensión» que ha adquirido el «fenómeno» con la instalación en València de unaempresatecnológica «vinculada a los fundadores de la Fundación Yael»y el «traslado progresivo de trabajadores desde Chipre». La web no publica el nombre de la empresa, pero se puede apostar por que seaBrainrocketLtd. Según sostiene,Yael llega a València para «dar respuesta a las necesidades sociales de los empleados judíos de la empresa tecnológica».
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Público ha preguntado a la Fundación Yael por su inversión en este centro en València, pero no ha obtenido respuesta.
«Perfil religioso» pero «enfoque integrador»
El futuro centro de Yael incluirá una guardería basada en el método pedagógico Reggio Emilia–los niños pueden aprender por sí mismos– y elBachillerato InternacionalDe hecho, ya ha registrado otra sociedad, Yael Kindergarten Valencia SL, cuyo socio único es Joshua Eleazar Smukler, director de la red de centros educativos de la fundación ypropietariotambiénde Yael SchoolUnipessoalLda, autorizada como centro de educación infantil, primaria y secundaria en Portugal.
El local contará conuna biblioteca, espacios creativos, áreas juveniles y zonas para reuniones comunitarias. Además, «funcionará bajo estándares judíos tradicionales: comida kosher y cierre durante el Shabat». Un campamento de verano para niños de hasta 12 años yla enseñanza del hebreo completan el programa del nuevo centro. «Los promotores», añade la web, «trabajan también en la apertura de un restaurante kosher llamado K».
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Enfoque Judío menciona como socio en el centro valenciano aJabad Valencia,una organización judía ortodoxa. La web se hace eco de las «fricciones» que han surgidodentro de la comunidad judía valencianaporel «perfil religioso» del futuroespacio comunitario. Sin embargo, sus impulsores destacan el «enfoque integrador» del proyecto.Según el artículo, en València residen entre 600 y 1.000 judíos. Una de sus promotorasse muestra sorprendida porque en la ciudad no percibe «antisemitismo en la vida diaria». «Comparado con Francia o Bélgica, aquí no se siente una amenaza física», sostiene.
La Fundación Yaelha concedido hasta ahora un total de 42 millones de euros en ayuda financieraaproyectos repartidos en 41 países, según consta en su página web. En el mapa donde se muestra su red de centros educativos aparecentresen España: el Centro deEstudios Ibn Gabirol, situado en Alcobendas (Madrid),el ColegioHatikva, en Barcelona, y el Liceo Sefardí de Melilla. Son los tres colegios judíos que funcionan en España.El año pasado, Yaelpremióal Ibn Gabirol con un galardón a la excelencia.
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La Fundación Yael y el negocio del juego
Este periódico ha preguntado tanto a la fundación como a los tres colegios por la relación que mantienen, pero no ha obtenido respuesta. Cuando Investigate Europe contactó con Yael en el marco de la investigación sobre Soft2bet, la fundación respondió que «no divulga su estructura corporativa, sus finanzas, sus financiadores ni detalles particulares de sus actividades en los medios de comunicación». También indicó que ha presentado todas las declaraciones requeridas en las jurisdicciones donde opera. «La fundación», añadió, «se enorgullece de los sólidos lazos que mantiene con movimientos e instituciones judías en todo el mundo, incluyendo el Estado de Israel y el movimiento Jabad, y continuará con su misión de promover la educación judía y la educación en general».
Poliavich, que es abogado y un empresario casi desconocido en Israel, aseguró en un documental sobre su vida que él mismo produjo que «es la Fundación Yael la que impulsa el negocio, no el negocio el que impulsa la Fundación Yael». En los documentos de la filtración en los que se ha basado la investigación Soft2bet Files, Investigate Europe no ha encontrado indicios de transferencias de fondos a la Fundación Yael.
En una entrevista reciente con el medio de comunicación israelí i24 News, Poliavich explicó los objetivos de la Fundación Yael, quediceprestarapoyo a 16.400alumnosde todo el mundo: «Se empieza desde el jardín de infancia y se les acompaña hasta que, al final de la escuela secundaria, deciden ir a Israel, deciden formar parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (Tsahal) y se integran en la comunidad israelí». También aseguró queel objetivode Yaeles construiruna «red de escuelas que, en primer lugar, proporcionen una educación de gran calidad y, después, formen buenos judíos que apoyen a Israel, que apoyen el futuro de Israel.Ése será nuestro legado».
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España es sólo uno de los países de interés para la Fundación Yael.En Portugal acaba de adquirir un inmueble en Sintra donde abrirá la primera escuela judía en ese país desde el siglo XVI.En Italia, ha donado ocho millones de euros para restaurary convertir en una escuela judíaun palacio del siglo XVII en Roma. El Ayuntamiento de la ciudadse loha cedido gratuitamentea la Comunidad Judía localpor un periodo inicial de 30 años.En Francia, la fundación ha donado fondos a 18 colegios y asociaciones, como laChoosingJewishSchool. En Alemania apoya a nueve colegios. Uno de ellos confirmó a Investigate Europe que recibió 20.000 euros el año pasado y recibirá la misma cantidad este ejercicio. Y en Chipre construirá una nueva escuela como parte de un proyecto de 70 millones de euros.
Con información de Maxence Peigné, Marta Portocarrero, Leïla Miñano, Maria Maggiore, Uri Blau y Arne Meyer-Fünffinger.
Este reportaje forma parte de Soft2bet Files, la segunda parte de una serie lanzada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego. Entre los medios asociados a este proyecto se encuentran Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Partizán, Profil, Público.es, Publico.pt, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
La tarde y la noche de este jueves al viernes fue infernal en Los Gallardos y Bédar, en el Levante almeriense, a unos 70 kilómetros de la capital provincial. El fuego que se originó a la vera de la carretera N-340a a primera hora de la tarde del jueves, llevado por fuertes vientos, de hasta «50 kilómetros por hora», según dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), consumió hectáreas y hectáreas —unas 4.000 era el balance oficial de este viernes— en una zona donde se ubican numerosas viviendas diseminadas. El incendio, este viernes aún no estaba controlado, impulsado por el viento y por una orografía muy complicada.
Laderas de esparto, de matorral y también pinares fueron arrasados: en apenas dos horas las llamas se expandieron 15 kilómetros, según Moreno. El balance en el momento de publicación de esta información era de 12 muertos, cuyos cadáveres fueron trasladados al Instituto Forense de Almería, donde se les realizó la autopsia. También se contaron ocho heridos, cuatro de ellos graves. Había este viernes aún 23 personas deslocalizadas. La Guardia Civil había recibido este viernes a las 19 horas tres denuncias por desaparición, según dijo el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El fuego deja varias incógnitas aún por despejar, entre ellas fundamentalmente la causa de origen inicial del fuego, la forma y manera de alertar a la ciudadanía de la expansión de las llamas en una zona muy complicada por la dispersión de la población y una cronología precisa de cuándo se produjo cada hecho. Aún no se ha podido tampoco identificar fehacientemente a ninguna de las víctimas.
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De momento, en la vertiente política, salvo Miguel Tellado, secretario general del PP, quien trató de sacar provecho del incendio, a quien le respondió el ministro Óscar Puente, que llamó «sinvergüenzas» a los dirigentes del PP que relacionan Gobierno e incendios, este viernes, bajo el impacto de la tragedia, y en medio de la incertidumbre por el alcance final del desastre, se produjo una colaboración institucional y dialéctica entre administraciones. Los presidentes Pedro Sánchez y Moreno se comunicaron directamente, según recoge Europa Press.
Imagen del incendio forestal declarado en la zona de los Gallardos, a 10 de julio de 2026.
El fuego que causó la tragedia se originó a «primera hora de la tarde» del jueves, según el Gobierno, en «una cuneta», según dijo el presidente de la Junta, al lado de «una carretera». El origen del fuego lo sitúan las fuentes consultadas en el kilómetro 511 de la N-340A, a la altura de Almocaizar. El 112 recibió más de 150 llamadas de alerta, según recogió EFE. La primera de ellos a las 16.25, según las fuentes consultadas por Público. «Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante», recogió la agencia de noticias. El presidente de la Junta precisó —y Público pudo confirmar— en una atención a medios a las 13.35 horas de este viernes, que «la Guardia Civil de Tráfico, que es la primera que llega a la cuneta con el incendio, sí ve que hay un cable cortado y como consecuencia de eso hay fuego en ambos lados [pegado a los postes]». «En principio, [el fuego] es consecuencia de ese cable roto», añadió Moreno.
La Guardia Civil, según un portavoz, considera que el cable caído es en efecto la «principal hipótesis» de investigación, pero este añadió que aún había que investigar a fondo y hacer todas las comprobaciones. Tanto Red Eléctrica, que afirmó que esa red no era suya, como Endesa, se desvincularon del asunto. Fuentes de Endesa indicaron que la línea era «externa» a la red de la compañía en ese punto y agregaron que era una línea «sin tensión», que ya no transportaba electricidad al tratarse de una línea privada que abastecía a un restaurante, que había cerrado hacía ya tiempo. El contrato, según Endesa, estaba dado de baja desde hacía tiempo, al menos desde el año 2009. Esto añade una dosis de misterio a la posible causa del accidente.
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Los bomberos del consorcio, dependientes de la Diputación de Almería, según Moreno, fueron quienes en primera instancia, «intentaron apagar» las llamas. Lo hicieron «desde la carretera». «Ellos vienen a apagar un fuego urbano de poca intensidad», afirmó el presidente. Según el relato que trasladó a los medios, «a pesar de la acometida de los bomberos, hay una parte [de las llamas] que como consecuencia del viento corre ladera hacia arriba, hacia el noreste. Empieza a haber vientos de 50 kilómetros por hora y avanza 15 kilómetros en dos horas», afirmó Moreno en su intervención.
Un cazador, identificado por la Agencia EFE como Juanfran, que se encontraba en el Cabezo María, una zona de altura, donde se puede ver la comarca quemada, expresó así a EFE lo sucedido: «Estábamos cazando y de repente vimos cómo una montaña encima de nosotros se encendió. Estuvieron dos helicópteros apagando ese conato, pero cuando lo tenían casi controlado, venían las llamas ya de arriba hacia abajo. Ya venía una lengua de fuego entera«. En apenas dos o tres horas, precisó, las llamas habían alcanzado zonas muy alejadas del punto de origen. «Ya no había un foco aquí y otro allí. Era toda una lengua de fuego encima de la autovía, desde prácticamente el término de Antas hasta donde pierde la vista en Los Gallardos», describió.
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El Es-Alert y el «puerta» a «puerta»
El fuego corrió así el jueves por la tarde hacia Los Gallardos y Bédar, donde la población es dispersa y habita en pequeñas parcelas, impulsado por fuertes vientos, en un terreno muy seco, agostado tras la ola de calor, lo que Moreno calificó como «bomba de relojería». No se envió en ningún momento un Es-Alert a la población. Así explicó Moreno las razones por las que no se envió este mensaje de aviso: «Es una pregunta que yo he hecho también al llegar. Los técnicos me lo han explicado de una manera muy sencilla. Había dos informaciones contradictorias. Aquí había casos donde había que confinar y en otros donde tenían que salir de casa. En los que tenían que salir de casa, según me han explicado, las rutas no eran las mismas, con lo que mandar un solo mensaje podría generar confusión».
Moreno añadió también: «El Es-Alert no es exacto. La huella del Es-Alert no llega a todos los rincones. Aquí había zonas sin cobertura, según me han trasladado. Y además tres puntos base de conexión telefónica se han caído. Entonces, una vez que se había hecho un trabajo previo de Ayuntamiento y Policía Local y Guardia Civil, cuando se había avisado de manera personal en los diseminados, los técnicos nos dijeron que [un Es-Alert] podía generar mayor confusión que acierto. Eran tres mensajes a la vez que iban a generar confusión. Así que por esa razón no se puso en marcha el Es-Alert».
Fue la Policía Local, los mismos alcaldes y la Guardia Civil quienes se pusieron en marcha al principio. Un millar de personas fueron desalojadas entre el jueves y el viernes para evitar desgracias mayores. Según manifestó el vecino Juanfran a EFE, la policía local de Bédar fue informando de la evolución del incendio a través de sus estados de Whastapp y, poco después de emitir el primer aviso, se ordenó la evacuación de varias pedanías del municipio. También el Ayuntamiento de Los Gallardos avisó a los vecinos a través de las redes sociales. Su teniente de alcalde afirmó que se alertó a la población por «todos los medios posibles», que habían participado efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y bomberos El alcalde de Bédar, Ángel Collado, manifestó que se había hecho incluso «puerta a puerta». Según el alcalde de Bédar: «Actuamos desde el primer momento avisando puerta por puerta a los vecinos, con algunos que como pasa en estos casos no querían abandonar sus casas».
Vista de uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería,
En los Gallardos, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), vivían 3.109 personas en el año 2025, de las que 1.198 son extranjeros, fundamentalmente del Reino Unido. El municipio cuenta con cinco núcleos de población en los que vive la mayoría de la gente, 2.222. 887 personas son las que habitan en diseminados, según los datos del IEA. En el municipio vecino de Bédar, que cuenta con ocho núcleos, habitan 957 personas. De ellas, 357 lo hacen en diseminados. «En casi cada montaña hay una casa», dijo Juanfran a EFE. «En cuanto me enteré del incendio pensé en todos los cortijos de los ingleses. Están aisladas unas de otras en el monte y es que, a la que te descuidaras, te pillaba», agregó.
De este modo, el vicepresidente primero y consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, concretó dos «escenarios» mortales: uno con cuatro personas muertas en un vehículo con el volante en el lado derecho, como en las islas británicas, según el consejero, y otro con ocho muertos que al parecer habían dejado los coches «estaban caminando» y «buscando una salida» que «no era la prevista», la que se «había indicado». La decisión de buscar una salida propia, por una rambla, fue una «trampa» para los fallecidos, concretó el consejero. El presidente Moreno, manifestó también: «Hubo una serie de vecinos que no hicieron caso a las peticiones».
Según el alcalde de Bédar, recoge EFE, una de las parejas que se quedó en su vivienda y que no sufrió daños, fue la que alertó a varios vecinos que decidieron abandonar sus casas y les pidió, sin suerte, que se refugiasen. Este grupo de vecinos fue luego cercado por las llamas y ocho de ellos murieron. Luego llegó la noche y el infierno. Los dos grupos de cadáveres se hallaron de madrugada, según las fuentes consultadas por Público.
El pasado mes de octubre, diputados del Parlamento Europeo, académicos y expertos jurídicos instaron a la Comisión Europea a excluir a la empresa estatal israelí Rafael Advanced Defence Systems y al Ministerio de Defensa del país hebreo de Horizon Europe que, con un presupuesto de 95.500 millones de euros en siete años, es el mayor programa transnacional de investigación del mundo. Su objetivo declarado no es precisamente modesto: «Resolver los principales problemas globales, desde el cambio climático a las enfermedades, contribuyendo, al mismo tiempo, al crecimiento de la economía europea».
Los diputados y expertos alegaban que el artículo 19 del reglamento del programa exige el respeto a los principios éticos y los derechos humanos como condición para participar en él, y mostraban su recelo ante la fuerte implicación en los proyectos de Horizon de entidades israelíes relacionadas con el ámbito militar. En octubre de 2025, Israel había matado ya a 68.000 palestinos tras dos años de ataques en Gaza.
La comisaria europea de Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, respondióentoncesque se llevaría a cabo una evaluación ética interna «para evitar que los fondos de la UE se utilicen para actividades que puedan ser contrariasalDerecho internacionaloalDerecho de la Unión».
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Sin embargo,en casi un año,losinteresadosno han recibido ninguna informaciónalrespecto. «Es evidente que las tecnologías desarrolladas en el marco de los proyectos Horizon de la UE en los que participan socios israelíes, tanto privados como estatales, no pueden considerarse de naturaleza exclusivamente civil, ni conformes con las normas de derechos humanos y el derecho internacional», critica Nicola Perugini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo y uno de los primeros firmantes de la carta. «Teniendo en cuenta la forma en que ha evolucionado el régimen israelí de colonización de los territorios palestinos y las violaciones del derecho internacionalcometidas»,argumenta, «no existe, por su propia naturaleza, una separación realentre las esferas civil y militar. La Comisión Europea es consciente de esta realidad, pero ha optado por negarla, continuando así con una actuación que incumple sus propias obligaciones éticas y jurídicas».
Uno de esos proyectos es Underwater Security (UnderSec) y ha sido analizado por periodistas españoles, italianos y griegos de Público, Altreconomia (Italia) y MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting, Grecia) en una investigación conjunta. Con una financiación de seis millones de euros, UnderSec se puso en marcha en octubre de 2023 y no concluirá hasta el otoño de este año. Un total de 22 empresas e instituciones de 11 países diferentes, entre los que se encuentran España e Israel, llevan tres años investigando y probando tecnologías de vigilancia submarina en los puertos de Valencia, Lavrio (Grecia) y Rávena (Italia). En concreto, están desarrollando sistemas robóticos submarinos y drones, sónares, redes de sensores electromagnéticos y tecnologías de detección, incluso mediante el uso de generadores de neutrones –que son radiactivos–, para la vigilancia ininterrumpida frente a buceadores intrusos, vehículos submarinos hostiles o contenedores ilegales o peligrosos transportados en barco.
Pese a la llamada de atención de diputados y académicos, y a la investigación anunciada porZarahieva,no sólo se han mantenido en el proyecto los tres socios israelíes iniciales –Rafael,el Ministerio de Defensa y la Universidad de Tel Aviv– sino que también se les ha añadido uno más, la Universidad deHaifa.
Los sistemas de acústica submarina de SAES se probaron el pasado mes de junio en el puerto de Valencia.
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La Comisión apunta, pero no dispara
Pero la participación israelí en proyectos tecnológicos europeosyahabía sido antes motivo de protesta,yalmáximo nivel.El 28 de julio de 2025, la Comisión Europea propuso la suspensión parcialde Israel de Horizon Europe, que se enmarca en el Acuerdo de Asociación bilateralcon el Estado hebreo. Fue un intento, posteriormente frustrado, de presionaralGobierno deBenjaminNetanyahu por la invasión de Gaza. En aquel momento, Israel participaba en 909 proyectos de Horizon y había recibido más de 700 subvenciones. Uno de ellos era UnderSec. No obstante, la suspensión no afectaba a las universidades e investigadores israelíes que participaran en esos proyectos, sólo al EIC Accelerator, el instrumento interno de Horizon Europa que financia a startups innovadoras.
Dos días más tarde, la propuesta no obtuvo la mayoría cualificada necesaria en la reunión de embajadores en Bruselas.Alemania e Italia dijeron que necesitaban más tiempo para examinar la iniciativa, mientras que Hungría, Bulgaria y República Checa se opusieron a la suspensión. España, Francia, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y Malta pidieron medidas más severas.
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Casi un año después, el pasado mes de febrero, Italia yAlemania pusieron de nuevo el freno en una acción contra Israel. Rechazaron la propuesta española, irlandesa y eslovena de suspender el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel.De modo que la cooperación tecnológica e industrialeuropea con Israel continúa sin mayor quebranto.
La participación española
EnUnderSecla participación española es doble: la empresa pública SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina) y la Fundación Valenciaport, impulsada por la Autoridad Portuaria de Valencia e integrada por las principales instituciones valencianas, del Ayuntamiento a la Generalitat, y grandes navieras, de Boluda a la china Cosco.
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De los seis millones de euros de presupuesto con que cuenta el proyecto europeo, SAES ha recibido 361.585 euros, según aparece en las últimas cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil y ha consultado Público. A cambio, la empresa, especializada en el diseño de sónares, sonoboyas y minas navales, ha puesto a disposición deUnderSectres de sus sistemas de vigilancia submarina: una red de sensores electromagnéticos portátiles, un sistema de disuasión acústica denominado DES y un sónar de detección de buceadores bautizado como DDS-03. Todos, precisa SAES a preguntas de Público, son sistemas de protección de infraestructuras marítimas críticas, como los puertos. AunqueUnderSecse presenta como un proyecto de «naturaleza civil» integrado en el Clúster 3 de Seguridad Civil para la Sociedad, la empresa española destaca en su web el carácter «dual» de su tecnología: aplica la acústica y electrónica submarinas de uso militar al sector civil y medioambiental.
Esos sistemas fueron probados en junio en el puerto de Valencia, el mayor de contenedores de España. En concreto, en una dársena conocida como El Bracet, que actualmente carece de actividad operativa, asegura una portavoz de Fundación Valenciaport. Según explica, para realizar esos ensayos no era necesario ningún estudio de impacto ambiental previo, porque la prueba duró sólo dos horas, se hizo en una única jornada y para llevarla a cabo no se instaló ningún equipo de forma permanente en la zona. En todo caso, la fundación asegura que cuenta con un asesor de ética y con «mecanismos internos de supervisión ética y medioambiental». Lo mismo dice SAES, e incluye en esos «mecanismos» el asesoramiento de un experto «independiente» cuya identidad no desvela.
Sobre la colaboración con instituciones y empresas israelíes, la compañía estatal española explica que UnderSec está sujeto a revisiones periódicas del avance técnico, financiero y ético del proyecto por parte de la Comisión Europea, mientras que SAES aplica sus procedimientos internos de compliance para garantizar que su participación se ajuste a sus «principios legales, éticos y de buen gobierno corporativo». La Fundación Valenciaport no ha contestado cuando Público le ha preguntado si existía algún conflicto entre su código ético y la implicación en un proyecto conjunto con entidades israelíes.
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SAES es la única empresa, de los 22 socios que integran UnderSec, que ha respondido a las preguntas de los periodistas de Público, Altreconomía y MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting). Por su parte, la Fundación Valenciaport esgrime las «obligaciones de confidencialidad» derivadas del acuerdo suscrito con la Comisión Europea para no dar detalles técnicos sobre las pruebas que se hicieron en la dársena valenciana.
El sónar de detección de buceadores de SAES fue probado en el puerto de Valencia como parte del proyecto Undersec.
La opacidad de UnderSec y de Fraunhofer
Son los tres pecados deUnderSec: la fuerte implicación israelí en una tecnología con evidente uso militar, lafalta de transparenciay el impacto medioambientaltanto de las pruebas realizadas como de su aplicación real.
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Los 22 socios de UnderSec –excepto SAES y Valenciaport– han rechazado facilitar ningún tipo de información sobre el proyecto a los periodistas de esta investigación. La respuesta fue idéntica en todos los casos: «Pónganse en contacto con Sabine Trupp». Se refieren a la coordinadora del proyecto en la alemana Fraunhofer Gesellschaft, a su vez encargada de coordinar UnderSec. Integrada por 70 institutos especializados, Fraunhofer se dedica a la investigación aplicada y su financiación procede tanto del Estado alemán como de fondos privados.
PeroSabine Trupp norespondió alas preguntasque le enviaron los periodistas.Aunque síquiso saberquién había encargado esta investigación periodística.
UnderSec surgió de la estrecha colaboración en tecnologías de sensores entre Fraunhofer y la Universidad de Tel Aviv. Continúa una colaboración que se inició a finales de junio de 2022 con la creación de la Plataforma Innovadora Fraunhofer para Sensores y Sistemas Aplicados en la Universidad de Tel Aviv. El 26 de marzo de 2025, la Autoridad de Innovación de Israel y la sociedad alemana acordaron reforzar sus lazos mediante una alianza para «facilitar la cooperación entre empresas israelíes y alemanas, tanto de forma directa como en el marco de diversos programas de investigación y Desarrollo, como Horizon Europe».
Broadlink, un módem de uso militar
Asíque,en elmismonúcleodeUnderSec,se encuentrael sistemaBroadlinkdesarrollado porRafaelyque ha recibido de Horizon442.750euros.La empresa estatal de defensa Rafael recibió fuertes críticas el año pasado porque hizo publicidad de uno de sus drones con un vídeo en el que mataba a un palestino desarmado en el norte de Gaza.
Broadlink es un sistema de comunicación submarina –un módem– mediante ondas acústicas de banda ancha, lo que permite a submarinos, vehículos submarinos no tripulados, equipos de buzos y embarcaciones de operaciones especiales intercambiar datos –sonido, imagen, vídeo– bajo la superficie del mar, donde las ondas de radio convencionales no pueden utilizarse de forma eficaz.
Según figura en uno de los folletos informativos de UnderSec, Broadlink ha sido «probado en condiciones reales de combate» por las fuerzas especiales de la Armada de Israel –Shayetet 13–, además de en submarinos y torpedos. En mayo de 2026, se utilizaron lanchas patrulleras de las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel frente a las costas griegas para interceptar y atacar a la Flotilla, y no se descarta que Broadlink desempeñara un papel clave en esa operación. «Broadlink cuenta con características útiles en contextos militares», explica el profesor Gaetano Salina, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Roma Tor Vergata. «La función de baja probabilidad de interceptación, característica de este módem», añade, «hace que sea casi imposible que el enemigo intercepte o localice la señal. Se utiliza principalmente en el ámbito militar». Este módem se «personalizará» según las necesidades de los usuarios finales del proyecto UnderSec: autoridades portuarias, guardacostas y policía de fronteras, pero también la agencia europea Frontex y la OTAN.
Hay otro factor más que pone de manifiesto el aprovechamiento militar de UnderSec: la participación del profesor de la Universidad de Haifa Oren Gal. Director del Laboratorio de Enjambres de Drones e Inteligencia Artificial en esa universidad del norte de Israel, ha colaborado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en proyectos financiados por el Ministerio de Defensa israelí y, según el informe MIT Science for Genocide, publicado por la red MIT for Palestine, dicha investigación contribuyó al genocidio en Gaza.
El puerto de Lavrio (Grecia) sirvió de campo de pruebas para los sistemas de vigilancia portuaria de UnderSec.
«El ejército israelí ha utilizado enjambres de drones armados para dar caza a objetivos que huían en Gaza y para atraer a la gente fuera de sus hogares reproduciendo sonidos de mujeres y niños en apuros, para luego dispararles», denuncia el informe. Aunque los autores dicen carecer de pruebas de que los algoritmos de coordinación de los drones creados por investigadores del MIT se hayan utilizado en Gaza, ya que el Ejército israelí «no revela los algoritmos exactos que emplea», sí está probado que el proyecto de investigación del MIT Coreset compression algorithms se presentó a la empresa israelí Elbit Systems, que suministra el 85% de los drones de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Además, hay motivos para poner bajo sospecha el impacto medioambientalde los sistemas probados enUnderSec.
«Las frecuencias deBroadlinkpuedenenmascarar los sonidosqueutilizan para comunicarsemuchas especies de mamíferos marinos dentados, como los delfines», explica Marta Picciulin, bióloga marina y especialista enecoacústica. «Si el módem transmite de forma continua durante un periodo prolongado, genera un intenso ruido de fondo, capaz de provocar una desorientación temporaly de reducir la capacidad de los animales para percibir su entorno, localizaralimento y detectar posibles peligros, así como para mantener el contacto con otros individuos de su misma especie»,detalla.
Pruebas en la red Natura 2000 sin evaluación ambiental
En Grecia, las pruebas se llevaron a cabo en las costas septentrionales de Creta y en el puerto de Lavrio, zonas incluidas en espacios protegidos de la red Natura 2000. A diferencia de Valencia, los ensayos en la costa griega son claramente problemáticos.
El puerto de Lavrio se encuentra dentro de la zona de protección especial (ZPE) Estrecho de Makronisos, amparada en la Directiva de Aves de la UE. También está cerca del Lugar de Importancia Comunitaria Zona Costera y Marina de Makronisos, un área protegida que incluye hábitats de la foca monje del Mediterráneo. La región también alberga poblaciones de cetáceos, principalmente delfines. Muchas de las tecnologías utilizadas en el proyecto UnderSec incluyen sónares de baja, media y alta frecuencia, módems acústicos, altavoces, drones, sensores que generan ondas electromagnéticas…
«El impacto potencial de los sónares, los altavoces y las luces de alta intensidad, en caso de que hubiera un mamífero marino presente, es significativo», advierte la bióloga Marta Picciulin, «especialmente si el sistema se activara de forma repentina y a alta intensidad«. Además, según Sofía Kopela, profesora de Derecho Internacional Medioambiental y Marítimo en la Facultad de Derecho de la Universidad Demócrito de Tracia, «la ejecución de UnderSec dentro de un espacio Natura 2000 requiere una Evaluación Ecológica Especial, con el fin de medir los impactos del proyecto, tanto en la zona donde se lleva a cabo como en los espacios Natura 2000 colindantes. Si el proyecto no está sujeto a autorización medioambiental, la autoridad competente está obligada, no obstante, a notificarlo por escrito y a solicitar un dictamen sobre los posibles impactos, como autoridad responsable de las zonas protegidas».
Sin embargo, la autoridad griega responsable de Natura 2000, la Agencia de Medio Ambiente Natural y Cambio Climático, asegura que no se le ha presentado ninguna evaluación ecológica relacionada con UnderSec. «Tampoco se ha solicitado a la agencia que emita un dictamen sobre las implicaciones del proyecto, tal y como exige la ley. La agencia no ha recibido ninguna información de ninguna parte en relación con dicho proyecto», responde. Por su parte, la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), un organismo oficial de la Unión Europea cuya tarea principal es gestionar y financiar proyectos de investigación aprobados por la Comisión, indica que no existen documentos sobre evaluaciones de impacto ambiental relativos a UnderSec.
«Los cetáceos dependen casi exclusivamente del sonido para percibir y orientarse en el entorno; utilizan señales acústicas para comunicarse, navegar, mantener interacciones sociales y localizar presas. Los animales marinos perciben el sónar como una amenaza significativa, lo queloslleva a cambiar bruscamente su comportamiento habitualde inmersión; esto puede causar un estrés fisiológico grave, desorientación y, enalgunos casos, síntomas similares a la enfermedad por descompresión», adviertepor su parteAlexandros Tsalapatis, oceanógrafo del Instituto de Investigación de CetáceosPelagos.
Panagiotis Dendrinos, biólogo marino y presidente de la ONG griega MOm (Sociedad para el Estudio y la Protección de la Foca Monje), también expresa su preocupación por el uso de estas tecnologías en una zonaconuna importante población de focas monje del Mediterráneo. Según las especificaciones técnicas, estos módems pueden operar en el rango de frecuencias bajas-medias, entre 4 y 10 kHz, y en el rango de frecuencias medias-altas, entre 15 y 35 kHz, frecuencias que pueden interferir con las utilizadas por muchas especies de delfines.
Sónares que afectan a los cetáceos
Los sistemas desarrollados por la española SAES y probados en Valencia también pueden tener impacto en el entorno marino, aunque la empresa lo minimiza. Del primero, la red de sensores electromagnéticos submarinos, SAES aseguraque su presencia en el fondo marino es «temporaly reversible». El segundo, el sistema de disuasión acústica DES, genera unaalerta de voz pregrabada para ahuyentar a buceadores que se consideren una amenaza. Sólo se activa cuando se detecta a los submarinistas y consiste en mensajes de corta duración –30 segundos– que se repiten a intervalos.SAESprecisa que su rango de frecuencias es el del oído humano, con un volumen máximo de 190 decibelios y unalcance de 250 metros.
Sin embargo, los expertos consultados en esta investigación replican que la contaminación acústica comienza a generar efectos negativos en la fauna submarina a partir de 120 decibelios, daños temporales a partir de 160 decibelios y daños permanentes desde 180 decibelios. Las especies más sensibles son los cetáceos, que pueden sufrir traumatismos acústicos. SAES contrapone que el sistema DES sólo se instalará en entornos portuarios, en aguas poco profundas y en ausencia de grandes mamíferos. La probabilidad de la presencia de un animal a 3,2 metros –como el sonido pierde fuerza a medida que viaja, a esa distancia llega con un volumen de 180 decibelios–, a 32 metros –llega con un volumen de 160 decibelios– o a 3,2 kilómetros –llega con 120 decibelios– es «muy baja, por no decir improbable», resume.
El puerto de Rá vena (Italia) es uno de los socios del proyecto UnderSec.
Los expertos también ponen bajo sospecha el «despreciable» impacto «global» que SAES atribuyealtercer sistema probado en UnderSec, el DDS-03. Se trata de un sónar de detección de buceadores, omnidireccionaly basado en la «emisión de pulsos de muy corta duración en modo ráfaga» para tareas de vigilancia. Se emiten a un volumen de 146 decibelios a 500 metros de distancia y con una frecuencia por encima de 20 kilohercios, «muy superior», resalta la empresa, a la máxima que se considera dañina para las especies marinas.
«Los sónares de alta frecuencia», advierten los biólogos, sin embargo, «pueden provocar un enmascaramiento acústico, un ruido de fondo tan fuerte que enmascara señales biológicas vitales, interrumpiendo la búsqueda de alimento, por ejemplo». Los expertos hablan de traumatismos acústicos, hemorragias en el oído interno y cambios en el comportamiento de inmersión, sobre todo en especies sensibles como la marsopa común. Por el contrario, SAES expone que sus sistemas se despliegan en zonas con actividad industrial y tráfico marítimo, con un ruido de fondo elevado y baja presencia continuada de fauna sensible, incluidos peces, invertebrados y plancton.
Una empresa estatal participada por Indra y Thales
SAES es una empresa de la Sociedad Estatalde Participaciones Industriales (SEPI). Su principalaccionista –51%– es SAES CapitalSA, integrada por los astilleros públicos Navantia y la semipública Indra. El 49% restante pertenece a la multinacionalfrancesa Thales, que entró en el capitalde SAES en 1992, a los tres años de crearse la española. Tiene una plantilla de 130 trabajadores, repartidos en sus factorías de Cartagena (Murcia) y San Fernando (Cádiz). En 2024, facturó 14,3 millones de euros y sus beneficios rozaron el millón. Sus principales clientes han sido históricamente las fragatas y submarinos construidos por Navantia, pero ahora presume de una cartera de pedidos –de 60 millones de euros– que en un 41% procede de Corea del Sur, Singapur y Chile.
SAES también participa en un segundo proyecto europeo de vigilancia submarina, Swat-Shoal, financiado por el Fondo Europeo de Defensa y del que ha recibido 973.800 euros, casi el triple de la subvención concedida por UnderSec. Se trata de un proyecto 100% militar cuyo fin es desarrollar «tecnologías de enjambre» para vehículos submarinos no tripulados. Otras dos empresas españolas, los astilleros públicos Navantia y la vasca Sener se añaden a SAES en la veintena de socios adheridos a Swat-Shoal. A preguntas de los periodistas, la empresa de sónares niega que pueda producirse algún tipo de «solapamiento industrial» entre ambos proyectos. Y que sea una ocasión que pueda utilizar la israelí Rafael Systems para introducirse por la puerta de atrás en la Unión Europea. «Son socios diferentes y responden a líneas de desarrollo separadas», alega SAES.
La cesión griega a Israel
En Grecia, la perspectiva es diferente. En los documentos de UnderSec, Rafael se presenta como responsable del «procesamiento y análisis de datos mediante algoritmos de inteligencia artificial», así como de la «detección, identificación y clasificación de objetos» mediante la aplicación de estas tecnologías. Por tanto, todo este enorme volumen de datos se pone a disposición de la empresa israelí, que los procesa, analiza y clasifica en colaboración con la Universidad de Tel Aviv, la Universidad del Oeste de Ática (Grecia) y la empresa griega European Dynamics.
Además, la Universidad de Tel Avivse encarga de los experimentospara medirla intensidad del eco de un objetivo bajo el agua cuandoéste esalcanzado por una onda de sónar, así como de las simulaciones correspondientes.Finalmente, el Ministerio de Defensa de Israel ocupa un lugar destacado en el Consejo de Seguridad delproyecto, junto con la Guardia Costera griega, la Autoridad Portuaria deLavrio, el puerto de Rávena y el Ministerio de Defensa portugués. La función del Consejo es gestionar la información sensible relacionada con la seguridad de los puertos, así como hacer frente a situaciones de emergencia durante las pruebas piloto.
Aún no se sabe en cuántos puertos griegos está previsto instalar las tecnologías de vigilancia deUnderSec. Pero Valsamos Syrigos, miembro del Consejo del Centro LaboraldeLavrioy consejero regionalde Ática,teme que Grecia esté cediendo la seguridad de sus puertos a Israel. «La participación de actores militares israelíes enUnderSecencaja en una estrategia más amplia de cooperación perseguida por sucesivos gobiernos griegos. Nos preocupa profundamente la creciente implicación de nuestro país en guerras y el fortalecimiento de sus lazos con lo que consideramos un Estado responsable de genocidio contra el pueblo palestino», se queja.
El pequeño puerto de Lavrio pertenece al Estado griego de momento, pero lleva casi un año en proceso de privatización. Uno de los licitadores es Israel Shipyards, una empresa israelí profundamente arraigada en el ecosistema militar-industrial de Israel. El pasado mes de junio presentó una oferta para adquirir el 51% del puerto de Lavrio, aunque la adquisición se ha retrasado debido a objeciones legales y recursos presentados por los licitadores.
El exministro griego Yanis Varufakis.
También apunta en la misma dirección el economista y exministro griego Yanis Varufakis,que considera el proyecto de vigilancia portuaria como el penúltimo capítulo de una historia antigua. En 2020,tras la privatización impuesta por Europa para resolver la crisis griega, la empresaElvofue vendidaalSK Group, un holding privado propiedad del empresario Samy Katsav, que también controla IsraelShipyards. En los últimos años,Elvoha establecido diversas colaboraciones con Elbit y Rafael. «El proyectoUnderSeccede, en la práctica, la vigilancia de los fondos marinos griegos a empresas vinculadasalsector militar-industrialisraelí. Grecia acabará cediendo todo, incluidos los puertos y el mar, a la jurisdicción israelí, sin recibir nada a cambio,salvo una creciente dependencia de lo que considero un Estado genocida y de apartheid», zanjaVarufakis.
En el puerto de Rávena, en el noreste de Italia, UnderSec se ha limitado a crear un gemelo digital, una representación digital del puerto, sobre la que simular y planificar actividades. Pero el año pasado fueron múltiples las manifestaciones de protesta en la ciudad para pedir que se suspendiera la participación italiana en UnderSec, y en contra de que el puerto se utilice para transportar material militar a Israel.
Esta investigación internacional se ha llevado a cabo con el apoyo de Journalismfund Europe. Contó con la colaboración de Jessica Buxbaum.
Al menos 12 personas han muerto en el grave incendio forestal que azota al municipio de Los Gallardos en Almería, según confirmaron a Público fuentes de la subdelegación del Gobierno en Almería. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya había afirmado, tras acudir a la zona, que el número de fallecidos podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo. «Hay al menos 23 personas que no están localizadas«, lo que no significa que estén muertas, pueden estar en otras zonas, según Moreno. Su consejero de emergencias, Antonio Sanz, ya había advertido a primera hora de que la cifra de once que se había dado por la mañana podía aumentar, dada la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno. Hay ocho heridos también, cuatro de ellos graves. El consejero Sanz afirmó que el fuego era muy «complejo, rápido, veloz en una comarca con muchísimos diseminados, de viviendas incrustadas en zona forestal«. La última actualización del perímetro se estima en unas 3.150 hectáreas calcinadas.
Sanz manifestó que se trataba de una «tragedia sin precedentes» y «del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha» en la comunidad autónoma. El origen del siniestro, que motivó más de 150 llamadas de alerta al centro coordinador 112, se sitúa en el kilómetro 511 de la N-340A, según recoge EFE. «Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante», agregaba EFE. La Guardia Civil confirmó que era una de las «hipótesis», pero que la causa del fuego, en este momento, no estaba clara. Fuentes de Endesa indicaron a Público que la línea era «externa» a la red de Endesa en ese punto y que era una línea «sin tensión», que ya no transportaba electricidad porque era una línea privada que abastecía a un restaurante, que había cerrado. El contrato, según Endesa, estaba dada de baja desde hacía tiempo, al menos desde el año 2009.
Las pesquisas iniciales apuntan a que el desvío por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó las consecuencias del desalojo en las primeras horas del suceso. Sanz concretó dos «escenarios»: uno con cuatro personas de origen británico muertas en un vehículo con el volante en el lado derecho, como en las islas, según el consejero, y otro con siete muertos que al parecer habían dejado los coches «estaban caminando» y «buscando una salida» que «no era la prevista», la que se «había indicado». La decisión de buscar una salida propia, por una rambla, fue una «trampa» para los fallecidos, concretó el consejero.
Sanz hizo un llamamiento explícito a la calma y a evitar decisiones unilaterales de evacuación e insistió a los vecinos en la absoluta necesidad de no tomar caminos ni vías de escape que no hayan sido coordinados y autorizados de manera expresa por los servicios de emergencia.
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Continúan las labores de extinción.
La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha (Almería), a raíz del trágico incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos. Según dijeron fuentes del instituto armado a la agencia EFE, el objetivo prioritario de este dispositivo es la localización de las personas en paradero desconocido y proceder a la toma de las muestras de ADN necesarias entre sus allegados. Con esta medida, buscan lograr la identificación oficial de las víctimas mortales en el plazo más breve posible. La Guardia Civil ha iniciado también una batida para tratar de encontrar desaparecidos en zonas donde ya ha pasado el fuego, en la que se buscará en el interior de las viviendas.
Según el Gobierno andaluz, unas 600 personas siguen desalojadas de sus casas, los últimos fueron unos 120 vecinos evacuados durante la madrugada, que se suman a los que fueron desalojados ayer tarde de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar. De todos ellos, 74 personas se han albergado en el teatro de Lubrín y otras 74 en el teatro de Garrucha. Poco después de las 13.30, las autoridades informaron de que unas 400 personas habían comenzado a ser desalojadas de forma preventiva en la pedanía de Alfaix. Estas 400 personas que están siendo desalojadas, conforme a las estimaciones municipales, se suman a las 600 que ya han sido desplazadas con anterioridad, por lo que la cifra se acercaría ya al millar.
Situación compleja
«La situación del incendio es compleja. Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima«, explicó Sanz, quien ha concretado que el «flanco derecho es el más preocupante». Allí el fuego puede acabar en zonas de cultivo. El consejero detalló que a primera hora de este viernes el flanco izquierdo el fuego estaba «muy activo» y que allí aún no se ha podido entrar a trabajar por las dificultades de un terreno «imposible». En este flanco, el fuego acaba en autovía, lo que puede ser «favorable» en ese sentido, a la hora de controlarlo, según Sanz. Luego, a las 12 el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, afirmó que se iba a producir el corte de la A-7 por la evolución del incendio.
«Durante la gestión de este incendio hemos tenido muchísimos efectivos, 464 efectivos con 124 vehículos. El Infoca dispone de 21 retenes de bomberos, que son 150 bomberos, nueve camiones, con 18 técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente», señaló. Sanz aseguró que desde primera hora de la mañana se contará con «11 medios aéreos y a partir de ahí se irán incorporando un número mayor» de estas aeronaves.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería), según dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Estoy en contacto con el jefe de la UME y en una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego tanto por Andalucía, la Comunidad, como hace siempre, como por la Unidad Militar la solidaridad va a ser total en circunstancias tan dramáticas como estas», añadió.
Teléfono de atención a familiares: 677 904 624
El teléfono de atención a familiares es el 677 904 624. Este servicio ha sido habilitado por el GIPED (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres) para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio, según informó el 112.
Las empresas de pagos del Reino Unido han facilitado transferencias de efectivo por valor de millones para una amplia red de casinos sin licencia que operan en toda Europa. A lo largo de cuatro años, dos empresas reguladas en el Reino Unido, My EU Pay y Unlimit, procesaron 600 millones de euros en transferencias entre empresas de casinos incluidas en listas negras de varios países y entidades propiedad del grupo internacional de apuestas Soft2bet y sus socios.
Una investigación deInvestigateEuropeen la que han participado 15 medios, entre ellos Público como único medio español, ha reveladocómo Soft2bet, una empresa multipremiada con sede en Malta y Chipre, está vinculada a145 sitios web de apuestas incluidos en las listas negras de los reguladores europeos por dirigirse ilegalmente aclientes de países europeos.
La filtración de miles de páginas de registros de pago, obtenidas durante la investigación, también parecen mostrar cómo las empresas de pagos electrónicos facilitaron el funcionamiento de la red de casinos sin licencia.
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El político británico Don Foster, Lord Foster de Bath, presidente de Peers for Gambling Reform, asegura a Investigate Europe que estas revelaciones deberían ser «motivo de grave preocupación» para el Gobierno británico y las autoridades.
«Me preocupan profundamente estas conclusiones, que sugieren que el mercado del juego sin licencia opera a través de redes sofisticadas y extensas que podrían estar utilizando una infraestructura financiera legítima para llegar a los consumidores«, recalcó.
MyEU Pay afirma que su plataforma puede recibir pagos de 30 países y enviar pagos a 180 países de todo el mundo. La empresa, con sede en Londres, cuenta con la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido desde 2018.Sin embargo, los documentos filtrados indican queMyEU Pay se utilizó para procesar millonesentre dos sociedades pantalla chipriotasdirectamente vinculadas a los casinos sin licencia y a empresas relacionadas con Soft2bet.
Los documentos revelan que las sociedades pantalla chipriotas, Tranello y Tilaros, se utilizaron para gestionar los pagos de docenas de casinos sin licencia. Investigate Europe descubrió que las entidades eran propiedad de Soft2bet o de sus socios comerciales. De hecho, entre 2020 y 2024, Tranello y Tilaros transfirieron 543 millones de euros desde sus cuentas de My EU Pay a otras cuentas de My EU Pay propiedad de Soft2bet o de sus socios.
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Cuando se abrió la cuenta deTranello, Soft2bet presentó documentos anteMyEU Pay en los que se indicaba que la sociedad chipriota «pertenece al grupo Soft2bet».Los documentos, facilitados aInvestigateEurope, indican que los depósitos en la cuenta procedían de sitios web como Malina Casino y Buran Casino. Ambas marcas habían sido incluidas en la lista negra por las autoridades europeas ya en 2017.
Tras años gestionando los depósitos de los jugadores en casinos sin licencia vinculados a Soft2bet, las sociedades pantalla chipriotasse declararon en quiebra en 2024después de quela Justicia austriaca dictaminara que ambas entidades operaban sitios web sin las licencias necesarias.
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Públicamente,MyEU Pay y Soft2bet parecen estar estrechamente vinculadas.Cuando Soft2bet lanzó una marca de casino en Grecia el año pasado, el director ejecutivo deMyEU Pay fue uno de los primeros en comentar un anuncio en LinkedIn: «Enhorabuena, Uri Poliavich y a todo el equipo de Soft2Bet».
Soft2bet fue fundada por el empresario ucranio-israelí Poliavich en 2016. La empresa suministra software al sector y opera oficialmente 11 marcas de juego con licencia, pero Investigate Europe ha descubierto 145 sitios web de juego incluidos en listas negras que están vinculados a Soft2bet. El grupo declaró unos beneficios de 152 millones de euros en 2024 y ha conseguido prestigiosos patrocinios deportivos en España, Suecia y Canadá.
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La otra empresa de pagos regulada por la FCA,Unlimit, procesó 65 millones de euros entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 para Soft2Bet y sus socios. La FCA declinóhacer ningún comentario sobre actividades relacionadas con empresas concretas cuandoInvestigateEurope se puso en contacto con ella.Tampoco la Comisión del Juego del Reino Unido quiso comentar casos concretos, pero afirmó que estaba trabajando en formas de proteger mejor a los clientes.
«La lucha contra el juego sin licencia requiere un enfoque coordinado–entre la Comisión, otros reguladores nacionales e internacionales, los operadores con licencia, las plataformas tecnológicas, los sectores financieros y los organismos encargados de hacer cumplir la ley– y seguiremos reforzando esa colaboración»,respondió un portavoz de la Comisión.
«El papel que parecen desempeñar los proveedores de servicios de pago a la hora de facilitar las apuestas sin licencia resulta especialmente alarmante. Si las empresas de pago reguladas por la FCA están prestando servicios que permiten a los operadores de apuestas sin licencia dirigirse a los consumidores del Reino Unido, debería investigarse con carácter de urgencia«. Si se sospecha que una empresa británica está operando de forma ilegal, puede enfrentarse a multas o a medidas coercitivas por parte de la FCA.
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El experto en delitos financieros Chris Kosnow Rasmussen explica que los acuerdos entre las sociedades pantalla chipriotas y Soft2bet presentan todas las características de los métodos utilizados para encubrir flujos de efectivo ilícitos. «Es probable que el objetivo sea doble: distanciar los ingresos del juego –gran parte de los cuales procede de marcas incluidas en listas negras en toda Europa– de su origen, y ocultar quién es, en última instancia, el propietario y quien controla el dinero”, señala Rasmussen, profesor adjunto de Investigaciones en la Universidad de New Haven.
En respuesta a la solicitud de comentarios que le enviaron Investigate Europe y sus socios, Soft2bet niega cualquier irregularidad, al tiempo que asegura que se toma muy en serio las prácticas empresariales responsables. En un comunicado, la empresa replica que la información incluida en la solicitud de comentarios de Investigate Europe «refleja una interpretación incorrecta y engañosa» de su «estructura empresarial y corporativa». «Nuestro objetivo es operar de forma responsable y de acuerdo con los requisitos legales y normativos aplicables. Mantenemos sólidos procesos de cumplimiento normativo y de gobernanza, y colaboramos de forma constructiva con las autoridades pertinentes cuando procede».
Transferencias de Tilaros Ltd, una de las sociedades de Soft2bet, a través del medio de pago My EU Pay.
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Por su parte, My EU Pay se ha negado a dar una respuesta oficial a las preguntas de Investigate Europe. Unlimit tampoco ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios remitidas por el consorcio.
Un sector en connivencia con el juego ‘online’
Las entidades de dinero electrónico (EMIpor sus siglas en inglés) pueden mantener y transferir fondos, perono disponen delicencia bancaria. Se benefician de una normativa menos estricta que la de los bancos en Europa y son ampliamente utilizadas por la industria del juego.
«A medida que los grandes bancos reducen su exposición al riesgo del juego, este negocio de alto riesgo migrahacia las EMI, que lo cortejan, lo incorporan más rápidamente y, con demasiada frecuencia, aplican controles contra la delincuencia financieramenos estrictos y maduros», explicaRasmussen.
Los documentos filtradosaInvestigateEuropeparecen mostrar que hay otras empresas que facilitan transferencias significativas a Soft2bet y a entidades vinculadas a la red.La empresa danesaInpayafirma tener numerosos clientes del sector del juego para sus servicios de pago «transfronterizos». Segúnse desprende delos documentos,TilarosyTranelloenviaron 102 millones de euros a cuentas deInpayentre 2020 y 2024. Las transacciones suelen figurar como «recarga de Inpay Tilaros o Tranello», lo que indica que las cuentas eran propiedad de las sociedades pantalla chipriotas.
Inpayseha negadoa comentarestos hechos, alegando requisitos de privacidad. «Como entidad financiera regulada, estamos sujetos a obligaciones de confidencialidad para con nuestros clientes y a las restricciones del marco contra el blanqueo de capitales»,indicala empresa.
La Autoridad de Servicios Financieros de Dinamarca también rechaza hacer comentarios sobre empresas concretas, pero añade que supervisa a las entidades de pago «para garantizar que cumplan con la legislación financiera pertinente, incluida la ley danesa contra el blanqueo de capitales».
Por su parte, Paysafe, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y dice prestar servicio a más de 200.000 empresas en todo el mundo, transfirió 12,7 millones de euros a las dos entidades citadas durante el mismo periodo y recibió cuatro millones de euros de ellas, según aparece en los documentos mencionados.
Investigate Europe ha descubierto que la plataforma de pago de Paysafe está ampliamente disponible en casinos sin licencia vinculados a Soft2bet. Cuando los periodistas de Investigate Europe depositaron 15 euros utilizando Paysafe en Onlyspins, un casino sexual vinculado a Soft2bet, ni Paysafe ni el sitio web verificaron la edad o la identidad de los supuestos jugadores. Onlyspins recibió más de un millón de visitas procedentes de países de la UE entre febrero y abril de 2026, según los datos de tráfico del sitio web.
En su informe anual de 2025,Paysafeseñalaque una «parte significativa»de sus ingresos procedede clientesque operan en mercados de juego no regulados. «Es posible que se determine que estamos actuando de forma ilegal al procesar pagos relacionados con el juego»,advirtió entonces a sus accionistas. La empresa no ha respondido a las preguntas que le ha hecho Investigate Europe al respecto.
Pgway obtuvo la autorización de Visa y Mastercard para procesar pagos pese a que acordaron en 2014 bloquear las transferencias vinculadas a operadores sin licencia en el Reino Unido.
Un antiguo empleado de la división de pagos de Soft2bet, que habló bajo condición de anonimato,creeque las empresas de pagos «saben lo que está pasando». «Si tienes un cliente con millones de transacciones, debes hacer preguntas para averiguar de dónde procede el dinero»,sostiene.
En cualquier caso, no hay pruebas que sugieran que ninguna de las empresas de pagos fuera consciente de que sus productos se habían utilizado en relación con los sitios web incluidos en la lista negra vinculados a Soft2bet.
Mastercard y Visa autorizan los pagos
Al pagar con tarjeta en los casinos sin licencia, los depósitos de los clientes son procesados habitualmente porPgway, una empresa propiedad de un socio del director general de Soft2bet, Uri Poliavich.Los archivos internos filtrados y compartidos con Investigate Europe indican que Pgway opera dentro del grupo. «La mayoría de los jugadores ingresan dinero utilizando su tarjeta bancaria», explica el antiguo empleado de Soft2bet. «Cuando quieren realizar un pago, los casinos les redirigen a direcciones URL como ‘payment-gateway’ y ‘pgway’, que creamos internamente en Soft2bet», desvela.
Pgway afirma en su propia página web que cuenta con la «certificación DSS», lo que garantiza a los clientes que utilizan su servicio que sus datos se procesarán de forma segura.
En un periodo de seis meses, las páginas dePgwayrecibieron 30 millones de visitas procedentes de casinos sin licencia vinculados a Soft2bet, según los datos de tráfico web analizados porInvestigateEurope.En comparación, las 11 marcas con licencia que Soft2bet opera en países como Suecia, Dinamarca y Grecia recibieron 1,5 millones de visitas durante el mismo periodo.
A pesar de que los reguladores europeos han prohibido docenas de casinos vinculados a Soft2bet, Pgway obtuvo la autorización de Visa y Mastercard para procesar pagos. Mastercard y Visa acordaron en 2014 bloquear los pagos vinculados a operadores sin licencia en unacuerdo voluntariocon la Comisión del Juego del Reino Unido. «Cumplimos la ley en todos los lugares donde operamos», declara un portavoz de Visa a Investigate Europe. «Prohibimos las actividades ilegales en nuestra red», añade. Mastercard no ha respondido a las preguntas de Investigate Europe.
La eurodiputada alemana Sabine Verheyen, una crítica acérrima del sector del juego, sostiene que la aparente falta de diligencia debida por parte de las entidades financieras que colaboran con la industria resulta alarmante: «Si Visa, Mastercard y Paysafe proporcionan canales de pago a operadores de juego que figuran en una lista negra, sus propios marcos de cumplimiento han fallado«, denuncia la vicepresidenta del Parlamento Europeo.
«La Comisión Europea debería exigir a las redes de tarjetas y a los proveedores de pagos que comprueben la incorporación de nuevos clientes cotejándola con las listas negras consolidadas de la UE para los operadores de juegos de azar e impongan las sanciones adecuadas en caso de incumplimiento».
La diputada alemana en el Parlamento Europeo Sabine Verheyen.
Rachel* gastó 145 000 libras en dos casinos sin licencia vinculados a Soft2bet utilizando una tarjeta de débito Visa. «La cantidad que gasté es obscena», confiesa ahora a Investigate Europe. «Odio haberlo hecho, pero odio aún más haber podido hacerlo», se enoja. También relata que, al principio, el hecho de utilizar su tarjeta de débito Visa le daba tranquilidad. «Me pedían que verificara las transacciones mediante SMS o a través de mi cuenta bancaria, así que, en mi opinión, todo estaba en orden», recuerda Rachel, que vive en Inglaterra y trabaja para el servicio penitenciario: «Pensaba que los casinos eran legales».
AunquePgwayparece estar procesando depósitos en sitios web de apuestas sin licencia vinculados a Soft2bet, los extractos bancarios de Rachel muestran más de 100 empresas que figuran como destinatarias de sus pagos. Entre ellas se encontraban una empresa de decoración de tartas en Nigeria, una tienda de fotografía en Zambia y una agencia de creación de contenidos en Chipre.
«Es muy habitual que los casinos de Soft2bet desvíen a los jugadores a través de clientes aleatorios y de dudosa reputación cuando realizan un depósito»,revela elantiguoempleadode Soft2bet. «Es una buena forma de separar al casino de los pagos de riesgo«, destaca.
Ninguno de los más de 1.000 depósitos que Rachel realizó a lo largo de casi un año en los casinos sin licencia vinculados a Soft2bet fue jamás señalado como sospechoso por su banco.«Que un banco considere que estas transacciones son correctas es una negligencia»,critica.
Evolution: los vínculos del principal fabricante de juegos de casino con la red
Otra empresa que colaboró estrechamente con Soft2bet esEvolution, una de las mayores empresas de juego del mundo dedicada a la producción de juegos para casinos en línea.Evolution, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo, recibió 8,8 millones de euros deTilarosyTranelloentre 2020 y 2024.
En una conferencia sobre el juego celebrada en 2022, un ejecutivo deEvolutiondeclaró a Soft2bet en una entrevista grabada: «Tenemos una colaboración increíble; tenéis todo lo que ofrecemos, tenéis todos nuestros juegos de mesa, todas nuestras tragaperras, disponéis de toda la gama deEvolution(…) estamos trabajandomucho para vosotros».
Hoy en día, los productos deEvolutionsiguen apareciendo en sitios web sin licencia vinculados a Soft2bet y que, según se ha constatado, se dirigen a usuarios de toda Europa ydel resto del mundo. Esto incluye al Reino Unido, donde se puede acceder a los juegos de la empresa sueca en sitios web comoFatpirate, donde Rachel perdió sus ahorros.
El diputado conservador británico Iain Duncan Smith.
«Esos casinos se parecen a cualquier otro casino normal, tienen los mismos juegos y los mismos proveedores», asegura un antiguo empleado del equipo de marketing de Soft2bet. «Por eso», continúa, «al principio, los jugadores no ven la diferencia entre un sitio web sin licencia y uno regulado«.
Evolutioncuenta con una licencia de juego del Reino Unido, que sólo permite que sus juegos sean ofrecidos por operadores de casino con licencia en el Reino Unido.Fatpiratecarece delicencia de la Comisión del Juegobritánica.
«Estos hallazgos revelan la complejidad y el alcance del mercadoilegal, así como la necesidad de que el regulador adopte medidas mucho más enérgicas en este ámbito»,sostieneel diputado británico Iain Duncan Smith.A juicio del exlíder del Partido Conservador, que copreside un grupo interparlamentario sobre la reforma del juego, «si hay empresas con licencia del Reino Unido implicadas en estas prácticas, entonces la Comisión del Juego y las autoridades financieras deben tomar medidas».
En diciembre de 2024, la Comisión del Juego del Reino Unido inició una revisión de la licencia deEvolutiontras descubrir que algunos de sus juegos estaban disponibles en casinos ilegales accesibles desde el Reino Unido. Las conclusiones de dicha revisión aún no se han hecho públicas.
En respuesta a las investigaciones de Investigate Europe, Evolution asegura que sus acuerdos «prohíben a los clientes, incluidos los clientes indirectos, poner a disposición los juegos de Evolution en mercados regulados sin la autorización local necesaria». «Cuando se nos facilita información fiable que indica que nuestros juegos pueden estar disponibles donde no deberían, investigamos y tomamos las medidas oportunas«, resalta.
* Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.
Editores:Chris Matthews, Mei-Ling McNamara
Este reportaje forma parte de Soft2bet Files, la segunda parte de una serie lanzada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego. Entre los medios asociados a este proyecto se encuentran Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Profil, Publico.es, Publico.pt, Folha de S. Paulo, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
José Luis es adicto al juego. Dice que ya lleva un tiempo de abstinencia. «Pero la rabia aún la tengo», se revuelve. Confiesa que perdió más de 20.000 euros jugando en MyEmpire, Casinia,SpiNight, Malina… todos ellos casinos online sin licencia en España y pertenecientes a NovaforgeLtd, una de las empresas pantalla conectadas con el grupo Soft2Bet y a la que José Luis no duda en calificar de «organización criminal».
Gracias a miles de extractos de pago cuya filtración ha conseguido Investigate Europe, el consorcio ha descubierto cómo Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal. Los documentos muestran cómo el dinero fluye desde los casinos a través de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet.
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Fundada por el empresario israelí de origen ucranio Uri Poliavich en 2016, se consolidó como uno de los principales proveedores de tecnología de back-end –área del administrador de un sitio web– del sector: asegura que su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo. En la actualidad, la empresa también es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta México y Canadá. Tuvo unos beneficios de 152 millones de euros en 2024. Pero el grupo y sus socios también gestionan 145 sitios web incluidos en listas negras internacionales desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.
Licenciado en Derecho, a punto de cumplir los 50, José Luis se inscribió en el «registro de prohibidos», elregistro oficial para personas con problemas de adicciónde la Dirección General de Ordenación del Juego, lo que les impide acceder a casinos tanto físicos como online. Pero esa inscripción no es indefinida, el interesado puede darse de baja al cabo de seis meses. Y es lo que hacía José Luis: tuvo varias recaídas. Se enoja cuando recuerdaque no dejaban de llegarle mensajes de esos casinos al móvil. «Y los sigo recibiendo. A diario. Por correo y por SMS: ‘Te regalamos siete euros en un bono».
«Me han permitido jugar, cuando yo no debería. Y me han dejado tiritando», confiesa. Su mujer trabaja y él cobra una pensión porque le han dado la incapacidad permanente absoluta y padece depresión. Pero esa rabia que le ha quedado, y el sentirse «desamparado por los poderes públicos», le hicieron reaccionar. Empezó a hacer averiguaciones —»dentro de mis límites», precisa— sobre los casinos que han sido su perdición y a denunciarlos. Ante la Dirección de Ordenación de Juego. Ante el Banco Sabadell y Mastercard, con cuyastarjetaspagaba sus apuestas. Ante Revolut, el banco lituano por internet desde el que hacía transferencias a los casinos. Luegocontactó con proveedores de juegos para casinos como PragmaticPlay oNetent. Y finalmente con Casino Guru, que se presenta como «el mayor sitio de información sobre casinos online«ypresume de ser «independiente» de los operadores de juego. Hace reseñas sobre los sitios de apuestas, ofrece una base de datos de bonos e inclusofunciona como centro de quejas.
El resultado no fue muy aleccionador. La Dirección General de Ordenación del Juego, que depende del Ministerio de Consumo, no le contestó, pese a que le remitió toda la documentación que acreditaba su pesadilla con los casinos ilegales, incluidos los pagos con tarjeta y las transferencias bancarias. El Banco Sabadell abrió un procedimiento de disputa. De forma que Mastercard le devolvió poco más de 4.000 euros, una quinta parte de lo que había perdido. Pero Revolut no le respondió. Ni los proveedores de juegos. Casino Guru, eso sí, le dio la razón.
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Multas de 15 millones de euros
José Luis se sorprende de que casinos sin licencia operen en España con total impunidad. Y que sean tantos. Descubrió que, aunque con diferentes nombres, todos pertenecían al mismo grupo.Son decenas. La misma interfaz de usuario, la misma licencia en la isla de Anjouan, una isla autónoma del archipiélago de Comores, en el océano Índico. Detrás, cuentas bancarias en Malta y Chipre, considerados dos paraísos fiscales dentro de la UE. Su comportamiento ante el jugador también era idéntico. Cuando denunció ante Mastercard y Revolut, le cerraron la cuenta y le confiscaron su dinero «en represalia». Lo que no les impidió seguir enviándole mensajes para incitarle a jugar. Operan ilegalmente en España, pero los bancos no tienen problema para permitir sus transacciones, protesta airado José Luis, pese a que por ley deben conocer el origen de los fondos que manejan y la identidad de sus clientes, además de comunicar a las autoridades cualquier movimiento inusual.
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en un anuncio publicitario de los casinos Betinia y Campobet.
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Tampoco las multas corrigen la operativa de los casinos online. La Dirección General de Ordenación del Juego ha impuesto sanciones millonarias a muchos de ellos. Sólo a los vinculados con Soft2Bet les ha multado con 15 millones de euros desde 2023. La sociedad Andonio NV, con licencia en Curazao, tenía activos 42 casinos online en los que se permitía jugar a ciudadanos españoles cuando fue multada en junio de 2024. Radibi NV, también con licencia en la isla caribeña, operaba otros 25 sitios de apuestas abiertos a jugadores españoles a fecha de mayo de 2023. Y Novaforge Ltd, con domicilio social en Malta, era la dueña de 61 casinos online activos en España cuando se le impuso una multa de cinco millones de euros en abril de 2025. En las listas de los casinos propiedad de estas empresas, tal y como figuran en los expedientes de la Dirección General, constan algunos de los sitios donde se jugaba el dinero José Luis, como My Empire, Spinight y Casinia. Otro de ellos, Boomerang, tenía en enero de este año —dos años después de ser multada— 1,22 millones de visitas mensuales, de las cuales el 98,66% procedían de España, según los análisis de Similarweb.
Compra de empresas y una sucursal en Valencia
Tan buenas perspectivas le ofrece el mercado del juego online español que el grupo de empresas dirigido por Uri Poliavich ha comprado dos empresasconlicencia nacional. La primera esEspanixEAD,una firma búlgara, por la que una filial maltesa del grupo, GlobalixHoldingLimited,pagó 612.500 euros en febrero de 2024.EspanixEAD tenía una licencia de juego en España que expiró en julio de 2024, sólo cinco meses después de ser adquirida por GlobalixHolding.
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La segunda es IberixGamingSA, con sede en Ceuta y un capital social de 311.000 euros. No es de extrañar: Ceuta presume de ser la gran «capital del juego online» en España, donde se sitúanmás del 55% de las licencias nacionalesgracias a unrégimen fiscal que incluyebonificaciones en el Impuesto sobre Sociedadesy un IPSI –el equivalente al IVA en las ciudades autónomas–reducido.
Por Iberix Gaming Soft2bet pagó dos millones de euros en diciembre de 2024, de acuerdo con la información que figura en los estados financieros del grupo consultados por Investigate Europe. Su administrador es Oleksii Zhytnik, director ejecutivo de Soft2bet. Desde marzo de 2025, el 100% de su capital es propiedad de Globalix Holding. Y este mismo mes de junio ha obtenido de la Dirección General de Ordenación del Juego licencia provisional para cinco tipos distintos de juegos, que incluyen blackjack, ruleta, máquinas de azar y apuestas deportivas.
Es más, Soft2bet ha comprado dos empresas en Valencia. Una es Construcciones Originales Personalizadas Shirokuro SL, se dedica al negocio inmobiliario y es 100% propiedad de Croel Ltd, una sociedad chipriota creada por Uri Poliavich, desde septiembre de 2025. La otra, Publicidad Shirokuro SL, cambió su nombre a Restaurant Amami VLC SL el pasado diciembre. Su dueña al 100% es otra sociedad chipriota del grupo, Partena Ltd y como apoderada figura una alta ejecutiva de Soft2bet, Anastasia Droga, según la información registral consultada en esta investigación. ¿Por qué Valencia? A finales de 2025, Brainrocket Ltd, empresa del grupo dedicada al desarrollo de software para el juego, abrió una oficina en la ciudad del Turia, adonde trasladó personal y donde empezó a contratar trabajadores, según puede comprobarse en Linkedin y otras webs de búsqueda de empleo.
El Cholo Simeone, embajador oficial
El interés del mercado español para Soft2bet se refleja también en su último fichaje publicitario. Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid,es el «embajador oficial»de dos de sus casinos,BetiniayCampobet,desde el pasado mes de enero. Ninguno de ellos tiene aún licencia en España, pero ya está preparada la web de la primera marca, donde se anuncia su próxima llegada: «¡La espera casi ha terminado! Betinia aterriza en el mercado español para transformar tu forma de jugar y apostar». Sobre una imagen fija,la webinformade queel casinoestá «ultimando los detalles» para ofrecer «una plataforma totalmente regulada y segura bajo licencia de la DOJ».Campobet, en cambio,no es accesible desde España.
Preguntado El Cholo por su contrato con Soft2bet, su portavoz responde destacando el «compromiso» del entrenador argentino con el «respeto a la ley»: «[Simeone] Sólo ha autorizado el uso de su imagen en los países en los que la compañía tiene la pertinente licencia». «Las páginas web de juego que emplean su imagen», añade, «están restringidas geográficamente y sólo permiten el acceso y la participación de ciudadanos de esos países donde la compañía sí posee la licencia legalmente necesaria». Según proclamó Betinia al anunciar el fichaje, el entrenador argentino «encarna los pilares» de su marca: «intensidad y la creencia de que el éxito debe ganarse». Simeone no contestó a Investigate Europe cuando quiso saber qué sabe de Soft2bet y le preguntó por la relación de los casinos online con la adicción al juego.
Una importante empresa de apuestas, famosa por sus buenas prácticas, ha obtenido, sin embargo, beneficios de cientos de millones gracias a casinos online sin licencia que ofrecen sus apuestas a jugadores vulnerables de toda Europa. Miles de extractos de pago filtrados y compartidos con el consorcio de investigación Investigate Europe revelan cómo Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal.Los documentos, que suman miles de páginas, muestran cómo el dinero fluye desde los casinos a través de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet.
InvestigateEurope también ha obtenido capturas de pantalla de conversaciones internas y archivos que parecen indicar que el grupo y sus socios gestionan 145 sitios web incluidos en la lista negra desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.
Entre estos sitios web se encuentraOnlyspins, un casino sexual dirigido a clientes europeos que no verifica si los usuarios son mayores de 18 años.
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Esta operativadista mucho de lapulcraimagen que Soft2bet y su carismático director general, Uri Poliavich, se han labradoa base depremiosconcedidos por elsectordel juegoydeprestigiosos patrocinios deportivos,así como de un negocio que, oficialmente, consiste en 11 marcas de apuestas y la venta de software.
La investigación, que ha durado un año y se ha llevado a cabo en colaboración con medios de comunicación de 15 países,entre ellos Público,revela que los casinos reciben millones de visitas en toda Europa, pese a haber sido prohibidos por los reguladores al carecer de licencias locales.
InvestigateEurope tambiénhahabladocon media docena de personas que han trabajado para Soft2bet. Afirman que los agentes de atención al cliente retrasan habitualmente los intentos de los usuarios vulnerables de cerrar sus cuentas y las reactivantras habersido cerradas. Un antiguo empleadocalifica de «depredadoras»algunas de las prácticas de los casinos.
El fundador de Soft2bet, Uri Poliavich, en una foto de su página web personal.
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Rachel* gastó 145.000 libras –170.000 euros– después de que los agentes de atención al cliente ignoraran sus peticiones de autoexclusión de los casinos sin licencia vinculados a Soft2bet,a los que accedía desde el Reino Unido. «¡Estaba tan desesperada y me sentía tan presa del pánico!», confiesa a Investigate Europe: «Es un abuso hacia las personas vulnerables».
Antiguos trabajadores de la empresatambiéndescribieron aInvestigateEurope una cultura depresión. Los mensajes filtrados de las plataformas de chat internas de la empresa sugieren que la dirección pedía a los empleados que se sometieran a pruebas con el detector de mentiras.
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Se trata de un entorno que parece estar en contradicción con la imagen pública de Soft2bet y su fundador, quien también dirige la Fundación Yael, una organización benéfica multimillonaria que financia colegios religiosos en todo el mundo.
«UriPoliaviches un hombre de contradicciones porque, por un lado, sepresenta como el Steve Jobs de los juegos de azar en línea y como un filántropo religioso, pero, por otro, está lanzando marcas que mezclan el juego y la pornografía», advierte un antiguo empleado a Investigate Europe.
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En respuesta a la solicitud de comentarios que le enviaron Investigate Europe y sus socios, Soft2bet niega cualquier irregularidad y destaca que se toma muy en serio las prácticas empresariales responsables. «La información incluida en su solicitud [de comentarios] refleja una interpretación incorrecta y engañosa de nuestro negocio y nuestra estructura corporativa», asegura en un comunicado. «Nuestro objetivo», añade, «es operar de forma responsable y de acuerdo con los requisitos legales y normativos aplicables. Mantenemos sólidos procesos de cumplimiento normativo y de gobernanza, y colaboramos de forma constructiva con las autoridades pertinentes cuando procede».
Los vínculos entre Soft2bet y Brainrocket, tal y como prueba la filtración de documentos analizados por Investigate Europe.
Enormes beneficios procedentes de casinos sin licencia
El empresario israelíUriPoliavich fundó Soft2bet en 2016, aprovechando la creciente popularidad de los juegos de azar en línea. A lo largo de la década siguiente, Soft2bet se consolidó como uno de los principales proveedores de tecnología deback-end–área del administrador de un sitio web– del sector: aseguraque su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo.
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En la actualidad, la empresa también es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta México y Canadá.Dos de sus marcas cuentan con Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, uno de los grandes del fútbol español, como embajadoroficial, mientras que otra está asociada con la Liga Canadiense de Fútbol.
En conjunto, estas líneas de negocio han impulsado a Soft2bet a lo más alto del mundo de los juegos de azar en línea, con unos beneficios de 152 millones de euros en 2024 y docenas depremios de granprestigio a lo largo de su trayectoria. En 2024la empresafue reconocida por su contribución al sector yelegidaLugar deTrabajo delAño en los SigmaAwards, un importante evento del sector.
Sin embargo, durante años, Soft2bet y sus socios gestionaron discretamente otros sitios web a través de dos sociedades ficticias:Araxio Development y Rabidi, según ha descubierto Investigate Europe. Registradas en Curazao, un paraíso fiscal caribeño que concede licencias de juego a bajo coste, estas entidades offshore sentaron las bases de un negocio sumamente lucrativo.
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Meses después del lanzamiento de Soft2bet en 2016, Poliavich fundóAraxio. Unos años más tarde se creóRabidi, esta vez a través de un antiguo empleado de Soft2bet, según muestran los registros mercantiles.
El stand de Soft2bet en ICE Barcelona, la feria más importante de la industria del juego, que se celebró en Barcelona el pasado enero.
Estas sociedadesoffshoreproporcionaron licencias de Curazao a docenas de sitios web, al margen de la mirada inquisitiva de los reguladores occidentales. Por lo general, estas licencias no se reconocen en Europa, donde existen medidas de protección de los jugadores más estrictas.Muchas de estas páginas web tardaron muy poco en serincluidas enlaslistas negras por las autoridades nacionales,porque teníanilegalmenteclientes europeos.Al mismo tiempo, se crearon dos filiales en Chiprepara gestionar los pagos de los casinos. El nombre Soft2bet no aparecía por ninguna parte.
InvestigateEurope ha obtenido ahora miles de páginas de extractos bancarios de las dos entidades chipriotas,que muestran los vínculos directos entre Soft2bet y la red de casinos sin licencia.Esos documentos revelan que, entre mayo de 2020 y mayo de 2024, las empresas chipriotas –Tranello y Tilaros– canalizaron 600 millones de euros a Soft2bet y sus socios.
Las transferencias que figuraban en los extractos de pago solían figurar como «servicios de marketing»o «acuerdo de licencia», y más de 330 millones de euros se destinaron a empresas propiedad dePoliavich. Entre ellas se encontraban Outono, la principal sociedad de cartera de Soft2bet en aquel momento, yBrainrocket, la división del grupo dedicada al desarrollo de casinos.
Las capturas de pantalla de las conversaciones internas que pruebas los vínculos entre las sociedades pantalla de Soft2bet.
Tilaros, aunque no era propiedad formal de Soft2bet, se utilizó para pagar al entonces director comercial y responsable de cumplimiento normativo del grupo, así como a su actual asesor jurídico jefe.También se desviaron millonesde eurosmás hacia empresas de marketing y atención al cliente propiedad de socios dePoliavich.
Los archivos internos filtrados, las entrevistas con antiguos empleados y el análisis de los registros corporativos sugieren que estas empresas de marketing y atención al cliente pueden operar como parte del grupo.«Soft2bet tiene todas estas entidades en el grupo, pero somos el mismo equipo», explica a Investigate Europe un exempleado de la empresa de marketing. «Todo el mundo forma parte del mismo canal de Slack [un chat en línea] para las comunicaciones internas».
La separación corporativa «parece ser meramente decorativa«,analiza Chris Kronow Rasmussen, profesor adjunto de Investigaciones en la Universidad de New Haven. «La característica definitoria de estas estructuras es el entramadode actividades legales e ilegales«, asegura.
Dirigidos a jugadores vulnerables
Según desvelan varias personas que trabajaron anteriormente con Soft2bet, muchos de los casinos incluidos en las listas negras operaban junto a las 11 marcas con licencia de la empresa, pero sus agentes de atención al cliente utilizaban tácticas de marketing más agresivas.
«Era una práctica habitual reabrir las cuentas de los jugadores que las habían cerrado por adicción y empezar a enviarles SMS, correos electrónicos y bonificaciones para que volvieran a apostar«,critica un antiguo empleado de marketing.
Una de las marcas de Soft2bet, Tooniebet Ontario se ha asociado con la Liga Canadiense de Fútbol Americano (CFL).
InvestigateEurope ha tenido acceso a conversaciones internas en las que los directivos confirmaban estas prácticas y afirmaban que reabrir las cuentas era una «decisión empresarial».
Del mismo modo, se retrasaban los pagos de las ganancias de los jugadores para que apostaran más,denunciaun antiguo agente de atención al cliente, que llamaba a más de 200 nuevos jugadores al día desde la oficina de Soft2bet en Chipre.
«He visto casos en los que los jugadores decían: ‘Llevo dos semanas intentando retirar dinero, tengo que pagar el alquiler, no puedo dar de comer a mi hijo«,confiesan algunos exempleados.Cuando se le pidió una declaraciónal respecto, Soft2bet no abordó acusaciones concretas, pero negó haber cometido ninguna irregularidad.
El juegoonline ilegal generó más de 80.000 millones de euros en ingresos en 2024, lo que representa el 71% del mercadode la UE, según la empresa de inteligencia de mercadoYieldSec.
Para jugadores como Stefan*, de 48 años, la falta de protección de los jugadores le cambió la vida. Esteciudadano austriaco, que regenta unafirmade aire acondicionado,confiesaque robó a su propia empresa para financiar su adicción al juego. «Nadie mepreguntó si podía permitírmelo o de dónde procedía el dinero, a pesar de que utilizaba las cuentas bancarias de mi empresa»,relataStefan, quien acabó en quiebra,tanto él como su negocio,tras perder 70.000eurosen dos casinos sin licencia vinculados a Soft2bet.
«Me pasaba ocho horas o más jugando hasta la madrugada; no pensaba en el trabajo del día siguiente, lo único que me importaba era hacer girar las tragaperras»,recuerda. «La adicción al juego», continúa, «te afecta toda la vida, te conviertes en un mentiroso patológico».
Jugadores desesperados como Stefan llevaron a Araxio y Rabidi a los tribunales, sin saber que Soft2bet estaba, de hecho, relacionada con ellas. Las dos filiales chipriotas también fueron demandadas por las víctimas, según revelan los documentos judiciales obtenidos por Investigate Europe. Los jueces de Austria y Alemania dieron la razón a los demandantes y concluyeron que los casinos no podían dirigirse a clientes de sus países. Las cuatro sociedades ficticias vinculadas a Soft2bet se declararon en quiebra en 2023 y 2024.
Casinos en la lista negra en toda Europa
Transferencias entre las sociedades fantasma de Soft2bet.
A pesar de las quiebras,InvestigateEurope puede revelar que Soft2bet y sus socios operan ahora alrededor de 160 casinos a través de nuevas sociedades ficticias en jurisdicciones como Costa Rica yAnjouan, una isla situada frente a la costa este de África, segúnlascapturas de pantalla filtradas de archivos internosde estas empresas.
Un análisis exclusivo de bases de datos nacionales reveló que 145de estos casinos figuran en la lista negra de al menos un país europeo. Lo quesignifica que no tienen permiso para dirigirse ajugadoresdeesos mercados. Operar ilegalmente sin licencia puede acarrear una multa o una pena de prisión en algunos paísesde Europa.
InvestigateEurope y sus socios han podidoverificar la lista filtrada de marcas:la mayoría de ellas ya habían sido identificadas por el consorcio el año pasado como vinculadas a Soft2bet.
Las capturas de pantalla muestran los 11 casinos que, según Soft2bet, posee actualmente, como Betina yCampobet, que cuentan con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, como embajador.Lalista también incluye otros casinos cuya gestión Soft2bet había reconocido anteriormente, comoWazamba, Rabona y Malina.
Muchas de estas marcas parecen seguir siendo propiedad de Soft2bet, ya que aparecen etiquetadas como«internas»en las capturas de pantalla filtradas. Es probable que otros sean gestionados en nombre de clientes que utilizan el software de la empresa.
«Cada dos semanas crean un nuevo casino», apuntael antiguo empleado de marketing. «Incluso si un jugador cree que ha sido estafado y abandona un casino de Soft2bet»,advierte, «lo más probable es que acabe en otra página web de Soft2bet sin darse cuenta».
Tácticas de marketing agresivas
Rachel*, una madre soltera que trabaja para el servicio penitenciario enInglaterra,ha jugado en varios casinos vinculados a Soft2bet. Tras un periodo de depresión y abuso de alcohol, se autoexcluyó de todos los sitios web de apuestas legales del Reino Unido en 2020 a través del programa nacional de autoexclusiónGamstop.
En octubre de 2024, mientras estaba de baja por maternidad, volvió a tener problemas de salud mental y empezó a buscar casinos en línea. Se topó conFatpirate, una página web anunciada como una opción «ajena aGamstop»y que figuraba como marca «interna»en la lista filtrada de casinos vinculados a Soft2bet.
Rachel contó aInvestigateEurope que ingresó 11.000 libras en un solo día y alcanzó rápidamente el nivel VIP más alto, un programa de fidelidad en el que los grandes apostadores cuentan con un gestor personal de juego. «Los gestores VIP me enviaban correos electrónicos constantemente con recompensas y bonificaciones», relata. «Si me quedaba sin dinero, podía pedírselo y me daban más fondos».
Finalmente, tras sufrir enormes pérdidas económicas, dejó de usarFatpiratedurante las Navidades de ese año, pero pronto empezó a apostar en otro sitio vinculado a Soft2bet, sin saber que estaban relacionados. En nueve meses, Rachel perdió 145.000 libras en los dos casinos, agotando sus ahorros, un préstamo y la herencia de su abuela.
Intentó cerrar su cuenta de Fatpirate cuatro veces, sin éxito: «Una vez se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron cuál era el problema; se lo expliqué y lo ignoraron. Otra vez ni siquiera respondieron», protesta. Minutos después de hablar con los periodistas, Rachel recibió otro correo electrónico promocional de Fatpirate en el que se le ofrecían 110 tiradas gratis y que mostró a Investigate Europe.
Segúnindicanantiguos empleados de Soft2bet, estas técnicas de marketing agresivas están muy extendidas en la empresa. «Si un jugador se dirigíaa mí para decirme que teníaun problema con el juego, simplemente le decíaque enviara un correo electrónico para explicar su situación», explicael antiguo agente de atención al cliente. «Si,aunasí,queríacerrar su cuenta, le ofrecía un bono. El objetivo es intentar que se queden en la plataforma y no cierren su cuenta. Y eso es realmente abusivo»,denuncia.
La Comisión del Juego del Reino Unidose ha negado a comentarcasos concretosconInvestigateEurope, pero señalaque «la lucha contra el juego sin licencia requiere un enfoque coordinado entre la Comisión, otros reguladores nacionales e internacionales, los operadores con licencia, las plataformas tecnológicas, el sector financiero y los organismos encargados de hacer cumplir la ley».
De Kiev a Nueva York
Con una red tan amplia de sitios web en la órbita de Soft2bet,Uri Poliavich,el fundador de la empresa,quetiene45 años, se ha hecho increíblemente rico. Entre 2019 y 2024, Soft2bet entregó aquientambiénes sudirector ejecutivo,casi 200 millones de euros en dividendos.Los registros corporativos muestran que se mudó a una mansión de 18 habitaciones cerca de Nueva York y que invirtió parte de su fortuna en varios fideicomisos en las Islas Bahamas.
A medida que su fortuna crecía, Poliavich se dedicó a la filantropía. En 2020, creó la Fundación Yael, una organización que financia escuelas religiosas en todo el mundo. «Es la Fundación Yael la que impulsa el negocio, no el negocio el que impulsa la Fundación Yael», afirmó el año pasado en un documental de producción propia sobre su vida.
Poliavichcreció entre Ucrania e Israel. Abogado de formación, trabajó para varias empresas de juego antes de fundar Soft2bet en 2016, de vuelta en Kiev. «Poliavichrecuerda con cariño su regreso a Ucrania», segúncontó enuna entrevista que concedió a una revista especializada en juegos de azar. Pero la realidad puede haber sido menos idílica. En 2020, la policía ucraniana irrumpió en la sede de Soft2bet, en el marco de una prohibición nacional de los juegos de azar. Durante la redada, los agentes descubrieron que la empresa gestionaba 20 casinos con 500.000 jugadores.
Sin embargo, el caso parece haberse estancado desde entonces. Debido aun defecto formalen la orden judicial, los jueces ordenaron la devolución de los ordenadores incautados y Soft2bet se trasladó de Kiev a Chipre.
Poliavichrara vez hace apariciones públicas, normalmente en cumbres sobre el juego y siemprecon una gorra adornada con un trébol de la suerte, el logotipo de Soft2bet. Antiguos empleados lo describen como un jefe discreto que solo confía en su círculo más cercano. «Se rodea de gente que sólo le dice cosas buenas, gente que nunca se pasa de la raya»,sostiene un desarrollador web que trabajó en la empresa.
Antiguos empleadosaseguran incluso que, en algunos casos, los directivos pedían al personal que se sometiera a una prueba depolígrafo.Una práctica que también se mencionaen una de las páginas de contratación de Soft2bet. «La dirección era muy paranoica», alega el antiguo desarrollador. «La gente decía que era, literalmente, un interrogatorio al estilo policial, conectado a una máquina, conpreguntas sobre hábitos personales como el consumo de alcohol o drogas».
Contenido sexualizado
Las conversaciones internas filtradas de mayo de 2025 muestran a los directivos deBrainrocket–la división de desarrollo de casinos de Soft2bet– hablando de las pruebas delpolígrafo,perotambién del lanzamiento de un nuevo casino en línea llamadoOnlyspins.
La página web deOnlyspinsestá repleta de avatares sexualizados de mujeres y permite a los usuarios desbloquear vídeos explícitos en los que aparece una mezcla de modelos generados por IA y modelos reales.«Son dos adicciones a la vez y es la forma más fácil de llegar a los jóvenes»,explicael exagente de atención al clienteantes mencionado. Los periodistas deInvestigateEuropehan descubiertoque la página web no exigeninguna verificación de edad ni de identidad.
El antiguo empleado de marketingtambién revelaque, cuando trabajaba con Soft2bettampoco se realizaban verificaciones de edad para asegurarse de que los jugadores no fueran menores. «Planteé este tema a la dirección en varias ocasiones, pero simplemente no les importa», concluye.
Onlyspinsparece no disponer de ninguna licencia de juego en Europa. Sin embargo, el casinosexual recibió más de un millón de visitas procedentes de países de la UE entre febrero y abril de 2026, según los datos de tráfico de la página web.
Al intentar ingresar fondos enOnlyspinsmediante transferencia bancaria desde Alemania,InvestigateEurope fue redirigida a una cuenta enTrumia, una empresa de pagos electrónicos propiedad del propioPoliavich. Regulada por las autoridades financieras de Malta,Trumiaestá registrada en la oficina de Soft2bet en Malta y su director es el director financiero del grupo.
En cambio, al pagar con tarjetaen Bélgica,se pidió a los periodistas que enviaran dinero aZentoria, una empresa registrada en Irlanda.Zentoriacuenta con una licencia de juego irlandesa, pero no paraOnlyspins. Su licencia cubre otro casino, que estáinactivo,pero comparte la misma dirección IP que docenas de sitios web vinculados a Soft2bet.
Preguntada al respecto, la Autoridad Reguladora del Juego de Irlandarespondeque no puede pronunciarse sobre operadores concretos, pero que es «consciente del riesgo que suponen los operadores del mercado negro y se compromete a abordarlo de manera firme y proporcionada».
El regulador financiero de Malta también seha negadoa comentar casos concretos yrepite que está «comprometido con la salvaguarda de la integridad de los servicios financieros del país».
Los reguladores van a la zaga
Hasta ahora, los reguladores europeos no han logrado tomar medidas drásticas contra los casinos incluidos en listas negras vinculados a Soft2bet. La UE carece de una legislación común en materia de juegos de azar, lo que deja a los Estados miembros la tarea de regular el sector de forma independiente.
En Italia y Grecia, la empresa obtuvo una licencia para operar legalmente una marca, a pesar de que más de 100 sitios web relacionados con Soft2bet figuran en las listas negras de sus respectivos reguladores nacionales.
Brainrockettrasladó a parte de su plantilla de Chiprea Valencia y el grupo se estápreparando para lanzar su marcaBetiniaen España con una licencia de juego local.Y ello a pesar de queel Ministerio de Consumo ha multado con 15 millones de euros aotros casinos vinculados a Soft2bet por operar sin licencia.
Mientras las autoridades intentan ponerse al día, el ascenso público de Soft2bet no da señales de ralentizarse. En 2024, el grupo inauguró nuevas oficinas en Malta y organizó fiestas de aniversario en Dubái y Budapest. «Estamos ante una empresa capaz de cerrar y reabrir entidades por todo el mundo a tal ritmo que, para cuando los reguladores inicien una investigación, Soft2bet ya les llevará tres pasos de ventaja»,avisael antiguo desarrollador web.
* Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.
Editores: Chris Matthews, Mei-Ling McNamara
Este reportaje forma parte deSoft2bet Files,la segunda parte de una serie lanzada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego. Entre los medios asociados a este proyecto se encuentran Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Partizán, Profil, Público.es, Publico.pt, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
Los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE), confirman que los precios de la vivienda en Europa y en España siguen en plena efervescencia. España es uno de los países europeos donde la subida es más pronunciada: aquí el coste de los pisos creció un 12,8% entre el primer trimestre del año 2025 y el primer trimestre de 2026. En ese mismo período de tiempo los precios aumentaron una media del 5,1% en la UE y del 4,7% en los países de la eurozona.
La cifra de España representa más del doble que la de la UE y casi el triple si tomamos como referencia a los países de la Eurozona. En cualquier caso, los datos de Eurostat demuestran que España tiene uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de toda Europa. Solo Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%) registraron mayores subidas en el arranque del año.
La tendencia no es en absoluto nueva: desde el año 2024, los precios de la vivienda en España crecen bastante por encima de la media europea, y lo más probable es que ese diferencial se ensanche aún más. De hecho, desde hace ya un año ese aumento de los precios en España se ha estabilizado en el entorno del 13% —en 2025, crecieron un 12,9%— frente a una media del 5,5% de la UE.
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En 2026 esa subida puede ser mayor, porque los precios en España han pisado el acelerador más que en Europa, según se desprende de los datos de Eurostat. Ahí está, para atestiguarlo, la comparación de los datos del primer trimestre de 2026 con los del último de 2025: la subida del precio de la vivienda se ha acentuado en España tras situarse en el 3,5% en el arranque del año. Este porcentaje es también uno de los más altos de la Unión Europea —en concreto, el tercero—, cuya media (1,2%) triplica.
Julio Rodríguez, miembro de Economistas Frente a la Crisis y experto en vivienda y banca, resume la evolución de los precios de los pisos en España y en Europa desde la pandemia hasta ahora: «En los años 2020 y 2021, España todavía estaba por debajo de la UE y de la Eurozona, pero a partir del año 2022, mientras que en Europa los precios de la vivienda empezaban a bajar, España comenzó a acelerar moderadamente, y ya se equiparon en la subida. En 2023 los precios ya subieron más en España que en la UE, pero ha sido en este trienio de 2024, 2025 y 2026 cuando España ha entrado en las subidas de dos dígitos«.
Mapa con precios de la vivienda en la Unión Europea, según Eurostat.
«Es decir, España ha tenido etapas más o menos equivalentes a Europa, pero en estos tres últimos años los precios aquí están creciendo bastante más que en la mayoría de los países europeos», abunda Julio Rodríguez a guisa de resumen.
Para resaltar más aún esas diferencias, este experto en vivienda apunta que en Francia el incremento del precio en los últimos 12 meses ha sido «modestísimo». De hecho, España es la única gran economía europea donde el coste de las casas se ha disparado en el último año por encima del 10%. La comparación con los otros tres grandes países de la UE no aguanta ni un asalto: el aumento de los precios del 12,8% que tiene España está muy lejos del incremento del 0,1% de Francia; del 1,4% de Alemania y del 5,2% de Italia.
Julio Rodríguez tiene una explicación para este desigual comportamiento de España respecto a otros países europeos, sobre todo de aquellos más grandes como son los mencionados en el párrafo anterior. «¿Qué es lo que ha pasado en los tres últimos años? Hay varios factores: en primer lugar, el aumento de la población ha sido muy intenso después del año 2021, pero también ha aumentado mucho el rentismo. La compra de viviendas para segunda residencia y la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros son factores que también influyen. Ahora mismo el mercado español es el más dinámico para comprar viviendas y después alquilarlas y venderlas a precios más elevados», analiza Julio Rodríguez.
Lo curioso es que esta evolución al alza de los precios se produce en un momento en el que el mercado de la vivienda en España muestra un descenso del volumen de compraventas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) acreditan que las operaciones han bajado un 1,8% tras encadenar cuatro meses consecutivos de descensos. Pero ni tan siquiera ese ligero descenso de la actividad ha servido para enfriar los precios.
En este sentido, Julio Rodríguez cree que la tendencia es fuerte y que, como se ha apuntado más arriba, los aumentos de precio en España se mantendrán por encima de la media europea durante bastante tiempo. «España está pasando por una etapa de intensos elevaciones de los precios de la vivienda. Es verdad que estas elevaciones están emparejadas con intensos incrementos de la población y del número de hogares. En Europa también hay crecimientos de la población, pero no tienen la intensidad que tienen en España», apostilla Julio Rodríguez.
El Gobierno de España ha decidido esta semana redoblar su apuesta por una política migratoria «humanista». Esta es la expresión que cuidadosamente elige la portavoz del Ejecutivo para marcar distancias respecto a la deriva política europea, cada vez más restrictiva e insolidaria. Elma Saiz lidera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y defiende un oasis en el desierto europeo. O «un faro en el mundo».
Probablemente la dirigente navarra esté viviendo una de las semanas más intensas desde que asumió la cartera. El martes finalizó el plazo para las solicitudes de un proceso histórico en términos sociológicos y políticos: un proceso extraordinario de regularización en el que han participado más de un millón de personas migrantes. Ese mismo día, tres jueces conservadores del Tribunal Supremo propusieron llevar a la Justicia europea el proceso por si colisionaba con la normativa de la UE. Tanto el PP como Vox habían recurrido el plan con anterioridad.
Este miércoles la ministra recibe a Público para desgranar todos los detalles de un proyecto político que germinó desde las entrañas de los colectivos sociales y que ha terminado de desplegar el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a «todas las piedras» en el camino: «Podemos decir con total rotundidad que hoy en España hay más de un millón de personas que viven con esperanza, más derechos y con más ilusión para seguir desarrollando sus proyectos de vida», destaca Saiz.
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Este martes ha finalizado el plazo de solicitud para el proceso de regularización. Un hito histórico, fruto de una reivindicación popular e impulsado por el Gobierno. ¿Qué balance hacen del proceso?
El balance es muy positivo. Estamos hablando de un procedimiento muy exigente, pero que ha estado muy a la altura. Desde el punto de vista del fondo, ha sido un éxito de país. Podemos decir con total rotundidad que hoy en España hay más de un millón de personas que viven con esperanza, más derechos y con más ilusión a seguir desarrollando sus proyectos de vida.
El Supremo tiene el derecho a preguntar al TJUE pero el proceso de regularización es sólido jurídicamente
Las derechas han recurrido y el Supremo ha entrado al quite. ¿Qué lectura hacen de este movimiento?
En primer lugar, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Hace unas semanas, el propio Tribunal Supremo rechazó la adopción de medidas cautelares. Indudablemente, el Supremo tiene todo el derecho a preguntar al TJUE, pero es un procedimiento que está muy vestido jurídicamente y que ha seguido todos los trámites. De hecho, incorporamos las recomendaciones esenciales que hacía el Consejo de Estado en su informe. Hablamos de personas que van a tener un permiso para residir y trabajar en España, en nuestro ámbito. Son personas que ya están aquí y que se circunscriben a la normativa de nuestro país.
No hace mucho, también hicimos un proceso de regularización en València, por la DANA. 30.000 solicitudes, de las que aproximadamente 27.500 fueron estimatorias. Hoy vemos que una de las comunidades que ha recurrido es la Comunidad Valenciana, cuando en su propio territorio dimos esa esperanza a los ciudadanos que sufrieron por la DANA. Además, durante el proceso, algunas entidades locales y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han intentado poner piedras en el camino. Pero el mensaje es muy claro, esas piedras no se las ponen al Gobierno, sino a los más de un millón de ciudadanos que por fin van a salir de la invisibilidad. El día 3 de julio tendremos la ocasión de hacer las alegaciones ante el Supremo, con un texto sólido y vestido jurídicamente.
¿Está el Supremo ahora mismo haciendo política?
Siempre defiendo que este procedimiento pone en el centro los derechos humanos y se hace con todos los requisitos perceptivos que manda la norma. Además, forma parte de una política integral migratoria que es un faro en el mundo. El Gobierno hace una política que pone en el centro a las personas, y además con el rigor y con la fortaleza de un texto muy armado. Ya sabíamos que había muchas personas que querían poner piedras en el camino en este procedimiento y, de hecho, así ha sido. Ha habido recursos, pero quiero recordar que quien ha cambiado de posición, en este caso, es el Partido Popular. Este texto coge la mano de esa ILP que fue votada a favor del PP, el único partido que votó en contra fue Vox. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Ese giro que demuestra una vez más que siguen a pies juntillas los dictados de Vox, también en esto. Pero las piedras en el camino, insisto, son a las personas que quieren salir de la invisibilidad y desarrollar un proyecto de vida en igualdad de condiciones.
El proceso extraordinario de regularización ha recibido un volumen de solicitudes muy superior a lo previsto. ¿A qué atribuyen esto?
Las cifras que se barajaban son cifras que nunca han sido oficiales y que tomaban ese testigo de la ILP, donde se estimaban esas cifras. Yo reivindico que no hablemos de cifras, hablamos de cada una de las historias de vida que están detrás de estas solicitudes. Hemos hecho un procedimiento que está a la altura y que da respuesta a todos los que cumplan los requisitos y, efectivamente, ha superado el millón de solicitudes. En apenas dos meses y medio he recorrido España, y son muchísimas las experiencias y los casos que conoces que te aproximan a esta realidad. Es un procedimiento en el que ya estamos hablando de más del 50% de emisiones a trámite, que demuestra no solamente la colaboración de las entidades en materia de extranjería, que han estado ahí, sino también esa vocación de servicio público y de ser una administración que pone en el centro a las personas.
¿Cómo le explicaría a un ciudadano, de manera sencilla, por qué es necesaria esta regularización?
La política migratoria y las herramientas legislativas se van modernizando. Por eso destaco que esto es un procedimiento extraordinario, pero que convive con una política migratoria coherente y mucho más amplia. Se están reduciendo las llegadas irregulares de una manera muy notable, en torno al 70% en la ruta canaria. Es algo fundamental, porque la migración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas y tenemos que ser muy contundentes con las mafias. Lo que hace el Gobierno es reorientar esos flujos migratorios, siempre bajo los parámetros de la seguridad y el orden de una migración regular, ordenada y segura. Ahí se encuadra la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que ha dado resultados tan importantes como los más de 800.000 arraigos desde que se puso en marcha dicha figura. Y quiero recordar que se amplió a más supuestos con la reforma. Aún así, hay personas que están en nuestro país, pero en los márgenes, y un Gobierno que pone en el centro a las personas no puede permitir que eso se produzca. Y, como ha pasado en otras ocasiones, se pone en marcha el procedimiento de regularización porque se escucha a la sociedad civil. Cuando se dan la mano a la sociedad civil, las entidades y la política, el resultado es esto: un procedimiento extraordinario que reconoce derechos y saca de los márgenes a quienes ya viven junto a nosotros.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, durante la entrevista.
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Durante el proceso ha habido críticas por parte de los colectivos sociales. Sobre los plazos, el certificado de vulnerabilidad o las deportaciones. ¿Hacen alguna autocrítica?
El texto iba absolutamente armado jurídicamente y, precisamente, se incorporaron las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado. Una de ellas fue pedir ese informe de vulnerabilidad. Pero, lógicamente, cuando un procedimiento de esta envergadura arranca, se producen disfunciones que, por cierto, también se ven agravadas cuando ha habido quien de manera clara e intencionada ha cerrado puertas que no tenían que estar cerradas. Además, lo he comprobado. He visitado todos los territorios y he visto quién ha puesto incluso en marcha programas de ayuda para sufragar gastos a las entidades colaboradoras y quién ha cerrado servicios municipales para producir colas y poner palos en la rueda en este procedimiento. Pero, insisto, ahí están las cifras. Más allá de las disfunciones que puede haber habido al comienzo, el elevado porcentaje de admisiones a trámite demuestra el éxito del proceso.
Destaca el giro radical del PP en esta materia. No solo porque antes históricamente se hubieran impulsado regularizaciones en gobiernos del PP sino también porque apoyó en un principio la tramitación de la ILP. ¿A qué atribuyen este cambio radical de posición?
Permítame que le recuerde que ha hecho más cosas. No solamente ha hecho ese giro y ha puesto palos en la rueda en este proceso, sino que también, por ejemplo, ha votado en el Congreso de los Diputados para eliminar el arraigo o el FISI (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes). El PP ha dejado de ser un partido de Estado y lo vemos en cómo sigue abonando la desinformación y los bulos, ya sea cuestionando el procedimiento electoral o la Ley de Memoria Democrática. Yo he tenido que desmentir, con datos, en más de una ocasión al señor Feijóo. Llegó a decir que estábamos propiciando el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Esa falta de rigor y esa falta de responsabilidad no obedece más que a alguien que no tiene un proyecto de país, que está atando su presente y su futuro a la ultraderecha.
PP y Vox no se diferencian en nada
¿El sistema de pensiones sería sostenible sin la aportación de las personas migrantes?
Ahí están los datos. Hemos celebrado el éxito colectivo de haber superado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y ya les adelanto que anticipamos un mes de junio espectacular. Pronto conoceremos los datos de afiliación. No podemos obviar que el 14,6% de los afiliados son extranjeros, con presencia en todos los sectores, y que también generan empleo. Ayer, en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, contamos con la participación de sindicatos y patronal, que aplaudieron el procedimiento de regularización. Es más, el propio presidente de la patronal reivindicó que muchos de esos afiliados extranjeros son, a su vez, empresarios, emprendedores y autónomos. Por eso digo que el Partido Popular ha dejado de escuchar a la sociedad civil. Ha dejado de ser un partido que resuelve y que hace política para la España real, para abrazar los postulados más ultras, antisistema y absolutamente desnortados.
¿En este sentido, en qué se diferencian ahora mismo PP y Vox?
En nada. Hemos visto cómo la señora Ayuso y el señor Feijoó aplauden el discurso del papa León XIV, que ha sido un respaldo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España. Pero, en declaraciones del papa: «Uno no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano». La señora Ayuso se refiere a la regularización como un «procedimiento de importar pobreza masiva». Me gustaría saber cuál es la diferencia cuando se dirige al hermano latinoamericano y, al mismo tiempo, se refiere así al procedimiento de regularización, teniendo en cuenta que un porcentaje muy importante de las personas que van a regularizar su situación son personas que vienen de Latinoamérica. El Partido Popular y Vox son lo mismo.
La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entendería sin la población migrante
Lo del cordón democrático a Vox parece hoy una quimera. ¿Hemos retrocedido en este sentido?
Absolutamente. No hay más que ver que tenemos acuerdos de gobiernos autonómicos en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, y lo vamos a ver de manera inminente en Andalucía. Lo que está claro es que el Gobierno de España va a proteger a los ciudadanos frente a las políticas que les hacen daño y que llevan a cabo el PP y Vox en sus territorios. Lo hará a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de escudo social, de la política migratoria o de la empleabilidad, con este importantísimo Plan de Integración que mira a la España que somos y que queremos ser en 2030.
Los delitos e incidentes de odio alcanzaron en 2025 su cifra más alta desde que existen registros oficiales, con el racismo y la xenofobia como principal motivación. ¿Considera que el aumento del discurso político contra la migración está contribuyendo a ese repunte? ¿Qué papel debe asumir el Gobierno para frenarlo?
Sin duda. Hay que exigir a los responsables públicos ser exquisitos con sus declaraciones. Ya vivimos el verano pasado lo ocurrido en Torre Pacheco. Lo que pasa en redes sociales no es inocuo. Por eso tenemos el Oberaxe (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) y ese compromiso con las plataformas para hacer mucho más en la retirada de los discursos de odio en las redes sociales, porque se trasladan a nuestras calles. Hay quien hace del insulto su único proyecto político y, luego, algunos la replican. Lo hemos visto recientemente con el ascenso del Sabadell a Segunda División.
España no es un país racista pero hay que dar un paso más y ser claramente antirracista
Hace unos días dimos en Público una información sobre Lamine Yamal, a raíz de los mensajes de odio contra el futbolista por una de sus celebraciones. ¿Es España un país racista en el que hasta sus propios ídolos sufren ataques?
España no es un país racista, pero ya no basta con eso. Ahora hay que ser claramente antirracista. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y los primeros que tenemos que encabezar esa corresponsabilidad somos los representantes políticos. Primero, por una cuestión de valores y de memoria. Segundo, porque ahí están los datos. La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entenderían sin la población inmigrante. Hay un estudio de políticas públicas que visualiza una España en 2070 sin flujos migratorios y el país se paralizaría. Hace poco estuve en Huelva presentando, junto con el ministro marroquí, el programa Wafira de migración circular. Los propios empresarios ponían en valor el importantísimo trabajo y la necesidad de estos programas porque, sin ellos, no se podrían recoger los frutos rojos y no tendrían prosperidad ni ellos ni sus territorios. Pero yo sé que ahí había gente que vota a Vox. ¿Cómo podemos explicar esto, cuando es un partido que quiere expulsar a miles de ciudadanos? Ocurre porque una cosa son las preocupaciones reales de la ciudadanía y otra las creadas por algunos de manera interesada.
Así que, desde la responsabilidad, desde los datos y poniendo todas las herramientas del Estado de derecho, tenemos que combatir el racismo y la xenofobia de manera mucho más contundente.
La regularización abre la puerta a la residencia y al empleo, pero la integración real va mucho más allá de obtener unos papeles. ¿Qué medidas del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía considera más importantes para garantizar esa inclusión?
Este Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 marca una hoja de ruta clara, con aspectos tan importantes como la estrategia de movilidad laboral, la Agencia de Movilidad Humana y esa cogobernanza en la que las comunidades autónomas, las entidades locales y también el tercer sector van a tener mucho que decir. Pero, además, marca hitos y objetivos, porque las políticas tienen que evaluarse para saber si funcionan o no. Esos hitos van claramente dirigidos a reducir brechas y desigualdades que ya estamos poniendo de manifiesto. Si hablamos del acceso a la vivienda, vemos que la población migrante tiene muchas más dificultades. Si hablamos de la discriminación educativa o de la discriminación laboral, ocurre lo mismo. El proceso de regularización terminó el 30 de junio, pero no es un punto y final, sino un punto y seguido hacia el modelo de país que somos. Una sociedad próspera y abierta, donde la diversidad es algo muy positivo. Y esa es una elección política, porque no da igual quién esté al frente de las instituciones para llevar a cabo esta política migratoria.
España ha sido el único país que se ha mostrado en contra de algunos puntos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo como la creación de centros de detención en terceros países. ¿Cuáles son exactamente las líneas rojas del Gobierno en este Pacto y hasta qué punto existe margen real de resistencia frente a un consenso europeo que parece desplazarse hacia posiciones más restrictivas?
La aplicación del Pacto por parte del Gobierno de España se va a dar siempre bajo una perspectiva humanista y de defensa de los derechos humanos. No compartimos ni las llamadas soluciones innovadoras ni los centros en terceros países. Esta postura se la hemos trasladado también a la Unión Europea mediante una carta, en la que explicamos que algunas de esas cuestiones plantean muchas dudas jurídicas. Ya estamos implementando las directivas y adecuando nuestra normativa a todo lo recogido en el Pacto, pero siempre siguiendo una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos.
España está entre los países de la UE que más solicitudes de asilo recibe pero menos protección internacional concede. ¿A qué se debe esta brecha?
La protección internacional tiene que ser una vía absolutamente clara y despejada, porque no es lo mismo un proceso migratorio por distintos motivos que el de quien huye porque sufre persecución por cualquier causa de discriminación. Por eso tenemos un sistema de protección internacional absolutamente sólido y a la altura. Pero creo que también es importante que las regulaciones queden muy claras, porque no son lo mismo unos procesos migratorios que otros. España es el segundo país, si no me equivoco, en solicitudes de protección internacional. Pero, insisto, eso convive con la normativa de extranjería y con procesos tan importantes como el que estamos viendo ahora, donde uno de los requisitos o posibilidades era haber sido solicitante de protección internacional a 31 de diciembre de 2025.
Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos de corrupción. Lo importante es cómo se reacciona
¿Cómo valoran el daño generado por los casos de corrupción en el entorno de su partido? ¿Cree que la imagen y la legitimidad del Gobierno queda en entredicho?
Bueno, yo pertenezco a un Gobierno limpio que tiene unos hitos que ahí están y están claros. Hemos alcanzado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, hemos realizado el mayor despliegue de fondos de la Unión Europea, hemos aprobado un paquete de protección para paliar los efectos de la guerra de Irán y tenemos una política migratoria que es un ejemplo y un faro mundial, que protege y da derechos a las personas.
Esa es la España que está siendo gobernada por un Gobierno de coalición progresista, en minoría parlamentaria, pero que busca todos los días el acuerdo. El Congreso de los Diputados no lo ha elegido este Gobierno, lo ha elegido la ciudadanía. Y lo que hacemos es poner esos acuerdos al servicio del bien común. Esa es la España real.
Por supuesto, somos un Gobierno limpio y contundente contra la corrupción, porque la corrupción nos hace daño. Yo lo vivo constantemente porque acudo a actos en los que se pone en valor la política social, la política migratoria o la política económica, pero siempre hay una pregunta sobre la corrupción, y mi respuesta es siempre la misma: tolerancia cero contra la corrupción. Encima de la mesa hay un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con medidas muy concretas que buscan dar resultados y prevenir también la corrupción. Esa es la posición del Gobierno de España. Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos, lo importante es cómo se reacciona y este Gobierno lo ha hecho. Me gustaría que quien se erige como líder moral contra la corrupción contase sus propuestas. ¿Por qué no se pone al lado del Gobierno para sacar adelante todas las iniciativas que forman parte de ese Plan de Lucha contra la Corrupción?
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz.
Hablando de la legitimidad, Feijóo está lanzando estos días acusaciones que ponen en cuestionamiento la limpieza de los procesos electorales ¿Cómo lo valora?
Es Feijóo contra Feijóo. En el programa electoral del Partido Popular de 2023 figuraba una medida similar a lo que ahora está cuestionando. Es más, creo que en las últimas horas ha dicho que todo se debe a que se flexibilizaron requisitos. Quiero recordar que se trata de una ley que salió de las Cortes Generales y que cuando hablamos de esa flexibilización, lo que se hizo en 2022 fue incorporar a las personas que habían tenido que huir de la dictadura por su condición sexual. Este es el Orgullo del Partido Popular en la semana del Orgullo. Por eso le decía que, más allá de intentar erosionar al Gobierno, están atentando contra los principios básicos del Estado de derecho y de nuestra propia democracia, siguiendo esa carrera sin sentido con Vox para ver quién dice la barbaridad más grande. Ahora Vox también está cuestionando el voto de los españoles en el exterior, pidiendo a la Junta Electoral que no les permita el voto. Es el más puro estilo ultra que ya hemos visto en otras latitudes. Eso es fruto de la desesperación y de que no tienen un proyecto sólido que ofrecer al país. ¿Qué España propone Feijóo? ¿Qué modelo de política migratoria? ¿Las deportaciones? ¿Qué modelo de política social? ¿La privatización? ¿Por qué debilita el sistema público de pensiones? Yo no tengo ningún interés en cuestionar la sostenibilidad de las pensiones, quienes sí lo tienen son quienes apuntan constantemente a ponerla en duda porque quieren redirigir el sistema hacia modelos privados. Esa es la frustración que arrastra el señor Feijóo y la desesperación de quien no tiene un proyecto de país. Y parece, por cierto, que se pone la venda antes de la herida, como si ya anticipara una derrota electoral y estuviera intentando explicarla antes de que se produzca.
¿Qué motivos ven para seguir dando vida a la legislatura y qué cuestiones concretas marcan el horizonte de los próximos meses?
Más de 6.200 millones de inversión en la dependencia, 22 millones y medio de afiliados y un nuevo paquete para paliar los efectos de una guerra injusta e ilegal que desde el primer momento hemos condenado.
Para terminar, una inquietud que invade a la mayoría de la población ahora mismo. No estamos pasando por nuestro mejor momento. Me refiero a la selección española. ¿Hay opciones de ganar el Mundial?
¿Cómo que no estamos en nuestro mejor momento? La ministra de Educación y Deportes ha dicho que España va a ganar el Mundial. La selección está en un buen momento y desde luego me atrevo a decir que vamos a llegar muy lejos en este campeonato.
Aunque no ha acaparado grandes focos informativos, España ha obtenido en los últimos días dos victorias diplomáticas significativas. El escenario ha sido la ONU, más concretamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de los Derechos del Niño. Y es que dos candidaturas españolas avaladas por el Ministerio de Exteriores han sido elegidas para formar parte de esos organismos en el próximo periodo de cuatro años.
En primer lugar, el 26 de junio Ana Peláez Narváez fue reelegida con 125 votos para formar parte del CEDAW, donde participa desde el año 2018. Se convirtió entonces en la primera persona con discapacidad que formaba parte de ese órgano. Peláez es invidente y nació en Zafra, Badajoz, en el año 1966. Es licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología por la Universidad de Sevilla, y Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca.
Por otro lado, Ignacio Campoy fue elegido el 24 de junio con 114 votos para formar parte del Comité de los Derechos del Niño. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con premio extraordinario de doctorado con la tesis doctoral sobre el tratamiento jurídico debido a los niños. Actualmente ejerce como profesor titular de Filosofía del Derecho en esa misma Universidad y forma parte del Consejo del Instituto de Derechos Humanos «Gregorio Peces-Barba».
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El CEDAW es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros. También supervisa la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención, sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
Ana Peláez
Con una amplia trayectoria, Peláez es vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres; Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y profesora del Máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Además es secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y representante ante la Plataforma de Discapacidad de la Comisión Europea.
Entre los objetivos, según se refleja en la información oficial sobre su candidatura, alojada en la web de Exteriores, se encuentra «romper el ciclo de la invisibilidad en CEDAW». Y es que pese a los avances realizados para incorporar la dimensión de la discapacidad en el trabajo del Comité CEDAW, «las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran todavía al margen con respecto al ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud de la Convención», se añade. Con su reelección, continúa el texto, Peláez «podrá contribuir de forma decisiva al desarrollo de la nueva Recomendación General sobre los derechos de las mujeres y la discapacidad, que pueda ofrecer una orientación clara y directriz a los Estados partes y a otras partes interesadas en esta cuestión».
En declaraciones a Público Peláez afirma que ha recibido la decisión sobre su candidatura «con alegría» y también con «mucha responsabilidad». «En estos momentos de tantos retrocesos en los Derechos Humanos y particularmente para las mujeres, trabajar junto a mis colegas del Comité CEDAW para tratar de minimizar esta esta situación me parece verdaderamente muy importante. Así que con alegría pero también con responsabilidad, con preocupación y mirando ya hacia el futuro», afirma.
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Ana Peláez Narváez, en la reunión del Consejo Real del Patronato Sobre Discapacidad y entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad ‘Reina Letizia’, en CREA Alzheimer, a 03 de diciembre de 2025
La experta considera que en términos generales «España está a la vanguardia en el ámbito de la legislación y de la política pública sobre los Derechos Humanos». Temas como las mujeres, la infancia o la discapacidad son para Peláez «buenos ejemplos» en los que nuestro país es reconocido por los avances que se han dado. «Contamos con un movimiento muy fuerte de la sociedad civil que moviliza y que realmente interactúa muy bien con la población en general pero también con otras partes interesadas, movilizando energías y poniendo en marcha sinergias para no retroceder en derechos conseguidos», añade.
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Para Peláez también influye en su elección, y en otras, la posición geopolítica que tiene España con respecto a varios conflictos internacionales como la situación en Gaza o en Irán. «El estar a favor de la paz y no de la guerra, desde luego se ha dejado ver claramente en estas últimas elecciones tanto en las de Ignacio Campoy como en las mías», afirma.
Según la experta, el cuestionamiento del multilateralismo se está utilizando para justificar posiciones que son insostenibles con los principios fundamentales de igualdad, de Derechos Humanos o de justicia social. «Naciones Unidas está inmersa en un proceso de análisis y evaluación muy importante. Tantas veces hemos escuchado hablar de políticas que van a reorganizar el sistema multilateral pero al final nunca sucede nada», afirma. «Naciones Unidas necesita verdaderamente un cambio sustantivo y confío mucho en que para ello la próxima secretaria general sea una mujer», destaca.
«Enhorabuena a Ana Peláez por su reelección en el Comité CEDAW de la ONU. Un reconocimiento a una trayectoria de compromiso con los derechos humanos, la igualdad y los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Un orgullo para nuestro país», escribió el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el pasado día 26. Precisamente este miércoles Peláez mantiene un encuentro con el ministro.
Ignacio Campoy
Por su parte, Campoy cuenta con una trayectoria académica consolidada y una amplia producción científica en materia de derechos de la infancia, siendo autor de obras de referencia sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y su desarrollo en el sistema internacional de Derechos Humanos. Ha dirigido proyectos financiados por la Comisión Europea y por instituciones públicas, así como estudios e informes en colaboración con UNICEF y otras organizaciones internacionales, contribuyendo al desarrollo normativo y a la evaluación de políticas en materia de infancia.
Entre los objetivos fijados se encuentra «asentar su trabajo y compromiso para que la plena integración de los niños y las niñas en el sistema de los Derechos Humanos sea una realidad y para que, independientemente de cuáles sean sus condiciones o circunstancias, todos los niños y niñas tengan reconocidos y protegidos sus derechos». Se destaca también su «rigor jurídico», el compromiso con los Derechos Humanos, «la independencia» y la «imparcialidad».
Ignacio Campoy, en una imagen de archivo.
Campoy afirma a este medio que tiene «muchos sentimientos». Por una parte «mucha responsabilidad» porque hay muchas cosas que hacer dentro del Comité, mejorar muchas situaciones de la infancia y adolescencia en todo el mundo. Pero también tiene «muchísima ilusión» por su extensa trayectoria. «Poder trabajar con expertos de los otros países del mundo y poder realmente ser efectivo en esta protección me hace mucha ilusión», añade.
Considera el experto que tanto su nombramiento como el de Peláez significa precisamente que hay un trabajo relacionado con con los Derechos Humanos que se realiza desde España, tanto en el ámbito universitario como desde la sociedad civil que sí que se aprecia y valora en el ámbito internacional.
Para Campoy la importancia que tiene la ONU «es absolutamente trascendental». Concretamente destaca que la Convención de los Derechos del Niño surgió en el año 1989 y fue la que más rápidamente y extensamente fue ratificado por casi todo los Estados del mundo. «Ahora mismo todos los países del mundo salvo Estados Unidos han ratificado la Convención», recuerda.
«Me parece absolutamente básico y trascendental y apostar por esto una vez que hemos llegado a un consenso sobre lo que son los Derechos Humanos a nivel mundial y en caso concreto de los niños y las niñas y los adolescentes. Hay que garantizarlo, protegerlo y fortalecerlo. Hay que esforzarse al máximo en esa protección», añade Campoy.
Su candidatura ha sido impulsada también por el Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Rego «con el objetivo de reforzar el compromiso del país con la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el ámbito global». «Campoy representa una trayectoria sólida, rigurosa y profundamente comprometida con los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en ámbitos clave como la inclusión y la igualdad de oportunidades», afirmó la ministra la semana pasada.
Menos de 100 personas ejercen desde el diminuto Luxemburgo un poder sin igual que les faculta para definir las normas que rigen la vida de 500 millones de ciudadanos. Los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueden obligar a los gobiernos a modificar leyes y forzar a las empresas a desembolsar miles de millones de euros; también tienen la última palabra sobre la legislación del mayor bloque comercial del mundo.
Estosmagistrados y expertosestán sujetos a normas muy estrictas para evitarla más mínima sombra de duda sobre sus decisiones. El Código deConducta del tribunal establece quesus miembrosdeben evitar toda situación «que pueda dar lugar a un conflicto de intereses (…)o que pueda percibirse como tal».La realidad, sin embargo, es otra. Una investigación del consorcio internacional Investigate Europe, en la que ha participado Público, confirmaque un número sorprendente de juristasy magistradosdel TJUE tiene vínculos con las mismas empresassobre lasque el tribunal puede regular de forma efectiva.
Más del 40% de los actuales jueces y abogados generales han declarado intereses financieros privados,tal y como evidencia unanálisis exclusivo desusdocumentos de transparencia. Las carteras de los juristas incluyen acciones en los gigantes petrolerosEniy Total, participaciones en amplias operaciones inmobiliarias y de infraestructuraso su presencia enempresas tan conocidas como AstraZeneca, Airbus, Amazon y Boeing.Algunos de los miembros españoles del órgano también figuran en este listado.
Según ha descubierto Investigate Europe, en algunos casos los juristas del TJUE trabajaron antes en asuntos relacionados con empresas o competidores en los que tenían intereses económicos, lo que suscita dudas sobre posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para prevenir dichos riesgos. Esta dinámica plantea serias dudas sobre los posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para protegerse frente a tales riesgos.
Número de veces en los que un juez ponente ha intervenido en casos relacionados con su país de origen (2018-2024).
Los periodistas de InvestigateEurope trabajaron durante seis meses en una investigación en la que han descubierto lagunas llamativas en la información pública facilitada por los juristas,así como un sistema en el que los asuntos de los dos órganos que integran el TJUE —el Tribunal de Justicia, la instancia superior, y el Tribunal General, la instancia inferior— se asignan sin control externo. También ha desvelado toda una serie deriesgos para la imparcialidad derivados de los vínculos de los jueces con sus gobiernos nacionales.
Tras preguntarle Investigate Europe, el presidente del Tribunal General de la UE avanzó que los resultados de la investigación serán revisados por un comité interno. El Defensor del Pueblo Europeo, por su parte, anunció que abrirá una investigación después de que Investigate Europe presentara una denuncia ante este órgano administrativo por el hecho de que el tribunal no hubiera hecho públicas las declaraciones patrimoniales históricas de los jueces.
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«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue sin cumplir los estándares de transparencia que hoy en día se esperan de los tribunales supremos», critica Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la UE en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC) de París y en el Colegio de Europa, que lleva más de una década escribiendo sobre transparencia judicial e integridad pública.
Los jueces y abogados españoles en los Tribunales de la UE: de izda. a dcha. y de arriba abajo: Miguel Sampol Pucurull, María Lourdes Arastey Sahún, José Martín y Pérez de Nanclares y Manuel Campos Sánchez-Bordona.
Los nombres españoles que figuran en la lista
España tiene derecho a uno de los 27 jueces que componen el Tribunal de Justicia de la UE, igual que el resto de los Estados miembros. María Lourdes Arastey Sahún es la jueza española que ocupa ahora ese sillón. El Tribunal General cuenta además con dos magistrados por Estado. La cuota española la representan José Martín y Pérez de Nanclares y Miguel Sampol Pucurull, cuyo nombramiento fue confirmado para el mandato que comenzó en 2025. España también dispone tradicionalmente de un puesto permanente entre los abogados generales del Tribunal de Justicia: Manuel Campos Sánchez-Bordona.
María Lourdes Arastey Sahún entró a formar parte del Tribunal de Justicia de la UE en 2021. Y ejerce como presidenta de Sala desde el 8 de octubre de 2024. La magistrada tiene acciones en Repsol, tal y como consta en la declaración de intereses que presentó antes de su nombramiento, el 7 de octubre de 2024. En un escrito previo, de octubre de 2021, la jueza no declaró ninguna acción o interés, ni financiero ni inmobiliario. La situación no cambia mucho en el caso de José Martín y Pérez de Nanclares. El letrado forma parte del Tribunal General de la UE desde el 26 de septiembre de 2019. Su última declaración lo sitúa con un fondo de inversión y otro de pensiones en Caja Rural de Navarra así como un segundo fondo de pensiones en ING. Además, tiene cuentas bancarias en la entidad luxemburguesa Spuerkees y en la caja navarra. El documento de intereses es idéntico al que presentó en 2021.
Miguel Sampol Pucurull tiene una carta de presentación un poco más compleja. El magistrado ejerce como presidente de la Sala del Tribunal General de la UE desde septiembre de 2025. Las últimas declaraciones de intereses que tenía colgadas en el portal de transparencia del organismo –una de 2021, otra de 2023 y la última de 2024- recogían acciones en BBVA y en una inmobiliaria familiar, Gestdoc SL. La primera lo situaba además como accionista de Prisa y las dos siguientes recogían participaciones en Amazon. Además, Sampol Pucurull cambió varias veces su declaración de intereses. En 2023, puso a nombre de su esposa las acciones de BBVA y Amazon. En 2024, no especificó a quién pertenecían. Y en la última, actualizada hace poco más de un mes, tras las reiteradas solicitudes de información de Investigate Europe, volvió a situarlas como un activo de su pareja. El TJUE no ha respondido a las solicitudes de información de Investigate Europe para aclarar a quién pertenecen realmente estas participaciones.
Y hay un detalle adicional. Miguel Sampol participó como juez en una resolución del TGUE sobre un caso que afectaba a UPS y TNT Express, dos de los competidores directos de Amazon en Europa. La Comisión Europea prohibió en 2013 la compra por parte de UPS, la mayor empresa de mensajería del mundo, de su rival holandesa TNT Express, porque restringiría la competencia en la entrega rápida de paquetes pequeños en 15 Estados miembros. UPS demandó a las autoridades comunitarias por considerar que el bloqueo a la operación le había causado pérdidas millonarias y consiguió que se anulara esa decisión por vulneración de sus derechos de defensa. La multinacional reclamó, además, una indemnización de 1.740 millones. El TGUE rechazó esa pretensión de UPS en 2022, con la firma del magistrado Miguel Sampol Pucurrull.
Manuel Campos Sánchez-Bordona, por su parte, tampoco recoge en su declaración ninguna participación o «interés financiero» en empresas o sociedades, ni en España ni en Europa ni en EEUU.
Los casos de las grandes farmacéuticas
Juliane Kokott es una figura destacada del Tribunal de Justicia y una autoridad en derecho de la competencia. La abogada alemana cuenta con una variada cartera de acciones que, según su última declaración pública, incluye una empresa de infraestructuras ferroviarias, un fondo de inversión en oro físico y tres grandes firmas farmacéuticas: AstraZeneca, BioNTech y Merck.
No es algo que contravenga las normas del tribunal. El Código de Conducta simplemente exige a los magistrados que declaren sus intereses económicos al tomar posesión de su cargo y que actualicen dicha información cada tres años o siempre que se produzcan cambios. Deben señalar cualquier posible conflicto cuando se les asigne un caso y, si es necesario, apartarse.
Pero el TJUE no ofrece ninguna definición de «conflicto de intereses» en sus directrices. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo define como aquella situación en la que los intereses privados de un funcionario público «podrían influir indebidamente» en sus responsabilidades. El organismo considera que existe un «conflicto percibido» cuando estos intereses pueden influir en sus funciones, pero en última instancia no lo hacen.
Nacionalidad de los jueces con más de cien intereses económicos declarados.
En 2019, Kokott recibió un caso que enfrentaba a la empresa farmacéutica francesaServiercon la Comisión Europea, en relación con un tratamiento para la hipertensión. Y dos años más tarde, compró acciones de las tres empresas farmacéuticas. Kokott explicó entonces que lo hizo para «contribuir, en una medida muy limitada», al desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. La abogada general emitió su dictamen en el caso Servieren 2022.
Kokott ha sido llamada a emitir dictámenes sobre al menos ocho casos relacionados con el sector farmacéutico y los dio en cuatro de ellos desde 2016. Los dictámenes de los abogados generales tienen mucho peso y los magistrados los siguen aproximadamente en ocho de cada diez casos para redactar sus sentencias definitivas.
InvestigateEurope se puso en contacto con Kokott, quien afirmó «haber cumplido estrictamente todas las normas pertinentes, (…) en particular las relativas a la imparcialidad y los conflictos de intereses». Y respecto alcasoServier, Kokott señaló que, en última instancia, su dictamen no había sido favorable para la empresa. «Sostuve que los acuerdos alcanzados por el grupoServiercon empresas de medicamentos genéricos constituían restricciones a la competencia», explicó la letrada. «Esto no beneficia en modo alguno a otro fabricante de medicamentos, como AstraZeneca, y, por tanto, no aumenta el valor de sus acciones», argumentó.
Kokott confirmó asimismo a los periodistas que solo tiene cinco acciones en AstraZeneca, otras cinco en Merck y siete en BioNTech.Y cuando se le preguntó si el hecho de poseer acciones en un sector en el que también había trabajado podía plantear cuestiones de conflicto de intereses, Kokott deslizó: «No comparto esa impresión».La abogada no respondió a las preguntas que Investigate Europe le formuló sobre si el tribunal había examinado la existencia de un posible conflicto de intereses.
«El hecho de que un jurista apoye al sector farmacéutico en general es problemático, aunque el valor de las acciones sea más bien simbólico«, advierte una figura jurídica de alto nivel familiarizada con el funcionamiento del TJUE que pide permanecer en el anonimato. «Se trata de la percepción que transmite este tipo de casos, y ahí es donde radica el problema», insiste la misma fuente.InvestigateEurope no ha encontrado indicios de que Kokott hubiera obtenido beneficios materiales de ninguno de los casos. Pero la abogada alemana no es la única cuyos intereses privados se acercan mucho a su trabajo.
Los vínculos con el sector de la banca
En 2023, Geert de Baere formó parte como juez de una sala de cinco magistrados que se pronunció sobre un asunto relacionado con BNPParibas. El juez belga del Tribunal General de la UE había declarado previamente un conflicto de intereses con la filial belga del banco francés, BNPParibasFortis. El presidente del Tribunal General, Marc vanderWoude, explica aInvestigateEurope que De Baere no era accionista de BNP. Pero sí tenía allí una cuenta corriente y otra de ahorro, así como una «cartera de acciones y valores de terceros» gestionada en su nombre.
De Baere recibió entonces un caso, relacionado con una factura de BNP a una agencia bancaria de la UE y finalmente ganado por el banco, como parte de un conjunto de asuntos que afectaban a más de 40 entidades financieras.La participación del magistrado era necesaria para «preservar la coherencia de las sentencias», sostiene VanderWoude. El presidente del Tribunal General reconoce que no examinó la situación de conflicto de intereses cuando se asignó el caso a DeBaere, pero afirma que, aun así, habría aprobado la participación del juez en el caso.
Los intereses privados del TJUE abarcan distintos sectores.
DeBaereno posee acciones en BNP, pero sigue manteniendo una relación con el banco y esa circunstancia, «desde el punto de vista de la percepción es problemática», resalta la fuente jurídica anónima con conocimiento de los procedimientos del TJUE. «La imparcialidad judicial debe quedar fuera de toda duda», añade Shari Hinds, responsable sénior de políticas de Transparency International UE. «Lo que ocurre es que algunos de estos casos dejan preguntas sin respuesta sobre si se tuvieron plenamente en cuenta las consecuencias de los conflictos de intereses percibidos a la hora de asignar los casos», continúa.
«El sistema se basa en la autoevaluación»
InvestigateEurope no ha encontrado indicios de que ninguno de estos casos constituya un conflicto de intereses como tal. La investigación, no obstante, sí plantea dudas sobre los controles que lleva a cabo el tribunal a la hora de asignar las causas. «El sistema se basa casi por completo en la autoevaluación«, asegura el profesor Alberto Alemanno. «La manera de proceder es que cuando un miembro identifica un posible conflicto, tiene que notificarlo al presidente del tribunal,quien tiene ‘debidamente en cuenta’ dicha declaración a la hora de asignar los asuntos.[El problema es que] no existe ninguna verificación externa al respecto, ni se publica ningún razonamiento», resalta la misma fuente.
El tribunal sostiene que tal secretismo es necesario para proteger a los jueces de interferencias externas.Y, por la misma razón, los magistrados deliberan en salas colegiadas en lugar de hacerlo individualmente. Durante la investigación, el tribunal rechazó las múltiples solicitudes de información que le envió InvestigateEurope, todas ellas relativas a los intereses de los jueces y la toma de decisiones en torno a la asignación de los casos. El órgano alegó la necesidad de preservar la confidencialidad de las deliberaciones internas.
El tribunal se negó también a facilitar versiones anteriores de las declaraciones de intereses de los jueces, pese a que se trata de documentación pública.En los días previos a la publicación de este artículo, la Defensora del Pueblo de la UE, Teresa Anjinho, aseguró aInvestigateEurope que abrirá una investigación sobre la decisión de no publicar las declaraciones previas y confirmó que se reunirá con el tribunal para tratar el asunto a mediados de septiembre. No obstante, los periodistas pudieron obtener distintas versiones anteriores de las declaraciones de intereses a través de sitios web de archivos de Internet.
Amplia gama de participaciones en empresas
Así, InvestigateEurope ha constatado a partir de documentos de acceso público que, en total, 36 magistrados alegaron intereses en 124 entidades, según sus últimas declaraciones. Entre las empresas más destacadas se encuentran los gigantes de los combustibles fósilesEni, Total y Repsol, la fabricante de medicamentos para adelgazar NovoNordisk, los titanes de la aviación Boeing y Airbus, y el gigante tecnológico estadounidense Amazon.
Los intereses en el sector financiero fueron, con diferencia, los más comunes. Y abarcaban desde instituciones europeas comoErsteBank,Swedbanky BankofValletta hasta el conglomerado estadounidense Berkshire Hathaway, dirigido por el millonario Warren Buffett. La investigación ha revelado que cinco juristas concentraban la mitad de todos los intereses declarados: la maltesa Ramona Frendo, el estonio Lauri Madise, la finlandesa Tuula Pynnä, Juliane Kokott y el austriaco Andreas Kumin.
El 50% de los intereses económicos declarados pertenecen a cinco miembros del TJUE.
Sin embargo, los detalles sobre el volumen y la naturaleza de las participaciones seomiten casi siempre en las declaraciones publicadas.InvestigateEurope ha podido confirmar que casi un tercio de las declaraciones se subieron hace más de tres años, lo que parece contradecir la propia política de transparencia del Tribunal de la UE. Poco después de queInvestigateEurope se pusiera en contacto con el TJUE para recabar sus comentarios en los días previos a la publicación, volvieron a subirse a la página web del organismo más de 35 declaraciones públicas de juristas, la mayoría de las cuales estaban desactualizadas, con nuevas versiones. Al menos tres seguían sin incluir ninguna fecha en el momento de la publicación de este artículo.Y en un caso, además, ni siquiera se llegó a publicar declaración alguna.
Según consta en el código de conducta del tribunal, existe una versión independiente y más detallada de las declaraciones que se distribuye internamente, pero que no se hace pública. Silje Hermansen, profesora adjunta especializada en política judicial de la Universidad de Copenhague, cree que el hecho de permitir que los jueces tengan cualquier tipo de participación accionarial supone un riesgo innecesario para la integridad percibida del tribunal. «Hay que tener en cuenta que, cuando una empresa que cotiza en Bolsa gana un juicio, la noticia suele tener un efecto inmediato en su valor bursátil«, subraya. «El tribunal debería plantearse una reforma por la que los jueces tengan que vender sus acciones antes de tomar posesión de su cargo. Nunca encontrarás a nadie en las instituciones de la UE que cobre más que estas personas», concluye la profesora danesa.
El presidente del Tribunal General, Marc vanderWoude, explica aInvestigateEurope que, en su anterior puesto de trabajo en un bufete de abogados privado, tanto a él como a sus compañeros se les prohibía tener acciones directas. «Estaba absolutamente claro y no había ninguna ambigüedad», recuerda.
En cambio, otro portavoz del TJUE apunta que «los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia son ciudadanos que tienen una vida privada y, por tanto, deciden por sí mismos cómo desean gestionar sus bienes». Al ser preguntado sobre esta amplia gama de participaciones accionariales, señala que «no hay nada de malo en tener acciones o participaciones, siempre que ello no afecte a la buena administración de la Justicia». Y argumenta que, hasta la fecha, nunca ha sido necesario recusarse.
Una vida pasada en el terreno político
InvestigateEurope descubrió también durante estos meses que muchos jueces, nombrados por sus países de origen para mandatos renovables de seis años, habían ocupado anteriormente cargos políticos a nivel nacional, lo que, según algunos expertos, puede suponer un riesgo potencial para la imparcialidad de los casos.
Entre ellos se encuentra el luxemburgués François Biltgen, quien fue ministro durante 14 años, además de estrecho aliado del veterano primer ministro Jean-Claude Juncker. En 2023, formó parte -como uno de los cinco jueces de la sala- de un caso de gran repercusión relacionado con la deuda tributaria de Amazon en el Gran Ducado. La Comisión Europea quería que Luxemburgo recuperara 250 millones de euros que le había eximido de pagar en impuestos al gigante estadounidense. Y alegó que se le había otorgado una ventaja competitiva mediante decisiones de la administración tributaria que se remontaban a la época en que Biltgen formaba parte del Gobierno. El tribunal finalmente falló a favor de Amazon y Luxemburgo.
Biltgen declaró aInvestigateEurope que su participación no constituía en modo alguno un conflicto de intereses: «No puede haber aquí apariencia alguna de conflicto de intereses, salvo que el concepto de conflicto de intereses se amplíe indebidamente». El magistrado alegó que la decisión impugnada la habían tomado las autoridades fiscales de Luxemburgo y no el propio Gobierno. «Desde que me convertí en juez del TJUE, no mantengo ningún contacto oficial con el Partido Socialcristiano [el partido de Juncker]», añadió. «Además, nunca he sido objeto de presiones políticas por parte de ninguna entidad política, ya sea gubernamental o de otro tipo», zanjó.
Silje Hermansen sostiene que no es infrecuente ni va en contra de las normas que los jueces formen parte de un tribunal que se pronuncie sobre un asunto que afecte a su país de origen, así como tampoco se contemplan restricciones a que participen antiguos políticos. El tribunal intenta garantizar, con todo, que los magistrados no actúen como ponentes para evitar cualquier riesgo de parcialidad nacional. En esta función crucial, un juez elabora un borrador de sentencia sobre el que deliberan sus colegas.
Pero InvestigateEurope ha descubierto que, entre 2018 y 2024, los jueces ejercieron de ponentes en unas 30 ocasiones en asuntos que afectaban directamente a su país de origen, tal y como revela el análisis de una base de datos recopilada por IUROPA, un proyecto de investigación que realiza un seguimiento de los asuntos del TJUE.
El «deber de lealtad»
Los magistrados del TJUE tienen «un deber de lealtad hacia el Estado que los nombró, y son esos mismos Estados los que tienen la facultad de renovar sus mandatos», indica Carles Aulés-Blancher, investigador de la Universidad de Yale. El ha estudiado la percepción de parcialidad en el tribunal y considera que los mandatos renovables de seis años son una especie de «espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los jueces y que debería abolirse en favor de mandatos más largos».
En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modificó sus propias normas de nombramiento precisamente por este motivo, introduciendo mandatos de nueve años no renovables para los jueces. «No encontrarás ni un solo tribunal constitucional o supremo en toda Europa en el que los jueces tengan mandatos renovables», avisa una destacada figura del ámbito jurídico que pide permanecer en el anonimato. «Te puedo asegurar que, un año antes de que finalice su mandato, cunde la ansiedad entre los jueces. Y aumenta el número de viajes que hacen para reunirse con ministros o con quien sea necesario, porque quieren seguir en el cargo», insiste la fuente.
Los activistas llevan mucho tiempo criticando el proceso de selección de los jueces, en el que los candidatos son ratificados a puerta cerrada por un comité poco conocido que lleva por nombreComité 255. Este órgano está compuesto por siete juristas europeos, muchas veces antiguos miembros del TJUE. En 2024,Politicoinformó de que un alto cargo de la FIFA formaba parte delComité 255, pese a que el tribunal estaba tramitando múltiples casos relacionados con el organismo rector del fútbol mundial.
Koen Lenaerts, presidente del TJUE, defendió durante una entrevista en 2020 que un juez no debía tener «el más mínimo interés personal» en un asunto. «Esa imparcialidad es también una cuestión de percepción: ninguna de las partes debe albergar ninguna duda razonable sobre la imparcialidad del juez».
Editor: Chris Matthews
Additional reporting: Lisa Pace, Nico Schmidt
Esta investigación ha sido dirigida y coordinada por Investigate Europe, un consorcio periodístico transfronterizo. Se publica en colaboración con EU Observer, Follow The Money, Le Monde, Publico.pt, Publico.es, Le Soir y Taz.
Cuando las inundaciones arrasaron el estado sureño brasileño de Rio Grande do Sul en 2024, causando la muerte de cerca de 200 personas y afectando a más de dos millones, el municipio de Eldorado do Sul fue el más afectado. Casi el 81% de la ciudad quedó inundada y sumergida, y barrios enteros se vieron obligados a reubicarse. Casi dos años después, para muchas familias, la esperanza de quedarse y reconstruir sus vidas sigue siendo escasa.
Algunas personas, como Ursula Silva Pedroso, de 48 años, siguen viviendo en una casa declarada inhabitable tras quedar completamente sumergida. Le han aprobado un nuevo alojamiento a través de un programa de vivienda pública, pero aún no hay fecha confirmada para su entrega.
Arisson Freitas quisiera quedarse en el pueblo, pero las inundaciones de 2024 no le dejaron otra opción.
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Para Arisson Freitas, de 31 años, las opciones son aún más limitadas. Al no encontrar vivienda dentro del programa de compensación pública, se prepara para mudarse a más de 130 kilómetros de distancia. Su antigua casa, junto con el minimercado que regentaba con su madre, ha quedado reducida a escombros. Si bien su madre ha conseguido una vivienda en Eldorado, la mudanza separará a la familia. Han reabierto temporalmente el mercado de enfrente, pero la zona está programada para ser evacuada debido al riesgo constante de inundaciones. «Me gustaría quedarme, pero es imposible», dijo Freitas.
Sin embargo, en uno de los pocos terrenos que se salvaron de las inundaciones, se está construyendo un centro de datos a hiperescala. Se prevé que la futura Ciudad de la IA, desarrollada por la destacada empresa tecnológica latinoamericana Scala Data Centers, se convierta en el centro de datos más grande de América Latina. Tan solo la primera fase implica una inversión de hasta 500 millones de dólares y se estima que su coste total ascenderá a 90.000 millones de dólares una vez finalizado.
En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la compañía, se afirma que el emplazamiento de la Ciudad de la IA de Scala «fue elegido por su probada seguridad frente a desastres naturales –incluidos los fenómenos climáticos–, su abundante suministro de energía y su capacidad inmobiliaria que permite una expansión continua durante décadas».
A poco menos de dos millas del emplazamiento propuesto para el centro de datos, una pequeña aldea indígena guaraní también lucha por permanecer en un lugar seguro. Durante las inundaciones, la comunidad, liderada por Estevan Garai, se vio obligada a evacuar su territorio original, situado a cierta distancia. Al regresar, encontraron sus hogares destruidos. Pero los daños no fueron causados únicamente por las inundaciones. El pueblo también se vio afectado por las excavadoras del gobierno que trabajaban en un proyecto de ampliación de la carretera.
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Actualmente, la comunidad vive a unos tres kilómetros del emplazamiento previsto para el centro de datos, por lo que no tiene garantía de que se le permita quedarse. Al preguntarle sobre su posible nuevo vecino, Estevan expresó que no sabía nada: «¿Un centro de datos? No lo sabía«.
La comunidad indígena se encuentra ahora en una pequeña zona al borde de una carretera, lo que la expone al riesgo de sufrir accidentes de tráfico.
La difícil situación del jefe tribal refleja las preocupaciones surgidas en otros países, donde la rápida expansión de los centros de datos ha sido acusada de marginar a las comunidades locales. Una investigación del Environmental Reporting Collective en la India documenta el presunto desplazamiento de familias dalit de bajos ingresos —una de las comunidades más vulnerables del país— de su barrio en Mumbay para dar paso a un nuevo proyecto. En Tailandia, los residentes de las provincias de Chonburi y Rayong afirman haber sido mantenidos en la ignorancia sobre los proyectos urbanísticos previstos, en particular sobre su posible impacto ambiental.
Muchas comunidades indígenas de la zona afectada por el centro de datos desconocen el proyecto
Roberto Liegbott, coordinador de Cimi-Sul —una organización vinculada a la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Brasil que defiende los derechos indígenas—, afirma que numerosas comunidades indígenas de la zona afectada por el centro de datos desconocen el proyecto. Brasil es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, que exige la consulta previa con los pueblos indígenas sobre proyectos que afecten a su modo de vida tradicional.
El cacique Estevan y el pueblo guaraní fueron reubicados en un lugar cercano al futuro campus del centro de datos.
En un asentamiento cercano del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, por sus siglas en inglés), ocho familias también han solicitado ser reubicadas en terrenos más elevados. «Eldorado do Sul tiene terreno elevado y buena tierra», apunta João Francisco Morais Cardozo, también conocido como Tigre, del asentamiento MST. «Lo que se necesita es que el gobierno estatal compre un terreno del tamaño del centro de datos y lo ponga a disposición del municipio para construir una universidad, un centro de salud y desarrollar un nuevo barrio». Sin embargo, el gobierno de Rio Grande do Sul no respondió a las preguntas sobre la reubicación de las familias afectadas por las inundaciones ni sobre la situación de la comunidad indígena.
Scala ha declarado que está tomando medidas para «mejorar la resiliencia» de su infraestructura y mitigar el impacto de futuros desastres naturales y relacionados con el clima, incluidas las inundaciones. En su informe de sostenibilidad, la empresa afirmó que las inundaciones de 2024 demostraron cómo los impactos climáticos interconectados pueden afectar a zonas que anteriormente no se habían clasificado como de alto riesgo.
Según las proyecciones del modelo elaborado por el Environmental Reporting Collective, los efectos en cadena de las lluvias y el desbordamiento de los ríos impactan a varias ciudades, incluidas aquellas con baja exposición a inundaciones. Añadió que combina la modelización de datos con evaluaciones cualitativas para comprender mejor las vulnerabilidades generales y los impactos indirectos. Para Estevan, sin embargo, la consulta sigue siendo la principal preocupación. «Sería importante saber más», comenta, en referencia a a las estrategias de resiliencia ante inundaciones. «Pero los blancos nunca hablan con nosotros».
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.
El PP ha puesto la diana en la Ley de Nietos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Gobierno está haciendo «ingeniería electoral» para «conseguir los votos que le faltan». Trata de amplificar, así, el fantasma de la manipulación de las elecciones como ya hizo Vox durante la comparecencia de Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Este martes, en una entrevista en esRadio, Feijóo se ha sumado con todo el equipo. El jefe de la oposición ha tratado de sembrar la duda sobre la limpieza del procedimiento de nacionalización al que están pudiendo acceder casi dos millones y medio de descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. En concreto, ha cuestionado que el proceso en Cuba vaya a contar con todas las garantías y ha asegurado que el Gobierno se reserva «la capacidad» para asignar provincia a un solicitante de nacionalidad cuando este no sepa «muy bien en qué provincia quiere votar».
Un portavoz del Ejecutivo, en conversación con Público, niega rotundamente que el proceso de nacionalización de hijos y nietos de exiliados por la acción de la dictadura tenga ningún fin electoral. «Es un proceso garantista«, aseguran fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Desde Exteriores defienden, con esa misma palabra, la limpieza del procedimiento y descartan que se esté incurriendo en ninguna irregularidad en Cuba o cualquier otro país. También que el Gobierno tenga algún tipo de capacidad de decisión en la asignación de provincias —circunscripción electoral— a los solicitantes de la nacionalidad española.
El proceso está regulado por la conocida como Ley de Nietos, que en realidad es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué dice exactamente? Que «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española«. También «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y los descendientes de los españoles a los que ya se les reconoció la nacionalidad con la aplicación de la Ley de Memoria de 2007.
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Tal y como aclaran fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, los datos son los siguientes: hasta el 31 de marzo, la fecha límite para realizar solicitudes de cita para la nacionalización, se registraron 2,4 millones de peticiones. De esos 2,4 millones, se han tramitado 1,2 millones de solicitudes en las oficinas consulares. 544.722 han sido ya aprobadas y, de ellas, 306.000 personas están inscritas ya en el registro, es decir, tienen la nacionalidad española y podrán votar en las próximas elecciones.
Las solicitudes de nacionalización en Cuba
Feijóo ha deslizado, en su entrevista en esRadio, que el PP está «preocupado» por el hecho de que, concretamente en Cuba, se haya confiado el proceso de la «revisión de las solicitudes» a una empresa cubana. Público ha preguntado al Ministerio de Exteriores por ello. «Es falso», zanjan. El Ejecutivo concreta que «en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la aprobación del expediente de nacionalidad corresponde exclusivamente al personal funcionario del Consulado General».
Lo que ocurre es que «es habitual que las embajadas contraten a personal local» para el trabajo administrativo. En el caso concreto de Cuba, la Embajada de España colabora con Palco, un grupo empresarial del país. Esa colaboración, según el Gobierno, se extiende «desde hace más de 10 años«. Y especifica: «La legislación cubana obliga a las representaciones extranjeras que necesitan trabajadores locales para el ejercicio de labores administrativas en Cuba a hacerlo bajo la intermediación de Palco (entidad empleadora)». Así que no es algo que se someta a elección del Gobierno español. En cualquier caso, las fuentes de Exteriores consultadas remarcan que «las labores del personal local contratado en relación con los expedientes de nacionalidad y con cualquier otro expediente consular se limitan a un trabajo administrativo, en ningún caso a la aprobación del expediente final, que —subrayan de nuevo— corresponde en todo momento al personal funcionario del Consulado General».
La elección de provincias
Tanto Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han lanzado, este lunes, otra acusación. En concreto, han asegurado que la Ley de Memoria Democrática habilita al Gobierno central para asignar una provincia «cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar«. Así lo ha explicado Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha afirmado que «el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según dónde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño«. Es una acusación de pucherazo en toda regla. «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece«, ha añadido la baronesa madrileña, «ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal».
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Nadie en el Gobierno entiende de dónde han sacado Feijóo y Ayuso un argumento de esas características. Desde luego, es un punto que no aparece en la Ley de Memoria Democrática. «En el momento de adquisición de la nacionalidad en el exterior, ha de presentarse un formulario firmado por el interesado de elección de municipio a efectos electorales», explica el Ministerio de Exteriores. «La elección por parte del interesado», completan, «la hará exclusivamente en función de los criterios previstos en el propio formulario: última residencia en España, municipio de mayor arraigo propio, municipio de mayor arraigo de sus ascendientes, y otros motivos, que deberán ser especificados».
En cuanto al papel de los funcionarios consulares, «no intervienen en ningún caso en la elección del municipio por parte de los interesados y se limitan a subir la declaración firmada al sistema, que es recibida por la oficina del censo». ¿Y si el solicitante no rellena la casilla del municipio en el que se quiere censar? Exteriores especifica que «si los formularios no están completos, se inadmiten» y «si aun así se envían con algún defecto, el CERA los rechaza». Las fuentes del ministerio de José Manuel Albares recuerdan, además, que «los votos emitidos en el exterior llegan a España exclusivamente por valija diplomática con todas las garantías de custodia«.
El formulario adjunto a continuación es el documento de la Oficina del Censo Electoral que tienen que rellenar las personas que solicitan votar desde el extranjero y que aplicará, también, a aquellas que obtengan la nacionalidad por la Ley de Nietos. En él, se aprecia una casilla en la que se le pide, al solicitante en cuestión, el municipio en el que quiere se quiere adscribir y otra para el motivo que alega.
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Documento de la Oficina del Censo Electoral que tienen que rellenar las personas que solicitan votar desde el extranjero.
En el 23J, el voto CERA benefició al PP
Feijóo ha incidido con Jiménez Losantos en que Buenos Aires, con 640.000 peticiones de nacionalidad, se convertirá «en una de las grandes ciudades españolas». De hecho, según datos del Gobierno obtenidos por este medio, Argentina, con 1.096.000 solicitudes, acapara casi la mitad del total. Esto es, tal y como explica el Ministerio de Ángel Víctor Torres, porque la Ley de Nietos también incluye a los exiliados por motivos económicos producto de la dictadura. Muchos marcharon a Argentina.
Lo que creen en el PP, en cualquier caso, es que Sánchez busca con esta ley generar una fábrica de votantes. Sin embargo, el análisis del voto CERA en las elecciones del 23J —las de julio de 2023— desprende que el voto extranjero otorgó un triunfo al PP. Feijóo fue el candidato más votado con 66.422 votos, por los 58.973 que obtuvo Pedro Sánchez. El PP llegó a arrebatar al PSOE, incluso, un escaño por Madrid y fue la lista más votada, en términos de voto CERA, en siete comunidades autónomas: Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Balears y la Región de Murcia. En Galicia, por ejemplo, Feijóo se impuso en las cuatro provincias.
De todas formas, no es nada nuevo que Feijóo trate de generar dudas alrededor del voto por correo. La hemeroteca está ahí. Ya en 2008, el popular ponía el acento en que los emigrantes gallegos en Argentina podían decantar las elecciones autonómicas y pedía «extremar la cautela» para asegurar «transparencia y neutralidad» en el voto por correo de los residentes en el exterior. Transmitir desconfianza no es una práctica particular de 2026.
Al mismo tiempo, en el PP dan importancia electoral a los españoles que viven fuera. Lo hacían antes y lo hacen ahora. Feijóo viajó a Argentina y Uruguay, en 2011, para pedir apoyo para Mariano Rajoy. 15 años después, este mismo lunes, Borja Sémper, portavoz nacional de la formación, ha subrayado que el PP «intentará» que les voten «esos dos millones y medio», en referencia al número de personas que potencialmente puede acceder a la nacionalización por la Ley de Nietos.
Preguntas al PP sin respuesta
Público ha planteado dos preguntas al PP acerca de las afirmaciones de Feijóo, que estaban sin respuesta en el momento de publicación de este artículo. Son las siguientes:
– Alberto Núñez Feijóo afirmó que «se ha dado» a una empresa cubana la responsabilidad de la «revisión de solicitudes» para la nacionalización de personas en el marco de la denominada Ley de Nietos. ¿A qué se refiere? ¿Dónde creen que puede encontrarse el fraude o la irregularidad?
– También ha dicho que el Gobierno «se deja la capacidad» para asignar la provincia cuando «el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar». ¿En qué documento figura que es el Gobierno quien elige la provincia?
El guion rara vez cambia. Una gran empresa tecnológica llega a la ciudad con mucho dinero y presenta sus planes para un enorme campus de centros de datos que consumirá muchísimos recursos. El gobierno extiende la alfombra roja, confiando en la promesa de crecimiento económico, avances tecnológicos y un lugar privilegiado en el mapa mundial de centros de datos. Para las comunidades locales, si bien el empleo suele presentarse como uno de los principales beneficios de tener una instalación de hiperescala como vecina, no siempre se materializa.
Cuando Sirlei Souza, de 62 años, se enteró de que se iba a construir un centro de datos en Eldorado do Sul, en Brasil, prometiendo puestos de trabajo, se mostró optimista. La empresa brasileña Scala Data Centers había anunciado la construcción de AI City, considerado el centro de datos más grande de Latinoamérica, a tan solo cuatro kilómetros de su pueblo. Scala Data Centers tiene su sede en Brasil y fue fundada por DigitalBridge, una firma estadounidense de inversión global en infraestructura digital.
Los habitantes de Eldorado aún luchan por recuperarse de las devastadoras inundaciones que azotaron la región en 2024, las cuales dañaron sus cultivos, ahogaron el ganado y destruyeron el 81% de las viviendas y los negocios locales. El municipio fue uno de los más afectados de la región. «La gente estaba muy contenta con la noticia del centro de datos porque muchos de ellos necesitaban abandonar la región para trabajar en otros lugares», declara Souza, líder comunitaria en el municipio de Guaíba.
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Los residentes también esperaban que el proyecto aportara nueva infraestructura al territorio, mejorara sus carreteras deterioradas y trajera transporte público a la zona. Sin embargo, las dudas se apoderaron de los residentes cuando empezaron a leer artículos periodísticos sobre el posible impacto de los centros de datos, como el uso intensivo de recursos hídricos y energéticos. Se dieron cuenta de que prácticamente no sabían nada sobre el proyecto. «Estamos intentando obtener más información», comenta la líder comunitaria. «Pero la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros».
Cuando Sirlei Souza escuchó por primera vez que se construiría un megacentro de datos en su vecindario, se llenó de esperanza. Pero ahora le preocupa que la promesa de empleos no se materialice.
Mientras tanto, Raquel do Reis Roman, de 45 años, está preocupada de que la promesa de empleo sea solo una «ilusión» y no llegue a quienes lo necesitan. «Los puestos de trabajo que requieren mayor cualificación irán a parar a gente de fuera, porque la mayor parte de la población local no tiene las cualificaciones necesarias.»
Sobrevivir a las inundaciones
En la ciudad, Marginato Matos, de 59 años, sociólogo y uno de los coordinadores de la campaña de emancipación de Eldorado do Sul a finales de la década de 1980 —cuando buscaba la independencia del municipio de Guaíba—, expresa que incluso los trabajos más básicos serían bienvenidos. «La situación social en la ciudad es muy grave. No creo que la ciudad se recupere [de las inundaciones] en menos de diez años», afirma. «Los albañiles no tienen trabajo, ni tampoco las empleadas domésticas. Si se les da una oportunidad, podría ser un paso positivo en la recuperación».
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Scala Data Centers anunció que la primera fase de construcción generaría más de 3.000 empleos directos e indirectos e impulsaría sectores como la energía, la construcción y las telecomunicaciones. La compañía se ha comprometido a priorizar la mano de obra y los proveedores locales, apoyar el desarrollo de la región e invitar a empresas de su cadena de suministro a establecerse en ella. No obstante, Scala no proporcionó más detalles sobre la naturaleza ni la duración de los empleos. En su lugar, se limitó a afirmar que, una vez en funcionamiento, su centro de datos no afectaría a los recursos energéticos e hídricos locales.
En todo Eldorado do Sul los vestigios de la devastación causada por las inundaciones son omnipresentes.
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El Gobierno local tampoco respondió a las preguntas sobre los empleos prometidos en el centro de datos. La alcaldesa de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, y su equipo han estado trabajando para ayudar a la ciudad a recuperarse de las inundaciones y consideraron que el proyecto AI City contribuiría a la reconstrucción de la ciudad. «Tanto desde el punto de vista de recuperar la confianza… como en términos de inversión. De hecho, supondrá un cambio de paradigma«, aseguró el pasado mes de abril. No respondió a las últimas solicitudes de declaraciones.
Cuando los empleos generados no son suficientes
En la India, por su parte, se necesita una inversión media de 770.000 dólares para crear un solo puesto de trabajo en un centro de datos, según un análisis de los registros de decenas de centros de datos. Este análisis se ha basado en la recopilación y revisión de 140 documentos gubernamentales relacionados con 67 proyectos de centros de datos que solicitaban autorizaciones ambientales entre 2021 y 2025. De ellos, 46 proyectos incluían detalles sobre inversiones y empleos.
Los centros de datos en toda la India generan pocos empleos en relación con la inversión realizada, según revela el análisis. Sin embargo, requieren enormes cantidades de energía, agua y territorio, lo que supone una gran presión para el medio ambiente y las comunidades que ya viven en situación de vulnerabilidad.
Entre las empresas analizadas, los centros de datos de Amazon crearon la menor cantidad de empleos en relación con la inversión realizada. Amazon tiene previsto construir seis centros de datos cerca de Hyderabad y Mumbai. En conjunto, estos centros ocupan 118 hectáreas . La compañía de Jeff Bezos planea invertir 3.900 millones de dólares en estos proyectos. Sin embargo, solo generarán alrededor de 929 empleos, aproximadamente un puesto de trabajo por cada 4,2 millones de dólares invertidos.
En comparación con otras empresas, los centros de datos de Amazon también generaron la menor cantidad de empleos por unidad de terreno y por unidad de potencia informática generada. Los representantes de la firma no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. «La IA ya está reemplazando a personas en puestos de trabajo en todos los sectores», afirma Nityanand Jayaraman, investigador y activista de Chennai, en la India. «Ahora, los centros de datos, que generan muy pocos empleos, compiten directamente por los recursos humanos».
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.
Lista de artículos:
Este es uno de los artículos de una seri de reportajes. Puedes leer el esto aquí:
Luis García Valverde y Aurora Gómez celebraron la navidad de 2024 de un modo diferente. Lo hicieron repasando cientos de páginas de documentación técnica sobre el faraónico proyecto que Amazon está levantando en Aragón. Una red de centros de datos que la multinacional aspira a convertir antes de 2030 en probablemente su mayor infraestructura física fuera de Estados Unidos.
Hasta 11 complejos, tras la última ampliación anunciada en marzo, desplegados por la región, interconectados entre sí y diseñados para hacer funcionar un cierto tipo de inteligencia artificial. Sobre todo, aplicaciones generadoras de texto, imagen y vídeo que requieren enormes cantidades de energía y agua para funcionar. Y que al mismo tiempo son la gran apuesta de gigantes como Amazon para seguir aumentando unos beneficios anuales récord.
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La fiebre de la IA aterriza en Aragón con el macrocomplejo de Amazon: todo lo que debes saber.
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Gómez y Valverde recuerdan aquellas semanas como un «infierno». El análisis de aquellos informes desembocó a la vuelta del parón navideño en varias alegaciones formales contra el complejo de Amazon Web Services (AWS), la filial de computación de la firma estadounidense. Pero sobre todo plantó la semilla de un proyecto más ambicioso. Que con el tiempo ha cristalizado en el primer movimiento organizado en España contra los centros de datos de la era de la IA generativa.
Esta industria en expansión por todo el planeta ha encontrado en tierras aragonesas un verdadero filón. Los centros de AWS son sólo los primeros de una larga lista de macrocomplejos que aspiran a brotar en la región y que tienen en el gobierno autonómico a su principal valedor. Otro gigante tecnológico como Microsoft ya tiene todos los permisos para levantar tres nuevos centros.
También grandes nombres de los sectores inmobiliario, energético y de la construcción se han sumado a esta fiebre promotora. Firmas españolas como ACS, Forestalia, el fondo Azora y la socimi Merlin Properties, y corporaciones globales como el fondo Blackstone, tienen aquí proyectos en diferentes fases de tramitación.
Pero si el desembarco de grandes centros de datos, conocidos como hiperescalares, había navegado hasta ahora en España en un clima social de cierta indiferencia, el panorama parece estar cambiando. El colectivo del que Gómez y Valverde forman parte junto a otros activistas e investigadores lleva meses plantando cara a esta industria tanto en la calle como en los tribunales.
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Aurora Gómez, fundadora y portavoz de Tu Nube Seca Mi Río, un colectivo pionero en la oposición a los centros de datos para la IA en España.
En el marco del proyecto internacional Dirty Data coordinado por la organización periodística Environmental Reporting Collective (ERC), Público relata por primera vez desde dentro, a través de información y testimonios inéditos, cuál es su historia. También detalles exclusivos de la demanda que este colectivo está a punto de interponer ante el Gobierno de Aragón por la tramitación exprés del macroproyecto de Amazon.
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La fuerza de la presión popular
En mayo las autoridades de Box Elder en el estado de Utah aprobaron el proyecto Stratos. Un complejo de servidores para la IA que ocupará un terreno equivalente a dos veces la isla de Manhattan y que según diferentes estudios amenaza al Gran Lago Salado contiguo a este condado. Varios centenares de vecinos acudieron a la audiencia pública para tratar de frenar el proyecto.
Escenas similares llevan meses ocurriendo por todo EEUU. Aunque los vecinos de Box Elder no han conseguido por ahora su objetivo, grupos ciudadanos en diferentes rincones del país ya han logrado paralizar proyectos multimillonarios. En respuesta a esta creciente oposición una larga lista de gobiernos locales han aprobado legislaciones contrarias a la construcción de nuevos centros.
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El guante lo han recogido Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, figuras del ala progresista del Partido Demócrata, que en marzo propusieron una moratoria nacional a esta industria. Por el momento en España la conversación, y el propio despliegue de esta industria, avanza varias pantallas por detrás. Pero desde hace casi un año las cosas se están moviendo en Zaragoza y sus alrededores.
En septiembre las calles de la capital aragonesa vieron cómo una columna de manifestantes marcharon hasta la plaza de San Pedro de Nolasco, en pleno Casco Antiguo. El recorrido escogido para la primera manifestación contra los centros de datos en España no fue casual. La marcha partió del barrio de Torrero, donde se ubicará uno de los tres complejos de Microsoft, y concluyó frente al departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés.
«No esperábamos a tanta gente», relata más de medio año después Cristina García, miembro deNo es sequía, es saqueo, el colectivo que organizó la protesta. Este grupo se había creado unos meses antes con el objetivo de cambiar una narrativa hasta entonces dominada, señala García, por las propias empresas, el Ejecutivo autonómico y sus medios afines.
Desde entonces y a través de sus redes sociales el grupo difunde la cara menos amable de estas infraestructuras, denunciando por ejemplo cómo el ejército de Israel ha usado la nube de Microsoft y AWS en el genocidio de Gaza. O cómo estas mismas empresas dan soporte al ICE, punta de lanza de Trump en su cruzada antimigratoria, a través de estos centros.
Imágenes de la manifestación celebrada en Septiembre de 2025 por las calles de Zaragoza para protestar contra la construcción de grandes centros de datos en Aragón.
Su otro foco está en la organización de charlas públicas en los municipios de Aragón donde han sido anunciados nuevos centros. Y de actividades como un reciente «paseo tóxico» por las inmediaciones del enorme solar que planea ocupar Microsoft al sur de Zaragoza.
Cristina García, activista digital: «Podríamos replicar lo que está pasando en EEUU»
Rememorando la manifestación del año pasado, García apunta a la «sensación de esperanza» que sintió al ver que su primera convocatoria pública no había caído en saco roto. «Recuerdo que pensé que toda esa gente que estábamos ahí podríamos replicar lo que está pasando en EEUU», señala, aludiendo a la «fuerza popular» que ha logrado frenar ya varios proyectos.
Las empresas constructoras de centros de datos saben que un punto clave de su negocio es dar con autoridades dispuestas a tramitar con la mayor celeridad proyectos que tienen una compleja infraestructura asociada. Desde una conexión a una fuente energética capaz de saciar su ingente sed de vatios, a buenas comunicaciones ante una eventual situación de crisis, pasando por terrenos disponibles que garanticen su capacidad de crecer.
El caso aragonés es paradigmático en ese sentido. El Ejecutivo de Azcón está tramitando todos los complejos mencionados en este reportaje mediante la figura de los PIGA (Proyecto de Interés General), una categoría administrativa reservada para inversiones de «especial trascendencia» para el territorio. Y que conlleva, entre otros puntos, bonificaciones fiscales, una priorización frente a otras iniciativas y una reducción de los plazos de tramitación.
Una demanda pionera en ciernes
En agosto de 2025 el Gobierno de Jorge Azcón aprobó el PIGA del primer proyecto de expansión de AWS, que incluye cinco complejos en varios municipios aragoneses. La autorización definitiva del Ejecutivo no requirió a la empresa hacer cambios sustanciales en el proyecto, tal y como pedían varias de las organizaciones que presentaron alegaciones.
Solo uno de los 11 complejos planteados a día de hoy prevé consumir el 16,5% de toda la energía que usa Aragón
Casi cualquiera de las cifras asociadas a este macro proyecto, una especie de avanzadilla de esta industria en tierras aragonesas -desde finales de 2022 AWS ya tiene tres centros operativos, más pequeños, y actualmente en expansión- son inéditas. Solo uno de los 11 complejos planteados a día de hoy por la empresa prevé consumir el 16,5% de toda la energía que usa la comunidad y se espera que el conjunto de todos ellos supere con creces la demanda actual de todo Aragón.
Los números en torno al agua son igualmente una fuente de preocupación, en especial por las maniobras de la empresa para tapar su impacto hídrico y la opacidad demostrada también para sus centros en España. Desde AWS declaran que «su primer objetivo» es «ser un vecino comprometido con aquellas comunidades» donde se intalan. «Para ello, estamos en continuo contacto con los diferentes agentes sociales y económicos de la región, desde asociaciones vecinales, grupos ecologistas, sindicatos, instituciones públicas y administrativas, así como organizaciones de empresas locales, entre otras», alegan. «Fruto de estas colaboraciones han surgido diferentes proyectos comunitarios centrados en formación STEM, protección y cuidado del medioambiente, desarrollo económico del tejido empresarial local, innovación y tecnología, etc.».
Aspecto exterior del centro de datos de Amazon Web Services ubicado en el municipio de El Burgo de Ebro (Zaragoza), uno de los tres complejos operativos desde 2022 y actualmente en expansión.
Luis Valverde, de Ecologistas en Acción, y Aurora Gómez, de Tu Nube Seca Mi Río, recuerdan que una vez agotada la vía de las alegaciones debatieron internamente cuáles podrían ser sus siguientes pasos. Junto con el grupo de académicos que les está acompañado en este proceso –entre las que está el investigador Enol Nieto, de la Universidad de Vic–, decidieron entonces darle forma a una idea que les rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Llevar al Ejecutivo de Azcón ante los tribunales por la manera en que ha tramitado este macro proyecto, que tachan de «ilegítima».
«Hacen oídos sordos a la ciudadanía preocupada y se saltan procesos democráticos«, señala a Público Gómez, poniendo el foco en la reducción de los plazos de participación pública que conllevan los PIGA.
Valverde apunta que en ese momento se toparon con dos importantes obstáculos: cómo financiar el procedimiento judicial y dar con letrados dispuestos a embarcarse en esta causa. Tras descartar acudir al fondo jurídico de Ecologistas en Acción, el grupo decidió crear una campaña de micromecenazgo abierta a la ciudadanía, que en apenas seis días alcanzó los 7.300 euros que se habían marcado como objetivo mínimo.
El método de financiación escogido, explica este medioambientalista, además de solventar la cuestión económica, buscaba también dar a conocer su causa y comprobar hasta qué punto la gente estaba interesada en apoyarla. «Frente a un PIGA que no es realmente de interés general para Aragón, nosotros podíamos evidenciar cual es el verdadero interés de los aragoneses», señala.
«Todo el rato nos estamos inspirando en otros países y en colectivos, incluso en otras épocas«, apunta por su parte Gómez, aludiendo a las experiencias exitosas de micromecenazgo de la organización británica Global Action Plan, especializada en litigios sociales y medioambientales.
Una vez superado con éxito el obstáculo del dinero -la campaña logró recaudar finalmente 15.000 euros- el grupo encontró en el Fons de Defensa Ambiental, una pequeña asociación de Barcelona especializada en la defensa de litigios ambientales, el soporte jurídico que necesitaban.
Amazon mueve ficha
El equipo de letrados que está llevando el caso presentó en enero el recurso contencioso administrativo contra el Gobierno aragonés, el paso previo a la interposición de una demanda ante una administración. Pocas semanas después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo admitió a trámite, abriendo así un plazo todavía abierto para el estudio del enorme expediente asociado a este proyecto multimillonario.
En este tiempo, Amazon no se ha quedado de brazos cruzados. Según ha podido saber Público de fuentes conocedoras del procedimiento, la empresa interpuso un recurso de reposición, ya desestimado por la sala del TSJA, contra la admisión del contencioso por parte del alto tribunal, alegando que este se había presentado fuera de plazo.
Estas mismas fuentes señalan que la compañía se ha opuesto también a la ampliación del expediente que reclama la acusación, para así poder integrar en la causa los informes de todos los complejos que la multinacional ha hecho públicos hasta el día de hoy.
Luis García Valverde, miembro de Ecologistas en Acción, lleva varios años siguiendo el desarrollo de grandes centros de datos en España, en especial los proyectos ubicados en Aragón.
A preguntas de Público, un portavoz de la compañía admite que AWS ha intervenido en «algunos de los trámites procesales» del procedimiento, pero declina dar más detalles al tratarse de un proceso judicial en marcha. Desde el Gobierno aragonés, por su parte, argumentan haber «actuado conforme a la ley» y señalan estar dispuestos «a defender su acción de gobierno en las instancias que sean pertinentes».
Preguntadas también sobre un posible acercamiento a las entidades de la sociedad civil demandantes, fuentes del Ejecutivo de Azcón señalan que «ni acercamiento, ni lo contrario». «Lo que corresponde es contestar el procedimiento contencioso dando respuesta a lo que se haya planteado por parte de los recurrentes», responden por escrito a este medio.
La jurista Mireia Orra de Salsas señala que desde una mirada jurídica el contencioso abierto en Aragón es una estrategia muy novedosa en el contexto español. A diferencia de tradiciones como la anglosajona, donde una única sentencia favorable puede fijar jurisprudencia ante casos similares, aquí el camino es más complejo. «Un litigio ganado puede ayudar, pero solo eso».
Orra de Salsas, quien apunta también a la gran cantidad de «tiempo y recursos» que requieren estos procesos, ha estado directamente implicada en los últimos años en varios litigios estratégicos frente a los abusos de la tecnología en sus diferentes derivadas. Uno de ellos fue la denuncia contra la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) por el uso de reconocimiento facial que en 2022 desembocó en una multa de la agencia catalana de protección de datos.
Karen Hao, periodista: «Cuando la gente se levanta, los imperios se derrumban»
Este caso, explica la jurista hoy miembro del colectivo DonesTech, ejemplifica cómo estos procesos pueden alargarse durante años. Tras la multa inicial, las entidades litigantes abrieron un contencioso contra la agencia catalana por apartarlas del proceso. Una demanda que más de tres años después sigue sin resolverse. «Lo de Aragón va para largo«, concluye esta experta.
Desequilibrio de fuerzas y un fin ambicioso
«Cuando la gente se levanta, los imperios se derrumban». La periodista y autora estadounidense Karen Hao cerró así hace unas semanas su charla inaugural en re:publica, uno de los encuentros de referencia en Europa sobre tecnología y derechos.
En su reciente libro El imperio de la IA. Sam Altman y su carrera por dominar al mundo (Península, 2025), Hao usa la metáfora de los imperios para diseccionar las estructuras de poder que los gigantes de la IA están levantando en todo el planeta, incluidos los centros de datos. Pero también apunta cómo la creciente contestación ciudadana en todo el planeta puede hacer tambalear hasta a las empresas más poderosas.
Más allá del resultado final en los tribunales, las diferentes fuentes consultadas para este reportaje describen el contencioso abierto contra el Gobierno aragonés como una pata de una estrategia mucho más amplia, con objetivos ambiciosos. Desde el movimiento de resistencia aragonés aseguran que su fin último no es otro que «sentar un precedente legal crucial para todo el Estado, un muro contra la burbuja especulativa de los datos».
Imagen del centro de datos de AWS en El Burgo de Ebro, donde se observan los tanques para el almacenamiento de agua y, sobre el edificio, los generadores de energía.
«El actual proceso en torno a los centros de datos va a explotar en cualquier momento y va a pillar a mucha gente por el camino«, advierte Carlos López, miembro de Ecologistas en Acción en Aragón, haciéndose eco del creciente número de voces que alertan de una burbuja en torno a la IA. «La única manera de que esto no ocurra es a través de la oposición social».
En una línea similar se expresa Cecilia Rikap, profesora del University College London (UCL), quien analiza desde hace años cómo la gran industria tecnológica impacta en la soberanía y el desarrollo de los países. «Estos centros siempre requieren la autorización de los gobiernos locales, quienes por ignorancia, desidia o por apoyar antes a las empresas que a la población local, terminan no solo autorizando su instalación sino también haciéndoles exenciones de impuestos«.
Esta economista otorga a la sociedad civil organizada un papel «fundamental» para crear conciencia sobre los costes de estas infraestructuras. «La visibilización del problema solo se logra gracias a la movilización colectiva desde los territorios», añade Rikap.
Cualquier observador externo detectaría fácilmente el desequilibrio de fuerzas entre las partes de la batalla que se ha abierto en Aragón. De un lado, una industria con los bolsillos llenos de liquidez y una amplia plantilla de abogados que tiene en Amazon a su particular punta de lanza. Del otro, un incipiente movimiento ciudadano que se ha apoyado en un crowdfunding para su primer movimiento de peso en esta partida.
Esta realidad no parece por el momento desanimar a este colectivo. «Estas empresas parecen todopoderosas, pero realmente no lo son«, indica Cristina García.
Esta activista tira de los ejemplos que llegan de EEUU para asegurar que, a pesar de todo, «estos proyectos sí se pueden parar». Recordando que en ocasiones son los propios promotores quienes los retiran si se topan con una resistencia organizada. «El desembarco de esta industria nos va a afectar y va a hipotecar nuestro futuro, por eso es importante que nos movilicemos», concluye.
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.
Los medios de comunicación en internet están sufriendo una importante y sostenida pérdida de audiencia. Esta situación se ha agudizado en los dos últimos años y se produce en todo el mundo. Aunque las cifras pueden bailar ligeramente, todos los estudios y análisis publicados por diferentes instituciones coinciden en señalar ese pronunciado descenso de usuarios que visitan las webs de los medios de comunicación tradicionales.
El informe publicado hace apenas dos semanas por el Instituto Reuters, el Digital News Report 2026 —una especie de Biblia para el sector— pone cifras a esa pérdida de audiencia entre los medios digitales. Desde 2021, el porcentaje de usuarios que usa al menos una vez a la semana la web o la app de un medio de comunicación para informarse ha pasado del 63% al 51%. El dato más significativo es que, por primera vez, las redes sociales y las plataformas de vídeo se convierten en el canal más utilizado para acceder a las noticias: el 54% de los encuestados las utiliza semanalmente para informarse, mientras que el 51% entra en las webs o las aplicaciones de los medios.
Con todo, el dato más llamativo es que, por primera vez a nivel global, las redes sociales y las plataformas de vídeo se imponen a la webs y aplicaciones de los medios tradicionales como fuente principal de información. En concreto, un 54% de los usuarios se informa cada semana a través de redes y plataformas de vídeo, mientras que un 51% recurre a webs y aplicaciones de medios.
España no es ajena a este fenómeno. El informe de Reuters indica que aquí también las redes sociales y el vídeo ya son fuentes más populares que los medios para informarse. Las redes sociales suponen la vía principal de acceso a la información para el 47% de los usuarios, ya por encima de las webs de noticias, que alcanza un 44%.
La tendencia, sin embargo, es preocupante para las cabeceras periodísticas. Un vistazo a la evolución temporal permite atisbar que en 2015, un 75% de los usuarios españoles utilizaban las webs de medios como vía principal para informarse, 29 puntos más que en 2026.
La evolución de la audiencia
Los últimos datos publicados por GfK DAM, el medidor oficial de audiencias digitales en España, confirman el fuerte retroceso del sector de los medios. Los principales periódicos generalistas de ámbito estatal han perdido de media más del 20% de su audiencia en un solo año, si se comparan las cifras de mayo de 2026 con el mismo mes de 2025.
Entonces, había catorce medios con una audiencia media diaria por encima del millón. Ahora solo quedan doce, después de que bajasen de ese listón Infobae y El Debate
Datos de GfK DAM para mayo de 2026.
De esos doce medios, diez han perdido audiencia en el último año. En algunos casos, han sufrido verdaderos desplomes, como La Vanguardia, The Huffington Post o 20 Minutos, que prácticamente han perdido la mitad de sus lectores en tan corto período de tiempo.
También son muy significativos los retrocesos que han experimentado La Razón, ABC, El Confidencial y eldiario, con pérdidas que oscilan entre el 31% del primero y el 23% del último. El Español ha bajado más de un 17% y Okdiario cerca del 16%.
Solo hay un medio que ha crecido con fuerza en este último año, El Periódico, con una subida del 18%. También ha ganado algo El Mundo, un 3%, mientras que El País ha tenido una leve bajada, del 0,5%
Comparación de mayo de 2026 con mayo de 2025. Datos de GfK DAM.
El análisis de los principales medios generalistas también muestra un evidente sesgo ideológico. Al igual que en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, también entre los digitales son clara mayoría los medios con líneas editoriales próximas a la derecha o la ultraderecha. En este espacio ideológico se sitúan ocho de los doce principales periódicos.
Si se amplía el foco, en el espacio progresista hay cinco medios que han logrado en mayo de 2026 una audiencia media diaria superior a las 50.000 personas, entre ellos Público, con 370.000.
Datos de GfK DAM para mayo de 2026.
La evolución del último año sitúa aPúblico como una absoluta excepción: es el único de los cinco que ha crecido y lo ha hecho con fuerza, con una subida que supera el 21%. Todos los demás han bajado, siendo el descenso más significativo el de eldiario.
Comparación de mayo de 2026 con mayo de 2025. Datos de GfK DAM.
La pujanza de la IA
¿Qué está ocurriendo para este pérdida de audiencia por parte de los medios de comunicación? Responde Luis Collado, director de Google Books y Google News en España y Portugal: «Hay varias razones. Hay cierta fatiga informativa por parte de los usuarios y también un cambio de hábitos, sobre todo entre audiencias más jóvenes que buscan información a través de redes sociales y de plataformas de vídeo».
Sin embargo, Collado apunta también a un nueva herramienta muy poderosa que está restando visitas a las webs de los medios de información: la Inteligencia Artificial (IA). «La aparición de herramientas y chatbots de IA responden a la curiosidad o necesidad de información que tiene la gente directamente, sin que eso suponga una derivación de tráfico hacia las fuentes originales de información», destaca Collado.
David Sánchez, director de GfK DAM, introduce un matiz en su respuesta: «¿Hay un descenso generalizado? Yo creo más que hay cierta contracción no muy grande en el número de usuarios que accede de forma generalizada, pero no se ha perdido el interés por las noticias».
Aunque concede la existencia de «fenómenos que están incidiendo en la forma de consumir noticias», como son las redes sociales y el vídeo, Sánchez asegura que «este consumo de noticias sigue siendo tan popular como lo ha sido siempre». «Lo que pueden cambiar son los canales de distribución de las noticias, que ahora no siempre pasan por los medios. Por ejemplo, ahí está la IA», apostilla el directivo de GfK DAM.
Sánchez no achaca «esa contracción de usuarios» exclusivamente a la IA. Explica que también influyen «otras formas de distribución de contenido, por ejemplo, el algoritmo que utiliza Google a la hora de posicionar a unos medios frente a otros, o de hacerlos más o menos dependientes del consumo que tienen los usuarios a través de Discover en sus smartphones«.
Respecto a los cambios de algoritmo y cómo pueden afectar al tráfico de los medios, Luis Collado recuerda que «al final Google o cualquier otra plataforma está reaccionando a cómo cambia el mercado, a cómo cambia la audiencia. El algoritmo no cambia porque sí«.
Luis Collado: «La IA es menos competidora cuando el usuario busca rigor, cuando quiere informarse de verdad»
En el caso de Discover, un buscador predictivo que tiene notable influencia en el tráfico de los medios, Collado señala: «Su objetivo es satisfacer los intereses y las necesidades de cada usuario. El producto tiene que ir adaptándose para cumplir con esos objetivos. Y por lo tanto, el tráfico en Discover en algunos momentos puede ser más volátil». Collado añade que ante el cambio de los patrones de consumo, es «lógico» que Discover dé cabida a creadores de contenido y también que evolucione para «presentar más contenido audiovisual».
La estrategia para competir
Redes sociales, nuevos formatos, el vídeo, los chatbots de IA, los algoritmos… Son demasiadas piedras en el camino de los medios de comunicación. Pero la guerra no está perdida. Tanto Collado como Sánchez ven una estrategia clara a seguir: apostar por el periodismo de calidad.
«Es verdad que la IA está afectando al consumo de noticias, pero sobre todo a los contenidos denominados evergreen, contenidos más atemporales y más ligeros tipo ‘mira cómo se cocina el salmorejo cordobés’. La IA es menos competidora cuando el usuario busca rigor, cuando quiere informarse de verdad. Es ahí donde las cabeceras, el periodismo en definitiva, debe jugar su baza», apunta David Sánchez.
Luis Collado es de la misma opinión. «Con la aparición de los chatbots y la inteligencia artificial, ese volumen puede haber descendido, pero también el valor del tráfico que se redirige hacia las webs de los medios es un tráfico de mucha más calidad. Es gente que está interesada en tener más información de un tema en concreto y a la que no le vale lo que diga la IA», comenta el ejecutivo de Google.
«El tráfico en volumen, en efecto se está reduciendo, pero creemos que es un tráfico cualitativamente más interesante para los medios», concluye Collado.
La apuesta por la calidad abre otras puertas. El tiempo de lectura y de permanencia en una noticia será mayor cuanto mayor sea la calidad del contenido, apunta David Sánchez. «Esto en el fondo forma parte de la idiosincrasia de cada medio», añade. «Si tus lectores son principalmente suscriptores y leen muchos los contenidos, pues evidentemente la intensidad de su consumo va a ser más alta, van a permanecer más tiempo, aunque tengas una audiencia menor. Pero si tu estrategia es la de alcanzar la máxima audiencia, probablemente para ello vas a utilizar redes sociales y vas a depender mucho de Google. En resumen, vas a utilizar mucho contenido que a lo mejor tiene un valor periodístico limitado», ilustra el directivo de GfK DAM.
Sánchez, sin embargo, también advierte de que este planteamiento puede pecar de «ingenuo». Lo explica así: «Solo con periodismo de calidad, probablemente vas a llegar a una audiencia de 500.000 usuarios en lugar de los ocho millones que necesitas para sostener ingresos publicitarios. Por tanto, es verdad que es un equilibrio en el que tiene que primar mucho esto, pero claro, sin hacer caer otro tipo de contenidos que hacen que el medio tenga mayor alcance».
En cualquier caso, la apuesta para Sánchez es clara: «El medio siempre tiene que estar dirigido hacia un periodismo de calidad que realmente es la mejor herramienta para poder defenderse con respecto a la IA, para poder construir relaciones potentes para las marcas y para ser diferencial con respecto a otras alternativas de información y hacer que el usuario quiera pagar una suscripción para acceder a la información que le ofreces».
