En solo dos años, desde enero de 2024 hasta el pasado mes de octubre, Ryanair y Vueling acumulan hasta 14 condenas en España por el fraudulento recargo del equipaje de mano en cabina. La última de ellas, fechada el pasado 30 de septiembre de 2025, obliga a Vueling a reembolsar a unos pasajeros el suplemento de 112 euros que tuvieron que abonar para subir al avión con sus maletas de mano.
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La sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla, contra la que no cabe recurso, impone además los intereses legales acumulados desde la interposición de la demanda. «Dichas maletas, por su peso y dimensiones, son las que habitualmente se transportan en cabina, entendiendo que no se le puede exigir a los pasajeros el cobro de un suplemento por llevar dicho equipaje de mano en cabina. De otro modo, se están infringiendo los derechos de los pasajeros que les reconoce el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, circunstancia que genera un desequilibrio de prestaciones entre las partes, en perjuicio de los consumidores», remata el texto legal.
Se trata de la séptima sentencia lograda por FACUA contra las aerolíneas lowcost por el fraude del equipaje de cabina en los últimos meses. Asimismo, según los datos y documentos oficiales recabados por Público, a esta cifra se suman al menos otras siete condenas contra ambas compañías, resultando 14 en los últimos dos años.
En total, los diferentes tribunales de instancia han obligado a devolver a los pasajeros (intereses aparte) 1.716 euros por el cobro de dicho recargo a través de nueve condenas en firme a Ryanair y cinco a Vueling.
«La pareja que ha ganado esta nueva sentencia trasladó su caso a la asociación para que reclamase en su nombre por el dinero que tuvieron que pagar de más para poder volar a Lanzarote con su equipaje en cabina», narra Facua, que anima a demandar unas prácticas abusivas que comenzaron a implementarse a partir de 2018 por parte de las aerolíneas de bajo coste. «Cabe destacar que este tipo de demandas no tienen ningún coste para el usuario, ya que no es obligatorio interponerlas con abogado ni procurador», agregan desde la organización.
En el marco de la lucha contra esta y otras prácticas abusivas, como el suplemento por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy sancionó en noviembre de 2024 por un importe de 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea.
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Asimismo, aunque las sanciones se encuentran recurridas en vía judicial y la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por no permitir que las aerolíneas apliquen dichos cargos adicionales, estas medidas siguen en curso. «La Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE», añadieron desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Argumentos jurídicos de sobra
Lo cierto es que esta cuestión ha sido resuelta constantemente en los tribunales españoles a favor de los consumidores. Las distintas sentencias correspondientes al plazo mencionado a las que ha tenido acceso este medio tienen varios denominadores en común. Por un lado, citan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de septiembre de 2014, en la que concluía que había que
distinguir entre el equipaje facturado y el no facturado.
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«En cambio, por lo que se refiere al equipaje no facturado, es decir, el equipaje de mano,
debe señalarse, con objeto de ofrecer una respuesta completa al órgano jurisdiccional
remitente que tal equipaje debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del
transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un
suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables
relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».
Además de aplicar la doctrina del TJUE de 2014, estas decisiones judiciales aluden también a la resolución del Parlamento Europeo del 4 de octubre de 2023, que reafirmó el derecho de los pasajeros a transportar su equipaje de mano en cabina «de forma gratuita, sin incurrir en cargos adicionales y abusivos».
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Estos enfoques se alinean con el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, el cual establece que «el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de
mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los adquiridos en las tiendas situada en los
aeropuertos. Únicamente, podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de
seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con las características de la aeronave».
14 sentencias solo en casi dos años
En cuanto a las sentencias, la primera de los últimos dos años (desde Facua aseguran que se han sucedido decenas desde 2018) fue emitida el 21 de febrero del 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra, que condenó a Ryanair a reembolsar 91 euros.
El 20 de marzo de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santiago de Compostela hizo lo propio, condenando a la aerolínea irlandesa a devolver 184 euros. El 1 de mayo de 2024, el Juzgado mercantil 4 de Palma de Mallorca condenó a Vueling a abonar 60 euros. El 2 de septiembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia 1 de Valencia falló en contra de Ryanair, condenándole a pagar 96 euros.
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El 11 de octubre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz obligó a esta compañía a devolver a un socio de FACUA los 116 euros que tuvo que pagar como extra por viajar con su equipaje de mano.
El 21 de octubre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia 18 de Valencia hizo lo propio contra Vueling, teniendo que abonar 41 euros. El 27 de noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia 5 de Alzira obligó a Ryanair a reembolsar a un afectado 140 euros.
El 17 de febrero de 2025, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de San Sebastián también condenó a Vueling a abonar 11 euros. El 25 del mismo mes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca condenó a Vueling al pago de 315 euros. El 27 de marzo de este año, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vitigudino, en Salamanca, hizo lo propio con la compañía irlandesa, teniendo que pagar 147 euros. El 7 de abril de este año, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid también condenó a esta aerolínea a pagar 45 euros. Y ese mismo día, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ciudad Real falló contra Ryanair y le obligó a abonar 46 euros. Cabe destacar que estas cinco últimas condenas fueron impulsadas por FACUA.
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Por último, las dos sentencias condenatorias sobre este asunto fueron emitidas en el mes de septiembre. Además de la impulsada contra Vueling por esta organización, mencionada al principio de la información, el Juzgado de Primera Instancia 22 de Sevilla hizo lo propio contra Ryanair, obligándole a pagar 312 euros.
Año 1975. El Sáhara Occidental es una colonia española. Es más, el régimen de Franco la considera la provincia número 53. El dictador agoniza y durante varios meses los acontecimientos se suceden de manera frenética. En mayo, la ONU envió una misión al territorio y se encontró con manifestaciones organizadas por el Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui creado años atrás.
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En octubre, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó las pretensiones anexionistas de Mauritania y Marruecos sobre el territorio saharaui. España se comprometió a realizar un referéndum de autodeterminación. Por su parte, el rey marroquí Hassan II anuncia su intención de anexionarse el Sáhara Occidental mediante una manifestación de la población civil a la que denominó la Marcha Verde. A las personas civiles les acompañaban también las tropas. Una ocupación.
Cerca de 350.000 marroquíes se pusieron a disposición y comenzaron su ruta el día 6 de noviembre de 1975. Se cumplen ahora 50 años desde esta fecha, una de las marcadas en rojo en la memoria tanto de saharauis como de españoles. La historia de lo que sucedió después se resume en una salida de los militares españolas, la cesión ilegal del territorio, una cruenta guerra que provocó el exilio de miles de saharauis hacia el desierto argelino, la construcción de un muro por parte de Marruecos, una ocupación que continúa a día de hoy y la incapacidad de la ONU y la comunidad internacional de solucionar este largo conflicto.
Aquellas fechas de 1975 dejaron huella en muchas personas que lo vivieron en primera línea desde diferentes perspectivas. Público ha contactado con varios de los protagonistas de un suceso al que los saharauis llaman «Marcha Negra» y muchos de los militares españoles de la época califican de «traición» histórica hacia lo que entonces eran sus compatriotas.
La adolescencia en El Aaiún
«21 de julio de 1971. Me acuerdo perfectamente de ese día cuando pisé por primera vez El Aaiún». Son palabras de Fernando Íñiguez, periodista musical durante décadas en nuestro país. Su padre, Miguel, era militar y había sido destinado al Sáhara Occidental meses antes. Fernando tenía entonces 14 años y en su casa ya resonaba lo que era el territorio saharaui. «Teníamos todos amigos que habían estado, compañeros de mi
padre», explica. Miguel Íñiguez había hecho ya a mediados de los años 60 prácticas militares en la colonia española.
«Nos vamos para el Sáhara», les dijo su madre. Su padre ya estaba allí desde abril. Fernando, junto con dos de sus hermanos, se plantaron en el piso en el que ya habitaba Miguel. Lo que más recuerda Fernando de aquellos días es el contraste en el modo de vida entre un Madrid inmenso y la capital saharaui. «Estaba todo a menos de cinco minutos andando. Para mí fue un
sueño, era un paraíso porque en Madrid salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde», describe.
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«Lo primero que hicimos fue ir a la piscina y al tercer o cuarto día ya estaba metido en el equipo de waterpolo y el de natación», recuerda. Ese primer verano Fernando ya hizo muchas amistades. En el instituto, mixto, había tanto españoles como saharauis. Y en ese contexto comenzó a frecuentar «guateques» en los que sonaban bandas como Pink
Floyd, Rolling Stones o Led Zepellin. «Hay canciones concretas de mi vida que cuando las oigo vuelvo allí», afirma. Una de ellas sobresale por encima de todas: Mamy Blue, de Los Pop Tops. Fernando vivió allí las «primeras veces» de cualquier adolescente en un ambiente diferente.
Piscina en El Aaiún en los años 70.
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Tras tres años se marchó a estudiar periodismo en Madrid en 1974. A su padre le cambiaron de destino en agosto de 1975. «Ya se
hablaba de que el Sáhara había que entregarlo, no se sabía cómo», señala Fernando, que recuerda que de manera progresiva muchos españoles fueron abandonando el territorio ya un año antes de la Marcha Verde. Padre e hijo volvieron a El Aaiún en octubre de 1975 para un acto de condecoración a Miguel, que había ejercido nada menos de que Jefe del Estado Mayor en el Sáhara. Allí pudo comprobar cómo ya quedaba muy poca gente de los de antes, profesores incluidos. «Había una sensación de que iba a pasar algo», afirma.
«Había una sensación de que iba a pasar algo», recuerda Fernando Íñiguez sobre los días previos a la Marcha Verde
La Marcha Verde se fue concretando. «A mi padre le sentó mal, pero era muy militar y muy disciplinado», señala Fernando. En 2005 Miguel escribió un artículo en El País. «Muchos compañeros se sintieron frustrados. Este sentimiento colectivo de frustración lo recoge, mejor que ninguna otra forma de expresión, una afortunada y escueta frase cuando se procedió a dar cumplimiento a la orden recibida: se acató sin alegrías, pero se obedeció con la mayor disciplina«, relató entonces.
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«Yo lo viví cabreado», resume Íñiguez. Su corazón y su relación con los saharauis hizo que participara en sus primeros años de carrera en Madrid en acciones de apoyo al Frente Polisario, como montar un puesto de venta de calendarios solidarios. «Mis compañeros de universidad me llamaban ‘Poli’, en referencia al Polisario», recuerda. Tras unos años de desvinculación, reconoce, volvió a unirse a la causa saharaui hasta el día de hoy. En su primer viaje a los campamentos de Tinduf en el año 1988 se reencontró con un saharaui compañero de clase. Él había sido guerrillero contra Marruecos. «Qué
vida tan diferente a la mía con lo parecida que fue cuando teníamos 14 años», reflexiona.
Imagen de la Marcha Verde impulsada por Marruecos desde el 6 de noviembre de 1975
La visión de los jóvenes militares españoles
«Yo era
deportista y no tenía ni idea de lo que era el Sáhara, no sabía nada». Quien habla es Fernando Peraita al recordar cuando le destinaron a El Aaiún en 1974 a hacer el servicio militar obligatorio, la ‘mili’. Sus primeros recuerdos no son buenos. «Todos estábamos muy asustados», señala. Comenzó con la formación militar en el campamento de la playa. «Era una vida normal de soldado en un sitio que no
tenía nada que ver contigo. Tenía
la sensación de que te mandaban a un sitio que te decían que era España pero
tú no lo tenías tan claro», destaca.
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Peraita comenzó a tener relación con algunos saharauis a través de jugar en el equipo de baloncesto. «No era una relación política con el Polisario», apunta. No fue hasta finales de septiembre de 1975 cuando comenzó a notar la tensión. «Hablaban de que si Marruecos iba a atacar El Aaiún, empezó a irse mucha gente joven, sabíamos que allí iba a pasar algo. Alguna vez tocaron alarma general y nos montaron en los camiones cargados de granadas, se decía que íbamos al frente, que Marruecos iba a atacar la frontera», recuerda.
A Peraita y sus compañeros les dieron la orden de rodear los barrios saharauis con alambradas. «Ahí ya sentí que íbamos a abandonar a
los saharauis y que el Gobierno iba a hacer alguna
jugarreta», afirma. «Los
militares, como siempre muy farrucos, decían que no, que iban a
defender al Sáhara hasta la última gota de sangre. Pero se veía una situación mala», añade. Peraita, por su puesto militar, recibía telegramas que apuntaban a los combates entre saharauis y marroquíes. «Me impactó mucho porque fue muy terrible saber que a los saharauis los estaban matando», apunta.
«Sentí que íbamos a abandonar a los saharauis y que el Gobierno iba a hacer alguna jugarreta», afirma Fernando Peraita
El 29
de noviembre a Peraita le tocó ir a buscar al
ejército marroquí a la carretera para escoltarles hasta el cuartel español. «Les metimos a nuestro cuartel y ellos
entraban por una puerta y nosotros por la otra», señala. El 1 de diciembre de
1975 lo montaron en un avión dirección a Las Palmas y desde allí regresó a Madrid. «Los oficiales estaban viviendo un momento de vergüenza
para ellos y la sensación era de humillación», recuerda.
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Miembros del Frente Polisario durante la guerra con Marruecos en 1981.
Ya en España, Peraita comenzó su labor política en apoyo de la causa saharaui. Iba a manifestaciones y participó en las primeras asociaciones solidarias. Fundó también la organización Sodepaz y años después fundó la Asociación de Amistad del pueblo saharaui de Sevilla, de la que todavía hoy es presidente.
José Taboada o Pepe, como le conoce todo el mundo, tampoco tenía ni idea del Sáhara Occidental cuando le tocó ser destinado allí en 1974. Militaba ya en el Movimiento Comunista (MC), por lo que su conciencia política estaba activa. Por ello comenzó a tener contacto de manera clandestina con integrantes del Polisario con los que conversaba en lugares como los baños árabes. «Me preguntaban si creía que les íbamos a vender y entregar a Marruecos», recuerda.
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«Nosotros le dábamos a los saharauis planos de las pistas, de los sitios de los pozos de agua, le dábamos cuestiones logísticas, zapatos, mochilas y hasta munición. Hacíamos todo lo posible para ya empezar a ayudar a las primeras células», explica. Llegado el momento de la Marcha Verde, incide en que no era una manifestación pacífica. «Era un teatro y detrás estaba ya enfrentándose el ejército marroquí a los primero comandos del Polisario. Un genocidio es lo que se intentó hacer con el pueblo saharaui que huían por el desierto y al que le bombardeaban con napalm y fósforo blanco. Hubiese sido exterminado completamente si Argelia no abre fronteras y les ayuda a entrar en su territorio», afirma.
Taboada habla de la «vergüenza» que sintió al dejar El Aaiún. «Los coches, las neveras, las televisiones de los canarios que llevaban muchos 30 años allí viviendo eran tirados en la bodega de los barcos. Era terrible ver cómo toda tu historia y tu patrimonio era metido por la fuerza en los barcos para llevarlo todo a Canarias», señala. Ante eso, hubo algunos oficiales que les dieron material también al Polisario. Taboada recuerda por ejemplo a Bernardo Vidal, «un gran capitán» de la Unión Militar Democrática «que ayudó mucho para el escape de muchos dirigentes saharauis».
«Un genocidio es lo que se intentó hacer con el pueblo saharaui que huían por el desierto», señala Pepe Taboada
A su vuelta a España no terminó su lucha política. «Desde el primer momento empezamos a hacer panfletos. Yo participaba en lo que podía, hacer reuniones y empezar a hacer charlas explicando que se estaba cometiendo un genocidio con un pueblo que vivía por el desierto», recuerda. La vida de Taboada ha estado marcada por el Sáhara Occidental. Ha sido presidente de CEAS-Sáhara durante muchos años, ahora lo es honorífico y el Frente Polisario le entregó la nacionalidad saharaui. En unos meses quiere publicar un libro con sus memorias.
El combate del Polisario y el exilio
Bachir Ahmed nació en Fuerteventura porque sus padres, saharauis, se habían trasladado allí. Pero al cabo de los años volvió al territorio saharaui. «La vida era tranquila y pacífica, la relación de la gente
era medianamente buena», recuerda. Destaca que «no había choques» aunque reconoce que los saharauis tenían los trabajos «más penosos» o que había desigualdades en el sistema educativo.
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«La
ruptura real y donde el pueblo saharaui se conciencia de que es una
colonia, de que estábamos explotados y que España está allí por unos
intereses sucede el 17 de junio de 1970″, rememora Bachir. Aquel día, conocido como el «levantamiento de Zemla»,
las autoridades franquistas apresaron al líder de la recién creada Organización Avanzada para la Liberación del Sahara, Bassiri, tras una protesta que reivindicaba el derecho a la independencia de la colonia. Fue detenido y nunca más se volvió a saber de él. «Quien creó la conciencia nacionalista fue España», argumenta este saharaui.
La relación cambia poco a poco hacia la desconfianza. De hecho, Bachir recuerda que todos los saharauis que podían ir a estudiar a la universidad en Madrid, él fue en el año 1974, tenían que estar «controlados» en el mismo Colegio Mayor. El Polisario va cogiendo fuerza y en mayo de 1975 la ONU comprueba su fuerza. «El Gobierno español se queda fuera de juego. Con esa reacción del pueblo saharaui y del Polisario ya quedan noqueados», señala.
«Cuando hablo de esto me duele mucho porque fue una traición grande, gente que estaba contigo y que te decía que no te preocuparas porque todos éramos españoles. Los saharauis nos creíamos la promesa de España, confiábamos plenamente. Creíamos que España iba a celebrar el referéndum y que Marruecos no tenía
nada que hacer porque España estaba dispuesta a enfrentarse», destaca sobre la Marcha Verde.
«Cuando hablo de esto me duele mucho porque fue una traición grande», destaca el saharaui Bachir Ahmed
Tan convencido estaba Bachir de la promesa que volvió a matricularse en la universidad en Madrid. A finales de noviembre salió hacia el desierto como miles de sus compatriotas. Bachir vio cadáveres, a los niños y ancianos huyendo sin vehículos, de noche, de día, con frío y hambre y las bombas caer. Su teoría, como la de otros muchos, es que todo fue pactado desde años antes. Actualmente vive en las Islas Canarias y ha sido escritor, sindicalista y economista.
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Daha Bullahi vive en los campamentos de población refugiada. Actualmente es presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM). Nació en 1959 en uno de los más antiguos barrios de El Aaiún, llamado «Lata». «Recuerdo que todos vivíamos una vida normal cada cual y su forma de vivir. Hay quienes vivían de la ganadería como beduinos, otros comerciantes, otros militares y los jóvenes entre estudiantes y obreros», señala.
Al igual que el resto de personas consultadas, confiaba en España «hasta la última hora» porque eso es lo que les hicieron creer. «Los soldados de la Legión nos confirmaban que Franco les había dicho que no pasaría ningún marroquí», explica. «Los saharauis en general vivimos terror, nos sentimos muy mal porque nadie se puso a nuestro lado», añade. Bulahi fue directamente a las líneas del frente de fuego después de recibir 45 días de instrucción breve por el Polisario. «Vi muchas cosas que nunca hubiese querido ver», señalaba hace unos años.
«Los saharauis en general vivimos terror, nos sentimos muy mal porque nadie se puso a nuestro lado», dice Daha Bullahi
Su vida la ha dedicado en los últimos años a tratar de limpiar las zonas minadas que hay alrededor del muro construido por Marruecos. Él mismo sufrió sus efectos al perder todos los dedos de una mano. «Mi trabajo consiste en la asistencia a los sobrevivientes de las minas terrestres con el fin de minimizar los traumas que sufren», apunta.
A lo lejos, el muro construido por Marruecos para frenar al pueblo saharaui durante la guerra.
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Las mujeres saharauis
«No recuerdo nunca haber visto pelear a un saharaui y un español», ejemplifica Suelma Beiruk. Actualmente es ministra de
Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). «Siempre recuerdo lo bien que se convivía entre
los españoles y los saharauis en aquel entonces», afirma. Al igual que otros saharauis sitúa el 17 de junio de 1970 como fecha importante. Metieron en la cárcel a varios familiares suyos, «injustamente» porque se manifestaron «pacíficamente».
Suelma Beiruk, ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de la RASD.
«La gente empezó a tener conciencia de reivindicar sus derechos, se empezó a decir que queríamos ya que España se retirara. Queríamos ser independientes«, recuerda. «Puedo
poner la mano en el fuego de que la inmensa mayoría de los españoles no querían
dejarnos solos.
Esto se cocinó a nivel de Madrid y de
algunos oficiales y militares», añade. Beiruk ya comenzó a trabajar con otros estudiantes saharauis en la clandestinidad en torno al Polisario con tan solo 13 años.
A la actual ministra saharaui no se le olvida el día en el que Marruecos ya estaba cerca de su ciudad. Tenía 15 años y un bebé recién nacido. «Vi que delante de la casa de mi familia había un montón
de mujeres, de niños. En el camino se paró un coche, con militar español llamado Fernando. Con las lágrimas en los ojos me dijo: ‘Suelma, los españoles os han engañado, el ejército marroquí ya está aquí, ya están entrando en los cuarteles'».
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«Queríamos ser independientes», incide Suelma Beiruk, actual ministra saharaui
«Me cuesta recordar. Me cuesta hablar de eso», reconoce Beiruk. «Me quedé como sordomuda,
asustada, no entendía nada. Corriendo hacia casa ya empecé a ver tanques
con banderas marroquíes. Eso es un trauma que dura hasta
el momento», recuerda emocionada en conversación con este medio. Con el bebé en brazos y de forma apresurada salió de su barrio hacia las afueras de El Aaiún. «Esa ha sido la noche más larga de mi vida y
creo que ha sido la más larga para todos los saharauis, escuchando niños llorando, gente preocupada, personas que caminaban en la oscuridad y los tanques y coches acercándose», recuerda.
Ya nunca volvieron a El Aaiún. El camino por el desierto fue largo y doloroso. La intención inicial, recuerda Beiruk, era quedarse en su territorio lejos de los bombardeos. «En el último momento se se acordó con Argelia que iba a ceder parte de su territorio para que la gente pudiera vivir mientras
hubiera guerra», destaca.
Las mujeres fueron clave para organizar los campamentos de población refugiada, al estar la mayoría de hombres luchando en el frente. «Se
recuerda con mucha tristeza pero también con mucha
fuerza de decisión, estábamos dispuestos a hacer todo para retornar», explica Beiruk. «Históricamente
la mujer saharaui ha sido siempre una mujer fuerte, una mujer que aporta a la
sociedad, una mujer que siempre ha tenido su papel importante. Pero de la noche al día nos encontramos ante una situación que no se conocía, empezar de cero a recibir a la población sin alimento, sin vestimenta, sin medicamentos, sin jaimas, sin casas, sin absolutamente nada», rememora. Beiruk destaca que nunca se olvidaron la enseñanza, ni en aquellos momentos.
Suelma Beiruk, en una imagen de los años 70.
Zahra Ramdam tenía también 16 años en 1975. «Los españoles respetaban las costumbres, la idiosincrasia y la cultura del pueblo saharaui. Eso era lo más importante para nuestras familias. Tenía muchos amigos españoles y amigas.
Hasta hoy en día tengo amigos españoles de esa infancia», señala.
«En mayo de 1975 yo era ya militante del Frente Polisario y participé en esas manifestaciones cuando la Comisión de Investigadora de la ONU que recorrió todo el Sáhara para ver in situ qué es lo que quería el pueblo saharaui», explica. «Recuerdo perfectamente la salida de España, fue abrupta porque de la noche a la mañana se traicionó al pueblo saharaui, se entregó de manos y pies a una invasión y a una ocupación. Lo recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor. Lo que menos esperábamos es que España nos traicionara, sobre todo después de que el príncipe heredero de entonces, el actual emérito, se comprometiera solemnemente. Después de 50 años seguimos sufriendo las consecuencias de esta ocupación, de esta invasión», explica.
En su caso concreto, Ramdam no estaba presente en el territorio cuando llegó Marruecos. Tenía que hacer una prueba estudiantil pero los catedráticos encargados los citaron en Canarias. «Cuando terminamos los exámenes en Las Palmas nos enteramos que los marroquíes nos iban a a encarcelar por ser miembros del Frente Popular», señala. Tuvo que llegar a Tinduf como pudo, pasando por Madrid y Argel. Cuando llegó a los campamentos, era verano de 1976. «Las condiciones eran infrahumanas, todavía las organizaciones internacionales no se habían afincado, todavía había personas huyendo de las zonas ocupadas y era una situación catastrófica», desgrana.
«Lo recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor. Lo que menos esperábamos es que España nos traicionara», señala Zahra Ramdam
«Las mujeres jugamos un papel muy importante en organizar y administrar los campamentos. Tuvimos que llevar a cabo una gran campaña de alfabetización y también jugar en la sanidad y en los diferentes campos sociales un papel muy importante», señala Ramdam, que destaca que las mujeres saharauis «rompen con los estereotipos occidentales de la mujer árabe y musulmana». Actualmente reside en España, donde fundó en 2002 la Asociación de Mujeres Saharauis en España.
Imagen de los campamentos saharauis en Tinduf en 1978.
¿Autonomía?
Coincidiendo con este aniversario, la pasada semana el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución impulsada por Donald Trump que considera por primera vez la autonomía como base para las negociaciones. Una solución que rechazan todos los consultados para este reportaje. «No entiendo por qué el futuro de un pueblo
tiene que estar en un despacho lejano y ajeno. ¿Por qué lo tiene que decir
Trump, Macron o Sánchez?
Lo tendrán que decidir ellos», señala Íñiguez.
Peraita, que ha estado en los campamentos justo durante esos días, resalta que había «preocupación» y por eso se produjeron manifestaciones. Pero afirma que la determinación de los saharauis es «continuar luchando». «Es un intento de abandonar el derecho internacional y hacerlo girar hacia un problema interno de Marruecos», reflexiona Taboada.
«La
lucha del pueblo saharaui no se acaba con que Trump dé unas órdenes o
Macron o Pedro Sánchez. No mientras haya un saharaui
va a seguir la causa», comenta Bachir. «El pueblo saharaui sigue convencido de que va a
por su independencia, a retornar a su país y a ser libre», apunta Beiruk. «Es otra violación del derecho internacional pero también viene de los aires del trumpismo que se está respirando en todo el mundo. Es lo que ha alentado a Marruecos y a Israel en Gaza y a Marruecos en el Sáhara Occidental de tratar de legitimar su invasión», apunta Ramdam.
«No puedo irme de este mundo sin ver la justicia cumplida. Es lo único que aún puedo hacer por mi hijo», se quiebra Laura Moreno al otro lado del teléfono. Lleva seis años viviendo con la herida abierta que dejó el fallecimiento de su hijo Ilán Barbosa. Murió por suicidio el 28 de agosto de 2019, con apenas 11 años. Todo este tiempo, Laura se ha sostenido entre la tristeza, la rabia, la impotencia y el remordimiento.
Aquella tarde parecía una más. Ilán había comido macarrones gratinados, se había bañado en la piscina con sus dos hermanos y había bailado en el salón. Faltaban tres días para sus vacaciones familiares. Media hora antes de su muerte, se había enfadado con su hermano pequeño por el mando de la consola. El niño, de siete años, tardó mucho tiempo en entender qué había ocurrido. «Sentía que era culpa suya —recuerda Laura—. Tenía devoción por su hermano. No podía asimilarlo».
Ilán fue víctima de acoso escolar. Lo hostigaban los hijos de sus propios profesores. «Lo perseguían. Se apuntaban a las mismas extraescolares solo para seguir humillándolo. Lo insultaban, lo golpeaban, amenazaban a otros niños para que también se metieran con él», confiesa su madre. «Ilán estaba cansado. No pudo más. Pero hasta el final siguió siendo un niño alegre, noble, positivo. En casa era feliz, pero cada vez que iba a la escuela era un ataque continuo».
Laura Moreno, madre de Ilán Barbosa: «Los acosadores de mi hijo actuaban con total impunidad. Los profesores lo taparon todo»
Laura pidió ayuda una y otra vez. Avisó al colegio y denunció lo que estaba ocurriendo. Nadie la escuchó. «Los acosadores actuaban con total impunidad. Sus padres, los propios profesores de Ilán, decían que eran niños nerviosos. Lo taparon todo«, delata. Envió un informe narrando el sufrimiento de su hijo. No recibió ninguna respuesta. Ni siquiera activaron el protocolo contra el acoso escolar. «Fui a la Consejería de Escolarización. Me dijeron que llevaban diez años recibiendo quejas similares, pero que si los padres no denunciaban, no podían hacer nada. Ilán no quería denunciar. Tenía miedo. Yo también. Lo cambié de colegio, pero en el nuevo centro tampoco se activó el protocolo«. Cuando murió el menor, siete familias más retiraron a sus hijos del colegio.
Seis años después, Laura no espera disculpas. Nunca las ha recibido. Exige justicia. Reclama que se cumplan los diez puntos del decálogo para erradicar el acoso escolar de la asociación No al Acoso Escolar (NACE), de la que forma parte desde la muerte de su hijo. Pide formación en empatía y valores para docentes, familias y alumnado. También una atención psicológica real y continua. «No una consulta cada tres meses, como la que nos ofrecían a nosotros». Todo, para que ninguna madre tenga que vivir el dolor que ella carga. Para que ningún menor sufra el acoso que destruyó la vida de su hijo.
El caso de Ilán se reabrió a comienzos de este año. La reciente muerte de la adolescente sevillana que murió por suicidio este mes tras denunciar también acoso escolar ha reavivado todos los recuerdos que Laura intenta sobrellevar cada día. Las historias de ambos menores comparten un mismo patrón: avisos ignorados, protocolos que no se activaron y administraciones que miraron hacia otro lado. Ni en el caso de Ilán ni en el de la chica andaluza se tomaron medidas efectivas. Tampoco se adoptaron cuando murió por suicidio otro menor, en julio de este año. Ni cuando murió otra joven en Barcelona, en 2021. En cada uno de estos casos se incumplió el protocolo contra el acoso escolar.
Se falló a las familias.
Y, sobre todo, se les falló a ellos.
¿Qué le falta al sistema?
¿Por qué?
Es la pregunta que repiten las familias de los menores que murieron por suicidio tras sufrir acoso escolar. Coinciden en una misma conclusión: el sistema ha fallado. El pasado martes, miles de voces lo repitieron en las calles de todo el país. Esta vez, España se detuvo por la menor de Sevilla. No hubo silencios, sino gritos de justicia, de responsabilidad y de memoria. Reclamaron espacios seguros y libres de discriminación, más psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública, y la presencia de profesionales de salud mental en cada colegio, instituto y universidad. Pidieron protocolos reales y efectivos. Pidieron no olvidar. «Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro».
Manifestación estudiantil contra el ‘bullying’ y los discursos de odio, el 28 de octubre de 2025, en Bilbao.
En marzo de este año, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó ante las Cortes Generales el Informe Anual de Actividad de 2024, un documento que ya ponía el foco en una de las grietas del sistema educativo: la ineficacia de los protocolos contra el acoso escolar. Según el análisis, las quejas recibidas por la institución evidencian que los mecanismos oficiales solo se activan cuando el daño ya está hecho, y casi siempre a iniciativa de las familias, no de los centros. «El elevado número de casos de acoso escolar en España hace imprescindible revisar y mejorar los planes de convivencia, actualizar los protocolos autonómicos y reducir su carga burocrática», advirtió el organismo.
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Belén González, Comisionada de Salud Mental: «Los docentes no tienen herramientas ni canales para acompañar a los niños que sufren acoso»
Pero ¿qué está fallando realmente para que estas tragedias sigan ocurriendo? Belén González, psiquiatra y directora del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, lo resume en una conversación con Público: «Debemos mirar más allá del rendimiento escolar y escuchar, de verdad, lo que niños y adolescentes sienten y necesitan. Sin infantilizar, sin juzgar, sin restar valor a su dolor». Para González, el sistema educativo y sanitario continúa mirando el malestar infantil como una cuestión médica, cuando —valora— «el sufrimiento infantil tiene sentido en su contexto y necesita respuestas sociales, educativas y comunitarias, no solo clínicas«.
La especialista señala otro punto ciego: la soledad del profesorado. «Los docentes no tienen herramientas ni canales claros para acompañar a los niños que sufren acoso. Hay que formar y cuidar a los equipos educativos para que puedan reconocer las señales de alerta sin sentirse desbordados», explica. Y amplía que esa tarea debe ir acompañada de una coordinación real entre educación, salud, servicios sociales y comunidad. Defiende también la necesidad de abordar el acoso escolar como un problema de salud pública. «Necesitamos políticas que protejan a las personas y entornos escolares saludables: reducir las ratios por aula, fomentar relaciones seguras y ofrecer atención individual y profesionalizada», insiste.
Antonio Labanda, psicólogo: «Falla la sociedad que mira hacia otro lado, hasta que ya es tarde. Falla todo el que mira, ve y calla»
Sobre los protocolos de actuación, González destaca que aún presentan fisuras: «La regulación actual amplía lo que ya establece la Ley de Educación —incluyendo el acoso escolar, el ciberacoso o la violencia de género—, pero es esencial reforzar la figura del coordinador de bienestar y protección en cada centro». La psiquiatra incide en que el sistema debe asumir sus errores: «La autocrítica es fundamental. Reconocer dónde no se han dado las respuestas adecuadas nos permite avanzar en la prevención«. «Se necesita un cambio profundo, transversal a toda la sociedad. Las experiencias de violencia, negligencia o maltrato dejan huellas físicas y emocionales que pueden acompañar a una persona toda su vida. Por eso debemos construir una sociedad de tolerancia cero frente a la violencia y fortalecer las redes que protejan a la infancia y la adolescencia de forma integral», engarza.
El psicólogo Antonio Labanda, del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, condensa otras grietas estructurales que agravan el problema: el exceso de alumnado por orientador y la sobrecarga administrativa que impide atender con tiempo y calidad. «En un informe del Ministerio de Educación de 2011 se recoge hasta en tres ocasiones que la UNESCO recomienda una ratio de un orientador por cada 250 alumnos«, deja caer. No obstante, el sanitario tiene claro qué y quién está fallando: «Falla el grupo de compañeros que ve y calla, que por miedo o por indiferencia no ayuda. Falla la familia que no enseña el respeto, la empatía ni la compasión. Falla la educación en valores, cuando dejamos que la burla se normalice y el dolor ajeno no duela. Falla la sociedad que mira hacia otro lado, hasta que ya es tarde. Falla todo el que mira, ve y calla».
Silencio y abandono en las aulas
La cadena de responsabilidades también atraviesa las aulas. Según el VI estudio La opinión de los estudiantes, elaborado por laFundación ANAR y Mutua Madrileña, casi la mitad del alumnado (47%) admite que no interviene cuando presencia situaciones de acoso entre compañeros. El documento completa que uno de cada ocho estudiantes, el 12,3%, reconoce haber sufrido —o conocer a alguien que sufre— acoso escolar o ciberacoso. Pero las cifras podrían ser muchísimo más altas: la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) estima que hasta 1,5 millones de menores se encuentran actualmente en esa situación en España.
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Casi un 29% del alumnado valora que el profesorado no actúa ante los casos que conoce. Una percepción que coincide con los resultados del V Estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, donde la mitad de los menores admitió haberse mantenido al margen, aunque sintieran compasión por la víctima.
Coral Latorre, estudiante: «El acoso escolar nos asfixia y, en demasiadas ocasiones, arrebata nuestras vidas»
Coral Latorre es estudiante universitaria y miembro del Sindicato de Estudiantes, la organización detrás de las movilizaciones del pasado martes. «El caso de la menor de Sevilla ha sido un golpe duro para nosotros. Muchos hemos sufrido acoso por cómo vestimos, por nuestro peso, por llevar gafas, por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, o incluso por ser la feminista de clase», cuenta en declaraciones a Público. «Es una lacra horrorosa que nos oprime, nos asfixia y que, en demasiadas ocasiones, arrebata nuestras vidas», lamenta.
Una persona con la cara pintada, durante una manifestación en Madrid.
La joven corrobora la falta de seguridad en las aulas: «El acoso se vive en silencio, con vergüenza, y muchas víctimas llegan a creer que la culpa es suya». Critica los protocolos educativos, que considera demasiado abstractos: «Te explican qué es el acoso escolar, pero luego son cosas totalmente teóricas». Incluso si fueran perfectos, dice, no funcionarían sin recursos ni personal suficiente para aplicarlos. «¿Cuántas familias estarán sufriendo en silencio porque ni se activan los protocolos ni se toman medidas?», se pregunta. «Es importante que sepan que no están solos, no es un problema únicamente suyo y hay personas dispuestas a ayudarles«.
La falta de preparación del profesorado es otro factor crítico en la lucha contra el acoso escolar. Según el informe El estado de la salud mental en el aula 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y Siena Educación, solo el 5,6% de los docentes ha recibido formación específica sobre convivencia o acoso en las aulas. La situación se confirma al cruzar estos datos con los del estudio de ANAR y Mutua Madrileña: el 64,5% del profesorado interviene solo a veces ante casos de acoso escolar, porcentaje que sube al 71% en secundaria. Solo el 32,5% considera que los centros actúan de manera adecuada, y uno de cada cinco profesores (20,9%) reconoce conocer directamente casos de acoso. El texto identifica barreras que dificultan la intervención de los centros: falta de recursos (88,9%), excesiva carga burocrática (65,2%) e insuficiente formación entre el profesorado (51,8%).
Lucas, profesor de un instituto en Madrid: «En muchos casos los protocolos antiacoso escolar no llegan a completarse»
Lucas (nombre ficticio para mantener su anonimato) es profesor en un instituto de la Comunidad de Madrid. Decidió hablar con Público para denunciar que en su centro, en los últimos cuatro años, no se ha abierto ni un solo protocolo de acoso escolar. El docente no duda de la utilidad de estas herramientas, pero su experiencia le demuestra que en muchos casos ni siquiera llegan a completarse. Admite que a él mismo y a sus compañeros les falta formación y respaldo. Reprocha que en los centros se ha instalado casi un mantra: «Si no hay protocolos abiertos, no existe el problema. Si no se ponen muchos partes, la convivencia es buena y se acabó». Además, desliza, la burocracia desborda a los equipos educativos: abrir un protocolo y atender un caso de acoso supone «muchísimo trabajo». También alude a la interinidad de los orientadores. «Si cada año cambias de orientador, todo el trabajo previo se pierde: conocer a los alumnos, al centro, a las familias…».
Sara Andrés es orientadora en otro instituto madrileño. «Hay una falta de aplicación de medidas, de sensibilización y de actuación ante la violencia en los centros educativos», expresa tajante en una charla con este medio. Para la especialista, el profesorado no está formado ni sensibilizado de manera sistemática. «Cuando hay docentes que sí muestran conciencia sobre estos problemas, suele ser un mérito personal, no el resultado de formación profesional o recursos específicos», aclara. También manifiesta la existencia de una cultura escolar que normaliza la humillación, tanto por parte de alumnos como de algunos docentes. «La reacción habitual ante los casos de acoso es minimizarlo: son cosas de niños o no tiene importancia«. «El sistema ha fallado, pero también lo ha hecho la sociedad», concluye con rotundidad.
El 024 es la línea de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas
del día, todos los días del año y de forma gratuita y confidencial. Ofrece
apoyo inmediato a personas con ideación suicida, a familiares y a personas
allegadas, con atención especializada y en varios idiomas.
También se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, existe la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Gobierno avanza en el procedimiento para lograr la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco. El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, ha finalizado la fase de recopilación de información y actuaciones previas y ha notificado ya a la fundación sus conclusiones (que desde este jueves por la tarde, cuando fue notificada, tiene diez días hábiles para presentar alegaciones).
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Las conclusiones a las que ha llegado el departamento dirigido por Ernest Urtasun tras recabar esta información se basan en que la Fundación Franciso Franco es contraria tanto a la ley de fundaciones como a la ley de memoria democrática, y que, por lo tanto, procede instar a su extinción ante la autoridad judicial.
El
proceso para ilegalizar esta fundación comenzó en junio de 2024, cuando Cultura inició una fase de actuaciones previas con el objetivo de recopilar información y pruebas que
fundamentaran el procedimiento. En concreto, los de Urtasun han recibido un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (que Cultura recibió el pasado mes de mayo) basado en cuatro elementos.
Un informe de la Abogacía General del Estado; un informe de Javier García Fernández, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la extinción de la Fundación Francisco Franco; un informe sobre los contenidos y la actividad de la Fundación en los medios de comunicación entre enero de 2018 y marzo de 2025; y un compendio de testimonios recabados de víctimas del franquismo en relación con las actividades de la Fundación Franco.
En la argumentación jurídica que el Gobierno quiere utilizar para iniciar el expediente de extinción judicial se recuerda que el artículo 1 de los estatutos de la Fundación indica que «está dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco, así como a cualquier otra actividad educativa, investigadora y cultural al amparo de la ley de fundaciones».
Esta norma atribuye la categoría de fundación a aquellos organismos que persigan «fines de interés general«, que la propia norma en su artículo tres enumera: «Defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional», etc.
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El interés general y la humillación a las víctimas
Pero la Fundación Franco, prosigue el documento de Cultura, al que ha tenido acceso Público, «existe para difundir el conocimiento de la figura del líder de una dictadura que ha sido expresamente condenada por la vigente ley de memoria democrática, pero también en el ámbito internacional (…) mientras que las actividades supuestamente orientadas a la cultura, investigación científica o educación resultan casi inexistentes».
«Ese fin principal, que es el que orienta todas las actividades a que la Fundación se dedica, no puede considerarse de interés general cuando no solamente no coincide con los fines que la ley (de fundaciones) considera merecedores de protección y justificativos, por ello, de la existencia de la figura de las fundaciones, sino que se aparta de ellos», concluye el razonamiento de Cultura.
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Pero este no es el único argumento jurídico esgrimido por el Ejecutivo, que también señala que la Fundación, el principal objetivo que persigue y las actividades que realiza para ello son incompatibles con la actual ley de memoria democrática, ya que enaltecen el franquismo y humillan a sus víctimas.
En este sentido, en el informe de la Abogacía General del Estado que se incluye en la documentación recabada se destaca que el propio artículo 1 de los estatutos de la Fundación, que establece su objetivo de difundir «el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco (…) así como sus realizaciones de los años de su mandato» representan «apología del franquismo y enaltecimiento de sus dirigentes», ya que «las referencias al «legado» y a sus «realizaciones» no son expresiones neutras, sino que contienen claramente una connotación positiva de defensa o alabanza».
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Es en este punto donde Cultura expone la base documental de la información recabada en el informe de análisis de los contenidos y representación en medios de la fundación: «Es constatable que cada vez que se recogen» publicaciones dedicadas a las víctimas del golpe de Estado y de la dictadura «emerge un trato con menosprecio y humillación de su dignidad«, apuntan.
Entre los ejemplos recabados hay publicaciones como «Guernica: tragedia, mentira y falsa, por Miguel Platón»; «El mito del Euskera perseguido por Franco, por Francisco Torres»; «La mentira de los ‘niños robados del franquismo'»; «El franquismo no cometió un genocidio, la II República, sí: en la retaguardia»; o «Sobre la gran mentira de la represión franquista, por Tomás García Madrid».
«Se advierte menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura», se menciona en el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
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Las fases del procedimiento
También se menciona el compendio de testimonios recabados de las víctimas del franquismo y «se desprende, sin lugar a duda, que el recuerdo de la violencia sufrida y la represión y represalias padecidas por las víctimas del franquismo siguen vivos, y que los derechos a la verdad y a la reparación de la ley de memoria democrática, y los principios del derecho internacional de los derechos humanos se ven afectados gravemente».
Después de que la Fundación haga sus alegaciones al procedimiento remitido por Cultura, el Gobierno elaborará una propuesta de resolución que volverá a remitir a la Fundación (que tendrá otros diez días hábiles para alegaciones). Tras este proceso, la Abogacía del Estado elaborará un nuevo informe preparatorio a la instancia para extinguir el ente, y posteriormente la propia Abogacía lo trasladará a la autoridad judicial. El departamento dirigido por Urtasun tiene nueve meses para remitir la resolución a los tribunales.
Fuentes de Cultura y de Memoria Democrática confirman que su intención es la de solicitar al juez medidas cautelares cuando remitan la instancia con el objetivo de suspender, o al menos limitar, la actividad de la Fundación hasta que se dicte sentencia. Si la resolución judicial da la razón al Gobierno, se procederá a la liquidación de los bienes de la entidad y se destinarán a otra sin ánimo de lucro.
Juan
Carlos de Borbón empezó este miércoles la campaña de promoción
de su libro de memorias con una entrevista en el diario francés Le
Figaro, realizada en Abu
Dabi y en la que admite
su simpatía por Franco y
no da ni una sola explicación sobre las polémicas de corrupción que le han afectado. La biografía autorizada del
exmonarca, de cuyo contenido han adelantado algunos extractos otros
medios galos, como el periódico Le Monde y el semanario Le Point,
saldrá a la venta la semana que viene en Francia. La versión española saldrá en diciembre, el
mes de la campaña de ventas de navidad.
La
entrevista para Le Figaro fue realizada por el periodista Charles Jaigu
en la exclusiva isla de Naraï, frente a la capital de Emiratos
Árabes, donde, según afirma, reside el exjefe del Estado por cortesía del jefe del Estado de la federación, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. La entrevista está redactada en estilo indirecto, es decir sin preguntas y respuestas
consecutivas sino con declaraciones del entrevistado intercaladas
con descripciones y valoraciones del entrevistador. Algunos de los
entrecomillados y otras afirmaciones que Jaigu atribuye a Juan Carlos
contienen falsedades o versiones incorrectas de la historia de España y de la vida del exmonarca.
El
antiguo rey también se refiere a su hijo y actual jefe del Estado, Felipe VI, a quien reprocha cierta frialdad en el trato y con quien
insinúa querer recuperar una relación más fluida dada su intención
de regresar a España e instalar definitivamente su residencia en el país. Público ha pedido a la Casa Real su parecer
sobre la entrevista y el momento en el que fue publicada –el
aniversario de la DANA de València–, pero al cierre de esta edición
el departamento de comunicación de La Zarzuela no había respondido.
Esas
son algunas de las
afirmaciones contenidas en la
entrevista de
Juan Carlos de Borbón a Le Figaro que no se ajustan a la verdad o
que no han podido ser contrastadas:
Fuga de España
«Para ayudar a mi hijo, busqué un
lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme
fácilmente», dice el exrey. Lo cierto es que tras estallar el escándalo sobre sus cuentas
corrientes en Suiza, el exmonarca anunció su partida el 3 de agosto de
2020 en una carta a su hijo que la Casa Real hizo pública ese mismo
día. Dos semanas después, la institución confirmó que Juan Carlos
de Borbón llevaba ya en Emiratos Árabes desde el mismo día del anuncio de su salida de España.
De izquierda a derecha, Sofía de Grecia, Felipe VI, Juan Carlos de Borbón y Letizia Ortiz, en una foto tomada en 2020.
Desplante de un embajador
Según Charles Jaigu, el exmonarca español le habría transmitido en Abud Dabi su malestar por las pocas veces que podía ver a sus hijo y nietos y por el hecho de que el embajador de España en Emiratos Árabes se habría negado a darle la mano en una ocasión. Público se ha dirigido al Ministerio de
Asuntos Exteriores interesándose por su versión y para saber si ese incidente ocurrió en
realidad, pero al cierre de esta pieza no había obtenido respuesta.
Periodista encarcelado
«¡La última vez que vino un periodista español, las
autoridades locales lo metieron en la cárcel! Tuve que intervenir
para sacarlo», asegura Juan Carlos de Borbón en la entrevista en Le Figaro, para expresar el aislamiento al que supuestamente se ha sometido de manera voluntaria. Lo cierto es que no existen informaciones en la prensa nacional ni internacional que recojan la detención de un periodista español
en Emiratos Árabes, ni de ninguno que hubiera viajado al país con
intención de informar sobre el exjefe del Estado o tratar de
entrevistarse con él. Público también ha preguntado al Ministerio
de Exteriores sobre este extremo, pero no ha obtenido contestación.
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No fue absuelto porque no fue juzgado
Frente a las críticas por los casos de corrupción con los que se le vincula, el entrevistador de Juan Carlos I le atribuye a él el recordatorio de que «ha sido absuelto en todos los casos que en su momento le habían
convertido en paria en su propio país». No es cierto: el exrey no
ha sido declarado absuelto porque nunca ha sido juzgado por delito
alguno. Los que se le atribuían fueron descartados bien porque,
según la Fiscalía, habían prescrito, bien porque los habría
cometido cuando ejercía la Jefatura del Estado y su figura era
inviolable y no sujeta por tanto, según la Constitución, a responsabilidad penal.
«Para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente» (Juan Carlos de Borbón)
Los 100 millones del AVE a La Meca
El periodista asegura en la
entrevista que para Juan Carlos I, los 100 millones de dólares que
recibió del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúden
en agosto de 2008 –en esa fecha equivalían a casi 107 millones de
euros– fueron «una
generosidad de un rey hacia otro». Sin embargo, según
la empresaria Corinna Larsen, a quien el rey a su vez habría
regalado esa cantidad en la época en la que mantuvieron una relación
sentimental, se trataba en realidad de una comisión por la mediación
de Juan Carlos I en el proyecto del AVE a La Meca, en favor de varias
empresas españolas que finalmente se hicieron con los contratos.
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Tres golpes de Estado el 23-F
«No hubo un golpe [de Estado, el
13 de febrero de
1981], sino tres golpes», le dice Juan Carlos de Borbón al periodista que lo entrevistó en Abu Dabi. «El golpe de Tejero, el de Armada y el de los
políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a
mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales
de que hablaba en mi nombre», afirma. Lo cierto es que ni
los historiadores que han investigado la asonada del 23-F, ni la sentencia de primera instancia del Consejo Supremo de Justicia Militar en 1982 ni la definitiva del
Tribunal Supremo un año después, recogen la tesis de los tres
golpes en uno.
El
Ministerio de Consumo propone sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de
euros por seis infracciones muy graves y una grave contra los derechos de los
consumidores. En concreto, acusa a la agencia inmobiliaria de introducir cláusulas
abusivas en los contratos de los inquilinos que constituyen un fraude de ley, puesto
que les obliga a pagar unos gastos que debería cobrar a los caseros y que se
camuflan bajo la apariencia de unos servicios no solicitados. También le
reprocha que obligue a los arrendatarios a renunciar al derecho de desistimiento
–por el cual a un consumidor se le permite anular un contrato sin tener que
justificar su decisión y sin que se le penalice– de esos servicios, incluidos
en un Contrato de Servicios al Inquilino (SAI) que deben firmar cuando formalizan
el alquiler y que les cuesta 990 euros más el 21% de IVA.
El
resto de las infracciones se deriva de la imposición de «cláusulas no negociadas
individualmente», que figuran en un modelo de contrato «de adhesión» redactado unilateralmente
por Alquiler Seguro y «utilizado de forma generalizada y deliberada durante
años»: la empresa obliga a los inquilinos a formalizar una póliza de seguro del
hogar, les cobra tipos de interés abusivos por la devolución de cualquier recibo,
además de exigirles el pago de un estudio sobre su propia solvencia. Finalmente, el contrato impone la
inclusión del arrendatario en el fichero de morosos en caso de cualquier tipo
de impago y aunque no se trate de «deudas vencidas, exigibles y ciertas» como
exige la jurisprudencia.
Según
la propuesta de resolución a la que ha tenido acceso Público y que la
Inspección ha remitido al secretario general de Consumo, –quien deberá adoptar
la decisión definitiva antes del próximo 12 de diciembre–, Alquiler Seguro ha
cometido las infracciones más graves «al menos desde junio de 2023» y persisten
en la actualidad. Puede consultar aquí la serie de reportajes que ha publicado este periódico sobre la inmobiliaria.
El
Ministerio de Consumo abrió expediente a la inmobiliaria que preside Antonio
Carroza el pasado mes de marzo, tras recibir una denuncia de la organización de
consumidores Facua a la que se adhirieron posteriormente OCU y el Sindicato de
Inquilinas. También se sumaron dos particulares. Tras una
investigación que le ha llevado siete meses, concluye que Alquiler Seguro usó
el contrato SAI como un «subterfugio» para cobrar a los inquilinos lo que les
exigía como honorarios hasta que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos
prohibió esa práctica a partir de mayo de 2023.
De
hecho, a partir de mayo de 2024, la inmobiliaria cambió la cuantía de lo que
cobraba por ese contrato al inquilino: hasta entonces pedía el equivalente a una
mensualidad de renta; ahora pide una cantidad fija, 990 euros más el 21% de
IVA. Y 20 euros anuales de mantenimiento a partir del primer año de contrato. La
propia empresa reconoce en sus alegaciones al expediente, que ha realizado «adaptaciones» a los cambios en las leyes estatales y autonómicas».
También
cambió la cláusula sobre el derecho de desistimiento de los inquilinos. Hasta
agosto de 2023, el contrato negaba ese derecho a los arrendatarios, pues la
inmobiliaria consideraba que, sólo con acceder al área de cliente, el inquilino ya había recibido y disfrutado el servicio. A partir de diciembre de 2024, el
contrato reconoce la facultad de desistimiento del arrendatario, siempre que lo
comunique a la empresa en un plazo de 14 días.
Tanto
en el caso del contrato SAI como en el del seguro del hogar cuyo pago también
impone al inquilino, según considera probado Consumo, la propuesta de resolución
pide que la sanción se imponga en su grado máximo no sólo por el carácter
continuado de ambas infracciones, sino también por su «especial grado de culpabilidad
e intencionalidad». El ministerio sostiene que Alquiler Seguro introdujo esas
cláusulas abusivas «con la intención de eludir los intereses públicos protegidos
por las normas: en el caso del SAI, la prohibición de cobro de gastos de
gestión y formalización a la parte arrendataria impuesta por la reforma de la LAU
operada por la Ley de Vivienda, y en cuanto al resto de las cláusulas abusivas,
la aplicación de las leyes […] dirigidas a la protección de la parte
arrendataria o del tomador del seguro».
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Además,
subraya, lo ha hecho «aprovechando la escasez de vivienda de alquiler en España».
Los inquilinos, explica el ministerio, se ven forzados a aceptar las
condiciones supuestamente abusivas de la inmobiliaria, lo que a su vez «reduce
o elimina su poder de negociación».
La
propuesta de resolución de Consumo detalla en casi 200 páginas la operativa
seguida por Alquiler Seguro, tanto en sus contratos con el casero, cuya
protección es el leit motiv de su negocio, como con el inquilino, del
que presume elegir uno «perfecto».
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Inspecciones encubiertas y conversaciones grabadas
La investigación de Consumo se basó en un total de 20 contratos solicitados a Alquiler Seguro, 10 firmados en enero de 2024 en tres comunidades distintas, y otros 10 firmados en enero de 2025 en otros tantos territorios. De la primera decena, el 40% los habían suscrito extranjeros. De la segunda, el 46,7%.
Además,
la responsable de la instrucción se hizo pasar por una ciudadana interesada en
alquilar un piso. Sus conversaciones telefónicas, por correo electrónico y por Whatsapp
con un agente inmobiliario de Alquiler Seguro fueron grabadas y corroboraron,
según consta en el informe de Consumo, el carácter obligatorio del Contrato SAI
que Alquiler Seguro señala siempre como voluntario: si no lo firma, le dice el comercial,
la única opción es celebrar un contrato particular con el propietario. La
inmobiliaria gestiona ahora sólo 236 pisos en los que el inquilino no ha
firmado el contrato SAI, de acuerdo con las cifras que facilitó al ministerio. Desde
el 26 de mayo de 2023 hasta el 31 de enero de 2024, añade, el 90,17% de los
contratos que firmó Alquiler Seguro incluían la garantía de rentas al casero –recibe
la renta antes del 5 de cada mes, aunque el arrendatario no pague–. La empresa
esgrime estos datos para probar que el SAI no es obligatorio; Consumo mantiene que demuestra lo contrario: si el casero no quiere renunciar a
la garantía de rentas –precisamente por lo que acude a Alquiler Seguro–, el
inquilino tiene que contratar el SAI o renunciar a alquilar el piso.
De izda. a dcha., el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza; su consejero delegado, David Caraballo, y el vicepresidente, Sergi Gargallo.
Otro
dato aportado por la propia inmobiliaria: sólo en 911 «casos» –el informe no
precisa si son inquilinos o las veces que éstos han accedido a los servicios
del SAI– ha concedido «descuentos y rebajas». Por ejemplo, Alquiler Seguro
ofrece descuentos en mudanzas, trasteros o colchones. Alquiler Seguro
asegura que intermedia en un total de 26.730 inmuebles.
En
sus alegaciones, la inmobiliaria acusó a Consumo de hacer «grabaciones ilícitas»,
que equipara a un «interrogatorio en el marco de un registro
domiciliario» El ministerio lo rechaza asegurando que la actuación de
incógnito de la inspectora está amparada por la jurisprudencia y no necesitaba
autorización judicial.
Comisiones cobradas a arrendadores y arrendatarios
Alquiler Seguro facilitó a Consumo cifras sobre
las cantidades que ingresa gracias a los pagos de caseros e inquilinos. A los
primeros les cobra un 10% de la renta anual en el momento de formalizar el
contrato, así como un 5% de la renta mensual por la gestión del alquiler. Si la
gestión es integral, les exige un 2% más de la renta mensual. Los segundos deben
aportar un mes de fianza, otro de depósito adicional, una mensualidad y los 990
euros más IVA del Contrato SAI. Además de una póliza de seguro –129 euros– y el
informe de solvencia
–150 euros–. En total, como desveló Público, le
cobra el triple al propietario que al arrendatario.
Desde
mayo de 2023 y hasta abril de 2024, la inmobiliaria ingresó entre 10 y 20
millones de euros por comisiones pagadas por los caseros, y entre uno y 10
millones de euros por comisiones del contrato SAI de los inquilinos.
Madrid, la única comunidad que sancionó a la inmobiliaria
Consumo preguntó
a las comunidades autónomas si habían sancionado a la inmobiliaria por
cualquier motivo. Y resultó que sólo Madrid lo había hecho. Fue en 2023 y la
multó dos veces. En ambas ocasiones, porque la empresa exige un seguro del hogar con responsabilidad civil a los inquilinos . Pero las sanciones fueron mínimas: 5.600
y 3.500 euros.
El 84% de las pólizas de seguro, tramitadas por una filial
Otra cifra aportada por la propia inmobiliaria. Consumo destaca no sólo que la
inmobiliaria impone al inquilino la firma de un seguro que debería abonar el
casero –que es a quien protege la póliza– , sino que, además, le impone para ello la
correduría de seguros que pertenece al grupo Alquiler Seguro, Generación Plus. Y
allí ve un interés económico.
El derecho a la libertad de empresa prevalece sobre los derechos de los consumidores
Es la primera de las alegaciones de Alquiler Seguro al expediente. Sostiene que
el ministerio está haciendo una «interpretación exorbitante» de la normativa en
materia de consumo. Y que el derecho a la libertad de empresa es un «derecho
fundamental», consagrado en el artículo 38 de la Constitución, mientras que la
protección de los consumidores y usuarios es «un principio rector de la política
social y económica», que no puede ser «aplicado de forma ilimitada». Consumo le
contesta recordando que admitir esa prevalencia supondría «reconocer a los
particulares la facultad de actuar al margen de la ley siempre que constituyesen
una empresa«. También alega que el Tribunal Constitucional ha establecido «de
forma reiterada» que el derecho a la libertad de empresa «no es absoluto e
incondicionado, sino limitado por la regulación que de las distintas
actividades empresariales puedan establecer los poderes públicos». Y cita como
ejemplos las prohibiciones legales sobre horarios, vertidos contaminantes, sustancias
nocivas para la salud o exigencias de seguridad para determinados productos.
Conflicto de interés y doble cobro
Otro de los servicios del SAI que cobra a los
inquilinos es el asesoramiento jurídico que proporciona con una
segunda filial, Generación PlusLegal. El ministerio destaca que la inmobiliaria
incurre en un conflicto de interés, porque asume la defensa y el asesoramiento
legal de dos clientes que tienen intereses contrapuestos: el casero y el arrendatario.
A ambos, además, les cobra por un mismo servicio. Por ejemplo, el
inquilino paga por que se le permita ponerse en contacto con el propietario para
trasladarle las incidencias de la vivienda. Y, al mismo tiempo, el casero debe pagar para que le atiendan esas mismas incidencias.
Tipos de interés abusivos
Los que exige Alquiler Seguro a un inquilino en cuanto el
banco devuelve un recibo. No importa el motivo y aunque la devolución no sea
culpa del arrendatario. Lo que Consumo califica como «sanción automática». El
contrato le obliga a pagar el interés legal aumentado en dos puntos; es decir,
los establecidos en caso de mora procesal. El ministerio dice que es más
elevado que el fijado como indemnización por daños y perjuicios en el Código
Civil. Y eso es ahora. Porque, aunque Consumo no lo cita, Alquiler Seguro fue condenada en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, en 2020 y
2024, que declaró abusivos los intereses que hasta entonces imponía para
estos supuestos: les aumentaba nada menos que en 20 puntos el interés legal.
Además,
son a cargo del inquilino los gastos bancarios de devolución y de la reclamación
extrajudicial como los notariales o los burofaxes.
Informe de solvencia
Como Alquiler Seguro promete al casero el «inquilino perfecto»,
hace un informe de solvencia a los candidatos. Pero, aunque se trata de un
servicio al propietario, apunta Consumo, se lo cobra al propio arrendatario, 150
euros. Para elaborarlo, además, utiliza la documentación que tiene que aportar
el inquilino (nóminas, contrato). El ministerio no sólo cree que es la
imposición de otro servicio no solicitado, y por eso es abusiva per se, sino
que, además, en un caso denunciado, la empresa ni siquiera entregó el resultado
del informe al candidato a inquilino. La inmobiliaria lo justifica ante Consumo
aduciendo que el servicio cobrado «no implica necesariamente la elaboración de
un documento entregable», sino que se trata de un mero «estudio de riesgos».
Alquiler
Seguro tiene ahora un plazo de 15 días para formular nuevas alegaciones. O bien
pueden reconocer voluntariamente su responsabilidad y pagar la sanción, lo que
le supondrá un descuento del 40%. La propuesta de resolución incluye dos sanciones accesorias: una de publicidad y otra de rectificación de los incumplimientos,
eliminando las cláusulas abusivas.
El odio racista en España tiene siglas, sedes y cuentas bancarias. En este otoño de 2025, una quincena de organizaciones xenófobas mantienen campañas enfocadas en criminalizar a personas migrantes y vender mensajes a favor del «derecho de sangre» como única forma de ser español. El mensaje, decorado con apelaciones a la «defensa de lo nuestro», busca impactar principalmente entre los jóvenes.
Ver vídeo
Según ha verificado Público, el entramado de organizaciones racistas en España se extiende por distintos puntos del país y cuenta con la participación activa de grupos inscritos como partidos políticos o asociaciones de carácter «histórico» o «cultural».
«La larga sombra del fascismo aún ensombrece la cultura y la política españolas, con movimientos protofascistas, neonazis y anti-LGBTQ+ activos en el país», advirtió en un reciente informe el centro de investigación Global Project Against Hate and Extremism (GPHE), con sede en la ciudad estadounidense de Montgomery (Alabama).
Capuchas y antorchas
«Solo tú tienes las llaves de las puertas que abrirán el futuro para España», afirma uno de los líderes del grupo Núcleo Nacional en el último vídeo promocional lanzado por este grupo. En este caso, los encapuchados posan con antorchas en un lugar no identificado. No ocurrió lo mismo con el anterior vídeo de esa misma organización, grabado a plena luz del día en la plaza municipal de toros de Algete, donde gobierna el PP.
Núcleo Nacional busca hoy consolidarse como el principal grupo neonazi de España. Este colectivo, registrado como asociación ante el Ministerio del Interior, busca atraer a jóvenes de ultraderecha con un mensaje antisistema que mezcla la inmigración, la delincuencia y los ataques al Gobierno entre jornadas deportivas enfocadas en la resistencia física o en la lucha cuerpo a cuerpo.
La última acción xenófoba de Núcleo Nacional tuvo lugar hace dos sábados en Vicálvaro, donde agitaron el odio contra la apertura de un centro para personas sin hogar en ese distrito madrileño. Allí, delante de varias furgonas de de la Policía Nacional, se produjo un hecho cargado de simbolismo para la ultraderecha: el líder de Democracia Nacional, Pedro Chaparro –uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna– tomó el megáfono y se adhirió a la protesta de Núcleo Nacional.
«Gracias por saber cuál es la prioridad, sin miedo, con el valor que hace falta, cuando hace falta», escribió un ultraderechista en el foro de Democracia Nacional en Telegram, un espacio en el que circulan a diario mensajes xenófobos y supremacistas.
Doble militancia
En el acto de Vicálvaro no sólo habló Chaparro. Allí también estuvo Isabel Peralta, una reconocida neonazi que mantiene contactos con organizaciones antisemitas de distintos países. En España, Peralta ejerce una doble militancia: la ultraderechista ha aparecido públicamente como activista de Núcleo Nacional y de Devenir Europeo, un grupo que reivindica el legado de Hitler y que cuenta con registro como asociación de carácter histórico.
Devenir Europeo contó con la ayuda de Peralta para consolidar sus relaciones con el Movimiento de Resistencia Nórdico, con sede en Estocolmo y filiales en otros países europeos. En junio de 2024, el Gobierno de EEUU incluyó a este grupo en el listado de organizaciones terroristas.
«Como nacionalsocialistas entendemos que el desarrollo personal no se limita a un solo terreno. Tanto al escalar una montaña como al tomar la palabra ante un público estamos tratando de ser mejores», señaló Devenir Europeo en una reseña publicada en su canal oficial de Telegram –con más de 5.600 miembros– sobre una jornada de oratoria celebrada el pasado 4 de octubre en Alicante.
Esta organización vende libros de Adolf Hitler y otros materiales de formación neonazi que sólo están disponibles para quienes figuren previamente como suscriptores. Los pagos se efectúan a través de una cuenta bancaria en la que Devenir Europeo figura como titular.
Artes marciales
Este grupo neonazi cuenta con vínculos con Zaragoza Resiste, una red de activistas ultras de esa ciudad que en 2024 inauguró una sede social. Por allí han desfilado militantes hitlerianos de Devenir Europeo, activistas de Falange y ultracatólicos de Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), una organización con registro como partido político que llama «santa cruzada» al golpe de Estado de 1936 y que cada verano celebra un campamento de formación destinado a niños y adolescentes.
Zaragoza Resiste cuenta con el apoyo de Hexafolia, un grupo que opera en esa misma ciudad y que muestra especial interés en preparar a sus miembros para afrontar escenarios de violencia.
«Si de verdad queremos ser fuertes y libres y saber defendernos, hay que combatir y practicar artes marciales de forma disciplinada», señalaron sus responsables en febrero de 2024, pocas semanas antes de un evento de boxeo dirigido a sus militantes.
Hexafolia tiene vínculos con los ultras catalanes de Reconquista, defensores de la «remigración» de personas nacidas en otros países que viven en España. En junio pasado, este grupo participó en un acto junto a activistas de Revuelta, la organización juvenil cercana a Vox.
Sus posturas ideológicas contra la migración se combinan con el entrenamiento físico: el pasado 11 de octubre, Reconquista celebró una jornada en Barcelona junto al grupo ultracatólico Palestra Christiana en la que se ofreció un seminario de «lucha grupal».
La defensa de la «remigración» y la formación en técnicas de combate también forman parte del programa de acciones de Identitas, un grupo ultra con presencia en Palma de Mallorca que organiza jornadas de «disciplina» y entrenamiento físico.
«¿Por qué quieres formar parte de la asociación? Describe brevemente tus razones, y cuál crees que puede ser tu rol en la comunidad», dice el formulario de inscripción de este colectivo. En sus publicaciones en redes sociales no oculta su desprecio hacia el multiculturalismo o la democracia.
Entrenamiento falangista
La preparación física para afrontar actos de violencia también está presente en la agenda de Falange Española de las JONS, cuyos activistas protagonizaron disturbios y enfrentamientos con militantes antifascistas el pasado 12 de octubre en Gasteiz.
La organización juvenil de Falange, que actuó como «primera línea» en los incidentes de Gasteiz, anunció el pasado 16 de octubre en Telegram que prepara un «entrenamiento» en «defensa personal» que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba. Los datos del encuentro se mantienen en secreto por parte de los organizadores.
Asociaciones locales
En el escenario de la ultraderecha española figuran además varias asociaciones de carácter local que comparten una estética similar y que mantienen vínculos con otros grupos de diferentes puntos del país.
Entre ellas figura la Asociación Cultural Málaga 1487, creada para la defensa de la «identidad» española frente al «separatismo» y el «multiculturalismo». Las actividades de boxeo forman parte de su agenda.
En febrero pasado, esta asociación cerró la compra de su sede en Málaga. Según anunciaron sus portavoces en redes sociales, la compra había sido posible «gracias al esfuerzo de toda la militancia».
En Valencia, España 2000 ha organizado campañas contra centros de acogida de menores migrantes. La última iniciativa de este tipo emprendida por esta organización ha llegado incluso a la Fiscalía de Menores, lo que implica una novedad en las acciones xenófobas del grupo.
Asimismo, España 2000 organiza cursos anuales para sus militantes bajo el nombre «Guerra en las calles», en los que se ofrece formación en técnicas de pelea.
La Asociación Cultural Alfonso I realiza actividades en Logroño, Santander o Gijón, focalizadas en el «orgullo de ser español» y en los ataques a la inmigración. Un representante de este grupo estuvo el pasado día 24 en una cumbre contra la inmigración en la localidad italiana de Novara.
El lema «remigración» que utiliza esa organización en sus concentraciones también es empleado habitualmente por Hacer Nación, una formación neofascista que centra su discurso en la criminalización de personas procedentes de otros países que residen en España. Este grupo cuenta con vínculos con otras organizaciones europeas que fundamentan su actuación en el terreno anti-inmigratorio.
En el escenario de la ultraderecha también aparece Facta, el grupo madrileño que organiza conferencias dirigidas a formar a jóvenes de extrema derecha y que está a cargo de Carlos San Frutos, ex miembro de Democracia Nacional.
La casilla de «domicilio de empadronamiento» aparece en cada formulario seguida de una larga línea negra. Sobre ella, cualquier ciudadano que viva en España debe escribir la dirección en la que reside. De esta forma, las diferentes administraciones saben dónde tributa y consume recursos cada ciudadano. El empadronamiento es la llave que abre sucesivas puertas hacia la integración. En función de la comunidad autónoma, este trámite permite acceder a la tarjeta sanitaria, la inscripción como demandante de empleo o la homologación de títulos universitarios. Sin él, es imposible solicitar muchas ayudas públicas, como el Ingreso Mínimo Vital o ayudas para el alquiler o el pago de suministros.
Cuando Marcela Maspero, venezolana de 65 años, llegó a España en 2019, lo hizo como retornada. Es decir, como descendientes de españoles. Este estatus le permitía tener un pasaporte español y acceder a la doble nacionalidad. Pese a todo ello, cuando trató de asentarse en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), las dificultades para empadronarse resultaron un verdadero quebradero de cabeza. Los primeros meses estuvo viviendo en casa de uno de sus hijos, que se había mudado a la isla con su familia el año anterior. En aquel momento, ningún miembro de la familia trabajaba todavía por lo que recibían laPrestación Canaria de Inserción, que según Maspero, rondaba los 400 euros mensuales.
El empadronamiento cruza estructuralmente la problemática de los retornados y de quienes vienen de terceros países
Marcela deseaba comenzar sus trámites cuanto antes para obtener su DNI y sacar su tarjeta sanitaria, pero no pudo. Explica a Público que si se empadronaba en la casa de su hijo –donde de facto convivían seis personas– perderían la ayuda del Gobierno canario. «La administración saca su propia cuenta y entiende que, si me podían tener ahí sin trabajar, ¿para qué van a necesitar la ayuda?». Tuvo que esperar «unos meses» a que el matrimonio encontrara trabajo y renunciara a la ayuda. Ahora, Maspero tiende una mano a otras personas de origen extranjero para salvar este obstáculo a través de la Asociación Solidaridad Venezuela.
En palabras de la venezolana, el empadronamiento «cruza estructuralmente la problemática de los retornados y de quienes vienen de terceros países», que queda sujeto además al mermado derecho a la vivienda en España. Esto condiciona «el inicio» del proyecto migratorio de la población extranjera más vulnerable y dificulta su acceso a numerosas ayudas. De hecho, para acceder a la mayoría de ellas es necesario estar empadronado en un municipio por un determinado período mínimo.
Aún así, permanece la idea de que quienes vienen de fuera se aprovechan de los recursos públicos y reciben ingentes ayudas nada más llegar al país. La investigación internacional Landscape of change (Entornos cambiantes), en la que ha participado Público, ha constatado que, por lo general, allí donde más población migrante empobrecida reside es también donde menos inversión real hacen los municipios en sus áreas de servicios sociales.
Este trabajo periodístico, coordinado por el medio maltés Amphora Media y financiado por Journalism Fund, ha estudiado los lugares en los que más se ha incrementado el número de personas de origen extranjero entre 2014 y 2023, así como los recursos municipales, y autonómicos (en concreto, sobre educación y sanidad) invertidos en ellos. Esto ha permitido comprobar que, de forma general, donde más necesarios son estos recursos es donde menos se invierte. En el caso de Granadilla, entre 2014 y 2023, el Ayuntamiento redujo el gasto en Servicios Sociales en 10,3 euros menos por habitante, situándose en los 81,9 euros por persona en el último año de dicho periodo, según los datos del Ministerio de Hacienda.
No sólo eso, sino que para acceder a ellos, las personas deben estar previamente empadronadas. Algo que, según los testimonios recogidos por este periódico, es especialmente difícil de conseguir para quienes vienen del extranjero. A esto ha contribuido la derechización de los gobiernos locales. En palabras de Maspero «la cuestión migratoria está completamente desaparecida del Ayuntamiento de Granadilla de Abona», actualmente en manos de Coalición Canaria, PP y Vox.
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En 2023, estaban censadas en este municipio canario unas 55.505 personas, de las que el 26,1% eran extranjeras. La mayoría de ellas procedían de América Latina, especialmente de Venezuela. Asegura el psicólogo y activista Mba Bee, residente en Granadilla, que muchas de las personas que viven allí trabajan en Adeje, uno de los municipios más turísticos de España, y donde el alquiler hace casi imposible el acceso a la vivienda para las rentas bajas. La situación en Granadilla tampoco es mucho mejor: el precio del alquiler por metro cuadrado ha pasado de 5,3 euros en enero de 2014, a los 11,1 en enero de 2023, según los datos de Idealista. Actualmente, el precio del metro cuadrado se sitúa en los 15,3 euros.
Los abusos del mercado del alquiler
Rosario Lucas, responsable del área social y de vivienda de Elche Acoge, lo tiene claro: «Desde que empecé a trabajar aquí, el mayor problema que he visto es el de la vivienda. Cada vez va a peor». Lo ejemplifica con una anécdota: «Hemos llamado a inmobiliarias interesándonos por alquilar una vivienda y nos han dicho que sí cuando acababan de colgarle a un usuario [persona extranjera] al que le habían notado el acento y les había dicho la nacionalidad». Ello, pese a que «cumplía todos los requisitos», apostilla Trinidad Urbán, coordinadora de Elche Acoge.
Como no tienen manera de demostrar que están viviendo allí, no pueden empadronarse y beneficiarse de ayudas
Dichos requisitos no son poca cosa. Lo primero es contar con una nómina. Esta primera condición es imposible de lograr para quienes se encuentran en España sin papeles. Una población que, según la estimación de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en 2023, rondaba las 686.000 personas. Hay que tener en cuenta aquí que la organización incluyó en esta cifra a quienes tenían un permiso de estudios o uno de residencia –o lo estaban renovando– o estaban a la espera de la resolución de una petición de asilo. «Sin empadronamiento, no existes para la administración», subraya Lucas. Esto imposibilita, de facto, conseguir ninguna ayuda. De hecho, los datos utilizados por Público en esta investigación no tienen en cuenta a quienes se encuentran en España en situación irregular.
Pero también quienes se encuentren en situación regular, especialmente quienes vienen de algún país del sur global, tienen dificultades para encontrar trabajos bien remunerados e incluso, en los que estén legalmente contratados. Además, «acceden a trabajos precarios, inestables, donde trabajan por pocas horas, con lo que es imposible acceder a los precios del mercado del alquiler», abunda Rosario Lucas. Especialmente, si solicitan «tres veces la renta de alquiler» para el mes de entrada.
En aquellos casos en los que la persona logra reunir todos los requisitos solicitados, puede encontrarse con la situación de que el casero no le haga contrato porque no desea declarar ante el Ministerio de Hacienda las rentas que reciben del alquiler de una propiedad.En septiembre de 2024, el organismo público estimaba que el 21,1% del parque de viviendas español, unas 600.000, estaban siendo arrendadas de forma fraudulenta. Esta valoración fue hecha después de que, entre 2015 y 2024, Hacienda informara de que había incorporado 1,3 millones de declaraciones del IRPF que incluían rendimientos de capital inmobiliario. Es decir beneficios por comerciar con una propiedad inmobiliaria.
A este cóctel hay que sumarle el encarecimiento de los precios del alquiler, que desde la crisis financiera de 2008 parecen no tocar techo. Especialmente allí donde hay más presión turística. De poco ha servido la aprobación de una ley estatal en 2023 que prohibía ciertas prácticas abusivas por parte de propietarios y mediadores de la gestión del alquiler. Tal y como denuncian los movimientos por el derecho a la vivienda de todo el Estado, la escasa o nula fiscalización del cumplimiento de estas normas por parte de las administraciones públicas siguen haciendo del alquiler un negocio de las clases más altas a costa de las más bajas y el foco de especulación en España.
De esta forma, la vivienda termina siendo «un derecho básico que la gente no puede satisfacer a través del mercado inmobiliario» y que lastra la mayoría de las ayudas a las que podrían acceder las personas en situación de vulnerabilidad. Incluso, aquellas que están relacionadas con el pago del alquiler. «Como no tienen manera de demostrar que están viviendo allí y no pueden empadronarse, no pueden beneficiarse de ellas», lamenta Lucas.
En su ensayo Silencio administrativo, la periodista Sara Mesa reflexiona acerca de esta espiral sin salida y concluye que «evitar el empadronamiento es una manera de despachar con rapidez ciertos problemas». En un capítulo dedicado a este asunto, explica que las personas que no pueden acceder al padrón no están en riesgo de exclusión, sino que «ya ha[n] sido excluida[s]».
Cuestión de clase: de la Golden visa a la autoconstrucción
«Lo más difícil fue empadronarme», explica a Público Caty con un ojo puesto en su hija, que corretea incansable entre el columpio y su madre. Sentada en el muro que delimita el pequeño parque de Almoradí, en Alacant, explica cómo fue su llegada a España. Caty tiene unos 30 años y su hija todavía no ha cumplido los dos. Vino desde Colombia con su marido en 2023 y se asentó en este pueblo siguiendo las indicaciones de otros compatriotas que habían emigrado antes que ella. Después de siete meses residiendo en un lugar donde no la dejaban empadronarse, la familia del anciano al que cuidaba le permitió hacerlo en la vivienda del hombre. «Tuve suerte», asegura a este periódico. Antes, sólo había podido acudir al hospital por urgencias y no había podido acceder a ninguna ayuda.
No hay nada que evidencie más la división de clase que existe entre la población migrante que los conocidos como ‘visas oro’
Si Caty viniera de Reino Unido, de Noruega u otros países de la UE, como el 59% de los censados en Rojales en 2023, es probable que no le hubiera costado tanto empadronarse. De hecho, es posible que viviera en Ciudad Quesada, una urbanización a pocos kilómetros del parque en el que Caty conversa con Público. Este barrio es conocido en el pueblo por ser un lugar en el que solo viven extranjeros europeos, muchos de los cuales vienen a pasar el final de su vida a España. Aunque tienen un mayor nivel adquisitivo que quienes proceden del sur global, cabe decir que no todos los británicos o noruegos que llegan a la Vega Baja son ricos, como asegura a este periódico la camarera de un bar de Rojales, cuyos padres son ciudadanos escoceses que emigraron a España para levantar el negocio que ahora atiende la joven.
No hay nada que evidencie más la división de clase que existe entre la población migrante en este sentido que la conocida como los «visados de oro», vigentes desde el 2013 hasta el principios de este año, cuando entrará en vigor la derogación de la norma que la hacía posible. Estos visados, promovidos especialmente desde la crisis financiera de 2008, facilitaban obtener la residencia española a los extranjeros que compraran inmuebles de más de un medio millón de euros o adquirieran deuda pública por valor de 2 millones de euros, entre otras opciones. Tal y como informó Público, en estos meses previos a su desaparición, la expedición de estos visados se ha disparado más de un 50% desde que el Gobierno anunciara su desaparición.
Estos casos son la excepción. Quienes llegan a España con pocos recursos y a trabajar deben optar por otras opciones, como compartir piso con desconocidos. «Ha proliferado mucho el alquiler de habitaciones», explican desde Elche Acoge. «Muchas veces están compartiendo viviendas familias con menores, con hombres solos, con las dificultades que eso conlleva», relata Rosario Lucas. Por este tipo de alquiler, una mujer paraguaya a la que entrevistó este periódico en Roquetas de Mar (Almería) –y que prefiere no dar su nombre– paga actualmente 300 euros mensuales con gastos aparte. «La gente se aprovecha de nuestra situación y quiere que le salga gratis su alquiler, así que alquila una casa y sube el precio a todas las habitaciones», explica. «El trato [que se les da a los migrantes] no es lo que uno merece, pero como somos migrantes tenemos que callarnos, porque necesitamos el trabajo».
De todas las personas que migran a España para trabajar, las que están en la capa social más baja son aquellas que ni siquiera pueden acceder a una vivienda. Bien sea por incapacidad para pagar el alquiler o por el rechazo de los propietarios de los inmuebles a arrendarlos a personas extranjeras –sobre todo de aquellas que proceden de los países africanos–, hay quienes no tienen más opción que vivir en chabolas autoconstruidas o en infraviviendas.
Este fenómeno es bastante habitual en lugares donde las personas migrantes desarrollan trabajos agrícolas. Es el caso de Níjar (Almería), en cuyas casi 14.000 hectáreas de invernaderos trabaja buena parte del 47% de la población extranjera que reside en el municipio, según los datos del Censo de Habitantes del INE de 2023. La práctica totalidad de ellos procede de países del sur global, especialmente del continente africano. Esta cifra creció en 7,1 puntos porcentuales desde 2014, lo que hace de este, el municipio con mayor población africana de toda España.
Pero en Níjar no solo viven quienes trabajan allí, sino también quienes lo hacen en los municipios adyacentes. Según las estimaciones del Servicio Jesuita de Migrantes, actualmente viven en la localidad almeriense unas 1.600 personas en asentamientos chabolistas. De acuerdo a un informe publicado por este organismo el pasado mes de julio, otras 1.400 y 1.500 vivían en infraviviendas. Es decir, cortijos abandonados, invernaderos o almacenes. Para quienes viven en estas condiciones, el empadronamiento y, por tanto, el acceso a trámites y ayudas resulta casi imposible. Ello, pese a que las Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal del 2015 apuntalaron el empadronamiento de oficio.
Empadronamiento de oficio
La norma que regula las bases del empadronamiento en España es la ley 7/1985, en cuyo artículo 15 establece que el derecho al empadronamiento es obligatorio para todo el que viva en España, y que los municipios deben ofrecer esta posibilidad. Daniel Izuzquiza, coordinador de la delegación de Almería del Servicio Jesuita de Migrantes, asegura que este mandato se cumple a duras penas. Según la experiencia del jesuita, desde 2023 es más sencillo en los asentamientos chabolistas. Antes de esa fecha «ni lo intentaba», lo cual «generaba un gran mercado negro de compraventa de padrones o de gente que buscaba algún amigo que le permitiera empadronarse en su casa».
Esto «distorsionaba la realidad del municipio».
La situación es mucho más complicada para quienes residen en infraviviendas. En estos casos, el Gobierno municipal ha establecido un procedimiento que, de facto, impide el empadronamiento –y por tanto, el acceso a recursos públicos– de quienes viven en esta situación. Debido a que las infraviviendas suelen encontrarse en propiedades de particulares –como un invernadero o una caseta de herramientas– el dueño debe personarse en el Ayuntamiento para autorizar a la persona que vive en su propiedad para que pida el empadronamiento en ella. En la práctica, explica Izuzquiza, esto impide el empadronamiento.
Este tipo de escollos burocráticos toman diferentes formas en función del territorio. Pero, como confirma Elche Acoge gracias a la información que les llega de otras delegaciones de su red de acogida, se reproducen en todos los territorios. El objetivo, sospechan, es recortar el gasto social a través de dificultar el acceso a los recursos de quienes trabajan en España procedentes del extranjero.
Metodología
Público ha analizado la evolución de la población extranjera en los municipios de más de 10.000 habitantes de España entre 2014 y 2023. Esta información se ha puesto en relación con la población de nacionalidad española censada en cada uno de estos municipios.
Además, se han revisado las variaciones del gasto municipal destinado a servicios sociales en 2014 y 2023, disponible en el código de función consolidado 23 de los presupuestos liquidados para cada uno de esos años, recopilados por el Ministerio de Hacienda. En concreto, se han analizado los cuatro capítulos más relevantes de esta partida, ya que constituyen su grueso y aparecen de forma más o menos constante cada año. Estos son: el Capítulo I. Gasto de personal; el Capítulo II. Bienes corrientes y servicios (donde se incluye la prestación de servicios externos); el Capítulo IV. Transferencias corrientes (donde se integran las subvenciones, entre otras cuestiones); y el Capítulo VI. Inversiones reales (como la adquisición de material).
Para hacer estas cantidades comparables y ajustarlas al valor del dinero actual, se han actualizado según la inflación de agosto de 2025, último dato disponible en el momento del análisis. Esta información también se ha cruzado con la ratio de médicos de cabecera por municipio, disponible en la base de datos del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
Por último, se han visitado los municipios de Rojales y Almoradí (Alicante), Adeje y Granadilla de Abona (isla de Tenerife) y Roquetas de Mar y Níjar (Almería). La elección de estas localidades se realizó teniendo en cuenta variables como el porcentaje de población extranjera, la procedencia (para abarcar países del norte y del sur global) y la renta media (para observar la situación en municipios con mayor y menor renta).
Para este trabajo, se han considerado países del norte global a Canadá, Estados Unidos, el norte, occidente, centro y sur de Europa, Rusia y otros países de Europa y Oceanía. Por contraposición, se han considerado países del sur global a México y los del centro y sur del continente americano, así como los países de África, del este de Europa, Oriente Medio, la India y China. Esta clasificación es una generalización basada en la llamada «línea Brandt», elaborada en 1980 por el entonces canciller de la Alemania Occidental, Willy Brandt, que diferenciaba entre los países del mundo con alto desarrollo económico y los que no lo tenían. Aunque desactualizada y con excepciones, esta clasificación también refleja las divisiones raciales y de influencia cultural de una parte del mundo sobre otra.
Este reportaje forma parte de la investigaciónLandscapes of Change, coordinada por el medio maltésAmphora Mediay desarrollada gracias al apoyo deJournalism Fund Europe.
Si tienes cualquier duda sobre esta investigación nos puedes escribir a investigacionydatos@publico.es.
A pocos días de que se cumpla un año desde la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, que cobró las vidas de 229 valencianos y valencianas y que provocó daños materiales incalculables (la zona afectada concentra alrededor del 2,5% del PIB estatal), la protesta ciudadana para reclamar la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat y que asuma las consecuentes responsabilidades políticas no pierde fuelle.
València ha vivido la doceava manifestación convocada por la Plataforma Mazón Dimissió, que agrupa a los movimientos sociales del País Valencià, unas doscientas entidades cívicas y sociales, pero también la mayoría de los sindicatos valencianos, así como las asociaciones de víctimas y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. Los partidos políticos del ámbito progresista también han apoyado con su presencia y participación la manifestación, pero sin formar parte de la plataforma convocante, por voluntad expresa de todas las partes.
La manifestación, encabezada por las asociaciones de víctimas, estaba convocada para las 18.00 horas en la céntrica plaza de Sant Agustí, pero, media hora después, los manifestantes seguían el espacio hasta la Estació del Nord sin que la cabecera hubiera empezado a caminar. Por delante de ellos, dos columnas: una de agricultores con media docena de tractores y otra de bomberos, que han servido para visualizar el agradecimiento hacia dichos colectivos por la ayuda prestada durante la DANA. Al paso de los bomberos, la gente coreaba el lema de «¡Más bomberos y menos toreros¡».
En este sentido, se daba la casualidad —o la causalidad— que, mientras las calles de València vivían una nueva manifestación multitudinaria, À Punt emitía una corrida de toros de 1997, dentro de un espacio titulado Corridas míticas.
Una pancarta contra Carlos Mazón este sábado.
Abriendo la marcha reivindicativa, los tabals y las dolçaines interpretaban Processó de la memòria, como en otras movilizaciones, y se alzaban algunas muixarangues (torres humanas tradicionales valencianas).
Previamente, por la mañana, la Associació de Víctimes de la DANA – 29 d’octubre ha realizado un acto de homenaje a las víctimas y sus familiares en el Teatro Olympia de València, del que se han ocupado sus ochocientas butacas. El acto ha contado con testimonios de familiares, que relataban sus vivencias e incluso sus últimas palabras con sus allegados.
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Asimismo, el homenaje ha contado con la participación de representantes de varios colectivos —sanitarios, docentes, bomberos, artes escénicas, agricultores, etc—, como muestra de solidaridad y agradecimiento, y con la música de Pau Alabajos, Miquel Gil y Eva Romero.
Manifestación ciudadana en València este sábado.
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También Beatriz Garrote, presidenta de la AVM3J, la asociación de víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006 en València, ha tomado la palabra para mostrar su solidaridad con las víctimas de la DANA y ofrecerles su apoyo.
Con este acto, desde las asociaciones de víctimas se ha destacado que se quería «dedicar todo el cariño a las víctimas y a sus familiares que no han tenido por parte del gobierno de la Generalitat». Al final, en el escenario se ha desplegado una pancarta con el lema «I ara totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la!» [¡Y ahora levantemos todas la voz por quien ya no puede levantarla!] que, más tarde, ha usado la misma asociación durante la manifestación.
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Así pues, la protesta ha vuelto a las calles de València, después de desplegarse por los pueblos afectados de la zona sur durante los meses de verano. La última vez, había sido en mayo, como colofón de la jornada de huelga general en el País Valencià por la DANA que habían convocado sindicatos como Intersindical, CGT, CNT o COS, así como el Acord Social Valencià y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción.
Imagen de la manifestación en València este sábado.
A la espera de contrastar las cifras ofrecidas tanto por los convocantes como por Delegación del Gobierno o la Policía Local, se puede constatar, sin embargo, que la protesta ha vuelto a un registro alto. No homologable al de la primera y la segunda convocatoria de noviembre de 2024, que tuvieron lugar entre dos semanas y un mes después de la tragedia y que marcaron un hito histórico, pero sí, sin duda, a la movilización de la huelga general de mayo.
De la misma manera, la convocatoria también ha vuelto a recorrer las calles de Alacant, donde ha partido de la escalinata del IES Jorge Juan, y donde también ha recuperado la presencia urbana y un nivel de participación homologable al que hubo el mayo pasado, durante la huelga general.
Para la manifestación que marcaba el año después, la movilización de la Plataforma Mazón Dimissió ha recuperado pulso en la calle. En este sentido, en la historia reciente del País Valencià es inédito que una protesta mantenga un nivel de movilización similar y continuado en el tiempo durante todo un año. Zahia Guidoum, portavoz de la plataforma Decidim, una de las entidades convocantes, resumía esta sensación negando que la protesta hubiera vuelto a resurgir, porque «el pueblo valenciano la ha mantenido siempre, no la ha abandonado».
Asistentes a la manifestación en València este sábado.
Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA – 29 d’octubre de 2024, ha pedido, en este sentido, que «el pueblo valenciano nos continúe acompañando en la demanda de verdad, justicia y reparación». Gradolí ha sintetizado sus reivindicaciones de la siguiente manera: «Queremos que se asuman las responsabilidades políticas y Mazón y su Consell se vaya a su casa: no nos dieron seguridad el 29 de octubre de 2024 y, un año después, siguen sin dárnosla».
La convocatoria de la Plataforma Mazón Dimissió por el año de la DANA se había trasladado al sábado anterior para evitar coincidir con el funeral de Estado que se celebrará el mismo miércoles, 29 de octubre, en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Ahora bien, la jornada no estará tampoco libre de marchas reivindicativas, puesto que el Acord Social Valencià ha convocado una por los pueblos afectados del sur. La movilización ciudadana por la DANA, por lo tanto, sigue viva en todos los ámbitos un año después.
L’Horta Sud de València todavía desprende un olor extraño. El
ambiente hace meses que no es el de antes. Los vecinos se han acostumbrado al
ruido, también a la presencia de cámaras de televisión. Y, sobre todo, al
miedo. «La sensación que tuvimos aquel día vuelve a nuestra cabeza cada vez que
caen cuatro gotas. No lo podemos olvidar», reconoce una habitante de Catarroja.
El paisaje tampoco pasa desapercibido. Los restos de caliza se mezclan con el
brillo de las puertas y los escaparates que han conseguido revivir. Las
matrículas de los coches empiezan casi todas por la letra M. Las huellas color
terracota todavía saludan desde alguna pared. Y las obras del alcantarillado se
pierden entre los escombros que todavía no han sido retirados. El telón de
fondo lo ponen las pintadas. Gràcies. El poble salva al poble. Mazón a presó.
Y como hilo conductor, lo único que -inevitablemente- queda fuera de la
reconstrucción: las víctimas mortales.
José. Francisco. Eva. Andrés. Jorge. Mónica. Javier. Lorenza. Sara. Miguel. Y así hasta llegar a 229. «Si tuviéramos que hacer un minuto de
silencio por cada uno de ellos, estaríamos tres horas y cuarenta y nueve
minutos callados«, deslizan desde las asociaciones de víctimas y afectados. «Llevamos
un año sufriendo abandono institucional y maltrato institucional por parte de
la Generalitat Valenciana. No hemos podido tener un duelo en condiciones, para
eso necesitamos que se haga justicia. La negligencia aquí es política: no son
muertos, han sido asesinados», lamenta la pareja de un transportista fallecido. Elisabeth y Paco son las dos únicas personas que siguen desaparecidas doce
meses después de la catástrofe, doce meses después de que la huerta valenciana se
convirtiera en «un escenario de guerra», doce meses después de que decenas de
vecinos muriesen ahogados antes de escuchar el pitido de las alertas.
Ver vídeo
Los municipios afectados por la DANA, un año después de la catástrofe.
«Este año ha sido difícil. No podemos olvidar que 229
personas perdieron la vida. El miedo sigue en la piel de los vecinos. No
podemos olvidar el rugido del agua cuando pasaba, aquel silencio sepulcral en
las calles», recuerda José Cabanes, alcalde de Sedaví. Las riadas truncaron el
futuro de nueve hombres y mujeres en esta pequeña localidad de l’Horta Sud de
València. «No lo vamos a olvidar nunca», insiste. Lo mismo apunta Lorena
Silvent, alcaldesa de Catarroja. «El municipio quedó completamente devastado,
pero lo peor son las pérdidas humanas«. Esta es una reflexión prácticamente
unánime. Los daños físicos son irreparables. Los materiales han empezado a ser
intervenidos, no ahora, sino hace «ocho, nueve o diez meses», eso sí, «todo
avanza mucho más lento de lo que nos gustaría«. Es algo en lo que coinciden
casi todos los vecinos y regidores que han hablado durante los últimos días con Público.
Paiporta es uno de los pueblos que todavía muestra más
secuelas. La zona cero de la tragedia. «Y la zona cero de la reconstrucción»,
señalan desde el Consistorio. El Barranco del Poyo atraviesa el municipio. Lo
divide en dos mitades. La DANA se llevó por delante casi todos los puentes que
conectaban las calles del norte con los barrios del sur. Paiporta tardó tres
meses en ser transitable. «La emergencia duró hasta febrero. Las labores ahora
se centran en la limpieza y la reposición del alcantarillado: todos los
desagües de la ciudad se tienen que limpiar. (…) La gente pregunta por la
reconstrucción y parece que no se ha hecho nada, pero no se tiene en cuenta que
aquí estamos viviendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Y encima, limpiando el
subsuelo que no se ve», recalca Vicent Císcar, alcalde de Paiporta.
Vicent Císcar, alcalde de Paiporta, durante una entrevista con ‘Público’.
Los vecinos de la localidad siguen «tocados», les cuesta
hablar de lo que pasó el 29 de octubre de 2024. «Es que aquí no llovió, no cayó
ni una gota, no nos lo podíamos imaginar», insisten. Paiporta ha multiplicado
por diez su presupuesto municipal para las tareas de reconstrucción, habida
cuenta de que «la dificultad administrativa es impresionante», matiza el
regidor. Esto hace que todo avance a dos velocidades. Las paredes relucientes
de los comercios y viviendas que han logrado volver a la rutina se alternan en
las calles con andamios y hormigoneras, con las marcas del fango y los carteles
de «cerrado» o «próxima apertura». La falta de mano de obra -pintores,
albañiles, fontaneros- y la subida de los precios son un hándicap con el que han
tenido que lidiar demasiados vecinos.
Esta imagen se repite en casi todas las localidades devastadas
por la DANA. Lo mismo ocurre con los límites de la burocracia y los esfuerzos
por molestar «lo mínimo posible» a los habitantes de los municipios, muchos, familiares
o amigos de alguno de los fallecidos. «Tenemos casas que reparar, comercios que
reparar, pero lo fundamental es recuperar la confianza en vivir aquí, queremos
que los vecinos sientan que es un lugar seguro y protegido ante futuras inundaciones»,
apunta Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. El Barranco de la Saleta atraviesa
esta localidad, próxima al aeropuerto de València. Los vecinos que han hablado
con este diario piden acelerar la limpieza del subsuelo y desviar el barranco
porque, apuntan, «no tiene salida» y «no podemos estar todos los inviernos así».
El Barranco de l’Horteta, a su paso por Torrent, doce meses después de la DANA.
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Las miradas también están puestas en las personas mayores y con movilidad reducida, toda vez que muchos
ascensores siguen inoperativos. «No podemos tener gente que siga prácticamente
confinada. Este es uno de los elementos más sensibles», lamenta Luján. Público ha estado en una comunidad de vecinos de Benetússer, donde el ascensor no
funcionó hasta hace dos semanas. La riada dejó tres víctimas mortales en los
garajes del edificio. «Las alertas no habían sonado cuando mi hija y mi marido bajaron
a mover los coches. El cielo estaba raro, pero no llovía. No caía ni una gota»,
cuenta Toñi García, madre y esposa de Sara y Miguel. El lodo alcanzó
los dos metros de altura en la planta baja de la comunidad: una fina línea de
color marrón todavía acaricia el techo del rellano. Y en el suelo, los buzones provisionales
que ha diseñado uno de los vecinos. El primero que llegaba a casa después de la
cartera era hasta hace poco quien se encargaba de repartir el correo.
«Los servicios psicológicos llevamos un año desbordados, acompañando
a muchas personas con ansiedad, miedo y trastornos de estrés postraumático. Y
arropando también a muchos niños. No podemos olvidarnos de ellos. Los niños son
los que peor lo han pasado: han estado sin colegio, han visto a sus padres
llorar, discutir, salir a luchar contra el barro…», relata Inma March,
psicóloga en Sedaví. El grueso de los colegios e institutos han podido arrancar
el curso con visos de normalidad. Las localidades más afectadas, eso sí, todavía
tienen alguno de sus centros en barracones y aulas prefabricadas. «Lo que
tememos es que lo que en un principio se vendió como provisional, acabe
convirtiéndose en definitivo», señala un vecino de Alfafar.
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Los barrios vulnerables, golpeados por partida doble
Las cicatrices siguen abiertas, más aún en los barrios
marginales, los barrios de quienes parece que no existen a ojos de la administración.
José Francisco Martínez Andreu lleva sesenta y siete años viviendo en Torrent.
La nave en la que almacenaba buena parte de su pasado colindaba por un lado con
el Barranco del Poyo. La DANA se llevó la infraestructura, también sus
recuerdos. «Esto sigue igual que hace un año, tienen que arreglarlo, pero tienen
que hacerlo bien. No sirve con una chapuza para que al invierno siguiente
tengamos que salir otra vez corriendo». José Francisco pudo solicitar algunas
subvenciones, pero no ha sido capaz de recuperar el terreno, tampoco los
enseres que tenía dentro de la nave. «Me llegaron a decir que lo que el
barranco se lleva, el barranco se lo queda«, recuerda.
Al otro lado de la carretera, mirando hacia el Barranco de l’Horteta,
vivía hasta hace no mucho Pepa. La distancia entre los dos desfiladeros es de dos
minutos caminando. El alcantarillado suele dar problemas en la zona, pero lo de
octubre del año pasado fue excepcional. «Estamos completamente abandonados. El
barranco sigue igual que hace un año. Lo único que hicieron fue quitar cuatro
hierbas cuando vinieron a demoler mi casa», lamenta la vecina. Pepa tenía uno
de los domicilios más afectados: el primero en una hilera de casi diez viviendas,
el primero que tocó el fango hace ahora doce meses. El Ayuntamiento de Torrent
la ha reubicado en una vivienda pública, pero fuera de la localidad, lejos de
su familia. «También me han dicho que me iban a pagar, pero no sé ni cuándo ni cuánto», continúa. Público ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa
para agendar una entrevista a lo largo de la última semana, sin haber recibido todavía
respuesta.
Jose Francisco Martínez Andreu, vecino de Torrent, desde los restos de su nave, justo encima del Barranco del Poyo.
Juan David Pinzón, vecino de Benetússer, muestra otra de las
caras más duras de la catástrofe. El joven llegó a España hace un año y medio,
es decir, seis meses antes de la DANA. «No había conseguido todavía regularizar
mi situación», reconoce en una conversación con este diario. Esta condición lo
apartó de buena parte de las ayudas económicas, también le complicó encontrar
casa y trabajo. «El empadronamiento era uno de los requisitos principales, si
no, servía con pruebas contundentes de que estabas localizado en una vivienda [de
las zonas afectadas]. Lo presentamos todo, pero nos lo denegaron«, precisa. Las
asociaciones estiman que 40.000 personas en situación irregular tenían su domicilio
en los territorios golpeados por las inundaciones.
La importancia de salir adelante en «comunidad»
El «gran problema» para todas las administraciones consultadas
por este medio es sin duda el alcantarillado, pero la senda adoptada está
demostrando, dicen, ser efectiva. «El dinero y los recursos invertidos, de
momento, han funcionado. Las alcantarillas han tragado mucho barro y muchos
trastos. El lodo quedó solidificado, tenemos zonas muy dañadas, pero las
últimas lluvias [de septiembre] han demostrado que lo que hicimos, funciona»,
explica José Cabanes, alcalde de Sedaví. Lo mismo argumentan desde otros
municipios, entre ellos, Paiporta y Catarroja. «Lo que más preocupa es lo que
menos se ve: todo lo que está en el subsuelo. El reto está en intervenirlo sin
parar la vida del municipio, hacerlo rápido, pero hacerlo bien. No se trata de
reponer los elementos dañados y dejarlos igual de mal que estaban, sino de
crear una ciudad a diez años vista, una ciudad más resiliente», apunta Lorena
Silvent, alcaldesa de Catarroja.
El paso hacia el Barranco de la Saleta, en Sedaví, un año después de las inundaciones.
Los vecinos, para llegar a ese horizonte, tienen que superar
primero «muchos miedos», limar las asperezas que ha dejado la DANA. El camino
no es fácil, pero costará menos si los esfuerzos son colectivos. «Estamos
haciendo muchas actividades comunitarias, porque consideramos que es importante
salir de esto todos juntos, fortalecer el sentimiento de comunidad. El miedo
sigue ahí. Lo vimos con las lluvias del último mes. La alerta de finales de
septiembre nos hico revivir ese día [29 de octubre], esa alerta que llegó
tarde, pero tenemos que normalizarlo. Es normal tener miedo, poco a poco iremos
trabajando y exponiéndonos para poder salir de aquí«, insiste la psicóloga Inma
March. El marrón sigue impregnando el mapa un año después de la catástrofe. Los
municipios tratan de recuperar «cierta normalidad», los comercios han vuelto a «ponerse
las pilas», pero cuesta. Y las familias, intentan que su lucha no caiga en el
olvido, confían en la justicia y cuentan los días para poder empezar a vivir su
duelo: «Las muertes eran evitables. No es una cuestión partidista, porque
víctimas tenemos de todos los partidos y de todos los colores, pero sí
política, porque la negligencia fue política. Y quien estaba al mando era Mazón».
Alquiler
Seguro tardó una década en revelar su vocación internacional. En 2017 puso un
pie en México, asociándose con la local Buró Rentas para poner en marcha el
Fichero de Inquilinos Morosos que ya tenía en España. Y un año después saltó a Miami, donde creó Enacom Capital LLC y Enacom Investment LLC, dos sociedades
limitadas. Luego llegaron Estoica Ventures LLC, Ataraxia Properties LLC y Enacom Global LLC. Aunque la aventura en Florida no fue muy duradera: terminó cinco
años después, cuando vendió las tres primeras por un euro. Carecían de «valor
histórico», según reflejó la sociedad dominante del grupo, Enacom, en las
últimas cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil.
El
consejero delegado del grupo, David Caraballo, explica a Público que
esas sociedades estaban incluidas en el plan de expansión de Alquiler Seguro, que
además de Estados Unidos incluía Portugal, donde aún siguen, a diferencia de México. «Fueron parte del business plan presentado por [el entonces presidente y
consejero delegado] Gustavo Rossi. Pero no dio el resultado esperado»,
resume. Según aparece en los registros públicos de Florida, Enacom Investment y
Enacom Capital adquirieron en 2018 y 2019 sendas viviendas en Miami.
Construidas en 2008, les costaron 275.000 y 184.000 euros, respectivamente. «Era un proyecto piloto», asegura Caraballo, «para comprar dos inmuebles,
reformarlos y ver su viabilidad». No funcionó, añade. Según dice, ese fue
además el «detonante» de la salida de Gustavo Rossi del consejo de
administración en 2022.
Y fue a Rossi a quien Alquiler Seguro vendió las cinco sociedades un año después
como parte del acuerdo que intentó cerrar la brecha abierta entonces en el
equipo gestor del grupo. Según dice la empresa a Público, se trató de un «acuerdo amistoso firmado por ambas partes». Sin embargo, la ruptura fue del todo menos pacífica.
Ésta es la novena y última entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
Rossi
y su padre, Miguel, fundaron junto con Eduardo Fresno Benítez, Sergio Luisilla Oliván
y Antonio Carroza Pacheco Alquiler Seguro en 2007. Hoy sólo Carroza sigue en la
empresa. Es su presidente y consejero delegado. Todos los anteriores trabajaban entonces como profesionales del sector inmobiliario e idearon Alquiler Seguro para
solucionar «los problemas de gestión a que se enfrentaban quienes querían poner
en alquiler una vivienda». La fórmula, rememora David Caraballo, se basaba en reducir las probabilidades de impago del inquilino en un mercado donde los propietarios «no son vocacionales, sino circunstanciales: el 90% de la cartera de Alquiler
Seguro posee sólo una vivienda, son pequeños ahorradores que no tienen tiempo ni
herramientas para seleccionar al inquilino ni para llevar la gestión».
Abrupta salida de dos fundadores
Alquiler
Seguro creció, dentro y fuera de España, hasta formar un conglomerado de una
docena de empresas que cubren todas las facetas de la gestión del alquiler,
desde los seguros hasta las reparaciones o el suministro de luz y gas. Pero el
26 de mayo de 2021 Gustavo Rossi cesó como presidente y fue sustituido por
Antonio Carroza. Un año después, el 10 de junio de 2022, Rossi y Eduardo Fresno
fueron destituidos como consejeros delegados, con su voto en contra. Antonio
Carroza y Sergi Gargallo, que había llegado a la empresa en 2015, votaron a
favor. Hasta ahí el frío relato de los hechos inscrito en el Registro Mercantil.
Porque
la batalla continuó. Pasó otro año de tensiones hasta que Rossi y Fresno vendieron
sus acciones al fondo de inversión Aurica Capital por 18 millones de euros: el
primero tenía el 45,001% del capital de Enacom y el segundo, el 4,997%. Ese 49%
constituye la participación actual de Aurica –19,704% en manos de Aurica Growth Fund
Capital IV SCR y 30,294% en las de Aurica Growth Fund IV FCR–. El otro 51% se reparte
entre Carroza –45,001%– y Gargallo –5,001%–.
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Para
llegar a ese acuerdo hizo falta la intermediación de un tercero, el despacho Filslegal, especializado en litigación y arbitraje.
A ellos acudieron Rossi y Fresno para salvaguardar sus intereses. Ambos habían
dejado de ser miembros del consejo de administración un año atrás, por lo que «desconocían
el estado de la empresa cuando Aurica y Carroza propusieron la operación»,
según explica Filslegal en su lista de casos de éxito. «Diseñamos», detalla, «un régimen de responsabilidad
que les evitara responder por contingencias desconocidas hasta la fecha». En el
esquema participó una aseguradora especializada en seguros de manifestaciones y
garantías, que protegen a un comprador o vendedor ante posibles pérdidas
económicas por incumplimientos tras la firma de un contrato, derivadas de problemas
fiscales, litigios o errores en la información sobre la empresa.
Además,
Enacom le vendió a Gustavo Rossi las sociedades de Miami, «para que las explotara
él», apunta a Público David Caraballo. Ni Rossi ni Eduardo Fresno han
contestado a los reiterados intentos de este periódico para ponerse en contacto
con ellos. Según Caraballo, medió un año entre la destitución de los dos
fundadores y la firma del acuerdo porque fue el tiempo necesario para llevar a
cabo la preceptiva due diligence, la auditoría de las cuentas y
operativa a la que se somete una empresa antes de una compra o inversión.
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De izda. a dcha., el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza; su consejero delegado, David Caraballo, y el vicepresidente, Sergi Gargallo.
Precios más bajos, un fondo controlando la gestión
Las
filiales de Enacom en Florida se vendieron por un euro, pero el valor que la
matriz había apuntado en sus cuentas a tres de ellas –Enacom Investment LLC,
Enacom LLC y Estoica Ventures– hasta 2022 ascendía a 804.267 euros. Ataraxia
Properties LLC y Enacom Global LLC no aparecen en el informe de gestión enviado
al Registro Mercantil.
Todas ellas figuran ahora a nombre de Gustavo Rossi, que trasladó su residencia a Miami en 2019,
según explicó en una entrevista
publicada en julio de 2024 en Reental TV, el canal de Youtube de Reental, una
plataforma de inversión inmobiliaria que utiliza la tecnología blockchain.
Rossi, socio de Reental, también ha creado Ataraxia Holding en Florida, donde sigue
con sus «inversiones y negocios», revelaba en la entrevista, y prepara la
apertura de un restaurante.
Mientras,
Alquiler Seguro ha adaptado su gestión a las exigencias de tener un fondo de
inversión como socio. David Caraballo destaca que ha sido un «cambio radical», porque
la empresa está sometida ahora a «un control económico mucho mayor». El
consejero delegado defiende el modelo de negocio que está investigando el
Ministerio de Consumo por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos. «Somos defensores del alquiler residencial», subraya,
frente al alquiler de temporada que ha disparado los precios. Asegura que los
de sus pisos están 100 euros por debajo de la media precisamente por la «garantía» frente al impago –»y el miedo a que le destrocen la vivienda»– que, a su
juicio, Alquiler Seguro proporciona al casero. «[El propietario] Debe entender», concluye, «que es mejor si
modera el precio, porque le conviene que el alquiler sea de larga duración».
Aquí puedes leer todos los artículos de la investigación de ‘Público’
«Nos
gusta la radio». Es el motivo que exhibe el consejero delegado de Alquiler
Seguro, David Caraballo, cuando se le pregunta por qué el grupo inmobiliario lleva
desde 2017 dedicado a gestionar emisoras de radio locales. En ese año creó La Radio
Que Viene SL, que gestiona cuatro: Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén, así
como Europa FM Madrid Sur y Europa FM Jaén. Todas ellas pertenecen al grupo Atresmedia.
Según
publicó Dircomfidencial, en 2024 Alquiler
Seguro planeaba duplicar su línea de negocio radiofónica y gestionar una decena
de emisoras en cinco años. Pero, de momento, no ha logrado ampliar su red. La
Radio Que Viene se presentó a dos concursos autonómicos para conseguir
licencias de FM, en Asturias y en Murcia. Pero no le fue adjudicada ninguna. El
primero, de diciembre de 2023, concedió cinco licencias y fue recurrido ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la COPE, que consideraba «arbitraria» la resolución de la Consejería de Ciencia del Principado que le dejó sin
emisoras. El segundo otorgó 51 licencias el pasado mes de abril, pero ninguna a
La Radio Que Viene, pese a que pujó por 20 de ellas. Todas fueron excluidas
porque no garantizaban ni la financiación e ingresos de la emisora, su viabilidad
económica, ni las condiciones económicas de los trabajadores.
Ésta es la octava entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
La
filial radiofónica de Alquiler Seguro es propiedad de Enacom, la matriz del
grupo, en un 75%. El otro 25% pertenece a Florencio Torres Arroba, un profesional
de larga experiencia en la radio local que, además de consejero delegado de La
Radio Que Viene, es director de Onda Cero Jaén y de Onda Cero Madrid Sur.
Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid.
Creada
en 2017, la empresa cuenta con una plantilla de una decena de personas. En 2024, facturó 944.845 euros, triplicando sus ingresos de 2020. Pero no tuvo
beneficios hasta 2022, cuando ganó 148.957 euros. Sin embargo, sus números del
último ejercicio han sido muy modestos: sólo se apuntó 7.733 euros de ganancias, según
figura en las últimas cuentas que ha remitido al Registro Mercantil. La Radio
Que Viene fue una de las empresas que pidió uno de los préstamos ICO durante la
pandemia, 50.000 euros que ya ha devuelto.
Agustín Bravo también en la radio de Alquiler Seguro
En
Onda Cero Madrid Sur conduce y dirige el magacín matinal, llamado Más de Uno
Madrid Sur, Agustín Bravo, que ha sido el rostro de las campañas publicitarias
de Alquiler Seguro durante años. También es el coprotagonista de Se alquila,
una obra de teatro que financia la Fundación Alquiler Seguro y lleva más de un
año en cartel en Madrid y otras ciudades de España.
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Pero
La Radio Que Viene no es la única aventura de Alquiler Seguro en el sector de
la comunicación. También funcionó brevemente Berman Comunicación y Social Media,
que en los contratos de alquiler figuraba como la responsable de ejecutar «concursos
y sorteos» en las redes sociales «exclusivos» para los clientes del grupo. Fue
liquidada en mayo de 2022. Además, contó con Iniciativas Empresariales Una Más
SLU, dedicada a prestar servicios de marketing y publicidad a través de
internet, prensa, radio y televisión, que fue extinguida en noviembre de 2023.
Aquí puedes leer todos los artículos de la investigación de ‘Público’
Alquiler
Seguro es mucho más que una inmobiliaria. En 17 años de existencia se ha
convertido en un grupo de cuyo control
no escapa ninguna faceta del negocio del alquiler. Aunque también está probando
en territorios ajenos al ladrillo, como la radio y las clínicas veterinarias. La
sociedad dominante, Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), cerró
2023 con unos ingresos de 34,23 millones de euros, de los que la
parte del león corresponde a Alquiler Seguro SA. Ese año la insignia del
grupo facturó 22,17 millones, una cifra que en 2024 aumentó un 26,3%, hasta
alcanzar los 28,01 millones de euros. Desde 2007, han crecido a su alrededor una
docena de empresas e incluso ha puesto el pie en otros tres países: Portugal,
México y Estados Unidos. Además, sostiene una fundación
con su nombre, que ha creado un Observatorio
del Alquiler para el que elaboran estudios y análisis sobre el mercado del
arrendamiento profesores de la Universidad Complutense y la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, ambas públicas.
Alquiler
Seguro fue una creación de cinco socios: Antonio Carroza, Eduardo
Fresno, Sergio Luisilla, Gustavo Rossi y su padre, Miguel Rossi, que en 2013,
cuando nació Enacom, se quedaron en tres: Antonio Carroza, Eduardo Fresno y
Gustavo Rossi. Todos ellos con experiencia previa en el mercado inmobiliario. En 2022
Fresno y Rossi abandonaron la empresa vendiendo sus participaciones al fondo de inversión Aurica. Dueño del 49%
de Enacom, el fondo tiene un puesto en el consejo de administración, donde
también se sientan Carroza –a través de su sociedad Tau Advisors United SL– y Sergi
Gargallo –a través de Active Growth Consulting SL–. Este último llegó a la
compañía en 2015.
El
grupo cuenta ahora con una plantilla de 565 empleados, de los que 452
pertenecen a Alquiler Seguro. Dan servicio, asegura la propia empresa, a más de 160.000 clientes. Y gestionan inmuebles por valor de 5.000 millones de euros.
A
los inversores reunidos en la última edición del Foro Medcap, organizado por Bolsas y Mercados
Españoles (BME) el pasado mayo, Alquiler Seguros les explicó que el grupo
trabaja en cinco áreas complementarias a la gestión inmobiliaria: consultoría
de calidad, área jurídica, tecnologías de la información, arquitectura y
reformas, y seguros.
Ésta es la séptima entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
8,5 millones de luz y gas
En
efecto, General de
Contratas y Energía,
creada en 2012, se encarga de las reparaciones y tareas de mantenimiento de los
pisos cuyo alquiler gestiona la empresa. Con una veintena de empleados, ingresó
3,5 millones de euros en 2024, un 12% por debajo de la facturación del año
anterior.
Alquiler Seguro Energía SA (AS Energy es su
marca) es la comercializadora de luz y gas del grupo desde 2021. Se publicita
como la comercializadora que «basa sus decisiones en el servicio a sus clientes
y no en los intereses de los grandes consejos de administración«. Ofrece una
tarifa llamada Mientras tanto para pagar el menor precio posible en el
recibo de la luz si el piso está vacío.
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Es
en un 90% propiedad de Alquiler Seguro. Su socio es Vita Capital Management SL,
donde figura como administrador Joaquín Corchado Quílez,
también al frente de Lasarte Gamma SL, que construye parques de energía solar y
fue adquirida por Alquiler Seguro Energía SA en julio de 2024 por 400.000 euros. Tiene tres parques
en marcha en Ciudad Real. El objetivo de la empresa es que Lasarte Gamma se
convierta en su suministrador de energía solar en el futuro, según hace constar
en sus últimas cuentas. En marzo de este año, Alquiler Seguro Energía le
concedió un préstamo de 89.000 euros: en el momento de la operación, Lasarte
Gamma acumulaba unas pérdidas de 92.043 euros.
Desde
enero de 2023, Corchado Quílez, Antonio Carroza y Sergi Gargallo comparten
consejo de administración en Branding de Energía de España, otra intermediaria
energética, que de momento se encuentra sin actividad. Además, Vita Energy Consulting, filial de Vita
Capital Management SL, ha prestado a Alquiler Seguro Energía SA servicios de asesoramiento en la compra de energía por los que le pagó 67.952 euros en 2024
y 56.276 euros en 2023.
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Alquiler
Seguro Energía SA se encuentra entre los negocios más rentables del grupo,
puesto que facturó 8,55 millones, cuadriplicando los ingresos de 2021: 6,35
millones por suministros de electricidad y 2,19 millones por los de gas. Sus
beneficios crecieron aún más: en 2024 multiplicó nada menos que por 20 los de tres
años atrás. Como curiosidad basta señalar que el ejercicio anterior ingresó
40.643 euros por comisiones pagadas por los clientes que devolvieron sus
recibos.
Seguros, asesoría jurídica, financiera
Generación Plus
es la correduría de seguros del grupo. Dice ser la «número uno en la
comercialización de seguros del hogar» en España, pero también ofrece seguros
de vida, de salud o decesos para particulares, así como seguros para empresas,
gracias a acuerdos con las principales aseguradoras del país. Con unos ingresos
de 1,5 millones en 2024, casi el triple que en 2021, multiplicó por seis sus
beneficios –367.604 euros–en esos cuatro años.
La
asesoría jurídica del grupo se llama Generación
Plus Legal e incluye abogados expertos en derecho inmobiliario y, en
especial, en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Facturó casi medio millón de
euros en 2023 con una plantilla de cinco personas. El 79% de la empresa pertenece
a Enacom, pero el 21% restante está en manos de la abogada Miriam Nasser
Mansilla y la procuradora María Ángeles López Santacruz. Su cifra de negocio está
en baja forma. Ingresó 365.918 euros en 2024, un 38,6% menos que dos años
antes.
La sede central del grupo Alquiler Seguro en Madrid.
Alquiler
Seguro también ha creado una financiera. Se llama Balquiler y concede
préstamos tanto a los caseros como a los inquilinos de los pisos que
gestiona. También promociona préstamos para pensionistas que sean dueños de
viviendas y necesiten ingresos extra para pagarse una residencia. Está
registrada como prestamista inmobiliario en el Banco de España, pero sus
adelantos de renta son considerados préstamos al consumo y no los declara en la
Central de Información de Riesgos del supervisor bancario. Los intereses que
cobra también son tan altos como los de un préstamo al consumo: del 9,75% al
16%.
Alquiler
Seguro dice que ha concedido tres millones de euros a sus caseros desde julio
de 2023, pero no facilita la cifra de los inquilinos a los que ha dado el
anticipo de un mes. Aunque asegura, preguntada por Público, que es un producto «muy
popular», que sirve para «aliviar la presión» sufrida por muchos arrendatarios
para pagar gastos. Por lo que se refiere a AS Pensión, asegura que el producto aún está «en
fase piloto».
AS Real Estate es su línea de
negocio de compraventa de inmuebles. Ayuda a propietarios y compradores a «maximizar
la rentabilidad de su inversión».
Morosos por 24,95 euros la consulta
El Fichero de Inquilinos Morosos se promociona
como el único registro nacional de morosidad de alquiler y como «la herramienta
más eficaz para evitar las incidencias de impago». Sus datos proceden de las
incidencias que trasladan profesionales inmobiliarios, propietarios
particulares y sentencias judiciales. Con ellos y usando un algoritmo
predictivo, ofrece una calificación de riesgo del candidato a inquilino. Pueden consultarlo particulares
y empresas a cambio de 24,95 euros. La entrada más reciente del blog que se
puede ver en su página web se titula Estrategias para
ayudar a propietarios a subir rentas sin perder inquilino.
Anexia Tecnologías es su filial informática.
Programación, páginas web y aplicaciones, hosting, software
personalizado… Cifra en 28.000 el número de sus clientes, porque no sólo trabaja para
Alquiler Seguro sino también para terceros. En 2023 facturó 2,31 millones
de euros, lo que más que dobló su cifra de negocio de 2019.
Mención
aparte merecen las tres
socimis creadas por el grupo: Quid Pro Quo –vendida en 2023–, Alquiler Seguro Asset Alquiler Seguro Asset
Market y Madrid Yield Rent Socimi. La primera está en fase de ampliación de
capital, con una cartera de 54 viviendas, valorada en 8,8 millones de euros, y
la segunda, aún durmiente, tendrá una especialización geográfica: se dedicará a
poner en alquiler viviendas en Madrid.
Una
socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) es
una sociedad anónima que se dedica a invertir en inmuebles –viviendas, locales,
centros comerciales– para su posterior alquiler. Debe tener un capital social
mínimo de cinco millones de euros y cotizar en bolsa. Al menos el 80% de sus
ingresos debe provenir del alquiler de inmuebles y el 80% de su patrimonio debe
estar invertido en bienes inmuebles. Creadas en España en 2009 a imitación de
las REIT (Real Estate Investment Trusts) extranjeras, los cambios introducidos
en 2012 y 2015 las pusieron de moda. Sobre todo, porque disfrutan de un régimen
fiscal favorable: no pagan impuesto de sociedades si reparten el 80% de sus
beneficios como dividendos.
La
incorporación más reciente al grupo se constituyó el pasado mes de julio. Se trata
de AS Strategic Finance, que se dedicará al alquiler y venta de locales y
viviendas, así como a la construcción de terrenos.
Expansión internacional
Además, en Portugal opera como Aluga Seguro, a través de la sociedad SWGP Proteção de
Arrendamiento e Mediação Imobiliária, Unip. Lda. Hasta 2022 estuvo en México,
donde explotó el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) bajo la marca Buró Rentas.
Y en Estados Unidos tuvo cinco sociedades, todas ellas en Miami, que terminó de
vender en 2024.
Por
el camino, Alquiler Seguro absorbió sus marcas catalana –Lloguer Seguro– y
vasca –Aloka Seguru–, también una firma publicitaria, Iniciativas Empresariales
Una Más, y liquidó otras dos sociedades: Invermax Propiedades Rentables, aunque
le sigue sirviendo de marca para ofrecer inversiones inmobiliarias a particulares,
y Berman Comunicación.
Finalmente,
el grupo también ha puesto el pie en sectores distintos al inmobiliario. Tiene
una sociedad llamada La Radio que Viene SL, a través de la cual gestiona
emisoras de radio locales, y Hospital General Veterinario
SA, una red de clínicas veterinarias en Madrid.
Aquí puedes leer todos los artículos de la investigación de ‘Público’
En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid archivó una denuncia pionera: la que presentó Podemos contra el expresidente del Gobierno José María Aznar por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP, en septiembre de 2018. Los ‘morados’ argumentaban que Aznar había incurrido en el artículo 502 del Código Penal, es decir, en un delito de falso testimonio en comisión parlamentaria, pero el tribunal no vio delito en sus declaraciones.
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Entre otras cuestiones, Podemos consideró que Aznar mintió cuando negó en varias ocasiones haber tenido relación o incluso conocer a Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, cuando este fue uno de los invitados a la boda de su hija. «Si usted quiere saber si yo tenía relación con el señor Correa la respuesta es no. Si usted me dice si yo tenía amistad con el señor Correa la respuesta es no. Si usted me dice si yo contraté al señor Correa la respuesta es no», aseveró Aznar en el trascurso de la comisión en el Congreso.
Hacía tres meses que la Audiencia Nacional había acreditado la existencia de una caja b en el PP, pero Aznar restó importancia a la que aún no era una sentencia firme, y que años después el Supremo confirmaría, provocando la moción de censura que echó a Rajoy del Gobierno. Los magistrados de la Audiencia de Madrid archivaron la denuncia de Podemos al considerar que lo que dijo Aznar en sede parlamentaria fueron «opiniones o interpretaciones» sobre una resolución judicial o un acontecimiento, «o bien carecen de relevancia para la investigación».
Causa contra Cerdán
Este lunes una jueza ha admitido a trámite la denuncia de la organización ultraderechista Hazte Oír contra Santos Cerdán por presunto falso testimonio en la comisión de investigación del Senado con el llamado caso Koldo. El que fuera hasta junio pasado secretario de Organización del PSOE negó vínculos con Koldo García, asesor del exministro Ábalos, en el presunto amaño de concursos públicos. Cerdán, que está en prisión provisional desde el pasado 30 de junio en el marco del caso Koldo, compareció el 30 de abril de 2024 y admitió que solo habría contactado con García en «dos o tres ocasiones».
Hazte Oír esperó hasta finales de junio, tras entregar el día 16 de ese mes Cerdán su acta de diputado, para presentar la denuncia por falso testimonio presuntamente cometido un año atrás, en la comisión del Senado por el caso Koldo. Y este lunes la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha decidido admitirla a trámite, justo cuando quedan diez días para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que comparecer en la misma comisión de investigación en el Senado, a petición del PP.
Para Hazte Oír, Cerdán mintió en base al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indica que hubo «reuniones constantes» entre Cerdán y García entre 2018 y 2023. El mismo informe aportado al caso Koldo también señala respecto a Cerdán su «conocimiento de las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública».
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En el caso de Aznar, mencionado más arriba, se podían confrontar las declaraciones del ex líder del PP con una sentencia judicial, la primera del caso Gürtel, que incluye unos hechos probados, pero en el caso de Santos Cerdán no existe una sentencia judicial con la que comparar sus manifestaciones, sino un informe de la UCO, que en este momento de la instrucción judicial tiene el rango de indicio, no de prueba aportada a un juicio ni mucho menos de hecho probado, según indican a este diario fuentes jurídicas.
El artículo 502.3 del Código Penal establece que comete delito de falso testimonio «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio», que será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
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Para la jueza, «un archivo en este momento procesal resultaría precipitado por los fundamentos expuestos. El compareciente ante la Comisión Parlamentaria en el Senado, Santos Cerdán León, habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado. Esa desviación resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, faltando Santos Cerdán en su testimonio cuando declaró que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023″, entre otras cuestiones.
La defensa de Cerdán indica que aún no ha recibido notificación respecto a esta causa.
El ‘caso Cospedal’
En el caso de que exista la sospecha de que algún compareciente haya mentido en una comisión de investigación del Congreso o del Senado, las Mesas de ambas cámaras pueden iniciar un procedimiento para poner en conocimiento de la Fiscalía el presunto delito de falso testimonio. Para ello siempre es necesario que la mayoría de la comisión de investigación vote a favor de activar el procedimiento. No siempre hay acuerdo.
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Pero en el caso de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, podría haberlo; y sus presuntas mentiras en la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso podrían llegar a la Fiscalía si finalmente cuando concluya esa comisión, que investiga diversos movimientos desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para neutralizar a los partidos independentistas catalanes, la mayoría de los grupos llegan a un acuerdo.
Tanto Cospedal como el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negaron la existencia de la Operación Cataluña, pese a los audios del comisario Villarejo en los que se escucha a este planificando tanto con Cospedal como con Fernández Díaz diversos extremos relacionados con dicha operación parapolicial.
La comparecencia de Rajoy
También el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy compareció en marzo de este año en dicha comisión sobre la Operación Cataluña, negando haber dado órdenes para espiar a partidos independentistas y de izquierdas. Podemos fue objeto de ese espionaje sin orden judicial por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) —la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía—, según investiga la Audiencia Nacional en estos momentos.
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Por su parte, Jorge Fernández Díaz, procesado por el caso Kitchen, que versa sobre el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del PP, llegó a apuntar a un hipotético grupo dentro de la cúpula policial, al subrayar que del Ministerio del Interior dependen «150.000 efectivos» y manifestando en su comparecencia que era imposible saber la actuación de cada uno de ellos. En cualquier caso, negó haber escuchado en el Ministerio del Interior las palabras «Operación Cataluña«.
Durante la comisión por el caso Kitchen, Fernández Díaz llegó a decir que en cinco años solo había cruzado «dos palabras» con el comisario Villarejo. «No oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo», dijo en la citada comisión. Sin embargo, meses después, fue aportado al sumario de la macrocausa Tándem un audio en el que Villarejo, el entonces DAO, Eugenio Pino, y el ministro Fernández Díaz despachaban sobre cómo hacer llegar a los juzgados varias denuncias por hechos falsos contra los expresidentes catalanes Artur Mas y Jordi Pujol.
Todo empezó en la provincia de León. En el kilómetro 8 de la carretera comarcal Ponferrada-Ourense. Bajo un viejo nogal que anuncia la entrada a Priaranza del Bierzo. Allí, fueron arrojados a una fosa los cuerpos de trece hombres. Trece hombres fusilados por su adscripción al régimen republicano. Por su defensa de los valores democráticos. Ocurrió la noche del 16 de agosto de 1936, a un mes escaso de que el golpe de Estado militar encabezado por el general Francisco Franco recorriera España de norte a sur. Trece hombres que permanecieron allí sepultados 40 años de dictadura. Y lo que es peor: 25 de democracia. Sin que se investigara su paradero. Sin que sus familias pudieran darles una sepultura digna. O tener la seguridad siquiera de qué les había ocurrido. Viviendo con miedo. Bajo la amenaza constante del olvido.
Uno de estos hombres se llamaba Emilio Silva Faba. Militante de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, y propietario de un pequeño almacén: La Preferida. El 15 de agosto, Emilio fue arrestado por las fuerzas sublevadas y conducido a los calabozos. No sobreviviría a esa noche. Tampoco volvería a ver a su familia. Ni a su mujer, Modesta, ni a ninguno de sus seis hijos. Desde entonces, su nombre y su historia parecían perdidos. Silenciados bajo el peso de la amnesia institucional que sancionó en toda España la Ley de Amnistía de 1977. El instrumento de la «reconciliación nacional» y de la «superación del pasado», se repetía incansablemente durante los años de la Transición. El instrumento de la impunidad, matizan sin miramientos las asociaciones memorialistas.
Iván Aparicio, Recuerdo y Dignidad: «La exhumación de Priaraza marcó el punto de partida del movimiento memorialista moderno»
Este martes se cumplen 25 años de una fecha que lo cambiaría todo. El 21 de octubre del año 2000, un nieto y un hijo de Emilio sacaban a la luz, por fin, los primeros restos de esa memoria enterrada. Inaugurando el camino de la reparación para las decenas de miles de desaparecidos de la dictadura. Y para sus familias. Hijos, sobrinos y nietos. Ese día empezaban los trabajos de exhumación de la fosa de los Trece de Priaranza. Unas labores de excavación e identificación en las que se implicaron familiares, arqueólogos, forenses y miembros del ayuntamiento berciano. Convirtiéndose en la primera exhumación científica de republicanos asesinados por la dictadura. Porque no solo se recuperaron los trece cuerpos. Nueve de ellos llegaron a identificarse por medio de pruebas de ADN. Y pudieron, casi 70 años después de su asesinato, descansar en paz. Al abrigo de sus familias.
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Imágenes de la exhumación de Priaranza del Bierzo (León), en la que fueron encontrados los cadáveres con signos de violencia de trece republicanos asesinados el 16 de octubre de 1936.
La exhumación de Priaranza abrió la caja de Pandora. «No fue la primera como tal. Se realizaron algunas exhumaciones clandestinas ya durante la Guerra Civil y, sobre todo, después de la Transición, a partir de los años 80», explica en conversación con PúblicoIván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad de Soria. Pero no con los mismos medios técnicos. Con una simple azada, un pico y una pala. «Por eso, la repercusión de lo que se hizo en Priaranza fue inmensa. Muchas familias constataron, por primera vez, la posibilidad de identificar esos cuerpos. De rescatar la memoria de todos esos familiares desaparecidos durante décadas«, continúa.
Ávila, Burgos, Granada, Cádiz o Albacete. La exhumación de los Trece de Priaranza comenzó a reproducirse en diferentes puntos de España. «Supuso un poco el punto de partida del movimiento memorialista moderno», señala Aparicio. Así como el nacimiento de la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida por el nieto y tocayo de ese primer identificado, Emilio Silva. Una asociación en torno a la que se aglutinan, hasta el día de hoy, las familias de muchos de los todavía más de 100.000 desaparecidos a manos de la dictadura.
Herederos de un trauma
Del asesinato de Priaranza hace ya 90 años. Una vida. De su exhumación, 25. Un cuarto de siglo. Mirando hacia atrás, asociaciones y familiares coinciden: hemos avanzado, pero no tanto como deberíamos. «En nuestras cunetas, debajo de nuestros huertos y en sitios de toda España, siguen los cuerpos de miles de personas que un día fueron arrancadas salvajemente de sus casas y de sus familias«, apunta el propio Silva. «Yo he tenido la suerte, entre comillas, de conseguir el dato para localizar el lugar donde estaba mi abuelo, pero hay muchísima gente que sigue sin saber nada», denuncia el presidente de la ARMH. O que intuye dónde pueden encontrarse sus familiares, pero no dispone del apoyo y de los recursos para hacer algo al respecto. «Es intolerable que esto ocurra en una democracia».
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Toca ofrecer soluciones. Empezando por un marco normativo más ambicioso, a la altura de las circunstancias. Cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática del año 2022. «Algunas cosas se están haciendo bien», concede Aparicio. El reconocimiento de muchas víctimas y de lugares de memoria democrática; la retirada y resignificación de importantes símbolos de la dictadura, como el Valle de los Caídos; o el impulso en formas de subvenciones de las tareas de exhumación, enumera el activista.
Eso sí, se hacen despacio y a medias. «El tema de las exhumaciones es un caso evidente. El dinero que nos llega es algo mayor sí, pero insuficiente para financiar la excavación del enorme número de fosas -más de 6.000- que hay repartidas por España. Y sobre todo lo que viene después: la identificación genética de todas y cada una de las víctimas», desarrolla el presidente de Recuerdo y Dignidad. ¿El resultado? Las asociaciones compiten entre sí para obtener financiación. Obligadas a elegir, al mismo tiempo, en qué proyectos se comprometen y cuáles siguen posponiendo. «No hay víctimas de primera y de segunda. Deberíamos poder atender a todas por igual». Y hasta el final. Porque no se trata solo de averiguar sus nombres. «Trabajamos para saber quiénes eran y qué les ocurrió», asegura el activista soriano. Para, una vez localizadas sus familias, poder ofrecerles una historia. Saldando con ellas una deuda histórica.
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Para Aparicio, ese es otro de los problemas: se delega demasiada responsabilidad en las asociaciones. «El Estado debería encargarse en primera persona de las tareas de exhumación. No limitarse a conceder recursos para que las desarrollen terceros», critica el activista soriano. «Se podrían crear, por ejemplo, una serie de equipos arqueológicos dentro de la UME que colaboraran en la apertura de fosas. Este modelo no es nuevo. Se ha implementado ya en países como Bosnia», asegura el presidente de Recuerdo y Dignidad. Con buenos resultados: mayor eficacia y rapidez.
Memorial de las más de 300 víctimas de la fosa de Villanueva de la Serena, en Badajoz.
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Ahí está la principal amenaza: el paso del tiempo. «El duelo de las desapariciones de la dictadura es una herida que se ha heredado de generación en generación. Y que sigue abierta», cuenta a Público Tina Merino, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona, y de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), en Badajoz. Aún así, advierte la también historiadora, cada vez quedan menos personas que presenciaran aquella época. Que puedan recordar la localización de las fosas o los nombres de los desaparecidos de cada localidad. «Se está empezando a morir ya la generación de los nietos, con miles de desaparecidos todavía a nuestras espaldas», insiste Merino. «O nos ponemos las pilas, o muy pronto la mayoría de identificaciones genéticas van resultar directamente imposibles», se lamenta la activista.
De los 8.900 cuerpos recuperados en el primer Plan Cuatrienal impulsado por Memoria, solo se han identificado 70.
De ahí la reivindicación central de las asociaciones: el prometido banco de ADN. Un proyecto que el Ministerio de Memoria Democrática tiene pendiente desde que adquiriera el software Bonaparte para desarrollarlo en septiembre de 2023. «Hay otras cosas que se pueden ir haciendo, pero el banco de muestras de familiares habría que concretarlo ya. Cuanto más esperemos, menos muestras vamos a poder recoger y menos desaparecidos vamos a ser capaces de identificar», subraya Merino. Un banco que, para el presidente de la asociación memorialista soriana, no solo debe actuar como reservorio de esas muestras: «Que realice además las comparaciones y pruebas genéticas pertinentes, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses». Porque sí, el último Plan Cuatrienal de Exhumaciones impulsado por el ministerio se ha saldado con 300 actuaciones y la extracción de unos 8.900 desaparecidos. Pero con solo 70 identificados.
Los frentes de la lucha por la memoria no terminan ahí. La educación es otra de nuestras grandes carencias. «Debería incluirse la historia contemporánea de España en el currículo de los colegios como una asignatura específica. No como el capítulo final del temario», critica Merino. Un vacío que llenan desde hace años las escuelas de memoria, talleres impulsados por las propias asociaciones memorialistas. Con la colaboración de historiadores, investigadores y testigos de la época. Una última petición: la creación de una oficina de atención a las víctimas de la dictadura. «Cincuenta años de democracia y las víctimas y sus familiares siguen sin recibir el cuidado y la atención que merecerían del Estado», denuncia Silva. «Con una verdad recortada, sin justicia y sin reparación, las garantías de no repetición, que son el fundamento de la memoria histórica y de la construcción de la democracia, están inevitablemente en peligro».
Sus abuelos emigraron a Venezuela después de la Guerra Civil. «Los nativos sabemos lo que es la pobreza. De pequeña, mi madre tenía que bajar del pueblo en burro, aquí no había ni carreteras», relata el taxista mientras recorre la calzada que conecta Adeje (Tenerife) con la costa. No tuvo que ser fácil asfaltar los caminos abiertos sobre la roca volcánica. Pero en los años sesenta, la pujante industria turística del franquismo arribó con fuerza a la isla y la convirtió en el destino perfecto para las clases medias del norte de Europa. Esa carretera, razona el taxista, es una prueba más de cómo el turismo ha mejorado la vida de los adejeros.
El vehículo se abre paso entre hoteles, descampados con grúas y pequeños centros comerciales con indicaciones en inglés. Esa zona del pueblo es para los turistas. Los autóctonos y las personas migrantes, principalmente italianos, acuden a ella para transportarlos, servirles sangría y hacer sus camas. «No cabemos más, ni gente de fuera ni turistas. Esto es una isla, no puedes construirla entera y no crece más», masculla de pronto el taxista. ¿Dónde notan los vecinos de Adeje los efectos negativos de esta superpoblación? El taxista balbucea. Pide que le repitan la pregunta. Lo que sigue es una madeja de frases sueltas sobre la permisividad en las fronteras y la falta de integración de los migrantes. «Hay una saturación de los recursos», afirma sucintamente como conclusión.
Contrastar esta hipótesis, tantas veces repetida en barras de bar, platós de televisión y mítines políticos, ha sido el objetivo de la investigación periodística transnacional Landscape of change (Entorno cambiante), liderada por Amphora Media (Malta), financiada por Journalism Fundy en la que ha participado Público. Para ello, este periódico ha analizado la evolución de la población extranjera en los municipios españoles con más de 10.000 habitantes entre 2014 y 2023, así como la inversión municipal en servicios sociales entre ese mismo periodo. Además, se ha estudiado la ratio de pacientes por sanitarios y de alumnos por aulas en las zonas con mayor concentración de población extranjera. Público se ha desplazado hasta algunos de estos lugares para conocer su realidad de primera mano.
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El resultado de esta investigación ha ratificado que el incremento de población extranjera en algunos municipios no siempre ha venido acompañado de una mejora o aumento de los recursos y servicios públicos por parte de las administraciones competentes. Este fenómeno destaca en aquellos lugares donde la mayoría de los extranjeros provienen de países empobrecidos, lo que hace que los habitantes de dichos municipios –sean autóctonos o migrantes– se vean obligados a competir por dichos recursos.
Adeje, el pueblo del que tuvo que migrar la familia del taxista, es ejemplo de ello. El municipio tinerfeño es uno de los que tiene mayor porcentaje de población migrante de España. De los 50.523 habitantes que según el INE había censados en enero de 2023, prácticamente la mitad (un 48,4%), eran de nacionalidad extranjera. En su mayoría, italianos e ingleses. Esto supone un punto porcentual más que en 2014. Al igual que la población, en este periodo ha crecido la recaudación de impuestos, que pasó de 2.130 euros por persona a 2.185 en el mismo periodo, según los datos del Ministerio de Hacienda. Casi 300 euros por encima de la media nacional en 2023.
El Ayuntamiento de Adeje, en manos del PSOE desde 1987, ha invertido una parte de estas ganancias en su partida municipal de servicios sociales, destinada a la orientación de personas vulnerables, actividades socioeducativas, dependencia, acceso a recursos adaptados o gestión de ayudas económicas de emergencia. En 2023, el consistorio gastó una media de 116,5 euros por habitante en esta partida, 30 euros más que hace diez años si se tiene en cuenta la inflación. Adeje también cuenta con una ratio de alumnos por aula que, según los datos aportados por el Gobierno local -entre 24 y 26 en secundaria y 20 en infantil y primaria- se ajusta a las exigencias marcadas por el Gobierno autonómico, actualmente en manos de Coalición Canaria.
Entonces, ¿dónde nota el taxista la falta de recursos? El coche avanza despacio a lo largo de una carretera colapsada. «En el alquiler», explica tras unos segundos de silencio. Sus precios, asegura, están «por las nubes». Los movimientos por el derecho a la vivienda de la isla llevan años denunciando que este fenómeno es consecuencia de la presión turística que hay sobre la isla y del auge del alquiler vacacional. El concejal de Presidencia y Planificación de Adeje, Manuel Luis Méndez, en conversación con Público, asume que esto genera «indudablemente» problemas con la vivienda. «En los últimos 10 años hemos perdido un 18% de camas hoteleras», explica. «Sin embargo, el alquiler vacacional se ha disparado un 200%», apuntilla Ezequiel Borges, director de Comunicación del consistorio. Méndez señala como responsable de esta situación al Gobierno autonómico y al reglamento de vivienda vacacional actual.
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Si se tienen en cuenta los datos de Idealista de agosto de 2025, el precio del metro cuadrado en Adeje ha experimentado un importante incremento en los últimos dos años, elevándose un 15% en la venta y un 23% en el alquiler. El coste medio del metro cuadrado en el primer caso alcanzó este verano los 19,8 euros de media, mientras que el de venta rondó los 4.471 euros por metro cuadrado. Ambos superaron la media nacional en aquel momento, establecida en 14,5 y 2.498 euros respectivamente.
El taxista también se queja de que los servicios sanitarios están saturados. Cuenta a este periódico que hace unas semanas tuvo que acudir junto a su hijo al centro de salud y que tardaron en atenderlo. Tenerife cuenta con tres hospitales públicos, que se encuentran al norte de la isla, y siete privados o concertados. En el sur de la isla sólo hay dos hospitales. El Quirón Costa Adeje, privado, y el Hospital Sur, público, pero que aún no se encuentra a pleno rendimiento. Además, la zona sur de la isla cuenta con un centro de salud y «un pequeño dispensario», describe Ezequiel Borges. Esto hace que la presión poblacional sobre los sanitarios públicos sea mucho mayor que en otras zonas de España.
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Según los datos del Servicio de Información sobre Atención Primaria (SIAP) del Ministerio de Sanidad, la media de población asignada a cada médico de familia en Canarias en 2023 era de 1.438 personas. Sin embargo, en Adeje, la ratio se eleva a 1.923 personas por médico en el centro de salud y a 2.045 en lo que Borges denominaba «dispensario», de acuerdo a los datos del propio Ayuntamiento.
«Sanitariamente estamos deficitarios, pero no es una competencia nuestra», explica a este periódico Manuel Luis Méndez. El edil explica que llevan años esperando a que el Gobierno autonómico avance en la construcción de un nuevo centro de salud en la zona que «solventaría un poco la saturación que puede tener este». Por el momento, según ha podido comprobar este periódico, no existen avances en esta cuestión.
El intercambio de acusaciones entre las distintas capas de la administración pública es algo habitual en cualquier municipio de España, confirman a Público varias fuentes consultadas durante esta investigación. Justamente en los límites de este reparto burocrático de responsabilidades –en ocasiones en manos de partidos ideológicamente opuestos– es donde se producen los mayores desajustes entre el crecimiento de la población y los servicios públicos que se ponen a su disposición. Mientras en Adeje dichas limitaciones se evidencian especialmente en la sobrecarga del sistema público de salud, en El Ejido (Almería) se muestra en la desinversión en los servicios sociales del Ayuntamiento –especialmente en la escasez de trabajadores de este sector–, mientras que en otros, como Elche (Alicante), se percibe en los recortes en servicios adaptativos como aulas de aprendizaje del castellano para migrantes arabeparlantes.
Además, sobre todos los municipios, especialmente en los más turísticos como Adeje, también planea la sombra de la especulación inmobiliaria, que dificulta el acceso a una vivienda digna especialmente entre los más vulnerables. Landscape of change ha podido identificar que la dificultad de acceder a un recurso habitacional y, por tanto, para empadronarse, es una de las principales barreras que encuentran las personas extranjeras para acceder a los recursos públicos.
La escasez de recursos -generada por los recortes o por la falta de inversiones en lo público por parte de las administraciones competentes en cada caso- pone en jaque la convivencia de los vecinos de estos municipios. El taxista de Adeje, como nieto de quienes una vez tuvieron que emigrar para buscar un futuro mejor, dice entender las razones que llevan a otros a querer emigrar a Tenerife. Pero los recursos públicos, insiste, «deben ser para los de aquí en primer lugar». Su demanda parte de la premisa de que quienes provienen del extranjero aportan menos de lo que reciben. Sin embargo, como ha podido comprobar este periódico en base al análisis de la recaudación de impuestos municipales y a las consultas a expertos, esta afirmación no es cierta. O, al menos, no se puede extrapolar a toda España.
Menos manos donde más falta hacen
No existe una correlación proporcional entre el crecimiento de la población general o extranjera y el incremento de las partidas destinadas a servicios sociales. Así, mientras en algunos municipios, como Adeje, Teulada o l’Alfás del Pi (ambos en Alicante), aumentan la inversión municipal en servicios sociales por encima del crecimiento de la población extranjera censada, en otros municipios, como Rojales (Alicante) o Manilva (Málaga), la inversión disminuye. Que ocurra una cosa o la contraria depende de la formación política al frente del consistorio.
A la hora de estudiar las oscilaciones del gasto municipal en servicios sociales se debe tener en cuenta que una parte importante de ellas tienen como destino las prestaciones a la dependencia, tal y como ha indicado a este periódico Manuel Fuentes Jiménez, director de la Asociación Directivos y Gerentes en Servicios Sociales. «Si te fijas en los municipios de Andalucía verás que muchos de los que han incrementado las partidas en servicios sociales es porque han aumentado el gasto en dependencia», asegura el experto.
A día de hoy no es posible saber a través de los datos del Ministerio de Hacienda qué porcentaje de estas inversiones están destinadas a la población general o las personas migrantes en particular. Fuentes Jiménez explica que esto se debe a la reforma de la administración local de 2013 del entonces ministro de Economía, Cristóbal Montoro (PP), que entre otras medidas impidió identificar el objeto final de las partidas presupuestarias municipales.
Aún así, observar la fluctuación de estas inversiones en comparación con su población migrante permite observar cómo se comportan los gobiernos locales en relación al gasto social, que por lo general suele estar destinado a la población más vulnerable, entre la que se encuentran los extranjeros de clase trabajadora que provienen del sur global.
Una buena forma de medir el interés de un consistorio en procurar ayuda a su población es mediante el gasto que hace en trabajadores del sector social, como personal administrativo, orientadores o trabajadores sociales. Este gasto se recoge en los capítulos I y II de la partida en servicios sociales de un Ayuntamiento. El primero hace referencia, principalmente, a los salarios de los trabajadores públicos, mientras que el segundo aglutina el gasto en organizaciones privadas y sus empleados.
De media, la inversión de los municipios de más de 10.000 habitantes en el primer capítulo fue de 57,6 euros por persona en 2023, mientras que en lo privado alcanzó el doble, unos 103,2 euros. La comparación de gasto en estos dos capítulos también permite estudiar el grado de subcontratación –privatización– que un Ayuntamiento hace de sus servicios sociales.
Por lo general, la tendencia en el año 2023 era invertir menos en personal de servicios sociales conforme mayor era la población extranjera. Especialmente, en los casos en los que dicha población procedía de países empobrecidos, como Europa del este, Latinoamérica o el continente africano. Es decir, que allí donde más manos hacían falta, menos disposición municipal había para contratarla. De hecho, en cuatro de los cinco municipios con mayor porcentaje de vecinos de origen extranjero y pobre los gobiernos locales recortaron los salarios de profesionales de los servicios sociales.
De estos cinco, solo Moguer y Níjar –el único que incrementó este gasto– superaron la media de 57 euros de inversión en salarios públicos. Por el contrario, el municipio que menos gasto hizo en esta partida fue Salt (Girona), gobernado por ERC, que pasó de los 7,6 euros de 2014 a los 2,4 en 2023, según los datos de Hacienda.
Entre los lugares en los que la inversión local en servicios sociales es muy baja destacan aquellos en los que la crispación social ha sido explotada por formaciones xenófobas y nacionalistas. Ejemplo de ello es El Ejido (Almería), donde en 2019, y de la mano del PP, Vox entró por primera vez en un gobierno. El municipio agrícola es uno de los que más población extranjera tiene censada y que en 2023 suponía un 32% de sus vecinos. La mayoría de ellos eran africanos.
En Torre-Pacheco (Murcia), en cambio, la tensión social desembocó el pasado verano en disturbios xenófobos contra la población de origen extranjero. En 2023, esta suponía el 29,6% de todo el pueblo y, de nuevo, era mayoritariamente africana. Aquel año, el consistorio invirtió 42,3 euros por vecino en los salarios públicos de los servicios sociales y otros 26,90 euros en organizaciones privadas para que prestaran dichos servicios. Ambas cantidades están por debajo de la media del resto de municipios españoles.
En otros casos, como Elche (Alicante), pese a que la inversión municipal se incrementó en 2023 y se aproximó a la media nacional, aún estaba lejos de contar con los recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos más recientes. María Antón, activista de la Plataforma de Ayuda a los Refugiados de Elche, afirma que la situación ha empeorado desde la vuelta del PP al Gobierno en junio de aquel mismo año, esta vez de la mano de Vox.
Desde el otro lado de la Plaza de la Iglesia de La Hoya (Elche), Antón señala con el dedo una antigua torre defensiva de color azul: «Allí está la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC)«. Antes, cuenta la activista, la oficina abría de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y contaba con varios trabajadores. Ahora, en cambio, sólo abre dos días a la semana. Esto ha puesto una piedra más en el camino de quienes inician la gincana burocrática que supone regularizar su situación una vez llegan a España.
El rechazo del Gobierno local hacia la población extranjera es manifiesta. El pasado mes de septiembre, la concejala de Familia e Infancia ilicitana, Aurora Rodil (Vox), aseguró que no había recursos para atender a los menores de edad extranjeros no acompañados que debían llegar a Elche, pero tampoco «vocación» de crearlos. Mirando hacia atrás, a María Antón le parece mentira que en 2017 Elche se declarara ciudad de acogida para los refugiados.
La otra cara de esta moneda es que en los pueblos donde la mayoría de los extranjeros vienen de países con PIB altos, la inversión en servicios sociales es, por lo general, mayor. Al contrario de la creencia común, este fenómeno no es el resultado de que los extranjeros africanos, latinoamericanos o eslavos aporten menos a la economía española. De hecho, según las fuentes consultadas por Público, ocurre todo lo contrario.
El gran bulo: «Reciben más de lo que dan»
Otro taxi, otra ciudad. Esta vez el vehículo atraviesa los enormes huertos de la Vega Baja del Segura, en Alicante. La enorme oferta laboral que generan esas explotaciones agrarias ha hecho de esta zona del Mediterráneo un importante reclamo para quienes vienen a España en busca de trabajo. El taxista lo reconoce: los jóvenes autóctonos ya no quieren hacer ese trabajo. Aún así, se queja de que los de fuera hagan uso de los servicios públicos, como los hospitales. «¿Quién paga la factura? ¿Eh?», se pregunta.
Actualmente, no es difícil escuchar en los bares de España una variante de esta frase: «Los migrantes tienen más ayudas que los de aquí». Suena a frase de dúo cómico de los ochenta, pero, según una encuesta de 2024 elaborada por 40dB para Grupo Prisa, tres de cada cuatro españoles consideran que la migración satura los servicios públicos. Además, dos de cada cuatro consideraba que los migrantes recibían demasiadas ayudas públicas.
«El sistema de bienestar español es contributivo y está muy segmentado por clase», explica a este periódico el economista Juan Iglesias, profesor de la Universidad de Comillas. Sus principales partidas son las pensiones y el desempleo, a la que se suman las inversiones en educación y la sanidad pública. Desde la crisis financiera de 2008, todas ellas han sufrido recortes. Aún así, el grueso del gasto social que hace cada año el Estado va destinado a estas cuatro partidas, especialmente a las dos primeras. «La población del sur global está infrarrepresentada en las pensiones y la prestación por desempleo», explica Iglesias.
Primero, porque es una población muy joven que todavía no se ha jubilado. En segundo lugar, porque en el caso del desempleo «tiene peor trabajo, sus contribuciones son peores y reciben menos». Por lo menos, apunta el experto, la mitad que los españoles. Aún así, esta población extranjera, menor numéricamente que la que proviene de países ricos, es la que tiene «la tasa de población activa más alta», detalla Iglesias, por lo que «la contribución al Estado de bienestar es claramente mayor». «Están aportando más de lo que reciben», asegura.
Por su parte, los extranjeros que provienen del norte global, por lo general, no contribuyen tanto a las arcas públicas, explica Iglesias. Pero tampoco hacen mucho uso de las prestaciones públicas. «En un barrio con británicos y españoles no existen tantas necesidades sociales», razona Iglesias. Para empezar, son núcleos familiares que, por su edad, no vienen con hijos menores a su cargo, por lo que no suelen hacer uso de escuelas públicas. Además, en el caso de que sus hijos necesiten acudir a un colegio, «van a escuelas concertadas o privadas». También acuden a colegios públicos, añade, siempre que estos cuenten con buenas referencias.
De nuevo, la cuestión de la clase social es fundamental para comprender la complejidad del fenómeno migratorio en España. «En Tarrasa (Barcelona) hay colegios donde encuentras 101 nacionalidades diferentes. No puedes hacer un proyecto educativo potente si no lo dotas de recursos públicos», evidencia Iglesias. «Es una cuestión de clase social». Las ayudas que reciben las personas extranjeras vulnerables en España son las mismas que recibe cualquier ciudadano en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, dice Juan Iglesias, «los migrantes se han incorporado a las clases sociales más bajas». Esta población joven, de clase trabajadora, autóctona o migrante, que demanda servicios sociales, cuyas partidas son mínimas en comparación con las que suponen las pensiones o las prestaciones por desempleo.
Los partidos conservadores agitan la migración frente a los ojos de sus potenciales votantes. Describen sus defectos con pasión, hacen promesas que violan el derecho humanitario internacional y esbozan políticas de control demográfico propias de principios del siglo XX. Para encender la chispa de la indignación social enarbolan estos prejuicios, que en los últimos años han dado lugar a linchamientos y persecuciones de la población migrante. Ocurrió en Torre-Pacheco (Murcia) el pasado verano y en El Ejido (Almería) a principios de siglo
Los sondeos publicados después del verano reflejan una tendencia clara respecto a la disputa entre PP y Vox. El partido que lidera Santiago Abascal no deja de crecer y se afianza de manera estable en la tercera posición de las encuestas. Vox le roba prácticamente tres puntos a la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo. Los populares, en todo caso, continúan en la primera posición aunque con el peor resultado desde abril de 2023. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez frena su caída y se encontraría a cinco puntos del PP.
Así lo reflejan los datos del último estudio de Key Data para Público, elaborado el 16 de octubre. Como primera fuerza se mantiene el PP, con un 32,3% en intención de voto, lo que supondría 139 escaños. Supone una pérdida relevante respecto al último estudio, publicado en junio. Concretamente el partido de Feijóo pierde 2,8 puntos y 14 escaños en los últimos meses.
Estos datos indican la tendencia a la baja de Feijóo, ya que ese 32,3% es el porcentaje más bajo del PP en los sondeos desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ese mes la intención de voto de los populares era de un 31,1%. Hay que recordar que en las elecciones del 23 de julio de 2023 su resultado fue muy similar al que le otorgan los sondeos actuales. La candidatura de Feijóo consiguió un 33,1% y 137 escaños.
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«Los datos están por debajo de sus previsiones de antes del verano.
Parece que le cuesta transmitir un proyecto claro e ilusionante que impida la
fuga de votos hacia Vox, partido que no gobierna y que tiene un discurso más
radical en temas como la inmigración o el aborto», reflexiona Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
En paralelo, Vox sube con fuerza y llega al 17,1% con una proyección de 59 escaños. Supone una subida respecto al mes de junio de 2,4 puntos y 13 escaños. Se trata del quinto mes consecutivo en los que la fuerza que lidera Abascal aumenta de manera progresiva sus porcentajes de intención de voto. En mayo los sondeos le otorgaban un 13,7%.
«Las
democracias occidentales viven un momento de auge del populismo y desafección con los partidos sistémicos. Nuestro sistema de partidos, con algo
de retraso, no es ajeno a esta tendencia.
Vox
crece de forma importante», señala Álvarez.
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Para la directora técnica de Key Data, «la
polarización política, otra tendencia actual, dificulta el trasvase de votos
entre bloques». Álvarez argumenta que las personas que se situaban en el centro del espectro político
y votaban PSOE o PP, dependiendo de la gestión y las propuestas, son cada vez
menos. «Por ello el ascenso de Vox complica las expectativas del PP,
especialmente entre los votantes más jóvenes y los más receptivos a mensajes
antisistema», afirma.
Vox, recuerda Álvarez, estuvo un año sin apenas asegurar sus escaños de
julio del 2023. «Pero tras la victoria de Donald Trump ha ido ganando espacio
favorecido por el éxito global de las opciones de extrema derecha, la falta de
acierto en las propuestas del PP y la conveniencia que para determinados
sectores tiene el crecimiento de los de Abascal», añade al respecto. En este contexto, la suma de PP y Vox en una hipotética investidura alcanzaría una cifra más que suficiente con 198 escaños (la mayoría absoluta está en 176).
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Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data.
El PSOE resiste
En cuanto al PSOE, el partido que lidera Pedro Sánchez se recupera ligeramente respecto al anterior estudio. En julio, con las primeras encuestas publicadas tras el caso Cerdán, que desembocó en el encarcelamiento del ex secretario de Organización socialista, obtenían un 26,3% en estimación de voto y 108 escaños. Este mes de octubre suben un punto, hasta el 27,3%, lo que supondría 111 escaños.
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«El PSOE sigue haciendo gala de fortaleza«, destaca Álvarez. En todo caso mantiene una cifra insuficiente para formar gobierno con sus habituales aliados parlamentarios debido principalmente a la pujanza de Vox y al descenso de Sumar.
El espacio de Yolanda Díaz, socios de coalición de los socialistas, se queda en un 6,2% y tan solo 9 escaños. Unas cifras que reflejan un retroceso respecto al anterior estudio de Key Data. En julio las encuestas predecían un 6,6% y 10 diputados en el Congreso. En las elecciones de 2023, donde Podemos se presentó en la misma candidatura, Sumar llegó a 31 escaños gracias al 12,3% del voto.
La fuerza morada liderada por Ione Belarra, ya consolidada como ajena a Sumar, también muestra un ligero descenso. El estudio de Key Data señala que tendrían un 4,2% y 3 escaños. Son 0,4 puntos menos que en julio y un representante menos. En conjunto, la izquierda alternativa al PSOE se deja desde 2023 en estos momentos un total de 19 escaños pese a perder apenas dos puntos. Su división les penaliza en el reparto de escaños por el funcionamiento del sistema electoral.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de octubre.
Respecto al resto de partidos con representación parlamentaria, las encuestas apenas reflejan variaciones de relevancia. La sexta fuerza es ERC con 7 escaños, los mismos que tiene en la actualidad. El porcentaje de voto, 1,8, se mantiene estable desde el mes de julio.
El agitador y actual eurodiputado Alvise Pérez anunció hace unos días que se presentará a las próximas generales con su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF). Pese a que experimenta una ligera subida en intención de voto, pasando del 1,4% al 1,6%, los sondeos no le otorgan representación parlamentaria.
Junts per Catalunya tendría un 1,5% y 6 escaños, uno menos que los obtenidos en 2023. EH Bildu mantiene sus resultados electorales de hace dos años, con un 1,4% y otros 6 diputados. Por su parte, el PNV podría subir un escaño y pasar de los 5 actuales a los 6. Una situación similar a la del BNG, que podría alcanzar los 2 diputados en el Congreso.
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría 496.888 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP y más de
273.000 llegarían a los populares desde la abstención. Por su parte, habría más de 1.065.000 de antiguos votantes del PP que optarían ahora por Vox y solo alrededor de 203.000 que seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El
déficit de viviendas –más de 500.000, según el Banco de España– y la cada vez
mayor demanda de pisos para arrendar, con la consiguiente subida histórica de
las rentas, hacen del alquiler un suculento negocio. Tanto como para que Alquiler
Seguro, un grupo dedicado, en principio, a la gestión de los arrendamientos, decida convertirse en propietario. Lo hizo ya en 2016, cuando creó su primera
socimi, Quid Pro Quo Alquiler Seguro, que comenzó a cotizar en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) dos años después. Pero la empresa que ahora preside
Antonio Carroza ha llegado a tener hasta tres de estos vehículos de inversión
colectiva inmobiliaria, un sector vigoroso en España, el país europeo con más
socimis: 156 cotizan en los diferentes mercados –continuo, BME Growth y BME
Scaleup, Euronext y Portfolio–.
Una socimi es un tipo de sociedad que invierte en inmuebles urbanos para alquilarlos. No paga impuesto de sociedades, aunque sí debe tributar –un 19%– por sus dividendos. Y está obligada a salir a Bolsa.
El
negocio está atomizado –en Reino Unido cotizan sólo 42 de estas sociedades,
llamadas REIT, aunque su tamaño es mucho mayor–, pero ofrece una rentabilidad
lo bastante tentadora como para atraer a Luka Modric y Luis Enrique –Telco
Building– o a Leo Messi –Edificio Rostower–. Además, el sector se ha probado
inmune al anuncio –no cumplido– del Gobierno de cambiar su ventajoso régimen fiscal: en lo que va de año han empezado
a cotizar en España nueve socimis más. Pero se prevé que superen la veintena. El
conjunto de las españolas suma una capitalización cercana a los 25.000 millones
de euros, según las últimas cifras publicadas por la European Public
Real Estate
(EPRA), la asociación europea de empresas cotizadas del sector inmobiliario.
Por dar una idea de cómo está configurado el mercado español, las 42 socimis
cotizadas británicas suman una capitalización de 60 millones de euros, casi
tres veces más que las 156 españolas.
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Además,
el margen de mejora es amplio, si se tiene en cuenta que sólo el 4% de las
viviendas residenciales está en manos de socimis, según el Banco de España.
Estas sociedades son parte activa en la profesionalización de un mercado que
aún acaparan los particulares, pero donde han irrumpido con fuerza las inmobiliarias.
Con Alquiler Seguro en una posición más que destacada.
Ésta es la sexta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
Quid Pro Quo,
una rentabilidad bruta del 34,3%
La
apuesta de Alquiler Seguro por convertirse en casero se sustanció en junio de 2023,
cuando vendió Quid Pro Quo a otra socimi más grande, Ktesios, por 13 millones
de euros. Consiguió una plusvalía de 636.448 euros, según apuntó en sus cuentas
del pasado ejercicio. La empresa se desprendió de la propiedad, pero retuvo la
gestión operativa –lo que en la jerga del sector se llama property management–
de la cartera de 144 viviendas que le había vendido a Ktesios y que esta
socimi, propiedad del ejecutivo colombiano Henry Noel Gallego Grajales a través
de la sociedad luxemburguesa RKS Real Estate, había traspasado a una
filial, RKS Asset Management SLU. Ese
contrato tenía inicialmente una duración de 10 años, pero fue resuelto
de forma anticipada en julio de 2024.
Quid
Pro Quo había sido todo un éxito, con una rentabilidad bruta del 34,3%, tal y
como se ocupó de destacar la empresa cuando hizo pública la venta. La
operación, además, estaba lejos de ser una retirada. Al mismo tiempo, Alquiler
Seguro anunció que lanzaba otra socimi, Alquiler Seguro Asset Management, en
principio con sólo 16 viviendas. En diciembre de 2024 empezó a cotizar en BME
Scaleup, un mercado pensado para empresas en desarrollo temprano y con un
modelo de negocio escalable.
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Para
entonces, ya se había rebautizado como Alquiler Seguro Asset Market y su
cartera había crecido hasta las 38 viviendas, valoradas en 7,2 millones de
euros. A día de hoy, es propietaria y alquila un total de 54 inmuebles, por
importe de 8,8 millones de euros, según explica la empresa a preguntas de Público.
Entre junio y agosto de este año, ha comprado 12 viviendas, por las que ha
pagado 1,02 millones de euros. La operación la ha financiado con un préstamo de
3,5 millones de euros que le ha concedido Deutsche Bank y para el que han
servido como garantía otros 37 inmuebles de la socimi.
La
tercera socimi del grupo inmobiliario se llama Madrid Yield Rent Socimi SAU, creada
en el mismo año 2024 con un capital de 60.000 euros y que aún no ha empezado a
operar. La empresa no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado
qué va a distinguir la operativa de esta socimi de la que ejecuta Alquiler
Seguro Asset Market.
Un anuncio de alquiler de viviendas en Barcelona, una de las ciudades donde más inmuebles arrienda Alquiler Seguro.
Pequeña y centrada en viviendas asequibles
Alquiler Seguro Asset Market es una socimi pequeña. Con sus 6,9 millones de euros de
capitalización está lejos de Ktesios, que cuenta con una cartera de 1.200
viviendas y cuyo valor de mercado asciende a 55 millones de euros. Mucho más lejos
aún está de los 694,6 millones de Helios Re Socimi, la antigua Lar España, que
encabeza la clasificación de BME Scaleup y se especializa en gestionar centros comerciales.
La distancia ya es sideral con GMP Property Socimi, dueño del Parque
Empresarial Castellana Norte, en Madrid, y líder de BME Growth con una
capitalización de 1.233,5 millones de euros. Pero la socimi número uno de
España es Merlin Properties, uno de los grandes del Ibex 35, que tiene un valor
de mercado de 7.633 millones de euros.
A
diferencia de las anteriores, la socimi de Alquiler Seguro se centra en «viviendas
de alquiler accesible» en zonas de gran demanda de Madrid, Barcelona, Asturias
o Murcia, así como en áreas metropolitanas como Sabadell, Hospitalet, Aranjuez,
Alcalá de Henares… Su precio medio no supera los 184.460 euros, aunque tras
revalorizarse un 38% sobre el precio de compra en dos años. De los inmuebles que
aparecen en sus cuentas de 2024, el más caro es uno situado en la calle de
Alberto Alcocer de Madrid, valorado en 591.216 euros, y el más barato, uno en
la calle Mare de Deu del Corredor, en Mataró (Barcelona), tasado en sólo 63.900
euros. Tienen una media de dos dormitorios y sus inquilinos pagan una renta media
de alquiler de 749 euros al mes, «un 32% por debajo del promedio nacional»,
asegura la empresa. Los contratos duran de media 2,9 años. Estos datos proceden
de la presentación que la inmobiliaria hizo en el Foro Medcap, organizado por
Bolsas y Mercados Españoles (BME) y que reunió a inversores europeos el pasado
mes de mayo. La socimi estaba interesada en promocionarse ante posibles
inversores porque, dos semanas antes, el consejo de administración de Alquiler
Seguro, su accionista único, había aprobado una ampliación de capital por
importe de 23,72 millones de euros. En julio, la socimi ejecutó un aumento de
capital adicional, de 1,35 millones, suscrito íntegramente por Alquiler Seguro mediante
la compensación de un crédito que le había concedido en 2023.
La
inmobiliaria no sólo es, de momento, el dueño al 100% de la socimi, sino que
también gestiona el alquiler de sus 54 viviendas, su especialidad. Alquiler
Seguro Asset Market tiene suscrito un contrato con Orange Town Asset Management
SL como gestora de su cartera, por el que le paga 33.198 euros más IVA. Y ésta,
a su vez, firmó otro contrato de property management con Alquiler
Seguro, para que le gestione «el día a día» de los inmuebles arrendados. Le
hace un descuento del 50% en sus honorarios hasta que la socimi cuente entre
sus accionistas con capital externo. Los administradores de la gestora Orange
Town Asset Management también son Antonio Carroza y Sergi Gargallo, presidente
y vicepresidente de Alquiler Seguro. Desde el pasado mes de junio, Carroza preside
la socimi, en sustitución de Gargallo, que igualmente era su consejero
delegado. En el consejo entraron entonces dos directivos del fondo de inversión
Aurica, propietario del 49% de la matriz de Alquiler Seguro, Enacom: Martín
Vargas Beato y Pablo Pérez Caldaya. Los cuatro consejeros han renunciado a sus 24.000
euros de remuneración anual hasta que la socimi reparta dividendos por primera
vez.
En
junio, además, dimitió como consejero Ramón Gayol Pintado, al que la socimi
pagó 34.000 euros para que su asesoría, AllOut Advisory, diseñara el plan
estratégico de crecimiento de la sociedad y buscara tanto nuevos socios
capitalistas como nuevas viviendas para poner en alquiler. A la firma del
contrato de asesoría, el consejo de administración había concedido a Ramón Gayol una «dispensa» de las prohibiciones que establece la Ley de Sociedades, porque de otro modo
esa transacción podía suponer un conflicto de interés.
Un algoritmo para poner precio a los alquileres
En
un informe anexo a las cuentas de 2024, la socimi explica que busca crecer comprando
viviendas en distritos y barrios considerados como prime yield, «ubicaciones
consolidadas y bien comunicadas, propias de un estrato social medio», que le
aseguren «una alta y constante generación de rentas». Y que no rechaza los inmuebles procedentes de la reestructuración bancaria ofertados por la Sareb, el banco
malo. También mira fuera de España. En concreto, ha puesto los ojos en Portugal.
Allí Alquiler Seguro funciona con la marca Aluga Seguro.
En
general, su objetivo declarado es comprar viviendas que le garanticen un 5% de
rentabilidad anual y venderlas sólo cuando la operación le reporte un mínimo
de 10.000 euros de beneficio. Para optimizar la rentabilidad, Orange Town, la
gestora de Alquiler Seguro, recurre a diversas herramientas informáticas. En su presentación a futuros inversores presume de utilizar un algoritmo
que, cruzando «de forma automática» oferta y demanda, «detecta lo que un potencial
inquilino estaría dispuesto a pagar».
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid acaba de renovar este mismo mes el
convenio de colaboración que firmó hace un año con la Fundación Alquiler Seguro
para crear el Observatorio del
Alquiler, un centro de estudios sobre el mercado del arrendamiento de
viviendas. En virtud del acuerdo, tres profesores de la URJC han publicado a lo
largo de 2025 un Barómetro del
Alquiler trimestral, un informe anual detallado y análisis
basados en los datos que les proporciona la propia fundación, así como otras
instituciones y empresas que se han adherido al Observatorio, como la Sociedad de Tasación, la socimi social Tutechô o Residelia,
una empresa de software as a service que digitaliza procesos de gestión
inmobiliaria.
Para
el nuevo año, el equipo va a cambiar: se ha quedado sólo el investigador
principal de la URJC y profesor de Economía Aplicada Fernando Pinto Hernández, y
se ha añadido el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Emilio
Martínez Gutiérrez. El resto del grupo de investigación lo integran tres
directivos de Alquiler Seguro: Alberto Alonso Sánchez, también patrono de la
fundación y director de Estrategia de la inmobiliaria; Gerardo Neistat, su director
de Comunicación, y Sergio Cardona, jefe de estudios de la empresa y director de
su filial tecnológica, Anexia.
Ésta es la quinta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
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La
colaboración con las dos universidades es del tipo estándar que permite el artículo 60 de la Ley Orgánica
del Sistema Universitario (LOSU): los profesores pueden firmar contratos
con empresas para hacer trabajos de carácter científico. La empresa paga a la
universidad a cambio de esa dedicación. Según consta en el contrato firmado por la URJC –remitido por su Portal de Transparencia–, la Fundación Alquiler Seguro se comprometió a pagar 3.000 euros y 1.500 euros más cada trimestre, más el IVA correspondiente. Es decir, un total de 10.890 euros, incluido el 21% de IVA. La universidad retiene un porcentaje de esa cuantía en concepto de gastos generales. En el presupuesto de 2024, la URJC tenía previstos unos ingresos procedentes de los contratos firmados al amparo del artículo 60 de
5,2 millones de euros. En el plan de actuación de la fundación para 2025, la cantidad consignada se ha elevado a 17.332
euros.
El Barómetro trimestral del Observatorio que muestra la presión del alquiler, el número de personas interesadas en una vivienda en un plazo de 10 días.
La Ley de Vivienda «sobreprotege» al inquilino
Alquiler
Seguro resalta que el Observatorio es un centro de estudios «independiente»,
que pertenece a la fundación, no a la empresa. Su finalidad es «ofrecer
información rigurosa», para la toma de decisiones «tanto para la fundación como para los responsables políticos y los profesionales del sector», establece el contrato con la URJC. De hecho, en la memoria de la fundación se puede leer que
la vivienda «no es sólo un bien económico, sino también un componente
fundamental del bienestar social y la estabilidad financiera de las personas y
las familias».
En
el anuario del Observatorio se han reunido algunos de los estudios publicados hasta
ahora. Desde una explicación de las políticas de vivienda de Viena –»Viena
triunfa mientras el intervencionismo del alquiler en Europa fracasa»– y un análisis
del sinhogarismo, hasta informes sobre el alquiler turístico y el esfuerzo
económico de los inquilinos –un 34,2% de sus ingresos, calcula– para pagar la
renta. El último informe, de este mismo mes, es un ranking autonómico en el que Cataluña y País Vasco figuran como los farolillos rojos con el mercado de
alquiler más desequilibrado. El Observatorio echa la culpa a la declaración
de zonas tensionadas, en la que ambas comunidades autónomas han sido «pioneras».
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En
el mismo anuario, el director de la fundación y coordinador del equipo investigador
del observatorio, Alberto Alonso, no escatima críticas a la Ley
de Vivienda. A su juicio, «ha desamparado a los inquilinos», al obligar a
las inmobiliarias a cobrar los honorarios de gestión del alquiler al casero. El
Ministerio de Consumo ha abierto expediente a Alquiler Seguro por obligar a los
arrendatarios a pagar un contrato de servicios que, en realidad, según
denuncian las organizaciones de consumidores, son los mismos honorarios que
antes les cobraba, pero camuflados. «La
nueva Ley de Vivienda«, destaca el coordinador del Observatorio, «ha venido
a perpetuar y acrecentar los miedos del propietario«, puesto que «impone una sobreprotección al inquilino«, definiendo «una relación marcadamente favorable
a este último». Para «compensar las amenazas percibidas a las que se exponen» si
quieren alquilar sus pisos, los propietarios están subiendo los precios, se
niegan a invertir en arreglarlos o los dejan vacíos, asegura Alberto Alonso.
«La empresa no nos pone ninguna presión»
El
profesor de la URJC Fernando Pinto defiende la independencia de su trabajo para
el Observatorio. «La empresa no nos pone ningún tipo de presión ni nos dice lo
que tenemos que decir», responde a Público. Los temas de los estudios, «concisos, de
cuatro o cinco páginas», se eligen entre todos los miembros del equipo. Algunos
se enfocan según los resultados del Barómetro Trimestral del Alquiler. La
inmobiliaria tampoco supervisa los informes una vez redactados. «Además», subraya, «tengo un prestigio como investigador, no hago caso a nadie, tengo mi criterio
y soy un investigador bastante estricto». «Digo lo que me dicen los datos»,
zanja.
Fernando
Pinto entiende que sus resultados puedan ser «criticables», porque los datos
con los que cuenta no son representativos del 100% del mercado –»es imposible»,
precisa–, «pero entre lo que hay, nuestro trabajo es de lo más solvente». En
concreto, cifra sus datos en un 85% de la cuota del mercado de alquiler, pero
promete «una mejora sustancial» para este año gracias a la incorporación de Residelia.
Esos datos sobre los que trabaja son los registros de Alquiler Seguro, “un track
record [historial] de más de 17 años”, explica Alberto Alonso en el
anuario, que va más allá del precio de la renta e incluye información sobre «toda
la vida del alquiler».
Pinto
resalta también que utiliza las ponderaciones de las encuestas del Instituto Nacional
de Estadística (INE) y que sus resultados no difieren de los datos y tendencias
revelados por la Encuesta
de Condiciones de Vida, por ejemplo. «Al Gobierno le sorprendían [los resultados]
al principio, pero ahora incluso utiliza nuestros datos». «También le hemos
explicado al Ministerio de Vivienda lo que hacemos», añade. «Todos los hacedores
de políticas públicas están en contacto con el Observatorio y tienen en cuenta
nuestros datos». El informe anual, establece el contrato con la URJC, añade al análisis exhaustivo del mercado del alquiler una serie de «recomendaciones estratégicas». La difusión de los estudios del Observatorio en la prensa suele ser amplia.
El
profesor de la URJC dice ser «consciente de la imagen» que tiene Alquiler
Seguro, pero recalca que el Observatorio no tiene «nada que ver» con la
empresa. «En definitiva, se trata de oferta, demanda y precios; para mí,
obviedades. Recabamos datos y hacemos análisis econométricos», resume.
Alquiler
Seguro redondeó su perfil de gran grupo inmobiliario creando en 2019 una fundación con su nombre. Apoyada en una dotación inicial de 30.000 euros, tiene
como fines no sólo «el fomento y la protección, a través del alquiler, del derecho
constitucional de disfrutar de una vivienda digna y adecuada». En concreto,
busca proteger a personas «con dificultadas de cumplir con sus obligaciones
para disponer de una vivienda digna» e incluso «sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía sobre los problemas de este colectivo». «Nuestra misión principal es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo viviendas y
medidas de apoyo que les permitan mejorar su calidad de vida», recalcan en su
última memoria. Es decir, a quienes la inmobiliaria nunca alquilaría uno de sus
pisos, ni jamás conseguirían la etiqueta de «inquilino perfecto» de cuya
búsqueda hace gala la empresa.
Del
alquiler como negocio, que ha convertido a la empresa en un caso de éxito, al
alquiler como «derecho fundamental para todos los ciudadanos sin importar su origen,
género, edad, orientación sexual, capacidad o cualquier otra característica que
los distinga».
Sus
patronos son el presidente y vicepresidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza
y Sergi Gargallo, y el director de Estrategia de la inmobiliaria, Alberto
Alonso Sánchez. Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Justicia, pero hasta el pasado septiembre no había depositado en su patronato ni
las cuentas anuales ni ningún plan de actuación, según informa el propio departamento
a preguntas de Público.
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Sí
que ha colgado en su página web la memoria de 2024 y el plan de actuación para
este año. El pasado mes de marzo aprobó un código ético y otro de buen gobierno,
donde precisa que sus líneas de actuación son dar acceso a una vivienda a personas
en riesgo de exclusión social y proporcionar «información de interés a la sociedad» a través del Observatorio del Alquiler, un centro de investigación que elabora
estudios sobre el mercado de los arrendamientos. Para cumplir con estos fines, cuenta
como fuentes de financiación, además de las subvenciones públicas y privadas,
las donaciones y aportaciones de particulares, y los ingresos derivados de «alianzas
con propietarios o entidades». De hecho, la fundación se compromete a «fomentar
la participación» de dueños de viviendas en «programas de alquiler solidario,
ofreciendo garantías y beneficios para facilitar su implicación».
Ésta es la cuarta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar la primera entrega].
Colaboración con socimis solidarias
En
2024, tuvo unos ingresos de 85.346,15 euros, de los que el 93,7% eran fondos
propios y sólo 5.394 euros procedían de donaciones. Este año, según consta en
su plan de actuación, prevé unos ingresos de 179.000 euros, de los que 175.000 corresponden
a aportaciones privadas, y 3.000 euros están etiquetados como “otro tipo de
ingresos” –los 1.000 restantes provendrán de actividades mercantiles–. Alquiler
Seguro no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado cuál es el
origen de esas aportaciones privadas.
Según
la memoria, el año pasado empleó esos 85. 346,15 euros en tramitar 72 ayudas,
que beneficiaron a 186 familias a través de siete proyectos. Uno de ellos se
basa en la «alianza estratégica» que ha firmado con dos socimis solidarias, o
socimis con fines sociales, Tutechô y Primero H.
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Con
la primera, explica la empresa, tiene un acuerdo de colaboración para erradicar
el sinhogarismo en España. La fundación ofrece «soluciones habitacionales» y «acompaña» a personas sintecho. «La fundación se esfuerza, además, en denunciar la situación
de las personas afectadas por el sinhogarismo mediante la publicación de
informes que apuestan por una decidida política social«, añade Alquiler Seguro.
Con la segunda, firmó otro acuerdo en septiembre de 2022 para «financiar los servicios
de gestión de sus inmuebles, destinados a personas sin hogar o en riesgo de exclusión
social».
El cartel de la obra de teatro ‘Se alquila’, cofinanciada por la Fundación Alquiler Seguro.
En
2024, la fundación también colaboró con la Federación Española de Bancos de Alimentos
(Fesbal) en una recogida masiva de comida de la que se beneficiaron 63
personas. Otras 19 familias disfrutaron de un «espacio multiusos» creado junto con
la Fundación Tengo Hogar. También hizo donaciones de materiales y herramientas para
los damnificados de la DANA de Valencia. Voluntarios de la fundación viajaron hasta
la frontera con Ucrania cuando fue invadida por Rusia para trasladar a España a víctimas
de la guerra. Y 75 empleados de la inmobiliaria «se involucraron de manera activa» en la compra solidaria de regalos de Reyes Magos con Mensajeros de la Paz.
‘Se alquila’, una comedia financiada por una inmobiliaria
Además,
la fundación coprodujo una obra de teatro titulada Se
alquila, una comedia «delirante» –dice su promoción– sobre un actor en paro
que pone en alquiler una de las habitaciones de su vivienda y hace pasar por un
test de seis preguntas a un candidato a compañero de piso, un hombre en la sesentena
que quiere ser pintor. Uno de los protagonistas es Agustín Bravo, presentador
de televisión que fue durante años la cara visible de las campañas de publicidad
de Alquiler Seguro. Además de aparecer en sus anuncios, cada
mes buscaba el “inquilino perfecto” entre los miles de clientes de la
inmobiliaria, y al elegido se le regalaba un mes de renta. En mayo de 2022 ofició
el acto de presentación en sociedad de la fundación, adonde acudieron la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el diputado del PP Guillermo Mariscal.
Su
antagonista en el escenario es otro presentador de televisión Andoni
Ferreño, también director de la obra. El hijo de Ferreño, Gonzalo, ha escrito
el texto y su hermano Alberto se ha encargado de los decorados. Se alquila
se ha representado en el Teatro Bellas Artes de Madrid este mes de agosto, pero además ha pasado por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid durante todo
el año y el próximo 8 de noviembre se verá en Boadilla del Monte. También ha llegado
a Algeciras (Cádiz) y San Sebastián.
Además
de cofinanciar la obra de la productora Cabaret 42 Producciones, la fundación
recaudó fondos para fines sociales vendiendo entradas de fila cero –se compra
una entrada, pero no se asiste a la representación y el importe se destina a un
fin benéfico–.
Becas y viviendas compartidas
Este
año, la fundación tenía previsto dedicar 40.600 euros al Proyecto Hogar, con
el que quiere dar «ayuda económica y material» a 10 personas «con dificultades
para pagar el alquiler», además de proporcionarles «acompañamiento social
personalizado» a través de trabajadores sociales. El Proyecto Raíces incluye una beca de estudios y clases de apoyo a 10 menores para reducir el abandono
escolar. Mi Lugar Seguro tiene presupuestados 15.000 euros para proporcionar
una vivienda de dos dormitorios a familias que necesiten desplazarse para dar
tratamiento médico a sus hijos en un hospital. El Proyecto Genera Convivencia consiste
en gestionar 30 viviendas compartidas, haciendo de intermediaria entre una
persona mayor que disponga de una habitación y un joven que la necesite. Finalmente,
la fundación planeaba volver a firmar acuerdos de colaboración con las dos
socimis sociales, Tutechô y Primero H. por importe de 42.484 euros.
Alquiler
Seguro no ha contestado a la pregunta de Público sobre si la fundación
no es un intento por mejorar su imagen, enfocada en la protección de los
propietarios a expensas de los inquilinos.
Las kufiyas volvieron a llenar las calles mientras miles de pancartas y banderas palestinas ondearon este miércoles en diferentes puntos de España para exigir una paz con garantías en la Franja de Gaza. El alto el fuego no ha frenado las movilizaciones; al contrario, los sindicatos convocantes aseguran que «la protesta es más necesaria que nunca si queremos una paz real y duradera», especialmente después de que Israel haya incumplido el acuerdo y asesinado a al menos ocho gazatíes este martes.
Las protestas se han extendido a más de 40 ciudades españolas, desde Madrid y Barcelona hasta València, Bilbao o Pamplona, entre otras.
La jornada en Catalunya ha estado marcada por incidentes desde primera hora de la mañana, con cortes en la Zona Franca y la ronda Litoral. Los Mossos d’Esquadra intervinieron con cargas para dispersar a las 7.300 personas que intentaban avanzar hacia la estación de Sants. En paralelo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona bloquearon los accesos al campus con barricadas improvisadas de contenedores. Mientras que en Girona, más de 400 manifestantes interrumpieron durante varios minutos la circulación ferroviaria al ocupar las vías de un tren convencional.
Un contenedor quemado en el que han pintado ‘free gaza’, en Barcelona.
La convocatoria fue un éxito en Barcelona donde las movilizaciones tomaron las calles en dos grandes oleadas. Al mediodía, más de 7.000 personas -en su mayoría estudiantes- marcharon desde la plaza Universitat hasta la plaza de Sants. Horas más tarde, al menos 15.000 manifestantes, según el recuento de la Guàrdia Urbana, partieron del mismo punto en dirección al Consulado de Israel, donde se concentraron rodeando la zona.
Mientras que en Madrid alrededor de 11.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a las 19.00 horas en un recorrido desde la Estación de Atocha hasta la plaza de Callao. Los cánticos de «¡Gaza aguanta, el mundo se levanta!» y «No es una guerra, es un genocidio» resonaban entre la multitud, mientras numerosas pancartas reclamaban el reconocimiento internacional del Estado palestino y el juicio a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
La manifestación en apoyo a Gaza en Madrid
«Es más importante que nunca que la movilización y la presión social continúe y que este tsunami de solidaridad que se ha levantado en todo el mundo en contra del genocidio continúe, especialmente ahora que nos están intentando vender de una forma vomitiva un acuerdo de paz que no va a traer ni paz, ni justicia, ni libertad para Palestina. Este plan de paz es una farsa, el único camino para la libertad del pueblo palestino es seguir presionando y movilizando«, denunció Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes, a Público durante la manifestación.
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La convocatoria también ha tenido un amplio seguimiento en Euskadi con cerca de 100.000 personas -52.000 manifestantes en Bilbao y en torno a 20.000 en Gasteiz y Donostia, según los sindicatos-. La huelga también ha sido un éxito en los tres campus de la Universidad del País Vasco (EHU) por parte del estudiantado, profesorado y personal administrativo con un seguimiento del 40%, según informa Cadena Ser.
En Pamplona, 10.000 personas según la Delegación del Gobierno, han participado en la manifestación convocada por los sindicatos UGT, CCOO, LAB, Steilas, CGT, Solidari, ESK e Hiru, bajo el lema «Stop genocidio. Langileok Palestinarekin» («Trabajadores con Palestina»).
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Unas 300 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se han manifestado en València y cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, han recorrido las principales calles de Valladolid para reclamar el «fin inmediato de la violencia».
Varias personas durante una manifestación a favor de Palestina, en València,
Además, este miércoles se registraron cuatro concentraciones en los alrededores del Roig Arena, donde el Valencia Basket se enfrentaba a las 20.30 horas al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. Las protestas derivaron en al menos dos personas detenidas y una manifestante herida en la cabeza, tras intentar un grupo cortar el tráfico en señal. De forma similar, varios colectivos propalestinos intentaron bloquear los accesos al Nou Congost para impedir la llegada del Hapoel Jerusalén, que se medía al Baxi Manresa en Catalunya. Ambos encuentros se disputaron finalmente sin público, siguiendo las recomendaciones de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno.
Jornada de huelga y paros
La jornada de huelga y movilizaciones, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, se extendió a trabajadores, trabajadoras y estudiantes desde la ESO en adelante, estableciéndose los servicios mínimos en transporte, sanidad y educación. Los secretarios generales de las organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han emplazado este miércoles a los trabajadores a mantener la presión para «acabar con el genocidio que ha pretendido exterminar al pueblo palestino» durante la concentración a las puertas del Hospital Niño Jesús de Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed.
«Si se ha paralizado la matanza tiene que ver con que se estaba empezando a aislar al Estado de Israel (…) No se puede ceder en la presión. Este acuerdo, que llamaría un alto al fuego y nada más, es poco más que dejar de asesinar. Ya se está incumpliendo la entrada acordada de ayuda humanitaria”, ha apuntado Sordo.
Estos sindicatos organizaron paros en los centros de trabajo en turnos de dos horas: de 2.00 a 4.00, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00, que han transcurrido con normalidad. En la redacción de Público, la plantilla ha secundado la convocatoria, participando en los paros de la mañana y la tarde y concentrándose frente al edificio en señal de apoyo a la causa palestina.
Sobre el seguimiento de la huelga general, la secretaria general de CCOO en Madrid, Paloma López, ha detallado, según recoge Europa Press, que el sindicato tiene cifras «variadas» y «la gente ha hecho paros de media hora o de dos horas». Asegurando que «sí ha habido grandísimas movilizaciones y paros en miles y miles de centros de trabajo».
CCOO y UGT denunciaron en sus concentraciones «la ocupación ilegal de territorios palestinos en Gaza y Cisjordania» y «la usurpación de bienes palestinos». Reclaman que el alto el fuego anunciado sea permanente y verificable, que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina y que la reconstrucción de Gaza se oriente a los intereses y necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera. También llaman a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, la prohibición del comercio de armas y el enjuiciamiento de todos los responsables de violaciones de derechos humanos.
El papel del movimiento estudiantil
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga de 24 horas en los institutos y universidades de 40 ciudades españolas con el objetivo de «pararlo todo para parar el genocidio» en Gaza. Según apuntan los organizadores, la huelga estudiantil ha tenido un seguimiento del 80% en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en toda España.
Los estudiantes salieron a las calles este miércoles a las 12.00 horas para protestar por el genocidio y «obligar al Gobierno a romper relaciones económicas, diplomáticas y militares con Israel». En el manifiesto leído en la protesta de Madrid -que albergó a más de 15.000 jóvenes, según los convocantes- la organización afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden «hacerles tragar con un ‘acuerdo de paz’ que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos». En esta línea, el Sindicato ha reivindicado que España debería seguir el ejemplo de Italia: «Que toda la actividad económica y educativa se paralice. Las acciones cosméticas y los paros de dos horas no sirven», añaden.
Concentración estudiantil por Palestina, frente al Ministerio de Exteriores, a 15 de octubre de 2025, en Madrid.
Durante la manifestación en Madrid, Alejandra Martínez Velasco, integrante de la Flotilla, ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que sólo la solidaridad internacional, la organización obrera, la lucha de clases o la huelga general «es lo que va a parar el genocidio en Palestina».
Representantes políticos
En el ámbito político, los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG han abandonado el pleno del Congreso para secundar los paros. Yolanda Díaz, Mónica García y Pablo Bustinduy, se manifestaron en las puertas del Congreso bajo el lema ‘Viva Palestina libre’. Asimismo, miembros del PSOE, liderados por Patxi López, se congregaron cerca del Congreso para apoyar la misma causa.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto con las diputadas Martina Velarde y Noemí Santana, participaron en la concentración en Puerta del Sol. Belarra puso en valor la importancia de estas protestas ya que, según enfatizó durante la concentración, «el alto al fuego y el intercambio de rehenes se ha producido por la fuerte movilización social y política, pero Netanyahu y Trump continúan sus planes de exterminio del pueblo de Palestina. Por eso hoy, ¡todas a la huelga! ¡Todas a la calle!».
La última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reformar el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos ha generado un importante malestar en el sector y ha generado el rechazo, no sólo de los partidos de la oposición, sino también de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
El planteamiento del departamento dirigido por Elma Saiz no es nuevo, sino que emana de la reforma que pactaron en julio de 2022 las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE), el Ejecutivo y los agentes sociales. En esa reforma se acordó que en 2032 estos trabajadores cotizarían en base a sus ingresos reales, con el objetivo, entre otros, de equiparar algunas prestaciones de las que ya disfrutan los trabajadores por cuenta ajena o asalariados (como por ejemplo acercar la prestación por cese de actividad al paro, o igualar las cuantías de las pensiones).
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En esa reforma se pactaron las cuotas previstas para el periodo 2023-2025, y se dejaron para una futura negociación las cuotas de los siguientes años (que, en teoría, se deben acercar de manera progresiva al sistema de cotización por ingresos reales que entrará en vigor, tal y como establece la reforma, en 2032).
Bajo esta premisa, el Ministerio de Seguridad Social ha diseñado una tabla de cotizaciones en la que se sube la contribución en todos los tramos, incluidos en los más bajos, lo que ha generado un importante malestar en el sector y sus organizaciones más representativas. En la actualidad, en el tramo de contribución más bajo (aquellos que tengan rendimientos netos de 670 euros), la cuota es de 200 euros (un 29,8% de los rendimientos, un porcentaje que sube en el caso de los trabajadores autónomos que tengan rendimientos menores).
Según la propuesta del Ejecutivo, el próximo año estas personas verían incrementada su cotización hasta los 217,34 euros (un 32,4% de los ingresos netos). Los cálculos ofrecidos por el Gobierno llegan hasta 2028, cuando las personas que ingresen 670 euros o menos deberían pagar una cuota de 252,10 euros, un 37,6% de sus rendimientos netos; pero si se hace el cálculo hasta el año 2031 (incrementando en 17,37 euros la cuota cada año, como plantea la propuesta), estos autónomos terminarían pagando 304,22 euros (un 45,4% de sus ingresos netos).
Las cuotas de autónomos son deducibles posteriormente en la declaración de la renta, aunque depende de cada comunidad autónoma. La modificación de las cuotas esbozada por el Gobierno cuenta con el rechazo frontal de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que la califica de «propuesta escandalosa» y de «paso atrás».
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La ministra del ramo, Elma Saiz, ha defendido este miércoles que el objetivo es el de avanzar «gradualmente» hacia la cotización por ingresos reales de los autónomos para «no pasar de cero a cien», y desde el Gobierno se defiende que es necesario modificar los tramos y aumentar las cuotas para desplegar el modelo que busca equiparar las prestaciones de los autónomos con las de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, esto no convence a UATAE, que, además, señala que perjudica a los trabajadores con menores ingresos y que no responde «ni al criterio de proporcionalidad ni al de progresividad». «No puede ser que la gente que está en el umbral del salario mínimo interprofesional en ingresos pague esto», advierten desde la organización.
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Según la propuesta de Seguridad Social, en el último tramo inferior al SMI (hasta los 1.166 euros, teniendo en cuenta que el salario mínimo en la actualidad está fijado en 1.184 euros), los autónomos pagarían una cuota en 2026 de 271,24 euros (un 23,2% de sus rendimientos netos), una cuota que se elevaría hasta los 293,71 euros en 2028 (un 25% de sus ingresos).
«La proporcionalidad no es que todos paguen más«, insisten desde UATAE, desde donde alertan de que esta reforma puede incentivar la economía sumergida y la precariedad. La propuesta también eleva las cuotas de los rendimientos más altos, que, en todo caso, siguen contribuyendo en menor proporción respecto a los más bajos (un trabajador que declare rendimientos netos de 6.000 euros en 2025 tendría una cuota de 796 euros, un 13,2% de sus ingresos; una cifra que se elevaría hasta los 1.208,73 euros en 2028, un 20% de sus ingresos netos, esto es, 17 puntos menos que una persona que tenga rendimientos por valor de 670 euros ese año).
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Esta «falta de progresividad» también ha sido señalada por la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, que, además, ha destacado que se enteró de la reforma propuesta por Saiz «por los medios»: «Lo que creemos es que hay que avanzar en una propuesta ligada a los
ingresos reales y la progresividad empiece por arriba, que aporten más los que más tienen. Esta propuesta, si es la que dicen los medios, penaliza a los que
menos ingresan», aseguró el pasado martes la vicepresidenta.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, recuerdan que la propuesta emana de la reforma pactada en 2022 para que en 2032 haya un sistema de cotización por ingresos reales. «La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión no supone una subida de cuotas, sino el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 y la obligación legal derivada del propio Real Decreto-ley. Lo que el Ministerio plantea son las nuevas aportaciones necesarias para completar la senda pactada, no un incremento de cotizaciones», defienden desde UGT.
Desde CCOO también consideran que hay «coherencia» entre lo pactado hace tres años y la propuesta del Gobierno, y recuerdan que «el Estado va a incrementar su esfuerzo en prestaciones para los trabajadores autónomos», pero también advierten de que lo esbozado por Seguridad Social «tiene margen de mejora, y es necesario encontrar fórmulas para proteger a las personas que tienen las rentas más bajas».
Saiz pidió este miércoles «tranquilidad y sosiego», y recordó que «todas las reformas del diálogo social requieren de un tiempo». También desde las organizaciones sindicales mayoritarias se apunta a que «esto no es el final de nada, es el principio de un proceso y, por lo tanto, hay mucho margen de mejora». De momento, el PP, Vox y Junts ya han anunciado que votarán en contra de esta propuesta si llega en estos términos al Congreso de los Diputados, y otros grupos (además de Sumar), la han criticado.
En el Congreso no solo se hacen leyes, se debaten políticas o se controla la actividad del Gobierno. No solo lo conforma el hemiciclo, que es lo que suele verse en la televisión. Ni lo frecuentan solo diputados, asesores, ujieres y periodistas. La Cámara Baja es un intrincado conjunto de pasillos laberínticos, despachos, salas y auditorios siempre ajetreado y continuamente sellado con la solemnidad de la institución. Es precisamente esa solemnidad la que suelen buscar las asociaciones, empresas, fundaciones, universidades y también oenegés que eligen la Cámara baja para celebrar en ella actos, jornadas temáticas o mesas redondas. De hecho, más de la mitad de los eventos celebrados en el Congreso esta legislatura han sido a solicitud de entidades que nada tienen que ver con el Parlamento.
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El número de jornadas extraparlamentarias celebradas en el Congreso de los Diputados que se han llevado a cabo en lo que llevamos de legislatura asciende a 337 hasta el 10 de octubre de 2025, según los datos oficiales que ha remitido la cámara a Público a través de una consulta al portal de Transparencia. De ellos, 174 han sido a solicitud de una o varias empresas, fundaciones, asociaciones, oenegés o entidades de la sociedad civil. Suman, en total, 184 organizaciones.
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De ellas, siete son empresas, algunas muy conocidas, y 177 son asociaciones, fundaciones, oenegés o entidades de la sociedad civil, aunque por lo menos una veintena de ellas son fundaciones derivadas de empresas que, por ende, defienden sus intereses, o colectivos empresariales que representan sectores como el turismo, el transporte, la industria o la energía.
Una de las compañías que han utilizado el Congreso de los Diputados para celebrar actos es la farmacéutica AstraZeneca, que, de acuerdo con los datos oficiales que ha podido consultar este periódico, ha realizado dos actos (diciembre de 2023 y de 2024) en conjunto con otras entidades. Además, en julio de 2024, The Lung Ambition Alliance, una iniciativa derivada de la misma farmacéutica, llevó a cabo otras jornadas en colaboración con la Asociación Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón. Otra empresa del ámbito de la sanidad y la tecnología que ha usado la Cámara Baja para un evento ha sido la multinacional estadounidense Biogen.
También lo han hecho el Grupo Metalia, una compañía márketing y comunicación especializada en defensa; el operador de telefonía móvil MasOrange, que participó de un curso dentro de un programa organizado por el Círculo de Empresarios con el que se busca que los parlamentarios adquieran conocimiento empresarial; Ilunion, que solicitó una sala para presentar un libro; Too Good to Go, que se dedica a comercializar los excedentes de supermercados y comercios de hostelería y que presentó en el Congreso un estudio precisamente sobre esa cuestión; y Cariotipo, que se define como experta en lobby y comunicación estratégica especializada en el sector farmacéutico.
Hay que puntualizar que la actividad de los lobbies es delicada en el Congreso. De hecho, actualmente hay una ley en tramitación en la Cámara para aumentar la transparencia de los grupos de interés. Además, este mismo jueves se debate de totalidad la creación de un registro de lobbies en el Congreso para rastrear su eventual influencia sobre los diputados.
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Asociaciones de carácter empresarial
De entre las asociaciones y fundaciones que también han usado el Congreso en lo que llevamos de legislatura para celebrar actos, hay un buen número que están estrechamente vinculadas a alguna empresa, o que emanan directamente de ella; o bien otras que son colectivos de empresarios o uniones de empresas del mismo sector.
Entre ellas se encuentra la asociación Multinacionales de España, que tiene asociadas grandes compañías como Amazon, Huawei, Philip Morris, ING o Accenture y trabaja para «el conocimiento de la contribución social, económica y medioambiental de las multinacionales extranjeras en España», según su propia página web. En el Congreso, solicitó un espacio para unas jornadas sobre inteligencia artificial.
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De entre la veintena de asociaciones de carácter empresarial que se han servido del Congreso de los Diputados para llevar a cabo actos se encuentran también la Confederación Española de Transporte en Autobús, la Federación Española del Vino, la Asociación Cerveceros de España, Competur (que se dedica a impulsar el sector turístico), la Asociación Española de Economía Digital (que se define como «la mayor red española de empresas de la economía digital»), la Asociación Empresarial Eólica o el Círculo de Empresarios.
También la Fundación Instituto Roche, que emana directamente de la compañía farmacéutica Roche y que se dedica a «al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible utilizando la medicina personalizada de precisión«, ha echado mano de la sede parlamentaria. El acto que celebró en la Cámara Baja en mayo de 2025 llevaba por título justo el objeto cuyo desarrollo promociona: la «Medicina Personalizada de Precisión».
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Asociaciones de perfil político, sociedad civil y oenegés
Aunque lo cierto es que el grueso de las entidades ajenas al econsistema parlamentario que más eventos, actos y jornadas realizan en el Congreso pertenecen a la sociedad civil o bien son oenegés. Algunas tienen carácter político, como la Asociación Voces Libres o la Fundación Primero de Mayo.
Otras, muchas de ellas, son asociaciones de personas con enfermedades que tratan de visibilizar su situación con el altavoz del Congreso. Algunas son la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón, la Federación Española de Diabetes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza para la Detección Temprana del Cáncer, la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón o la Confederación Autismo de España.
Por otra parte, en el listado de entidades que han utilizado el Congreso de los Diputados para eventos también aparecen oenegés y organizaciones sin ánimo de lucro como Unicef, Ecologistas en Acción, Mamás en Acción o Cives Mundi. Entre ellas se encuentra también la Asociación Tierra y Culturas, que es la entidad que más ha utilizado la Cámara Baja en esta legislatura, con una casi decena de actos a sus espaldas.
Además, sindicatos como UGT y CCOO o universidades como la de Alcalá o la de Granada también han visitado el Congreso para celebrar jornadas y seminarios.
El pasado 6 de octubre, la jueza Silvia Plaza Ballesteros, titular del Juzgado de lo
Social 17 de Madrid, rubricaba una sentencia revolucionaria en el marco del derecho laboral y daba la razón a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que había demandado a la institución y al decano de la Facultad de Matemáticas por vulnerar su derecho fundamental a la integridad moral y a la salud física y psíquica por impedirle llevar a su puesto de trabajo a su perra enferma y en un contexto de depresión de la propia profesora.
La sentencia, a la que ha podido acceder Público y que es recurrible, condena al decano, Antonio Brú, y a la Complutense al pago solidario de 15.000 euros en concepto de daños morales a la profesora, que ha estado representada legalmente por Isaac Guijarro, cofundador del bufete Olympe Abogados. Desde el despacho, se celebra el éxito final de un procedimiento que «a priori pintaba mal, pero que la contundencia de las pruebas condujo a un vuelco final».
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La mujer prestaba sus servicios como profesora e investigadora del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la
Facultad de Matemáticas de la Complutense desde el 12 de julio de 2019, y desde el principio comenzó a llevar a su perra Grey a su puesto de trabajo, como apoyo emocional por la ansiedad producida por su actividad laboral y por motivos familiares y de pareja, consta en la demanda. La mujer siguió llevando de manera sistemática a la perrita, una schnauzer mini de ocho kilos, cuando fue diagnosticada de una cardiopatía respiratoria, enfermedad mitral degenerativa crónica en fase B2, con la función sistólica mantenida y disfunción diastólica moderada, que obligaba a la profesora a estar constantemente pendiente del animal, para evitar su asfixia y darle su correspondiente medicación.
Pero un día, en enero de 2024, al entrar en su centro de trabajo descubrió un cartel en la entrada con el símbolo de «prohibido animales». Perpleja, preguntó al decano y a la gerente de la facultad, recordándoles que llevaba cuatro años llevando a la perra al despacho. La respuesta recibida fue que en aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales se consideraba adecuado prohibir la entrada de animales en la facultad.
La profesora volvió a solicitar que pudiera acudir con su perra en virtud de su estado de salud, proponiendo en correos electrónicos aportados a la causa seguir protocolos similares a los implementados en Google o Metro de Madrid, es decir, que el animal lleve bozal, no usar el ascensor y preguntar a los alumnos por alergias o miedos antes de recibirlos en tutorías. Pero el 7 de febrero de 2024 las autoridades de la facultad y de la universidad le respondieron lo mismo: que no podía entrar con la perra, ya que no está considerada oficialmente como perro de asistencia, como en los casos de las personas invidentes.
Negativa de la facultad
La gerencia esgrimió la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que indica que «salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas». Pero le informó que los centros de la Universidad Complutense son los que tienen que determinar si permiten la entrada de animales de compañía y, si la prohíben, se deberá señalizar con un distintivo visible desde el exterior. Cosa que finalmente hizo el decano.
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La situación desembocó en una baja laboral por depresión por parte de la investigadora, entre el 12 de febrero y el 9 de mayo de 2024; y en un procedimiento sancionador contra ella por parte del decano. Este alegó que «se le impuso sanción de amonestación por introducir a su mascota en la facultad, al incumplir la orden decanal que devino firme ante la falta de impugnación», como consta en la sentencia, en referencia a la orden de 6 de febrero por la que prohibió la entrada de animales al centro.
Dos faltas graves
El 18 de julio, el decano solicitó la intervención de la inspección de servicios por dos faltas graves contra la profesora: «Dicha profesora ha intentado meter a su perra a la cual se la dejó estar por un
tiempo en las dependencias de la Facultad, debido a una serie de argumentos esgrimidos
por dicha profesora, todos ellos de dudosa veracidad. Posteriormente, al intentar continuar
haciéndolo como un derecho adquirido y ante una postura intransigente de (…) decidí aplicar la legislación y prohibir expresamente la entrada del perro de la
profesora (…) Así pues, creo que, a la vista de la Ley de la CAM [Comunidad de Madrid], la profesora (…) no
puede acceder con su mascota mientras no obtenga el reconocimiento oficial como perro de
asistencia por parte de la CAM, por mucho que cuente con recomendaciones o informes
favorables de distintos estamentos de la UCM [Universidad Complutense de Madrid]», expuso el decano, según consta en la sentencia.
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A continuación, el decano reconoció en su exposición ante la inspección de servicios la existencia de informes psicológicos que aconsejaban la entrada de la perrita como medida terapéutica. «La profesora (…) ha intentado obtener el permiso de entrada del
perro por medio de diversas instancias, y alegando diferentes argumentos en el tiempo,
como se puede verificar en el informe 1: desde que su trabajo sería más provechoso con la
perra aquí, hasta la salud de la perra, pasando por diversos argumentos como el de apoyo
psicológico de ella al tener el perro cerca o que los estudiantes se sienten más cómodos
para hablar con una profesora si hay un perro en su despacho…»
En el juicio, celebrado el 18 de septiembre pasado, testificaron diversos peritos y profesionales médicos que ratificaron lo expuesto en dichos informes, una documentación solvente que conocían las autoridades de la Complutense, como dio por probado la jueza.
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Dichas autoridades «conocieron la situación de riesgo psicosocial que sufría la actora y los informes médicos y psicológicos que así lo indicaban, consecuencia de la negativa a permitirle acudir a la facultad con su perra, así como la posibilidad de evitar o reducir el riesgo psicosocial permitiéndole como medida terapéutica acudir con su mascota, pero no sólo no hicieron nada en materia preventiva, sino que incluso terminaron por ponerle una sanción», dice la jueza.
Medida terapéutica
Especialmente destacable es el informe de uno de los doctores del Gabinete de Psicología de la Complutense, firmado el 5 de febrero de 2024, al que acabó acudiendo la profesora. Este profesional tiene potestad para hacer propuesta de medidas en prevención de riesgos laborales: «Teniendo en cuenta el mayor interés, desde una perspectiva
psicológica, tanto para la trabajadora como para la U.C.M., y considerando las
recomendaciones efectuadas desde Salud Mental de Salud Madrid se considera
que la medida preventiva más apropiada, dentro del ámbito laboral, sería
facilitar el desempeño de su docencia acompañada de su mascota personal dados
los efectos terapéuticos que tiene, en la medida en que la estructura educativa lo
permita».
«Del análisis de los informes presentados, así como de los datos obtenidos, en
las entrevistas y pruebas realizadas, estimamos que en la actualidad Dña. (…) presenta una amplia y acusada sintomatología psicopatológica de
elevada intensidad, con un alto grado de hipersensibilidad y psicorreactividad
que le supone un elevado sufrimiento psíquico, de carácter persistente y
cronificado en el tiempo», concluía el profesional.
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Más informes
Uno de los informes estudiados en la universidad fue el de la psicóloga que trata a la profesora desde 2022, que indica: «A nivel personal la preocupación por su perra crece, ya que el diagnóstico requiere mucha vigilancia. La consultante presenta pensamientos intrusivos con relación a la posibilidad de que su perro fallezca, lo que la lleva a vigilar mucho las conductas de la perra con la intención de prevenir su fallecimiento. Todo esto hace muy complejo que pueda concentrarse en trabajar en la elaboración de textos de investigación (…) Al ser su principal figura de apego y proporcionarle fuertes sentimientos positivos se espera que acudir con ella al centro de trabajo favorezca un contra condicionamiento del mismo».
Proteger al trabajador
La jueza recuerda que es competencia del empleador «la obligación de evaluar y evitar riesgos, de proteger a la persona que presta sus servicios, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias (artículo 15 LPRL, de prevención de riesgos laborales), es también suya».
«La Universidad y el decano, conociendo la situación de la trabajadora (necesidad de acudir con su perra como medida para controlar su salud mental), debió evaluar y adaptar las condiciones para minimizar ese riesgo psicosocial. No hacerlo supuso una omisión de su deber de prevención», dice la jueza.
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Y destaca la magistrada que «el decano como máxima autoridad académica, tiene potestad para proponer medidas preventivas si conoce una situación de riesgo o en todo caso para proponer, coordinar, instar, informar, colaborar con el Servicio de Prevención de la UCM, para que se adopten medidas».
Y en el caso de autos, «ha quedado probado que no sólo omitió hacer ninguna propuesta o comunicar al servicio de prevención la situación de riesgo psicosocial en la que se hallaba la actora, sino que en email de fecha 18 de julio de 2024 puso en duda la veracidad de los argumentos esgrimidos por la actora y hasta su baja médica, pese a reconocer que contaba con recomendaciones o informes favorables de distintos estamentos de la UCM«, reprocha la jueza.
Vertiente psicosocial
En definitiva, la sentencia subraya que el decano obvió «en todo momento que tener la compañía de su perra en la facultad era una medida terapéutica y no una posición intransigente de la demandante».
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La sentencia indica que el decano y la universidad incumplieron la ley de prevención de riesgos laborales en la vertiente psicosocial, con vulneración del derecho a la integridad psíquica y salud de la profesora demandante. «Se incumple con lo dispuesto en los artículos 15 (integridad física y salud), 40.2 (seguridad en el trabajo) y 43 (protección de la salud), de la Constitución Española, así como con los artículos 1,3,4,7,14,15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y los artículos 3,4 y 6 del Reglamento del Servicio de Prevención.
Indemnización
Accede la magistrada a imponer la indemnizada reclamada por la profesora: «ante la gravedad de los hechos (…) haciendo caso omisivo a toda medida preventiva que comporta una falta grave de diligencia preventiva, llegando incluso a imponerle una sanción y a la existencia de un proceso de incapacidad temporal desde el 12 de febrero al 9 de mayo de 2024 considero procedente la indemnización solicitada de 15.000 euros».
Evaluación de riesgos
Una de las consecuencias más innovadoras de esta sentencia es que condena a la Universidad Complutense de Madrid para que realice en la Facultad de Ciencias Matemáticas una evaluación de riesgos psicosociales en relación a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras acudan con animales de compañía a los puestos de trabajo, «todo ello en aras a garantizar la protección (y la posibilidad de adaptación de sus puestos) de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales de tipo psicosocial». Abre así una puerta la jueza a que otras personas puedan beneficiarse de un protocolo laboral en una universidad madrileña que ahora no pone el foco en los cuidados de los animales y en el impacto en la salud mental.
Desgraciadamente, la perra Grey murió nueve meses después de que su propietaria solicitara permiso para poder seguir llevándola a la facultad. Su enfermedad de corazón no le permitió compartir la alegría de su dueña por el éxito judicial.
