Las relaciones incestuosas que a veces surgen entre el sector público y el privado tienen una de sus mejores manifestaciones en las llamadas puertas giratorias: altos cargos de la Administración que son contratados por grandes empresas para beneficiarse de su nombre, agenda de contactos y conocimiento del sector que supervisaban. Un ejemplo paradigmático es el de los exministros de Defensa Pedro Morenés y Eduardo Serra, que han pasado años al frente de dos de las mayores empresas españolas de armas, Amper y Everis, respectivamente. Otro caso es el del ex secretario de Estado de Energía José Folgado, contratado después por Red Eléctrica Española.
Y un tercero esel de los ex directores generales de Ordenación del Juego Carlos Hernández Rivera y Juan Espinosa García.El primero lo fue con el Gobierno deMariano Rajoy, entre 2013 y 2016. El segundo, con eldePedro Sánchez, entre 2016 y 2020.Juan Espinosa ejerció, además, como subdirector de Carlos Hernándezantes de sucederle en el cargo. Como desvela Público, una vez fuera del Gobierno, ambos se asociaron en 2021 para crear unaconsultora,SilverbackAdvocacy, que se dedica al «lobbyregulatorio», a asesorar a empresas sobre asuntos públicos.Según explican en su página web, gestionan los «intereses regulatorios» de sus clientes frente a las administraciones, trasladando a los responsables públicos las «legítimas aspiraciones» de las empresas, «acompañadas de una justificación de su compatibilidad con el interés general». También «optimizan» la capacidad de sus clientes «para influir en las decisiones públicas, regulatorias o no, que puedan afectarles, promoviendo mejores condiciones o previniendo obstáculos con impacto directo en su negocio».
El del juego es precisamente un sectorsometido a una intensa regulacióndesde que fue legalizado en 1977:hace falta una licencia paraejercer la actividad, queotorga ysupervisa la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo,para proteger a los usuarios, de forma que no puedan apostar los menores de edad ni los adictos.Las empresas tambiénestánsometidasa estrictas normas publicitarias,deben pagar impuestos específicos y cumplir con los controles necesariospara prevenir el blanqueo de capitales.
Preguntada al respecto por Público, un portavoz de Silverback Advocacy asegura que su cartera de clientes es «multisectorial», abarcando desde el ámbito sanitario hasta el de infraestructuras y servicios digitales, y que su «vinculación» con empresas o asociaciones del sector del juego online representa «una parte muy limitada» de su actividad. Pero se niega a desvelar los nombres de las empresas para las que trabaja. Sí que destaca que está inscrita en los registros de grupos de interés de las administraciones, «tanto europeas como nacionales, autonómicas y locales».
Ver vídeo
Asesores de las patronales española y británica
En cualquier caso, Carlos Hernández y Juan Espinosa empezaron a trabajar para el sector del juego ya antes de asociarse en Silverback, que facturó 882.000 euros en 2024, según consta en las cuentas del Registro Mercantil consultadas por este periódico. Hernández Rivera, que es abogado del Estado, fue contratado por el bufeteRousaudCostas Duran(RCD)enenero de2017, apenas dos meses después de salir de la Administración, paraencargarse del área de mercados regulados.Y en septiembre de 2020se empleócomo asesor externo de la Asociación Española de Juego Digital (JDigital), la patronal del sector de apuestas online a la que pertenecenlas grandes del sector:Codere,Sportium,Betway,Luckia, William Hill… Entonces JDigital estaba preparando el recurso que en enero de 2021 presentó ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego. La norma, elaborada ya con Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo, restringía la publicidad y el patrocinio de las actividades de juego –prohibiendo que personajes famosos aparecieran en los anuncios, por ejemplo– para proteger a los menores y adictos. El alto tribunal, que tardó tres años en dictar sentencia, estimó parcialmente el recurso de la patronal en 2024, anulando tres artículos del real decreto.
Por su parte, Juan Espinosa recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en julio de 2021 para incorporarse a Silverback Advocacy, que se creó en esa fecha, sólo 14 meses después de que se publicara su cese como director general de Ordenación del Juego en el BOE, el 6 de mayo de 2020. Con Alberto Garzón apenas ejerció cuatro meses, pero asegura a Público que su salida del ministerio «respondió al cierre natural de una etapa profesional, y no estuvo vinculada a discrepancias regulatorias ni a desarrollos normativos concretos», en alusión al mencionado real decreto. Después, en marzo de 2022, fue autorizado a trabajar para The Betting and Gaming Council, la patronal británica del juego, así como para Samman Law & Corporate Affairs, un despacho y consultora con sedes en París y Bruselas especializada en asuntos públicos y regulatorios que ofrece «asesoramiento estratégico para influir en políticas públicas, gestionar riesgos normativos y resolver litigios comerciales». También se le permitió incorporarse a Deel Inc., una empresa estadounidense que se dedica a gestionar plantillas internacionales y tiene entre sus clientes a empresas de la industria del juego como Esports Entertainment Group, Fnatic o Hero Gaming. Igualmente recibió autorización para trabajar con Tabacos del Mediterráneo, la siderúrgica Celsa y la gestora de cobros Phillips & Cohen Associates, además de con una empresa de logística y una agencia de publicidad españolas.
La ley española prohíbe a los altos cargos «prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por decisiones en las que hayan participado», durante los dos años siguientes a su cese. En el caso de Juan Espinosa, estas últimas autorizaciones se le concedieron dos meses antes de cumplirse ese plazo de incompatibilidad. Según contestó entonces a la agencia Servimedia el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependía la Oficina de Conflictos de Intereses, la incompatibilidad no se aplicaba en este caso por tratarse de la patronal del Reino Unido, fuera del ámbito de actuación de la Dirección General de Ordenación de Juego española, por tanto.
Ahora, asociados enSilverbackAdvocacy,Hernández y Espinosa no revelana Públicosi siguen asesorando aJDigital. Pero la consultora ha sido seleccionada y finalista en los años 2023, 2024 y 2025 de los premios que la patronal otorga, en la categoría de Mejor Proveedor de Servicios, a la empresa que destaca «por su labor de asesoramiento, certificación y consultoría a empresas del sector en el ámbito regulatorio y de compliance«.
Relacionado con este tema
Contra el endurecimiento de la regulación del juego
Además, ambos ex directores generales son habituales en las publicaciones del sector del juego, como AZARplus, Infoplay o SectordelJuego.com, donde publican artículos a favor de una «regulación inteligente» de las apuestas. En ellos advierten contra la «sobrelegislación» y sostienen que las normativas de juego que «restringen demasiado sin considerar el carácter del entorno no regulado pueden resultar ineficaces». A su juicio, el «endurecimiento» de las leyes sobre «protección y prohibición del marketing y la publicidad» no reduce «las tasas de juego problemático». Por el contrario, aseguran que legalizar los slots online –las tragaperras virtuales– en 2015 aumentó el número de jugadores del mercado legal hasta el 87% en 2019, cuando antes sólo el 55% optaba por las apuestas legales. Es la tesis defendida por la patronal de la industria del juego. Según argumentan, normas demasiado restrictivas no sólo son «desproporcionadas», sino que también contribuyen al crecimiento del mercado ilegal y, por tanto, no sujeto a la supervisión de los poderes públicos.
Hernández y Espinosa también suelen participar en foros públicos del sector, donde aseguran que la prohibición total de la publicidad no tiene efectos sobre el juego de los menores, porque éstos sólo juegan en el mercado ilícito: al «limitar la visibilidad del mercado regulado, fortalece el ilegal». Aseguran incluso que entre 2011 y 2020 –entre la legalización de las tragaperras online y la aprobación del real decreto con restricciones a la publicidad del juego–, el número de lo que llaman «jugadores problemáticos» se redujo del 0,9% al 0,7 u 0,8%.
Por el contrario, la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al real decreto de 2020alerta frente al «progresivo ensanchamiento de la base de clientes muy jóvenes con respecto a la totalidad de jugadoresonline activos». Según sus cifras,lacuotadeapostadoresde 18 y 19 años creció del 4,39% al 5,21% entre 2016 y 2019, al mismo tiempo que lo hacía la inversión publicitaria.Restringir los anuncios a determinados horarios–de una a cinco de la mañana– repite la misma cautela establecida para los propios programas de apuestas, que por su «repetitividad e inmediatez» pueden «induciro favorecer el consumo impulsivo», según determina la misma sentencia del Tribunal Supremo que dio, en parte, la razón aJDigitalen 2024.
Expertos en adicción al juego como Mariano Chóliz, catedrático de Psicología de la Universidad de València, contradicen también la perspectiva de la patronal y del lobby «inteligente» impulsado por Hernández y Espinosa. Sólo el 3,2% de la población juega, explica Chóliz, pero el 10% de esos jugadores son responsables del 80% de los 1.500 millones de euros que pierden al año esos apostadores españoles, destaca también. «Sin ludópatas, no habría juego online«, zanja.
En 1892, Clara Zetkin se hizo cargo del periódico La Igualdad (Die Gleichheit). Zetkin, que había regresado a Alemania un año antes -tras la derogación de las leyes antisocialistas de Otto von Bismarck-, convirtió el diario en «una herramienta excepcional» para despertar las conciencias socialistas, especialmente de las mujeres. Fue bajo su iniciativa que en agosto de 1907 se organizó la I Conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres, en Stuttgart. Un encuentro que se repetiría en 1910 y del que, de nuevo a propuesta de Zetkin, se aprobaría celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La idea era rendir «tributo a las huelguistas neoyorquinas» que se habían manifestado en 1908 por mejores salarios y el derecho al voto, y «a todas las mujeres» que habían dado su vida «contra la explotación». Así lo recoge en el prólogo del libro Conversaciones con Lenin la Fundación Federico Engels.
Eran los años previos a la I Guerra Mundial. Si algo tenía claro Zetkin era el papel del feminismo contra la escalada militar. La III Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra celebrada en 1915 con el lema «Guerra a la guerra» da cuenta de ello. Esa tradición de movilización feminista contra la guerra no se detuvo con el final del primer gran conflicto mundial. Durante los años 30, y especialmente ante el avance de los fascismos en Europa, se consolidó un movimiento internacional de mujeres que vinculó de forma explícita feminismo, antifascismo y pacifismo.
Este proceso cristalizó en la creación del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Fue una de las experiencias de movilización femenina más relevantes de la primera mitad del siglo XX, según explica Sandra Blasco Lisa en El Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y sus relaciones con España. Tuvo, además, un desempeño fundamental en la resistencia civil en el caso español, frente al golpe de Estado de julio de 1936, tal y como explica Noelia Adánez en su tribuna Una historia de alianzas feministas.
«El feminismo tiene que ser radical»
Esa tradición de alianzas feministas frente a la reacción conservadora -alianzas de base, construidas desde el activismo y la organización social- también estuvo muy presente en el diálogo celebrado en Público esta semana, con motivo del especial del 8-M, entre Justa Montero y Ayme Román. Ambas coincidieron en la importancia de reivindicar un «feminismo radical», un «feminismo que siempre que no se diluya va a resultar incómodo». Así como en señalar la necesidad de reforzar los espacios colectivos.
Ver vídeo
Los feminismos del futuro.
Ayme Román, filósofa y divulgadora feminista, puso el acento en las limitaciones de los canales actuales de debate y difusión, especialmente en las redes sociales, donde «acabamos priorizando mensajes muy simples, reduccionistas» que dificultan explicar la complejidad de los problemas feministas. A su juicio, este «activismo algorítmico» favorece consignas rápidas y viralizables que simplifican debates profundos y puede ir «en contra del feminismo» cuando impide desarrollar argumentos más intrincados.
Justa Montero, activista histórica y autora de diferentes publicaciones especializadas, por su parte, reivindicó la tradición asamblearia del movimiento feminista como una herramienta para desactivar prejuicios y recuperar memoria política. Recordó que esa cultura política asamblearia permite «tener el tiempo, poder argumentar, poder pensar y poder dar pie a lo que es la inteligencia colectiva». En su experiencia -que se remonta a las movilizaciones de los años 70-, procesos colectivos como los que condujeron a las huelgas feministas de 2018 y 2019 demostraron precisamente esa potencia. Hablaba de espacios donde mujeres de distintas generaciones y trayectorias pudieron debatir, confrontar posiciones y construir diagnósticos comunes sobre las distintas realidades de las mujeres.
Desde ese punto de vista, Montero defendió que esa práctica colectiva constituye una de las principales fortalezas del feminismo. Es lo que ella misma describe como la «mochila» política llena de herramientas organizativas, memoria compartida y capacidad de análisis colectivo para afrontar los nuevos desafíos que plantean los discursos antifeministas o negacionistas.
Román y Montero deslizaron, a su vez, lo importantes que han resultado -en este sentido- las aportaciones del feminismo interseccional. Poner tus ideas en conversación con otras compañeras, reflexionaba Montero, te permite revisar tus propias premisas: «Ahí estamos mujeres de distintas edades. Mujeres muy jóvenes y mujeres que ya
somos mayores. Y efectivamente la percepción de muchas cosas en el diálogo es distinta». Una perspectiva que también reivindica la escritora, investigadora y activista antirracista Zinthia Álvarez Palomino, para quien las violencias que atraviesan a las mujeres no pueden entenderse sin atender a las relaciones entre género, raza y clase.
Relacionado con este tema
Zinthia Álvarez Palomino : «La jerarquización de los cuerpos se construyó durante los procesos de colonización»
Como explica a Público, cuando hablamos de violencia machista, negacionismo o racismo es necesario recordar que estas violencias «no son aisladas ni operan de manera individual, sino que se entrelazan con el racismo estructural» y tienen su origen en «la jerarquización de los cuerpos que se construyó durante los procesos de colonización«. Procesos imperialistas sobre los cuales se han apoyado históricamente las guerras, que en estos momentos también se pueden observar al ser testigos del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza o los ataques que está liderando el Gobierno de Donald Trump contra Irán, Venezuela y Cuba.
El feminismo negro ha aportado importantes herramientas para comprender cómo operan hoy estos discursos. Álvarez Palomino argumenta que cuando la violencia machista deja de entenderse como un problema estructural y comienza a explicarse desde enfoques culturales, se produce un desplazamiento peligroso: «La misma violencia pasa a interpretarse de manera distinta según el grupo que la ejerza; nacionales o personas no blancas». Ese giro permite que proliferen ideas que se presentan como feministas pero que, en realidad, «refuerzan el racismo y consolidan las fronteras simbólicas dentro y fuera del Estado», alimentando la construcción de un enemigo interno y los relatos nacionalistas.
La interseccionalidad -concepto desarrollado por Kimberlé Crenshaw- permite comprender precisamente cómo operan estas jerarquías.
Como señala Álvarez Palomino, «género, raza, clase y origen configuran la credibilidad social». Basta observar quién sostiene el trabajo doméstico, los cuidados o buena parte del trabajo agrícola para entender cómo el capitalismo contemporáneo sigue reproduciendo jerarquías heredadas de la historia colonial. De ahí que, para Álvarez Palomino, combatir simultáneamente violencia machista, negacionismo y racismo institucional implique «ampliar, no restringir, la democracia» y reconocer como sujetas plenas de derechos a todas las personas.
Algunas de estas ideas han quedado también reflejadas en los manifiestos como el de la Comisión 8M, que este 2026 ha reivindicado explícitamente un feminismo antifascista y ha llamado a construir alianzas amplias frente a los discursos reaccionarios. Bajo el lema Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes, la plataforma ha apelado a fortalecer las redes de organización y solidaridad frente al avance de la extrema derecha.
La distancia entre las instituciones y los activismos
Ejemplo de trabajo para la articulación de las intuiciones feministas es Almena Feminista, «una cooperativa de trabajo asociado» que nació con la voluntad de «trabajar para la incidencia política social hacia una mayor transversalización de la perspectiva feminista interseccional en la sociedad y en las políticas públicas».
Relacionado con este tema
Es interesante escuchar su valoración sobre la complejidad que implica llevar todos estos posicionamientos a las instituciones: «A pesar de que haya años de trabajo, de reflexiones y recomendaciones para políticas públicas más transformadoras, muchas veces las instituciones no escuchan realmente estas orientaciones», lamenta Amanda Alexanian, socia trabajadora de Almena y experta en incorporación de la perspectiva feminista a proyectos. En su opinión, esto provoca que se mantengan inercias que impiden cambios estructurales y que las mejoras sugeridas por la sociedad civil feminista queden reducidas a modificaciones superficiales.
Amanda Alexanian : «Muchas veces las instituciones no escuchan las orientaciones transformadoras»
Al mismo tiempo, Alexanian subraya en declaraciones a Público que la actual reacción antifeminista no puede entenderse como un fenómeno espontáneo. La virulencia de estos discursos responde, a su juicio, en buena medida a los avances logrados por los movimientos feministas en los últimos años y a su creciente impacto en la opinión pública. Pero también forma parte de «una estrategia política del neoconservadurismo y de la extrema derecha a nivel global», que se alimenta de narrativas como el victimismo masculino o la idea de que el feminismo supone un ataque contra los hombres. De ahí la importancia del trabajo que desarrollan organizaciones como Almena, como entidad que trata de vehicular las propuestas que se vienen elaborando en asociaciones y colectivas de base.
Espacios colectivos frente a derivas reaccionarias
En los últimos años, diversos informes han alertado de un crecimiento de discursos antifeministas entre parte de la juventud, amplificados por las redes sociales y por estrategias políticas impulsadas desde la extrema derecha. Sin embargo, otros estudios, como el presentado por el Consejo de la Juventud este mes de febrero, muestran una realidad más compleja y heterogénea. El análisis Más allá del compromiso y la reacción.
Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud de España distingue entre distintos perfiles generacionales y señala que las posiciones claramente contrarias a la igualdad son minoritarias, mientras que una mayoría de jóvenes se sitúa en posiciones favorables a la igualdad de género, ya sea desde una identificación feminista (34,6%) o desde un perfil que se define como «igualitario» (42,1%).
Respecto a ese debate sobre los cambios generacionales, la activista Justa Montero pedía en el diálogo organizado por Público leer con cautela algunos de los datos. A su juicio, «las encuestas, a veces, como todo, permiten varias lecturas». En referencia a uno de los estudios que más difusión ha tenido recientemente -el Barómetro de Juventud y Género del FAD, donde se destacaba que
más de la mitad de los varones jóvenes desconfía del feminismo y lo ve como una «manipulación política»-, señaló que el resultado depende en gran medida de cómo se formulan las preguntas. «Si lo que se pregunta es si el feminismo es una herramienta de manipulación y adoctrinamiento ideológico… Se alimenta el marco del discurso, de la narrativa capciosa, de la extrema derecha», explicó. En ese caso, recordaba, cerca de la mitad de los jóvenes varones respondían afirmativamente.
Justa Montero:
«Si lo que se pregunta es si el feminismo es una herramienta de manipulación… Se alimenta el marco de la extrema derecha»
Sin embargo, cuando en la misma encuesta se planteaban preguntas sobre igualdad, «cambia completamente: el 77,4% dice que sí» a que los valores relacionados con la igualdad son esenciales para la convivencia. Para Montero, esa diferencia muestra, por lo menos, que el debate es más complejo. Por eso, concluía diciendo que es necesario analizar cómo se construyen esas percepciones y «pensar cómo esto se está proyectando políticamente y públicamente».
Por su lado, Ayme Román, al pensar esta misma cuestión de los jóvenes, hizo hincapié en su sospecha de que «cada vez tenemos menos tolerancia al disenso y a sentir incomodidad cuando escuchamos algo que no encaja al 100% con lo que pensamos». La divulgadora hizo autocrítica y afirmó que esta dinámica puede acabar generando «una especie de cámara de eco dentro de los propios feminismos». Algo que «va en contra de la tradición de los feminismos», que siempre se han caracterizado por ser espacios de discusión política y elaboración colectiva.
Relacionado con este tema
El informe del Consejo de la Juventud advertía, en el mismo sentido que Montero, de que las actitudes de la juventud hacia la igualdad «no deben entenderse como posiciones rígidas o excluyentes», ya que entre los distintos perfiles identificados existen solapamientos y transiciones. De hecho, el análisis subraya que las diferencias en torno al feminismo no se explican únicamente por la edad, sino también por factores como la ideología, el nivel educativo o el contexto social en el que se socializan las personas jóvenes. Desde el Consejo invitan a «ir más allá de lecturas estrictamente generacionales».
Es precisamente en esa diversidad de posiciones donde muchas activistas ven también una oportunidad política. La existencia de amplias mayorías jóvenes sensibles a la igualdad refleja, en buena medida, el impacto de décadas de avances feministas y abre un espacio para seguir ampliando derechos.
Frente al ruido, los feminismos siguen desplegando una intensa actividad gracias a sus bases que a menudo queda fuera del foco mediático. Como muestran las voces recogidas en este reportaje, continúa siendo un movimiento profundamente vivo, que se reorganiza, amplía sus alianzas y refuerza su activismo para afrontar una nueva etapa marcada por la reacción política, pero también por la defensa de vidas dignas donde quepan todas.
*Omar es un nombre ficticio. Su nombre se ha cambiado en este reportaje para proteger su identidad real.
En junio de 2025 la junta de tratamiento de la cárcel en la que Omar cumple su condena pidió al juez de vigilancia penitenciaria que le concediera el tercer grado. Lo hizo a través de un informe con información desactualizada. Pero con el convencimiento de que Omar, en prisión desde 2011 y una evolución positiva entre rejas, estaba listo para pasar buena parte de su tiempo en libertad.
En el escrito los funcionarios incluyeron una palabra, RisCanvi, junto a un adverbio: alto. Una señal, según los códigos establecidos en el mundo penitenciario catalán, de que existía un riesgo plausible en torno a Omar. Un riesgo de que al pisar la calle cometiera un nuevo delito o huyese sin haber completado su condena.
Este pronóstico no provenía de una persona, sino de una máquina. RisCanvi es un programa informático que la Generalitat introdujo en sus prisiones en 2010 y que desde entonces evalúa de forma periódica a todas las personas privadas de libertad en Catalunya. La versión actual de este software mide cinco tipos de riesgos, a través del mismo número de algoritmos: reincidencia general, reincidencia violenta, quebrantamiento de condena, violencia autodirigida y violencia contra otros dentro de prisión.
Diseñado originalmente como parte de un protocolo para la gestión interna en los centros, hoy los resultados de RisCanvi son utilizados de forma intensiva también en el ámbito judicial. Por parte de los jueces y los fiscales que deciden si presos como Omar pueden acceder a beneficios penitenciarios en la fase final de la condena, una parte fundamental en su proceso de rehabilitación social.
Este tipo de uso, documentado por Público en esta investigación a través de información y testimonios inéditos, carecería de las garantías que la nueva ley europea exige para algoritmos e inteligencia artificial (IA) en áreas sensibles, como las prisiones y la justicia. También iría en contra del consenso científico sobre cómo usar este tipo de sistemas de apoyo a una decisión humana.
El protocolo RisCanvi, actualmente en proceso de actualización por el Departament de Justícia del Ejecutivo catalán, lleva años en el punto de mira de organizaciones de defensa de los derechos de los presos y de actores de la sociedad civil que promueven un uso responsable de la tecnología. Hasta ahora, el debate se había centrado en la idoneidad o no de usar un algoritmo predictivo con una alta tasa de errores en un área tan delicada. También en la opacidad que este sistema ha arrastrado durante años.
Los hallazgos de esta investigación muestran sin embargo otra línea preocupante. La forma en la que jueces y fiscales usan los resultados de RisCanvi estaría impactando negativamente en los derechos de los presos más vulnerables que hoy cumplen condena en Catalunya.
«En la cárcel si quieres avanzar no te dejan»
El juez de Barcelona que en agosto recibió la petición de tercer grado para Omar dio su visto bueno en noviembre. Sin embargo, cinco días después el fiscal se opuso al ver que el RisCanvi del interno reflejaba un riesgo alto. Una postura a la que finalmente se acogió el magistrado encargado de su expediente, que rechazó la solicitud.
«¡Ya empezamos con lo mismo!». Omar recuerda hoy cómo reaccionó al enterarse de que el riesgo asignado por este sistema de nuevo le complicaba las cosas. Ese mismo argumento en contra, un RisCanvi alto, lo había usado dos años atrás también para oponerse el juez que recibió su primera solicitud de permiso de más de 72 horas.
Omar, que actualmente cumple condena en una prisión catalana, durante la entrevista con Público.
«En la cárcel si quieres avanzar no te dejan, la verdad», se lamenta este hombre de sonrisa fácil en una sala de la Fundació Marianao, una entidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) que apoya a internos con pocos recursos. Una jurista y una educadora de esta fundación, también presentes en la sala, acompañan a Omar desde hace años. Con la ayuda de ambas, Omar ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona todavía pendiente de resolución.
El caso de este recluso en prisión desde 2011 y con una evolución ejemplar entre rejas ejemplifica la forma en que algunos actores judiciales en Catalunya usan hoy los niveles de riesgo asignados por RisCanvi. Y cómo esta utilización condiciona que los internos accedan a una libertad condicional, una progresión de grado o a permisos de varios días una vez han cumplido una cuarta parte de su condena, tal y como establece la ley penitenciaria.
RisCanvi, igual que otros sistemas predictivos parecidos –el algoritmo de VioGén para combatir la violencia machista es el caso más conocido en España-, se creó hace una década y media con un protocolo asociado. En las cárceles catalanes este software está integrado en el día a día de los funcionarios y sus resultados les ayudan, por ejemplo, a decidir qué programas de rehabilitación han de seguir los internos o cuándo es adecuado que salgan de permiso. Estos profesionales reciben además una formación específica antes de empezar a utilizar el programa, según establece el manual de aplicación del protocolo de la propia Generalitat.
«La administración penitenciaria en Catalunya ha hecho un esfuerzo muy grande por que esto tenga una coherencia y esté dentro de un sistema, para que tenga un sentido», señala a PúblicoLorena Alemán Aróstegui. Esta jurista y doctora en Derecho penal por la Universidad Pública de Navarra, que ejerció como letrada en Catalunya durante varios años, es autora del único trabajo independiente sobre cómo RisCanvi influye en las decisiones judiciales.
Su interés en el tema empezó en 2021 a partir de una experiencia personal. Un juez de Lleida denegó entonces un permiso de salida, que contaba con la aprobación de la junta de tratamiento, a un cliente que cumplía condena en la prisión de Mas d’Enric. Alemán Aróstegui elevó entonces el caso a la Audiencia Provincial de Tarragona a través de un recurso. De poco sirvió. El magistrado validó la posición del juez de vigilancia “porque había resultados de riesgo alto y medio en RisCanvi; algo que ya había alegado el ministerio fiscal”, rememora.
«RisCanvi es un instrumento interno de la administración», explica hoy esta jurista que dedicó su tesis doctoral a profundizar en este espinoso asunto. «En el ámbito administrativo [los funcionarios] están condicionados por el artículo 6 del reglamento penitenciario”, que prohíbe la toma de decisiones basadas en herramientas automatizadas. “Pero es que en el ámbito judicial no hay nada, faltan normas. Hay muchísima discrecionalidad en la toma de decisiones», esgrime Alemán Arostegui en conversación con Público. También hay “mucho margen para que se prueben cosas”, añade.
El RisCanvi en sede judicial
Las más de quince entrevistas a letrados y otros actores judiciales hechas para esta investigación corroboran las tesis de Alemán Arostegui. Y ofrecen además otras claves relevantes. «El RisCanvi tiene mucha importancia a nivel interno y esto nosotros sí que lo consideramos como una herramienta muy potente», analiza Montse Pijoan, letrada del despacho barcelonés de Bataller Abogados. «Pero cuando pasamos al expediente judicial vemos mucha disparidad respecto a cuál es la concepción de RisCanvi o cuál es su alcance», apunta.
La letrada de penal y penitenciario Montse Pijoan en el despacho de Bataller Abogados, en Barcelona.
Aunque la postura oficial de la Generalitat es que los resultados de estos algoritmos son usados sólo por los profesionales de prisiones, la realidad es diferente. Cuando el propio interno o la junta de tratamiento solicita un beneficio penitenciario, el responsable de este órgano colegiado envía a los juzgados un informe que en casi todos los casos incluye los riesgos asignados por RisCanvi. Una información que a diferencia de lo que ocurre con los técnicos de la junta llega sin el debido contexto a sede judicial, explican las fuentes consultadas.
«En algunos juzgados vemos que la relevancia del RisCanvi es prácticamente determinante. Si ven un RisCanvi alto [en el expediente], ya es una barrera muy difícil de superar. Lo mismo ocurre con los fiscales», apunta la letrada Pijoan. “Si el riesgo es medio o alto, mi experiencia es que la Fiscalía te tumba el permiso”, corrobora Eva María Vivo, presidenta de la comisión de penitenciario del ICAB, el colegio de la abogacía de Barcelona.
Las resoluciones judiciales a las que Público ha tenido acceso y los letrados entrevistados dibujan además un uso variable por parte de los diferentes actores judiciales involucrados. Mientras que para algunos jueces de vigilancia y los fiscales que los asesoran RisCanvi tiene un peso decisivo, las audiencias provinciales «cada vez hacen una lectura más matizable de sus resultados del RisCanvi», resume Pijoan.
«Recurrir al RisCanvi es una herramienta fácil. Si a mí me dan riesgos altos o medios, deniego permisos, deniego tercer grado, no me hace falta decir nada más. Es una solución más fácil», reflexiona un juez de la jurisdicción de penitenciario en Catalunya en ejercicio que ha hablado con Público bajo condición de anonimato.
Este magistrado con amplia experiencia critica la falta de directrices claras y señala también cómo las evaluaciones de RisCanvi condicionan casi siempre la postura del ministerio fiscal. Si estas no se incluyen en el expediente del interno, los fiscales las solicitan a la prisión, explica. «Pero si le sale bajo, no lo va a decir. Siempre se lo calla», añade.
Dos de los autos de juzgados de vigilancia penitenciaria de Catalunya a los que ha tenido acceso Público donde se mencionan los riesgos asignados por RisCanvi.
Una predicción falible
Los algoritmos integrados en RisCanvi realizan sus cálculos a partir de 43 factores considerados de riesgo. Algunos son estáticos, es decir tienen que ver con la biografía del interno. Por ejemplo, el tipo de delito, la edad con la que delinquió por primera vez, los antecedentes delictivos familiares o la nacionalidad. Mientras que otros son dinámicos y sobre el papel pueden variar con el tiempo.
Aquí aparecen cuestiones como su grado de impulsividad y hostilidad, su respuesta al tratamiento en la cárcel o si ha tenido conflictos con otros presos, entre otros. Cada escala de riesgo en RisCanvi tiene una combinación diferente de variables. Esta información, tanto los factores estáticos como dinámicos, la recogen, valoran e introducen en el software los integrantes de la junta de tratamiento, formada por juristas, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y educadores.
Saber con exactitud por qué los niveles de riesgo de Omar se han mantenido altos estos años es una tarea compleja. Su buen comportamiento en prisión, la ausencia de partes desde 2014 o las sucesivas salidas, tanto programadas como judiciales, llevarían a pensar en unos riesgos tendentes a cero. Sin embargo, sus niveles de RisCanvi no se han movido.
Anneris Álava, educadora de la Fundació Marianao que le acompaña desde hace años, apunta una hipótesis. Que el tipo de delito por el que entró en prisión en 2011 -calificado como violento por el juez que le condenó- y su estado de intoxicación por alcohol al cometerlo continúen hasta hoy penalizando a Omar. Ambas variables tienen un peso especialmente importante en la cocina algorítmica de RisCanvi.
Anneris Álava y Mónica Pons, educadora y jurista, respectivamente, en la sede de la Fundació Marianao, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
A esto se podría añadir un tercer factor. Durante varios momentos de su cadena permisiva, el RisCanvi de Omar no se ha actualizado como establece el protocolo, es decir al menos cada medio año, advierte Mónica Pons, jurista y compañera de Álava en el equipo que le acompaña. “Los informes que le llegaban al juez reflejaban una situación que no era en la que se encontraba realmente”, apunta sobre las primeras denegaciones de permiso que enfrentaron.
Una mala praxis que de acuerdo a varios letrados entrevistados es hoy relativamente frecuente en las cárceles catalanas, con problemas de personal y recursos desde hace tiempo. «Nos cuesta mucho que actualicen el RisCanvi. En teoría lo tienen que hacer cada seis meses, cuando tiene revisión del grado, pero nos encontramos con que no ocurre», dice la letrada Pijoan.
Carlos Castillo es científico de datos y profesor titular en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Castillo y su equipo llevan años investigando los algoritmos de este sistema. Varios de estos estudios los han hecho además en colaboración con el Departament de Justícia y con datos reales de reincidencia de presos previamente analizados por RisCanvi.
Castillo explica que la precisión de estos modelos predictivos es muy parecida a la de otras herramientas similares que se usan, también desde hace años, en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. «Si uno toma un par de internos, uno de los cuales ha reincidido y otro no, en algo más del 70% de los casos RisCanvi le habrá dado una puntuación más alta al interno que reincidió respecto al que no lo hizo. Pero en un 30% de los casos RisCanvi habrá puntuado más alto al que no cometió la reincidencia respecto al que sí la cometió», resume Castillo.
Esta métrica habitual para medir la fiabilidad de modelos predictivos -conocida como Área bajo la curva (AUC)-, explica este científico, se ha de interpretar como que el acierto del Riscanvi en un poco más de siete de cada diez casos «permite ordenar internos desde el que tiene más riesgo al que tiene menos».
El restante 30% «entra dentro de incertezas que provienen del hecho de que no conocemos todos los antecedentes de la persona», ni lo que le ocurrirá durante el resto de su vida. Como cualquier intento de adivinar lo que pasará en el futuro, concluye Castillo, «esa predicción nunca es perfecta».
«Vacío de garantías»
RisCanvi se creó hace década y media a partir de la evidencia científica existente sobre qué factores disparan o reducen el riesgo de que un interno reincida. La Generalitat se apoyó para esta tarea en un equipo universitario experto en la predicción de la violencia. Desde entonces sus responsables de prisiones defienden que sólo es un elemento informativo más para los profesionales de los centros. RisCanvi, insisten en público y en privado, sirve para «orientar» y «complementar» sus decisiones.
Los funcionarios encargados de validar los resultados del software, al hacer esta tarea ven en la pantalla de su ordenador un mensaje de advertencia que coincide con este enfoque. En él se lee que los niveles de riesgo de RisCanvi han de interpretarse «teniendo en cuenta el motivo y el contexto» y en ningún caso han de «condicionar las decisiones», según una imagen a la que ha accedido Público.
Nota de advertencia que aparece en la pantalla de los funcionarios de prisiones, de forma automatizada, en el momento que han de validar los niveles de riesgo calculados por RisCanvi.
Las precauciones dentro de las prisiones catalanas contrastan con cómo los resultados de RisCanvi intervienen en sede judicial. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, responsable de los jueces de vigilancia y las audiencias provinciales, confirman que no existe un criterio establecido entre los magistrados sobre cómo usar esta información. Y admiten que la formación en torno a esta herramienta ha sido muy escasa, proviniendo principalmente del ICAB.
El juez entrevistado menciona también un curso organizado antes de la pandemia por el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, CEJFE, dependiente de Justícia, como la única ocasión en la que han podido intercambiar impresiones con funcionarios de prisiones sobre este tema.
Este juez señala además la importancia de conocer qué factores de riesgo valora el software para poder ponerlo en su verdadero contexto. «Si tú sabes el peso que tiene el ser inmigrante o tener una familia desestructurada, por ejemplo, tu grado de credibilidad o de fe ciega en el RisCanvi va a ser distinto», apunta.
Durante varios meses, Público ha tratado de entrevistar a un portavoz de la Fiscalía Superior de Catalunya, que declinó inicialmente la petición. Posteriormente, el fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria Francisco J. Faus, en conversación telefónica con este medio, defendió el uso que los fiscales hacen de los niveles de riesgo asignados por RisCanvi. También su conocimiento sobre las limitaciones y fortalezas de este sistema para evaluar el riesgo de los internos.
En 2024 la Unión Europa aprobó un nuevo reglamento de inteligencia artificial que pone el foco en el uso de algoritmos en áreas especialmente sensibles o de «alto riesgo». A estas aplicaciones se les exige unos requisitos de seguridad, control y transparencia especialmente exigentes.
«Desde el punto de vista regulatorio, el uso de un sistema de IA debe ajustarse a la finalidad prevista por quien lo desarrolla y valida. Extender su utilización sin una evaluación específica puede generar un vacío de garantías», señala Judith Membrives i Llorens, responsable de Tecnología y Derechos Humanos en Lafede, la principal federación de ONG de Catalunya. Esta investigadora, que junto a otros actores de la sociedad civil europea lleva meses implicada en la defensa de una aplicación garantista de la nueva regulación, califica este uso como «desplazamiento de finalidad».
«Cuando herramientas diseñadas para orientar decisiones técnicas se convierten en argumentos de autoridad en sede judicial, se diluye la frontera entre apoyo técnico y delegación de juicio. Y esa delegación algorítmica tiene implicaciones profundas para el Estado de Derecho y la democracia», añade Membrives i Llorens.
Exterior del complejo penitenciario de Brians 2, en la localidad de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Castillo hace una reflexión en la misma línea y califica el uso de RisCanvi en el ámbito judicial como un «uso no anticipado, un uso no previsto». Y advierte de que «ese tipo de usos son los que normalmente llevan a situaciones de discriminación y sesgo». «El RisCanvi es una herramienta para apoyar la decisión de una junta de tratamiento. Para eso está diseñada y para eso ha sido probada”, concluye.
El Departament de Justícia de la Generalitat ha declinado las reiteradas peticiones de Público para entrevistar a un portavoz, como parte de esta investigación. A preguntas por correo electrónico sobre el uso de los resultados del RisCanvi por actores judiciales, fuentes oficiales aseguran que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, área responsable de los servicios penitenciarios, «facilita información únicamente a aquellos órganos que estén legitimados normativamente para recibirla».
«No obstante, no podemos atender consultas relativas al uso que otros órganos judiciales o fiscales puedan hacer de dicha información», añaden estas fuentes.
Contacto con el exterior
Contar con una foto detallada de cómo RisCanvi influye en los derechos de todos los presos catalanes es hoy difícil. A diferencia de lo que ocurre con las resoluciones de las audiencias provinciales –disponibles a través del CENDOJ, el centro de documentación del poder judicial-, los fallos de los juzgados de vigilancia penitenciaria no son públicos.
Esto impide conocer de forma exhaustiva cuántos expedientes se frenan en esta primera instancia judicial a causa de estos algoritmos. A ello hay que añadir, además, que son pocos los internos que llegan hasta la segunda instancia, las audiencias. Debido a que sólo un pequeño porcentaje recurre frente a una denegación de permiso, señala Altamira Guelbenzu, abogada del colectivo IACTA y letrada en el turno de oficio.
Guelbenzu explica que la mayoría de los presos en Catalunya desconocen cómo presentar un recurso, o cómo acceder a un abogado de oficio que les ayude en esta tarea. «Existe una falta de información muy heavy» que se agrava en el caso de los internos extranjeros que no dominan el idioma, añade. «Todo esto hace que pocas veces estos casos lleguen a los juzgados y a las audiencias. Existe un agujero de información que dificulta ver la dimensión de esto», concluye esta letrada.
Anneris Álava, de la Fundación Marianao, coincide en este análisis y aporta otra clave importante. «Se ha de partir de la base de que la gran mayoría de personas internas en centros penitenciarios no tienen los recursos económicos suficientes como para permitirse buenos abogados», apunta.
La imposibilidad, en muchas ocasiones, de acceder a una defensa con garantías unida al peso de RisCanvi provoca que los internos vulnerables con frecuencia «no puedan disfrutar de beneficios penitenciarios» a pesar de reunir los requisitos para ello, reflexiona Álava. Una situación en la que con probabilidad se habría visto Omar de no contar con el apoyo de la fundación.
Este hombre espigado llegó a Catalunya siendo menor de edad desde un país del Magreb. Fue un menor tutelado y pasó por varios centros de acogida. Gracias a la Fundació Marianao encontró su primer empleo, que le permitió vivir de forma independiente unos años. Pero al poco de entrar en la veintena todo se torció.
«Me he complicado la vida yo solo», afirma hoy. «La verdad, la libertad no la valoras hasta que la pierdes. Ahora mismo te digo que cuento los minutos, uno a uno, porque me dan horas…», reflexiona durante una de sus últimas salidas de permiso. Los profesionales que trabajan día a día con la población reclusa inciden en la importancia de los beneficios penitenciarios. Consideran que es un elemento clave para lograr un proceso de reinserción exitoso, que permita a estas personas vivir de nuevo en sociedad sin delinquir.
«Una parte muy importante de la condena, aparte de tratar la problemática que le haya llevado a delinquir, y en el momento en que esto ya se ha podido tratar, también es retomar el contacto con el exterior. Porque al final la condena se acaba y es con lo que esa persona se va a encontrar cuando salga», apunta Mónica Pons.
Actualmente Omar está pendiente de que un juez resuelva la apelación que ha presentado ante la Audiencia Provincial para acceder al tercer grado.
«Una persona que lleva encerrada muchos años tiene que ir paulatinamente encontrándose de nuevo con esta sociedad, con todos los cambios que han ocurrido durante el tiempo que ha estado en el centro», añade su compañera Álava. De lo contrario, la probabilidad de que reincida, especialmente entre internos con algún problema de toxicomanía y otros perfiles vulnerables, aumenta de forma exponencial, explica esta educadora.
Omar rememora el enfado que sintió hace unos meses cuando le comunicaron, dentro de prisión, que el juez se había opuesto finalmente a su progresión de grado. «Ya estoy acostumbrado», dice con resignación.
«¿Qué hago? ¿Voy a chillar? No, porque voy a perderlo todo. ¿Voy a echarles bronca? No, porque yo para ellos soy un número más. Cuando estás dentro, no es igual a como estamos sentados aquí. Eres un número más, les da igual. Tú chillas, te llama un funcionario, te chapan y ya pierdes todo. Hay que usar la cabeza».
Omar asegura que «ha tenido suerte» de tener el apoyo de esta fundación. De lo contrario, su presente probablemente sería muy diferente y no vería el futuro con «optimismo», como hace ahora. «La primera vez que salí fui muy feliz porque llevaba muchos años dentro. Lo que ven todos los días en libertad, tú no lo ves. Porque estás en un patio. Es otro mundo», concluye.
RisCanvi, el algoritmo de la cárcel es una investigación periodística de Público. En los siguientes enlaces puedes acceder a todos los contenidos del proyecto.
Este proyecto ha tenido el apoyo de Civic Journalism Coalition, una coalición impulsada por las organizaciones EDRI, ECNL y Lighthouse Reports.
El
alcalde de Oleiros (A Coruña, 30.000 habitantes), el municipio con
mayor renta de Galicia según la Agencia Tributaria, ha ordenado
colocar en los paneles luminosos del Ayuntamiento que pueblan el
municipio una fotografía de un jabalí con el rostro del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, y la leyenda en gallego
«Ábrese a veda» («Se abre la veda»). En
declaraciones a Público, el regidor, Ángel García Seoane, Gelo para sus vecinos, ha justificado los anuncios por los
bombardeos de población civil en Gaza, Líbano e Irán.
«Hay fachas que me han pedido que rectifique y que me retracte. ¿De qué
tengo que retractarme? ¿A santo de qué? El primer día de esta
guerra, Israel y Estados Unidos bombardearon una escuela infantil en
Irán y mataron a 165 niñas», explica el alcalde. «Un
jabalí es una bestia, un animal que remueve el suelo y destroza las
cosechas, lo mismo que está haciendo Trump. Es él quien está
matando, y seguirá haciéndolo hasta que alguien lo cace a él»,
añade.
El mandatario relata que ideó la campaña tras escuchar el
mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado
miércoles: «No soy del PSOE, pero me pareció una reacción
admirable y me pregunté qué podía hacer yo para apoyarle». «A
él, no a su partido», matiza. Gelo admite ser consciente de que
su actitud podría costarle represalias, pero afirma que no tiene
miedo: «Moriré defendiendo mis ideas«.
Medio dólar de recompensa por Trump
El
pasado otoño, García Seoane ordenó colocar en los luminosos
municipales de Oleiros otra fotografía de Trump con el mensaje en
gallego e inglés «Búscase. Wanted. Terrorista
Internacional. International terrorist. Recompensa: 0,50$«.
El regidor lo justificó por el apoyo de Trump al genocidio cometido
por el Gobierno de Israel contra los palestinos en Gaza, la
persecución de inmigrantes en EEUU y los ataques a embarcaciones
civiles en el Caribe. Lo calificó de asesino y de terrorista y
recordó que, tras perder las elecciones de 2021, había intentado «un
golpe de Estado en su propio país».
García
Seoane es el líder de Alternativa dos Veciños, una formación de
izquierda independiente que lleva desde 1985 gobernando
ininterrumpidamente el municipio, donde ha consolidado un proyecto
basado en la protección urbanística, la inversión en servicios
sociales, la adquisición de superficies e inmuebles para uso público
y la protección de la naturaleza y los ecosistemas. La calidad de
vida ha convertido a Oleiros en uno de los municipios de Galicia más atractivos para vivir –y también de los más caros– y ha atraído a las clases medias y altas de A Coruña.
Según los atlas de distribución de renta del INE y la Agencia
Tribuaria, los ingresos medios por hogar en Oleiros superan los
47.000 euros anuales.
Pese
al cambio en la estructura social de la población local,
Gelo, que no considera un insulto que le llamen comunista, arrasa en
las elecciones incluso entre el electorado de derechas. En las
municipales de mayo de 2023 obtuvo un 54,3% de los votos, más del
doble que PP y Vox juntos. En las generales de julio de ese año, los
de Feijóo y Abascal sumaron el 49,5% de papeletas en
las generales de ese año, a las que Alternativa dos Veciños no se
presentó –nunca lo hace–.
Ver vídeo
Un reportaje de Candela Barro y Juan Oliver. Más información en publico.es» class=»foto-texto»>»Yo soy castrista pero me vota la derecha inteligente», dice Ángel García Seoane, ‘Gelo’, alcalde de Oleiros (A Coruña).
Ex
militante del Partido Comunista, amigo del fallecido presidente
cuabno Fidel Castro y promotor de un callejero que homenajea al idioma, la cultura y la naturaleza de Galicia, a la
intelectualidad progresista y a políticos de izquierda de todo el
mundo –incluida una inmensa estatua de ocho metros de altura que
homenajea al revolucionario Ernesto Ché Guevara en una de las
avenidas más transitadas del municipio–, García Seoane ha
mantenido un discurso antiimperalista desde que fundó Alternativa
dos Veciños en 1976.
El Mossad, la CIA y los espías españoles
Asegura
que ha sido espiado por la inteligencia española y por el Mossad
israelí, y ha mostrado las pruebas –un cable de 1991 de la
delegación de la CIA en Madrid– que demuestran que Estados Unidos
también lo tenía en el punto de mira por burlar el bloqueo comercial decretado por Washington contra Cuba.
Relacionado con este tema
Tras
la invasión de Irak ordenada por el entonces presidente de Estados
Unidos, George Bush, y la foto de éste en Azores con sus
homógos José María Aznar (España), Tony Blair
(Reino Unido) y José Manuel Durão Barroso (Portugal), el
alcalde de Oleiros organizó su particular No a la guerra
vendiendo camisetas estampadas con un rollo de papel higiénico
decorado con la bandera estadounidense y la leyenda «USAme»,
y destinó el dinero a países invadidos por EEUU.
Al
año siguiente, emprendió otra campaña contra el entonces jefe del
Estado de Israel, el ultraderechista Ariel Sharon, acusado de
crímenes de guerra en Palestina desde los años ochenta. Gelo
sostiene que eso le valió una llamada del embajador de ese país en
Madrid, que le habría amenazado gravemente, aunque el diplomático
se apresuró a desmentirlo.
Cable de la CIA datado en 1991 que cita al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por su relación con el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.
Con
el inicio del exterminio
de palestinos
en Gaza en octubre de 2023 tras los atentados terroristas de Hamás
el día 7 de ese mes, los luminosos municipales de Oleiros también
han sostenido lemas contra el Gobierno de Israel y su presidente, Benjamin
Netanyahu,
que
aparecía en un fotomontaje, a la manera del Trump-jabalí, junto
a Adolf
Hitler,
con la frase en
gallego «Mesmas
bestas asasinas»
)»Mismas bestias asesinas». La asociación
Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio (ACOM), un lobbby que
asegura promover las relaciones entre España e Israel y combatir el
antisemitismo pero que en realidad se dedica a promover
acciones judiciales contra quienes critican las violaciones
del derecho internacional por parte de Israel –desde Ione Belarra a Ada Colau pasando por quienes participaron en las protestas de La
Vuelta contra el genocidio-, denunció al Ayuntamiento.
Sentencia contra un lobby israelí
El
pasado 31 de
enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A
Coruña desestimó el recurso de ACOM contra la sentencia de primera
instancia que había rechazado un mes antes el recurso en el que la
asociación reclamaba la anulación de la decisión del alcalde de
comparar a Netanyahu con Hitler, que consideraba una
«distorsión del holocausto», «un ejemplo inequívoco
de antisemitismo moderno» y de «odio frente a los judíos y
a lo que representan».
Relacionado con este tema
En
su fallo, que ya es firme, la magistrada Rosa
Agrasso Barbeito
niega ese argumento y recuerda que el mensaje contra el primer ministro israelí “nada
refiere sobre la condición de judío de Benjamin Netanyahu, ni se le
ataca por esta condición, sino por la masacre a la que está
sometiendo al pueblo palestino, manifestación que también se recoge
por el presidente de España, ministros de nuestra nación, miembros
de la UE, la ONU [y] el Tribunal Penal Internacional». «Aunque
Benjamín Netanyahu sea primer ministro del Estado de Israel, no hay
un ataque al pueblo judío, al Estado de Israel, ni siquiera al
Gobierno del Estado de Israel […]. Lo que no puede admitirse es que
solo quepa hablar de genocidio o masacre frente a nacionales cuando
se trata de israelíes y no de otros razas o nacionales de otros
países», concluye.
El alcalde valoró este jueves esa posición de los tribunales, recordó que él no tiene nada contra la ciudadanía de Israel–»nunca he atacado al pueblo judío», comenta–, y alerta de que Facebook ha borrado el post en el que se hacía eco de la sentencia.
Israel y Estados Unidos han atacado este sábado Irán y objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano. Al menos cinco ciudades iraníes han sido atacadas: Teherán, Ilam (oeste del país), Isfahan, Qom y Karaj. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó por su parte que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. El mensaje de Trump es claro: Irán nunca tendrá un arma nuclear.
Un funcionario israelí dijo que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, pero el resultado de los ataques no estaba claro. Una fuente con conocimiento del asunto había dicho antes a Reuters que Jamenei no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.
De momento, hay más de 50 niñas muertas tras el ataque en una escuela en Irán. Una fuente iraní cercana al sistema gobernante citada por Reuters dijo que varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní y funcionarios también habían muerto. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación.
“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados», señaló el mandatario estadounidense en un mensaje grabado y publicado en sus redes sociales en la mañana de este sábado.
En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales «USA», no habló de plazos o de si la llamada «Operación Furia Épica» será limitada y aseguró que está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que «podrían pronto alcanzar territorio estadounidense». Trump ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra, y según The New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque, informa Efe.
En dos ocasiones en su discurso de 8 minutos, aparente grabado en Mar-a-Lago, Trump dijo que no va «a consentir más» que Irán siga desarrollando sus capacidades de misiles y de enriquecimiento uranio, después de que en junio la Operación Martillo de Medianoche atacara las tres principales instalaciones nucleares de Irán con bombarderos estratégicos B-2.
El mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio en más de dos décadas
En esta ocasión, el Pentágono ha utilizado el mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio en más de dos décadas con los grupos de ataque del portaaviones Gerald Ford en el Mediterráneo oriental y del Abraham Lincoln en el Índico frente al Golfo de Omán, así como F-22 o aviones de reabastecimiento y de espionaje electrónico. La campaña «masiva» y «continuada» que anunció Trump parece haber contado con una primera oleada de ataques con decenas de misiles crucero Tomahawk, posiblemente lanzados desde el Mediterráneo.
«Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y prospero»
Al pueblo iraní, el mandatario estadounidense le dijo que esta será la única oportunidad «en generaciones» para tomar el poder una vez el grueso de las operaciones militares hayan concluido.
«Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo he hecho esta noche», señaló Trump. «Ahora veamos como respondéis», espetó al pueblo iraní. «Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y prospero», aseguró Trump.
Relacionado con este tema
Por su parte, tras los ataques de esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado que la operación ha destruido docenas de objetivos militares en Irán.
El Ministerio de Defensa israelí afirmó este sábado ha lanzado un «ataque preventivo contra Irán» para «eliminar las amenazas» a su país. Poco después una fuente seguridad israelí confirmó que el ataque ha sido realizado junto con Estados Unidos.
Por otro lado, el Ejército de Irán ha afirmado que todos los activos e intereses estadounidenses e israelíes en el Medio Oriente se han convertido en un objetivo legítimo, y que tras los ataques no existen líneas rojas.
Mapa de las ciudades en alerta en Israel difundida por el canal de noticias N12.
La alarma antiaérea ha sonado, por el momento, en cuatro ocasiones en Israel, la primera a modo de aviso, y las tres siguientes han sido una respuesta a un ataque real. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado el inicio del estado de alarma en todo el país, restringiendo el movimiento. Misiles balísticos han sido interceptados por el sistema Patriot israelí, más conocido como Muro de Hierro incluso sobre Jerusalén, lugar en donde la Ciudad Vieja ha sido evacuada.
El Ejército israelí informó por su parte de que al decretarse el estado de emergencia el territorio funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones.
Relacionado con este tema
La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó este sábado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, después de que el Ejército bombardease Teherán y declarase el estado de emergencia en el país durante 48 horas.
El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa.
Víctimas civiles en ambos frentes
Al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur), que impactó un colegio de primaria, informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.
“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa y, hasta el momento, cinco alumnas han fallecido”, anunció el funcionario provincial, según informó la agencia IRNA.
Nafisi explicó que el ataque impactó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, que en el turno de la mañana contaba con 170 estudiantes.
Según el vicegobernador de Hormozgan, los equipos de rescate se encuentran en el lugar asistiendo a las estudiantes y realizando las labores de retirada de escombros.
Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.
«Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños», afirmó el cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.
Según el Magen David Adom (MDA) servicio de emergencias israelí, el herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos del MDA han atendido hasta el momento a «varios individuos» que resultaron heridos de camino a los espacios seguros y cuadros de ansiedad.
Cruz Roja: la «reacción en cadena» en Oriente Medio puede ser «devastadora» para los civiles
La escalada militar en Oriente Medio es una «peligrosa reacción en cadena en toda la región» que puede tener consecuencias «potencialmente devastadoras para la población civil», advirtió este sábado la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric.
Relacionado con este tema
En un comunicado, la responsable del organismo especializado en atención humanitaria en conflictos subrayó que «respetar las normas de la guerra es una obligación y no una elección» y apeló a que los distintos bandos respeten los Convenios de Ginebra.
En una intervención maratoniana este martes por la noche ante el Congreso, Donald Trump se ha aferrado a la idea de unos Estados Unidos boyantes gracias a sus políticas económicas. El presidente estadounidense, arrinconado por los índices de popularidad por los suelos, se ha aferrado a la trillada idea de la «época dorada» y otras proclamas similares que ya empiezan a ser más bien coletillas en sus intervenciones. El discurso de una hora y cuarenta y un minutos – el más largo de la historia del país- ha estado preñado de ataques contra los inmigrantes, los demócratas y el Tribunal Supremo por su sentencia sobre los aranceles.
«Nuestra nación ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. […] Y no habéis visto nada igual, todavía tenemos que hacerlo mejor y mejor y mejor. Esta es la época dorada de América», ha arrancado Trump, que ha dedicado la primera hora a defender su gestión para hacer el país asequible para los ciudadanos. A pesar de que los datos muestran lo contrario: aunque la inflación se ha enfriado hasta el 2,7%, la comida, el gas y los alquileres siguen al alza. El precio para los consumidores continúa todavía un 25% más alto que hace cinco años y subraya la negligencia de Trump.
El triunfalismo de Trump:
«Nuestra nación ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca»
Pero Trump ha dejado que la realidad le estropee un buen mítin: «Estamos ganando tanto que en realidad no sabemos qué hacer con esto. La gente no para de decirme: ‘Por favor, presidente, estamos ganando demasiado. No podemos ganar más'». Las personas a las que se refiere el magnate seguramente no son el 60% de ciudadanos que suspenden su gestión, según la última encuesta publicada esta semana por elABCy elWashington Post.
El magnate ha presumido de haber prohibido a los grandes fondos de inversión comprar viviendas familiares para destinarlas al alquiler. Lo que no comentó es la letra pequeña del decreto, que da luz verde a esos mismos fondos para construir nuevas viviendas enfocadas únicamente al alquiler, un modelo que ha ganado mucha más fuerza entre las grandes compañías y un mercado que se perfila más rentable.
«Hoy, nuestra frontera es segura, nuestro espíritu se ha restaurado. La inflación está cayendo en picado, los ingresos aumentan rápidamente. La economía en auge ruge como nunca antes, y nuestros enemigos tienen miedo. Nuestras fuerzas armadas y la policía están reforzadas, y América vuelve a ser respetada”, ha defendido Trump, que tiene asediado militarmente Irán mientras sopesa si lanza un ataque controlado a pesar de que el Pentágono le recomienda no hacerlo. «Optaré por la paz siempre que pueda, pero nunca dudaré en enfrentarme a las amenazas para América», ha dicho el presidente citando la Operación Martillo de Medianoche con la que bombardeó las instalaciones nucleares iranianas.
Trump: «Hoy, nuestra frontera es segura, nuestro espíritu se ha restaurado. La inflación está cayendo en picado, los ingresos aumentan rápidamente»
Trump ha presumido de músculo militar a la vez que se jactaba de su rol como supuesto pacificador, y no ha dudado en citar a Venezuela como un «socio y amigo» en la explotación de petróleo. Una hipérbole mayúscula que obvia la intervención militar de Washington en Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro y la instauración de un protectorado en la sombra bajo amenaza de nuevos ataques.
Del mismo modo que ha cargado contra el expresidente Joe Biden -a pesar de que hace más de un año que no gobierna-, también ha rescatado otro de los lemas de campaña: la idea de que los estados demócratas llevan inmigrantes sin papeles a votar para ganar votos. Todo en previsión de que el resultado en noviembre no le sea favorable al Congreso.
«Quieren hacer trampas. Ya las han hecho, y su política es tan mala que la única manera que tienen de ganar las elecciones es haciendo trampas, y lo pararemos. Lo tenemos que parar, John», ha dicho el magnate en referencia a la Save Act, el proyecto de ley que quiere aprobar en el Congreso para exigir pruebas de ciudadanía a los votantes.
Buena parte de los congresistas demócratas han hecho el vacío a Trump y no han asistido al acto. El representante de Texas, Al Green, volvió a protestar contra el presidente al inicio de la sesión. El año pasado ya fue amonestado por interrumpir el discurso de Trump, y este miércoles ha sido expulsado de la cámara. Greene llevaba un cartel hecho a mano que decía: «¡Los negros no son monos!». La frase es una referencia al vídeo racista que Trump publicó en Truth Social con las caras de Barack Obama y Michelle Obama pegadas a las de unos monos.
Relacionado con este tema
Trump, molesto porque el resto de demócratas que había en la cámara ni se levantaban ni lo ovacionaban, los ha etiquetado de «locos». «Nadie se levanta», ha dicho señalándolos. «Esta gente está loca, os lo digo. Está loca. Los demócratas están destruyendo este país, pero los hemos frenado justo a tiempo».
La congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, protesta contra Donald Trump durante el discurso del estado de la Unión.
En un flagrante recordatorio de la relación de Trump con el pederasta Jeffrey Epstein, los demócratas habían invitado a algunas de las víctimas del multimillonario. Aunque el efecto ha sido mínimo. La administración republicana supo desactivar el caso Epstein con la publicación de más de tres millones de documentos. Una bomba controlada que no dañó más la imagen del magnate de lo que ya estaba, mientras que en Europa provocó una oleada de dimisiones y escándalos.
Trump se mete con el Supremo
Igual que el año pasado, la delegación del Tribunal Supremo que asistió al discurso estaba compuesta por el presidente John Roberts, y los magistrados Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres se mantuvieron impasibles mientras Trump calificaba de «desafortunada» la sentencia y aseguró que con el precedente judicial, la acción del Congreso no será necesaria. Precisamente, el alto tribunal anuló los aranceles porque consideraba que el mandatario abusaba de los poderes de emergencia y necesitaba primero la aprobación del legislativo.
Roberts y Barrett son dos de los conservadores que votaron a favor de anular los aranceles, mientras que Kavanaugh es uno de los tres grandes que Trump ha elogiado por oponerse a la decisión. Para añadir sal a la herida, Barrett resulta ser uno de los tres magistrados que el republicano nombró en su primer mandato. En uno de los muchos ataques de los últimos días, el presidente calificó la acción de Barrett de vergüenza para su familia.
Relacionado con este tema
«Guerra contra el fraude»
Cuando llegó el turno de hablar de Minnesota, Trump ni siquiera hizo referencia a los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE. El presidente no recordó a Good y Pretti, pero sí a los que considera sus muertos: el influencer de extrema derecha Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de octubre.
Trump, ajeno a la ola de indignación en el país que provocó la violencia parapolicial ejercida en Minneapolis, volvió a blandir el odio contra la comunidad somalí de la ciudad bajo acusaciones de supuesto fraude.
En cuanto a la corrupción que está saqueando América, no hay ejemplo más impactante que Minnesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado aproximadamente 19.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, dijo el republicano, refiriéndose a los somalíes como piratas.
Bajo esta supuesta epidemia de fraude que va más allá de Minnesota —y que el magnate ahora piensa explotar para atacar otros estados demócratas—, Trump anunció el inicio de una nueva guerra: la guerra contra el fraude. Aunque empezó hace cuatro meses, esta noche anuncio oficialmente que la guerra contra el fraude será liderada por nuestro gran vicepresidente, JD Vance, dijo. Es inevitable el paralelismo con la guerra contra el narcotráfico que Washington ha usado para volver a la senda del imperialismo del patio trasero.
La Audiencia Provincial de Madrid tendrá en sus manos el 16 de abril la decisión clave sobre si se crea una macrocausa por la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid. Determinará el futuro de los procedimientos instados por los familiares de los mayores, que no recibieron una prestación médica adecuada en marzo y abril de 2020. Porque, aunque la Audiencia de Madrid rechazó el pasado diciembre la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid para inhibirse en la investigación de una residente fallecida, la decisión de abril afectará a más de una veintena de procedimientos que tiene abiertos otro juzgado de instrucción, el número 3 de Madrid.
Su titular, María Isabel Durántez, ha rechazado de momento acumular 19 procedimientos: dos procedentes de Arganda del Rey, una de Collado Villalba, una de Getafe, cuatro de Leganés, seis de Madrid, tres de Móstoles, una de Navalcarnero y una de Valdemoro. Además, aún no ha dictado auto rechazando la acumulación en cuatro procedimientos en los que otros tantos juzgados se inhibieron en favor del suyo, pero lógicamente lo hará en línea con sus decisiones anteriores.
La causa por la discriminación vivida en las residencias de Madrid, donde fallecieron 7.291 personas sin ser trasladadas a un hospital y sin que sus centros fueran hospitalizados como había anunciado el Gobierno madrileño, se reactivó la pasada primavera cuando fueron imputados los primeros ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por un delito de denegación discriminatoria de la atención sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Esos ex altos cargos imputados en diversos procedimientos son el director de Coordinación Sanitaria hasta mayo de 2020, Carlos Mur Bernat; su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo y el director del Summa 112, Pablo Busca. El primero fue el firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, que bloquearon las derivaciones de residentes a los hospitales públicos; el segundo está considerado por las familias «el ideólogo» de dichos protocolos, y el tercero era el máximo responsable del servicio de ambulancias.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora decidir si se unen o no los procedimientos en el Juzgado de Instrucción 3 de la capital. Por un lado están la Fiscalía de Madrid, los familiares de las víctimas que impulsan las causas judiciales y Martínez Peromingo, que solicitan la acumulación de las causas. Por el otro se encuentran la titular del Juzgado y Carlos Mur, que argumentan que no deben unirse.
Ver vídeo
Un único hecho, los mismos investigados
En sus escritos para instar la reapertura de las diligencias por la posible existencia de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, el Ministerio Público ya argumentó a favor de la acumulación de los procedimientos en una macrocausa. Según establecía, se investiga un único hecho, pese a que bajo la lupa se encuentren múltiples fallecimientos en distintos hospitales. La Fiscalía los compara con las muertes en un accidente de autobús. «Las causas del accidente son múltiples y las circunstancias del fallecimiento de cada una de las víctimas son distintas. Algunas de las víctimas formularán querella contra el conductor, otras contra el conductor de otro vehículo que se cruzó en la carretera», explica. Pero el procedimiento que se abriría sería único, «valorando conjuntamente la responsabilidad del conductor del autobús, el otro vehículo e incluso las circunstancias de cada una de las víctimas (ir no con cinturón)». En el caso de las residencias, el objeto de valoración debe ser, apunta, el protocolo que prohibía la derivación de los residentes contagiados, la medicalización de las residencias –que no llegó a realizarse –, la comunicación con los geriatras de enlace, los testimonios de los médicos de las residencias y si éstos consideraban que esos protocolos eran obligatorios.
Además, laFiscalía recurre ala«economía procesal»para apoyar la creación de una sola causa, un argumento que también utilizan en sus recursos tanto los familiares denunciantes como MartínezPeromingo. Las familias aseguran que no sólo hay un hecho único, sino que también los investigados son los mismos en todos los procedimientos: los tres ex altos cargos antes citados. «El hecho que dio origen ala comisión del delito es idéntico: la aprobación y ejecución de los Protocolos de la vergüenza, con sus discriminatorias consecuencias».A su juicio, mantener divididos los procedimientos en los juzgados, produciría «efectos injustos yrevictimidatorios[sic]en los perjudicados» yafectaría a la tutela judicial efectiva.
Los denunciantes ponen el foco en que lo de menos es en qué residencia viviesen los mayores, qué hospital les correspondiese o si finalmente fallecieron o no. «A todos se les aplicó una política discriminatoria global, consistente no sólo en la no derivación hospitalaria, sino en la falta de medicalización de las residencias y la no derivación a hospitales privados ni al hospital de Ifema». Según subrayan, el contexto fue «idéntico» y respondió a la «decisión política tomada y ejecutada» por los ex altos cargos investigados.
Uno de ellos, Francisco Javier Martínez Peromingo, también pide la acumulación de los procedimientos en una sola causa. Y lo hace por las mismas razones que la Fiscalía y los denunciantes –el hecho investigado y los imputados son los mismos en todos ellos–. Pero también porque «no resulta procesal ni humanamente admisible» que se le llame a declarar «en multitud de juzgados de la Comunidad de Madrid (siete, por el momento) y siempre por los mismos hechos». Es más, reproduce un párrafo del escrito de la Fiscalía que también utilizan los familiares y que tacha de «caótica» la situación a la que han conducido los «distintos caminos procesales» abiertos con cada denuncia. Para el ministerio público, la dispersión de los procedimientos «perjudica los intereses de la justicia», de los familiares de los fallecidos y de los propios investigados.
Relacionado con este tema
Contextos asistenciales distintos
Por el contrario, otro de los ex altos cargos investigados, Carlos Mur, que firmó los Protocolos de la vergüenza antes de ser destituido en mayo de 2020, prefiere que no haya macrocausa. Dice que los hechos que se investigan son distintos, las víctimas son distintas y los «contextos asistenciales» también difieren, al igual que las responsabilidades que se atribuyen a los querellados. «La acumulación [de procedimientos] diluiría la necesaria individualización de conductas, perjudicando la claridad del procedimiento y el ejercicio pleno del derecho de defensa», razona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3, que se opone también a lamacrocausa, hace suyos los argumentos de CarlosMur.Dice que sólo son tres los investigadoscomunes a todos los procedimientos; el resto, detalla, serán distintos según la residencia o el hospital implicados: los geriatras de enlace, los geriatras de cada residencia, los directoresde esos centros… Lo mismo que ocurrirá, aduce, con las víctimas, sus padecimientos previos o con el hecho de que unos fallecieran y otros no.
No obstante, la jueza admite que los hechos objeto de investigación tienen un origen común: «La existencia y aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria y el funcionamiento (o no) del Plan de Choque aprobado por la Comunidad de Madrid, principalmente la medicalización de las residencias». Pero, a su juicio, esa «circunstancia» debe «conjugarse» con la comprobación de si cada víctima recibió la asistencia sanitaria adecuada. «Ese contexto», determina, «es lo que ha de constituir el objeto de investigación»: si cada afectado fue discriminado. Por eso, pide una «instrucción diferenciada».
Estudió filosofía, militó en Izquierda Unida y dedicó cerca de una década a la docencia y la investigación. Lara Hernández (Madrid, 1986) se fraguó políticamente al calor del 15M. «En la época dorada de la movilización social», cuenta en conversación con Público. En 2024, la madrileña volvía a la primera línea política, como parte de Movimiento Sumar, la formación que por entonces lideraba la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Apenas un año después, Hernández asumía una nueva responsabilidad: la coordinación general del partido.
A algo más de un mes de cumplir un año en el cargo y en la víspera de la presentación de la nueva confluencia que impulsan su formación, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, la política madrileña atiende a Público para hablar de la necesidad de «reconectar» con la calle. «La izquierda tiene que hablar en el idioma de la gente y hacerse cargo de sus problemas», defiende la dirigente de Sumar. Sobre el nuevo ciclo electoral, sobre el estado de salud de la izquierda, vivienda o feminismo. Sobre todo esto y mucho más hablamos con ella desde el plató de Público.
Ver vídeo
Público entrevista a Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar.
Algo se mueve en la izquierda. ¿Cómo interpretas los movimientos que han agitado el espacio durante la última semana? ¿Crees que lo importante es precisamente que haya movimiento y debate?
Efectivamente. Creo que estos movimientos, como tú bien apuntas, responden a una demanda que está instalada en la calle. Hemos llegado a un momento en el que la gente está pidiendo que las izquierdas toquemos las teclas que de alguna manera van a servir como revulsivo para empezar a trabajar, para ponernos en marcha. Esta es una semana crucial para todas nosotras.
El miércoles se celebraba un debate entre Emilio Delgado y Gabriel Rufián al que finalmente decidíais asistir los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno. De parte de Movimiento Sumar, ibas precisamente tú. ¿Por qué era importante estar ahí?
Nos ha parecido importante asistir al acto del pasado miércoles porque en realidad plantea una fórmula que es perfectamente compatible con lo que vamos a presentar el día de mañana, el sábado 21 de febrero. Responde a una voluntad de la que nosotras queremos participar. Hay una realidad: la gente está esperando que la izquierda se organice, que la izquierda se ponga, manos a la obra para construir una alternativa a las políticas del Partido Popular y de Vox, que parece que están a la vuelta de la esquina. Ante eso, creo que hemos respondido de una manera responsable y con mucha altura de miras. En el caso del acto del sábado, creo que es importante decir algo: la izquierda que va a nacer mañana, la izquierda que nace el día 21 de febrero, tiene la tarea principal de volver a conectar con la calle. Esta tarea es la consecuencia directa de lo que hemos vivido esta semana.
Sobre el acto que celebráis este sábado las cuatro formaciones que formáis parte del socio minoritario del Ejecutivo —Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns—, ¿por qué habéis decidido organizarlo ahora? Mucha gente lo ha interpretado como una especie de respuesta al acto de Rufián y Delgado.
La fecha ha sido fruto de la casualidad. Creo también que Emilio y Gabriel deberían contestar a la pregunta de cómo ha sido que ha coincidido todo en la misma semana. Nosotros ya estábamos trabajando de manera coordinada a nivel de Gobierno, nuestras cuatro formaciones políticas: Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns. Desde luego nuestra voluntad es la de reeditar esa coalición electoral para presentarnos a las próximas elecciones generales del 2027. La idea es hacerlo ya precisamente porque urge, porque hay una alarma y una necesidad instalada en la calle para que nos pongamos a trabajar cuanto antes. Lo hacemos ahora porque creemos que es el mejor momento, porque creemos que la gente ya no puede esperar más. Nuestra idea es construir, consolidar esta alianza de estos cuatro partidos, para que, a partir de aquí, lancemos un llamamiento a que formen parte de este proceso, de esta alianza democrática, muchas otras formaciones políticas que no están, muchos otros sindicatos, entidades sociales y, por supuesto, todas las personas que se quieran sumar.
Estamos hablando de una presentación en la que no vais a anunciar un candidato, un nombre para la nueva coalición, tampoco un programa concreto. ¿Qué se va a presentar entonces el sábado?
Nosotras decidimos celebrar este acto porque nos parece un punto de inicio. Para nosotras es absolutamente fundamental entender que la casa ya no podemos construirla por el tejado. Soy perfectamente consciente del debate mediático: las caras, la visibilidad, los liderazgos. Esto es absolutamente crucial en el momento hacia el que vamos, pero tiene que ir de la mano de otros elementos políticos que son fundamentales. Y uno de ellos, lo apuntabas tú, es el programa. Tenemos que entender que estamos en un momento histórico totalmente distinto a todos los que hemos vivido anteriormente. En 2023, nosotras nos presentamos a unas elecciones generales con un programa de urgencia que logró revalidar un gobierno de coalición progresista y frenar el ascenso de la derecha y de la extrema derecha.
Queremos librar la batalla contra Vox desde el Parlamento y desde la calle
En 2027, ya no es así. Es otro momento, en el que —insisto— tenemos que hacernos cargo y asumir la responsabilidad para con la gente que nos está esperando. Eso requiere, en primer lugar, poner encima de la mesa un programa de transformación social y de transformación política real de nuestro país. Esto es lo que queremos hacer. Queremos, a partir del 21, que esta izquierda que nace asuma la responsabilidad de volver a conectar con la gente que está en la calle, de volver a hablar en su idioma, en su lenguaje, y, por supuesto, de hacernos cargo de los problemas de la gente. De plantear propuestas en positivo, que resuelvan la situación que tenemos hoy en día en España.
¿Cuáles van a ser los pilares de ese futuro programa?
Para nosotras, hay que hablar de dos temas Así de claro. Vivienda y redistribución de la riqueza. Hoy en día España es, en términos macroeconómicos,la gran locomotora de la Unión Europea. Tenemos cifras verdaderamente sorprendentes en la historia de nuestra democracia. Pero esa realidad macroeconómica, esos grandes números, no son realidades que aterricen en las casas de la gente. La vivienda es la gran aspiradora extractiva de las rentas de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que poner encima de la mesa este problema, que es ya la primera preocupación para el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos soluciones que no son fantasía ni nada que nos estemos inventando. Son soluciones reales, factibles, materiales y que se pueden implementar. Que incluso se están desarrollando ya en algunas comunidades autónomas y que pasan necesariamente por intervenir el mercado de la vivienda.
Lo segundo es hablar de la distribución de la riqueza. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI, pero los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los bancos siguen acumulando cada vez más ganancias. Sin ir más lejos, la semana pasada conocíamos los beneficios desorbitados que ha ganado la gran banca en el último periodo. Mientras todo esto pasa, se sigue produciendo una gran brecha en cuestión de pobreza. La pobreza infantil sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país y ante eso tenemos que plantear medidas como, por ejemplo, la prestación universal por crianza, seguir aumentando el salario mínimo o implementando medidas que compensen ese desfase entre el coste de la vida y los salarios que recibe la clase trabajadora. Todo ello para garantizar, en última instancia, que podamos tener vidas que merezcan la pena ser vividas.
Hubo muchos otros partidos en lo que fue el espacio de Sumar, que se generó al calor del 23J. Partidos que no forman parte en este momento de la nueva confluencia pero a los que habéis invitado al evento de este sábado. Varios de ellos ya han dicho que no van a ir. Es el caso de la Chunta Aragonesista. Més per Mallorca o incluso Podemos. Compromís, en cambio, sí va a estar. ¿Esperáis que todos estos partidos con los que habéis compartido espacio se acaben sumando al proyecto?
Aquí hay que respetar siempre la autonomía de todas las organizaciones políticas y los tiempos y ritmos en los que cada una quiera dar este tipo de debates. Nosotras ya trabajamos juntas en un grupo parlamentario del Congreso, que esto a veces hay que contarlo más. Actualmente, por primera vez en la historia de nuestra democracia, existe un grupo parlamentario conformado por siete formaciones políticas de carácter territorial, estatal, plurinacional. Esto ya existe. Nosotros ya trabajamos de manera coordinada con la Chunta, con MÉS, con Compromís. Una vez dicho esto, nuestra voluntad, nuestra vocación y desde luego nuestro deseo —y este es también mi anhelo personal y el de la formación política a la que represento— es que evidentemente todas y todos se monten a este barco y que cada uno encuentre el lugar que le sea más cómodo para estar.
El debate entre Emilio y Rufián partía de una propuesta que ya hizo en su momento el portavoz republicano de un frente amplio de izquierdas, pero que partiera, por primera vez, no del impulso de las fuerzas estatales, sino de las izquierdas soberanistas. Es una premisa con la que partidos como Compromís o la Chunta podrían sentirse más interpelados. ¿Vosotros cómo valoráis esta idea? ¿Cuál sería la fórmula electoral que queréis construir?
Es un debate muy largo y muy interesante a la vez. Aquí hay varios elementos a tener en cuenta y que va a haber que navegar. Hay una realidad que tiene que ver con la ley electoral que tenemos, que penaliza la fragmentación. Esto lo llevamos viendo en las series históricas del CIS y en los resultados electorales muchísimo tiempo. Constatar esto no quiere decir que lo tengamos que asumir. Todo lo contrario. Quiere decir que tenemos que superar estas dificultades. que vayamos viendo cómo se produce ese encaje para obtener nuestro objetivo político. Esta es la clave de todo, hacia dónde queremos caminar. Yo lo tengo clarísimo. Nosotras y nosotros queremos caminar hacia esa conexión con la calle, en primer lugar, y hacia librar esa batalla con Vox, en segundo. Y no solo desde el Parlamento, también desde la calle, desde lo popular.
Tenemos que situar los grandes temas en los institutos, en los bares y en los parques
Tenemos que volver a situar los grandes temas que nos han preocupado y que nos siguen preocupando a la izquierda, ya sea plurinacional o estatal, donde corresponde. En los institutos, en las cafeterías, en los bares, en los parques, en las escuelas infantiles. Una vez que esto se dé, veremos cómo alcanzar la fórmula, el encaje concreto, que, ahora mismo, es una cuestión más secundaria.
Al final estáis proponiendo ya una cierta fórmula con esa reedición de la coalición.
Nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto político y l un ‘no nos vamos a rendir’. Esto es lo que estamos diciendo, que no nos vamos a resignar. Estamos lanzando mucho más que un acto de cuatro formaciones políticas que ya trabajan juntas. Lo que estamos diciendo es que la izquierda del siglo XXI ha dejado atrás el ‘no es posible’. La nostalgia no nos va a llevar a ninguna parte, la nostalgia es antirrevolucionaria. En un momento como el actual, tenemos que hacernos cargo, arremangarnos y ponernos muy serias y serios, porque lo que tenemos enfrente es algo a lo que no tenemos que mirar en clave defensiva, sino en clave propositiva. Lo que tenemos es que volver a hablar y a situar los grandes discursos donde tienen que estar, que es en la calle y en la gente.
Hablando de ideas que han surgido a raíz de ese debate entre Delgado y Rufián, no sé si crees que la conversación en torno a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y del feminismo ha acaparado el debate público.
El debate público va a una velocidad que es absolutamente vertiginosa. Cada minuto y cada segundo aparece una noticia nueva y distinta. Sin entrar en la polémica —ya el propio Emilio se explicó al respecto y pidió disculpas— lo único que puedo decir es que nuestra vocación y nuestro objetivo es el de situar los temas que preocupan a la gente en la mesa. Desde luego, el feminismo es algo absolutamente transversal, que ha logrado traer muchas victorias a nuestro país. Vamos a seguir levantando las banderas en defensa del feminismo y de la lucha LGBTI porque entendemos que forman parte de nuestras raíces, de dónde venimos.
Pero sí consideráis que hay un cierto electorado, un perfil masculino y joven, al que no se está consiguiendo llegar desde la izquierda.
Este es un debate muy interesante. Yo aquí puedo hablar como profesora del instituto de secundaria. Se habla mucho de este 25% de la juventud que está profundamente derechizada. Bueno, hay un 75% que no. Es un 75% de la juventud que ha puesto en marcha las movilizaciones por la defensa del ecologismo, los Fridays for Future. Las mujeres jóvenes en las aulas son las generaciones de mujeres más empoderadas y con una mayor vocación de transformación desde el feminismo que se ha visto en mucho tiempo en nuestro país. Hay una realidad que está ahí. Ahora, es verdad que ante el crecimiento exponencial del voto hacia la extrema derecha, en la franja de entre 18 y 35 años, hay que reaccionar. Yo ante las veleidades de mi alumnado no respondía mediante la imposición, sino a través del convencimiento. Aquí la izquierda tiene que hacer una reflexión sobre cómo situar nuestras propuestas políticas, nuestra visión del mundo. Sobre cómo tejer nuevos horizontes de futuro para estas nuevas generaciones con las que se sientan identificadas y que empaticen con su sentido común y con su manera de vivir.
Otra de las cuestiones sobre las que ha pivotado el anuncio de la presentación de este sábado, de Un paso al frente, es el tema de los liderazgos. Vosotros habéis insistido en que, de momento, no hay una cara. Yolanda Díaz, que fue la anterior candidata del espacio, no ha terminado de aclarar cuál va a ser su encaje en la nueva confluencia. ¿Hay algún tipo de estrategia en no decir nada? ¿Por quién apostáis desde Movimiento Sumar? ¿Hay algún nombre alternativo sobre la mesa?
Por ser honesta, nosotras tenemos la voluntad, y además lo hemos dicho en múltiples ocasiones, de someterlo todo a debate. No tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en poner encima de la mesa el debate con respecto a los liderados, con respecto a los instrumentos, con respecto al método. No hay que mirar hacia otro lado. Ahora, esta velocidad vertiginosa del debate público que comentábamos antes nos empuja a tener que contestar preguntas que ni siquiera nos hemos autoformulado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que primero tenemos que ver cómo construimos la casa. Empezar la casa por abajo, por los cimientos. Y luego ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con quién, con las caras que van a representar o que van a liderar todo esto. Ahora mismo nuestra vocación es la de poner esta tarea que tenemos por delante de conectar con la calle y con la gente de nuevo.
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en la redacción de ‘Público’.
¿Cómo debería, en cualquier caso, elegirse el futuro candidato? Izquierda Unida, en un primer momento, proponía un proceso de primarias. El otro día su coordinador federal, Antonio Maíllo, hablaba, en cambio, de un candidato de consenso, ¿Por qué fórmula abogáis vosotros?
Nosotros lo hemos dicho y lo tenemos escrito en nuestros documentos. Los métodos democráticos son los únicos que sirven como vara de medir, también hacia dentro de los propios partidos. Un proceso de primarias es, desde luego, el método más democrático, transparente y limpio que puede servir para poner encima la mesa los nuevos liderazgos.
Apartándonos un poco de lo que es la última hora informativa, ¿Cómo valoráis desde Movimiento Sumar, en particular, y el espacio de Sumar, en general, estos dos años y pico de legislatura? Una legislatura complicada por la aritmética parlamentaria a la hora de aprobar proyectos legislativos.
Creo que el Gobierno de coalición progresista ha recibido todos los ataques posibles por tierra, mar y aire desde el minuto en que se depositó en la urna la papeleta por parte de la derecha y la extrema derecha. Estamos trabajando en condiciones sumamente complicadas. Esto es lo primero. Lo segundo, creo que hemos logrado muchas cosas, que se han conseguido victorias para el conjunto de las clases trabajadoras de nuestro país. Por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Estamos ya situados en 1.221 euros al mes para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hemos logrado aprobar y sacar adelante normas que tienen un impacto en la vida cotidiana de la gente. Que mi móvil no esté todo el rato sonando con números spam, a través de la ley de servicio de atención a la clientela.
Hemos puesto también el foco en el tema de la vivienda. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista Obrero Español tenga el Ministerio de Vivienda y hayamos hecho muchas más cosas nosotros en materia de vivienda? No solo trayendo la primera Ley de Vivienda que ha tenido esta democracia, porque esto hay que decirlo. La primera ley de vivienda que ha tenido nuestro país la trajo el primer Gobierno de coalición progresista. Antes de esa ley, la vivienda era una jungla; el mercado libre era salvaje. Además, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, hemos logrado poner el foco en un problema que es absolutamente transversal en nuestro país. Sin ir más lejos, el pasado martes el presidente del Gobierno anunció una inversión de 23.000 millones de euros en materia de vivienda en su comparecencia en las Cortes. Esto es evidentemente gracias al empuje que estamos haciendo desde el ala de Sumar para situar las cuestiones de fondo encima de la mesa.
¿Cuáles van a ser los caballos de batalla de Sumar en lo que queda de legislatura, en este próximo año y medio?
Vivienda, vivienda y vivienda. Este es para nosotros el tema principal, porque es el tema principal para la gente. Es el tema principal para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Hay una dificultad absolutamente brutal a la hora de acceder a un alquiler. Ya no existe la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en nuestro país, porque el techo es mucho más que un techo en sí mismo. Que yo tenga acceso a una vivienda es la condición de posibilidad para que el día de mañana pueda tener hijos, pueda tener pareja, pueda desarrollar mi vida con normalidad con mis amigos y con mi familia, con mi entorno más cercano. Hoy en día la situación es toda la contraria. Cada vez hay más personas que están a punto de ser expulsadas de sus viviendas porque su contrato de alquiler va a caducar a lo largo de este año y se exponen a subidas del 20, 30 o 40% el alquiler. Eso me obliga a que igual me tengo que ir de mi barrio, de mi ciudad, tengo que cambiar a mis hijos de cole.
Otro problema: el alquiler turístico. Esto está a nivel de todo nuestro país. La gentrificación, el proceso de expulsión de nuestros barrios, se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más extendido, más fraudulento y con una menor voluntad por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de regularlo. Podríamos hablar de Baleares, de Canarias, pero también de ciudades como Granada, Málaga, Barcelona o Madrid. Tantas y tantas ciudades que están viendo que tienen gobiernos autonómicos que se niegan sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda. Los que blandían y defendían la Constitución cuando les interesaba, ahora se sitúan del lado de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no quieren regular el mercado. Porque no regularlo significa seguir favoreciendo los intereses de los grandes tenedores, de los fondos buitres y de los que, en última instancia, son los verdaderos amigos del Partido Popular: los grandes poderes económicos.
La izquierda del siglo XXI tiene que dejar atrás el ‘no es posible’
¿Cuáles son las tres medidas estrella de Sumar para ofrecer soluciones a la crisis de la vivienda?
Intervención del mercado de la vivienda ya. Hay que ponerle coto, límite, freno a los precios de los alquileres. Lógicamente tiene que ser una intervención por ley. Esto ya está pasando. El Gobierno de Navarra ha intervenido el mercado del alquiler declarando, en primera instancia, zonas tensionadas. A partir de ahí lo que hemos visto es que, en seis meses, ha descendido un 8,6% el precio de los alquileres, sin afectar a la oferta de vivienda. Este es uno de los grandes argumentos esgrimidos por quienes representan a la patronal inmobiliaria en el Congreso, los diputados del PP y Vox.
Segunda medida: regular el alquiler de temporada y habitacional y, por supuesto, el alquiler turístico. Tampoco es una medida que llevemos como bandera discursiva. Hemos presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados ante la cual, lo recuerdo aquí, el Partido Socialista se ha abstenido. Y tercera medida: hay que poner coto a los grandes tenedores. ¿Qué es esto de que un número brutal de casas estén en manos de fondos buitres o de unos pocos propietarios? Tenemos que utilizar los mecanismos impositivos, el pago de impuestos.
Lo hemos visto en Extremadura, también en Aragón. Al espacio de la izquierda alternativa le está costando conectar con el electorado progresista. ¿Qué tiene que cambiar la izquierda para canalizar y convertir en votos el descontento que hay en las calles?
Esta pregunta conecta directamente con la primera parte de nuestra conversación. Aquí hay muchísimos temas que tenemos que abordar. La izquierda tiene que situar en el foco los temas que preocupan a la gente, pero no de una manera abstracta, sino sobre bases materiales. Hemos hablado de la vivienda y seguiría hablando de ello largo y tendido. Pero ¿qué pasa con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial? La IA ha llegado para quedarse en nuestras vidas y las ha penetrado de una manera que está modificando cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, incluso cómo se concibe la educación. Afecta también a los medios de comunicación y al poder digital que es, sin duda alguna, el gran poder de nuestros tiempos.
¿Qué pasa con los discursos respecto a las nuevas tecnologías y su implementación y calado en nuestra sociedad? Nosotros tenemos desde la izquierda que elaborar un discurso, plantear una propuesta política. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de la Unión Europea. La UE está viviendo la crisis existencial de mayor envergadura que ha vivido en todo su periodo de vida. Ante esto, tenemos que plantear cuál es nuestro modelo de Unión Europea. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por soberanía, por autonomía estratégica? Tenemos que empezar a hablar ese idioma, ese lenguaje que nos sitúe donde estamos, en el siglo XXI.
El final del camino son las elecciones generales de 2027, pero hemos entrado ya en un nuevo ciclo electoral que se inauguraba el pasado mes de diciembre en Extremadura. Estamos todavía en la resaca electoral de Aragón, donde no fue posible construir una lista única en el espacio de la izquierda alternativa. En Castilla y León, de cara a esos futuros comicios del 15 de marzo, tampoco ha sido posible articular una candidatura conjunta. ¿Se va a conseguir en Andalucía?
No hay nada que nos gustaría más a Movimiento Sumar. Nosotras hemos trabajado intensamente en todas estas citas electorales a las que hacías mención y las que quedan por delante para construir alianzas, candidaturas unitarias en las que, desde luego, estén todas las fuerzas presentes. Vamos a seguir trabajando por y para ello. También en Andalucía.
Dos años y medio separan dos afirmaciones totalmente opuestas entre sí, ambas dichas por María Guardiola. «Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista», decía la líder del PP de Extremadura en junio de 2023 para intentar frenar un pacto con Vox que acabó produciéndose. Este lunes, una presidenta inmersa en tortuosas negociaciones con la extrema derecha para revalidar el poder en la región, se rendía por completo a la formación de Santiago Abascal: «El feminismo que defiendo, estoy convencida de que es el feminismo que defiende Vox», aseguraba durante una entrevista en un medio de la ultraderecha.
Los acercamientos públicos de Guardiola a los de Abascal han contado con dos respuestas. Por un lado, la aprobación de José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox: «Estaremos encantados de acompañarla ahora que estamos tan cerca. Nos alegran los cambios«, aseguraba el diputado ultra, que aun así fue receloso y advirtió que los entendimientos se tienen que plasmar en acuerdos y no en titulares de prensa. Por otro lado, se produjo un reproche sibilino desde Génova, sede del PP nacional:
«Hay que hacer menos ruido en los medios«, aseguraba Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, en la rueda de prensa que daba este lunes en calidad de voz autorizada del partido, al analizar las negociaciones en Extremadura.
El nerviosismo en el Partido Popular por el destino de Extremadura se constata en estas declaraciones cruzadas entre Génova y el PP extremeño. Mientras, en Vox, el mando único evita las discrepancias. Las declaraciones de Guardiola, pese a la polémica, no han tenido respuesta por parte de Óscar Fernández, portavoz de Vox en Extremadura. Una prueba de que se han bajado las armas después de una semana de gran tensión. Las negociaciones entre PP y Vox siguen y tienen de tope el 3 de mayo, aunque la presidenta intentará ser investida durante la primera semana de marzo. Durante la campaña hubo agresiones verbales cruzadas entre Abascal y Guardiola y la extremeña no dudó en criticar «el tufo machista del señor Abascal». Ese olor, tapado ahora por la urgencia de formar gobierno, parece haber desaparecido.
El feminismo de Vox que gusta a Guardiola
Tras presumir de haber forzado a Guardiola a un cambio de postura, Vox aprovechaba para definir lo que su partido entiende por feminismo: «Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres y se ha impuesto un modelo que ha provocado una fractura entre hombres y mujeres. Creemos en la igualdad real», explicaba Fúster sin pronunciar la palabra feminismo. Horas después, la presidenta de Extremadura intentaba desdecirse y rebajar la sensación de victoria de la ultraderecha, que da por sometida a la presidenta: «Mi feminismo es el de verdad. Cualquiera que me conoce sabe que es un feminismo basado en hechos. No entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres», apuntaba Guardiola para defender que ella cree en un «feminismo real, no de pancarta» con un ataque mediante a Pedro Sánchez y su relación con Ábalos: «No [defiendo] el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución».
La realidad es que el cambio de Guardiola respecto a Vox fue forzado por Génova, que presionó a la presidenta extremeña para que formara un gobierno de coalición con los de Abascal. La alianza solo duró un año, pero dejó para la hemeroteca una de las rectificaciones más evidentes y llamativas de un líder del PP.
Ver vídeo
Valoración de Miguel Tellado tras los resultados de las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre de 2025.
¿Qué dicen los programas de PP y Vox sobre feminismo?
En las elecciones generales de 2023, Vox rehusó utilizar la palabra feminismo en ninguna de las 178 páginas que ocupaba su programa electoral. En él, sin embargo, prefería denominar a la violencia de género como «violencia doméstica» para ocultar la responsabilidad de los hombres, proponía derogar el aborto, la ley trans y la
Ley Integral de Violencia de Género.
Y más cercano en el tiempo queda el programa electoral de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura, donde proponía eliminar «leyes de género» que, a juicio de la extrema derecha, solo han servido para «crear toda una industria del género que ha disparado el despilfarro político y originado normas ‘feministas’ que han acabado beneficiando y soltando a violadores y criminales sexuales». Vox prometía acabar con el «fanatismo ideológico» y ahora María Guardiola se muestra conciliadora: «Nos unen muchas más cosas de las que nos separan», afirmaba este lunes.
Al revisar el programa electoral que llevó María Guardiola a las elecciones de 2025, en las que subió un escaño respecto a 2023, se pueden apreciar algunos detalles. Aunque el concepto «feminismo» está muy presente en el discurso de la presidenta, la realidad es que es una palabra que no aparece nombrada en ningún pasaje del programa. Tan solo hay un apartado, el último, llamado Igualdad y corresponsabilidad real entre mujeres y hombres, donde se anuncian medidas muy diferentes a las proclamadas por la extrema derecha. Se contemplan «ayudas para el fomento de la conciliación familiar», un «Plan Estratégico para la
Igualdad de Mujeres y Hombres» a implementar durante la legislatura, la creación de una nueva Oficina de
Igualdad y Violencia de Género y «medidas y programas que
promuevan la equidad de género
desde un enfoque de
masculinidades proigualitarias y
corresponsables». Un programa difícil de aplicar si tu aliado propone erradicar el «despilfarro político» que traen las políticas feministas.
Relacionado con este tema
El radical giro argumental de Guardiola se contextualiza en unas negociaciones tras las elecciones del 21 de diciembre que no han medrado y que, si no avanzan, traerán una derrota en la votación de investidura que se celebrará a comienzos del mes de marzo. Los acercamientos fallidos al PSOE para una abstención hacen de Vox la única alianza plausible si el PP quiere volver a gobernar en Extremadura. La alternativa son unas nuevas elecciones y en el PP, tal y como recordó Alberto Núñez Feijóo este fin de semana, abogan por el entendimiento con la extrema derecha.
La sanidad se ha convertido en un lucrativo negocio que atrae a empresas que poco o nada tienen que ver con la salud. Incluso a algunas extranjeras, parapetadas en territorios de reconocida opacidad fiscal. De Países Bajos a Delaware pasando por Luxemburgo. Es el caso de Hill International Spain, la empresa que supervisa los hospitales públicos de gestión privada de Madrid y es la filial en España de Hill International Incorporated, uno de los mayores gestores de infraestructuras de Estados Unidos. Así lo ha comprobado Público a través de múltiples documentos mercantiles de los tres países.
En el último año en que publicó sus resultados, 2021, Hill International Incorporated facturó 320 millones de euros. En diciembre de ese año fue adquirida por otro gigante estadounidense, Global Infrastructure Solution Incorporated (GISI), con un volumen de negocio aún más espectacular: 10.170 millones en 2022. En ese momento, Hill International dejó de cotizar en Bolsa y de hacer públicas sus cuentas.
A España Hill Internacional llegó en 1998, cuando nació Gerens Hill International. Dos años después, la estadounidense salió de la española, que se rebautizó como Gerens Management Group hasta que, en febrero de 2008, la compañía con domicilio social en Filadelfia regresó comprando el 60% de su antigua filial, que recuperó su nombre. Sólo una semana más tarde, Gerens anunciaba su entrada en Concessia, una gestora de infraestructuras creada junto con 13 cajas de ahorro que se alió con Ribera Salud para levantar el Hospital de Torrejón. No hacía tampoco ni dos meses, en diciembre de 2007, que Gerens Management Group había conseguido el contrato para supervisar los hospitales impulsados por Esperanza Aguirre.
En 2013, Hill International adquirió el 40% restante de las acciones de Gerens y cambió su nombre a Hill International Spain SA. Su volumen de negocio en 2024, último ejercicio en el que ha enviado información al Registro Mercantil, ascendió a 13,54 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. Pero cerró con pérdidas, 654.000 euros. Ese año contaba con una plantilla de 119 personas, de las que 16 se encargan de las tareas de supervisión de los hospitales públicos de gestión privada.
Ver vídeo
Desde 2007 hasta 2022 tenía bajo su lupa los siete hospitales gestionados con el modelo de concesión de obra pública, en los que la asistencia sanitaria la lleva a cabo el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), mientras que los servicios no sanitarios, de la lavandería a los vigilantes jurados, son responsabilidad de las empresas privadas que los construyeron. A partir de ese año, también vigila la actividad y las cuentas de los hospitales bajo concesión administrativa, donde la asistencia médica corre a cargo de firmas privadas: el grupo Quirón y el grupo Ribera Salud. Además, monitoriza las facturas mensuales y la liquidación anual de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Central de la Defensa, que tienen convenios singulares con el Sermas. Así como el funcionamiento de los servicios centralizados de lavandería, seguridad y limpieza de los hospitales de gestión 100% pública del Sermas.
A cambio, Sanidad le ha pagado más de 15 millones de euros desde 2007, entre contratos y prórrogas. El importe del último, adjudicado en 2022, asciende a 3,54 millones de euros, y la última prórroga de dos años, hasta 2027, le reportará 2,36 millones más.
Torres de Colón, edificio Faro, centros de datos
Pero su negocio en España se extiende también al sector privado. Por ejemplo, Hill International dirigió el proyecto de renovación del Four Seasons Resort Mallorca en Formentor, así como la rehabilitación en Madrid de las Torres Colón y del edificio Faro (Retama), adonde ha trasladado Renfe sus oficinas. Además, el campus de Data4 en San Agustín de Guadalix (Madrid), cuatro centros de datos construidos sobre un terreno de 6,5 hectáreas, lleva también su firma, y el Tranvía de Zaragoza, que fue inaugurado en 2011.
No obstante, los resultados de esta actividad salen de España, en principio, rumbo a los Países Bajos, donde está domiciliada la empresa matriz de Hill International Spain. Hill International NV, con sede en Ámsterdam, es dueña al 100% de la filial española desde diciembre de 2013. Pero la sociedad dominante última de la española es Hill International Incorporated, que, aun con domicilio social en Filadelfia (Pensilvania), deposita sus cuentas en el Estado de Delaware, considerado un paraíso fiscal: las empresas no pagan impuestos si operan fuera del estado ni están obligadas a publicar quiénes son sus propietarios o sus cuentas. Así, en Delaware están registradas el 60% de las 500 mayores compañías estadounidenses, incluidas Google, Amazon, Facebook, Visa, MasterCard o Walmart, y más de 1,6 millones de empresas del resto del mundo. Lo mismo que Global Infrastructure Solution Incorporated (GISI), la multinacional que compró Hill International Incorporated en 2022. Aunque su sede social está en Newport, en California,el domicilio fiscal es también Delaware.
Relacionado con este tema
En las cuentas que Hill International Spain remite al Registro Mercantil, se puede rastrear el movimiento de fondos entre las filiales y la matriz. Por ejemplo, en 2019 Hill International Spain hizo un préstamo de 10 millones de euros a Hill International NV para que ésta comprara las acciones de Hill Brasil Participações Ltda que tenía la española. A la inversa, dos años antes la filial había recibido un préstamo de 298.000 euros de la subsidiaria alemana del grupo, Hill International NV (Germany Branch), que devolvió en 2023.
Problemas con Concessia
En cualquier caso, con Concessia el negocio no le fue demasiado bien. Hill International reconoce que su participación en el que fue gestor del Hospital de Torrejón hasta el pasado agosto, un 5,66% de las acciones valorado en 975.000 euros, estaba «completamente deteriorada» desde el 31 de diciembre de 2023. La causa son las «significativas» pérdidas de Concessia. Ese ejercicio perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a los 3,37 millones de números rojos acumulados desde 2020. De hecho, en 2023 Concessia estaba en causa de disolución, por lo que tuvo que reducir capital por importe de 11,46 millones de euros para compensar pérdidas y revertir su desequilibrio patrimonial.
En 2024,HillInternationalno veía ninguna posibilidad de recuperar esa inversión «sobre un plan de negocio ni en el corto ni el medio plazo».Su valor contable es cero, concluyeen su memoria anual.
Concessia nació en febrero de 2008, sólo unos meses antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Tenía planes muy ambiciosos: invertir 2.000 millones de euros para conseguir una cartera de 37 concesiones públicas en un plazo de 10 años. Y no sólo en España, sino también en Europa del Este, Estados Unidos, México, Brasil y Chile. También quería salir a Bolsa «a medio plazo», según se publicitó entonces en la prensa económica.
Quinceaños despuésde su creación, las dos únicas inversiones que le quedaban aConcessiaeranTorrejón Saludy el Hospital Universitario de Burgos. La primera es la gestora del hospital situado en esa localidad madrileña creada con el grupo Ribera Salud. La segunda,bajo la marca comercialEficanza, es la única que le queda en laactualidad, trassu abrupta salida de Torrejón Salud.TrasEficanzaestá la sociedad que constituyeron en 2006 la constructora OHL, el Santander y los constructores burgaleses Antonio Miguel Méndez Pozo y Jesús Arranz Acinas. El primero, condenado a siete años de cárcel en 1994 por corrupción, es uno de los mayores y más influyentes empresarios de Castilla y León, dueño del grupo de comunicación Promecal y el detonante de los disturbios en el barrio burgalés de Gamonal, en 2014.
En la agenda de Vox y en los planes más aterradores de Núcleo Nacional hay un punto en común. La remigración, un concepto acuñado por ultras de Austria y Alemania para plantear expulsiones masivas de migrantes africanos, forma parte de las pancartas de los neonazis y de las acciones políticas del partido de Santiago Abascal.
La última iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Vox contra la inmigración apunta en esa dirección. «Remigración de los extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el Estado de bienestar de los españoles», reivindica el partido de Santiago Abascal en una propuesta registrada en el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos tras el acuerdo alcanzado entre Podemos y el Gobierno a favor de la regularización de migrantes.
No es la primera vez que el partido ultra apela a ese concepto para resumir sus planes respecto a personas de otros países que viven en España. En una charla ofrecida en junio pasado, el líder de la formación ultra en Girona, Alberto Tarradas, fue incluso más allá y avanzó que pretenden echar a todos aquellos que no conciban el concepto de España en los mismos términos que la extrema derecha.
«Vivir en España significa vivir como un español, sentir como un español y querer convertirse en un español. Y si tú no estás dispuesto a ninguna de estas cosas, pues hay que plantear también que estas personas pues sean remigradas a sus países, aunque sean hijos de inmigrantes y ellos ya hayan nacido aquí», apuntó durante una conferencia organizada por el grupo de ultraderecha Reconquista en Barcelona.
El concepto remigración fue introducido en el lenguaje de la ultraderecha europea por el cofundador del Movimiento Austríaco de Identidad Martin Sellner. Según una investigación del medio de investigación y verificación alemán Correctiv, este activista de ultraderecha se reunió en noviembre de 2023 con miembros de Alternativa para Alemania (AfD) para presentarles un plan dirigido a expulsar a dos millones de personas residentes en el país al norte de África.
Sellner es hoy una de las principales figuras europeas que promueven la idea de la remigración, lo que ha dado lugar a varios encuentros en los que han participado activistas de ultraderecha de distintos países europeos.
Vox emplea hoy ese término en sus propuestas parlamentarias, en sus discursos y en sus documentos políticos. Así consta, por ejemplo, en elPrograma económico y de viviendaque el partido presentó en el marco de su último congreso, celebrado en junio de 2025.
«Remigración / Deportaciones masivas: proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente
a nuestra nación, de aquellos inmigrantes legales que
cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma
de vida, así como de aquellos que decidan no integrarse«, afirma ese documento.
Las propuestas de remigración que defiende Vox también han formado parte de la actividad política de Alejandro Nolasco, el líder del partido en Aragón que ahora tiene la llave del nuevo gobierno regional y de quien depende el PP para seguir gobernando en esa comunidad.
Relacionado con este tema
«Repatriación, remigración y aquí no entra ni uno más», afirmó el grupo parlamentario de Vox en Aragón en un mensaje publicado el pasado día 4 de febrero en Facebook junto a un vídeo en el que Nolasco criticaba la regularización de migrantes.
La pancarta de los encapuchados
Tres días después de ese mensaje, la palabra remigración ocupó de principio a fin la pancarta de Núcleo Nacional, un grupo neonazi que defiende el supremacismo blanco y que suele realizar apariciones públicas con sus militantes encapuchados.
Esta organización, que acaba de inscribirse como partido político bajo el nombre Noviembre Nacional, promueve también las expulsiones masivas de migrantes y utiliza el término «remigración» en sus acciones públicas para pedir expulsiones masivas.
Núcleo Nacional ya había utilizado ese lema xenófobo en otra movilización realizada en noviembre pasado en Madrid, tal como pudo constatarse en las imágenes difundidas por los medios.
Activistas de Núcleo Nacional junto a la pancarta con el lema «remigración» el pasado 8 de noviembre de 2025 en Madrid.
Relacionado con este tema
Pese a esa utilización del término por los neonazis, Vox volvió a emplearlo en comparecencias posteriores y lo incluyó en la iniciativa presentada en el Congreso contra las regularizaciones de migrantes.
Modelo italiano
La defensa de la «remigración» también está a cargo de una nueva plataforma creada en España por grupos de extrema derecha siguiendo el modelo implementado por neofascistas italianos. En ese país, organizaciones de extrema derecha mantienen activa una organización denominada Remigrazione e Riconquista que recientemente ha conseguido llegar al Congreso en Roma para presentar una iniciativa de recogida de firmas a favor de las expulsiones masivas.
La Asociación Cultural Alfonso I, el Centro Social y Nacional Salamanca y el Espacio Zaragoza Resiste están involucradas en el intento de traer ese modelo de plataforma a España. La organización Remigración y Reconquista ya ha sido presentada en Santander y Madrid.
Un «contexto complicado», la «irresponsabilidad» del candidato popular, el auge de la ola reaccionaria, la tibieza del Partido Socialista… Muchos son los motivos con los que las dos listas de la izquierda nacional —IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde— han justificado sus «decepcionantes» resultados en los comicios aragonesas celebrados el pasado fin de semana. Una cita electoral en la que los primeros revalidaban su único diputado en las Cortes, aunque con un porcentaje de voto ligeramente inferior al que obtuvieron en 2023 (un 2,94%), y los segundos se quedaban, por primera vez en su historia, fuera del parlamento aragonés, con menos del 1% de los apoyos. Todo ello en un contexto marcado por el ascenso de Vox, sí, pero también por el batacazo electoral del PSOE, que calcaba el que fue en 2015, con la irrupción de Podemos, su peor resultado histórico en la comunidad.
De los cinco escaños que han perdido los socialistas en las Cortes solo ha sacado rentabilidad la Chunta Aragonesista, la izquierda regionalista por excelencia, duplicando el número de asientos que obtuvo en 2023. Y apuntándose un mérito más: son la única lista de todo el abanico de la izquierda que ha crecido al calor de estas elecciones. Los de Jorge Pueyo salen del 8F reforzados como cuarta fuerza en Aragón —por detrás de PP, PSOE y Vox— y, sobre todo, como la opción fundamental de la llamada izquierda transformadora, con IU en horas bajas, Movimiento Sumar en plena construcción y Podemos completamente desdibujado. Un panorama que suscita muchas dudas. ¿Es Aragón un caso excepcional o un síntoma más de la desintegración de la izquierda estatal? ¿Ha llegado el momento de apostarlo todo a las izquierdas regionalistas?
CHA celebra los resultados electorales de este domingo 8 de febrero.
Apenas unas horas antes de la cita de los aragoneses con las urnas, La Sextae infoLibre adelantaban una noticia de última hora: Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, se reunirán el próximo 18 de febrero para discutir sobre el futuro de la izquierda. Lo harán en la sala Galileo Galilei de Madrid, con la analista política Sarah Santaolalla como moderadora. El encuentro ha suscitado desde el primer momento todo tipo de habladurías, recuperando la propuesta de un frente amplio y plurinacional, encabezado por las izquierdas soberanistas, que ya lanzó el portavoz republicano el pasado mes de julio.
Una intención a la que el propio Rufián ha dado alas a través de varios mensajes publicados en los últimos días en sus redes sociales. «Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos», escribía el político catalán este lunes en X. Instando a la izquierda a «hacer algo diferente» para frenar el avance de las derechas. «Solo digo algo que basta estar en la calle cinco minutos para escuchar: más cabeza y menos pureza«, sentenciaba el portavoz republicano. Fuentes del entorno de Rufián, en conversación con Público, descartan que el encuentro tenga cualquier tipo de pretensión orgánica. Estas voces consideran, más bien, que lo que se trata de «una manifestación más» de algo que el portavoz de ERC ha defendido siempre: que hay que reforzar el espacio generando alianzas. Lo que no quiere decir, matizan, que la fórmula pase por constituir «una única lista».
El acercamiento entre fuerzas regionalistas se dejaba ya entrever durante los actos de campaña de las elecciones aragonesas. Dos semanas en las que acudieron a apoyar la candidatura de CHA dirigentes de la izquierda soberanista como Joan Baldoví, sindic de Compromís; Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca o el propio Emilio Delgado.
Al encuentro entre Rufián y Delgado, podría seguirle una ronda de contactos del catalán con dirigentes de la izquierda de toda España para tender puentes de cara a la construcción de ese nuevo frente a la izquierda del PSOE. Un propósito que ha generado todo tipo de reacciones dentro del espacio, todavía en plena resaca electoral. El primero en pronunciarse fue Oskar Matute, diputado y coportavoz de EH Bildu en el Congreso. «Nuestro proyecto es y será un proyecto por y para nuestro país: Euskal Herria y su gente», recordaba el político vasco a través de X. Comprometiéndose, eso sí, a «actuar con solidaridad con las clases populares y el resto de pueblos del Estado». Una postura con la que se han alineado también desde el BNG. «Nos movemos en otra clave«, trasladaban este lunes los de Ana Pontón.
También en el entorno de la izquierda estatal miran con recelo la propuesta del republicano. «La gente está harta de las telenovelas de la izquierda», valoraba en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Abogando por el «diálogo entre militancias«: «Menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo». Desde Podemos, por su parte, han rebajado la trascendencia del encuentro tachándolo de «charla». «Ni siquiera sabemos si cuentan con el respaldo de sus partidos», lanzaba al aire, también en rueda de prensa, el secretario de Organización morado, Pablo Fernández. Unas dudas que venía a confirmar, horas después, la propia formación del portavoz republicano: «ERC se presentará con las siglas de ERC».
Relacionado con este tema
Más prudentes se han mostrado el resto de formaciones del entorno de Sumar. «Bienvenidas sean todas las propuestas«, valoraba este mediodía la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, calificando como «absolutamente necesario» cualquier debate que avance en la construcción de «una herramienta capaz de ponerle freno a la extrema derecha». De parte de Más Madrid, ha sido la ministra de Sanidad y dirigente del partido, Mónica García, quien ha asegurado que su formación siempre ha abogado por «abrir los brazos» a todas las fuerzas progresistas que quieran aportar. También los Comuns se han mostrado partidarios del entendimiento dentro del espacio de la izquierda. Con una petición: que las negociaciones discurran «con la máxima discreción».
Las izquierdas alternativas del Gobierno
En cualquier caso, los partidos de Sumar en el Gobierno tienen su propio proyecto entre manos el cual presentarán el próximo 21 de febrero en Madrid, tal y como ha adelantado Público. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid llevan meses sentados a la mesa de negociación buscando una nueva fórmula para reconstruir el espacio de cara a las futuras elecciones generales de 2027. Lo harán a través de un proyecto «democrático», «plural» y «que ponga en el centro los problemas de la mayoría social», ofreciendo «una alternativa de país» frente al ascenso imparable de la extrema derecha y el «inmovilismo» del PSOE. Si bien, por el momento, son pocos los detalles que han trascendido sobre el mismo. Los mensajes menos crípticos han llegado de la mano de IU, que ha pedido, en reiteradas ocasiones, «superar» el molde de Sumar, del 23J. Una fórmula «incapaz de aglutinar» al conjunto de fuerzas progresistas. ¿Cómo? Con un nuevo programa, un nuevo nombre y nuevas caras. De momento no ha trascendido ni el nombre ni quién liderará la nueva confluencia.
La entonces dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, saluda a los simpatizantes del partido tras conocer los resultados del 23J.
«Estamos en un trabajo discreto, diario, que llevamos realizando desde hace tiempo y que no está en los grandes anuncios, sino en ese trabajo de hormiguita para la construcción de un proyecto alternativo a la izquierda del PSOE», explicaba en rueda de prensa este lunes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Una «herramienta útil», «capaz de enfrentar el actual contexto de emergencia social, política y cultural«, añadía la portavoz. ¿Son compatibles ese proyecto y la nueva propuesta de Rufián? «Eso lo tendremos que ir decidiendo», ha respondido Hernández. «Nuestra apuesta ahora mismo está en consolidar este espacio de discusión. El encaje que luego se dé en un marco de plurinacionalidad y de la defensa de una agenda progresista, será algo que tenga que decidir el conjunto de la ciudadanía».
En un tono similar se ha pronunciado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en su respectiva comparecencia frente a los medios de comunicación. «Estamos coordinándonos para sacar adelante un proyecto que reconecte con la gente de izquierdas de nuestro país, que nos pide esa cohesión y esa propuesta política solvente, programáticamente hablando», explicaba el político andaluz. Aprovechando para animar al resto de fuerzas del espacio a trabajar «con la misma convicción» para construir «un proyecto de país digno de tal nombre». «Pronto tendremos noticias y serán buenas», anticipaba el también candidato a la Junta de Andalucía.
Relacionado con este tema
De Aragón a Andalucía
En la izquierda, algo se mueve. Y las lecciones de Aragón, con el fantasma de la división como telón de fondo, han impulsado ya los primeros gestos de acercamiento. «El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía de la CUT. Tras los resultados en Aragón, me reafirmo en mi opinión. La extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes”, escribía la noche del domingo, poco después de conocer los resultados electorales, Raquel Martínez, secretaria general de Podemos en Andalucía. Un mensaje que muchos entendían como una mano tendida hacia la coalición Por Andalucía que encabeza Maíllo, con la idea de emular la fórmula de Unidas por Extremadura.
Preguntadas por este asunto, fuentes de los morados enmarcan la reflexión de Martínez en el ámbito personal. «Vamos a continuar en esa tarea de intentar poner a la izquierda en pie y conformar las candidaturas más amplias y heterogéneas posibles«, zanjaba, en este sentido, su secretario de Organización, tras ser preguntado por una posible apuesta por la unidad en los futuros comicios. Una unidad para la que, reconocía el portavoz morado, se llega ya demasiado tarde en la próxima parada del ciclo electoral, Castilla y León. Pero para la que todavía queda margen en Andalucía.
Gobernaba Esperanza Aguirre cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha siete hospitales gestionados con un modelo de colaboración público-privada llamado «concesión de obra pública»: constructoras y bancos, en forma de UTE (unión temporal de empresas), construyeron los centros y se encargarán durante 30 años de la gestión de los servicios no sanitarios, mientras que la asistencia médica corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Al tiempo, la Consejería de Sanidad creaba una Unidad Técnica de Control para «monitorizar» y «evaluar» los servicios prestados por las empresas concesionarias. Aunque depende de la Dirección General de Gestión Económica del Sermas, su personal pertenece a una empresa privada, a la que se adjudicó en 2007 un contrato para que hiciera ese trabajo. Se trata de Hill International Spain SA, filial española de una de las mayores multinacionales de gestión de proyectos y construcción de Estados Unidos.
Desde entonces y hasta 2022, Hill International Spain fue la encargada de supervisar la actividad y el desempeño económico y financiero de esos siete hospitales, a través de adjudicaciones y prórrogas de los contratos. El último contrato se firmó en 2022, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno madrileño, que además le amplió el trabajo: pasó también a ejecutar la «supervisión técnico-administrativa, económico-financiera y legal» de los cuatro hospitales gestionados con otro modelo de colaboración público-privada, la «concesión administrativa», así como de los hospitales con convenio singular –la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla– e incluso de los contratos centralizados de limpieza, lavandería y vigilancia y seguridad del Sermas.
Uno de esos hospitales bajo «concesión administrativa», también parte del proyecto privatizador de Esperanza Aguirre, es el de Torrejón, gestionado por la sociedad Torrejón Salud SA. Desde que se constituyó en 2009 y hasta agosto del año pasado, esta empresa ha tenido dos accionistas: el grupo Ribera Salud (89,47%) y Concessia (10,53%), una sociedad creada para invertir en proyectos de concesiones públicas de la que Hill International posee un 5,67%.
Es decir, la empresa que supervisa la actividad y cuentas del Hospital de Torrejón desde 2022 ha sido al mismo tiempo accionista indirecta –a través de Concessia– de dicho hospital durante tres años. Lo que puede suponer un conflicto de intereses, según confirman los expertos consultados por este periódico. La imparcialidad y objetividad de la supervisión ejecutada por Hill International podría quedar en entredicho al ser accionista indirecto del Hospital de Torrejón. La filial de la multinacional estadounidense fue ratificada como miembro del consejo de administración de Concessia en abril de 2023, por un plazo de seis años.
«No vamos a hacer ningún comentario», ha sido la respuesta de Hill InternationalSpaincuandoPúblicoleha preguntado por su participación accionarial enConcessiay la incompatibilidad con sus tareas de supervisión del Hospital de Torrejón entre 2022 y 2025.
Por su parte, la Consejería de Sanidad niega que haya conflicto de intereses y asegura que «los procedimientos sobre los que se trabaja y se trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho». «Todo el problema» sobre el posible conflicto de intereses, añade un portavoz, «obedece a un problema de distribución de accionariado». [Puedes ver al final de este artículo las preguntas que dejaron sin responder la consejería y la empresa].
Causa de resolución del contrato
Los pliegos de condiciones administrativas del contrato de 2022 establecen en su capítulo de incompatibilidades que el adjudicatario no puede «tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses» para la realización de las tareas que se le han encomendado.
También precisan que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba». Es decir, cita expresamente el centro del que Hill International Spain era accionista indirecto.
En cualquier caso, los pliegos exigen al adjudicatario que presente, en el momento de la firma del contrato, una «declaración responsable expresa y por escrito» de la inexistencia de conflictos de intereses. El incumplimiento de esta obligación es motivo para resolver el contrato. Y mentir en esa declaración implica que se le sancione con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Ni la empresa ni Sanidad aclararon qué figuraba en esa declaración responsable.
Relacionado con este tema
Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón.
¿Lo sabía Sanidad?
Pero resulta poco creíble que Sanidad desconociera el vínculo societario entre Hill International,Concessiay Torrejón Salud. La creacióndeConcessia, en febrero de 2008, fue publicitada en la prensa económica. Trece cajas de ahorrose unían con la que entonces se llamabaGerensHill Internationalpara fundar«la primera y única gestora de concesiones de España controlada por entidades financieras y con total independencia de cualquier grupo constructor».Cada caja tenía un 7% de la sociedad, yGerensHill International, un 5%.Su plan era conseguir una cartera de 37 concesiones públicas por importe de 2.000 millonesde euros en 10 años. Aún no había explotado la burbuja inmobiliaria –Lehman Brothers quebró sólo sietemeses después– yConcessiase preparaba para participar en proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos como hospitales, carreteras, aeropuertos, comisarías, edificios para uso de las administraciones públicas y residencias de mayores, según publicó el diarioExpansión. No sólo en España, también en Europa del Este, Estados Unidos, México, Brasil y Chile.
Pero, tras la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, en su capital sólo quedan hoy siete socios: Ibercaja Banco (30,15%), Caixabank (24,2%), Kutxabank 16%), Banco Sabadell (8%), BBVA (8%) e Hiscan Patrimonio II SAU, gestora de Caixabank (8%), además de Hill International Spain. Desde agosto de 2025, cuando abandonó Torrejón Salud, Concessia sólo tiene una inversión, el 23% del Hospital Universitario de Burgos, gestionado con el modelo de concesión de obra pública. Además, en 2023 perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a los 3,37 millones de números rojos acumulados desde 2020. De hecho, en 2023 Concessia estaba en causa de disolución, por lo que tuvo que reducir capital por importe de 11,46 millones de euros para compensar pérdidas y revertir su desequilibrio patrimonial.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la inauguración del Hospital de Torrejón, en septiembre de 2011.
Hill International también pierde dinero en España, 654.000 euros en 2024. Pero ese ejercicio facturó 13,54 millones, un 8,8% más que el año anterior, según destaca en las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil y que han sido consultadas por Público.
Relacionado con este tema
En los últimos cinco años, Torrejón Salud SA ha recibido 121 millones de euros en concepto de compensación tras alegar que se produjeron «circunstancias extraordinarias o imprevisibles» que habían alterado «significativamente la economía del contrato». Los últimos 32,8 millones, pagados el pasado verano, salvaron a la concesionaria de la insolvencia. Pero no consiguieron cerrar el conflicto que arrastraba con su socio minoritario, Concessia. La empresa de las cajas y Hill International vendió sus acciones y abandonó el barco tras enfrentarse a Torrejón Salud en los tribunales y 16 años después de haberse vinculado al grupo Ribera Salud.
Las preguntas que Sanidad elude y su respuesta
Público envió a la Consejería de Sanidad las siguientes preguntas sobre la adjudicación a Hill International Spain SA del servicio de apoyo a la unidad que supervisa los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid, que no contestó:
1. ¿Ocultó la empresa a la Consejería de Sanidad ese vínculo societario cuando se presentó al concurso público?
2. El pliego de condiciones administrativas establece que el adjudicatario, en el momento de firmar el contrato, debe presentar una «declaración responsable expresa y por escrito de la inexistencia de conflictos de interés». ¿Qué constaba en la declaración que presentó Hill International Spain SA?
3. ¿Qué comprobaciones hizo el órgano/mesa de contratación? ¿Pidió alguna documentación acreditativa, más allá de la declaración responsable, como un certificado de estructura económica de la empresa y de sus participaciones en otras sociedades, sobre todo en relación con las concesionarias supervisadas (que Hill International Spain SA era uno de los accionistas de Concessia fue ampliamente publicado en la prensa económica)?
En su lugar, la Consejería de Sanidad remitió la siguiente respuesta:
«En primer lugar, para determinarse algún tipo de conflicto de intereses dentro de la accionariado, habría que acudir al Registro Mercantil para comprobar porcentajes. Debido a la premura de la información que solicitáis, esto en 24 horas no se resuelve.
Hill no es la UTC [Unidad Técnica de Control]. Existe una unidad de apoyo en todo este procedimiento.
Como vosotros mismos determináis en vuestras afirmaciones, no hay ni obedece [a un] conflicto de intereses.
Los procedimientos sobre los que se trabaja y trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho.
Todo el problema que planteas y que parece que tenéis perfectamente delimitado por vuestra fuente obedece a un problema de distribución de accionariado».
Las preguntas que Hill International Spain SA no responde
Público también envió una serie de preguntas a Hill International Spain SA sobre el contrato para la supervisión de los hospitales públicos de gestión privada y sobre su participación accionarial en Concessia. La empresa indicó que no iba a realizar ningún comentario. Las cuestiones son las siguientes:
Según nuestras informaciones (recabadas en la Plataforma de Contratación y el Registro Mercantil), Hill International Spain es la adjudicataria del contrato de «servicio de apoyo técnico a la Unidad Técnica de Control para los hospitales gestionados en régimen de concesión, hospitales con gestión de servicio público en la modalidad de concesión, hospitales de convenio singular y de los contratos de servicios no sanitarios gestionados de forma centralizada por el Servicio Madrileño de Salud». Concedido en 2022, le fue prorrogado en 2025 hasta 2027.
La empresa ya prestaba ese servicio desde 2007, cuando le fue adjudicado bajo su anterior denominación, Gerens Management Group. Desde entonces, el contrato le ha sido renovado y vuelto a adjudicar hasta ahora.
Desde 2022, en que se amplió el objeto del contrato, Hill International se encarga de supervisar y monitorizar no sólo los hospitales bajo concesión de obra pública, sino también los de concesión administrativa, entre los que se encuentra el Hospital de Torrejón. Este centro es propiedad de Torrejón Salud SA, sociedad de la que, hasta agosto de 2025, Concessia poseía una participación del 10,53%. A su vez, Hill International es accionista (5,66%) y consejera de Concessia.
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Es legal que Hill International supervise la actividad y las cuentas de un hospital del que es accionista una sociedad en la que tiene una participación y en cuyo consejo de administración se sienta? ¿No incurre en un conflicto de interés?
2. En el pliego de condiciones administrativas del contrato, se establece que el adjudicatario «no podrá tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses para la realización de las mencionadas tareas». También que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena
(Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba».
¿Por qué se presentaron al concurso, a sabiendas de que incumplían las condiciones del pliego?
3. En el capítulo de incompatibilidades se establece igualmente que «la entidad adjudicataria, en el momento de la firma del contrato, se compromete a presentar declaración responsable expresa y por escrito de la inexistencia de conflictos de interés».
¿Comunicó Hill InternationalSpaina la Consejería de Sanidad su participación accionarial enConcessiacuando presentó su oferta al concurso público de 2022?
4. ¿Mantiene Hill International aún hoy, enero de 2016, su participación accionarial enConcessia, teniendo en cuenta que en agosto de 2025 abandonó Torrejón Salud SA tras una disputa judicial con Ribera Salud y que la situación financiera deConcessiaes delicada (estaba en causa de disolución en 2023, tuvo que reducir capital, sus inversiones se reducen a una, el hospital de Burgos)?
Ruido, mucho ruido. Explicaciones sin contrastar contadas como certezas. Preguntas sin respuesta que se viralizan. Y, finalmente, bulos que se comparten a través de las redes sociales, sobre todo. La realidad, empero, a día de hoy, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), es la siguiente: aún no hay una conclusión definitiva sobre lo que sucedió el domingo 18 de enero a las 19.45 en el kilómetro 318 de la línea 010 Madrid-Sevilla del tren de alta velocidad, a la altura de Adamuz (Córdoba). Aunque sí existen pistas que señalan lo que pudo ocurrir, según adelantó este lunes Ignacio Barrón, presidente de la comisión: «Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura».
Mientras, sube la temperatura política a cuenta de un siniestro que causó 45 muertos: el PP, Vox y hasta aliados del Gobierno piden la dimisión del ministro Óscar Puente y este se esfuerza en redes y en entrevistas televisivas y radiofónicas en desmentir lo que considera y tacha de «bulos». Lo cierto es que se han sucedido las polémicas al respecto de algunas cuestiones de importancia, como son la soldadura, la rotura, las vías y las revisiones y también otras que han resultado finalmente más anecdóticas, como la aparición de la marca Ensidesa en los raíles.
La comisión describe así el siniestro: «Los coches
descarrilados [del tren Iryo] se desplazaron lateralmente invadiendo el gálibo de la vía 2, por
la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia 2384
Madrid-Huelva. El número de viajeros a bordo de ambos trenes, según han
informado las compañías, era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia.
Ambos trenes circulaban en ese momento con velocidades del orden de 200
kilómetros por hora (la cifra exacta está pendiente de confirmación), produciéndose un
choque de gran violencia entre los coches descarrilados de la cola del tren Iryo
y la cabeza del tren Alvia, aproximadamente a la altura del punto kilométrico 318. A
consecuencia de la colisión los dos primeros coches del tren Alvia cayeron por
un terraplén lateral de cuatro metros de altura». ¿Cómo pudo suceder esta secuencia mortal?
La soldadura
El presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, Ígnacio Barrón, afirmó este lunes que la clave podría estar en la soldadura de la vía, que se quebró. Los tramos de raíl, cupones en el argot ferroviario, están conformados por varios metros de acero que van unidos unos a otros. En este caso, justo en el segmento en el que se produjo el siniestro, estaban conectados un tramo de vía fabricado en el año 1989 y otro en el año 2023, según Transportes.
Esto en sí no tiene por qué ser problemático. Los protocolos, según el ministerio, lo permiten. Lo mismo dijo Barrón: «Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien». «Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro», agregó.
Las soldaduras, según explicaron a Público desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, llevan una suerte de firma: «Aparece grabado en la vía esa información, es decir, la soldadura tiene trazabilidad«.
La rotura
En el informe de la CIAF del pasado 23 de enero, el último que ha publicado, se recoge lo siguiente: «Se realizó una recopilación gráfica de la zona de rotura del carril, correspondiente a una soldadura entre dos cupones de carril». Además, se tomaron diferentes muestras, que se han enviado a un laboratorio para su análisis”.
Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.
Estas son: las «partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de ésta (tomando un metro de carril a cada lado)«; un fragmento «de unos 40 centímetros desprendido de la zona de rotura»; las muestras de carril «en zonas no afectadas por la rotura, tanto a un lado como al otro (un metro de longitud cada muestra)», y un cupón —tramo— «de carril del otro carril de la vía, que incluye la soldadura paralela a la soldadura rota, tomando un metro de carril a cada lado».
Relacionado con este tema
El objetivo de estas pruebas, según la CIAF, es «determinar las posibles causas de la rotura». La comisión, al respecto, precisa que no descarta ninguna hipótesis. «Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado», dijo Barrón este lunes.
Una de las hipótesis provisionales que maneja la CIAF, que necesita de mayores comprobaciones, es que la fractura del carril se produjera «con anterioridad al paso del
tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento«. Para afirmar esto, la comisión se basa en las muescas que quedaron en las ruedas del tren tras el siniestro y su comparación con las de otros convoyes que circularon por la misma vía esa misma tarde ese mismo domingo.
«Al estar
interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría
inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril
descendiese levemente –se señala en el informe–. Como la parte del carril posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente
un escalón entre los dos lados de la fractura, que golpearía la llanta de la rueda».
Las vías
El PP acusó a Óscar Puente de «mentir» y pidió su dimisión por, según Miguel Tellado, decir durante toda la semana que la vía de tren Madrid-Andalucía había sido completamente renovada, con una inversión de 700 millones de euros, «cuando en los tramos del raíl donde descarriló el tren Iryo se ensamblaron materiales nuevos con elementos antiguos de 1989″.
El ministro se defendió mediante la publicación de un tuit en el que manifestó lo siguiente: «La exhibición de ignorancia de algunos estos días pasará a los anales de la historia. La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido integral. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es informarse de lo que es una renovación integral, antes de sacar a pasear esa ignorancia».
Relacionado con este tema
Puente explicó este lunes en el programa La Hora de la 1, que una renovación como la que se hizo implica que «esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos”. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Si hay tramos más antiguos es porque se consideró «que no era necesario sustituirlo”.
A este respecto, Barrón, el presidente de la comisión, anunció este lunes que iban a pedir explicaciones al respecto a Adif, la empresa pública que se encarga del mantenimiento de las vías: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no«.
Expertos de la Guardia Civil analizan las vías tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba).
Transportes ha aportado los datos siguientes al respecto: «Para la renovación del tramo de Adamuz (tramo Guadalmez–Córdoba dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla), Adif sacó a licitación tres expedientes de contratación«.
Por un lado, la mejora integral de la infraestructura por 52,49 millones de euros. «Incluía —según Transportes— la mejora de todos los trabajos de plataforma, y contó posteriormente con un modificado de 6 millones de euros motivado por el mantenimiento del servicio con la realización de la obra. El adjudicatario fue una UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi».
Por otro, «la renovación de desvíos, por importe de 26,86 millones». «Incluía —según el ministerio— la sustitución de los desvíos de Adamuz, que se renovaron en mayo/junio de 2025 entrando en servicio el 20 de junio». Y por último, la implantación —que aún no se ha completado, está en ejecución— de nuevos sistemas de seguridad y control de tráfico ferroviario que se encargan de supervisar la velocidad y garantizar el frenado seguro de los trenes en líneas de alta velocidad «por importe de 104,72 millones de euros, actualmente en ejecución».
Relacionado con este tema
Ensidesa
Las imágenes compartidas por el ministro Puente en su cuenta de X muestran que, más allá de la soldadura, partes del carril acabaron también destrozadas. El del año 2023, que estaba soldado al de 1989, aguantó, según el ministro: “El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo, en concreto el número 312592Y101, fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025”.
Un bulo que ha circulado y que llegó hasta el ministro Puente obligó también a la empresa Arcelor-Mittal, la empresa fabricante del carril, a desmentirlo. Se dijo, incluso algún diputado del PP cayó en ello, que la aparición de la marca Ensidesa en un raíl, como sucedió en el quebrado en Adamuz, no podía ser compatible con un carril nuevo. Sin embargo, esto no es así. «La marca comercial Ensidesa se mantiene para el carril«, dijeron a Público fuentes de la siderurgia.
Las revisiones
También ha existido una polémica sobre el tipo de revisiones y las fechas en que estas se produjeron sobre el tramo siniestrado, debido a una confusión que Puente admitió, a su estilo, eso sí, en X: «Ayer era el carril, que era viejo. Hoy que he dado mal una fecha. En la rueda de prensa se distribuyó al acabar una nota completa de 12 folios, entre los que estaba el listado con las pruebas y revisiones a las que se sometió a la vía. Lo saben porque mandaron a un periodista a la rueda. Me puedo equivocar después de 16 entrevistas y tres ruedas de prensa, en una fecha, en una cifra. Para ello se distribuye una nota. A ver cuál es el próximo bulo».
Lo cierto es que existen dos discrepancias entre los datos aportados por Transportes en dos comunicaciones suyas, un resumen de prensa, que se puede consultar aquí, y en la «nota completa de 12 folios», que está disponible aquí. Los datos fundamentales, empero, son los mismos. Las discrepancias entre ambos documentos están en dos fechas, una en una de las auscultaciones geométricas de la vía, que dice 9 de septiembre, cuando debe decir 8 de septiembre, y otra en la de auscultación de vía por ultrasonidos, que dice 10 de noviembre, cuando debe decir 10 de septiembre de 2025.
Lo relevante de la información es lo siguiente: «La estructura de la vía [fue] objeto de todos los controles de calidad reglamentados, incluidos los exámenes de las 114 soldaduras del tramo, gracias a los cuales se detectan defectos no visibles a simple vista. Estos exámenes incluyen inspecciones visuales, utilización de líquidos penetrantes, pruebas geométricas y evaluación e inspección por ultrasonidos. Todas las soldaduras del tramo recibieron la aceptación por parte del gestor homologado, con el permiso vigente hasta noviembre de 2026″.
Vista de las vías despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz (Córdoba).
Y en concreto, el registro oficial de Adif con los datos obtenidos en el examen de la soldadura presuntamente involucrada en el accidente dio como resultado un «acta de inspección visual y geométrica», que dio como apta esta soldadura en ese examen.
Además, el tramo de vía, según Transportes, se sometió también a otros controles desde el día de su puesta en servicio en junio de 2025, también «con resultado positivo en todos ellos». Estos fueron los siguientes: «Auscultación geométrica, consistente en comprobar el estado de los parámetros de vía, a través de índices de calidad de vía y obtención de defectos puntuales. Esta prueba se realizó dos veces, el 8 de septiembre y el 13 octubre».
También «auscultación dinámica, consistente en el registro de la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía, midiéndose las distintas aceleraciones percibidas, para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha. Se realizaron cinco de estas pruebas el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre».
Además, se produjo, según Transportes, la «auscultación de la vía por ultrasonidos» el 10 de septiembre de 2025 y el 5 de octubre una «inspección y vigilancia a pie de vía». Esta «consiste en trabajos de inspección y vigilancia que se realizan a pie, y prospecciones realizadas a mano y/o con carros manuales» y en ellas «se revisan carriles, traviesas, balasto, sujeciones, geometría, cerramientos, entorno, drenajes, desmontes, terraplenes, viaductos, túneles, pasos superiores y muros, entre otros». También hubo una inspección de desvíos el 7 de enero, y trece bateos de vía a lo largo de 2025, «el último de ellos el 6 de noviembre».
El comienzo del año 2026 ha dado paso a la publicación de nuevas encuestas electorales de cara a unas posibles generales. Si a finales de 2025 la tendencia de ascenso de la ultraderecha ya era clara, en estos primeros compases del año se consolida claramente. El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo continúa en primera posición como fuerza más votada, según los sondeos, mientras que Vox no deja de crecer y el PSOE de Pedro Sánchez nota ya un desgaste claro.
Así lo reflejan los datos del último estudio de Key Data para Público, elaborado el 22 de enero. Los populares contarían con un 32,2% del voto, que le proporcionarían 137 escaños. Se trata de una cifra parecida pero ligeramente inferior a la del último estudio similar realizado en el mes de octubre. El partido de Feijóo tenía entonces un 32,3% y 139 escaños, dos más que ahora. El PP obtuvo precisamente 137 diputados en las elecciones generales que se celebraron en 2023 con un 33,1% del voto por lo que se mueve ahora en datos muy parecidos a los de la última cita con las urnas.
Al igual que sucedió en octubre, este estudio muestra la tendencia descendente de Feijóo. Este es el porcentaje más bajo del PP en los sondeos según los estudios de Key Data desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ese mes la intención de voto de los populares era de un 31,1%.
El PSOE tendría según el estudio un 26,5% del total de votos y 106 escaños. Los socialistas pierden casi un punto desde el último estudio, en el que las encuestas estimaban un 27,3%. La bajada en escaños es más pronunciada, pasando de 111 a 106. Se trata del peor dato de los socialistas desde julio de 2023, donde la estimación general de los sondeos reflejaba, según Key Data, una proyección de 103 escaños. En las generales del 23J, la fuerza que lidera Pedro Sánchez alcanzó los 121 diputados en el Congreso. Tras el estallido del caso Cerdán, el pasado julio de 2025, los socialistas también experimentaron una caída en los sondeos hasta los 107 escaños, según el estudio de Key Data de ese mes.
«El PSOE acusa el desgaste. Pierde cinco puntos y 15 escaños desde las últimas elecciones generales, lo que unido a la perdida de apoyos de su socio de Gobierno que, si acuden separados a las elecciones perderán más de la mitad de los escaños con los que cuentan actualmente, alejan la posibilidad de repetir el pacto con el que Sánchez obtuvo la investidura en 2023″, destaca Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
Respecto a Vox, el estudio pronostica un 17,9% de los votos para la fuerza liderada por Santiago Abascal. La extrema derecha se consolida firmemente en la tercera posición y podría tener 63 escaños, casi el doble de los obtenidos en 2023. Respecto al último estudio de Key Data elaborado en octubre, Vox sube 4 escaños y un 0,8 en porcentaje de voto.
«Las encuestas con las que empieza el 2026 muestran el auge de la extrema derecha en nuestro país. La misma tendencia que veíamos, con mayor o menor fuerza, en la mayor parte de las democracias occidentales y que marcan estos últimos años. El partido de Santiago Abascal empieza a crecer de forma sostenida y continúa coincidiendo con la victoria de Trump y en sintonía con sus homólogos europeos», señala Álvarez. «Esta fortaleza de Vox se ve también en los comicios autonómicos, donde la situación es similar», añade.
El partido de Abascal obtiene en este informe de Key Data claramente su mejor proyección desde las últimas elecciones generales en las que obtuvo 33 escaños. Es más, estos 63 escaños son la cifra más alta en los sondeos desde mayo de 2022, momento en el que las encuestas los aupaban hasta los 69 según el estudio publicado entonces.
Relacionado con este tema
Recuperación de Sumar
En cuanto a la izquierda alternativa al PSOE, Sumar parece mejorar sus previsiones de voto. El espacio de Yolanda Díaz tendría un 7,2% y 11 escaños. Supone una subida respecto a octubre de dos escaños y un punto. En todo caso, los datos están lejos de los obtenidos en las elecciones de 2023, donde las urnas les adjudicaron un 12,3% y 31 escaños en una candidatura en la que también estaba integrado Podemos.
La fuerza morada que lidera Ione Belarra tiene en este Key Data tres escaños y un 4,2%. Son las mismas cifras que el pasado mes de octubre. Actualmente, Podemos cuenta con cuatro diputados en el Congreso, integrados en el Grupo Mixto desde hace más de dos años.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de enero.
En el resto de partidos el dato más destacado lo representa ERC, que sube en las encuestas. El partido liderado por Oriol Junqueras, con Gabriel Rufián como referente en el Congreso, tendría ocho escaños y un 2% del voto. Unos datos que suponen una mejora respecto a octubre, donde la fuerza republicana mantenía los siete escaños que tiene en la actualidad.
En cambio los sondeos reflejan un debilitamiento del partido de Carles Puigdemont. Este estudio de Key Data otorga seis escaños a Junts en un momento en el que las relaciones con el Gobierno de Sánchez están rotas. Mientras, ERC ha arrancado algunos pactos reciente con el Ejecutivo como el del modelo de financiación autonómica. Junts se quedaría en seis escaños, bajando uno de los que tiene actualmente y experimentando un descenso también en porcentaje de voto respecto a los anteriores sondeos.
Relacionado con este tema
Por lo demás, el último estudio de Key Data no señala cambios relevantes en el resto de fuerzas. EH Bildu y PNV mantendrían sus seis diputados y el BNG podría sumar dos, uno más del obtenido en 2023, un dato que vienen pronosticando las encuestas en los últimos meses. La candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, se quedaría fuera del Congreso al obtener un 1,5% de los votos.
Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data.
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría más de 366.000 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP. Una cifra parecida es la del trasvase entre socialistas y extrema derecha, de 343.000 votantes. El trasvase más importante, sin embargo, se sigue produciendo entre PP y Vox. Habría más de 1,2 millones de antiguos votantes del PP que optarían ahora por la ultraderecha. Solo alrededor de 205.000 seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El mito griego de la hidra de Lerna, animal de múltiples cabezas que se renovaban cada vez que una de ellas era cortada, ilustra con cierta precisión en qué consiste el tráfico de drogas que se produce en España y singularmente Andalucía, una de las principales puertas de entrada de hachís, sobre todo, y cocaína, también, en Europa, según coinciden diferentes fuentes e informes consultados por Público.El 70% de las incautaciones de hachís y el 40% de las de cocaína en España se produjeron en 2024 en Andalucía, según la estadística sobre drogas que recopila cada año el ministerio de Interior.
Los trabajos y reflexiones de la Comisión Europea, de Europol, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Fiscalía Antidroga y de las Fiscalías provinciales y autonómicas, de las asociaciones de jueces y de las ONG que trabajan en la lucha contra los estragos personales y sociales que causan las adicciones describen un panorama en el que las organizaciones criminales, transnacionales, son extremadamente dinámicas y ocultan sus bienes con un alto grado de eficacia.
«Redes criminales de alto riesgo dominan el tráfico y el comercio de cocaína en la UE y generan miles de millones de euros en beneficios. Sus actividades se ven facilitadas por objetivos de alto valor, como intermediarios de contactos o de dinero, que facilitan el tráfico de cocaína en un entorno altamente fluido e interconectado», expone la Agencia Europea sobre Droga en su último estudio.
Europol (la agencia de policía europea) calcula en su último informe publicado por la unidad de Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE (EU-SOCTA, en sus siglas en ingles) que solo se recupera el 2% del botín: «La baja tasa de recuperación de activos en la Unión Europea sigue siendo un reto importante en la lucha contra la delincuencia organizada y financiera. A pesar de las sustanciales inversiones en recursos y de marcos legislativos sólidos, el decomiso de productos delictivos se mantiene en un nivel alarmantemente bajo, de aproximadamente el 2%«.
Añade Europol —al igual que lo aseguran jueces, fiscales, policías y ONG— que este es un asunto fundamental: «El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal. La dificultad para recuperar activos delictivos permite a las redes delictivas expandir sus actividades ilícitas e infiltrarse cada vez más en la economía legal. La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva«.
En Andalucía, según la Fiscalía Antidroga, existe la «conocida» y «preocupante instalación» en Málaga de «grandes organizaciones criminales». «Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos».
Diligencias abiertas en Málaga permiten «observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan» y cuyas redes se extienden por todo el globo. Hay diligencias abiertas en las que «son grandes organizaciones albanesas y chinas las que colaboran«, según Antidroga. El otro gran foco es Algeciras, en la provincia de Cádiz, que según los fiscales especializados «sufre una situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho». La Fiscalía de Algeciras mantiene también «una intensa actividad en la investigación de delitos de blanqueo«.
En Andalucía, además de la entrada de cocaína a través de los puertos, la Fiscalía Antidroga observa también «el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa». Esta es «una actividad que deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho que separa en solo 14 kilómetros a la península de Marruecos, productor del hachís que se transporta a las costas para seguir posteriormente a Europa, sin perjuicio de lo que queda en [España] para consumo nacional».
Más droga
A pesar de los sonados y publicitados golpes policiales y judiciales que los traficantes reciben cada dos por tres —según las estadísticas del ministerio del Interior cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio es cada vez es más rentable.
Relacionado con este tema
Según el INE, que cada año clasifica el gasto en consumo final de los hogares, el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023 (8.222). Esta estadística supone la estimación más aproximada al volumen de negocio del narco, porque refleja compras finales, las del menudeo. La cifra, según el INE, es similar al gasto en fruta (8.829 millones), es superior a lo que se dispone para calzado (6.866) e inferior a la del alcohol, que se sitúa en 10.601 millones.
«Las estadísticas de incautaciones no son un dato definitivo sobre las cantidades disponibles en el mercado; sí lo son, sin embargo, los precios, y el bajo precio de la cocaína implica una gran disponibilidad de esta sustancia«, se recoge en la última memoria, del año 2025, de la Fiscalía Antidroga.
«El precio al por mayor ha bajado a la mitad», precisa a PúblicoFrancisco Mena, de la coordinadora Alternativas, que lleva cuatro décadas en la primera línea del activismo social contra la droga en el Campo de Gibraltar. «Estaba en unos 30.000 euros el kilo en origen, y ahora se ha reducido a la mitad. Es un fenómeno de los últimos años, hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria».
«El precio al por mayor ha bajado a la mitad. Hay superproducción en Sudamérica»
«Esto puede ir a peor. Todo lo que está haciendo Donald Trump, amenazando a los cárteles, ¿qué va a provocar? Esa droga va a buscar nuevos mercados. ¿Cuál es el mejor mercado que hay actualmente? El europeo. La cocaína que no entre en EEUU vendrá para Europa. ¿Por qué? Porque [los narcos] van buscando una sociedad que económicamente se puede permitir la compra», expone Francisco Mena.
Así se recoge en el Informe Europeo sobre drogas de 2025: «El tráfico de drogas ilícitas se adapta rápidamente a los acontecimientos geopolíticos, los conflictos regionales y los cambios en las rutas comerciales. En este contexto, se cree que los acontecimientos en Colombia, Brasil y Ecuador contribuyeron al aumento observado en el tráfico de cocaína hacia la Unión Europea por parte de grupos del crimen organizado. El cultivo y la producción de cocaína aumentaron en Colombia en 2023, impulsados por diversos problemas económicos y de seguridad».
Relacionado con este tema
Y así lo expone Europol: «El aumento de la producción de cocaína en los países de origen de Latinoamérica ha alcanzado niveles sin precedentes, abasteciendo a la UE y a sus Estados miembros con cantidades sustanciales de la droga. Este aumento de la producción se alinea con la creciente demanda dentro de la UE, lo que garantiza un flujo constante de cocaína a los mercados europeos. Este equilibrio estable del mercado garantiza que el tráfico de cocaína siga siendo una actividad altamente rentable, lo que convierte al mercado de la cocaína en una perspectiva atractiva para las redes delictivas».
Paquetes de cocaína intervenidos en Algeciras, en 2023.
Laboratorios en España
Los casos de ejemplo que Europol ha elegido en su último informe para describir cómo funciona estos días el tráfico de cocaína y de hachís son ambos de Andalucía. Así describe el primero de ellos: «Una red criminal, compuesta principalmente por sospechosos colombianos y españoles, traficaba cocaína utilizando un método sofisticado para evitar ser detectados. Inyectaban cocaína base en cajas de cartón que contenían carga legal (como fruta). Una vez enviada en contenedores marítimos desde Colombia a Málaga, la red criminal extraía la cocaína base del cartón y la procesaba para obtener el producto final, listo para su distribución».
El cargamento partía de Colombia y llegaba al puerto de Málaga bajo la apariencia legal de exportación de fruta —a través de una empresa frutícola— y posteriormente el estupefaciente era transportado a un laboratorio instalado en Puebla de Montalbán (Toledo), según la Agencia Tributaria. En la operación fueron detenidas 28 personas, repartidas en Toledo (13), Madrid (ocho), Málaga (cinco) y Colombia (dos) y se intervinieron 47 kilos de cocaína, 20 kilos de cocaína base, 3.000 litros de precursores líquidos y 300 kilos de sólidos, tres armas de fuego, 20 vehículos y más de 245.000 euros en efectivo.
Las redes, en efecto, como se ha documentado en este caso, no solo exportan a Europa el producto final, la cocaína en polvo, sino que también comercian con el producto intermedio, la base de cocaína. «El procesamiento final se lleva a cabo en la UE.
Para reducir los riesgos y optimizar las ganancias, la cocaína se incorpora a diversos materiales. Posteriormente, se extrae mediante procedimientos químicos específicos. Los laboratorios para el procesamiento y/o la extracción de cocaína se encuentran principalmente en países de Europa occidental y meridional. Existen indicios de una mayor expansión de las actividades de extracción de cocaína en laboratorios de la UE«, afirma Europol.
«La finca que albergaba el laboratorio —asegura la Agencia Tributaria— contaba con un campo de olivos, una explotación ganadera y una plaza de toros. En esa plaza de toros, concretamente en la parte inferior del tendido, se encontraba instalado el laboratorio, que estaba dividido en diversas zonas, cada una de ellas con una finalidad específica y que, en conjunto, posibilitaba la producción de una gran cantidad de estupefaciente. Con el establecimiento de ese laboratorio, la organización pretendía crear una vía continua de producción en España, para lo que utilizaban equipos similares a los utilizados en los grandes laboratorios de Colombia».
Relacionado con este tema
Mayor violencia y armas de guerra
Los fiscales detectan también que hay una mayor violencia, vinculada sobre todo a la cocaína, que mueve mayores cantidades de dinero. Así, la Fiscalía de Jerez refleja que existe una «situación mantenida» y sitúa «la alarma en la constatación del incremento de incautaciones de armas de fuego, muchas de ellas automáticas, que anuncian una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con materialización en un disparo realizado este año contra un agente de la Guardia Civil que trataba de impedir una descarga de una embarcación de alta velocidad».
Los propios guardias civiles lo notan. Así lo expone a Público el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería, Víctor Vega Romero: «Me decía un compañero: ¿Yo por qué no voy bien defendido contra estas mafias, cuando ellos van bien equipados con armamento, para los vuelcos y para sacar a los migrantes de las pateras?Llegará el día que lo usen contra nosotros. Esta escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas».
La Guardia Civil: «¿Por qué no voy bien defendido contra estas mafias?»
La Fiscalía de Huelva lo expresa, según recoge la memoria de Antidroga, en los siguientes términos: «Ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís según la fórmula riesgo/ganancia. El mayor problema derivado del tráfico de cocaína es el incremento de la violencia y la introducción de armas de guerra. Se han tramitado durante el año 2024 cinco procedimientos con depósito de armas de guerra en Huelva. Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municiones».
Fardos de droga y dos kalashnikov incautados por la Policía y la Guardia Civil.
Relacionado con este tema
«O que las descargas de hachís —continúa— se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano, lo que ha causado una gran alarma social, no sólo a nivel provincial, sino también nacional. El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes para los famosos vuelcos, robos de mercancías entre ellos, así como para castigar las pérdidas de la mercancía. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de la ostentación de estas en redes sociales, con lo que la inquietud ciudadana es preocupante. Se ha llegado a tal punto que incluso existe una causa judicial en la que un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores», añade.
«Descargas de hachís se aseguran por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano»
Europol resume de este modo la situación: «Las redes de tráfico de cocaína tienden a usar la violencia con mayor frecuencia y recurren a formas más extremas que las redes que comercian con otros tipos de drogas. La violencia se utiliza principalmente internamente, dentro de la red criminal, para garantizar la disciplina y la cooperación, mantener el control y castigar a los socios por acuerdos fallidos. La violencia también se utiliza contra competidores en el mercado para establecer y mantener el poder».
Esto es lo que ha sucedido en Huelva, según la Fiscalía. Son «las mismas organizaciones criminales asentadas en la provincia que traficaban con hachís y que realizan ahora el transporte de cocaína». La presión policial en el Estrecho ha desplazado en parte la actividad hacia Huelva y hacia Málaga y, también, Almería, que se ha convertido, según la AUGC, «en la gasolinera de [los narcotraficantes]».
«El problema se hace mayor —exponen los fiscales— ya que [las organizaciones que operan en Andalucía] no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína. El río Guadalquivir es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa». También se han producido incautaciones de alijos en el Guadiana.
El informe europeo sobre drogas apunta a este respecto: «El tráfico ilícito de armas se caracteriza por una compleja interacción entre la oferta y la demanda, y contribuye a la expansión regional de la violencia relacionada con las drogas. Las fuentes de armas de fuego ilícitas cambian y se expanden aún más bajo la influencia de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la esfera en línea. La disponibilidad de armas en las zonas que salen de una crisis y zonas en guerra en países vecinos de la UE y países terceros también contribuye a esta expansión».
Un «desafío abierto» al Estado
Andalucía, escriben los fiscales Antidroga, «desde el punto de vista
de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace
notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que,
por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido». La «exhibición constante» y la «provocación» a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado «que realizan los narcotraficantes con
el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido», supone «un desafío abierto al Estado que
requiere una respuesta firme y adecuada».
«El uso de las narcolanchas a plena luz del día es un desafío abierto al Estado»
Existe, prosigue la Fiscalía, «alarma e impotencia ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir». Además, según Antidroga, «cada vez es más violento el uso de esta herramienta que, además de ser utilizada para el asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2023, ha provocado que otros cinco ocupantes de estas embarcaciones hayan fallecido durante 2024 y en 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último recientemente en aguas internacionales, frente a Barbate».
Ofrenda floral en homenaje a los guardias civiles fallecidos en el puerto de Barbate.
El petaqueo
La última memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge los problemas que causa el fenómeno del petaqueo, el suministro de gasolina a las narcolanchas, que se ha extendido hasta Almería: «Varias fiscalías refieren algunos cambios en la actividad de organizaciones dedicadas al
tráfico de drogas, que, como señala el fiscal de Almería, han mutado convirtiéndose en
abastecedores de gasolina a narcolanchas que operan no solo en esta provincia sino en
todo el litoral andaluz. Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han
convertido en refugio de narcolanchas ante situaciones de inclemencia marítima».
«Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han convertido en refugio de narcolanchas»
El petaqueo es una actividad «especialmente lucrativa», según los fiscales y «aparentemente desprovista de las consecuencias penales» y está «extendiéndose alarmantemente». Según se expone en un trabajo reciente, un informe especial, muy trabajado, titulado El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal y publicado en el boletín de la AUGC, «un motor fueraborda V6 de 300 caballos, de 350 caballos o V8 de 425 caballos pueden gastar más de 110 litros a la hora de navegación, esto multiplicado por el número de motores de una narcolancha supone que de tres motores el consumo es 330 litros a la hora a toda máquina».
Este nivel de consumo provoca «que las narcolanchas no tengan mucha autonomía». «Por ejemplo, de Marruecos a Sanlúcar de Barrameda ha podido consumir casi todo el combustible que llevan a bordo. Y hay que pensar que las narcolanchas no tienen medidas de seguridad naval, son embarcaciones en su mayoría artesanales, todo un peligro en caso de incendio. Pero aun más peligro corren las personas que realizan el apoyo a las narcolanchas con el petaqueo, porque suelen llevar de 600 a 1.000 litros y más, de gasolina, son cantidades que son claramente catalogadas como mercancías peligrosas», se recoge en este documentado trabajo.
Las petacas de gasolina son «aproximadamente de veinte, veinticinco y treinta litros»; siempre «tiene que existir una porción de aire para los gases, por ejemplo si son de treinta litros, solo
rellenan veinticinco litros». «Cada garrafa puesta en la narcolancha cuesta aproximadamente entre trescientos y quinientos euros, según la dificultad de hacer la entrega y la urgencia que
tenga la narcolancha», se lee en el estudio.
La AUGC en Almería plantea sobre este asunto las dificultades legales para perseguirlo: «Hemos visto estos años cómo en el mundo narco, una mafia de muchas cabezas, ha proliferado [el petaqueo]. Almería [se ha convertido] en la gasolinera de Europa y en el basurero de estas gasolineras. El mundo de la petaca no está bien legislado. Se dan piruetas legislativas o sanciones administrativas. Cuando se ha hecho una gran operación, ha sido por ingeniería legislativa».
La memoria de la Fiscalía Antidroga lo confirma: «Algunas operaciones han permitido demostrar la vinculación del petaqueo con el tráfico de drogas. En el resto de los casos, la Fiscalía ha comenzado a presentar acusaciones por delito de tenencia de sustancias inflamables. En Cádiz, la Fiscalía ha emitido una nota interna analizando «las posibilidades de que determinadas actividades de petaqueo puedan ser consideradas delictivas».
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que había estimado un recurso de la Fiscalía y había condenado con ocho años de cárcel y dos multas de 180.000 euros cada una a un petaquero multirreincidente: «La conducta enjuiciada consistió en la tenencia ilegal de 1.300 litros de gasolina y en su transporte por vía marítima distribuidos en 52 garrafas, siendo palmario que su poseedor conocía la peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil de dicho producto y que asumía tal grave riesgo, habiendo incurrido por tanto en el delito tipificado en el artículo 568 del Código Penal como promotor responsable de esa posesión y transporte que efectuaba».
Fuentes del ministerio del Interior aseguraron que el departamento estudia junto al ministerio de Justicia «posibles reformas del Código Penal que permitan mejorar la lucha contra las organizaciones que se dedican a estas labores logísticas de aprovisionamiento de combustible». Para la AUGC, ya van tarde.
El Ministerio del Interior aseguró a Público: «El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar incorpora de manera expresa la necesidad de erradicar las redes de abastecimiento de combustible y víveres que actúan como apoyo logístico a las denominadas narcolanchas».
Fruto de la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según Interior, «ha sido posible decomisar [casi dos millones de litros] de combustible para abastecer a las embarcaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando, desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2025″.
Migrantes
La Guardia Civil ha detectado también que, como otra forma de negocio, en periodos de espera entre alijo y alijo, las narcolanchas son en ocasiones utilizadas para el transporte de personas migrantes. «Tratan la emigración como si fueran fardos de drogas. Hemos visto cómo desalojan las pateras con gran violencia», lamenta el portavoz de la AUGC en Almería.
El trabajo El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal también describe así esta actividad: «Se desarrolla de la siguiente manera. Suele acontecer en la época estival, varios narcotraficantes pilotan motos de agua de gran cilindrada. […] Cada narco lleva en su moto de agua varios fardos de hachís […] y a una persona migrante, la cual es menor de edad, el cual va montado detrás del narcotraficante. Esta persona migrante ha pagado por su viaje entre dos mil y tres mil euros, para que le transporten a España».
«Si se encuentra —se lee en el estudio— con alguna patrullera en el trayecto y se produce una persecución, el narco le dará una patada para tirarlo al agua, para anular el seguimiento. Estos menores no llevan ningún chaleco salvavidas o flotador, con el que puedan ayudarse a flotar en el caso de terminar en aguas del Estrecho de Gibraltar. La vida de la persona migrante es lo principal, por lo que las patrulleras se paran en el mar a iniciar el rescate, porque estas personas corren un peligro inminente de ahogamiento o de padecer hipotermia».
Capacidad de corrupción
«Lo que podría parecer en los últimos años una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando efectivamente más potencial de daño, utilizando más violencia y una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real y que conduce a un deterioro de la seguridad y una merma de confianza en las instituciones públicas», considera la Fiscalía Antidroga.
El narco tiene «una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real»
Casos como el del inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior en Madrid, que fue arrestado y al que se le encontraron más de 15 millones de euros en su casa, perduran en la memoria. En España, entre 2011 y 2021, fueron detenidos 148 guardias civiles por vínculos con el narcotráfico.
«El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo. Afortunadamente, en este país no tenemos la situación de otros lugares. Nuestros sistema de garantías hace que no puedan corromper o no puedan llegar [a numerosos lugares]», afirma Francisco Mena, de la coordinadora Alternativas.
El caldo de cultivo
Ante las cifras de detenidos vinculados a las redes del tráfico, miles cada año en Andalucía, Mena se plantea: «¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio, por mucho que veamos en titulares nombres de los clanes… pero estos eran meros transportistas. Los que ganan dinero de verdad no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres. Son los que llegan al acuerdo con el productor y el comprador y ellos son los que realmente ganan dinero».
«Los que ganan dinero de verdad, no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres»
«Y los que descargan droga, hay que ver cuál es la situación de pobreza y de paro —prosigue Mena— en la que viven. No es justificable pero es la realidad: cuando alguien no tiene capacidad económica para subsistir, son tentados por el narcotráfico. De ahí se nutre el narcotráfico: del paro, la pobreza y la exclusión social. ¿Alguno dice de quién es la droga? Jamás, no por miedo, sino porque si mantienen la boca cerrada los van a tener protegidos a él y a su familia en la calle. Esto está montado de una forma mercantilista cien por cien. Es un negocio y hay gente que por la situación de pobreza entiende que el narcotráfico es la solución a sus problemas económicos». El desempleo en el Campo de Gibraltar es endémico, hay barrios donde la desesperanza y la falta de oportunidades son la norma.
«Esto no tiene arreglo. La bajada de la demanda puede [llevar la situación a] unos términos aceptables: educando, y aplicando políticas sanitarias, educativas y de concienciación. Ese es el trabajo que hay que hacer. Se puede vivir sin drogas, no es necesario consumir nada para ser feliz. Una raya llega en cualquier fiesta y la encuentras. Por eso hablamos de un plan integral. No solo se trata de políticas policiales, que hay que tenerlas, sino de darle oportunidades a la gente«, reflexiona Mena.
Reivindicaciones y cambios legales
El narco dispone de medios de los que carecen las fuerzas de seguridad, según lamentan policías y guardias civiles. Submarinos, drones, embarcaciones… todo sirve para transportar la droga. Europol recoge en su último informe el ejemplo de una red criminal que utilizaba helicópteros modificados para traficar cannabis desde Marruecos al sur de España. «Una vez en España, la droga se transportaba a Francia en vehículos o camiones pesados con matrículas falsas. Como contramedida, se utilizaban múltiples identidades falsas y la red utilizaba empresas fantasma para blanquear las ganancias del tráfico y comercio ilícitos. Las ganancias se utilizaban posteriormente para desarrollar y avanzar su negocio, incluyendo la mejora y expansión del sistema de tráfico», recoge la Agencia de Policía europea.
Tanto guardias civiles como policías como fiscales y jueces vienen reclamando más medios, de todo tipo, materiales y de personal (también el establecimiento de un complemento de peligrosidad), y cambios legales que faciliten la labor de investigación del blanqueo, sobre todo, para poder llegar a una condena, frente a equipos legales muy preparados. Por ejemplo, la asociación de jueves Francisco de Vitoria, tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, reclamó que la Audiencia Nacional asumiera la competencia sobre todos los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos, «con incremento de medios para su instrucción y posterior enjuiciamiento». Ahora mismo, la Audiencia Nacional se ocupa de las causas más relevantes, las que afectan a más de una provincia.
En varias líneas férreas de alta velocidad, las más transitadas del país, operan hoy las empresas Iryo (participada por la compañía estatal italiana Trenitalia) y Ouigo (que pertenece a la estatal francesa SNCF). Ambas compiten con Renfe. El Gobierno abrió el mercado ferroviario en el año 2020, en cumplimiento de las directrices europeas. Esa liberalización ha generado diversos efectos, algunos de ellos beneficiosos, como la captación de viajeros y por tanto una reducción de las emisiones de CO2 y, de cara al usuario, el abaratamiento de los precios, pero también ha causado otras consecuencias, una especie de cara B, como una mayor presión sobre la infraestructura debido al aumento de viajeros y de trenes. Una de las piezas fundamentales del sistema, el canon que las empresas pagan a Adif por el uso de la red ferroviaria, también ha sido —y es— objeto de polémica. Las compañías buscan aún la rentabilidad: de momento, lo que han obtenido son pérdidas.
En el horizonte asoma ahora la privatización, también a instancias de la Comisión Europea, de los servicios conocidos como Obligación de Servicio Público (OSP), los trenes de cercanías, media distancia (Avant también) y ancho métrico. Renfe los define así: «Hay servicios que no resultan rentables desde el punto de vista económico, pero sí desde otros puntos de vista. En estos casos, el Estado los subvenciona». Ahora mismo, según expone la CNMC y confirma a Público el Ministerio de Transportes, todos los servicios «sujetos a OSP los presta Renfe mediante adjudicación directa».
«La mayoría —según la CNMC y el Gobierno— se rigen por el contrato de servicio público firmado el 18 de diciembre de 2018, vigente hasta 2027 y prorrogable por cinco años. Inicialmente estaba previsto que algunos servicios (como mínimo que supusieran el 3% del valor del contrato) empezaran a prestarse por operador adjudicatario de una licitación pública el 1 de enero de 2026, pero una reciente adenda, pospuso esta fecha hasta el 1 de enero de 2028″. Ahora el Gobierno negocia con las compañías la apertura. «Estamos con los trámites. Se ha mandado a los operadores [a las empresas] el programa y aún faltan seis meses para que hagan una propuesta», agregan a Público fuentes del ministerio de Transportes. Las compañías han manifestado interés en función de la rentabilidad que les pueda aportar.
La liberalización del mercado no ha operado igual en todos los corredores. Las empresas han entrado en la línea entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y la costa medirerránea y la conexión con el sur —en la que se produjo el descarrilamiento del tren de Iryo a la altura de Adamuz, en Córdoba—. Ouigo fue la primera empresa en empezar a prestar servicios, el 11 de mayo de 2021 en el corredor
Madrid-Barcelona. Dede enero de 2025, hay, en esos tres corredores, tres operadores
compitiendo, (Renfe, Iryo, y Ouigo), con cuatro marcas comerciales (Renfe tiene dos, AVE y AVLO).
Además, «Ouigo opera las rutas Madrid-Segovia-Valladolid – incluyendo conexiones transversales con Valencia y Alicante- y Madrid-Murcia. Iryo, por su parte, ofrece servicios transversales entre Barcelona y Sevilla», recoge la CNMC en su último estudio, publicado hace tres meses, que lleva por título Balance de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril.
Redes de alta velocidad y número de operadores por red.
Uno de los elementos clave de la liberalización es lo que se conoce como el canon ferroviario. Las empresas, incluida Renfe, pagan a Adif, la empresa pública encargada del mantenimiento de la infraestructura, una tarifa que «se orienta a trasladar al operador ferroviario todos los costes directamente imputables al servicio«, según la empresa pública. Esta cuestión, que está también directamente relacionada con el precio del billete —porque se repercute al usuario—, ha generado tensiones entre Gobierno y operadoras.
Existió una discusión con Ouigo porque Transportes entendía que sus precios perjudicaban a Renfe y consideraban que esta empresa podía pagar más por el canon. Ouigo argumentaba, por el contrario, que el canon perjudicaba sus expectativas de negocio e implantación en esta primera fase. Los cánones, según la CNMV, constituyen «aproximadamente el 50% de los costes de Iryo y Ouigo, y el 34% de los costes de Renfe (el menor peso en los costes de los servicios comerciales se debe a la mayor presencia entre sus servicios de rutas y servicios con cánones reducidos, como los corredores de Galicia y el norte)».
La competencia entre tres operadores y cuatro marcas comerciales en España ha dado lugar a una mayor caída de precios que en otros países donde solo hay dos operadores compitiendo. Entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia bajaron un 33% (un 44% ajustado por la inflación), según un estudio encargado por la Comisión Europea, que lleva por título Study on passenger and freight rail transport services’
prices to final customers: final report, publicado en el año 2024.
¿Es suficiente lo que pagan Renfe, Ouigo e Iryo por este canon? Esta una cuestión que ha generado fricciones, no solo con las empresas, a lo largo de los años, sino también con Europa.
Al principio, el canon se fijaba a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y tenía la consideración de tasa, pero a la Unión Europea no le convencía que fuera así por razones de armonización del espacio europeo y porque limitaba la independencia de los gestores ferroviarios, según se recoge en el informe de gestión de Adif AV. Ello derivó en un cambio legislativo, que se efectuó en 2022 en la Ley del Sector Ferroviario. El canon, ahora, tiene la consideración de prestaciones públicas no tributarias y lo fija Adif cada año mediante un reglamento que se publica en el BOE. La primera vez que se usó este nuevo sistema fue en noviembre de 2024.
Adif Alta Velocidad obtuvo, según el último informe de gestión, 563 millones en 2022, 727 millones en 2023, y 783 en el ejercicio de 2024. El presupuesto destinado al mantenimiento en 2022 fue de 368,1 millones, en 2023, de 376,7 millones, y en 2024, de 444 millones. Sin embargo, los costes de explotación de la empresa pública, en esos tres años, según recoge el informe de la CNMC, estuvieron por encima de los 1.000 millones de euros, lejos de lo recaudado por el canon. Este periódico preguntó a Adif si el canon era el correcto para cubrir las necesidades o era necesario un incremento, pero no había obtenido la respuesta en el momento de publicación de esta información.
El canon, según la CNMV, que viene a ejercer un papel de árbitro entre Adif y las empresas en este asunto, consta de dos partes: la tarifa recoge los costes directos de la infraestructura; es decir, los costes que son variables con el tráfico y que deben siempre trasladarse a las empresas ferroviarias. Los recargos sirven para recuperar el resto de los costes de los administradores, pero «solo pueden trasladarse si el mercado puede aceptarlos», afirma la CNMC, que ha instado en alguna ocasión a rebajas en estos recargos.
La Ley de Seguridad Ferroviaria, según el informe de gestión de Adif, «regula el régimen económico y tributario del sector ferroviario tratando de alcanzar el equilibrio entre la viabilidad económica del sistema y el fomento del transporte ferroviario. Se persigue incentivar la mejora del funcionamiento de la red, la reducción de perturbaciones, la optimización del uso de la infraestructura y la disminución de los costes de su puesta a disposición».
Pérdidas
La liberalización, de momento, solo ha traído pérdidas a las compañías, incluida Renfe, que en 2019 había obtenido beneficios de más de 130 millones de euros, según el informe de la CNMC.
«Desde 2020, Renfe, Iryo y Ouigo han perdido, en conjunto, 1.203,5 millones
de euros. En 2020-2021, en plena pandemia de Covid-19, las pérdidas fueron de
751,5 millones, y entre 2022 y 2024, de 452 millones. Por empresa, las pérdidas
acumuladas son de 842 millones de Renfe, de 170 millones de Iryo y de 191 millones de Ouigo. En 2024, las pérdidas bajaron a 99,5 millones, desde los 219 millones
de 2023″, se lee en el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
«El conjunto de las empresas ferroviarias facturó 1.925 millones de euros por sus servicios comerciales en 2024, un 11,9% más que en 2023 y un 20,3% más que en 2019. Los costes, por su parte, aumentaron un 35,6% entre 2019 y 2024, por el incremento de la actividad», recoge la CNMC.
El caso de España —y de Renfe— es especial en Europa, según el estudio de la CNMV: «Solo en España (que agotó el plazo para la liberalización, como lo hizo también Francia) la cuota de mercado del operador histórico ha descendido de forma notable. En Francia, SNCF Voyageurs mantiene una cuota superior al 99%«. Iryo y Ouigo tuvieron, en 2024, entre los dos, una cuota de mercado del 34% en el conjunto de los servicios comerciales de alta velocidad, similar a la de 2023. En 2022 estaban en el 14%. Renfe ha ido perdiendo comba.
Más viajeros
La liberalización también ha empujado a un aumento de viajeros. En 2024, según la CNMC, los servicios comerciales tuvieron 49 millones de viajeros, de los que
39,6 millones fueron de alta velocidad y 9,2 de larga distancia convencional. Estos 49 millones de
viajeros son 14,4 millones más que en
2019, un 41,6% más. Viajeros en alta velocidad fueron 17,2 millones más en 2024
que en 2019, un aumento del 77,2%. Sin embargo, en las rutas sin competencia donde solo opera Renfe, la diferencia entre 2019 y 2024 fue de 200.000 viajeros, de 14,3 millones a 14,5 millones.
Entre los aspectos más beneficiosos del aumento de viajeros está la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ligada al ferrocarril. En 2024, el tren alcanzó una cuota del 56,5% en el transporte público de larga distancia en España, 5,2 puntos porcentuales más que en 2019. Entre 2019 y 2024, el tren creció
un 40%, el autobús un 24% y el avión se mantuvo estable. Todas las rutas de ferrocarril de alta velocidad han ganado cuota desde 2019, excepto el recorrido entre Madrid y Málaga, donde «ha aumentado más el número de viajeros de avión (95%) que de tren (58%)».
Entre 2019 y 2024, según el estudio de la CNMC, los viajeros captados del modo aéreo fueron aproximadamente 0,9 millones; del autobús 0,4 millones; del vehículo particular 3,7 millones. «Se estima —añade el regulador— que la liberalización ha generado unos ahorros netos de costes externos de 171,8 millones de euros, que proceden, principalmente, de la captación de viajeros del vehículo particular (163 millones)».
«El trasvase de viajeros del avión y la carretera al ferrocarril genera ahorros en costes externos (polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido). […] Los viajeros que han dejado de usar el modo aéreo o la carretera en
sus desplazamientos, y se han pasado al modo ferroviario, han ahorrado más de 220.000 toneladas en emisiones de dióxido de carbono y otros gases
contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, cuya emisión se estima
reducida en 1.180 toneladas», según la CNMC.
Más trenes
La flota de la alta velocidad alcanzó las 152 ramas —que en el argot significa composición indivisible de un tren de viajeros— 56 más que en 2019. Las empresas ferroviarias han adquirido 32 ramas adicionales de alta velocidad, lo que supone que la oferta de plazas se incrementará en los próximos años, especialmente por la ampliación de la flota de Renfe. En 2024 circularon por la red de
alta velocidad 106.282 trenes, 33.848 más que en 2019, un incremento del 46%.
El último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria recoge que en el año 2022 se produjo un aumento de las deformaciones de vía, uno de los así llamados «precursores de accidente». Aunque la Agencia, en el trabajo, no vincula este hecho a la liberalización en ningún momento, sí recoge lo siguiente: «El valor registrado en 2024 supera claramente la media de los cinco años anteriores, y especialmente del periodo previo a 2022, lo que confirma una situación más estructural que coyuntural«.
El informe añade que Adif ya ha empezado a controlar este asunto: «La contención del número de deformaciones de vía [ha pasado de 446 en 2022, el valor más alto, a 398 en 2024, aun por encima de las 284 de 2019] ha sido, al menos en parte, resultado de las actuaciones llevadas a cabo [por Adif]. Además, durante 2024, los registros responden a un procedimiento sistemático de evaluación. Cuando un maquinista comunica la posible existencia de una deformación, el aviso se traslada a los servicios de mantenimiento, que [realizan] las mediciones correspondientes. […] Este proceso de verificación, además de garantizar la fiabilidad del registro, facilita la planificación de actuaciones correctivas».
Puntualidad
El informe de la CNMC recoge analiza también lo sucedido en este tiempo con la puntualidad de los trenes. «El modo ferroviario —expone— sigue siendo más puntual que el aéreo. Vueling, que es la
cuarta compañía europea más puntual, tiene un 81,8% de sus vuelos llegando
con hasta 15 minutos de retraso, e Iberia, que es la séptima, un 80,7%. La puntualidad del [tren] con este umbral es del 94% en las principales rutas con competencia». Eso sí, «en el corredor Madrid-Barcelona la puntualidad ha caído 15 puntos entre 2019 y 2024, pero el número de circulaciones ha aumentado un 107%».
Añade el trabajo: «Debe tenerse en cuenta [también] que la puntualidad
del modo ferroviario en 2023 y 2024 se ha visto afectada por el elevado número
de obras en ejecución en la red, que aumentan la probabilidad de incidencias.
Las obras han pasado de 150 en 2019 (once en alta velocidad) a unas 450 en 2022,
y a más de 500 en 2023 y 2024 (45 en alta velocidad). Por ejemplo, la
renovación de la línea Madrid-Sevilla, cuya puntualidad se redujo en 2023, se
tradujo en cerca de 40 intervenciones a lo largo de su recorrido».
El primer día «haga una parada en Jericó», en la Cisjordania ocupada. El cuarto, «visite la ciudad antigua de Jerusalén», al este de la urbe santa. Muy cerca encontrará el «Monte de los Olivos» y el «Monte Sión». El quinto día, conduzca hasta Belén, donde según la mitología cristina y hebrea, María dio a luz a Jesús. Para llegar, es posible que pase por varias aldeas palestinas cuya población no puede desplazarse como usted. El sexto día, podrá «viajar hasta
Qumrán», al noreste del Mar Muerto. Si le sobra tiempo, se le recomienda «entrenar con las FDI» o visitar las «Alturas del Golán», en la Siria ocupada.
Estos son solo algunos de los destinos que empresas israelíes ofertan desde sus expositores en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026, se celebra entre el 21 y el 25 de enero en Madrid. El evento, organizado anualmente por Ifema desde 1981, es uno los más relevantes del sector. Israel no ha faltado nunca a esta cita. Tampoco sus autoridades competentes en materia turística.
Este año ha sido Mijael Itzhakov, director general del Ministerio de Turismo de Israel, quien ha inaugurado el espacio del país en la feria. «Os queremos. Os necesitamos. Tenemos mucho que ofreceros. Sé que aquí tenéis unos malos políticos, pero el turismo está por encima de la política», ha declarado frente a la prensa. El español es único Gobierno de la UE que, tras dos años de protestas sociales, ha establecido un embargo de armas a Israel, si bien diversos colectivos insisten en que su contenido es aun muy tibio. Otros países, como Eslovenia, Países Bajos o Bélgica, han tomado medidas similares para reducir el comercio de material militar con Israel.
Sin embargo, no es solo la industria armamentística lo que permite la colonización de palestina. También lo hacen todos aquellos sectores que normalizan la expansión de Israel. Desde la plataforma que le ofrece el Fitur, el Estado sionista promociona visitas turísticas a los territorios palestinos que, tal y como han señalado en reiteradas ocasiones varios organismos de la ONU, Israel ocupa ilegalmente.
Desde 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha emitido seis resoluciones en las que exige a Tel Aviv que se retire de Palestina. Esta indicación ha sido ignorada por los sucesivos Gobiernos israelíes, sin que esto haya tenido consecuencias. No solo eso: Israel lleva años ampliado sus colonias en estos territorios. Solo en 2025, los colonos israelíes crearon 86 puestos de avanzada nuevos, según los datos de Peace Now. En total, son 224 los asentamientos cuya situación Tel Aviv regulariza poco a poco. La ultima anexión oficial se produjo el pasado 19 de enero, cuando sus autoridades declararon como Tierras Estatales otros 0,7 kilómetros cuadrados en Cisjordania.
Ver vídeo
«Utilizan esta plataforma para lavar su imagen por los crímenes que comenten y de las vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos», ha relatado a Público Ibán Vázquez, activista del Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS). Esta es una práctica habitual del Estado israelí, denuncian desde la organización. Su participación en competiciones internacionales deportivas internacionales, como la Vuelta Ciclista a España, o culturales, como Eurovisión, han despertado una ola de críticas entre los sectores sociales más comprometidas con los derechos humanos.
Sin embargo, para Vázquez, el caso del Fitur «es especialmente sangrante» porque «vienen a decir que allí no pasa nada». El activista considera que Israel «pretende presentarse como una potencia turística ofreciendo viajes a los territorios palestinos ocupados mientrasviola sistemáticamente los derechos humanos y la legalidad internacional». Hasta que los dirigentes israelíes no la respeten, el BDS pide a Ifema que «no los invite a participar».
Esa exigencia ya se ha cumplido en el caso de Rusia. Después de que Moscú transgrediera la normativa internacional al invadir ilegalmente el territorio ucraniano en febrero de 2022, la UE puso en marcha su mecanismo de sanciones para castigar el comportamiento de Rusia. Este año, ninguna empresa del gigante euroasiático participará en el Fitur.
Relacionado con este tema
Este periódico se ha puesto en contacto con Ifema para saber si han evaluado la petición del BDS. La respuesta de la entidad organizadora del evento ha sido la siguiente: «Israel ha participado en Fitur de forma ininterrumpida desde la primera edición de la Feria Internacional del Turismo en 1981, mientras que Palestina viene estando presente desde 1998. Ambos están presentes en esta edición.»
El impacto del genocidio en la imagen de Israel
«El turismo se encuentra en la crisis más grave que jamás haya conocido, y el presupuesto del Ministerio es escaso», afirmó a finales de agosto de 2025Haim Katz, ministro de Turismo de Israel. Desde el inicio del genocidio, el Gobierno del ultraderechista, Benjamín Netanyahu, ha recortado las partidas de todo aquello que no sumara esfuerzos a la causa militar en Gaza.
La ferocidad con la que Tel Aviv respondió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 -en los que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas-, ha degradado la imagen pública del estado mediterráneo en los países occidentales. Esto no es algo menor para el principal aliado de Europa y EEUU en Oriente Medio. En noviembre de 2025, el antiguo portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, mostró su preocupación por el hecho de que las fuerzas armadas estaban «perdiendo la guerra en las redes sociales».
Ninguna campaña propagandística ha podido ocultar los cuerpos de los más de 71.500 gazatíes asesinados por el indiscriminado fuego israelí. Tampoco la destrucción de aproximadamente el 80% de las infraestructuras de la Franja, ni las declaraciones de algunos dirigentes y líderes de opinión israelíes llamando al exterminio de los palestinos. Según las estimaciones realizadas recientemente por Público, entre el 7-O y el 3 de diciembre de 2025, Israel habría asesinado o herido al 11% de la población gazatí.
La matanza ha llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación contra Benjamín Netanyahu y su ex primer ministro de Defensa, Yoav Gallant por la posible comisión de crímenes de guerra en Gaza. Desde noviembre de 2024, ambos mandatarios tienen una orden de busca y captura que debe ejecutarse en el momento que alguno de los líderes pisen algunos de los territorios de los países firmantes del Estatuto de Roma. La mayoría de los estados europeos pusieron su rúbrica en dicho texto, razón por la que el primer ministro israelí no ha acudido el Foro de Davos que se celebra actualmente en la ciudad suiza.
«La circulación de trenes a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora, es decir 180, a 200, a 250 o a 300 influye mucho sobre las necesidades de mantenimiento de la infraestructura, la capa de balasto (grava), las traviesas, carriles y aparatos de vía. A esas velocidades tan altas, el tren transmite a la infraestructura solicitudes de resistencia mucho mayores que las circulaciones por debajo de los 160 kilómetros por hora. Por eso las vías deben ser auscultadas, hacer mantenimiento nocturno sin circulación de trenes y pasar con el tren auscultador antes de comenzar los servicios diarios de transporte«, asegura a PúblicoJosé Luis Ordóñez, portavoz de la Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social.
España gastó en el año 2024 en mantenimiento 444,3 millones de euros, lo que supone unos 111.000 euros por kilómetro de vía, según se expone el último informe de gestión de la empresa pública Adif-Alta Velocidad, encargada de este asunto. «No se debe priorizar la apertura de líneas, sino atender antes a lo que ya tenemos. El dinero que se destina cada año al mantenimiento debe ir en aumento, porque hay más trenes circulando desde la liberalización. El contexto ha cambiado desde 2021, cuando se abrió el tráfico a la competencia, por lo que la infraestructura y señalización está sometida a mayor estrés y por tanto requiere una mayor dotación de fondos», afirma Carlos Gutiérrez Hita, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Miguel Hernández.
Esto es lo que ha hecho Adif en los años pasados. Poco a poco ha ido incrementando el presupuesto destinado al mantenimiento, hasta los 111.000 euros de 2024. Según sus datos, el gasto en 2022 fue de 368,1 millones, lo que implicaba 92.800 euros el kilómetro y en 2023, de 376,7 millones, a razón de 94.800 euros el kilómetro de vía. «De media, los administradores de infraestructuras [en Europa] gastan 113.000 euros por kilómetro de vía principal al año en mantenimiento y renovación. SBB (Suiza), ProRail (Holanda) y DB (Alemania) registran los mayores gastos en mantenimiento y renovación, con más de 140.000 euros por kilómetro de vía principal«, expone el último informe Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe, el más fiable, según los expertos consultados por Público.
La comparativa, empero, con Europa es muy complicada —no basta la cifra, sin más—, porque hay numerosas variables que cambian en cada país. Ese trabajo europeo recoge por ejemplo las siguientes: «Los costes operativos dependen de diversos factores. El tamaño y la complejidad de las redes son tan relevantes como la utilización de los trenes. Por ejemplo, una red con un número relativamente elevado de agujas y un alto grado de electrificación y pasos a nivel es más propensa a fallos y requiere más intervenciones».
Así, en España, además, las vías aún se pueden usar más, según plantea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el balance que ha efectuado sobre la liberalización del mercado en esta década, lo que ha incrementado el número de viajeros y viajes: «Aunque ha aumentado en los últimos años, el uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetro de red, es menor que en Francia (96 circulaciones) e Italia (248 circulaciones), lo que muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura«.
El informe Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe, agrega: «Los túneles y puentes no solo deben revisarse con mayor frecuencia, sino que también implican sustituciones y reparaciones más costosas y sofisticadas. Las vías con mucho tráfico están sujetas a un mayor desgaste. El estado y la antigüedad de los activos también son relevantes: las inversiones realizadas en el pasado se amortizan y reducen los costes operativos posteriormente».
La renovación completa de la vía entre Madrid y Sevilla, en la que se produjo el accidente de Adamuz, y que la primera del país —se inauguró en 1992— ha costado 700 millones. El trayecto consta, entre otros puntos, de nueve viaductos con los que la línea sortea Sierra Morena a lo largo de un tramo de 32 kilómetros, lo que, según Adif, supuso «un gran reto técnico y de planificación». Los trabajos se concentraron en horario nocturno, cuando no hay circulación comercial, y se alternaron las vías «para contar siempre con una disponible para la circulación».
La red de alta velocidad en España.
Los sindicatos echan de menos una mayor inversión en lo que se conoce como «mantenimiento preventivo». Explica Joan Rodríguez del Sindicato Ferroviario a Público: «Cuando hablamos de mantenimiento lo podemos dividir en tres grupos; el mantenimiento preventivo nos ayuda a prever, mediante revisiones o actuaciones rutinarias, una incidencia; el mantenimiento correctivo se ejecuta una vez ha sucedido una incidencia y actuamos para reparar el componente o sustituir esa pieza, y luego está el mantenimiento predictivo: según el tipo de maquinaria, o en este caso los trenes, podemos seguir en tiempo real el comportamiento de una máquina para poder analizar variaciones y poder actuar antes de que suceda una avería. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay que poner el foco en el mantenimiento preventivo para poder detectar fallos a tiempo y evitar que tengamos que recurrir al correctivo».
Relacionado con este tema
«La asignación de gasto de Adif y las prioridades del estado sobre la gestión de las
líneas de Alta Velocidad están sometidas a diferentes opiniones —resume el profesor Gutiérrez Hita—. Desde el sindicato de
maquinistas y diversas voces desde los expertos ingenieros en tecnología e infraestructura
ferroviaria se demanda una mayor inversión en mantenimiento y adecuación tecnológica antes
que la apertura de nuevas líneas».
«La actividad de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias es permanente, y sobre todo en las que tengan más uso. Adif tiene personas con gran conocimiento en cómo mantener las vías y todos los sistemas de electrificación y señalización o control del tráfico», señala Ordóñez. «Esto se financia con el canon que abonan las empresas transportistas ferroviarias por el uso de la infraestructura, con los Presupuestos Generales del Estado y con la financiación que obtiene Adif de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (a costes financieros irrisorios)», añade el portavoz de la Plataforma Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social.
Sin embargo, la actividad de mantenimiento es efectuada en parte mediante externalizaciones, por empresas constructoras y otras especializadas mediante adjudicaciones públicas. Según el informe de gestión de Adif, la empresa pública adjudicó obras de mantenimiento a empresas por valor de 288 millones en el ejercicio 2024. Entre ellas, según se puede consultar en la web de Adif, están grandes empresas constructoras, como Sacyr y Acciona y otras especializadas, por ejemplo, en el balasto (la grava). «Como se necesitan muchas personas y mucha maquinaria altamente especializada, las grandes empresas suelen subcontratar a empresas de tamaño más moderado y pequeñas más especializadas partes del conjunto de la actividad de mantenimiento», expone Ordóñez.
Adif dispone, según sus propios datos, de «un parque de más de 650 vehículos ferroviarios [trenes auscultadores, bateadoras, perfiladoras, vagonetas, dresinas, quitanieves…, que son esenciales en la labores de conservación de la infraestructura] destinados a cuidar la explotación de la red dentro de los más exigentes parámetros, en alta velocidad como en las líneas convencionales y de ancho métrico. Estos vehículos desempeñan un papel fundamental en un nuevo modelo de conservación de la infraestructura ferroviaria, en el que el mantenimiento predictivo gana terreno».
Hay varios vehículos que juegan un papel clave en estas tareas. Por un lado, están los trenes auscultadores, que, según explican desde el Sindicato Ferroviario y la Plataforma por el Tren Social, son vehículos de varios coches que llevan aparatos de medida y equipos de tratamiento de los datos aportados los sensores y medidores. Con ello sacan los datos del estado de la catenaria o del raíl.
Relacionado con este tema
Por otro lado, están las bateadoras, máquinas de vías y obras encargadas de realizar las tareas de bateo del balasto (la grava): «Cada cierto tiempo es necesario renovar todo este material y estás máquinas disponen de unas palas que lo levantan para sustituirlo», afirman desde el Sindicato Ferroviario. Además, también dispone Adif de máquinas perfiladoras, respecto al balasto. Las perfiladoras «mantienen la geometría de la capa de balasto sin pérdidas de piedras por los laterales de la vía».
Un muro de contención ha caído esta tarde sobre la vía en la línea R4 de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) y un tren con pasajeros ha chocado con los escombros. El maquinista, al parecer en prácticas, ha fallecido, y otros 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de emergencias. Cinco de ellos han sido evacuados en estado grave a centros sanitarios.
En declaraciones a los medios, el jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado que el muro de contención ha cedido y se ha desplomado hacia las 21.00 horas, posiblemente debido al temporal que afecta a Catalunya.
Ver vídeo
Muere el maquinista del tren que ha chocado contra un muro en Gelida (Barcelona).
El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de Rodalies, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados. Los bomberos han tenido que excarcelar a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del tren.
El tren, de la línea R4, había partido de Sant Vicenç de Calders en dirección a Barcelona. El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Catalunya.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado 35 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 70 efectivos, junto con unidades de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha situado en alerta al plan Ferrocat.
Los afectados han sido evacuados en ambulancia hasta los hospitales Vall d’Hebron, Moisès Broggi, Bellvitge, Vilafranca, Mútua de Terrassa, Camils y Martorell.
Poco antes de la medianoche, los bomberos han confirmado tras realizar una revisión de todo el convoy que no quedaba ninguna persona en el interior del tren de Rodalies descarrilado.
«Estamos revisando la parte de debajo del tren y hacemos una redada por la zona para descartar más víctimas», aseguraban en
en un apunte en su cuenta en X, en la que añadían que continuaban asegurando la zona «para trabajar con seguridad».
El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona) dice que se hicieron «mejoras» en el tramo del descarrilamiento
El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona), Pere Vernet, ha asegurado en declaraciones a 3Cat que el tramo donde se ha producido el descarrilamiento había experimentado «mejoras» recientemente:
en esa zona se realizaron mejoras con la colocación de un tercer raíl para que pudieran pasar los trenes de mercancías y otra en el túnel de Martorell.
Relacionado con este tema
«Sin embargo, la lluvia ha hecho que haya pasado esta desgracia. Hacía mucho tiempo que no llovía de esta forma», ha lamentado Vernet.
La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès y los Mossos d’Esquadra se han desplazado al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las primeras gestiones de investigación.
Illa «sigue con atención» el accidente
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo «con atención» el accidente ferroviario en la R4.
Illa está en contacto con el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior y Seguridad, y Núria Parlon, que se han desplazado hasta la zona, según han informado fuentes del Govern.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario. «Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida», ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en X, en el que también ha señalado que está «pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia».
El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha lamentado la muerte del maquinista del tren accidentado también en un mensaje en X que ha titulado con la frase: «Esto es demasiado». El líder de la oposición señala en su mensaje que ha trasladado al presidente de Catalunya, Salvador Illa, «nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia».
Relacionado con este tema
Incidente entre Blanes y Maçanet
Además, este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Catalunya: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.
Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona).
En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.
Suspendida la circulación ferroviaria en la red de Rodalies
Adif ha suspendido la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies después del descarrilamiento de dos trenes.
La empresa que gestiona la red ferroviaria ha informado de la suspensión «debido a los efectos causados por el temporal» en la infraestructura y de que el restablecimiento del servicio se producirá «una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura».
La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que no se reanudará el servicio de Rodalies hasta que no se garantice la seguridad. Para ello, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y Adif participarán en «marchas blancas» (pruebas operativas sin pasajeros) durante toda la noche para revisar la red.
Antes del anuncio de Adif, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido paralizar el servicio de Rodalies «hasta nuevo aviso» después de los descarrilamientos producidos este martes.
Relacionado con este tema
«Los efectos climáticos de la alerta climatológica están causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria en el ámbito de Rodalies. Entre ellas se han producido dos descarrilamientos entre los que han resultado heridos tanto viajeros como maquinistas», ha explicado el sindicato en un comunicado.
En este sentido, Semaf ha solicitado a Renfe y a los maquinistas la paralización «hasta nuevo aviso» del servicio en el ámbito de Rodalies «ante la pasividad de las autoridades competentes y la falta de garantías sobre la seguridad tanto para viajeros como para los profesionales».
Los dos accidentes en Catalunya se han producido tan solo dos días después del trágico choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con la muerte de 42 personas y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados.
Alfredo Durán fue el primer maquinista del tren AVE Madrid-Sevilla que partió de la capital a las 7 de la mañana del 21 de abril de 1992, según Renfe. En ese momento quedó inaugurada la era de la alta velocidad en España con los 476 kilómetros de esa vía. Desde entonces, los diferentes gobiernos de España han apostado sin tapujos por la expansión de la red, que hoy cuenta con casi 4.000 kilómetros de raíles.
Es la mayor trama de Europa y conecta, según Adif, más de 50 localidades. De ellas, 39 ciudades con servicios AVE, a las que se suman otras 18 ciudades con trenes más versátiles, que pueden circular por diferentes tipos de vías, también a rápidas velocidades, lo que supone, según los datos de Renfe, que «más del 70% de la población española cuenta con servicios de alta velocidad«.
La inversión para la creación de este tejido centrado en Madrid ha venido fundamentalmente de fondos europeos, según un trabajo del servicio de estudios del colegio de Economistas, y ha sido muy importante en términos absolutos en estas décadas. La cuenta de todos estos años, según el balance que hizo Adif en 2022, cuando se cumplieron 30 años de la primera línea, ascendió a 57.200 millones de euros.
Así, el avance de la alta velocidad desde el viaje inaugural pilotado por el maquinista Durán ha configurado en estos años una red en «torno a dos zonas, norte y sur»; que, según Adif, «articula distintas regiones del país y desempeña un papel clave en la vertebración del territorio, conectando capitales de provincia, zonas periféricas y áreas en desarrollo».
El mapa de la Alta Velocidad en España.
En paralelo al aumento de la red de alta velocidad, empero, el total de kilómetros de vías en España no ha variado apenas en los últimos tiempos, según los datos que contiene el Observatorio del Ferrocarril, un trabajado informe que cada año publica el Ministerio de Transportes. En ese estudio, que radiografía el sistema ferroviario en España, se recoge que la longitud media de la red era de 15.295 kilómetros en 2014 y de 15.699 en 2023, último dato recogido.
«Si la inversión hecha en nuevas líneas de alta velocidad se hubiera aplicado a la red básica ferroviaria española del tren normal, ahora tendríamos una red de 40.000 kilómetros de longitud», afirma a PúblicoJosé Luis Ordóñez, portavoz de la Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social. «Hay un pero muy gordo [a la expansión de la red del AVE]», plantea Ordóñez. «Es que eso no es lo que necesitaba España. España necesita una potente red ferroviaria básica potente, coherente, muy tupida, que cubra todos los territorios, no solo las ciudades importantes o más importantes. Esa política de todo AVE no es la que necesitaba nuestra sociedad», añade el portavoz.
En su estudio titulado Infraestructuras de transporte en España (1992-2024): inversión, stock de capital y su mantenimiento, el colegio de Economistas señala que «parte de las inversiones en infraestructuras ferroviarias —especialmente las destinadas a la alta velocidad en diversas áreas— presentan una rentabilidad socioeconómica limitada, al concentrarse en
nuevos trazados con baja demanda, mientras se ha prestado menos atención al mantenimiento de la red existente».
Relacionado con este tema
Así, agrega el trabajo, ha existido en el desarrollo de la alta velocidad «un fuerte contraste entre inversión y uso: entre 1990 y 2018 se destinaron alrededor de 3.600–3.680 millones de euros a las líneas de Cercanías, frente a 55.888 millones invertidos en la alta velocidad. Solo en 2012, la alta velocidad recibió 5.226 millones de euros, más que toda la inversión acumulada en Cercanías en casi tres décadas«.
Este desequilibrio «también se refleja en la utilización de los servicios», según el colegio de economistas. Aunque el número de pasajeros en trayectos de larga distancia ha aumentado en paralelo a la expansión del AVE —y su liberalización—, son muchos más quienes utilizan las redes de cercanías, según los datos del INE.
La Estadística de Transporte de Viajeros revela que en el año 2024 algo más de 39 millones de personas utilizaron los servicios de alta velocidad, los de Renfe y los de las demás compañías. En comparación, las cifras de Cercanías superan los 591 millones de viajeros. «[Esto] refuerza la necesidad de reequilibrar la inversión hacia el mantenimiento y la mejora de la red más utilizada, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad frente a la expansión de nuevas líneas con baja rentabilidad social», considera el colegio de Economistas.
Para Ordóñez, «desde ese punto de vista de territorio múltiple, de las necesidades de transporte que tienen las personas, esas necesidades deberían estar cubiertas por una red que cubra el territorio: se ha invertido mucho dinero en esas líneas de alta velocidad que ha dejado de lado el tren normal».
La Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social propone la recuperación de varias vías, entre ellas, la ruta de la plata de Plasencia a Astorga, el tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel, el tramo Guadix-Baza-Almanzora-Lorca y el tren directo Burgos-Aranda-Riaza-Madrid. Y también la construcción de nuevas líneas como la transversal litoral andaluza desde Algeciras a Almería por Marbella, Málaga, Motril y Adra y la Transcantábrica desde Ferrol a Irún, por Avilés, Gijón, Santander, Bilbao y Donostia.
Relacionado con este tema
Además, la plataforma promueve «la compra de nuevos trenes para atender la demanda creciente de los servicios de proximidad, cercanías y regionales, de los servicios de grandes distancias incluidos los trenes nocturnos, y de los servicios del transporte ferroviario de mercancías».
«El Estado que mejor lo hace es Suiza, tiene un auténtico servicio ferroviario que evita usar el automóvil, tiene su red ferroviaria [montada] casi como si fuese la red de metro de Madrid. El siguiente es Austria. De Alemania, Francia e Italia, estamos muy lejos. Deberíamos estar ahí. Somos casi 50 millones de personas y tenemos un territorio enorme«, considera Ordóñez.
La liberalización
Al principio, solo operaba Renfe, pero el sistema se liberalizó ya de forma operativa en esta década, a partir del año 2020, y hoy hay en España «tres operadores compitiendo, (RENFE, IRYO, y OUIGO), con cuatro marcas comerciales (porque RENFE tiene dos, AVE y AVLO)», según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El accidente de Adamuz, Córdoba, que causó este domingo al menos 39 muertos, se produjo después de que un tren de Iryo descarrilara por razones que no se conocen aún.
En 2024, el transporte público de larga distancia en España, contando todos los medios de transporte, superó los 85 millones de viajeros, un 15% más que en 2023, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Entre 2019 y 2024, el tren creció un 40%, el autobús un 24% y el avión se mantuvo estable. El ferrocarril alcanzó una cuota del 56,5%, unos cinco puntos porcentuales más que en 2019, según la CNMC.
La liberalización del sector, promovida por la Unión Europea, ha sido criticada por las plataformas que defienden un tren social: «En el contexto privatizador de la UE, defendemos erradicar la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. España debe acabar, cuanto antes, con el sector privado que vive de hacer negocios en el pesebre del Estado».
Para Ordóñez, se trata de una liberación «sui generis«. «Ouigo es de la Renfe francesa, Iryo es de la Renfe italiana», argumenta. «Se podría hacer un esfuerzo y considerar que la competencia ha reducido los precios a las personas que viajan en tren, pero está reducción se ha hecho basándose en una competencia desleal vendiendo los viajes por debajo de su precio y superando el déficit con los presupuestos de las repúblicas francesa e italiana», agrega el portavoz de la plataforma.
Relacionado con este tema
La CNMC ha estudiado los efectos de la privatización y desde que esta se produjo ha detectado que se han incrementado las plazas ofertadas en los principales trayectos y también una reducción del precio medio. También apunta, como señala Ordóñez, las pérdidas de las compañías ferroviarias. Así lo recoge, en su Balance de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, publicado hace tres meses: «Comparado con 2019, las plazas ofertadas se incrementaron un 65% en el corredor Madrid-Barcelona, un 53% en el Madrid-Sur y un 113% en el Madrid-Levante». Y luego: «Entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia bajaron un 33% (un 44% ajustado por la inflación)».
Además, «la competencia de tres operadores en los servicios de alta velocidad ha intensificado el uso de la red un 42% entre 2019 y 2024: un 80% en el corredor Madrid-Levante, un 43% en el Madrid Barcelona y un 28% en el Madrid-Sur». En los corredores de alta velocidad sin competencia (Norte y Galicia), el tráfico ha crecido un 72%, «pero como se han puesto en servicio nuevos tramos de infraestructura (en 2024 hay un 67% más de km de alta velocidad en estos corredores que en 2019), la intensidad de uso de la vía solo aumentó un 3%», recoge la CNMC.
Aunque ha aumentado en los últimos años, el uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetros de red, es menor que en Francia (96 circulaciones) o Italia (248 circulaciones), lo que muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura», afirma la CNMA.
En las rutas con competencia, según la CNMV, en las que se producen con frecuencia incidentes «hay que tener en cuenta que, aunque el índice de puntualidad haya perdido nueve puntos entre 2019 y 2024«, debe tenerse en cuenta, «en primer lugar, que la puntualidad del modo ferroviario en 2023 y 2024 se ha visto afectada por el elevado número de obras en ejecución en la red, que aumentan la probabilidad de incidencias».
Las obras, expone la CNMC, «han pasado de 150 en 2019 (once en alta velocidad) a unas 450 en 2022, y a más de 500 en 2023 y 2024 (45 en alta velocidad)». «El incremento de la oferta de servicios está correlacionada con un empeoramiento del índice de puntualidad porque un retraso o una incidencia en un tren, tiene la virtualidad de afectar a más trenes que antes».
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó la Ley de Presupuestos de 2022 para modificar seis artículos de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, entre ellos el que le permitió ese mismo año transferir remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el organismo al cargo de las residencias públicas de mayores. El dinero se destinó al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que utilizó los fondos para pagar en 2022 y 2024 las facturas de la sanidad privatizada, los hospitales bajo concesión administrativa que gestionan los grupos Quirón y Ribera Salud.
La Ley de Presupuestos lleva fecha de 23 de diciembre de 2021, cuandola Comunidad de Madridaúnvivía los efectos de la pandemiaylas residencias de mayoreseran una de las áreas de asistencia más problemáticas.Elcovidpusoaún másde manifiesto laescasez de personal y la falta de financiacióne inversionesque sufren estos centros.
LaCámara de Cuentasexplica una parte de la reforma de la Ley de Haciendaen su informe de fiscalización de 2022. Gracias a un nuevo artículo 67bis, el consejero de Hacienda puede ahora transferira la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, «en situaciones excepcionales»,las «disponibilidades líquidas» de todos los organismos autónomos, incluso de aquellos que expresamente estaban exceptuados en la propia ley. Era el caso de AMAS, pero también de laAgencia de Vivienda Social(AVS)elConsorcio Regional de Transportesy elInstituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde entonces,sus excedentes de tesoreríahan dejado de ser considerados recursos propios si se dan circunstancias extraordinarias, y pueden ser transferidos a otros departamentos.
Aunque la ley no precisa en qué consisten esas situaciones «excepcionales», la Consejería de Hacienda las ha reconocido ya en tres ejercicios sucesivos. En total, a la sanidad privatizada han ido a parar 252,73 millones de euros procedentes de los fondos no gastados por AMAS. La primera vez que se pagó así a los hospitales concesionados fue en 2022 y por importe de 191,23 millones, tal y como desveló Público. Para reclamar ese dinero, el Sermas adujo una «necesidad de crédito excepcional (y urgente)» a fin de atender las «facturas de la actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos».
Dos años después, el importe de la transferencia ascendió a61,5 millones de euros, y sirvió para abonar a la Fundación Jiménez Díaz la asistencia médica prestada en 2021 por el hospital emblema del grupo Quirón a pacientes que habían optado por la«libre elección» de centro sanitario, según informó la Cadena Ser.
Sanidad no ha querido revelar cómo repartió los 191,23 millones de la primera operación, si su destinatario fue sólo el grupo Quirón –que gestiona también el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital de Collado-Villalba y el Infanta Elena (Valdemoro)– o también pagó a Ribera Salud –propietario del Hospital de Torrejón–.
Ver vídeo
La Consejería de Hacienda, a preguntas de Público sobre el motivo del cambio legal, se remite al párrafo que sobre dicha modificación figura en el preámbulo de la Ley de Presupuestos de 2022: la justifica como una mera adaptación a las«nuevas necesidades de la gestión económico-presupuestaria de lasAdministraciones Públicas»,una manera de dotarla de «mayor agilidad». Sin embargo,el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez vio otros motivos. Así lo expuso en el debate sobre la Ley de Presupuestos que se celebró en la Asambleade Madrid el 21 de diciembre de 2021, cuando afeó al Gobierno madrileño que hubiera aprovechado esa norma para colar «de forma torticera»la modificación, suspensióno adición de apartados a seis artículos de la Ley de Hacienda. Gutiérrez le acusó de«burlar» a la Asamblea de Madridel debatesobrelo que era toda una reforma deesa ley, porque sesuprimían obligaciones del Gobiernoautonómico «importantísimas parala transparencia del buen uso de los dineros de todos los madrileños».
Los remanentes se disparan desde 2016
La Agencia Madrileña de Atención Social es la sucesora desde 2015 del Servicio Regional de Bienestar Social. En 2014 y 2015, todavía con su antiguo nombre,cerró con remanentes de tesorería discretos de 16,8 y 25 millones de euros, respectivamente. Pero, al convertirse en AMAS,disparó esos excedentes. En 2016 ascendían ya a 141 millones.Son acumulativos, y no dejaron de crecer ejercicio tras ejercicio, hasta alcanzar un máximo de 210 millones en 2021, según ha comprobado este periódico en los sucesivos informes de fiscalización elaborados por la Cámara de Cuentas.Ya desde el mismo 2016, este organismo empezó a llamar la atención de los gestores de la Comunidad de Madridparaque «revisaran» sus políticas de planificación presupuestariaycorrigieran esos importes. Ni la Consejería de Hacienda ni la de Familia, de la que depende AMAS, han contestado a las preguntas dePúblico al respecto.
Relacionado con este tema
Tras llegar a ese máximo, el Gobierno deDíaz Ayuso empezó a utilizar esos fondos para pagar a la sanidad privatizada en 2022.Desde entonces, los remanentes han disminuido: 58,8 millones en 2022, 59,9 millones en 2023 y 62,5 en 2024. Loque no fue óbice para trasladar ese último año 61,5 millonesalSermas.
Según consta en los informes de la Cámara de Cuentas,AMAS sólo ejecutó el 39% de su presupuesto de inversiones en 2024, el año en que éste ha sido mayor desde 2018 –77 millones de euros–y un 40% en 2022, cuando ascendía a 43,3 millones. Otros ejercicios el grado de ejecución de las inversiones osciló entre el67% y el 84%, con presupuestos de 14,6 a 17,7 millones. Hubo un año,2023, en que ejecutó el 90,9% de la cantidad prevista para invertir. Pero también fue el ejercicio con la menor partida para inversiones: sólo 4,7 millones deeuros.
«Se trata de ajustes de tesorería, no de ejecución presupuestaria», es la sucinta explicación que la Consejería de Familia ha dado a Público cuando le ha preguntado cómo se han generado unos remanentes tan abultados. Su portavoz niega que procedan de la falta de ejecución de los presupuestos de AMA. «El dinero destinado a nuestros mayores se ejecuta cada año prácticamente al 100%», asegura. Y cita los «2.000 millones de euros al año» que la Comunidad de Madrid dedica a las personas dependientes, «un récord histórico». Después, pasa a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez que, según dice, «priva» a los mayores de «un millón de euros cada día al no financiar el 50% de la dependencia como le corresponde, para seguir pagando la fiesta independentista«.
Fármacos de uso hospitalario
ElGobierno madrileño utilizó elmismométodo también para nutrir de fondos a los hospitales públicos delSermas. Y lastransferencias partieron de otrosorganismos autónomos, no sólo de AMAS.En 2023, el desvío ascendió a 155,88 millones de euros, procedentes de la Agencia de Vivienda Social, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajoy Madrid 112. La situación excepcionalesgrimida por elSermaspara pedir fondosconsistía en la adquisición de medicamentos de uso hospitalario.Además, AMAS proveyó de 17,13 millones de euros a la propia Consejería de Familia, para cubrir «gastos endistintos programas y centros gestores», sin más precisión.
En 2024, fue de nuevo la Agencia de Vivienda Social el organismo autónomo que proporcionó fondos alSermas, de nuevo para pagar medicamentos de usohospitalario: 10,68 millones de euros.En total, 166,56 millones en dos años para comprar fármacos.
Relacionado con este tema
Elañode la transferencia alSermas, laAgencia de Vivienda Socialcerró con un remanentede tesorería negativo nada menos que de 712 millones de euros. De hecho, ésa ha sido la tónicade laagenciaen los últimos años, con remanentes negativos que alcanzaron los 914,4 millones en 2022.
«¡Necesitamos Groenlandia! Es muy estratégica en estos momentos. (…) Está rodeada de barcos rusos y chinos por todas partes». Donald Trump lleva meses, incluso años, tanteando con la cláusula de defensa mutua de la OTAN. El magnate sueña con anexionar la isla más grande del mundo y no descarta utilizar la vía militar para saciar sus ansias imperialistas. «Vamos a hacer algo, por las buenas o por las malas». La excusa vuelve a ser la de la «seguridad nacional», una excusa «peregrina» y «falaz», según los ocho expertos en geopolítica y relaciones internacionales consultados por este diario. ¿Cómo afectaría un movimiento de estas dimensiones a la OTAN? Trump ya reconoce que «podría ser un dilema» tener que elegir entre la colonización del Ártico y la Alianza del Atlántico Norte.
Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, como lo son las Islas Feroe. El Gobierno de la isla controla sus propios recursos naturales y la administración de justicia. La política exterior la gestiona, sin embargo, Copenhague. Y no de la manera en que lo haría Donald Trump. «Dinamarca aumentó la seguridad de Groenlandia, enviaron un trineo de perros más», bromeó recientemente el líder de la Casa Blanca. «El hecho de que desembarcaran allí hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra», reiteró este mismo viernes. Las mofas del magnate enfadaron a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. «Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, también la OTAN», denunció la mandataria el pasado martes. Las autoridades groenlandesas se han pronunciado en los mismos términos: «Basta de presiones, insinuaciones y fantasías sobre la anexión«. ¿Qué planes tiene el trumpismo para Groenlandia? ¿Cómo reciben estas amenazas los países europeos? ¿Y qué pasa con la OTAN?
La Casa Blanca y sus injerencias en Groenlandia
Trump defiende que necesita la isla por motivos de «seguridad nacional». La postura parece firme, inamovible. Los fines expansionistas vienen expresamente recogidos en su plan de seguridad nacional. «Estados Unidos está reclamando parte del territorio de uno de sus aliados. Trump ha llegado tan lejos con sus amenazas que es poco probable que se detenga sin obtener nada a cambio«, arranca Hanna Ojanen, experta en seguridad europea y profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Tampere (Finlandia). El magnate aseguró que «no le importan las restricciones impuestas por el derecho internacional» y considera que la isla está en su «esfera de influencia». Mira fundamentalmente «la cantidad significativa de elementos críticos de la tierra que posee», señala Harri Mikkola, investigador especializado en política exterior y seguridad de la región ártica en el Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA). Esto impregna todos sus movimientos de una incertidumbre cuando menos «peligrosa».
Estados Unidos puede promover en un plazo relativamente corto un referéndum en Groenlandia
La posición actual consiste en presionar a todos los actores implicados para «ganar influencia» en la «mesa de negociaciones», pero las fuentes que han hablado con Público no tienen claro que la idea de anexionar Groenlandia guste realmente a los estadounidenses, ni siquiera a todos los votantes republicanos. «Trump es un magnate inmobiliario, nada hace pensar que sus intereses personales en la isla coincidan con los de Estados Unidos. Esta línea argumental empieza a moverse entre algunos senadores influyentes de su propio partido. Groenlandia no tiene sentido estratégico para Washington«, continúa Steven Blockmans, investigador principal del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) de Bruselas.
El presidente de EEUU, Donald Trump, con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta es una lógica que también comparte José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y autor de La cumbre de la OTAN y la crisis del atlantismo. «Estados Unidos no se va a meter en una guerra, mucho menos con aliados. Esto no quiere decir que se descarte la posibilidad de una intervención armada en Groenlandia, pero todo se enmarca más bien en una política performativa que se plantea en términos de inevitabilidad para Europa», desliza el profesor. «La OTAN se verá más o menos afectada en función de la forma en la que se materialice esa hipotética anexión: no es lo mismo hacerlo de manera negociada y de acuerdo con la población local que utilizar la vía militar. El compromiso norteamericano con sus aliados europeos queda en cualquier caso muy en entredicho», añade Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Esta eventual «negociación» también genera dudas en el plano académico, toda vez que hablamos de un país intentando incidir en el rumbo político de otro –ambos, miembros de la misma organización–. Los expertos apuntan aquí a un posible referéndum de autodeterminación, que sería el segundo en menos de veinte años para los habitantes de Groenlandia. «Estados Unidos puede promover en un plazo relativamente corto ese referéndum e incidir con ofertas económicas, desinformación y otros instrumentos para conseguir un resultado favorable a la independencia. Lo haría para establecer una nueva relación con la isla preservando su soberanía, pero manteniéndola en una posición subordinada, sobre todo en materia de defensa y recursos naturales», señala José Antonio Sanahuja.
Las elites atlantistas europeas no quieren oír hablar del enfrentamiento con Estados Unidos
Las encuestas más recientes juegan a favor de la Casa Blanca: siete de cada diez groenlandeses votarían a favor de su independencia, según un sondeo de la demoscópica Verian. El 85% de los habitantes rechazarían, eso sí, la integración del territorio en el mapa de Estados Unidos. Las autoridades de la isla han emitido un comunicado a última hora de este viernes reivindicando su derecho a «decidir sobre el futuro del país», sin «retrasos o interferencias» de terceros. «Las presiones pueden ser cuestionables, pero están a la orden del día. Lo que realmente perturbaría la relación transatlántica sería el uso de la fuerza para tomar el poder«, insiste Niels Byrjalsen, investigador en el Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague.
Europa se resiste a dar un golpe sobre la mesa
La respuesta de los países europeos a las amenazas estadounidenses tampoco ha pasado desapercibida. Los expertos consultados por este medio la definen como «lenta» y «fragmentada», incluso «fría». Dinamarca ha tardado en incluir este asunto en la agenda europea. El país defiende no obstante la soberanía de Groenlandia, una postura que también han respaldado esta semana Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. «El panorama más allá de los países nórdicos y algunas otras excepciones [como España] sigue siendo confuso, todavía son muchos los dirigentes que siguen reivindicando el apoyo de Washington a la seguridad de Europa», subraya la finlandesa Hanna Ojanen. ¿Por qué es tan tibia la postura de algunas capitales?
Relacionado con este tema
«La Unión Europea se encuentra en una situación delicada, no solo por la proximidad de la guerra de Ucrania, sino también por el aumento de las tensiones políticas y económicas con un país que siempre se ha considerado indispensablepara el mantenimiento de la seguridad del continente, como es el caso de Estados Unidos», apunta Luca Ratti, profesor de Historia de las relaciones internacionales en la Universidad de Roma III y autor de La OTAN durante un segundo mandato de Trump: ¿navegando por aguas desconocidas?. «Las elites atlantistas europeas no quieren oír hablar del enfrentamiento con Estados Unidos, muchos países estarían dispuestos a casi cualquier cosa para evitar que Washington abandonara Europa en pleno conflicto con Rusia», añade José Antonio Sanahuja.
La estrategia de seguridad nacional de los estadounidenses, eso sí, relega el viejo continente a una posición casi anecdótica. El desinterés salta a la vista. Bruselas, sin embargo, se resiste a dar un golpe sobre la mesa, como piden casi todas las voces que han respondido a las preguntas de Público. «Europa sigue tolerando los movimientos del trumpismo porque carece de una alternativa sólida a corto plazo, especialmente en el contexto de una guerra con Ucrania», matiza el danés Niels Byrjalsen. «Los europeos deberían empezar a prepararse para lo peor y detallar un plan de posibles represalias ante las eventuales agresiones de Estados Unidos: desde sanciones individuales a miembros del Gobierno de la Casa Blanca hasta restricciones en la compra de deuda americana o en el mercado único de la UE», sostiene Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). «Bruselas no puede seguir en silencio y someterse de esta manera al acoso de Trump. Las amenazas de apoderarse del territorio de un aliado son incompatibles con la lógica fundamental de la OTAN», insiste Steven Blockmans.
¿La OTAN todavía tiene sentido?
La OTAN es actualmente responsable de la defensa de Groenlandia. Esto hace que una posible incursión de tropas estadounidenses en la isla atente contra los principios rectores de la organización. Los expertos que han hablado con Público no creen que esto suceda y, por tanto, tampoco contemplan que la alianza pueda llegar a romperse, al menos de forma «inmediata». Aseguran, eso sí, que su razón de ser quedaría fuertemente tocada. «Lo que cada país miembro tiene que ver es qué gana y qué pierde si abandona la OTAN. La alianza pasaría de perseguir una defensa colectiva a practicar una defensa discriminada, pasaría de defender valores a defender intereses», advierte Félix Arteaga. Los miembros de la organización tienen supuestamente un compromiso para resolver cualquier disputa internacional por medios pacíficos y abstenerse del uso de la fuerza en sus relaciones, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
La confianza de los estadounidenses como garante de seguridad se ha visto mermada, pero las funciones críticas de nuestras sociedades dependen de Washington
Steven Blockmans cree que «es poco probable que una acción estadounidense contra Groenlandia pueda suponer la muerte instantánea de la OTAN», sobre todo, mientras en muchas capitales se mantenga viva la creencia de que «a corto plazo puede haber un cambio en el Gobierno de la Casa Blanca y, por tanto, en la política exterior de Estados Unidos». El investigador del CEPS añade: «A los aliados europeos no les compensaría declarar el fin de sus acuerdos [por lo que resta del mandato de Trump], aunque el movimiento pudiera calificarse a posteriori como algo imperdonable». Los expertos consideran además que si alguien llegara a poner en duda la alianza transatlántica serían los estadounidenses, «mucho más que los europeos». ¿Cuáles son los motivos?
La ciudad de Nuuk, en Groenlandia, con la bandera danesa.
Relacionado con este tema
«Estados Unidos podría desvincularse de la organización [y de la guerra de Ucrania], pero no lo hace porque la utiliza para amenazar a Europa. Washington presiona desde la alianza para que los países europeos aumenten el gasto en defensa, pero no a cualquier precio, sino comprándole armas a la industria estadounidense; también lo hace para conseguir que se dobleguen ante sus exigencias comerciales y lo hará para acabar con la regulación digital de Bruselas», reconoce el catedrático José Antonio Sanahuja.
La falta de una alternativa seria en el escenario europeo dificulta además la determinación de muchos dirigentes contra el trumpismo y ralentiza su posible salida de los tratados de la organización. «No tenemos en el mercado demasiadas opciones para sustituir a la OTAN. La confianza de los estadounidenses como garante de seguridad y protección se ha visto mermada, pero las funciones críticas de nuestras sociedades dependen de las tecnologías y los procesos de Washington», señala Harri Mikkola, investigador del FIIA. «Los aliados europeos tienen que asegurarse antes de que pueden seguir cooperando sin la participación de Estados Unidos», añade Hanna Ojanen.
Las incoherencias son, con todo, fácilmente identificables. Así lo resumen los expertos al ser preguntados por Público sobre el futuro de la OTAN. «La cuestión tiene truco, porque no tiene sentido que el socio principal de la organización suponga a la vez su principal amenaza. La pata europea de la alianza tiene que aprovechar esta situación para defender sus intereses por encima de las ansias imperialistas de Trump», insiste Héctor Sánchez Margalef. «Los países europeos tienen que asumir que el mundo ha cambiado, tienen que asumir su soledad estratégica y desplegar luego una verdadera red de alianzas con otros actores, incluido el Sur Global», sentencia José Antonio Sanahuja, porque, mientras esto no ocurra, «Trump va a seguir utilizando la alianza para chantajear a Europa«.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» al país en términos de recursos naturales y de otra índole, mientras ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno «no se porta bien» o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación con la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo».
En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.
A su vez, Trump reiteró que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por «narcoterrorismo» a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas, responde a una nueva de intervención en Latinoamérica que bautizó como Doctrina Donroe, parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que «el hemisferio (occidental) es nuestro».
El mandatario hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde estuvo las dos últimas semanas, a Washington.
El republicano aseguró que tanto la misión Resolución Absoluta, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su doctrina Donroe persiguen «la paz en el mundo».
Amenaza de nuevos ataques
El presidente estadounidense subrayó que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda.
Al ser preguntado sobre si en la actual situación –con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando– ese segundo ataque está descartado. Trump fue tajante: «No, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque».
También volvió a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ya que dijo que le sonaba «bien» la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Maduro.
Trump aseguró que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y añadió que está «gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EEUU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».
Relacionado con este tema
Lucha contra el narcotráfico en México
También volvió a hablar sobre las ofertas para enviar al Ejército estadounidense a México a combatir los narcotraficantes de ese país, un tema, que según sus palabras, le ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que repitió que «es una persona estupenda» pero que «tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México».
«Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México», afirmó.
Trump aseguró que «cada vez» que ha hablado con Sheinbaum ha ofrecido enviarle tropas, lo que la mandataria ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país.
Sobre Cuba, consideró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel «está a punto de caer» y que no cree que haga falta «acción alguna» por parte de su país en la isla.
«No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense.
Ver vídeo
Declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Venezuela a bordo del Air Force One.
«Gobernamos nosotros»
Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump volvió a contestar de forma tajante.
«No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida», le espetó a una periodista. «¿Qué significa eso?», prosiguió la reportera. «Que nosotros estamos a cargo», respondió el magnate neoyorquino.
Trump ya puso en duda este sábado que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y que miembros de su Gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, o el director de la CIA, John Ratcliffe, «gobernarán» el país suramericano por un periodo indeterminado.
Relacionado con este tema
Trump pareció descartar a su vez la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. «Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre«, aseguró.
«Fui el más crítico con esta ley y 15 años después te puedo decir que fue lo mejor que hizo Zapatero«. Así resume un hostelero de 53 años la reforma de la ley antitabaco de 2005 que entró en vigor el 2 de enero de 2011. Sentado en el comedor recién fregado de un conocido restaurante de menú del centro de Madrid, recuerda cómo a sus 38 años veía el futuro negro si se constataba la prohibición de fumar en los bares. «En plena crisis económica, lo que nos faltaba era perder el curro», recuerda.
Pero nada de eso ocurrió. La ley se aprobó, entró en vigor y la gente siguió yendo a su restaurante. El hostelero madrileño, que por aquel entonces trabajaba en el local en el que atiende a Público en 2025, terminó haciéndose cargo del negocio. «Yo he llegado a tragar mucho humo«, desliza rememorando sus primeros años en el oficio. Por eso celebra que terminara aprobándose aquella norma y reconoce con honestidad que «el que estaba equivocado» era él.
En España se ha ido poniendo coto al tabaco en varias fases; en varios tiempos. Y el tercero de ellos está ya en proceso. Mónica García está preparando una nueva regulación para prohibir fumar en las terrazas de los bares y restringir el vapeo. La ministra de Sanidad explica que también ahora existen presiones, sobre todo por parte del lobby del tabaco y de la hostelería, para que no se apruebe la nueva norma. No obstante, el ruido es menor que hace 15 y 20 años. «Ahora hay más consenso social«, explica en conversación con este medio: «Ahora jugamos con un viento mucho más a favor».
Un hostelero, desde su restaurante en Madrid: «Fui el más crítico con esta ley y 15 años después te puedo decir que fue lo mejor que hizo Zapatero»
En cualquier caso, hay algo que no ha cambiado con respecto a aquel 2011. Las tabacaleras y la hostelería siguen augurando un descalabro económico para el sector ahora si se prohíbe el tabaco en las terrazas. «Hay que rechazar esa dicotomía entre economía y salud», afirma en palabras para este medio Leire Pajín. Hoy eurodiputada, la socialista fue la ministra de Sanidad que logró la aprobación de la segunda ley antitabaco de José Luis Rodríguez Zapatero en un clima de mucha tensión.
«No podemos aceptar esa dicotomía porque el impacto negativo que se decía que iba a tener la ley no existió», subraya: «El aumento sostenible de los beneficios está ahí».
Ver vídeo
Dos leyes para romper una costumbre dañina
La primera ley antitabaco se aprobó en España en 2005 y entró en vigor en 2006 de la mano de la ministra socialista Elena Salgado. Fue entonces cuando se prohibió fumar en lugares como los centros de trabajo. Ahora se cumplen 20 años. No obstante, tal y como explica el periodista Manuel Sánchez, que ha trabajado cubriendo información del Gobierno en El Mundo, Público o elDiario, la verdadera revolución llegó unos años más tarde con la iniciativa que despegó con la ministra Trinidad Jiménez y culminó con Leire Pajín, las dos últimas titulares de Sanidad del presidente Zapatero.
«Jiménez planteó a Zapatero que había que ser valiente, que la sociedad española no podía permitirse seguir más tiempo sin avanzar en las restricciones del tabaco y que había que prohibir su consumo en todos los lugares cerrados, sin excepciones», relata en su libro Zapatero, el legado progresista (Penguin Random House, 2024).
Antes de la entrada en vigor de la ley, había
«un extraordinario nerviosismo en el PSOE»
Sánchez explica a Público que durante la preparación de la ley y en los primeros días tras su aprobación había «un extraordinario nerviosismo en el PSOE». Y los motivos eran dos. Por una parte, las presiones de las tabacaleras y de los sectores del ocio y la hostelería habían generado un clima que hacía suponer que la nueva norma podía representar un importante coste electoral para los socialistas. Por otra, existía incluso el miedo de que una vez entrara en vigor la ley —el 2 de enero de 2011 para que la gente pudiera fumar en Nochevieja y Año Nuevo— los fumadores se rebelaran y no renunciaran al cigarrillo en el bar.
Pajín reconoce que «esas preocupaciones siempre existen cuando se impulsa una legislación que viene a cambiar costumbres arraigadas«, como lo era en aquella España la de fumar en los bares. El hostelero madrileño con el que ha hablado Público lo resume así: «Un ciudadano español lo aguanta todo, pero hay una cosa que no le puedes tocar, el bar».
Relacionado con este tema
Sin embargo, Pajín añade que el Gobierno de Zapatero y, en concreto, su ministerio tenían muchos datos de cómo se habían producido avances parecidos en países como Italia o Irlanda y, pese a la inquietud, confiaban en la pronta implantación de la norma y en que los altercados serían mínimos.
El sociólogo Mariano Urraco, investigador y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), coincide con Manuel Sánchez en que «parecía que iba a ser imposible que la sociedad española se acostumbrara a no fumar en el bar» y recuerda además que se orquestó toda una campaña que pretendía convencer a la gente de que «lo que se iba a crear con esta decisión del Gobierno era un régimen distópico«.
Según el sociólogo Mariano Urraco, se orquestó una campaña por la prohibición del tabaco que parecía que se inauguraba un «régimen distópico»
Todo fue un poco menos grave de lo que parecía. «La gente siguió yendo a los mismos sitios y le gustó comer sin que el sabor de los alimentos se mezclara con el humo y a llegar a casa sin tener toda la ropa oliendo a tabaco«, explica. En otras palabras, «aquel rechazo inicial a la ley quedó silenciado por una mayoría que resultó estar a favor de la limitación«.
Presión de los ‘lobbies’ en 2010… y en 2025
«Mientras trabajábamos la ley que iba a prohibir fumar en los bares fue cuando yo percibí las estrategias de desinformación tal y como las conocemos hoy», explica Leire Pajín: «Hubo informaciones, incluso de medios que podrían considerarse afines, que circularon con total impunidad y que eran totalmente mentira». «Por ejemplo», concreta, «que nos habíamos inventado una aplicación para denunciar a los fumadores».
Leire Pajín: «Mientras trabajábamos aquella ley fue cuando percibí las estrategias de desinformación tal y como las conocemos hoy»
«La presión en aquellos momentos era muy grande». Pajín relata cómo, además, las tabacaleras viraron su estrategia a medida que fueron viendo que el Gobierno no iba a dar su brazo a torcer. Si al principio trataron de evitar que la ley se aprobara, más adelante intentaron «retrasar la implantación de las medidas«. Pero la única decisión que se tomó fue la de posponer un día, al 2 de enero de 2011, su aplicación para no coincidir con las fiestas de Nochevieja. «Ni un día más». El Gobierno quería, además, que las nuevas restricciones encajaran en el tiempo con los habituales propósitos de año nuevo —dejar de fumar es uno de los habituales— de la población.
Relacionado con este tema
15 años después, con un anteproyecto de ley para eliminar el tabaco en las terrazas, en los campus universitarios o en las instalaciones deportivas y una equiparación del cigarrillo electrónico al tabaco convencional, la presión social es menor que la de 2010-2011, pero la del lobby tabacalero —y también la de la hostelería— sigue ahí. «Es un revival«, apunta Mónica García.
«Las presiones de los lobbies económicos y empresariales no paran», añade. Se suman ahora los intereses que representan los cigarrillos electrónicos. La ministra de Sanidad lamenta que se estén introduciendo como «un mecanismo de control de daños», como algo «poco tóxico». «Pero nosotros», resuelve, «no nos movemos en el eje de la toxicidad, sino en el de la salud». Además, apunta que el vapeo se ha convertido en una puerta de entrada para los jóvenes hacia el tabaco. Por su parte, la patronal de los hosteleros Hostelería de España ha calificado la nueva propuesta gubernamental de «desproporcionada».
Mónica García: «Nosotros no nos movemos en el eje de la toxicidad, sino en el de la salud»
«Pero la ley de 2011 y antes la de 2005 ya demostraron que las iniciativas que son coherentes, valientes, ambiciosas y que quieren proteger la salud de los ciudadanos siempre funcionan», zanja García. «A pesar de los malos augurios, de los anuncios de apocalipsis y de la dificultad que representa cambiar los hábitos de una sociedad, si detrás hay coherencia y evidencia científica, la ley se va a cumplir desde el primer momento». «Además», completa la ministra, «ahora vemos cómo son incluso personas fumadoras las que piden una ley como esta».
El sociólogo Mariano Urraco pronostica —en caso, claro, de que la ley prospere— un proceso de adaptación parecido al de 2011. El periodista Manuel Sánchez lo resume así en su libro: «Llegó la fecha elegida, entró en vigor la ley… Y no pasó nada. La ciudadanía asumió de forma sorprendente y contra todo pronóstico dejar de fumar en bares y restaurantes y, salvo incidentes aislados, la normativa se cumplió mayoritariamente en todos los rincones de España». Hizo falta, eso sí, un proceso de adaptación más o menos corto, aunque no falto de anécdotas.
El hostelero de Madrid que ha atendido a Público habla, por ejemplo, de cuando entraba en un salón algo más escondido de su restaurante y olía a tabaco. «Pero nadie estaba con el cigarrillo en la boca». Nadie admitía estar fumando. «Luego, al final de la jornada, te ponías a barrer y salían unas cuantas colillas«.
«Si finalmente se termina por prohibir el tabaco en las terrazas», comenta Mariano Urraco, «los fumadores tendrán que adaptarse y no fumar en sus reuniones sociales o moldear su costumbre». Cuando se prohibió fumar en el interior de los locales, se generó un nuevo escenario de socialización, que fue la puerta del bar. Está por ver cuál es el texto final de la nueva ley y la profundidad del cambio en el comportamiento social que origina.
Relacionado con este tema
Mínimo histórico de fumadores
Habida cuenta del clima político actual, parece imposible que una ley como la que entró en vigor en 2011 —polémica y, en aquel momento, controvertida— reúna el consenso necesario, pero Mónica García aspira a ello y lo cierto es que por el momento parece que hay una cierta predisposición a negociar. «La salud es un factor aglutinante en la política«, explica: «Y no entendemos que haya partidos políticos que puedan llegar a ponerse del lado de quien quiere seguir intoxicando a la población».
Tal y como explica Manuel Sánchez en su libro, Trinidad Jiménez consiguió rápidamente el favor de Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) y de Gaspar Llamazares (IU) para que dieran apoyo a la reforma del 2010-2011. Lo de convencer al Partido Popular fue un poco más difícil. Sin embargo, Jiménez se entendió bien con Soraya Sáenz de Santamaría y con Ana Pastor y estas convencieron a su vez a Mariano Rajoy. Zapatero, que era fumador, había pedido a su por aquel entonces ministra de Sanidad un consenso parlamentario de entre el 60% y el 80% para promover la iniciativa. Con el sí del PP, esos parámetros se cumplían, así que la ley fue enseguida al Consejo de Ministros y más tarde al Congreso de los Diputados.
Con Trinidad Jiménez ya como ministra de Exteriores tras una crisis de Gobierno de Zapatero, la reforma terminó viendo la luz con Leire Pajín al frente de Sanidad. Pasados los años, Pajín recuerda que muy pronto empezaron a mejorar los datos de hospitalización por motivos cardiovasculares. Una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria publicada en 2012 (meses después de su aplicación) cifraba en un contundente 82% el apoyo de los españoles a la ley antitabaco.
Las cifras de fumadores son las más bajas de la historia
La encuesta EDADES 2024, publicada en este caso por el Ministerio de Sanidad, arroja unos datos también muy significativos. Solo un 25,8% de los españoles consume hoy tabaco de forma diaria, la cifra más baja desde que hay registros (1995). Un estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 refleja la caída drástica del consumo de cigarrillos. En 2013, en España se consumieron 29.905.200 cigarrillos. En 2023, 16.274.280.
Relacionado con este tema
El final de esta legislatura decidirá si España sigue en la senda del progreso en términos de salud con la puesta en marcha de la nueva reforma. Por el momento, la propuesta está todavía lejos de llegar a la Cámara Baja, pero no es descartable que 2026 sea otro año para el recuerdo en términos de antitabaquismo.
