El pasado mes de octubre, diputados del Parlamento Europeo, académicos y expertos jurídicos instaron a la Comisión Europea a excluir a la empresa estatal israelí Rafael Advanced Defence Systems y al Ministerio de Defensa del país hebreo de Horizon Europe que, con un presupuesto de 95.500 millones de euros en siete años, es el mayor programa transnacional de investigación del mundo. Su objetivo declarado no es precisamente modesto: «Resolver los principales problemas globales, desde el cambio climático a las enfermedades, contribuyendo, al mismo tiempo, al crecimiento de la economía europea».
Los diputados y expertos alegaban que el artículo 19 del reglamento del programa exige el respeto a los principios éticos y los derechos humanos como condición para participar en él, y mostraban su recelo ante la fuerte implicación en los proyectos de Horizon de entidades israelíes relacionadas con el ámbito militar. En octubre de 2025, Israel había matado ya a 68.000 palestinos tras dos años de ataques en Gaza.
La comisaria europea de Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, respondió entonces que se llevaría a cabo una evaluación ética interna «para evitar que los fondos de la UE se utilicen para actividades que puedan ser contrarias al Derecho internacional o al Derecho de la Unión».
Sin embargo, en casi un año, los interesados no han recibido ninguna información al respecto. «Es evidente que las tecnologías desarrolladas en el marco de los proyectos Horizon de la UE en los que participan socios israelíes, tanto privados como estatales, no pueden considerarse de naturaleza exclusivamente civil, ni conformes con las normas de derechos humanos y el derecho internacional», critica Nicola Perugini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo y uno de los primeros firmantes de la carta. «Teniendo en cuenta la forma en que ha evolucionado el régimen israelí de colonización de los territorios palestinos y las violaciones del derecho internacional cometidas», argumenta, «no existe, por su propia naturaleza, una separación real entre las esferas civil y militar. La Comisión Europea es consciente de esta realidad, pero ha optado por negarla, continuando así con una actuación que incumple sus propias obligaciones éticas y jurídicas».
Uno de esos proyectos es Underwater Security (UnderSec) y ha sido analizado por periodistas españoles, italianos y griegos de Público, Altreconomia (Italia) y MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting, Grecia) en una investigación conjunta. Con una financiación de seis millones de euros, UnderSec se puso en marcha en octubre de 2023 y no concluirá hasta el otoño de este año. Un total de 22 empresas e instituciones de 11 países diferentes, entre los que se encuentran España e Israel, llevan tres años investigando y probando tecnologías de vigilancia submarina en los puertos de Valencia, Lavrio (Grecia) y Rávena (Italia). En concreto, están desarrollando sistemas robóticos submarinos y drones, sónares, redes de sensores electromagnéticos y tecnologías de detección, incluso mediante el uso de generadores de neutrones –que son radiactivos–, para la vigilancia ininterrumpida frente a buceadores intrusos, vehículos submarinos hostiles o contenedores ilegales o peligrosos transportados en barco.
Pese a la llamada de atención de diputados y académicos, y a la investigación anunciada por Zarahieva, no sólo se han mantenido en el proyecto los tres socios israelíes iniciales –Rafael, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Tel Aviv– sino que también se les ha añadido uno más, la Universidad de Haifa.
La Comisión apunta, pero no dispara
Pero la participación israelí en proyectos tecnológicos europeos ya había sido antes motivo de protesta, y al máximo nivel. El 28 de julio de 2025, la Comisión Europea propuso la suspensión parcial de Israel de Horizon Europe, que se enmarca en el Acuerdo de Asociación bilateral con el Estado hebreo. Fue un intento, posteriormente frustrado, de presionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu por la invasión de Gaza. En aquel momento, Israel participaba en 909 proyectos de Horizon y había recibido más de 700 subvenciones. Uno de ellos era UnderSec. No obstante, la suspensión no afectaba a las universidades e investigadores israelíes que participaran en esos proyectos, sólo al EIC Accelerator, el instrumento interno de Horizon Europa que financia a startups innovadoras.
Dos días más tarde, la propuesta no obtuvo la mayoría cualificada necesaria en la reunión de embajadores en Bruselas. Alemania e Italia dijeron que necesitaban más tiempo para examinar la iniciativa, mientras que Hungría, Bulgaria y República Checa se opusieron a la suspensión. España, Francia, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y Malta pidieron medidas más severas.
Casi un año después, el pasado mes de febrero, Italia y Alemania pusieron de nuevo el freno en una acción contra Israel. Rechazaron la propuesta española, irlandesa y eslovena de suspender el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel. De modo que la cooperación tecnológica e industrial europea con Israel continúa sin mayor quebranto.
La participación española
En UnderSec la participación española es doble: la empresa pública SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina) y la Fundación Valenciaport, impulsada por la Autoridad Portuaria de Valencia e integrada por las principales instituciones valencianas, del Ayuntamiento a la Generalitat, y grandes navieras, de Boluda a la china Cosco.
De los seis millones de euros de presupuesto con que cuenta el proyecto europeo, SAES ha recibido 361.585 euros, según aparece en las últimas cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil y ha consultado Público. A cambio, la empresa, especializada en el diseño de sónares, sonoboyas y minas navales, ha puesto a disposición de UnderSec tres de sus sistemas de vigilancia submarina: una red de sensores electromagnéticos portátiles, un sistema de disuasión acústica denominado DES y un sónar de detección de buceadores bautizado como DDS-03. Todos, precisa SAES a preguntas de Público, son sistemas de protección de infraestructuras marítimas críticas, como los puertos. Aunque UnderSec se presenta como un proyecto de «naturaleza civil» integrado en el Clúster 3 de Seguridad Civil para la Sociedad, la empresa española destaca en su web el carácter «dual» de su tecnología: aplica la acústica y electrónica submarinas de uso militar al sector civil y medioambiental.
Esos sistemas fueron probados en junio en el puerto de Valencia, el mayor de contenedores de España. En concreto, en una dársena conocida como El Bracet, que actualmente carece de actividad operativa, asegura una portavoz de Fundación Valenciaport. Según explica, para realizar esos ensayos no era necesario ningún estudio de impacto ambiental previo, porque la prueba duró sólo dos horas, se hizo en una única jornada y para llevarla a cabo no se instaló ningún equipo de forma permanente en la zona. En todo caso, la fundación asegura que cuenta con un asesor de ética y con «mecanismos internos de supervisión ética y medioambiental». Lo mismo dice SAES, e incluye en esos «mecanismos» el asesoramiento de un experto «independiente» cuya identidad no desvela.
Sobre la colaboración con instituciones y empresas israelíes, la compañía estatal española explica que UnderSec está sujeto a revisiones periódicas del avance técnico, financiero y ético del proyecto por parte de la Comisión Europea, mientras que SAES aplica sus procedimientos internos de compliance para garantizar que su participación se ajuste a sus «principios legales, éticos y de buen gobierno corporativo». La Fundación Valenciaport no ha contestado cuando Público le ha preguntado si existía algún conflicto entre su código ético y la implicación en un proyecto conjunto con entidades israelíes.
SAES es la única empresa, de los 22 socios que integran UnderSec, que ha respondido a las preguntas de los periodistas de Público, Altreconomía y MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting). Por su parte, la Fundación Valenciaport esgrime las «obligaciones de confidencialidad» derivadas del acuerdo suscrito con la Comisión Europea para no dar detalles técnicos sobre las pruebas que se hicieron en la dársena valenciana.
La opacidad de UnderSec y de Fraunhofer
Son los tres pecados de UnderSec: la fuerte implicación israelí en una tecnología con evidente uso militar, la falta de transparencia y el impacto medioambiental tanto de las pruebas realizadas como de su aplicación real.
Los 22 socios de UnderSec –excepto SAES y Valenciaport– han rechazado facilitar ningún tipo de información sobre el proyecto a los periodistas de esta investigación. La respuesta fue idéntica en todos los casos: «Pónganse en contacto con Sabine Trupp». Se refieren a la coordinadora del proyecto en la alemana Fraunhofer Gesellschaft, a su vez encargada de coordinar UnderSec. Integrada por 70 institutos especializados, Fraunhofer se dedica a la investigación aplicada y su financiación procede tanto del Estado alemán como de fondos privados.
Pero Sabine Trupp no respondió a las preguntas que le enviaron los periodistas. Aunque sí quiso saber quién había encargado esta investigación periodística.
UnderSec surgió de la estrecha colaboración en tecnologías de sensores entre Fraunhofer y la Universidad de Tel Aviv. Continúa una colaboración que se inició a finales de junio de 2022 con la creación de la Plataforma Innovadora Fraunhofer para Sensores y Sistemas Aplicados en la Universidad de Tel Aviv. El 26 de marzo de 2025, la Autoridad de Innovación de Israel y la sociedad alemana acordaron reforzar sus lazos mediante una alianza para «facilitar la cooperación entre empresas israelíes y alemanas, tanto de forma directa como en el marco de diversos programas de investigación y Desarrollo, como Horizon Europe».
Broadlink, un módem de uso militar
Así que, en el mismo núcleo de UnderSec, se encuentra el sistema Broadlink desarrollado por Rafael y que ha recibido de Horizon 442.750 euros. La empresa estatal de defensa Rafael recibió fuertes críticas el año pasado porque hizo publicidad de uno de sus drones con un vídeo en el que mataba a un palestino desarmado en el norte de Gaza.
Broadlink es un sistema de comunicación submarina –un módem– mediante ondas acústicas de banda ancha, lo que permite a submarinos, vehículos submarinos no tripulados, equipos de buzos y embarcaciones de operaciones especiales intercambiar datos –sonido, imagen, vídeo– bajo la superficie del mar, donde las ondas de radio convencionales no pueden utilizarse de forma eficaz.
Según figura en uno de los folletos informativos de UnderSec, Broadlink ha sido «probado en condiciones reales de combate» por las fuerzas especiales de la Armada de Israel –Shayetet 13–, además de en submarinos y torpedos. En mayo de 2026, se utilizaron lanchas patrulleras de las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel frente a las costas griegas para interceptar y atacar a la Flotilla, y no se descarta que Broadlink desempeñara un papel clave en esa operación. «Broadlink cuenta con características útiles en contextos militares», explica el profesor Gaetano Salina, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Roma Tor Vergata. «La función de baja probabilidad de interceptación, característica de este módem», añade, «hace que sea casi imposible que el enemigo intercepte o localice la señal. Se utiliza principalmente en el ámbito militar». Este módem se «personalizará» según las necesidades de los usuarios finales del proyecto UnderSec: autoridades portuarias, guardacostas y policía de fronteras, pero también la agencia europea Frontex y la OTAN.
Hay otro factor más que pone de manifiesto el aprovechamiento militar de UnderSec: la participación del profesor de la Universidad de Haifa Oren Gal. Director del Laboratorio de Enjambres de Drones e Inteligencia Artificial en esa universidad del norte de Israel, ha colaborado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en proyectos financiados por el Ministerio de Defensa israelí y, según el informe MIT Science for Genocide, publicado por la red MIT for Palestine, dicha investigación contribuyó al genocidio en Gaza.
«El ejército israelí ha utilizado enjambres de drones armados para dar caza a objetivos que huían en Gaza y para atraer a la gente fuera de sus hogares reproduciendo sonidos de mujeres y niños en apuros, para luego dispararles», denuncia el informe. Aunque los autores dicen carecer de pruebas de que los algoritmos de coordinación de los drones creados por investigadores del MIT se hayan utilizado en Gaza, ya que el Ejército israelí «no revela los algoritmos exactos que emplea», sí está probado que el proyecto de investigación del MIT Coreset compression algorithms se presentó a la empresa israelí Elbit Systems, que suministra el 85% de los drones de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Además, hay motivos para poner bajo sospecha el impacto medioambiental de los sistemas probados en UnderSec.
«Las frecuencias de Broadlink pueden enmascarar los sonidos que utilizan para comunicarse muchas especies de mamíferos marinos dentados, como los delfines», explica Marta Picciulin, bióloga marina y especialista en ecoacústica. «Si el módem transmite de forma continua durante un periodo prolongado, genera un intenso ruido de fondo, capaz de provocar una desorientación temporal y de reducir la capacidad de los animales para percibir su entorno, localizar alimento y detectar posibles peligros, así como para mantener el contacto con otros individuos de su misma especie», detalla.
Pruebas en la red Natura 2000 sin evaluación ambiental
En Grecia, las pruebas se llevaron a cabo en las costas septentrionales de Creta y en el puerto de Lavrio, zonas incluidas en espacios protegidos de la red Natura 2000. A diferencia de Valencia, los ensayos en la costa griega son claramente problemáticos.
El puerto de Lavrio se encuentra dentro de la zona de protección especial (ZPE) Estrecho de Makronisos, amparada en la Directiva de Aves de la UE. También está cerca del Lugar de Importancia Comunitaria Zona Costera y Marina de Makronisos, un área protegida que incluye hábitats de la foca monje del Mediterráneo. La región también alberga poblaciones de cetáceos, principalmente delfines. Muchas de las tecnologías utilizadas en el proyecto UnderSec incluyen sónares de baja, media y alta frecuencia, módems acústicos, altavoces, drones, sensores que generan ondas electromagnéticas…
«El impacto potencial de los sónares, los altavoces y las luces de alta intensidad, en caso de que hubiera un mamífero marino presente, es significativo», advierte la bióloga Marta Picciulin, «especialmente si el sistema se activara de forma repentina y a alta intensidad«. Además, según Sofía Kopela, profesora de Derecho Internacional Medioambiental y Marítimo en la Facultad de Derecho de la Universidad Demócrito de Tracia, «la ejecución de UnderSec dentro de un espacio Natura 2000 requiere una Evaluación Ecológica Especial, con el fin de medir los impactos del proyecto, tanto en la zona donde se lleva a cabo como en los espacios Natura 2000 colindantes. Si el proyecto no está sujeto a autorización medioambiental, la autoridad competente está obligada, no obstante, a notificarlo por escrito y a solicitar un dictamen sobre los posibles impactos, como autoridad responsable de las zonas protegidas».
Sin embargo, la autoridad griega responsable de Natura 2000, la Agencia de Medio Ambiente Natural y Cambio Climático, asegura que no se le ha presentado ninguna evaluación ecológica relacionada con UnderSec. «Tampoco se ha solicitado a la agencia que emita un dictamen sobre las implicaciones del proyecto, tal y como exige la ley. La agencia no ha recibido ninguna información de ninguna parte en relación con dicho proyecto», responde. Por su parte, la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), un organismo oficial de la Unión Europea cuya tarea principal es gestionar y financiar proyectos de investigación aprobados por la Comisión, indica que no existen documentos sobre evaluaciones de impacto ambiental relativos a UnderSec.
«Los cetáceos dependen casi exclusivamente del sonido para percibir y orientarse en el entorno; utilizan señales acústicas para comunicarse, navegar, mantener interacciones sociales y localizar presas. Los animales marinos perciben el sónar como una amenaza significativa, lo que los lleva a cambiar bruscamente su comportamiento habitual de inmersión; esto puede causar un estrés fisiológico grave, desorientación y, en algunos casos, síntomas similares a la enfermedad por descompresión», advierte por su parte Alexandros Tsalapatis, oceanógrafo del Instituto de Investigación de Cetáceos Pelagos.
Panagiotis Dendrinos, biólogo marino y presidente de la ONG griega MOm (Sociedad para el Estudio y la Protección de la Foca Monje), también expresa su preocupación por el uso de estas tecnologías en una zona con una importante población de focas monje del Mediterráneo. Según las especificaciones técnicas, estos módems pueden operar en el rango de frecuencias bajas-medias, entre 4 y 10 kHz, y en el rango de frecuencias medias-altas, entre 15 y 35 kHz, frecuencias que pueden interferir con las utilizadas por muchas especies de delfines.
Sónares que afectan a los cetáceos
Los sistemas desarrollados por la española SAES y probados en Valencia también pueden tener impacto en el entorno marino, aunque la empresa lo minimiza. Del primero, la red de sensores electromagnéticos submarinos, SAES asegura que su presencia en el fondo marino es «temporal y reversible». El segundo, el sistema de disuasión acústica DES, genera una alerta de voz pregrabada para ahuyentar a buceadores que se consideren una amenaza. Sólo se activa cuando se detecta a los submarinistas y consiste en mensajes de corta duración –30 segundos– que se repiten a intervalos. SAES precisa que su rango de frecuencias es el del oído humano, con un volumen máximo de 190 decibelios y un alcance de 250 metros.
Sin embargo, los expertos consultados en esta investigación replican que la contaminación acústica comienza a generar efectos negativos en la fauna submarina a partir de 120 decibelios, daños temporales a partir de 160 decibelios y daños permanentes desde 180 decibelios. Las especies más sensibles son los cetáceos, que pueden sufrir traumatismos acústicos. SAES contrapone que el sistema DES sólo se instalará en entornos portuarios, en aguas poco profundas y en ausencia de grandes mamíferos. La probabilidad de la presencia de un animal a 3,2 metros –como el sonido pierde fuerza a medida que viaja, a esa distancia llega con un volumen de 180 decibelios–, a 32 metros –llega con un volumen de 160 decibelios– o a 3,2 kilómetros –llega con 120 decibelios– es «muy baja, por no decir improbable», resume.
Los expertos también ponen bajo sospecha el «despreciable» impacto «global» que SAES atribuye al tercer sistema probado en UnderSec, el DDS-03. Se trata de un sónar de detección de buceadores, omnidireccional y basado en la «emisión de pulsos de muy corta duración en modo ráfaga» para tareas de vigilancia. Se emiten a un volumen de 146 decibelios a 500 metros de distancia y con una frecuencia por encima de 20 kilohercios, «muy superior», resalta la empresa, a la máxima que se considera dañina para las especies marinas.
«Los sónares de alta frecuencia», advierten los biólogos, sin embargo, «pueden provocar un enmascaramiento acústico, un ruido de fondo tan fuerte que enmascara señales biológicas vitales, interrumpiendo la búsqueda de alimento, por ejemplo». Los expertos hablan de traumatismos acústicos, hemorragias en el oído interno y cambios en el comportamiento de inmersión, sobre todo en especies sensibles como la marsopa común. Por el contrario, SAES expone que sus sistemas se despliegan en zonas con actividad industrial y tráfico marítimo, con un ruido de fondo elevado y baja presencia continuada de fauna sensible, incluidos peces, invertebrados y plancton.
Una empresa estatal participada por Indra y Thales
SAES es una empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su principal accionista –51%– es SAES Capital SA, integrada por los astilleros públicos Navantia y la semipública Indra. El 49% restante pertenece a la multinacional francesa Thales, que entró en el capital de SAES en 1992, a los tres años de crearse la española. Tiene una plantilla de 130 trabajadores, repartidos en sus factorías de Cartagena (Murcia) y San Fernando (Cádiz). En 2024, facturó 14,3 millones de euros y sus beneficios rozaron el millón. Sus principales clientes han sido históricamente las fragatas y submarinos construidos por Navantia, pero ahora presume de una cartera de pedidos –de 60 millones de euros– que en un 41% procede de Corea del Sur, Singapur y Chile.
SAES también participa en un segundo proyecto europeo de vigilancia submarina, Swat-Shoal, financiado por el Fondo Europeo de Defensa y del que ha recibido 973.800 euros, casi el triple de la subvención concedida por UnderSec. Se trata de un proyecto 100% militar cuyo fin es desarrollar «tecnologías de enjambre» para vehículos submarinos no tripulados. Otras dos empresas españolas, los astilleros públicos Navantia y la vasca Sener se añaden a SAES en la veintena de socios adheridos a Swat-Shoal. A preguntas de los periodistas, la empresa de sónares niega que pueda producirse algún tipo de «solapamiento industrial» entre ambos proyectos. Y que sea una ocasión que pueda utilizar la israelí Rafael Systems para introducirse por la puerta de atrás en la Unión Europea. «Son socios diferentes y responden a líneas de desarrollo separadas», alega SAES.
La cesión griega a Israel
En Grecia, la perspectiva es diferente. En los documentos de UnderSec, Rafael se presenta como responsable del «procesamiento y análisis de datos mediante algoritmos de inteligencia artificial», así como de la «detección, identificación y clasificación de objetos» mediante la aplicación de estas tecnologías. Por tanto, todo este enorme volumen de datos se pone a disposición de la empresa israelí, que los procesa, analiza y clasifica en colaboración con la Universidad de Tel Aviv, la Universidad del Oeste de Ática (Grecia) y la empresa griega European Dynamics.
Además, la Universidad de Tel Aviv se encarga de los experimentos para medir la intensidad del eco de un objetivo bajo el agua cuando éste es alcanzado por una onda de sónar, así como de las simulaciones correspondientes. Finalmente, el Ministerio de Defensa de Israel ocupa un lugar destacado en el Consejo de Seguridad del proyecto, junto con la Guardia Costera griega, la Autoridad Portuaria de Lavrio, el puerto de Rávena y el Ministerio de Defensa portugués. La función del Consejo es gestionar la información sensible relacionada con la seguridad de los puertos, así como hacer frente a situaciones de emergencia durante las pruebas piloto.
Aún no se sabe en cuántos puertos griegos está previsto instalar las tecnologías de vigilancia de UnderSec. Pero Valsamos Syrigos, miembro del Consejo del Centro Laboral de Lavrio y consejero regional de Ática, teme que Grecia esté cediendo la seguridad de sus puertos a Israel. «La participación de actores militares israelíes en UnderSec encaja en una estrategia más amplia de cooperación perseguida por sucesivos gobiernos griegos. Nos preocupa profundamente la creciente implicación de nuestro país en guerras y el fortalecimiento de sus lazos con lo que consideramos un Estado responsable de genocidio contra el pueblo palestino», se queja.
El pequeño puerto de Lavrio pertenece al Estado griego de momento, pero lleva casi un año en proceso de privatización. Uno de los licitadores es Israel Shipyards, una empresa israelí profundamente arraigada en el ecosistema militar-industrial de Israel. El pasado mes de junio presentó una oferta para adquirir el 51% del puerto de Lavrio, aunque la adquisición se ha retrasado debido a objeciones legales y recursos presentados por los licitadores.
También apunta en la misma dirección el economista y exministro griego Yanis Varufakis, que considera el proyecto de vigilancia portuaria como el penúltimo capítulo de una historia antigua. En 2020, tras la privatización impuesta por Europa para resolver la crisis griega, la empresa Elvo fue vendida al SK Group, un holding privado propiedad del empresario Samy Katsav, que también controla Israel Shipyards. En los últimos años, Elvo ha establecido diversas colaboraciones con Elbit y Rafael. «El proyecto UnderSec cede, en la práctica, la vigilancia de los fondos marinos griegos a empresas vinculadas al sector militar-industrial israelí. Grecia acabará cediendo todo, incluidos los puertos y el mar, a la jurisdicción israelí, sin recibir nada a cambio, salvo una creciente dependencia de lo que considero un Estado genocida y de apartheid», zanja Varufakis.
En el puerto de Rávena, en el noreste de Italia, UnderSec se ha limitado a crear un gemelo digital, una representación digital del puerto, sobre la que simular y planificar actividades. Pero el año pasado fueron múltiples las manifestaciones de protesta en la ciudad para pedir que se suspendiera la participación italiana en UnderSec, y en contra de que el puerto se utilice para transportar material militar a Israel.
Esta investigación internacional se ha llevado a cabo con el apoyo de Journalismfund Europe. Contó con la colaboración de Jessica Buxbaum.
