El lema de la Global Progressive Mobilisation —la cumbre internacional socialista que se celebra esta semana en Barcelona— es inequívoco: el progresismo se moviliza para unirse en bloque frente al avance de la extrema derecha. Más de 3.000 personas participan entre viernes y sábado en este encuentro, que reúne a perfiles muy diversos —políticos de todos los continentes, sindicalistas, activistas e influencers— para reflexionar sobre el papel de las izquierdas en el mundo actual, el estado de la democracia y el impacto de las redes sociales en la política, entre otros asuntos.
La organización del evento, que recae principalmente en la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez, y el Partido de los Socialistas Europeos (PES), liderado por el sueco Stefan Löfven, no ha escatimado en recursos: una decena de espacios acogen el centenar de actividades programadas, junto a una gran sala alargada que albergará el sábado el acto principal del encuentro. Entre las 13:30 y las 18:00 horas, Sánchez dialogará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes ya se han encontrado este viernes en el Palau Reial de Pedralbes, y han mostrado una «gran sintonía política«, según fuentes del ejecutivo español a los medios.
Debate en el Ágora de la Global Progressive Mobilisation.
La Fira de Barcelona ha abierto sus puertas unos minutos antes de las nueve de la mañana y, a lo largo del día, el recinto se ha ido llenando. En el epicentro del espacio se ha habilitado una zona de restauración y networking para los participantes llegados de todo el mundo, así como una tienda de merchandising del PSOE y estands de partidos socialistas de otros países y fundaciones vinculadas a ellos. Con un lugar destacado, la Fundación Pablo Iglesias ha montado una exposición titulada Vigències con el objetivo de mostrar que el «legado» y la «lucha» del fundador del PSOE «están más vigentes que nunca».
El impacto de las redes en la agenda pública
Uno de los hechos más destacados del evento es la clara voluntad de conectar con las generaciones más jóvenes. Buena parte de las charlas han girado en torno al universo digital y se ha contado con la participación de creadores de contenido y comunicadores mediáticos de izquierdas como Alán Barroso (494k seguidores en Instagram), Sarah Santaolalla (251k), Carla Galeote (159k), Mikel Herrán (225k), Júlia Salander (434k) y Adriana Hest (159k), entre otros.
En unas declaraciones a Público, Galeote, abogada y activista feminista, ha señalado que esta cumbre es «muy necesaria», dado el «avance de la extrema derecha» y el riesgo de retroceder en derechos, especialmente los de las mujeres. «La izquierda no se puede permitir más disputas», ha sentenciado. En este sentido, la también activista feminista, politóloga y analista de datos Júlia Salander, ha calificado de «superpositiva» la «unión de las izquierdas», después de presenciar constantemente alianzas entre personajes «fuertes de la extrema derecha», como Javier Milei, Santiago Abascal o Giorgia Meloni.
Preguntadas por la influencia de las redes sociales en la agenda pública y la política, Galeote ha reconocido que un vídeo suyo o de otro comunicador digital «puede llegar a más gente que una comparecencia del presidente«: «Esto es una realidad que debe reconocerse. No se puede menospreciar el trabajo de los jóvenes en redes sociales. No es menor, estamos haciendo política también». Salander, por su parte, ha admitido que los influencers tienen un «rol muy concreto». «Las personas de menos de 35 años ya no miran la televisión y no leen la prensa. Los partidos e instituciones deben darse cuenta de que llegamos a un público distinto», ha añadido.
Precisamente una de las personas atraídas por las redes sociales a la Global Progressive Mobilisation este viernes ha sido Matías, un joven de 15 años que milita en las Juventudes Socialistas de L’Hospitalet de Llobregat. «Vimos que participarían líderes progresistas de todo el mundo y nos pareció muy interesante. Es importante que las izquierdas se unan porque muchos partidos están ignorando algo tan básico como los derechos humanos«, ha explicado el joven en una conversación con Público. L’Hospitalet de Llobregat ha sido un feudo socialista durante décadas, pero también figura entre las ciudadades catalanes donde Vox obtuvo un mayor apoyo en las elecciones municipales de 2023.
Multilateralismo, paz y democracia
El tablero geopolítico echa humo desde el inicio de 2026. El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el ataque de Donald Trump y Benjamin Netanyahu a Irán y la posterior escalada de la guerra en Oriente Medio, todo ello en paralelo a la guerra en curso en Ucrania y al genocidio en Gaza, han contribuido a un escenario internacional extremadamente volátil. Pero no todo es violencia y extremismo: uno de los máximos representantes de la extrema derecha europea, Viktor Orbán, perdió el fin de semana pasado las elecciones en Hungría tras 16 años de gobierno muy conservador.
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La eurodiputada socialista Leire Pajín, en una atención a los medios de comunicación, ha reconocido que, tras la derrota de Orbán, «uno de los principales obstáculos para las mayorías contundentes en la Unión Europea», se respira «más tranquilidad, más democracia y más Europa». Preguntada por Trump, la política ha asegurado que «deben ser contundentes» con el presidente estadounidense, puesto que «no respeta a nadie». «Nuestra alternativa es el multilateralismo, la paz, la democracia y las reglas del juego internacional, que son los pilares de Europa», ha concluido.
Habrá que esperar para ver qué resultados se extraen de esta gran cumbre socialista, que ha logrado convocar a líderes como el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o la presidenta honoraria de la Internacional Socialista, Isabel Allende. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también han dado su apoyo a esta iniciativa de espíritu progresista e internacional.
Ferrovial Servicios comenzó en 2020 a encargarse de hacer las reparaciones en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Ese año se le adjudicaron 40 contratos menores por un importe que rozó los 60.000 euros. Cuando en 2022, la gestora de fondos de capital riesgo española Portobello Capital adquirió el 75% de Ferrovial Servicios, ésta se convirtió en Serveo, y siguió al cargo las reparaciones del hospital madrileño, también con contratos menores, aquellos que, siendo de servicios o suministros, tienen un importe inferior a 15.000 euros sin IVA, no necesitan licitación –se adjudican a dedo– y sus requisitos de publicidad son menores que los de un procedimiento ordinario abierto. De forma que, entre 2020 y 2025, el centro sanitario público le adjudicó a la empresa ahora presidida por Ignacio Mataix 201 contratos de este tipo, por un importe total de 522.117 euros, según el análisis que ha realizado Público a partir de la información obtenida en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid y extraída por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ferrovial mantuvo un 25% del capital de Serveo hasta junio de 2024, cuando vendió esa participación a Portobello Capital, que desde entonces es su único accionista.
Este reportaje es el tercero de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público. Los dos anteriores puedes consultarlos aquí y aquí.
En esos seis años sólo aparecen catalogados como contratos de obra 20 expedientes, uno en 2021–en el que no se especifica qué obra se realizó– por importe de 30.232 euros,y otro en 2022–unos trabajos en los despachos de farmacia– adjudicado en 30.365 euros, además de 18 en 2025. Los contratos menores de obra tienen un umbral mayor que los de suministros y servicios, 40.000 euros sin IVA.La mayoría de los contratos menoresde «reparación, conservación y otras»conseguidos porServeo-Ferrovial están etiquetados como de servicios, pese a que, al menos en un caso, el objeto declarado es una «obra de adaptación del aseo en el hall para pacientes» en 2023, por importe de 4.151 euros.
Por contra, dos de los contratos de obra de 2025 son para recargar extintores, mientras que de los 11 de suministros adjudicados a Serveo ese año otros dos tienen por objeto la «ejecución de obra para reforma de centro de salud mental». Su catalogación es dudosa.
AServeotambién le encargó el hospital los trabajos de remodelación del centro sanitario Sandoval Suren 2024. En ese año Serveofacturó a Alcorcón 101.060 euros, aunque con el menor número de contratos desde 2020, sólo 18, cuandoen 2025 llegó a 55. En 2024, además, tres de los menoresfueron adjudicados por 14.999 euros cada uno, una manera poco sutil de eludir el procedimiento abierto recortando en un euro el importeestablecido como tope legal para el contrato menor. Dos de esos contratos al límitefueron para trabajos en laconsulta de enfermería y en la «consulta de técnicas», sin más precisión, del centro Sandoval Sur. En este tipo de contratos, el adjudicador no está obligado a publicar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, y a menudo la identificación del objeto es tan genérica que apenas informa de la naturaleza del servicio prestado.
El presidente ejecutivo de Serveo, Ignacio Mataix.
La fecha de los cinco contratos de Sandoval Sur
Para acondicionar el centro Sandoval Sur,de 155 metros cuadrados yubicado dentro del recinto del Hospital de Alcorcón, pero en un edificio independiente,le fueron adjudicados cinco contratos menores aServeo. Además de los dos mencionados, otros tres por importes menores, uno para trabajos de «adecuación», otro paratrabajos en la consulta médica y uno más etiquetado como «pavimento». En total, 24.963 euros que, añadidos a los dos contratos anteriores, suman54.961 euros. Según las instruccionesde la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratación pública, y los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos, hay fraccionamiento de contratos si se separa en varios expedientes una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Si los contratos, como es el caso de los referidos al centro Sandoval Sur, son «del mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación, de prestaciones dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una misma necesidad pública«, no pueden ser troceados. Es un fraude de ley que vulnera los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
Además, los cinco contratos de Sandoval Sur tienen la misma fecha, el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, el centro sanitario, especializado en la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, comenzó a funcionar en octubre de 2024, según consta en la memoria del hospital de ese año, y fue inaugurado por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, el 26 de noviembre de 2024. Es decir, los contratos fueron suscritos casi dos meses después de abrir sus puertas el centro y dos semanas después de haber sido inaugurado oficialmente. En su momento la Consejería de Sanidad publicitó que la puesta en marcha de Sandoval Sur había supuesto una inversión de 600.000 euros.
Público ha preguntado tanto a la gerencia del Hospital de Alcorcón como aServeoy Ferrovial por estos contratos, pero ninguno de los interpelados ha respondido.Serveose ha limitado a contestar que la empresa «actúa en todo momento conforme a la normativa vigente aplicable en materia de contratación pública, según la tramitación efectuada por el órgano de contratación competente». Ferrovial, por su parte,asegura que no tiene nada que ver con la gestión deServeodesde que vendió el 75% de su filial. Y el hospital repite que su actividad «se desarrolla cumpliendo la normativa vigente».
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Mala planificación, fraccionamiento de contratos
Laley configurael contrato menorcomo una figura excepcional, por cuanto carece de licitación, es una adjudicación directa, quedebe reducirse a situaciones extraordinarias, según explica laOIReScon. De ahí que no puedan utilizarse contratos menores sucesivos para cubrirnecesidades recurrentes y periódicas. Sin embargo, es lo que ocurre, por ejemplo,con las reparacionesque necesita el Hospital de Alcorcón: una necesidad recurrente que lleva años cubriendo un mismo contratista, Ferrovial-Serveo, sin haberse presentado a un concurso público. Muchos de esos contratos son por importes muy pequeños,27, 77, 167 euros… muchos otros tienen la misma fecha. Público ha preguntado a la empresa por la naturaleza de esas reparaciones, sin obtener respuesta. También le ha preguntado, sin éxito, cómo fue elegida para prestar esos servicios si en los contratos menores no hay concurso previo.
En 2020, Ferrovial Servicios se hizo con 37 contratos de reparación y conservación y tres más de «repuestos», por un total de 59.121 euros.En 2021, fueron menos, 32 contratos menores, pero por un importe mayor, 76.268 euros; la mayoría era para reparaciones, pero también obtuvotres para suministros electrónicos e «inmovilizados». En 2022, los contratos menores obtenidos por la nueva marca,Serveo,se elevan a 50, por valor de 77.924 euros, que a veces se firman en tandas –cinco o seis el mismo día–. En 2023, Serveo sólo se lleva 24 contratos menores, a cambio de 25.883 euros. En 2024, con apenas 18 contratos, factura al hospital 101.060 euros. Y en 2025 alcanza su récord, 55 contratos menores por valor de 206.457 euros.
Pero en ese último año se produce un cambio sustancial. Los contratos ya no tienen como objeto el genérico «reparaciones, conservación y otras», sino que especifican qué se repara: desde desperfectos en el autoservicio del personal y en las habitaciones de los médicos de guardia hasta todo tipo de instrumental médico. Todos ellos son etiquetados como contratos menores de servicios, aunque se trate de obras. Pero los de mayor importe son los de 11 contratos de suministros, de los que cinco tienen exactamente el mismo precio de adjudicación, 14.999 euros, apenas un euro por debajo del límite legal: uno es para suministrar bombines, otro para instalar el sistema de climatización en el área de hospitalización, uno más para instalar sistemas técnicos de soporte vital en la UCI y dos más para un sistema de «refrigeración CECAD».
Además, hay dos contratos troceados: tienen el mismo objeto, suministrar «tuberíasconválvulasdealivio enfriadoras»; el mismo importe, 9.329,6 euros cada uno, y la misma fecha, 24 de noviembre de 2025. Sumados, los importes superan los 15.000 euros.
Lo mismo ocurre con los dos contratos para ejecutar las obras dereforma del centro de salud mental. Cada uno corresponde a una fase delmismoproyecto. La primera se firmó por 14.000 euros y la segunda, por 8.895,95 euros. El total, una vez más, supera el umbral del contrato menor de suministro, que es como se catalogaron ambos expedientes pese a tratarse de obras de reforma.Tienen la misma fecha, el 25 de noviembre de 2025.
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Y otro tanto puede decirse de los tres contratos de «refrigeración CECAD» que también llevan la misma fecha: dos fueron adjudicados por 14.999 euros, para eludir el tope legal, y un tercero por2.826 euros, por lo que sumados exceden el tope del contrato menor.
Como mínimo, una gestión contractual de este tipo es síntoma de una mala planificación de una necesidad permanente. La OIReScon y las juntas consultivas de contratación, tanto la estatal como las autonómicas, recuerdan constantemente a las administraciones en sus informes que existe todo un abanico de modalidades para sustituir los contratos a dedo: el procedimiento abierto simplificado, la compra centralizada, los acuerdos marco o la división de los contratos en lotes. Cualquiera de ellas gana en transparencia, publicidad y concurrencia al contrato menor.
En transición hacia un nuevo modelo de gestión
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que elSermasle paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado su transformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios delSermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales delSermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es ModoaldoGarrido Martín.
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón adjudicó en 2022 y 2023 un volumen de contratos menores que rozó los 13.000 expedientes cada ejercicio. Pero en 2024 su número se redujo a casi una cuarta parte: 3.798, según el análisis que ha llevado a cabo Público de los contratos menores suscritos por el centro sanitario y extraídos del Portal de Transparencia por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, esa brusca caída no se tradujo en un recorte similar del dinero pagado a sus suministradores mediante este tipo de contratos. El hospital desembolsó 10,34 millones de euros, apenas un millón de euros menos que los dos años anteriores.
El motivo de esa merma en el número de expedientes fue el cambio que experimentó la gestión contractual del hospital a partir del 1 de julio de 2024.Durante los tres primeros meses de ese año el centro siguió suscribiendo contratos menores como en los ejercicios precedentes, fraccionándolos en algunos casos del mismo modo que ya le habíaafeadoen 2023 la Intervención General de la Comunidad de Madrid,y que Público ha desvelado aquí.
Este reportaje es el segundo de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público.
Porejemplo,entre enero y marzoadjudicó cuatro contratos deun mediode cultivo utilizado para congelar ovocitos y embriones,KitazatoVitrificationSolution,aBiomedicalSupply SL por un importe total de 15.720 euros.Es decir, superaban los 15.000 euros sin IVA, el umbral marcado por la ley para considerar que un contrato es menor y, por tanto, se puede adjudicar sin concurso –a dedo– y tiene menores requisitos de publicidad que uno licitado en un procedimiento abierto normal. Con Garric Médica SL suscribió ocho contratos de equipos estériles universales por valor de 22.512 euros en sólo tres meses. La factura con Nacatur 2 España SL ascendió a 18.360 euros por nueve contratos para comprar guantes de cirugía de poliisopreno estériles de diferentes tallas.
Pero,de abril a junio,el hospital no adjudicó ni un solo contrato menor. Oal menosdejó de publicarlos en la Plataforma de la Contratación. Público ha preguntado a su gerenciael motivo de este vacío trimestral, pero no ha conseguido una respuesta.
En cualquier caso, el 1 de julio de 2024, el Hospital de Alcorcón volvió a firmar contratos menores –o empezó a publicarlos de nuevo enla plataforma–. Con un cambio sustancial. Desde entonces y hasta final de año, adjudicó 79 contratos de 14.999,99 euros cada uno, y 330 de 14.999.Evitandoasí, de forma muy poco sutil, el umbral de 15.000 euros que marca la ley. Antes de esa fecha, sólo había adjudicadoun contrato de 14.990 euros y otro de 14.900 en 2023; en 2022 fueron cinco los que concedió con importes de 14.984 a 14.900 euros. En 2021 tan sólo suscribió uno de 14.990 euros.
En total, el hospital de Alcorcón adjudicó contratospor un céntimo menos del umbralquesumaban1,18 millones, y otros 4,95 millones en contratos por un euro menos del límite. Una factura de 6,13 millones en seis meses.
Este periódico también ha preguntado a la gerencia del hospital de Alcorcón por el motivo de este cambio en la gestión de los contratos menores.Sin éxito.Sólo señala que«la actividad del hospital se desarrolla cumpliendo la normativa vigente y con los objetivos de asistencia, formación e investigación que le han sido encomendados«.Perolosapretadísimosimportes de adjudicación dejan pocas dudas sobre la intención de los responsables del centro sanitario de ajustar los precios al céntimo para eludir los requisitosmás exigentesde un procedimiento abierto.
El director gerente del Hospital de Alcorcón, Modoaldo Garrido Martín.
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Nueve para Pfizer por 14.999,99 euros
A partir del 1 de julio, la mayoría de estos contratos al borde del umbral de precio pasan a tener etiquetas genéricas: «medicamentos varios», «material sanitario», «material quirúrgico», sustituyendo a las que en el primer trimestre del año designaban objetos específicos. Como las pruebas de mutación de EGFR, en cajas de seis unidades, que el hospital compró en marzo a Biocartis NV, la misma empresa con la que firmó en octubre un contrato de 14.999 euros de «material de anatomía patológica», que es para lo que se utilizan esos tests. A Dispomedis SL le adjudicó tres contratos de empapadores de celulosa y bragas pañal en febrero y marzo; en noviembre suscribió otro genérico de «material sanitario» por importe de 14.999 euros. Con Disinfor SL MCB Informática fueron siete los contratos de ratones, discos duros y cables firmados en febrero y marzo; el 1 de octubre se le dio otro de «material informático» por 14.999 euros.
Según puede verse en la plataforma, todos los contratos de 14.999,99 euros son con farmacéuticas para el suministro de medicamentos. ConPfizerel hospital firmónueve por ese importe. Y dos de 14.999 euros, que compartenobjeto: el suministro deanticuerposbiespecíficos–se utilizan para tratar cánceres de la sangre–.Y tienen la misma fecha, el 13 de septiembre.Por tanto, están troceados.Octapharmafirmó tres contratos ensólomes y medio,cada uno de ellos por 14.999,99 euros,a cambio de suministrar inmunoglobulinas al hospital. Y Sandoz consiguió otros tres con la misma etiqueta, «inmunomediadas» –un grupo de enfermedades inflamatorias, desde la artritis y la soriasis hasta el lupus–, pero en agosto y en octubre los fármacos le salieron al hospital 99 céntimos más caros que los que le vendieron en noviembre. Algo parecido le ocurrió con Santhera Pharmaceuticals, a la que Alcorcón adjudicó cinco contratos entre el 12 de julio y el 26 de agosto. Cuatro de ellos eran para que le proveyera de Vamorolone, un fármaco para la distrofia muscular de Duchenne, y uno con la etiqueta «Huérfano». El Vamorolone es un medicamento huérfano; es decir, está destinado a tratar enfermedades raras, como lo es la distrofia muscula de Duchenne. Pero, mientras los tres últimos suministros que firmó le costaron al hospital 11.000 euros, los dos primeros le salieron por 14.999 y 14.999,99 euros. Un indicio de que los precios se fijan en función del umbral que define el contrato menor.
A tenor de la intensidad con que utilizan el truco, los responsables de contratación del Hospital de Alcorcón no parecen muy preocupados por disimular que están burlando la ley.Los expertos consultados advierten de que un importe de 14.999,99 eurosdebería ser una «bandera roja» para cualquier interventor o para la Cámara de Cuentas de Madrid a la hora de fiscalizar la gestión contractual del hospital.Sostienen que alosresponsables del hospitalles resultará complicado justificar que ése es el precio de mercado de los suministros o servicios que han adjudicado por tal importe.
Diez contratos con el mismo objeto el mismo día
Además, las adjudicaciones que rozan el umbral se hicieron en serie, de forma que la suma total de los contratos menores para un mismo proveedor superaba con creces, en sólo seis meses, los 15.000 euros del límite anual. Por ejemplo, con Biospine SL suscribieron los gestores de Alcorcón, en un solo mes, un total de 14 contratos, todos de 14.999 euros, todos de implantes de columna. Y los numeraron. Diez de ellos llevan la misma fecha: 24 de octubre. Uno más el 12 de noviembre, otro el 13 de ese mes y el último, el 29 de noviembre. Con Cardiva 2 SL fueron seis los contratos de implantes de columna por importe de 14.999 euros que llevan idéntica fecha, el 24 de octubre de 2024. Otros cinco, también con ese mismo precio, se repartieron en dos de material de crioablación, dos de material sanitario y uno de prótesis vasculares.
Más ejemplos. A Zimmer Biomet Spain SLU se le adjudicaron 14 contratos de 14.999 euros entre julio y septiembre de 2024: cinco de prótesis de cadera, otros cinco de prótesis de rodilla, dos de «osteosíntesis» –técnica quirúrgica que utiliza implantes para estabilizar fracturas–, uno de implantes de traumatología y otro de material fungible. Junto con los contratos menores, por importes mucho más pequeños, concedidos de enero a marzo, la factura asciende a 242.689 euros. Seis llevan fecha de 31 de agosto –los cinco de prótesis de rodilla y el de implantes de traumatología– y otros tres –los de prótesis de cadera– fueron suscritos el 1 de octubre. Todos estos contratos suministran material ortoprotésico. Y tanto las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratatación pública, como los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos establecen que hay fraccionamiento si se separa en varios contratos una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Es decir, cuando el objeto de los contratos es «similar o complementario» y éstos dan cobertura a una única necesidad.
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Mención aparte merecen los contratosde 14.999 euros enlos que se omitió el objeto cuando sepublicósu ficha en la Plataforma de la Comunidad de Madrid. En su lugar, sólo figurarepetidoel nombre del adjudicatario. Es el caso de tres contratos de Medtronic, KCI Clinic Spain y Sebia Hispania. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las administraciones a publicar cada trimestre los contratos menores que adjudiquen. En concreto, deben hacer constar el objeto, la duración, el importe de adjudicación –incluido el IVA– y el adjudicatario. Sólo están eximidos de publicidad los anticipos de caja fija –pagos periódicos y repetitivos de escaso importe, como dietas o gastos de transporte– inferiores a 5.000 euros. Preguntado por Público, el Hospital de Alcorcón tampoco ha querido explicar si se ha omitido la información de esos tres contratos por error u otros motivos.
Un hospital en pleno cambio de modelo
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona conun convenio singular por el que elSermas le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado su transformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios del Sermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales del Sermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es Modoaldo Garrido Martín.
Las preguntas que no contesta el Hospital de Alcorcón
Público envió a la gerencia del Hospital Fundación Alcorcón una serie de preguntas sobre el cambio que sufrió en 2024 la gestión de los contratos menores. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. Hemos visto que en 2024 se produce un cambio en la forma de ofertar los contratos menores. Entre enero y marzo la contratación se desarrolla más o menos como en años anteriores, con algunos casos de posible fraccionamiento por superar en esos tres meses ya los 15.000 euros varios contratos con el mismo objeto. Pero entre abril y junio el hospital deja de adjudicar contratos menores, o al menos en la Plataforma de la Contratación no aparece ni un solo contrato menor en ese trimestre. Hasta el 1 de julio, en que empiezan a figurar contratos menores de nuevo. Y muchos de ellos, 409, son por importes de 14.999,99 euros (79) y de 14.999 euros (330), en lo que puede interpretarse como un intento de eludir el límite legal en el que un contrato deja de ser menor y, por tanto, está sujeto a licitación pública y mayores requisitos de publicidad.
Muchos de ellos incluso tienen la misma fecha. Es decir, tienen el mismo objeto, el mismo adjudicatario, la misma fecha y el mismo importe, por lo que, sumados, superan ampliamente los 15.000 euros del límite legal. Por ejemplo: a Biospine SL se le adjudicaron 14 contratos de 14.999 euros cada uno, todos ellos de implantes de columna, de los cuales 10 tienen fecha de 24 de octubre de 2024. Uno más es del 12 de noviembre, otro del 13 de noviembre y dos más del 29 de noviembre. Sumados, el importe total es de 209.986 euros.
A Pfizer se le adjudicaron nueve contratos de 14.999,99 euros entre julio y diciembre de 2024.
¿Por qué se produce este cambio? ¿No es una burla descarada de la ley adjudicar como menores contratos de 14.999,99 euros?
Según nuestros cálculos, con esta nueva «política» el hospital redujo a una tercera parte el número de contratos en 2024 respecto del año anterior, pero apenas se notó en el volumen adjudicado, que pasó de 11,48 millones de euros a 10,34 millones. ¿Fue un intento fallido de reducir el volumen de la contratación menor?
2. También hay otros contratos en la Plataforma que carecen de objeto. En su lugar, sólo aparece el nombre del adjudicatario repetido. Ocurre al menos con cuatro contratos de Medtronic, uno de KCI Clinic Spain SL y otro de Sebia Hispania. Todos ellos tienen como importe 14.999 euros. ¿Es un error o una vulneración de los requisitos de publicidad de los contratos menores?
El partido conservador de oposición Tisza ha ganado de manera incontestable las elecciones en Hungría y acaba con 16 años de Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán. Peter Magyar, líder del partido, logra 138 diputados por los 55 de Fidesz. Magyar no solo gana las elecciones sino que consigue la mayoría de dos tercios en el Parlamento (situada en 133 escaños) que le permite revertir gran parte de las políticas de Orbán.
Orbán ha reconocido su derrota: «Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos han otorgado la responsabilidad de gobernar».
El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, supera por la mínima el umbral del 5%, que le da 6 escaños. La participación ha alcanzado cifras récord: a las 18.30 de la tarde del domingo había votado el 78,8% de los electores, cuando la cifra más alta de participación, registrada en 2002, fue del 73,5%.
La derrota de Orbán priva a Rusia de su aliado más cercano en la UE, mientras que para Ucrania podría significar la liberación de un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares), vital para su esfuerzo bélico, que el líder húngaro ha estado bloqueando.
También podría allanar el camino para unas reformas que, según Tisza, tendrían como objetivo frenar la corrupción y poner fin al retroceso democrático del que la UE lleva tiempo acusando al primer ministro.
Peter Magyar, este domingo 12 de abril en Budapest.
Orbán, nacionalista euroescéptico, ha creado un modelo que el movimiento MAGA de Donald Trump y sus admiradores en Europa consideran un modelo a seguir. Pero muchos húngaros estaban cada vez más cansados de Orbán, de 62 años, tras tres años de estancamiento económico y un aumento vertiginoso del costo de la vida, así como por los informes que indican que los oligarcas cercanos al Gobierno están amasando cada vez más riqueza.
Péter Magyar es un insider que creció a la sombra del Partido-Estado en que se ha convertido el Fidesz. Nacido en Budapest en 1981, Magyar se afilió al partido de Orbán en 2002, a los veintiún años. No era un militante cualquiera: su tío abuelo, Ferenc Mádl, fue presidente de la República. Magyar hizo carrera dentro del aparato: Ministerio de Asuntos Exteriores, Representación Permanente ante la UE, Oficina del Primer Ministro y, entre 2019 y 2022, dirección del Centro de Préstamos Estudiantiles. Su exmujer, Judit Varga, fue ministra de Justicia de Orbán. A Magyar no le son ajenos ni los círculos del poder ni los entresijos del Fidesz.
La posición europeísta de Magyar
Tras confirmarse su victoria en las elecciones, Magyar lanzó un mensaje europeísta. «El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE», dijo ante decenas de miles de sus seguidores, concentrados a orillas del río Danubio, enfrente del Parlamento de Hungría.
«Arreglaremos todas nuestras disputas con los países vecinos», agregó Magyar, sin nombrar explícitamente a Ucrania, con la que Orbán estuvo enfrentado en los últimos meses por la interrupción del tránsito de petróleo ruso hasta Hungría.
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El líder de Tisza, de 45 años, anunció además que sus primeros viajes al exterior los llevará a Bruselas y Polonia, cuyo primer ministro, el liberal conservador Donald Tusk, era uno de los principales críticos de Orbán dentro de la UE.
Decenas de votantes de Magyar celebran su victoria en Budapest este domingo 12 de abril.
Celebración en la UE
Varios líderes europeos felicitaron este domingo a Magyar por su victoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome «su camino hacia Europa». «Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece», afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que «el lugar de Hungría está en el corazón de Europa».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el triunfo de Magyar y ha manifestado que «hoy ganan Europa y los valores europeos».
Sánchez en su cuenta de X ha felicitado «a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas». «Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos», ha referido en su perfil de esa red social.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo: «¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa».
«Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida», escribió canciller alemán, Friedrich Merz, por su parte.
El Hospital Fundación Alcorcón adjudicó 46 contratos menores a la empresa Garric Médica SL en 2023 para que le suministrara «equipos estériles universales». Son sólo una parte de los 117 que consiguió aquel año esta empresa española para proveer al centro sanitario público del sur de Madrid con material fungible estéril, clínico y quirúrgico, su especialidad: agujas, jeringas, guantes, apósitos… Algunos de los contratos ascienden apenas a 300 o 500 euros entre los etiquetados genéricamente como «equipos estériles universales», pero también los hay de hojas de bisturí por importe de sólo 27 euros. Garric Médica es un suministrador habitual, al que en 2022 el Hospital de Alcorcón adjudicó 80 contratos –20 de ellos para que le vendiera «equipos estériles universales»– y en 2024 otros 46 –ocho de «equipos estériles universales»–.
Semejante frenesí contractual delata un doble vicio habitual del sistema sanitario español: el abuso de una figura que debería ser excepcional y el fraccionamiento de los contratos, que la ley considera fraudulento, además de reflejo de falta de planificación y de mala praxis.
Público ha analizado los 29.492 contratos menores que el Hospital de Alcorcón adjudicó entre los años 2022 y 2024, extraídos del Portal de Transparencia por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El importe total de dichos contratos ascendió a 33,27 millones de euros, repartidos entre 786 empresas.
Este reportaje es el primero de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público.
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Una de las vías que facilita la corrupción
Los contratos menores son aquellos con un importe inferior a 15.000 euros (sin IVA) si son de suministro o de servicios, o inferior a 40.000 euros (sin IVA) si son de obra. Por debajo de esos umbrales, los contratos no necesitan salir a licitación; es decir, se adjudican a dedo. Y se reducen significativamente los requisitos de publicidad que la ley les exige. Aunque la Administración pierde en transparencia, concurrencia y control del gasto, gana en agilidad.
El de Alcorcón es un hospital de tamaño medio –400 camas–, si se compara con los gigantes madrileños, como La Paz –1.187 camas–, el Gregorio Marañón –1.239– o el Doce de Octubre –1.161–, que multiplican la asiduidad con que acuden a los contratos menores. Pero la política de contratación del centro sanitario de Alcorcón es un buen ejemplo de cómo los hospitales públicos se saltan la ley año tras año sin que los responsables de la gestión sanitaria actúen para corregir esta mala práctica. Que, además, genera sobrecostes –difícilmente cuantificables– desde el momento en que no existe concurrencia que rebaje el precio de adjudicación, y éste puede fijarse de forma arbitraria para eludir el tope legal –hay contratos de 14.999,99 euros– e incluso puede superar el precio de mercado.
De ahíquelos contratos menoresse conviertan enuna tentación irresistible para quien quiererecortar trámites yacelerarlos procedimientos.Los hospitales los utilizan de forma especialmente intensa, apoyándose en las particulares características de los servicios que prestan y en la inmediatez que éstos requieren. A su vez, son reprendidos por ello puntualmente cada año por los interventores que fiscalizan sus cuentas. Siempre que firmen varios contratos cuyo objeto sea una prestación o suministro únicos o cuando utilizan sucesivos contratos menores para cubrir necesidades recurrentes y periódicas, a fin de evitar las normas de publicidad y los procedimientos legales de adjudicación, incurren en fraccionamiento, les recuerdan.
Se trata de mucho más que una mera cuestión administrativa.El Tribunal de Justicia de la UE advierte de que la «celebración ilegal de contratos de adjudicación directa» es la «más grave» infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos. En concreto,ya ha señaladoqueel «elevado umbral» existente enEspaña para contratos de obras y servicios de menor cuantíaesuna de las vías que facilitan la corrupción. Por lo que recomiendaque se reduzca «significativamente» este tipo de contratación directa.
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La Intervención reprocha el fraccionamiento
También es ése el consejo que da la Intervención General de la Comunidad de Madrid a los gestores del Hospital de Alcorcón en su más reciente informe de cumplimiento, referido al ejercicio de 2023 y al que ha tenido acceso Público a través del Portal de Transparencia.
Público envió una serie de preguntas a la gerencia del hospital sobre su gestión de los contratos menores y sobre las advertencias que al respecto les hacen los interventores de la Comunidad de Madrid, pero no ha respondido a ninguna. Se ha limitado a contestar que «la actividad del hospital se desarrolla cumpliendo la normativa vigente y con los objetivos de asistencia, formación e investigación que le han sido encomendados«.
De izda. a dcha., el gerente del Hospital de Alcorcón, Modoaldo Garrido Martín, con el exalcalde de Alcorcón David Pérez y el director médico de Hospital Quirónsalud Sur, Alfredo Entrala.
El año en que másdinero gastó el Hospital de Alcorcón en contratos menores fue 2023, un total de 11,49millones de euros repartidos en 12.776expedientes. Más o menos la misma cantidad de contratos suscritos ydedinero desembolsado que en 2022 –12.918 expedientes, 11,43 millones de euros –. También ha sido 2023 el último ejercicio que ha supervisado la Intervención General para elaborar su informe de cumplimiento. El fraccionamiento de contratos es precisamente una de las «limitaciones al alcance» señaladas por los interventores en la gestión contractual del centro sanitario. No sólo se quejan de que no se les han facilitado todos los contratos adjudicados. También advierten de que el hospital fraccionó 421 por importe de 1,16 millones de euros. Y eso que sólo consideran los contratos que tienen exactamente el mismo objeto.
Por ejemplo, además de los 46 deGarricMédica antes mencionados, el hospital adjudicó 49 a Biomerieux España SA, para comprarcon cada uno20 placas deun medio de cultivo biológico llamadoSaboraudcongentamicina ycloranfenicol. Sumaron 29.055euros ese año, por lo que superaron los 15.000 euros del límite legal.También suscribió36 contratos más para otros tantos lotes de 20 placas de otro medio de cultivo, denominado Schaedler, por 27.205 euros.
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Hasta aquí el examen estricto de la Intervención. Pero las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratación pública, y los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos establecen que hay fraccionamiento si se separa en varios contratos una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Es decir, cuando el objeto de los contratos es «similar o complementario» y éstos dan cobertura a una única necesidad. Es lo que ocurre con Biomerieux España, a la que el hospital de Alcorcón adjudicó en 2023 un total de 126 contratos de todo tipo de medios de cultivo, no sólo los dos mencionados por la Intervención, que ascendían a 81.481 euros.
Trucos para trocear contratos
Además, tampoco se pueden cubrir con contratos menores sucesivas necesidades recurrentes o continuadas que se repitan año tras año. Sin embargo, en 2022 el hospital de Alcorcón ya había adjudicado a Biomerieux España otros 112 contratos sólo para medios de cultivo de todas clases, por importe de 60.136 euros. Y en 2024 le pagó 17.658 euros repartidos en 28 contratos con el mismo objeto. Por tanto, la necesidad recurrente, año tras año, de determinados medios de cultivo, el hospital de Alcorcón la cubre con contratos menores, cuya suma anual supera siempre el límite legal de 15.000 euros. Lo mismo puede decirse de los suministros de Garric Médica. O de las suturas adquiridas a Johnson & Johnson: la Intervención considera fraccionados los siete contratos de un tipo de sutura quirúrgica –Ethilon 4/0TC19 G667G–, pero hay otros ocho más de la misma sutura cuya única diferencia es el calibre –40.267 euros en total–, y 55 de la sutura Vicryl, 22 de la sutura Prolene y 13 de la sutura Monocryl. En 2022 los contratos para comprar suturas Vicryl ascendieron a 57, a 17 los de Prolene y a 14 los de Monocryl.
Más evidentes son los 18 contratos firmados en 2023 con Bastos Medical SL para suministrar al hospital bandas elásticas Thera, que se utilizan en ejercicios de rehabilitación, por valor de 15.175 euros: hay distintos contratos según los colores, amarillo, rojo, azul, verde y gris. O los guantes de examen estériles de nitrilo sin polvo adquiridos ese mismo año a Izasa Hospital SLU por 20.550 euros, que el hospital dividió en 14 contratos según su talla: pequeña, mediana y grande.
Por no mencionar los miles de contratos que tienen como objeto el genérico «medicamentos diversos», un cajón de sastre en el que obviamente cabe cualquier fármaco: 52 suscribió el hospital con Boehringer Ingelheim –50.272 euros– en 2023, 60 en 2022 –39.302 euros– y 19 en 2024 –30.231 euros–. Son muchos los contratos con etiquetas genéricas similares, del tipo «material de laboratorio», «material sanitario», «material fungible», «material quirúrgico» o «material RX [rayos X]», lo que menoscaba la transparencia de los expedientes. En otros casos, se disimula el troceamiento etiquetando algunos contratos con el producto –implantes de columna– y otros con el procedimiento quirúrgico en el que se emplea –osteosíntesis–.
En 2023 el hospitalsólofirmó un contrato menor de obrasy lo adjudicó al borde del tope legal permitido: 39.099 euros. La beneficiaria fue Riggersa Construcciones SL, a cambio deunos trabajos en el área de Urgencias y deTriajePediátrico.En 2022 adjudicó dos contratos de obras, uno de ellos también al límite de la cantidad en que dejan de ser considerados menores: 38.896 euros.Burcons SL realizó unas obras de adecuación dela sala destinada a Tomografías Axiales Computarizadas (TAC).
Fresenius y Medtronic, los reyes del contrato menor
La regulación del contrato menor no ha dejado de ser controvertida desde que se perfiló en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017. Hizo falta una instrucción de la OIReScon en 2019 para concretar aún más sus requisitos. Y un año después se modificó el artículo 118 de la citada ley. En estos años las juntas consultivas de contratación, tanto la estatal como las autonómicas, han publicado sus propios dictámenes. Reclaman a los adjudicadores no sólo que planifiquen la contratación, sino que además reconduzcan los menores a otras modalidades con licitación abierta: acuerdos marco, centrales de contratación, sistemas dinámicos de adquisición, procedimientos simplificados y supersimplificados…
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Por su parte, laOIReSconinsta alos adjudicadoresa pedir tres ofertas a los posibles proveedores, a fin de garantizar la concurrencia. Peroes una exigencia que rige sólo en la Administración General del Estado y en algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-Mancha y Aragón.
El Hospital de Alcorcón tiene 400 camas y una plantilla de 2.548 trabajadores.
También los tribunales han contribuido a modelar el contrato menor. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de sentenciar que el contrato menor no es «un mecanismo flexible para gestionar actuaciones sobrevenidas o situaciones urgentes», sino que está «estrictamente vinculado a un criterio cuantitativo»: que no supere los 15.000 o 40.000 euros sin IVA. Es precisamente la urgencia uno de los argumentos esgrimidos por los hospitales para justificar su adicción a los contratos menores.
Las juntas consultivas recomiendan además a los adjudicadores que fomenten la rotación de los proveedores, para no acudir sistemáticamente a los mismos. Sin embargo, a la luz de los contratos menores analizados, no es en absoluto una cautela que practiquen los hospitales. En el caso del de Alcorcón, entre 2022 y 2024, los adjudicatarios preferidos fueron Fresenius Kabi España SA, perteneciente al grupo alemán del mismo nombre dueño de Quirónsalud y que consiguió 606 contratos menores de medicamentos, la también alemana B. Braun Medical –567 contratos–, Palex Medical, asimismo filial de una compañía germana, y las estadounidenses Medtronic y Johnson & Johnson. Todos rozan los 500 contratos en el trienio. Pero por volumen de adjudicación es Medtronic la que más dinero ha recibido del hospital de Alcorcón, 1,23 millones de euros, seguida de Johnson & Johnson, con 786.073 euros, no lejos de Palex Medical, con 758.992 euros.
Un modelo de gestión hospitalaria a extinguir
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado sutransformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Sermas; hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará al Sermas el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores. A diferencia del resto de los centros sanitarios delSermas, se rige porsus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta conun patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales delSermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente esModoaldoGarrido Martín.
Las preguntas que no contesta el Hospital de Alcorcón
Público envió a la gerencia del Hospital Fundación Alcorcón una serie de preguntas sobre su gestión con los contratos menores y el informe de la Intervención de la Comunidad de Madrid que le advertía sobre el fraccionamiento de cientos de ellos. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. El informe de cumplimiento de la normativa elaborado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid referido al ejercicio de 2023 ha hallado 421 contratos, por importe de 1.166.509,54 euros, en los que existe fraccionamiento.
El hospital no presentó alegaciones a este punto del informe. ¿Por qué? ¿Ha tomado alguna medida para solventar esta irregularidad?
2. La Intervención ha hecho el cálculo ateniéndose a los contratos que tienen exactamente el mismo título y se adjudicaron al mismo proveedor en el plazo de un año. Pero si se observan con detenimiento, hay muchos expedientes más que tienen el mismo objeto (con diferencias mínimas en el título) aunque dividido en distintos contratos, como los 13 de medias de compresión pantorril de diferentes medidas (43-58-71 cm) adquiridas a Arjo Iberia SL en 13 contratos distintos, por importe total de 19.520 euros sin IVA (supera por tanto los 15.900 euros que marca la ley) o las bandas elásticas Thera que se reparten en contratos distintos según los colores: amarillo, azul, rojo, verde, gris (18 contratos por importe total de 15.175 euros). Hay muchos más, fraccionados según el calibre, la talla, la longitud, etcétera del objeto.
En cambio, el informe no ha incluido como fraccionados los cientos de contratos que se han etiquetado como «medicamentos diversos». Un título tan genérico, ¿no supone una vulneración de los requisitos de publicidad de los contratos menores, una manera de ocultar el objeto concreto real del contrato?
3. ¿Podrían explicar por qué recurre el hospital de forma tan intensa a esta forma irregular de contratación, pese a las reconvenciones de la Intervención y de las juntas consultivas de contratación?
¿No utilizan acuerdos marco, licitaciones simplificadas y supersimplificadas, centrales de contratación, etcétera, toda la gama de procedimientos abiertos disponibles? ¿No hacen una «planificación» adecuada, tal y como recomiendan la Intervención y las juntas consultivas de contratación, para conseguir que el contrato menor sea «excepcional»? Según la doctrina, «el fraccionamiento fraudulento del objeto de un contrato se puede producir tanto mediante la suscripción de diversos contratos menores destinados a la obtención de un resultado único […] como también llevando a cabo contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes».
7. En 2024 hemos encontrado algunos contratos con importes ínfimos. Por ejemplo, dos con PTC Therapeutics International de 0,17 euros y 0,06 euros. El objeto de ambos es «medicamentos diversos» y tienen la misma fecha: 5 de marzo. ¿Es un error de la Plataforma de la Contratación? En caso contrario, ¿pueden explicar qué tipo de contrato es éste?
El español es mayoritariamente obediente, acomodaticio, elástico, transigente… Peor. Es maleable. Así nos llevan adiestrando desde hace dos siglos para que traguemos carros y carretas con los borbones. ¿Este? Nos vale. No, mejor este otro… y también nos vale. Le tocaba a ese, pero vamos a poner a esta… y nos vale también.
Ese español medio de mente sencilla, como alumno aventajado que es de un país con una educación secuestrada desde 1851 por una secta religiosa, acepta comerse los mocos mientras aplaude el desfile de plutócratas sin recibir explicaciones y, como quien va a misa, sin hacerse preguntas ni buscar respuestas.
Carlismo malo. Carlistas casposos. Carlos María Isidro traidor. Guerras carlistas… carlismo, carlismo, carlismo… los tenemos interiorizado como los malos de la película, pero son los mismos perros que habitan en La Zarzuela, solo que con distinto collar. Son borbones con sus mismos vicios, iguales corrupciones y la misma inmoralidad. Son el mismo tronco familiar, pero nos han aleccionado para que aceptemos la diferencia y demos por legítimos a los de Felipe. Y no, los legítimos son los otros borbones. Felipe VI procede de la rama corrupta y usurpadora, que pasa ahora por ser la liberal porque, piénsenlo, se ha tenido que adaptar para mantener el negocio del trono. De haber llegado hasta aquí la rama legítima de los borbones, sus miembros se habrían adaptado igualmente y los carlistas serían los liberales y los felipistas los rancios.
Felipe VI procede de la rama corrupta y usurpadora, que pasa ahora por ser la liberal porque se ha tenido que adaptar para mantener el negocio del trono
Poco se habla de Carlos María Isidro, el hermano del mastuerzo Fernando VII. Y aunque hemos oído hablar mucho en el cole de carlismo, de sus orígenes y de las guerras que provocó su lucha por el poder, no tanto de los personajes en cuestión; así que, hagamos primero un breve recordatorio por si alguien no tiene situados a los llamados carlistas.
Fernando VII se murió, pero se saltó la legislación vigente e hizo un apaño para que lo sucediera su hija Isabelita. La ley dinástica de los borbones decía que al rey no le puede suceder una mujer, por muy hija que sea, mientras haya un hermano, un tío, un primo o un sobrino. Como el mastuerzo no quería que el trono de España pasara a su hermano Carlos María Isidro, que era el legítimo Príncipe de Asturias, y por tanto heredero al trono, cambió la ley para que el Principado pasara a su hija. Desde entonces, los descendientes del tal Carlosmari se consideran los herederos legítimos al trono de España y entienden que Felipe VI es un usurpador. Y tienen razón. A los republicanos nos traen al pairo las disputas intestinas borbonas, pero hay que reconocer que lo que es, es.
Fernando VII, firmando la derogación de la Constitución de 1812.
Dejando al margen la endémica bronca de esta familia, a estas alturas ya es difícil deducir cuál de las dos ramas habría sido la menos perjudicial para España, aunque, objetiva y matemáticamente, sin duda, la carlista. De entrada, nos habríamos ahorrado tres guerras civiles que desangraron el país, varias insurrecciones, golpes militares y miles de muertos. Por lo demás, la misma repulsa se merecen tanto unos como otros puesto que en lo único que estuvieron de acuerdo los borbones legítimos y usurpadores ha sido en el apoyo a la dictadura franquista.
En lo único que estuvieron de acuerdo los borbones legítimos y usurpadores ha sido en el apoyo a la dictadura franquista
Los carlistas pasan por ser unos pirados tradicionalistas, ultraconservadores, católicos patológicos, rabiosos antiliberales… menos una escisión carlista que ahora dice ser chupi-progre. No pierdan nunca de vista que los borbones son borbones y su naturaleza los lleva a fragmentarse como amebas. Todos. Echen una ojeada a la desestructurada familia de Felipe y la ciudadana Ortiz, pues en el mismo plan están sus primos de la rama legítima carlista. Desestructurados.
El principio de todo esto estuvo en el desencuentro entre hermanos en 1833, cuando Fernando le dijo a Carlosmari que tenía que jurar a su hija Isabel como Princesa de Asturias, y Carlos María respondió cariñosa y formalmente con una carta encabezada por «Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando de mi vida…», para decir a continuación que ni de coña juraba a la mocosa; que ni su conciencia ni su honor le permitían jurar otros derechos que no fueran los que marcaban la ley, y esa ley decía que el heredero de la corona tenía que seguir llevando pantalones. Y tenía razón. La ley es la ley.
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Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y origen de la escisión carlista.
El mastuerzo, a vuelta de correo, derramó el mismo cariño en la carta que encabezó diciendo: «Mi muy querido hermano mío de mi vida, Carlos de mi corazón…», para continuar diciéndole que se largara del país y no volviera. Y por cierto, te he confiscado todos tus bienes, hermano de mi vida.
A la vista está que los hermanos, más que quererse, se adoraban, pero las consecuencias de tanto corazón mío y tanto cariño de mis entretelas fueron las tres guerras carlistas que dejaron en el campo de batalla a miles de españoles.
Tras la expulsión del país del legítimo Príncipe de Asturias aún faltaba por llegar lo peor, porque cuando por fin se produjo el óbito del mastuerzo, Carlos María Isidro fue proclamado en Bilbao como el rey Carlos V. Ahí empezó la guerra, y ahí empezaron las distintas cuentas de los borbones con sus respectivos reyes.
Pero son sus cuentas; no se dejen contaminar por los trileros borbones ni permitan que les intoxiquen con insostenibles argumentos feministas en favor de la niña isabelita; forman parte de la misma dinastía, con idéntica ausencia de valores e iguales intereses, y tan machistas unos como otros, pero los usurpadores que fueron ganando las guerras y aplastando las insurrecciones familiares necesitaron el apoyo de los liberales y no les quedó otra que ir adaptándose en el siglo XIX a las exigencias políticas del momento si querían seguir reinando. De haber cambiado las tornas, los carlistas legítimos se habrían adaptado igualmente para retener el trono.
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Carlos María Isidro se hubiera adaptado como se adaptó Isabel II y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II
A estas alturas de curso, con todas las pruebas en la mano, se puede afirmar con total seguridad que la regencia de María Cristina fue nefasta y el reinado de Isabel II un desastre, pero los españoles no tenían opción de elegir y, de haber podido hacerlo, sería como decidir si era menos pernicioso saltar desde la Torre Eiffel o desde el Empire State. Te tires de donde te tires el resultado sería igual de trágico. La regencia de los cristinos y el reinado de los isabelinos fueron dos absolutas calamidades. Corrupción, mal gobierno, involución… No sabemos qué habría pasado de haberse proclamado el legítimo; probablemente lo mismo, y Carlosmari se habría adaptado igualmente a las políticas del siglo XIX porque los reyes se acomodan a quienes les protegen el trono. Carlos María Isidro se hubiera adaptado como se adaptó Isabel II y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II.
Como los partidarios de Carlosmari han seguido siendo borbones sin tapujos, sin necesidad de disfrazarse de supuesta progresía y sin tener que adaptarse a nada, continúan instalados en su tradicional ranciedad borbona. Tanto los actuales borbones usurpadores como sus denostados parientes legítimos han dado en los últimos ciento y pico años muchos bandazos ideológicos con tal de mantener o intentar conseguir el trono. Cristinos, isabelinos, carlistas, alfonsinos, juancarlistas y felipistas se sitúan donde más les conviene según vengan dadas porque cuentan con la ventaja del citado español acomodaticio y la protección del gobierno de turno.
Tan extravagante es asistir a las hostias entre Felipe, la ciudadana Ortiz, el delincuente Juan Carlos, Elena, Cristina, Sofía y el resto de fauna y flora contemporánea, como comprobar la bronca de la rama legitimista, donde también se produjo una escisión muy simpática que ha llevado a que parte de sus miembros se declarasen socialistas autogestionarios y que firmaron pactos con los comunistas al final del franquismo. Madre del amor hermoso.
A partir de la expulsión de Isabel II en 1868, cuando se reactivó la ilusión de los legítimos herederos de Carlosmari por retomar el paso del trono, los borbones volvieron a confraternizar sin pudor pese a que los españoles tenían que seguir respondiendo a alzamientos y guerras cada vez que a los carlistas les salía de la boina roja. Se dieron una tregua entre ellos durante el paréntesis que se impuso con la llegada del Saboya porque ahora tenían un enemigo común al que batir: Amadeo I y su consorte la reina María Victoria. Ahora ya no eran carlistas contra alfonsinos (doña Isabelona había abdicado en el chavalín en 1870), sino borbones, todos, contra amadeístas. Ya llegaría el momento de dividir fuerzas y reanudar la disputa, pero, mientras, no había razón para desaprovechar los privilegios de la villa y corte, las fiestas, los banquetes…
Alegoría de ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 que obligó al exilio a Isabel II
Hasta los boicots contra los nuevos monarcas los organizaban a pachas (recuérdenme que les cuente la estrafalaria “Rebelión de las Mantillas” de la primavera de 1871, con las partidarias alfonsinas luciendo un broche con la flor de lis y las adeptas carlistas prendidos los suyos con una margarita como reivindicación de la reina titular en aquellos momentos, Margarita de Borbón y Parma, esposa del autoproclamado Carlos VII).
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Los carlistas se han ido poniendo desde hace 193 años nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad, para poder mantener la bufonada
Si ya resulta complicado a algunos ordenar la lista de los reyes usurpadores borbones oficiales, ni les cuento la de los borbones legitimistas. Ni yo me la sé, que vivo en un estado de fascinación permanente con esta loca familia. Los carlistas se han ido poniendo desde hace 193 años nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad, para poder mantener la bufonada. Repasen conmigo: Carlos María Isidro se proclamó Carlos V, luego llegó su hijo Carlos VI, Juan III, Carlos VII, Jaime III, Alfonso Carlos I, Javier I, Carlos Hugo I, Carlos VIII, Enrique V y Carlos Javier I. Está claro que a los carlistas les gusta llamarse Carlos. Y hago notar que se inventaron un Juan III igual que los juancarlistas y los felipistas se han inventado su propio Juan III, el padre de Juan Carlos, y ese es el nombre que han grabado en el sarcófago de la cripta real de El Escorial. Así que se da la bonita paradoja de que hay dos borbones con el nombre de Juan III, uno carlista y el otro franquista. Y los dos, como reyes, dos farsantes.
Actualmente, mientras la niña Leonor se pasea por los cuarteles para aprender a toda hostia a conducir tanques, pilotar cazas y manejar portaaviones, hay otros borbones legítimos que también tienen herederos aspirantes al trono de España. Los homólogos de Felipe son uno que se hace llamar su alteza real Enrique V, que vive en París, que es súper-mega-ultra-todo siempre al servicio de la cristiandad, la hispanidad y la ranciedad y que anda el hombre senil perdido… y luego está otro, sobrino del senil y de la rama de los pretendidos progres, que es neerlandés y actual reclamante del trono que usurpa Felipe, Carlos Javier I. Este hombre se ha nacionalizado español, y en 2016, con ocasión del nacimiento de su primer hijo machote y legítimo (también tiene uno de extranjis porque, no lo olvidemos, es un borbón), el príncipe Carlos Enrique de Borbón y contrincante actual de la del moño, organizaron una misa y un tedeum en la catedral de Barcelona y convocaron a los carlistas para presentar al nuevo heredero al trono de “Las Españas”. No me digan que no son graciosos…
También tenemos otra alteza real borbona en París, encima senil, y otra real alteza en Países Bajos.
Ya… ya sé que no, porque no tenemos bastante con la turra de un rey borbón cabreado en La Zarzuela que quiere hacer más de lo que hace porque se cree que sabe más de lo que sabe, y con otro rey borbón delincuente entre Abu Dabi, Suiza y Sanxenso, que también tenemos otra alteza real borbona en París, encima senil, y otra real alteza en Países Bajos. España no da para tanto rey, señoras y señores. No queremos ni uno y andamos con cuatro al retortero.
Y esto no acaba aquí, porque este disparate de familia borbónica ha seguido provocando disturbios y muertes en este país ya metidos en el siglo XX. Aquí dejamos pendiente hablar de la escandalosa boda real entre dos borbones de las ramas usurpadora y legítima, y de los sucesos de Montejurra.
Las cartas están sobre la mesa. Ya no es una sugerencia ni una idea lanzada al vacío. Irene Montero y Gabriel Rufián han diferido en algunas posiciones en el acto celebrado la tarde de este jueves, 9 de abril, en Barcelona, pero no en la esencial. El evento llevaba por título ¿Qué hay que hacer? Y lo que hay que hacer, de acuerdo con lo defendido por ambas figuras políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es «inventar algo electoral» para frenar el avance del fascismo. «Cuando digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo». Así lo ha repetido hasta la saciedad Montero tanto en el acto como en las entrevistas ofrecidas durante el día.
Antes de que diera comienzo el intercambio, el ambiente estaba cargado. Tanto es así que la dirigente morada ha apuntado, en su primera intervención, que reinaba una cierta «contención» entre el patio de butacas. Era la expectación por si se lanzaba una propuesta en firme. Sin embargo, se ha hablado más de intenciones y necesidades que de una idea concreta y cristalina. Ya avisaba Xavier Domènech, exdiputado en el Congreso y en el Parlament de Catalunya, en conversación con Público, de que el debate no tenía por qué ser «concluyente», sino algo así como una base sobre la que empezar a construir.
Los primeros compases han sido los esperados. Rufián ha defendido la potestad —y la oportunidad— que tiene ERC de «inspirar» a las izquierdas españolas y ha sido muy claro en una convicción: «Me niego a avergonzarme por decir que quiero que a las izquierdas españolas les vaya bien«. Y ha abrochado: «Yo quiero un gobierno del PSOE sometido a EH Bildu, ERC, Compromís o Adelante Andalucía».
Montero, recuperando una arenga tantas veces reproducida en las filas de Podemos, ha llamado al cambio. «No todo es ganar votos, sino la convicción profunda de que las cosas pueden cambiar«. La eurodiputada, en ese punto, ha interpelado a todos aquellos que «están hartos de agachar la cabeza» porque «ahora lo que mola es decir que la violencia no tiene género o que los migrantes son delincuentes». A esa gente es a la que las izquierdas tienen que dar esperanza. Sacarla de sus casas y permitirle mirar, de nuevo, al frente. Y para ello hace falta, en palabras de la política morada, «hacer equipo» con tal de evitar que las derechas —con todos sus resortes mediáticos, políticos o judiciales— «nos arrasen«.
La premisa se ha ido esclareciendo a medida que han pasado los minutos. No hay que hablar solo de lo electoral, pero también hay que hablar de lo electoral. Se respiraba entre la pareja la sintonía necesaria para probar algo nuevo. Domènech, que ha moderado la conversación, ha condensado en una cita su tesis sobre la reconfiguración del espacio: «La única forma de parar al fascismo es la alianza de las izquierdas«. Ni Rufián ni Montero han ahondado en el cómo, pero el republicano sí que ha dicho sin tapujos que hay que «inventar algo». Y ha apostillado: «Sí, electoral«. Tras el acto que compartió Rufián con Emilio Delgado en febrero, el político independentista ya habló de una fórmula para concurrir a unas elecciones: que por cada provincia se presentara solo la izquierda con más capacidad aglutinadora.
Al encuentro, han asistido figuras como Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso o Gerardo Pisarello, diputado de Comuns.
En Barcelona, Rufián consolida la idea de generar una alianza electoral y, además, suma a Podemos a la causa. Eso sí, el catalán ha deslizado, en un dardo —no demasiado venenoso— a las fuerzas políticas que, cuanto más se entre en el «cómo«, más fácil lo tienen para poner pegas. Por lo tanto, la conclusión es clara: generar ilusión y fomentar la idea del frente amplio, pero dejar tiempo «a las cúpulas de los partidos» para que dialoguen.
Ensanchar el marco de la izquierda
Si algo ha conseguido el acto es despejar varias dudas, amplificadas en los últimos días por el altavoz de los medios de comunicación. Primera: ¿Aspira Rufián a postularse como candidato a las próximas generales?. «Yo no quiero gobernar España, yo quiero que se gobierne bien España», ha atajado, a modo de respuesta, el portavoz republicano. Segunda: ¿Están dibujando Rufián y Montero una suerte de tándem electoral? «Hacer equipo para movilizar a la izquierda merece la pena», planteaba, en un primer momento, Montero. Una mano tendida que, a lo largo del acto, se ha ido diluyendo.
«No hay una única vía», razonaba, cerca del final, Rufián, animando, eso sí, a la construcción de un «bloque de las izquierdas«. «¿Por qué no formamos un grupo interparlamentario en el Congreso?», exhortaba a los partidos que integran la cámara. Bildu, BNG, IU o Sumar. Un grupo que defienda, ha seguido explicando, una causa común. «Cada uno en su casa y el antifascismo, el derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida —pasando por la vivienda—, en casa de todos», terminaba de dar forma a la idea.
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Tercera: ¿Es la unidad la llave para cerrarle a las derechas las puertas de La Moncloa? Domènech ha hablado de «la alianza de las izquierdas» como única vía, un guante que han recogido los dos ponentes, aunque con matices. «No hay una fórmula mágica«, reconocía, por su lado, Rufián, que no ha dejado, por ello, de lanzar algunas pistas. «Evitemos faltarle al votante de Vox y de Aliança Catalana. No todos son unos fachas», criticaba, para empezar, el diputado de ERC, recordando que el problema no son solo los fascistas, «también los neutrales«. Una clave más: la izquierda tiene que disputar la batalla por el poder digital. «Yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas«, aseguraba, consciente de que hay que hablarle a la gente «de tú a tú».
En cualquier caso, para Rufián, la principal tarea de la izquierda sigue siendo material: «Llenar la nevera«. «¿Por qué un currela de Mercadona —puteado, precario y que está pagando por una habitación lo que sus padres por una casa decente— vota lo mismo que Juan Roig?», ha sembrado el debate el dirigente de ERC, proponiendo un nuevo lema para el espacio de la izquierda: Una familia, una casa. La vivienda es precisamente, para Rufián, el ejemplo claro de que la izquierda «ha decepcionado». Dentro y fuera del gobierno, en Catalunya y en España y cediendo, para colmo, demasiados marcos a la derecha. «No podemos regalar discursos y temas. Tenemos que hablar de orden, de seguridad, de inmigración… De los temas que, tradicionalmente, incomodan a la izquierda«, se ha posicionado, sin ambages, el político independentista.
Un extremo en el que ha chocado con la oposición de Montero. «¿En qué momento la izquierda no ha hablado de seguridad«, se ha preguntado en voz alta la eurodiputada de Podemos. Seguridad es, para Montero, no ir a trabajar cuando se tiene un dolor, poder llevar a los hijos a escuelas públicas de calidad o que una víctima de violencia de género pueda tener una vivienda de emergencia pagada con dinero público. «En lugar de comprar los marcos de la derecha, ¿por qué no les contestamos desde nuestros propios valores? ¿por qué no les decimos que son unos hipócritas?», ha dado la vuelta a la conversación la dirigente morada. Desmontando, a la vez, el desgastado mantra del patriotismo: «Luchar para que las mujeres estemos vivas y no nos asesinen, luchar para que tengamos tiempo libre, luchar por no currar hasta la extenuación y por tener salarios y alquileres dignos, eso es decir Viva España«.
Que la izquierda soberanista lidere a la estatal
Tanto Domènech como Rufián han puesto el acento en algo que sería un cambio de dinámica histórico en el tablero izquierdo de la política española: que sean las izquierdas soberanistas las que lideren la reformulación e impulsen algo parecido a un frente común.
Domènech considera que es una «inmensa oportunidad» que en ningún caso supone «perder las siglas». «Por primera vez, podemos poner nuestros programas en el centro y construir para el conjunto de las izquierdas«, reivindica el exdirigente de Comuns. Rufián ha apuntalado el argumento y ha hablado de una aventura a la izquierda del PSOE que «no ponga en duda la autodeterminación». Para culminar el acto, y desde esa concepción más territorializada de las izquierdas, Rufián ha puesto en valor el trabajo y el futuro de figuras como Mónica Oltra (Compromís), Ana Pontón (BNG) o Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).
El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional para incorporar al artículo 43 un nuevo apartado que diga: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, se tramitaría por la vía del artículo 167. Es decir, la reforma ordinaria, que exige mayorías de tres quintos en Congreso y Senado.
Según ha explicado Ana Redondo tras el Consejo de Ministros, la propuesta busca «constitucionalizar» la dimensión «prestacional» del derecho al aborto. Ese es el punto de partida de la propuesta. El ministerio ha subrayado que la libertad de decisión de las mujeres ya queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De modo que ahora lo que se añade, lo que a su juicio hace falta explicitar en la Carta Magna, es su prestación.
Redondo ha defendido la medida en base a tres argumentos principales. El primero es de contexto político internacional: la extrema derecha —ha señalado— ha puesto en riesgo derechos de las mujeres en distintos países, de modo que conviene blindarlos antes de que ese ciclo reaccionario pueda traducirse aquí en retrocesos. El segundo es una cuestión de legitimidad democrática: la ministra ha apelado al amplio apoyo social al derecho al aborto y ha presentado la reforma como un modo de acompasar el texto constitucional con una realidad social ya asentada. El tercero es de coherencia normativa: según Redondo, la propuesta conecta a España con la senda emprendida por otros países europeos que han elevado esta garantía en su marco constitucional o cuasi constitucional.
Leído así, el planteamiento del Gobierno no parte de la idea de que el aborto sea hoy ilegal o de que la libertad de decidir carezca de cobertura, sino de que sigue existiendo una distancia considerable entre lo que es el derecho reconocido y el derecho ejercido. Esa es, de hecho, la palabra clave de toda la argumentación ministerial, su «ejercicio». Uno que, tal y como apunta Noelia Adánez —jefa de la sección de feminismos en Público—, depende en muchas ocasiones más de una cuestión moral que de la consideración de la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) como un derecho.
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Ahora bien, ¿serviría realmente esa reforma para mejorar la situación de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo? José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI (Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo), se muestra algo más escéptico. Bosch no discute que la inclusión del aborto en la Constitución pueda tener un valor simbólico o político. Pero cuestiona que, tal como está diseñada, aumente la protección jurídica real de las mujeres. Su objeción principal es que la propuesta coloca el nuevo precepto en el artículo 43, dentro del capítulo III del título I, el de los principios rectores, y no en la sección primera del capítulo II, donde se ubican los derechos fundamentales.
En el sistema constitucional de nuestro país, los derechos fundamentales de la sección primera cuentan con «reserva de ley orgánica, tutela reforzada y acceso al recurso de amparo». Los principios rectores, en cambio, tienen otra naturaleza y «dependen en gran medida de su desarrollo legal». Bosch parte precisamente de esa arquitectura para sostener que, si el aborto se consagra expresamente en el artículo 43, puede darse la situación de que su reubicación lo convierta en un derecho con «menos capacidad de protección».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.
Lo que ha establecido el Tribunal Constitucional
En la sentencia 44/2023, dictada al resolver el recurso contra la ley del aborto de 2010, el Tribunal Constitucional afirmó que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe interpretarse del modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres. Y precisó que la ley configura una prestación pública de la IVE como un «derecho público subjetivo de carácter prestacional». Además, la resolución vinculaba esa garantía con los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas y con la obligación de las administraciones de asegurar el acceso efectivo a la prestación.
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La sentencia 78/2023 fue todavía más lejos. Al resolver el caso de una mujer murciana derivada a una clínica privada de Madrid para abortar fuera de su comunidad, el Constitucional sostuvo que la interrupción voluntaria del embarazo «forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE)». Y reconoció expresamente que el Servicio Murciano de Salud vulneró el derecho fundamental de la recurrente al dificultar de forma relevante su acceso a la prestación.
Eso es lo que permite entender todas las reservas por parte de Bosch. Si hoy el Tribunal Constitucional ya está leyendo la IVE como parte del contenido protegido por los artículos 10.1 y 15, y si además ya ha otorgado amparo por vulneraciones concretas del acceso al aborto, la pregunta es si una reforma en el artículo 43 suma realmente protección o introduce una ambigüedad innecesaria. Dicho de otra forma, la cuestión no es si la Constitución puede mencionar el aborto, sino dónde y para qué.
Una ley que se cumple a medias
Si se deja a un lado la dimensión simbólica, el problema central no parece ser tanto la inexistencia de un derecho como su cumplimiento desigual. Los datos del Ministerio de Sanidad sobre 2024 son muy elocuentes: en España se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, y el 78,74% se realizaron en centros y clínicas privadas con financiación pública (las usuarias no tuvieron que pagar de su bolsillo las intervenciones), frente al 21,25% en centros públicos. Donde cuatro comunidades superan el 75% de IVE realizadas en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas ese porcentaje no alcanza el 10%.
Esos datos invitan a una primera conclusión y tiene que ver con que el principal cuello de botella hoy es organizativo, territorial y asistencial. Hay más obstáculos ligados a cómo se organiza el servicio, a la estigmatización profesional y a la falta de circuitos eficaces que a una objeción individual estrictamente entendida.
La universalización de la sanidad, la gran condición
La reforma constitucional no abriría automáticamente más consultas, no formaría equipos, no resolvería los problemas de derivación, no eliminaría la desigualdad entre comunidades, no activaría de la nada registros de objetores ni corregiría la precariedad administrativa que expulsa del sistema a muchas mujeres. A lo sumo, podría reforzar un marco político general y ofrecer un argumento adicional para exigir a los poderes públicos que actúen. Pero el terreno en el que hoy se juega de verdad la efectividad del derecho es otro.
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Y ahí cobra una particular importancia el Real Decreto 180/2026, sobre la cobertura sanitaria de las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal, aprobado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de marzo. A diferencia de la reforma constitucional, esta norma sí interviene sobre un problema muy concreto y muy material, como es el acceso al sistema sanitario por parte de personas migrantes en situación administrativa irregular.
Esta norma influye de lleno en el ejercicio del derecho al aborto, sobre todo en lo relativo a su artículo 4. Entre los colectivos de especial protección, el decreto menciona expresamente a las mujeres extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España que soliciten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto importa especialmente si se lee a la luz de los obstáculos descritos por las propias mujeres migrantes y por las organizaciones que las acompañan. Hace unos meses, una mujer senegalesa relataba en un reportaje de Público que cuando quiso abortar en el centro de salud le dijeron que sin tarjeta sanitaria no podían hacer nada.
Frente a eso, el real decreto (siempre que se aplique) introduce mejoras muy concretas. Permite acreditar la residencia habitual no solo con el empadronamiento, sino también con otros documentos, entre ellos certificados de servicios sociales, de ONG de utilidad pública, facturas de suministros, inscripción consular o certificación de centros de la red pública de migraciones. Además, al obligar a los servicios sanitarios y sociales a facilitar la tramitación desde la primera atención y al reconocer un acceso provisional mientras se resuelve el expediente, reduce el riesgo de que una mujer pueda perder buena parte de unas semanas que son decisivas en esta intervención atrapada entre ventanillas.
Cierto es que el decreto no eliminará por sí solo el racismo institucional, ni garantizará que todo el personal administrativo conozca y aplique bien el procedimiento. Tampoco corregirá automáticamente la desigualdad territorial en la prestación de la IVE, ni la escasez de recursos públicos en determinadas comunidades. Pero sí hace más exigible y operativa la entrada al sistema sanitario de mujeres a las que, en la práctica, se les cerraba la puerta.
Hoy la mejora de las condiciones de vida y de acceso de las mujeres que deciden abortar depende menos de una nueva cláusula constitucional que de decisiones administrativas, sanitarias y presupuestarias. Está supeditada, en todo caso, a que la prestación pueda realizarse realmente en la red pública donde hoy no se ofrece, existan equipos preparados, la objeción de conciencia no se convierta en objeción estructural, no haya que desplazarse cientos de kilómetros, las mujeres migrantes no queden atrapadas fuera del sistema por no tener padrón o tarjeta, y los laberintos burocráticos no vacíen el derecho de contenido.
En la agenda de la Casa de Su Majestad el Rey debería estar señalada el próximo 2 de abril, jueves santo, la siguiente actividad: «Lavatorio de pies de SS.MM los Reyes en el Salón de Columnas del Palacio Real».
He entrado abuscarloy no está.Mal.
Les da asco o les da vergüenza. Mal igualmente.
Felipe y la ciudadana Ortiz, igual que antes hicieron Juan Carlos y Sofía, han roto una tradición de siete siglos sin dar explicaciones. No puede ser que las monarquías seleccionen lo que les viene bien o mal para continuarlo o no. Su única utilidad es mantener los teatrillos tradicionales para salir en el ABC, soportar tediosas audiencias, ofrecer almuerzos o cenas de gala a mandatarios extranjeros, firmar donde les dicen, ir a ver al papa, entregar galardones, inaugurar Fitur y el Salón de la Alimentación, presidir honoríficamente una cantidad ingente de patronatos y fundaciones que no tienen ni idea de para qué sirven, leer discursos, posar, acudir a desfiles patrios, recibir a deportistas con medallas, imponer condecoraciones a casposas órdenes de caballería… ¿Me dejo algo? Sí, me dejo mucho, pero nada de lo que me dejo ni menciono contribuye de forma activa y efectiva a que este país progrese.
Toda la agenda es absolutamente prescindible porque sus majestades son prescindibles. Cumplen con protocolos y compromisos que podrían gestionar de forma más efectiva y provechosa un buen equipo de relaciones públicas que adjudicaría cada evento al departamento o a las instituciones gubernamentales interesadas y entendidas en el contenido, y que ya de paso, seguro, limpiaría de polvo y paja más de la mitad de las actividades que ahora pueblan la agenda de Felipe, Letizia, Leonor, Sofía y la otra Sofía. Unas son absurdas; otras, medievales; otras, carentes de interés, y todas innecesarias.
Sería impagable poder ver en la prensa a la ciudadana Letizia lavando y secando los pinreles de doce mujeres mendigas, y a Felipe los de otros doce mendigos. ¿Por qué nos hurtan este centenario acto del lavatorio de pies?
Decía que en la agenda de sus majestades debería estar previsto el jueves 2 de abrilde 2026el lavatorio de piesen el Palacio Real,porqueesaviene siendo suobligación,como católicasmajestades que son,desdehace 784años. Y,además,sería impagablepoderver en la prensaa la ciudadana Letizia lavandoy secandolos pinreles de doce mujeresmendigas, y a Felipelos deotros doce mendigos.¿Por qué nos hurtaneste centenario acto del lavatoriode pies?Pues por lo mencionado anteriormente, porque les da ascoy, disimuladamente, se lo han cepillado de susobligacionesa ver si no nos damos cuenta.
El saltarse lastradiciones es un derecho reservado a la plebe. Si la permanencia de la monarquía solo se basa en la tradición,aquí ni dios debe saltarse una de las más ancestrales. Si el pasado 20 de marzo Felipe acudióal hipócrita acto de su toma de posesión comoprotocanónicode la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma,tal y como se viene haciendo desdehace siglos, que lave también los pies de losmendigos.
Si la pecadora Letizia cumplió con la tradición de acompañar de mala gana a su marido a ese solemne acto en Roma que concluyó con rezo de padrenuestro y bendición, y si utiliza en sus audiencias con el papa el privilegio del blanco reservado a las católicas reinas de España, pues que lave también los pies de las mendigas. Y por cierto, ¿mantuvo la señora Ortiz durante el rezo en la basílica dirigido por el arcipreste cardenal Rolandas Makrickas esa chulería de no santiguarse cuando toca y que practica deliberadamente en España para dejarse ver y recuperar su imagen ateísta? No lo sé. Se han cuidado muy mucho de que no haya más imágenes que las oficiales, pero ya les aseguro yo, sin pruebas pero también sin dudas, que Letizia dobló la cerviz ante la alta representación de la multinacional, genuflexionó y hasta besó anillos.
Los reyes de España y León XIV en un encuentro en el Vaticano, el 20 de marzo de 2026.
Y otro por cierto… dado que ha venido servido por la actualidad: dejen de indignarse los ateos (¡no piquen, por el amor de dios!) con situaciones como la de la cofradía de machirulos de Sagunto que no permite procesionar a las mujeres. ¡Pues por supuesto que no deben procesionar! Son las normas de una secta destructiva que deben acatar todas y todos los miembros que voluntariamente pertenecen a esa banda. ¿Qué demonios hacen los ateos y los agnósticos defendiendo absurdos derechos de unas mujeres pertenecientes a una pandilla religiosa machista, homófoba, pedófila y déspota? No me sean flojos… no caigan en la trampa… que los de la secta quieren estar en misa y repicando y solo entonces reclaman la solidaridad de los mismos a los que desprecian por herejes. Mi apoyo a los machirulos de Sagunto.
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Si el pasado 20 de marzo Felipe acudió al hipócrita acto de su toma de posesión como protocanónico de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma, tal y como se viene haciendo desde hace siglos, que lave también los pies de los mendigos
Si han llegado hasta aquí con la incredulidad lógicaque suscita esto del lavatorio de pies,llega el momento de aclarar que esto no es producto demimala baba republicananide mi absoluta repulsa hacia los miembros pasados, presentes y futuros de esta arcaica institución.Lavar los pies adoce mendigoses una obligación de los reyes deEspañacada jueves santoque se rompió sin justificación alguna en 1976aprovechando la desinformación endémica de los españoles.
Por remitirme a los últimos reyes que cumplieron a rajatabla con esta obligación católica e hispana, Alfonso XIII y su consorte británica, permítanme que imagine cómo fue el momento en el que el responsable de protocolo de la casa real cumplió con la complicada tarea de explicarle a la señora majestad Victoria Eugenia el rito con el que tuvo que cumplir el jueves santo de 1907, la primera semana santa que le tocó chuparse en este país y que la escandalizaría como escandaliza todavía hoy a todo cristiano anglicano convencido.
Los anglicanos ven con muy malos ojos las juergas católicas procesionales porque les produce enorme rechazo el boato y el despiporre de estatuas, todas lujosamente vestidas y enjoyadas hasta las cejas. A ellos no les encaja el derroche de la semana santa católica porque ese lujo atenta contra las enseñanzas básicas del cristianismo. Tampoco les gusta que se celebre tan ostentosamente la muerte, ni la exhibición de tanto cristo sangriento, tanta estatua de señoras llorosas, tanto dolor… porque ellos vuelcan la celebración en la supuesta resurrección, que es más guay. Mucho mejor resucitar que morirse… donde va a parar.
El obispo de los anglicanos en Madrid se preguntaba hace unos años «¿Qué diría Jesús si se viera paseando por las calles encima de un trono, con vestimentas bordadas en oro?». Pues qué va a decir, señor obispo remilgado… que el negocio es el negocio.
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Entre los cristianos, además, ni siquiera coinciden las cuentas. Los ortodoxos y anglicanos celebran el sábado de resurrección, no el domingo, pero porque tienen poco ojo para ver la rentabilidad de tanto muñeco de acá para allá. Además, si Jesucristo no existió y no murió… igual da el día que lo resuciten. El obispo de los anglicanos en Madrid se preguntaba hace unos años «¿Qué diría Jesús si se viera paseando por las calles encima de un trono, con vestimentas bordadas en oro?». Pues qué va a decir, señor obispo remilgado… que el negocio es el negocio.
A lo que iba es a que la primera semana santaa la que se enfrentóla jovencitareina de EspañaVictoria Eugenia,con solo 19 años,debió sera finales de marzo de 1907, y con su embarazo muy avanzadopuesto que el príncipe de Asturias Alfonso nació en mayo. No puedo asegurar que aquel jueves santoVictoria Eugenia pudiera cumplir con el rito del lavatorio de pies con un bombo de ocho meses, pero si no fue ese año fue al siguiente, y aunque se librara en su primera semana santa, en la segunda ya no la salvó ni dios.
Elencuentro entre el responsable de protocolo de casa real intentando explicarleen inglésa la británica la que se le venía encimadebió de ser más o menos así:
-Majestad… el jueves santo, siguiendo la tradición centenariacon la quelos reyesy reinasde la monarquía hispánicacumplen cada año desde hace más de sietesiglos, debe lavarleslos pies a doce mujeres pobres.
–¡¿What?!
-Como lo oye…
-¡¿Why?!
-Porque eso hizo nuestro señor Jesucristoconsus doceapóstolesen el cenáculo, ypara demostrarque además de su reyy maestrotambién era su servidor,tomó aguaylavólos piesa todos.En total 24pinreles.
-¡¿Where?!
–En el MonteSión, señora majestad. Lo pone en lanovela.
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-¡No!¡Quedigo que dóndetengo que hacer esa guarrería!
-Ah… no se preocupe, no tiene que acudir a los suburbios.Se las traemos aquí,al palacio.
–¿Ysolo porque lanoveladigaque Jesucristo hizo eso tengo que hacerlo yo?
–Así se hace desdequeFernando III El Santoinició la tradición… que,por cierto, majestad, no lo difunda mucho, pero no fuesanto. Nuncafue canonizado. Fue una trampade esta sacra monarquía hispánica porque era la única nación sin un rey en el santoraly consiguieron hacer un apaño.
–OK… no digo nada de lo del tal Fernando, pero…¿lo de los piesno lo puede hacer mihusband?
–No…porqueél también tiene que lavar otros 24 pies de docemendigos.
–Idon’tunderstand…Si Jesucristonuestro señorse supone que lavó los pies alos doce apóstoles,¿por qué nosotros tenemos que hacerlocon el doble y lavárselos a24 pobres? En total son48 pies… soyguiripero sé contar.
-Es la tradición, señora majestad… ¿Es que cuando usted era anglicana, yle recuerdo asu majestad queesto fuehasta el año pasado, novio la ceremonia del lavatoriode piesdel jueves santoenel castillo de Windsor?
-¡¿EnWindsor?!¡¿La abuelita Victoria o mi tíoel reyEduardo VIIlavando los pies de los pobres?! ¡Ohmygod!
-Se trata de una ceremonia litúrgica cristiana, señora majestad…
–Pero es que solo aquí os lo creéis todo…Hacelongtimeque lo de los pies se sustituyó por dar unas limosnas…
-Puessorry, peroeso no es todo…A los pobres también hay que darles de comer.
–Pues que les den.
–Es queson sus majestades los que tienen que servirles…
-¡¿What?!¡¿Why?! ¡¿Where?!
-Es la tradición.Lo pone en la novela. También aquí, en palacio.
-Pero… ¿dónde demonios diceen la Biblia que tenemos que servirles?
–En el mismo párrafo de lo de los pies.Ya sabe… repartió el pan, sirvió el vino…
-¡Ohmygod!
Teatrillos al margen, pero con la seguridad de la absoluta sorpresa de Victoria Eugenia cuando le comunicaron el rito que estaba obligada a cumplir, quien haya leído la novela relacionará esto de lavar los pies con uno de los cuentitos que la integran. En concreto el titulado Lavatorio de los pies, capítulo 13, versículos 1 al 15, que dicen que escribió un tal Juan y que recoge cuando el tal Jesús, durante la última cena antes de que lo trincaran, agarró una jofaina con agua y una toalla y lavó y secó los pies de sus doce discípulos.
La ‘performance’ del lavatorio fue adornándose a lo largo de setecientos y pico años hasta llegar al siglo XX, en el que la ‘performance’ pasó a ser una bufonada tradicional con la que han venido cumpliendo, como tiene que ser, todos los reyes, reinas, consortes y regentes.
Fue el rey castellano Fernando III, el conquistador de Sevilla, el que en el año 1242 tuvo la genial idea de reproducir la escena. La performance del lavatorio fue adornándose a lo largo de setecientos y pico años hasta llegar al siglo XX, en el que la performance pasó a ser una bufonada tradicional con la que han venido cumpliendo, como tiene que ser, todos los reyes, reinas, consortes y regentes. Como no había apóstoles a mano, los responsables de casa real se encargaban de buscar 24 pobres, doce hombres y doce mujeres, para que el rey y la reina hicieran su teatrillo con presencia de Grandes de España, la prensa y toda la plebe que entrara en la tribuna que se instalaba en el Salón de Columnas del Palacio Real. Ante las lógicas dudas de algunos lectores sobre este asunto, les remito a la hemeroteca del portavoz oficial de los borbones, el ABC, que informaba con todo lujo de detalles y numerosas imágenes la majadera ceremonia del lavado.
Felipe VI y Letizia asisten a una ceremonia para asumir el título histórico de protocanónigo honorario de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en Roma, el 20 de marzo de 2026.
Durante el periodo de Isabel II, la reina lavaba los pies de las mujeres, mientras el consorte Francisco se ocupaba de los de los hombres bajo la atenta y tierna mirada de su novio Antonio Ramos. Con la restauración de los borbones en la figura de Alfonso XII recuperaron la ranciedad católica, y luego su viuda, la austriaca María Cristina, cumplió con el lavado de pies exclusivamente a mujeres. A ella tuvieron también que explicárselo, pero en alemán, cuando la facturaron a España para casarla. Durante la regencia cumplió sola con el lavatorio, sin que participara ningún hombre, pero en cuanto llegó a la mayoría de edad Alfonso XIII su madre se desentendió de semejante asquerosidad y empezó a cumplir con el rito él solo y solo con hombres (¿se entiende o ponemos tilde?). Cuatro años después se casó con la british Victoria Eugenia, y desde entonces compartieron la gansada cada jueves santo de cada año.
Hasta cuándo duró esto, puede que se pregunte algún lector con voz entrecortada. Hasta 1931. Probablemente la última sandez de Alfonso XIII y Victoria Eugenia antes de partir expulsados aquel 14 de abril fue cumplir doce días antes, el 2 de abril, con el que sería definitivamente el último lavatorio de pies de los borbones. Estoy segura de que, solo por eso, y por dejar de lavar pies de pobres, les mereció la pena el exilio. No consideraron necesario mantener la payasada ni hubo que buscar mendigos franceses, suizos, británicos o italianos por las distintas residencias que recorrieron, ya por separado, en su peregrinaje europeo. ¿Se imaginan a Alfonso XIII en su suite de 300 metros cuadrados del Gran Hotel de Roma recibiendo a doce mendigos romanos para lavarles los pies en jueves santo? Lo que recibía eran novias.
Los pobres seleccionados tenían que ser ancianos, y antes del día de la ceremonia los 24 eran minuciosamente reconocidos por los médicos de palacio. Sarnosos, piojosos, tuberculosos y demás osos quedaban excluidos, no fueran a pegarles algo a sus majestades
Existendatos muy precisos y detallados de la ceremonia del lavatorio de piesdurante todo el primer tercio del siglo XXen el Palacio Real, así que borren ya de una vez por todasese ceño arrugado que denota incredulidady sigan empapándose: los pobresseleccionados tenían queser ancianos, y antes del día de la ceremonia los 24 eran minuciosamentereconocidospor los médicos depalacio, encargado dedeclararlos o no aptos para participardel evento. Sarnosos, piojosos, tuberculosos y demás osos quedaban excluidos, no fueran a pegarles algo a sus majestades.Una vez pasado el examen a todos y todas se les facilitaba una indumentaria adecuada, que una cosa es sermendigo yotramuy distintaparecerlo.
Tanto a mujeres como a hombres, a los que vestían con traje, capa y chistera que podían quedarse luego, les obligaban previamente a bañarse y rascar bien la mugre con estropajo y jabón, especialmente los pies porque eran los que tenían que tocar y besar los reyes. No duden que hasta les harían la pedicura porque alguno llevaría las uñas como gavilanes.
El rito continuaba con los doce mendigos sentados en una fila y las doce mendigas en otra, cada uno con su par de pies metidos en una jofaina. El rey y la reina, cada uno en la fila de sus correspondientes pobres, se agachaban, les pasaban la manita con agua por los pies, sin tocar mucho, y los secaban. Avanzaban entonces hasta el siguiente mendigo mientras un grande de España se encargaba de ponerle al pobre anterior los calcetines y los zapatos. Una vez terminado el suplicio real, los reyes tenían aguamaniles de oro que sujetaban un duque y una duquesa, también grandes de España, donde lavarse ellos mismos las manos después de haber tocado doce pares de pies de pobres.
Y llegaba entonces el segundo acto: la comilona. Cada uno de los grandes de España tenía asignado un indigente al que acompañar hasta la gran mesa del Salón de Columnas de palacio. Cada duquesa o marquesa acompañaba a la mesa a su mendiga, y cada marqués o duque a su pobre asignado. Hombres pobres, a un lado de la mesa. Mujeres pobres, al otro. Algunos años, en mesas separadas. Los mayordomos les daban los platos a los reyes, que los ponían en la mesa delante de los pobres. Y ahí finalizaba la puesta en escena, porque los comensales no podían disfrutar allí del banquete. Los ocho o nueve platos bien abundantes (tortilla de patata con cebolla, merluza frita, congrio con arroz, lenguados fritos, empanadilla de sardinas -la carne ni olerla, que era vigilia-, coliflor, alcachofas rellenas, salmonetes asados, torta de hojaldre, queso de bola, arroz con leche, aceitunas, frutos secos, ciruelas, melocotones confitados y naranjas… con ligeras variaciones cada año) se guardaban en tarteras, y a cada uno de los pobres, además de la ropa, los zapatos y demás complementos del atuendo les regalaban un gran canasto donde guardaban, no solo la comida sobrante que permitía comer a una familia varios días, sino las jarras del vino, los saleros, los vasos, las cestas del pan, las fuentes… porque todo eso les permitían llevarse de recuerdo de aquel caritativo y humilde acto borbónico. Lo cierto es que, nada más salir de palacio, los pobres solían vender toda la vajilla porque les importaba un pito tener de recuerdo un salero de palacio. Y así fue hasta 1931.
Exigimos recuperar las tradiciones patrióticas. Exigimos a sus católicas majestades, la ciudadana Ortiz y el borbón Felipe, que reanuden el lavatorio de pies a doce mendigos y a doce mendigas el jueves santo.
Todo se rompió con Juan Carlos y la griega, que cuando (¡estoy segura!) algún alto cargo de la multinacional fue a recordarles la necesidad de reanudar la ceremonia del lavatorio de pies en jueves santo, Juan Carlos debió decir: «¡De eso nada! A nosotros el jueves santo nos pilla en Marivent, y yo ya he quedado con Marta». Felipe y Letizia, los muy hipócritas, se sumaron al disimulo.
Exigimos recuperar las tradiciones patrióticas. Exigimos a sus católicas majestades, la ciudadana Ortiz y el borbón Felipe, que reanudenel lavatorio de pies a docemendigos y a doce mendigas el jueves santo.El¡Hola!lo necesita, elABClo necesita, los españoles lo necesitamospara saber que Felipe y Letizia sirven para algo.
Recogida de firmas ¡ya! para que vuelva el lavatorio de pies del jueves santo en el Palacio Real.
Un mes después de ordenar la ofensiva bélica contra Irán, Donald Trump no ha doblegado a Teherán a pesar de sus más de 10.000 objetivos alcanzados por sus bombas y de acabar con buena parte de su cúpula dirigente. El presidente de Estados Unidos, entre continuas contradicciones, busca a la desesperada una salida a una de las mayores crisis mundiales en lo que va de siglo. Una crisis a la que Washington ha sido instigado por Israel y su supremacismo en Oriente Medio, y en la que Irán está mostrando una sorprendente resistencia y una temible habilidad para golpear a la economía internacional con sus contraataques en el Golfo Pérsico y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, arteria vital para gran parte de los hidrocarburos que consume el planeta.
La guerra de Irán ha puesto contra el muro a las economías más fuertes y a las más débiles, con los vaticinios más oscuros si se alarga siquiera un mes más el conflicto. De momento, ha terminado de descoser las costuras de la OTAN, con insultos desaforados de Trump a sus aliados por no acompañarle en una aventura bélica desorganizada y complaciente con los intereses del hegemonismo israelí, las petroleras estadounidenses y los fabricantes de armas.
La guerra de Irán ha puesto contra el muro a las economías más fuertes y a las más débiles
En Irán, las acciones militares de EEUU e Israel decapitaron al régimen islámico, con el asesinato el primer día de su líder supremo, Alí Jameneí, y con la matanza en las jornadas siguientes de los más destacados miembros dela jerarquía iraní. Sin embargo, el resultado ha sido una mayor radicalización del sistema, con el hijo de Jameneí, Mojtaba, como su sucesor y con un mayor poder para los Guardianes de la Revolución islámica. Al tiempo, la guerra ha propiciado el cierre de filas con los nuevos dirigentes del país de buena parte de la población que hace dos meses clamaba en las calles por el fin de la teocracia iraní.
El resultado ha sido una mayor radicalización del sistema, con el hijo de Jameneí, Mojtaba, como su sucesor
La guerra ha disparado la ira y el odio a estadounidenses e israelíes, y la destrucción por los misiles, bombas y drones del Pentágono y el ejército judío dejará una cicatriz que marcará a Irán y a Oriente Medio durante décadas.
Otra vez, las guerras de las mentiras
De nuevo, Washington cometió el mismo error que en 2001,cuando atacó Afganistán, y en 2003, cuando invadió Irak por la presunta amenaza de que Bagdad tenía armas de destrucción masiva. Trump se valió, como hizo entonces su colega republicano George W. Bush, de la mentira de que Irán estaba a punto de obtener armas nucleares para justificar esta ofensiva masiva, que comenzó el pasado 28 de febrero sin ser consultada al Congreso de EEUU.
Dos días antes habían tenido lugar en Ginebra unas negociaciones clave de EEUU con Irán, para controlar y desmantelar buena parte de su programa nuclear con cierta aquiescencia de Teherána cambio del levantamiento de sanciones que pesan sobre el régimen islámico. Lo que no sabían los iraníes es que a principios de esa semana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había convencido ya a Trump para lanzar un ataque a gran escala contra Irán y asesinar en las primeras horas de la ofensiva a Jameneí y su Estado mayor militar y político, reunidos en un fatídico encuentro que conocía Israel.
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EEUU difunde en su red social X operaciones militares dirigidas contra objetivos del régimen de Irán, como parte de la operación denominada Epic Fury.
Los bombarderos de israelíes y estadounidenses destrozaron en los días siguientes las fuerzas navales de Irán, gran parte de los silos de misiles del ejército persa, los cuarteles principales de los Guardianes de la Revolución –el ejército paralelo y más temible del régimen islámico–, atacaron las instalaciones nucleares con bombas capaces de penetrar cualquier blindaje de acero u hormigón, y arrasaron aeródromos y puertos por todo el país persa.
La población, la primera víctima de esta guerra ilegal
Los misiles estadounidenses e israelíes también han matado a unos 3.300 iraníes, de ellos 1.400 civiles, una cifra que seguramente sea mucho mayor, pues el Gobierno de Teherán se guarda mucho de alarmar más si cabe a la población. Esta ocultación es, sin embargo, difícil de mantener, como sucedió en Minab, en el sur de Irán. En esta localidad de la provincia de Hormozgán, un doble bombardeo estadounidense con misiles contra una escuela de primaria asesinó el 5 de marzo a al menos 168 personas, la mayor parte niñas de entre siete y 12 años, despedazadas por las bombas o enterradas vivas entre los cascotes del colegio.
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Trump llegó a acusar a los propios iraníes de haber lanzado el ataque, pero las primeras investigaciones pronto dejaron claro quién era al auténtico autor de la masacre, una repetición calcada de los bombardeos de civiles en el genocidio cometido por Israel en Gaza e igual que aquí denunciada por la ONU como crimen de guerra.
Tumbas para víctimas de un ataque contra una escuela en Minab, Irán.
A pesar de que ya en las primeras jornadas de la guerra, Trump afirmó una y otra vez que la capacidad militar de Irán había sido destruida, sin embargo, el Ejército iraní no ha cesado de responder. Ni es verdad que Israel y EEUU han destruido toda la potencia misilística de Irán, ni las alabadas defensas israelíes o los sistemas antimisiles desplegados por el Pentágono en el Golfo han sido capaces de interceptar todos los proyectiles lanzados por los iraníes.
Oficialmente las armas iraníes han causado en Israel unas 15 víctimas mortales. En el caso de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio son 13 los soldados muertos y 300 los heridos. También han sido asesinados por los misiles y drones iraníes una docena de civiles en los países árabes de la región.
La batalla de Ormuz
El terror causado por esta capacidad de represalia iraní continúa en el Golfo Pérsico, a pesar de que Trump y Netanyahu insisten en que ya no deberían quedar misiles ni lanzaderas ni apenas drones iraníes. Este pánico, provocado con ataques iraníes muy seleccionados a objetivos civiles, incluidos los depósitos y refinerías de crudo y gas en esos países del Golfo Pérsico, así como las amenazas lanzadas contra la navegación en el estrecho de Ormuz y otras zonas de ese mar, está siendo suficiente como para paralizar buena parte del tráfico marítimo en la región y golpear con fuerza la economía mundial. En las últimas horas, Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más atacados por Irán, ha propuesto formar una coalición en el Golfo para entrar también en la guerra y abrir Ormuz.
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Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% del crudo y el gas mundiales
Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% del crudo y el gas mundiales, y un tercio de los fertilizantes, por citar solo dos ejemplos. En estos momentos solo pasan los contados buques que permite Irán, especialmente los chinos; el miedo y los precios impuestos por las navieras y las aseguradoras han hecho el resto.
En el plan de paz de 15 puntos brindado por Trump a los iraníes esta semana se exigía la apertura total del estrecho de Ormuz, so pena de arrasar las centrales eléctricas de Irán. La respuesta de Teherán fue rechazarlo, exigir el fin de los ataques para comenzar a negociar y reclamar para sí el control total de esa vía de comunicación vital entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, proponiendo en contrapartida la imposición por Irán de tarifas al paso de barcos por la zona.
Israel a la conquista del Líbano
La otra cara de esta guerra quizá no sea tan dolosa económicamente, pero está reconfigurando también el mapa de Oriente Medio. Al empezar la contienda, las milicias de Hizbulá, estacionadas en el Líbano, lanzaron una andanada de misiles contra Israel, sin que causaran víctimas mortales en un primer momento. El Ejército israelí respondió con una ofensiva total contra el sur del Líbano y los barrios chiíes de Beirut, donde podría haber milicianos de Hizbulá.
Los bombardeos israelíes han dejado incomunicada esa parte meridional del Líbano, con la voladura de los puentes del río Litani. La intención de Netanyahu es invadir ese zona, casi un 10% del Líbano, y asimilarlo a Israel como una zona de contención, aunque la idea de los radicales judíos en su Gobierno es que pueda ser ocupado poco a poco por colonos ilegales israelíes.
La intención de Netanyahu es invadir casi un 10% del Líbano
De momento, la guerra de Irán llevada al Líbano por Israel ha acabado con la vida de más de un millar de personas y ha obligado a desplazarse desde el sur a un millón de libaneses. Netanyahu ha ordenado la llamada a filas de 400.000 reservistas israelíes, un paso que permite adivinar qué es lo que va a pasar en los próximos meses en el Líbano.
Lo adelantó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz: se aplicará en el Líbano la misma estrategia de tierra quemada que en Gaza, con aldeas arrasadas, demolición de viviendas, destrucción de infraestructuras y limpieza étnica de su población, empujándola hacia el norte.
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La apuesta de Israel para aniquilar al régimen iraní e invadir el Líbano se ha convertido en un obstáculo casi infranqueable para que EEUU e Irán acuerden un alto el fuego. En última instancia, Netanyahu podríafrenar sus ataques aéreos en Irán, pero será a cambio de tener las manos totalmente libres en el Líbano.
Una trampa para Trump
No parece que Trump lo tenga nada fácil para detener la guerra.Aunque hay negociaciones en la sombra, no parece probable una capitulación de Irán,pese a los planes de EEUU de lanzar una ofensiva terrestre, a pesar del altísimo riesgo que supone tal paso.
El Pentágono prepara nuevos refuerzos importantes a los cerca de 50.000 soldados que tiene en Oriente Medio. Esta semana se habló de hasta 10.000 nuevos efectivos, entre ellos tropas de élite de la 82 división aerotransportada. Estas unidades son normalmente enviadas a zona de guerra como paso previo a una invasión.
El carguero con bandera de Tailandia Mayuree Naree envuelto en humo negro en el Estrecho de Ormuz , 11 de marzo de 2026.
El 6 de abril se cumple el postrer ultimátum dado por Trump para que Irán despeje el paso de Ormuz. Una opción es el ataque a algunas de sus islas del Golfo Pérsico, entre ellas la de Jarg, que gestiona el 90% de las exportaciones petrolíferas de Irán. Su captura pondría en manos del ejército estadounidense mucho, muchísimo petróleo.
Según la web estadounidense Axios, que cita fuentes oficiales, además de Jarg, el Pentágono estaría considerando tomar otras islas iraníes, como Larak y Abu Musa, claves para el control del estrecho de Ormuz. Igualmente se evalúa el abordaje e incautación de los petroleros y mercantes que transporten crudo iraní hacia el Índico. Esta acción no le gustaría nada a China, el mayor cliente del petróleo iraní.
Los partidarios de tales acciones consideran que un éxito militar así podría impulsar a Trump a declarar el fin de la guerra y apuntarse un tanto que le permita salvar algo la cara en medio del desastre.
Desafección creciente en EEUU
Estas amenazas, que no parecen alterar mucho a los iraníes, están siendo cuestionadas en los propios EEUU, donde aumenta la desafección a la política exterior de Trump y al empantanamiento en una guerra que se podría haber evitado.
La subida de los precios de los combustibles y el fantasma de la inflación enervan cada vez más a una población que rechaza la estrategia errática de Trump. Todo ello, con las elecciones de medio término a la vista, en noviembre, cuando los estadounidenses votan la renovación de buena parte del Congreso.
En este sentido, son ya unos cuantos los miembros destacados del Partido Republicano que están manifestando su desacuerdo con su jefe. Un ejemplo lo dio esta semana la representante republicana Nancy Maceal rechazar una ofensiva terrestre:«No sacrificaremos vidas estadounidenses por las mismas políticas exteriores fallidas», dijo tajante Mace, en una bofetada directa a esta guerra y a sus artífices.
En las primeras horas posteriores al ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump rompió un tabú para muchos presidentes: no descartaba poner botas estadounidenses en el terreno si fuera necesario. Un mes después de hacer esa afirmación, la posibilidad ya no es retórica, sino real: el Pentágono ha movilizado a la región dos unidades de marines MEU, con unos 2.200 efectivos cada una, y los paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada. No es lo mismo enviar a Oriente Medio portaaviones y buques destructores, que enviar tropas especializadas en ataques terrestres.
Mike Prysner, veterano de la guerra de Irak y activista por la objeción de conciencia, es más directo: «Sinceramente, esto me recuerda mucho a la invasión de Irak». Según explica aPúblico, los últimos movimientos de tropas buscan preparar un despliegue. «No significa que una invasión terrestre sea inevitable, sino que es una contingencia real. El presidente ha dicho que quiere tener la opción de invadir, y el Pentágono lo ha preparado todo. Si él toma la decisión, pueden ejecutar una invasión de inmediato, con planificación y fuerzas ya posicionadas. No quiere decir que vaya a pasar; solo que han hecho enormes preparativos para que sea una opción disponible en cualquier momento», señala.
El movimiento de tropas se produce a la par que el presidente estadounidense asegura que está negociando con Irán. Este jueves por la tarde, Trump volvía a ampliar el plazo de su ultimátum energético: los ataques a las infraestructuras eléctricas del régimen quedaban postergados hasta el próximo 6 de abril a las ocho de la tarde. La situación actual amenaza con convertirse en un déjà vu cínico. Hace un mes, el yerno del presidente, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff, estaban en Suiza negociando con los iraníes sobre el programa nuclear, mientras los portaaviones Abraham Lincoln y Gerald Ford terminaban de tomar posiciones en el mar Arábigo.
Los ataques a las infraestructuras eléctricas del régimen quedaban postergados hasta el próximo 6 de abril
El presidente estuvo un mes y medio lanzando mensajes contradictorios contra el régimen, mientras aprovechaba para ir construyendo el despliegue militar que después usaría para atacar a Irán el 28 de febrero. Los ayatolás tienen pocos incentivos para creer en Washington como interlocutor fiable. Teherán ha estado negando cualquier tipo de negociación, aunque rechazó el plan de paz presentado a través de Pakistán.
El enrocamiento de Irán en su posición vuelve a reflejar la asimetría del tablero: para los ayatolás, no perder es ya una victoria. En cambio, para Trump, todo lo que no sea una victoria explícita podrá ser ya leído como una derrota. Paradójicamente, Teherán ha visto cómo la guerra le ha reportado algunos beneficios estratégicos que de otro modo serían impensables. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y los ataques a las refinerías del Golfo han generado tal estrés económico que Estados Unidos ha levantado temporalmente algunas sanciones al petróleo iraní.
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Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante.
Con este patrón, lo que están viendo los ayatolás es que escalar la guerra puede conducir a Trump a adoptar medidas extremas que les beneficien. El régimen mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y no solo daña a su enemigo, sino que además capitaliza la situación. El bloqueo de este paso marítimo ha disparado el barril de Brent hasta máximos de 115 dólares, cifras que no se veían desde 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania. Y estos números ya han sido suavizados por la liberación de reservas de petróleo, por lo que podrían ser mucho peores.
La reserva estratégica de barriles de EEUU alcanzará su nivel más bajo desde 1982
Estados Unidos ha liberado 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. La liberación de petróleo, que ya se inició la semana pasada y se alargará durante 120 días, dejará las reservas del país en unos 243 millones de barriles, un 41% menos que los 415 millones actuales. Esto hará que la reserva estratégica alcance su nivel más bajo desde 1982, según los datos del departamento de Energía. Si la Casa Blanca contemplaba este hecho antes del inicio del conflicto, no se sabe. Aunque el aviso del Pentágono sobre cómo una guerra con Iránconsumirá aún más el mermado arsenal de munición del ejército de EEUU, no achantó a Trump.
La campaña ya ha obligado a movilizar a la región el sistema de defensa antiaéreo THAAD que había en Corea del Sur, y la factura militar no hace más que subir. Tan solo en los dos primeros días de guerra, el Ejército ha gastado 5.600 millones de dólares en munición.
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A pesar de esto, y de que atacar Teherán ha supuesto romper con su promesa electoral de no involucrar el país en conflictos exteriores, las bases MAGA siguen apoyando al presidente. Unnuevo sondeo realizado por Ipsos entre el 12 y el 14 de marzodestaca que un 76% de los votantes de Trump en 2024 apoya la guerra. Además, un 71% dice que su apoyo sigue siendo el mismo que en el primer día a pesar de la dilatación del conflicto. La única cuestión que parece ser un punto de inflexión es la cuestión de enviar tropas. Un 58% está en contra. Ahora, el presidente acaricia esta posibilidad mientras los soldados van llegando a Oriente Medio. Este viernes se esperaba que llegaran los 2.200 marines del USS Tripoli, y los que van a bordo del USS Boxer aún tardarán unas semanas. La división de paracaidistas de élite está lista para actuar en un lapso de 18 horas desde que se les activa.
Hace un año el sonido de las llaves de millones de inquilinos se escuchó por toda España. Fue la primera gran manifestación por una vivienda digna que se vivía en el país. Solamente en Madrid, alrededor de 100.000 personas salieron a las calles para exigir el fin del rentismo. El grito era unánime: «¿Qué pasa? Que queremos casa» y el mensaje claro: las huelgas de alquiler habían llegado para quedarse.
Estos días, coincidiendo con los Housing Action Days, hay marchas y eventos en varios puntos de España, que se suman a las acciones coordinadas que se están organizando en toda Europa. El año pasado más de sesenta países hicieron seguimiento de esta convocatoria, a la que están asociadas tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. «Mientras los ricos se enriquecen, las democracias de todo el mundo se debilitan y millones de personas luchan por satisfacer necesidades básicas como la vivienda», alertan los organizadores. Este año las reivindicaciones se centran en la turistificación, los efectos de la crisis climática y la escalada bélica.
Tras la Asamblea Estatal de la PAH celebrada este fin de semana, los activistas se han unido formalmente a estas jornadas y están anunciando actos desde sus diferentes nodos. En un comunicado difundido a los medios han tachado el nuevo decreto de vivienda de «insuficiente» y «limitado» y denuncian «el abandono deliberado por parte del Gobierno del intento de mantener en pie la moratoria antidesahucios», una medida que ha quedado fuera de este último paquete anticrisis.
Frente a esta situación, hacen un llamamiento a todos los movimientos sociales y ciudadanos a salir a la calle: «Ante estos decretos de mínimos, respondemos con movilizaciones de máximos». En paralelo, con la esperanza de que pueda servir para cambiar la postura de Junts en el último momento, hasta los socios del Gobierno se han aventurado a pedir apoyo. «Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que, cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación, se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa», decía Pablo Bustinduy este lunes, en una entrevista en RTVE.
Andalucía contra los desahucios y la gentrificación
A lo largo del mes de marzo se han organizado varias acciones contra la gentrificación y la especulación en diferentes puntos del país, que buscan presionar a las instituciones, pero también concienciar a la ciudadanía de la importancia de organizarse y participar en las asambleas.
Córdoba ha sido una de las primeras ciudades en sumarse oficialmente a los días globales por la vivienda. Stop Desahucios y otros colectivos han organizado este martes una protesta que ha recorrido el casco urbano. La plataforma denuncia el «reiteradamente nefasto efecto de los llamados fondos buitre», a los que señalan como «los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadores sin alternativa habitacional» y denuncia las consecuencias de la caída de la moratoria antidesahucios: «En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz».
Aunque en fechas algo más alejadas de estas jornadas, en Málaga, más de mil personas recorriendo la ciudad el 14 de marzo para apoyar a los vecinos del bloque de Avenida de Europa 15, que se enfrentan a un futuro desalojo masivo. A esa concentración acudieron también los 62 afectados por un desahucio en Manilva, que este martes 24 de marzo se han quedado en la calle sin alternativa habitacional.
«Desgraciadamente se ha ejecutado el desahucio, pero el apoyo vecinal ha derivado en una manifestación por la ciudad y esta noche parece que dormirán las familias en un polideportivo», explica un portavoz de Málaga para Vivir, que denuncia que han dejado a las familias «tiradas a su propia suerte». Este jueves pretenden acudir al pleno de la ciudad para intentar que los vecinos de Avenida Europa no corran la misma suerte.
Semana de movilizaciones: València, Mallorca o Madrid
Este fin de semana hay previstas otras dos concentraciones, una en Mallorca y otra en Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Tetuán sale a la calle este sábado 28 de marzo contra «las distintas formas de acoso inmobiliario». Como acción previa, la semana pasada empapelaron varias sedes socialistas, con carteles bajo el lema «Gobierno cómplice de matones y rentistas», exigiendo la desarticulación de las empresas de ocupación.
En la capital de les Illes Balears también se ha hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan el domingo 29 a la Plaza de España. El archipiélago registra los mayores porcentajes de descontento ciudadano, relacionados con el acceso a la vivienda. Ángela Pons, portavoz de la PAH en la isla, denunciaba hace hace unos días, en conversaciones con este medio, la situación asfixiante que viven los mallorquines, con cientos de trabajadores del turismo viviendo en asentamientos y caravanas, ante la imposibilidad de acceder a unos alquileres que «en los barrios obreros, ya rozan los 2.000 euros y por una habitación pueden pedirte fácilmente 700 euros».
«Aquí todo es para el turista, pero los mallorquines no tenemos dónde vivir. Y todas las semanas nos enfrentamos a desahucios de gente que se queda en la calle, porque no tenemos narices de encontrarles una alternativa habitacional», cuenta. Este mismo lunes ha atendido un último intento de desalojo de una pareja de 75 años.
También en otras ciudades hay previstos distintos tipos de acciones coordinadas. Segovia se ha unido a los Housing Global Days, con dos actividades, este martes y este miércoles, «para reivindicar y celebrar la semana de acción global por el derecho a la vivienda en un mundo habitable», que serán familiares y participativas. Barcelona o Donostia han anunciado diferentes acciones de lucha que darán a conocer en los próximos días.
Por su parte, en el País Valencià, el sábado, en el barrio de Russafa, se organizará una cadena humana «contra la especulación inmobiliaria», con la que quieren exigir la paralización de un proyecto que pretende construir 34 bajos turísticos y dos sótanos de estacionamiento. Un acto organizado desde València no está en venta, y que enmarcan dentro de esta semana de la lucha internacional por la vivienda.
En Toledo, aprovechando estas jornadas, la recién creada Unión Popular de Inquilinos se está dando a conocer barrio a barrio. Se trata de un grupo de jóvenes «indignados» por la subida de las rentas, las condiciones abusivas de los contratos y la gentrificación turística. Están vinculados a la Unión Popular de Estudiantes de Toledo y, en un comunicado, inciden en que hasta la fecha no había un colectivo en la ciudad al que recurrir en caso de conflicto con el casero o del que exigir el cumplimiento de los derechos de los inquilinos.
Además, el fin de semana pasado dos marchas reunieron a cientos de inquilinos y afectados por la subida de los precios de la vivienda en dos extremos del país: Vigo y Alacant. Unas 800 personas organizadas por Alianza Pola Vivenda exigieron en Vigo medidas contra la «emergencia habitacional», que deja ya contratos que superan los 700 euros, según denunció Juan Medela, portavoz de la Alianza. El colectivo exige que se adopten cinco medidas «inmediatas», entre las que incluía la declaración de la ciudad como zona tensionada –el Ayuntamiento aún no lo ha solicitado– o el establecimiento de un plan plurianual para la ampliación del parque público de vivienda y la creación de un censo de personas sin hogar.
Decenas de personas durante una manifestación para exigir medidas por una vivienda digna, a 21 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).
En cambio, en Alacant, gran parte de las reivindicaciones y el descontento vecinal giró en torno al escándalo de las VPO que salpica a la provincia tras el estallido del caso de Les Naus. Desde el Sindicato de Vivienda de la Zona Norte han criticado duramente a los gobiernos local y autonómico, a los que acusan de modificar la legislación para facilitar estas concesiones. Piden la expropiación de las VPO adjudicadas a «personas que no las necesitan», la creación de un órgano de gestión en el que participen las asociaciones vecinales y que las personas implicadas en el escándalo sean apartadas de la administración pública.
Acciones coordinadas por toda Europa
«Los ricos se enriquecen cada vez más mientras las democracias de todo el mundo se vacían y millones de personas luchan por garantizar sus necesidades básicas y una casa donde vivir. A medida que se multiplican las crisis, la gente se ve obligada a emigrar, solo para encontrarse con fronteras cerradas, represión y políticas cada vez más racistas», denuncia en un comunicado la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad.
La coalición de activistas se describe como «inquilinos que resisten a los desalojos, trabajadores que luchan por salarios justos y por llegar a fin de mes, personas sin hogar que luchan por una vivienda digna para todes y comunidades que reclaman tierras y espacios para la vida colectiva». Bajo esta bandera se agrupan organizaciones de Irlanda, Alemania, Grecia, India o hasta Ucrania.
Sin ir más lejos, Portugal ha vivido el pasado fin de semana una ola de movilizaciones por la vivienda que ha recorrido unas 16 ciudades. Mientras que los salarios más bajos no llegan a los 1.000 euros, en las urbes el precio de la vivienda no para de subir, con alquileres que ya ascienden hasta los 2.000 euros mensuales. «Madres solteras desalojadas, familias que viven hacinadas, otras que regresan a chabolas sin agua o luz y algunas vuelven del trabajo para dormir en tiendas de campaña», así describen la situación del país en un comunicado los más de 80 convocantes.
En estos días son Francia y Alemania los países que concentran la mayor cantidad de acciones. En Berlín todos los días de la semana habrá diferentes actos, desde marchas a concentraciones o ‘performance’. Este miércoles saldrán con las maletas a la calle para denunciar la turistificación del centro de la ciudad. El jueves hay prevista una vigilia contra la falta de alojamientos y el aumento de los desalojos. También han organizado una «ruta» tras las huellas de los pubs y locales de barrio desaparecidos.
En Francia, entre otros actos, este sábado, en Lion, se organiza un evento en apoyo a 27 familias, incluidos 72 niños, que actualmente ocupan una escuela abandonada, tras haberse quedado sin otra alternativa. «Tras una tregua invernal, vuelven a enfrentarse a la amenaza del desalojo», advierte Jamais Sans Toit, un colectivo en apoyo a la infancia. En gran parte del país galo se suceden actos contra el fin de la «tregua invernal» que protege a las familias de los desalojos. París, Lille, Mulhouse o Marsella tomarán las calles este fin de semana.
A diferencia de otros años, en el comunicado conjunto de los organizadores de estos Housing Action Days se ha hecho un llamamiento claro a la paz: «El año comenzó con alarmas ensordecedoras: presenciamos genocidios y guerras impulsadas por los intereses de los poderosos, alimentando una nueva ola de militarización». Los conflictos, defienden, acaparan recursos que no se destinan a políticas sociales, como la vivienda, y provocan el desplazamiento forzado de miles de personas cada año.
Dos inquilinas han conseguido que un juzgado reconozca que obligar a resolver los conflictos derivados de un contrato de alquiler a través de arbitrajes privados es abusivo. La demandante había firmado un contrato de arrendamiento con la mediación de la Agencia Negociadora del Alquiler SL (ANA). En una de las cláusulas de ese contrato se especificaba que la contratante descartaba la vía judicial para resolver conflictos y que las negociaciones se realizarían a través de un arbitraje. El servicio estrella de la ANA es un producto denominado El Tranquiler.
«Lo que hemos conseguido es que se considere como una cláusula abusiva«, explica Víctor Palomo, abogado de la afectada y miembro del despacho CAES, que describe la desestimación como «novedosa» y espera que sea una vía para que más inquilinos denuncien estas prácticas. Sus clientas habían intentado por todos los medios que le devolvieran la fianza. Sin embargo, la casera se negaba a negociar con ellas y las remitía a la agencia, que, como única solución, pretendía iniciar uno de estos arbitrajes.
Finalmente, las inquilinas acudieron a los tribunales y presentaron una denuncia contra la propietaria y la empresa gestora. En el auto se estima dicha cláusula como nula: «El arbitraje resulta nulo, al ostentar la parte actora la condición de consumidor, al no estar en presencia de un arbitraje de consumo y al no constar que se trate de un órgano de arbitraje institucional, creado por normas legales».
Captura del auto judicial que declara «abusiva» la cláusula del contrato de alquiler firmado por las inquilinas.
Palomo describe este sistema de mediación como «especialmente intimidatorio», ya que lo realiza una empresa privada de abogados, que eligen desde la ANA y que trabaja habitualmente con ellos, por lo que «mucha gente se echa para atrás con sus demandas y no reclama. De hecho, ellos venden este sistema como el mejor para tener al inquilino controlado». En ese mismo punto del contrato, asegura, se incluye que los firmantes renuncian a la vía judicial.
En respuesta a las preguntas de este medio, Sergio Zurdo, director de estudios de la agencia, puntualiza que, «si bien en algún procedimiento se ha podido desestimar la declinatoria de arbitraje presentada, eso no significa que el sometimiento a arbitraje se pueda considerar abusivo». Además, defiende que el arbitraje es un mecanismo legal para resolver conflictos y que la propia Comunidad de Madrid recomienda acudir a estos procedimientos.
Zurdo insiste en que «en la mayoría de contratos de arrendamiento en que interviene la ANA, las dos partes del contrato son particulares y la agencia solo actúa como representante» y que «son consensuados por las partes, porque antes de la firma se les acompaña un modelo para cualquier modificación que quieran plantear, incluida la del sometimiento a arbitraje».
Petición de sanciones a la empresa
A finales de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros. Entre las infracciones que constató la investigación de este departamento, la empresa inmobiliaria establecía cláusulas ilegales en los contratos que obligaban al inquilino a contratar un seguro de hogar, un servicio de atención al inquilino o a presentar un estudio de solvencia.
La decisión partió de una queja presentada por la OCU, FACUA y el Sindicato de Inquilinas, que ponía el foco en varias empresas, la mayoría de ámbito autonómico. Parte de ellas tenían actividad en la Comunidad de Madrid y fuentes de la Dirección General de Consumo de esta comunidad aseguran que «nueve ya están siendo investigadas y, en su caso, siendo sancionadas».
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Documento del traslado del caso ejercido desde Consumo hacia la Comunidad de Madrid.
Tanto Facua como el Sindicato de Inquilinas solicitaron por las mismas fechas que se abriera un expediente sancionador contra la Agencia Negociadora del Alquiler, conocida por promocionar Tranquiler, «un método infalible para asegurar el cobro de rentas y el cumplimiento del contrato». En el caso del sindicato, en un primer momento se trató de continuar por la vía del Ministerio de Consumo, pero desde este organismo se derivó el caso a Madrid, según confirma un documento oficial al que ha podido acceder este medio.
Desde la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios madrileña afirman haber recibido una denuncia de Facua, de la cual no han dado detalles, pero niegan haber recibido la de los sindicalistas. Sin embargo, además del documento del Ministerio de Consumo que lo confirma, esta asociación ha recibido al menos un informe de denuncia de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Comunidad de Madrid, del pasado mes de noviembre, en el que dicen haber identificado «elementos que podrían ser constitutivos de una infracción en materia de consumo» y que esta documentación ha sido remitida al «Servicio de Procedimiento Sancionador».
Documento de la respuesta de la Comunidad de Madrid al Sindicato de Inquilinas.
Para el Sindicato de Inquilinas, el modus operandi de esta empresa es muy similar al de Alquiler Seguro. En el primer texto enviado al Gobierno detallan varias cláusulas que incumplirían la legislación y que han podido comprobar que se incluyen en contratos redactados por esta compañía. El primero de ellos es el cobro de honorarios camuflados en «servicios de los que no se puede desistir» y que «no responden a las necesidades de un inquilino».
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Zurdo explica que la ANA ofrece «de forma opcional» la contracción de una serie de servicios que constan en todos los anuncios, webs o contratos de arras y que «no es obligado contratar». «Tenemos en gestión arrendamientos donde los inquilinos no los contratan», puntualiza. Por contratarlos, como norma general, se abona un 7,75% de la anualidad más el 21% del IVA, con un un tope máximo de 1.100 euros (más IVA). «Hay que tener en cuenta que en la actualidad el precio de muchísimos arrendamientos supera los 1.100 euros, con lo cual este porcentaje en muchas ocasiones no llega ni al 4%», añade.
Los servicios son: limpieza de la vivienda al terminar el contrato, un seguro de responsabilidad civil, servicio de manitas, redacción de anexos cuando se alteren las condiciones del contrato, asesoría jurídica en materia civil, asistencia a la finalización de los arrendamientos para recoger en un acta el estado de las viviendas, gestión del cambio de titularidad de los suministros, domiciliación del pago de suministros, ingresos de fianzas en la Agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid, mediación, wifi, descuentos en suministros o servicio de alarmas.
En la web Trustpilot se pueden leer varias experiencias negativas que denuncian penalizaciones por negarse a contratar estos «extras». «Después de validarme para un alquiler me dicen que uno de los gastos iniciales es el servicio opcional que ofrecen. Digo que no estoy interesado (…) Al final cogieron otro candidato», cuenta un usuario que habla de un servicio de 900 euros. Otro dice que «te hacen pasar por el aro para pagar un servicio adicional de 990 euros más IVA y si no los pagas no te tienen en cuenta«. «Me obligan a coger un servicio adicional (manitas, alarma y limpieza cuando termine el contrato) que ellos ofrecen y me indican que si no lo cojo prefieren a otros postulantes al piso«, añade un cliente.
Otras de las cláusulas que consideran abusivas tienen que ver con el supuesto cobro de estudios de viabilidad o el uso de la fianza como «cláusula penal utilizada a modo de coacción». En este caso, explican que no se estarían devolviendo las fianzas por finalizar el contrato antes del plazo marcado o a raíz de desperfectos en la vivienda que «son valorados unilateralmente» por ANA.
Desde el Sindicato, además, denuncian que los contratos «están prerredactados» y que, por tanto, «los arrendatarios no tienen capacidad de negociación». En el escrito remitido a Consumo aseguran también que, de facto, el papel que asume la ANA implica «la cesión del contrato del arrendador a la empresa». «La descripción que hacen de sus funciones son, de facto, una sustitución de la posición del arrendador«, aseguran fuentes del sindicato que explican que se trata de un apunte importante, porque implica que el contrato sería entre un particular y una empresa (en vez de entre particulares). Estas actividades, puntualizan, van desde la comunicación, la revisión del cumplimiento del contrato o el recibo de los cobros.
A este respecto el director de estudios de la compañía afirma que la responsabilidad de entregar o no las fianzas es decisión de los propietarios y que, cuando no se hace, suele deberse a deudas pendientes por impagos de rentas, de suministros o por deficiencias en las viviendas imputables a los inquilinos. «Todo esto se detalla en el acta de finalización de los arrendamientos», puntualiza. En cuanto a los estudios de viabilidad, «siempre son necesarios y los abonan los propietarios». Además, insiste en que el papel de la agencia en los contratos es de «representación de las dos partes, para gestionar los arrendamientos».
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El Tranquiler
En su página web, la ANA se describe como una empresa líder en seguridad de alquileres, que «transforma un simple contrato en bienestar y serenidad para propietarios e inquilinos». Además, dicen ser la empresa privada que mayor número de contratos de alquiler de protección oficial y pública gestiona de todo Madrid. Según datos aportados por la compañía, actualmente tienen un centenar de viviendas en oferta.
Sin embargo, el abogado de CAES asegura que estos contratos generan de todo menos «tranquilidad en el inquilino». «Actúan como un fondo buitre», subraya, «se dedican a acumular paquetes de inmuebles y sacar el máximo de rentabilidad a los alquileres», además, generando miedo entre los propietarios a «impagos» o «inquiokupas».
Desde el Sindicato de Inquilinas llevan tiempo denunciando que las inmobiliarias son una parte esencial de la dinámica de subida de precios de los alquileres y que su papel va más allá del de «meras intermediarias». Un informe elaborado en 2024 por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona analizó el impacto de estas empresas en el mercado del alquiler y llevó a la conclusión de que su mediación «repercutía negativamente» en la mediación entre casero e inquilino, además de aumentar «la discriminación en el acceso, la insatisfacción y las subidas de precios».
Investigación a Alquiler Seguro
Este periódico publicó la serie Alquiler Seguro, atrapados por contrato , formada por nueve artículos en octubre de 2025, cuando aún Consumo estaba investigando las prácticas abusivas de la compañía. Dos meses después se dio a conocer la multa.
La investigación sobre el gigante inmobiliario desgranó los orígenes de la compañía, que nació poco antes del estallido de la crisis económica de 2008, y desveló muchas de sus prácticas abusivas en el pago de honorarios: pagos de fianzas, un depósito, un seguro de hogar, certificado de solvencia…
Entre otras cosas, el trabajo de Público dio a conocer el negocio «integral» de la compañía, que también actúa como una financiera, prestando dinero a caseros e inquilinos e, incluso, cuenta con su propio índice para actualizar la renta al inquilino cada año.
Un Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este viernes, y marcado por las negociaciones más allá del último minuto entre PSOE y Sumar, ha aprobado el paquete de 80 medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra entre EEUU, Israel e Irán. El Real Decreto-ley, denominado como Plan Integral de Respuesta a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio entrará en vigor este domingo, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevista para este sábado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha calificado como «el mayor escudo social y económico de la UE» en estos momentos. Tiene dos ejes bien diferenciados. Por un lado, medidas de carácter coyuntural. Es decir, temporales. Por otro, medidas estructurales relacionadas con la descarbonización y el sistema energético para continuar potenciando las energías renovables. La inversión del Ejecutivo es de 5.046 millones de euros.
Según destacan fuentes gubernamentales, la mayor parte de ese desembolso llegará a través de las numerosas rebajas fiscales. Se calcula que prácticamente la mitad del total, unos 2.500 millones de euros, procede de este tipo de suspensiones o rebajas en diferentes impuestos. Desde el Gobierno se considera que hay margen fiscal suficiente para afrontar este plan porque supone apenas un 1% de la recaudación total de las arcas del Estado.
Por ejemplo, se ha aprobado la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que tiene un impacto de 450 millones. La reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos supone 507 millones mientras que la reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo supone un ahorro para ciudadanos y profesionales que alcanzará los 656,5 millones.
También se rebaja al 10% el IVA de la electricidad, que supondrá un ahorro de 539,1 millones de
euros para la ciudadanía. Esta reducción al 10% del IVA también se aplicará al gas natural,
briquetas y pellets. También se ha aprobado una reducción del Impuesto Especial sobre la
Electricidad en su tipo impositivo, que caerá del 5,1% hasta el 0,5%.
A todo ello habría que sumar otras deducciones sobre el IRPF, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Todas ellas están relacionadas con cuestiones energéticas como la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de
recarga de automóviles eléctricos, la puesta en marcha de instalaciones destinadas al autoconsumo o la rehabilitación energética de edificios. Estas deducciones estaban incluidas en el decreto denominado «escudo social» que tumbó el Congreso en enero por los votos de PP, Vox y Junts al incluir una moratoria antidesahucios que rechazaron.
La otra mitad del presupuesto del plan se distribuye entre las ayudas directas y las reformas estructurales en materia energética. En el paquete se establecen una ayuda
de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran los transportistas. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las diputaciones forales correspondientes en Navarra y Euskadi. Hay una ayuda similar para los agricultores y armadores de pesca, canalizada por el Ministerio de Agricultura, tanto para el gasóleo como para la compra de fertilizantes. Y el Ministerio de Transportes hará lo propio con el transporte marítimo. El Ministerio de Industria, por su parte, ha establecido ayudas para las empresas electrointensivas.
¿Qué tienen en común todas estas medidas? Su temporalidad. El decreto fija el 30 de junio como la fecha de caducidad. Es decir, si se quieren extender, el Gobierno debería aprobar otro Real Decreto-ley y que las Cortes lo avalen. La nueva normativa incluye, como se hizo en decretos similares sobre los efectos de la guerra de Ucrania, una cláusula de desactivación por si la escalada de precios se frena.
¿Cómo se desactivarían estas medidas? Fuentes del Gobierno explican que se usará como referencia el IPC de carburantes, gas y electricidad de manera separada. Las medidas se aplicarán en cualquier caso en los meses de abril y mayo, explican las mismas fuentes. La cláusula se podría activar en junio en todo caso. Solo se desactivarían las medidas fiscales de electricidad a principios de junio, por ejemplo, si el IPC de ese concepto en abril (dato que se conoce en mayo) crece más de un 15% respecto al dato de IPC de abril de 2025. Si existe esa contención de precios las medidas decaerían antes de la fecha prevista.
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También se han aprobado la extensión del bono social eléctrico, del bono social térmico y la prohibición del corte de suministros básicos para familias vulnerables. En estos casos la duración es hasta finales de año.
Ahorro para el bolsillo en carburantes
Todas estas medidas fiscales beneficiarán directamente al bolsillo de los ciudadanos. Especialmente se comenzará a notar de inmediato, según destacan desde el Gobierno, al repostar vehículos. Para ejemplificarlo, el Ministerio de Hacienda ha hecho una serie de cálculos.
De este modo, tomando como referencia los precios medios del 19 de marzo en las gasolineras, la gasolina sin plomo 95 bajaría
a 1,51 euros por litro, lo que implica un ahorro de 15,9 euros por rellenar un
depósito de 55 litros. La gasolina sin plomo 98 bajaría a 1,60
euros, un ahorro de 18,9 euros por rellenar un
depósito del mismo tamaño. Y el precio del combustible diésel bajaría a 1,67 euros, que supondría 13 euros menos por rellenar un depósito de 55 litros.
Ejemplos de ahorro tras las medidas del Gobierno
La transformación energética
La otra pata relevante del Plan de Respuesta Integral tiene que ver con reformas estructurales que serán permanentes. Las capitaliza el Ministerio de Transición Ecológica y suponen una inversión de cerca de 500 millones de euros. Hay medidas como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que busca dar un impulso a las sustituciones de calderas por bombas de calor en edificios para que haya menos dependencia del gas.
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Se dan también más competencias a las entidades locales para promocionar las comunidades energéticas, que son entidades jurídicas sin ánimo de lucro que gestionan y almacenan sus propias energías renovables de manera colectiva.
Otra de las medidas destacadas es la obligatoriedad de que un proyecto de energías renovables que llegue a un territorio aporte beneficios directos a ese territorio. También se busca una mayor agilidad en los trámites administrativos para este tipo de proyectos. Se establecerá además un sello de excelencia para proyectos relacionados con las energías renovables que puntuarán más cuando haya concursos públicos. Respecto a los centros de datos se potenciarán también los criterios de eficiencia y el uso de energías renovables en los mismos.
¿Y los beneficios empresariales?
Desde Sumar consideran muy relevante otra de las medidas arrancadas al PSOE durante las negociaciones y cuya ausencia provocó el retraso en el inicio del Consejo de Ministros. Durante su rueda de prensa Sánchez señaló que se dotaría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para evitar eventuales abusos. «Un Gobierno responsable no puede tolerar que por pura codicia intenten sacar tajada algunos», afirmó.
Fuentes del Gobierno no entran en el detalle de esta medida y consideran que la CNMC ya realiza este tipo de funciones de manera habitual. Las mismas fuentes se limitan a señalar que hay que dejar trabajar a la CNMC y que efectúe sus recomendaciones y que a partir de ella el Gobierno tome sus decisiones.
Sobre posibles sanciones señalan las mismas fuentes que la CNMC está ya sancionando comportamientos contrarios a competencia en relación al sector de los carburantes. Recientemente se ha sancionado a varias empresas del Grupo Repsol, por ejemplo. La medida aprobada se trata de un control reforzado y potenciar un instrumento que reconocen que ya existe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido por
activa y por pasiva que las acciones de su país en la crisis de Oriente Medio
están supeditadas a los intereses de Israel. Ha afirmado que
el devastador bombardeo israelí del campo de gas iraní de Pars Sur fue
realizado a iniciativa del Gobierno de Benjamín Netanyahu, sin consulta alguna
al respecto. En realidad, según filtraciones del aparato del presidente, Trump
no solo conocía con anticipación la decisión israelí de atacar ese campo
gasífero, sino que aceptó su bombardeo por Israel y el comienzo, así, de una
nueva fase en la crisis de Oriente Medio con las infraestructuras energéticas
de la región como objetivo prioritario de los misiles y drones de los
contendientes.
Una fase que tiene para Israel su segundo escenario en el Líbano,
donde ya ha comenzado la invasión terrestre de este país para acabar con el
grupo proiraní Hizbulá. Una ofensiva a semejanza de la efectuada en Gaza, como
reconoció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. En este teatro de
operaciones, Israel tiene las manos libres para repetir las matanzas y destrucción
que ya acometió en la Franja palestina, sabedor de que todos los países de la
región que podrían elevar su voz contra la vejación del Líbano tienen su mirada
lejos, centrada en las razias lanzadas por Irán contra sus intereses
energéticos como respuesta a los ataques de la aviación judía.
La posición de la Casa Blanca en esta guerra contra Irán es
evidente: Washington está a disposición de la agenda militar, geopolítica y
supremacista de Israel y del lobby judío estadounidense, como han reconocido
miembros de la Administración Trump. Incluso aunque provoque el caos en medio
mundo y ello perturbe los cálculos de los oligarcas aliados de Trump. Con estas
premisas, la contienda no parará hasta que el principal objetivo de Netanyahu
se cumpla, esto es, la aniquilación de Irán, caiga quien caiga, incluido el
orden económico global.
Washington está a disposición de la agenda militar, geopolítica y supremacista de Israel
En esta trama, las acciones implacables de Israel pretenden atraer
a la guerra a un antiguo enemigo, Arabia Saudí, que amenaza con intervenir en
la ofensiva contra Irán si este ataca sus instalaciones petrolíferas o
gasíferas en respuesta a las acciones israelíes. La jugada de Netanyahu es
rotunda y finiquita el acercamiento que Irán y Arabia Saudí firmaron en 2023
con intermediación de China y que tanto nerviosismo causó en Israel.
Tras el ataque israelí a Pars Sur, el mayor campo de gas natural del
mundo, en represalia Irán bombardeó la refinería gasífera de Ras Laffan, la más
importante de Catar, y algunas instalaciones saudíes. Trump amenazó con
respaldar con sus propios ataques la destrucción comenzada por Israel en Pars
Sur reflejando así esa comunión de acciones bélicas, eso sí, con Israel al
timón. Un Israel empeñado en desmantelar Irán, asesinar al mayor número de sus
dirigentes, incluidos aquellos con más experiencia de negociación con
Occidente, y remodelar Oriente Medio según la conveniencia también del sionismo
arraigado en EEUU y ahora exportado por toda la región en la estela de sus
misiles.
Las falacias de Trump al
servicio de Netanyahu
En su red social Truth, el presidente Trump quiso quedar bien ante
sus aliados cataríes e insistió en que EEUU «no sabía nada sobre este
ataque» contra la mayor central gasífera de Irán perpetrado el miércoles. Sin
embargo, horas después, el prestigioso medio digital estadounidense Axios
señalaba, citando fuentes de los dos países, que el propio Trump había hablado
con Netanyahu sobre los planes israelíes para atacar el campo de gas iraní y
escalar así el curso de la guerra. Netanyahu le contó a Trump que así podrían
doblegar a Teherán y el mandatario estadounidense se lo creyó.
En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, otras dos fuentes
israelíes subrayaron incluso que el ataque a las instalaciones de Pars Sur fue coordinado
previamente con el Pentágono. Catar, en cambio, no fue avisado de una
operación, que previsiblemente, como así ocurrió, desataría una violenta
represalia iraní contra objetivos de los países árabes vecinos.
Las instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy.
La burda manera en que Trump ha escondido de nuevo la mano tras
esa acción israelí refuerza lo que ya miembros de la Casa Blanca vienen reconociendo
desde el principio de la contienda, incluido el secretario de Estado, Marco
Rubio, quien después se vio obligado a rectificar para no dejar a su jefe en
evidencia. Esta es una guerra pagada por EEUU al servicio de Israel y que, pese
a la ceguera de Trump, supone un torpedo bajo la línea de flotación de la Casa
Blanca.
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El peor de los
escenarios… también para EEUU
Según las fuentes de Axios, el ataque israelí pretendía presionar
a Irán para que desbloqueara el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte
del tráfico mundial de gas y petróleo. Era esta la primera vez que Israel
atacaba las instalaciones gasíferas de Irán desde que comenzó la guerra el
pasado 28 de febrero. El gas y el crudo constituyen la base de la economía
iraní y su destrucción atenta por una parte contra la resistencia bélica de
Irán, pero también contra la supervivencia de su población. Y también, claro
está, contra los países que reciben los hidrocarburos de Irán y de los países
árabes atacados en respuesta.
El bombardeo israelí ha tenido lugar cuando cada vez se alzan más
voces en EEUU para que se detenga esta contienda desencadenada sin base legal
internacional alguna. Una guerra, que está dañando ya la economía
estadounidense y de medio planeta, y podría crear un foco de inestabilidad en
Oriente Medio durante décadas.
La guerra podría crear un foco de inestabilidad en Oriente Medio durante décadas
La Organización Mundial del Comercio (OMC) indicó este jueves que
si esta guerra se alarga y siguen aumentando los precios del petróleo y el gas,
el crecimiento de la economía global se verá reducido en al menos un 0,3%. De
esta forma el crecimiento del PIB mundial sería del 2,5%, tres décimas menos
que lo pronosticado para 2026. Y estos son los mejores pronósticos.
Además del proceso inflacionario que está provocando el conflicto,
de las subidas del precio del crudo, de las caídas de los mercados financieros
y del posible repunte del desempleo, en EEUU se teme el efecto que esta guerra
vaya a tener en el panorama político a medio plazo y, en este ámbito, Trump
podría recibir de plano el impacto del bumerán que soltó el 28 de febrero con
su ataque a Irán.
Las elecciones de medio término del 3 noviembre para renovar el
Congreso estadounidense tienen mucho peso en este sentido, pues Trump, según
las encuestas, lleva las de perder ante el citado deterioro económico interno y
la defenestración creciente de la imagen de EEUU en el exterior a las órdenes
de los espurios intereses israelíes.
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Hegseth: «Dinero para matar a los
chicos malos»
Para sostener esta estrategia autodestructiva y la sangría
económica que está suponiendo esta crisis, el secretario de Guerra
estadounidense, Pete Hegseth, confirmó este jueves que el Pentágono pedirá al
Congreso otros 200.000 millones de dólares en fondos adicionales. Una suma que,
reconoció, podría variar en los próximos días. Esta multimillonaria demanda de
dinero noquea a quienes, en las filas de Trump, sigue afirmando que el líder
republicano llegó al poder para poner fin a todas las guerras. Claro, si se
escucha a Hegseth se entiende esta paradoja: «es dinero para matar a los chicos
malos», dijo al anunciar esa partida presupuestaria.
El conflicto de Irán y la subordinación de EEUU ante Israel están
horadando los pasillos de la Casa Blanca. Y la felonía de Trump, con la
rendición de la política exterior de su país a Israel, ha corroborado las
palabras del ya exdirector de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de
Estados Unidos, Joseph Kent. Este político ultraconservador era uno de los
juramentados del presidente estadounidense, pero llegó un momento en que no
pudo con tanta iniquidad. Kent presentó su dimisión esta semana precisamente
por esa claudicación de Washington ante Tel Aviv y los círculos de presión
sionistas en EEUU, con su dominio de buena parte de la oligarquía empresarial
en el país estadounidense.
Dos gestiones de la
guerra al servicio de Israel
Desde el punto de vista operativo en la guerra, las acciones de
Trump subrayan una realidad: aunque aparentemente EEUU e Israel se muevan al
unísono militar (contando con que sea cierto que Tel Aviv está avisando de sus
ataques a Washington), sin embargo, sus objetivos son distintos y tal disparidad,
a la larga, solo conduce a una mayor desafección dentro y fuera de EEUU.
Aunque aparentemente EEUU e Israel se muevan al unísono militar, sus objetivos son distintos
Mientras teóricamente EEUU se concentra en objetivos militares de
Irán que pueden dañar a sus intereses en la región, Israel incluye el asesinato
de los principales líderes iraníes y ahora la destrucción de sus
infraestructuras energéticas como primer paso de un objetivo final, el
aplastamiento de Irán como Estado y, en última instancia, su supervivencia
económica. Entre esos blancos se contaron esta semana Ali Larijaní, secretario
del Consejo de Seguridad Nacional y mandatario de facto de Irán tras el asesinato
el primer día de la guerra del líder supremo, Alí Jameneí. También en los
últimos días fueron asesinados por Israel el jefe de la milicia Basij, Gholamreza
Soleimani, y el ministro de Inteligencia, Esmail Jatib.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi
Gabbard, reconoció este jueves esa disparidad de objetivos entre ambos
gobiernos, el de Washington y el de Tel Aviv, respecto a la guerra en curso.
«El Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y
eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá, el
líder supremo (Alí Jameneí), y siguen centrados en ese objetivo», explicó
Gabbard ante un comité de la Cámara de Representantes.
Sobre las intenciones de Trump, Gabbard apuntó el desmantelamiento
de «la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de
producción de misiles, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria
Islámica y su capacidad para colocar minas».
Esta aparente diferencia de criterios refuerza en realidad la idea
de esa subordinación de la estrategia de EEUU a los planes de Israel en esta
guerra. El desmantelamiento de las capacidades ofensivas iraníes que según Gabbard está realizando EEUU es solo un paso para facilitar la decapitación del
régimen, la obliteración de su sostenimiento económico y, en definitiva, la
conversión de Irán en un erial, en un estado fallido cuya desaparición de la
geopolítica regional beneficia en primer lugar a un Israel en expansión gracias
a sus vecinos libaneses, palestinos y sirios.
En declaraciones este jueves a Radio Nacional de España, el que
fuera secretario general de la OTAN y alto representante para la Política
Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, fue contundente sobre este
contubernio israelí-estadounidense: «Estados Unidos se ha sometido a
Netanyahu», en una alianza «muy buena para ellos, pero muy mala para
el mundo». Lo más inquietante de
todo, agregó el expolítico español, es la falta de coherencia estratégica de
Trump, de quien «no se sabe muy bien lo que quiere» ni tampoco
«cuál es el objetivo de la guerra» que ha desatado junto a Israel.
Salvo que ese objetivo sea muy simple: hacerle el triple juego a
Netanyahu, de cara a las elecciones parlamentarias que en octubre celebra su
país, para ayudar a la campaña de perdón del líder israelí, envuelto en varios
casos de corrupción y, lo más importante, para impulsar el expansionismo judío
en Oriente Medio cuyo objetivo final es la creación de ese Gran Israel que el
sionismo reclama desde la constitución del Estado judío en 1948.
Este domingo Castilla y León celebra elecciones autonómicas. Lo hace con el PP como favorito para ganar, pero teniendo que volver a pactar con Vox para gobernar, y con el PSOE muy cerca según las últimas encuestas. Sigue en Público el desarrollo de toda la jornada electoral.
11:53
Mañueco (PP) vota en Salamanca
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfoso Fernández Mañueco (PP), ha ejecido su derecho al voto en el colegio electoral de ladelegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Salamanca.
11:47
Óscar Puente vota en Valladolid
Óscar Puente, votando esta mañana en Valladolid.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha ejercido su derecho a voto en esa ciudad.
11:38
La participación sube un punto con respecto a 2022 y alcanza el 12,6% a las 11.30
La participación en los comicios de Castilla y León de este domingo 15 de marzo se ha situado en el 12,58% con datos de las 11.30 horas, es decur 1,28 puntos más que en los de hace cuatro años, en 2022, de acuerdo a los datos de la web electoral del Gobierno autonómico.
11:33
Vota la candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego
La candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, votó esta mañana en un colegio de la localidad de Santa María del Páramo, en León.
11:31
Gascón, candidato de IU/Sumar/Equo, vota en Palencia
Gascón, votando esta mañana en Palencia.
El candidato de la coalición En Común (IU/Sumar/Equo) a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, ejerció esta mañana su derecho al voto en el colegio Santa Rita de Palencia.
11:19
El candidato de Podemos vota en Zamora
El candidato de Podemos/Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha votado en el Instituto Claudio Mollano de Zamora. Su formación consiguió un escaño compartido en 2022 en coalición con IU, aunque en esta ocasión ambas formaciones acuden a las elecciones por separado.
11:14
La ministra de Igualdad asegura que los próximos cuatro años «serán decisivos» para Castilla y León
Ana Redondo, votando este domingo en Valladolid.
La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo (PSOE), ha llamado a la participación en los comicios autonómicos de Castilla y León porque «los próximos 4 años serán decisivos». La ministra ha ejercido su derecho al voto en Valladolid y ha transmitido a los medios que esta jornada «es muy importante para Castilla y León y muy importante para España».
11:11
El cabeza de lista de Por Ávila lanza un «mensaje de ánimo e ilusión a todos los abulenses»
El candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, ha lanzado un «mensaje de ánimo e ilusión a todos los abulenses» a los que ha animado a votar. Según Pascual, que ha votado en el colegio instalado en el parque de bomberos de la ciudad, «Ávila necesita y merece más en infraestructuras, educación y sanidad».
11:10
El candidato de En Común anima al voto como forma de «verbalizar las quejas y necesidades ciudadanas»
El candidato de la coalición En Común (IU/Sumar/Equo) a la presidencia de Castilla y León, Juan Gascón, ha animado a la participación en las elecciones autonómicas para que los ciudadanos puedan «verbalizar las quejas y necesidades» a través de su voto en las urnas, informa Efe. Gascón ha ejercido su derecho al voto a las 10:00 horas en el colegio Santa Rita, en Palencia, acompañado de su hijo mayor que votaba por primera vez, y de varios miembros de IU en la provincia.
10:23
El cabeza de lista socialista vota en Soria
El candidato socialista, Carlos Martínez, ha votado en Colegio Fuente del Rey de Soria, y ha animado a los electores a «ser protagonistas del día de las elecciones». Martínez ha asegurado que su objetivo es mejorar los resultados de los pasados comicios y gobernar en Castilla y León: «Vamos a ver si podemos dar ese vuelco tan necesario».
Carlos Martínez, votando esta mañana en Soria.
10:01
El candidato de Vox vota en un colegio de León
El candidato de Vox, Carlos Pollán, votando esta mañana su colegio electoral.
Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta, ha votado en el colegio electoral de Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua, en León.
10:00
El candidato de Soria Ya!, el primer en votar
Ángel Ceña, candidato de Soria Ya!, ha sido el primera cabeza de lista de estas elecciones en ejercer su derecho a voto. En las anteriores elecciones, su partido fue el más votado en Soria, donde obtuvo tres escaños. Un resultado que ahora, según ha declarado tras votar, quiere repetir o mejorar. Ceña ha ha animado a los ciudadanos a ir a votar para que «otros no decidan por ellos».
09:56
Constituidas el 100% de las mesas electorales
La Junta de Castilla y León ha confirmado que ya se han constituido las 4.470 mesas electorales dispuestas para las elecciones autonómicas en los más de 2.900 colegios electorales habilitados en la comunidad.
09:49
Más de 51.000 votos por correo en la tercera comunidad más envejecida de España
Un total de 51.144 personas han solicitado el voto por correo para las elecciones de Castilla y León, un 6% más que en las anteriores. Se trata de la tercera comunidad más envejecida de España, por detrás de Asturias y Galicia, y con muchos municipios en riesgo de despoblación.
09:09
La Junta ofrecerá tres avances de participación a lo largo del día
Los portavoces de la Junta ofrecerán una rueda de prensa a las 9:30 para informar sobre la apertura de los colegios electorales. Darán avances de participación a las 11, a las 14 y a las 18 horas.
09:01
Constituidas el 98,97% de las mesas
Según la Junta de Castilla y León, a esta hora se han constituido ya un total de 4.424 mesas electorales, es decir el 98,97% de las 4.470 previstas.
09:00
Abren las urnas en los más de 2.900 colegios electorales de Castilla y León
Abren las urnas en Castilla y León para los 2.097.768 electores convocados a expresar su voto en estas elecciones autonómicas –1.917.546 en la comunidad autónoma y 180.222 del censo de residenes ausentes–. Hay más de 2.900 colegios electorales en los 2.248 municipios de las dos regiones.
08:55
¿Cuál es el techo de Vox?
En Extremadura, Vox dobló su porcentaje de voto —del 8,12% a casi el 17%— y sumó seis escaños más que en los anteriores comicios. En Aragón, tres cuartos de lo mismo: Vox pasó del 11,24% al 17,88% y dobló sus escaños: de 7 a 14. En ambos casos, la extrema derecha se acercó al 20%, un umbral que no está para nada descartado en Castilla y León. Sin ir más lejos, la encuesta de 40db para El País da a los de Abascal un 20,8% en intención de voto. El resto de encuestas publicadas se mueven, en general, en la horquilla 19%-20%.
08:51
¿Resultado ajustado entre PP y PSOE?
El PP cuenta ahora con 31 escaños en el Parlamento leonés. En las elecciones de 2022, Alfonso Fernández Mañueco logró un 31,43% de los apoyos. Las encuestas le dan, en estos momentos, un resultado similar. La de 40db para El País sitúa a los populares justo en el 31,1%. 31 escaños. El mismo sondeo da al PSOE un 28,4%
Las aguas geopolíticas del Caribe siguen agitadas. Tras el
ataque y secuestro de Nicolás Maduro el pasado tres de enero, un Donald Trump
envalentonado por el éxito de su operación puso el foco en Cuba e incrementó el
draconiano embargo económico que sufre la isla desde hace seis décadas
imponiendo un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis que ya sufría la isla
caribeña.
Desde entonces, la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez
que Cuba «está a punto de caer». Este viernes 13 de marzo, el presidente cubano
y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, ha
anunciado en una inusual comparecencia de prensa de más de hora y media que La
Habana y Washington mantienen negociaciones. «Estas conversaciones han estado
orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias
bilaterales que tenemos entre las dos naciones», afirmó el presidente con una
retórica calmada y cautelosa.
Díaz-Canel: «Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones a las diferencias bilaterales que tenemos»
«En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana
ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad
y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la
autodeterminación de nuestros gobiernos». Las conversaciones habrían tenido
lugar «recientemente», aunque el presidente no ha explicado si se ha alcanzado
algún acuerdo o si está encima de la mesa de negociaciones cambios
estructurales en el sistema económico y político cubano. Algo que Marco Rubio, secretario de Estado de Trump había exigido el pasado 28 de enero en
declaraciones a la prensa. «¿Cambio de régimen? Oh, no. Creo que nos
gustaría ver que el régimen allí cambie».
Un hombre observa al presidente cubano Miguel Díaz-Canel mientras afirma que han iniciado conversaciones con EEUU.
Excarcelación de presos en una grave crisis
energética
Unas horas antes de la comparecencia de Díaz-Canel, en la
noche del jueves 12 de marzo, el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51
presos, en un movimiento facilitado por el Vaticano. «En el espíritu de
buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el
Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los
procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el
Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas
sancionadas a privación de libertad», rezaba el comunicado del Ministerio
de Relaciones Exteriores, que en ningún momento mencionaba a Estados Unidos.
Ambos anuncios -la excarcelación de presos y la confirmación
de negociaciones con Washington- llegan en un momento de crisis económica y
energética sin parangón en décadas. Los cortes de luz se prolongan durante
varias horas al día en toda la isla, con especial virulencia en las provincias
del interior. Cuba solo extrae petróleo para cubrir algo más de un tercio de su
demanda energética. El cambio de Gobierno en Venezuela y la tutela
estadounidense sobre Caracas han cortado de raíz el suministro de crudo que
durante años llegó a cubrir hasta el 90% del consumo energético de la isla. «Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país.
Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto
inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo», reconoció el propio Díaz-Canel
en su intervención del viernes.
El cambio de Gobierno en Venezuela y la tutela estadounidense sobre Caracas han cortado de raíz el suministro de crudo
El cerco energético que promueve Trump funciona en cascada.
La falta de petróleo colapsa la generación eléctrica; la falta de electricidad
paraliza el turismo, principal motor de divisas de la isla; y la oscuridad
industrial ahoga la actividad productiva. Un círculo vicioso que se
retroalimenta y que ha llevado al PIB cubano a caer en torno a un 11% desde
2019.
Desde la caída de Maduro, La Habana ha apostado por una
acelerada, pero complicada, transición energética hacia la energía solar. A
finales de 2024 Cuba contaba con apenas 262 megavatios instalados en parques
fotovoltaicos; al cierre de 2025, la cifra había alcanzado los 1.200 megavatios -una multiplicación por cuatro-, y el programa gubernamental aspira a los 2.000
megavatios totales para finales de 2026, con China como socio tecnológico y
financiero fundamental. Paneles, baterías de almacenamiento, asistencia técnica
como solución a contrarreloj para evitar el colapso económico. «Cuba ha
dejado de ver las renovables como un gesto ecologista para considerarlas una
operación de rescate nacional«, resumió en marzo el ministro de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista. Pero la solar es luz
diurna. Cuando cae el sol, el sistema se resiente: el 4 de marzo, una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras -la mayor del país, en Matanzas– dejó sin electricidad a gran parte del occidente y el centro de la isla durante
casi 72 horas. La dependencia fósil sigue siendo estructural, y la energía está
lejos aún de desplazar el papel central de las fósiles.
El Vaticano y México, posibles mediadores
Con las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos
en su punto más crítico desde la Crisis de los Misiles, dos actores externos podrían
a desempeñar un papel de bisagra. El primero, y un rol de mediación histórico
entre ambos países, es la Santa Sede; que ya durante el papado de Francisco fue
clave para el histórico deshielo de 2014. La liberación de presos anunciada
este jueves confirma que el Estado Pontificio sigue siendo un interlocutor
válido para ambas partes.
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El segundo es México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo
formuló con claridad el 12 de febrero: «Nosotros hemos planteado que
México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el
marco de la soberanía de Cuba, un diálogo. Estamos insistiendo en que México
puede funcionar como el Estado de la nación que abra las puertas para el
desarrollo de este diálogo«. El ofrecimiento fue transmitido formalmente
tanto al Departamento de Estado estadounidense como a la embajada cubana en Ciudad de México. Pero Sheinbaum también puso un límite: «Depende de los
dos países. Ya lo hemos dicho públicamente, y en privado. Pero ya depende de
que se den las condiciones». Hasta ahora, ninguna de las dos partes ha
aceptado o rechazado públicamente la propuesta mexicana, aunque Díaz-Canel
aseguró este viernes que «hay factores internacionales que han facilitado estos
intercambios».
Por ahora, la retórica cubana no deja entrever la
profundidad real o no de las negociaciones con un Donald Trump que muchas veces
ha utilizado el diálogo como una herramienta con la que mejorar las relaciones
bilaterales –caso de México o Colombia-, y otras veces como una fórmula vacía
previa a un ataque –Venezuela e Irán–. Solo el tiempo dirá en cuál de los dos
escenarios opera la Casa Blanca respecto a Cuba.
Las relaciones incestuosas que a veces surgen entre el sector público y el privado tienen una de sus mejores manifestaciones en las llamadas puertas giratorias: altos cargos de la Administración que son contratados por grandes empresas para beneficiarse de su nombre, agenda de contactos y conocimiento del sector que supervisaban. Un ejemplo paradigmático es el de los exministros de Defensa Pedro Morenés y Eduardo Serra, que han pasado años al frente de dos de las mayores empresas españolas de armas, Amper y Everis, respectivamente. Otro caso es el del ex secretario de Estado de Energía José Folgado, contratado después por Red Eléctrica Española.
Y un tercero esel de los ex directores generales de Ordenación del Juego Carlos Hernández Rivera y Juan Espinosa García.El primero lo fue con el Gobierno deMariano Rajoy, entre 2013 y 2016. El segundo, con eldePedro Sánchez, entre 2016 y 2020.Juan Espinosa ejerció, además, como subdirector de Carlos Hernándezantes de sucederle en el cargo. Como desvela Público, una vez fuera del Gobierno, ambos se asociaron en 2021 para crear unaconsultora,SilverbackAdvocacy, que se dedica al «lobbyregulatorio», a asesorar a empresas sobre asuntos públicos.Según explican en su página web, gestionan los «intereses regulatorios» de sus clientes frente a las administraciones, trasladando a los responsables públicos las «legítimas aspiraciones» de las empresas, «acompañadas de una justificación de su compatibilidad con el interés general». También «optimizan» la capacidad de sus clientes «para influir en las decisiones públicas, regulatorias o no, que puedan afectarles, promoviendo mejores condiciones o previniendo obstáculos con impacto directo en su negocio».
El del juego es precisamente un sectorsometido a una intensa regulacióndesde que fue legalizado en 1977:hace falta una licencia paraejercer la actividad, queotorga ysupervisa la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo,para proteger a los usuarios, de forma que no puedan apostar los menores de edad ni los adictos.Las empresas tambiénestánsometidasa estrictas normas publicitarias,deben pagar impuestos específicos y cumplir con los controles necesariospara prevenir el blanqueo de capitales.
Preguntada al respecto por Público, un portavoz de Silverback Advocacy asegura que su cartera de clientes es «multisectorial», abarcando desde el ámbito sanitario hasta el de infraestructuras y servicios digitales, y que su «vinculación» con empresas o asociaciones del sector del juego online representa «una parte muy limitada» de su actividad. Pero se niega a desvelar los nombres de las empresas para las que trabaja. Sí que destaca que está inscrita en los registros de grupos de interés de las administraciones, «tanto europeas como nacionales, autonómicas y locales».
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Asesores de las patronales española y británica
En cualquier caso, Carlos Hernández y Juan Espinosa empezaron a trabajar para el sector del juego ya antes de asociarse en Silverback, que facturó 882.000 euros en 2024, según consta en las cuentas del Registro Mercantil consultadas por este periódico. Hernández Rivera, que es abogado del Estado, fue contratado por el bufeteRousaudCostas Duran(RCD)enenero de2017, apenas dos meses después de salir de la Administración, paraencargarse del área de mercados regulados.Y en septiembre de 2020se empleócomo asesor externo de la Asociación Española de Juego Digital (JDigital), la patronal del sector de apuestas online a la que pertenecenlas grandes del sector:Codere,Sportium,Betway,Luckia, William Hill… Entonces JDigital estaba preparando el recurso que en enero de 2021 presentó ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego. La norma, elaborada ya con Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo, restringía la publicidad y el patrocinio de las actividades de juego –prohibiendo que personajes famosos aparecieran en los anuncios, por ejemplo– para proteger a los menores y adictos. El alto tribunal, que tardó tres años en dictar sentencia, estimó parcialmente el recurso de la patronal en 2024, anulando tres artículos del real decreto.
Por su parte, Juan Espinosa recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en julio de 2021 para incorporarse a Silverback Advocacy, que se creó en esa fecha, sólo 14 meses después de que se publicara su cese como director general de Ordenación del Juego en el BOE, el 6 de mayo de 2020. Con Alberto Garzón apenas ejerció cuatro meses, pero asegura a Público que su salida del ministerio «respondió al cierre natural de una etapa profesional, y no estuvo vinculada a discrepancias regulatorias ni a desarrollos normativos concretos», en alusión al mencionado real decreto. Después, en marzo de 2022, fue autorizado a trabajar para The Betting and Gaming Council, la patronal británica del juego, así como para Samman Law & Corporate Affairs, un despacho y consultora con sedes en París y Bruselas especializada en asuntos públicos y regulatorios que ofrece «asesoramiento estratégico para influir en políticas públicas, gestionar riesgos normativos y resolver litigios comerciales». También se le permitió incorporarse a Deel Inc., una empresa estadounidense que se dedica a gestionar plantillas internacionales y tiene entre sus clientes a empresas de la industria del juego como Esports Entertainment Group, Fnatic o Hero Gaming. Igualmente recibió autorización para trabajar con Tabacos del Mediterráneo, la siderúrgica Celsa y la gestora de cobros Phillips & Cohen Associates, además de con una empresa de logística y una agencia de publicidad españolas.
La ley española prohíbe a los altos cargos «prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por decisiones en las que hayan participado», durante los dos años siguientes a su cese. En el caso de Juan Espinosa, estas últimas autorizaciones se le concedieron dos meses antes de cumplirse ese plazo de incompatibilidad. Según contestó entonces a la agencia Servimedia el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependía la Oficina de Conflictos de Intereses, la incompatibilidad no se aplicaba en este caso por tratarse de la patronal del Reino Unido, fuera del ámbito de actuación de la Dirección General de Ordenación de Juego española, por tanto.
Ahora, asociados enSilverbackAdvocacy,Hernández y Espinosa no revelana Públicosi siguen asesorando aJDigital. Pero la consultora ha sido seleccionada y finalista en los años 2023, 2024 y 2025 de los premios que la patronal otorga, en la categoría de Mejor Proveedor de Servicios, a la empresa que destaca «por su labor de asesoramiento, certificación y consultoría a empresas del sector en el ámbito regulatorio y de compliance«.
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Contra el endurecimiento de la regulación del juego
Además, ambos ex directores generales son habituales en las publicaciones del sector del juego, como AZARplus, Infoplay o SectordelJuego.com, donde publican artículos a favor de una «regulación inteligente» de las apuestas. En ellos advierten contra la «sobrelegislación» y sostienen que las normativas de juego que «restringen demasiado sin considerar el carácter del entorno no regulado pueden resultar ineficaces». A su juicio, el «endurecimiento» de las leyes sobre «protección y prohibición del marketing y la publicidad» no reduce «las tasas de juego problemático». Por el contrario, aseguran que legalizar los slots online –las tragaperras virtuales– en 2015 aumentó el número de jugadores del mercado legal hasta el 87% en 2019, cuando antes sólo el 55% optaba por las apuestas legales. Es la tesis defendida por la patronal de la industria del juego. Según argumentan, normas demasiado restrictivas no sólo son «desproporcionadas», sino que también contribuyen al crecimiento del mercado ilegal y, por tanto, no sujeto a la supervisión de los poderes públicos.
Hernández y Espinosa también suelen participar en foros públicos del sector, donde aseguran que la prohibición total de la publicidad no tiene efectos sobre el juego de los menores, porque éstos sólo juegan en el mercado ilícito: al «limitar la visibilidad del mercado regulado, fortalece el ilegal». Aseguran incluso que entre 2011 y 2020 –entre la legalización de las tragaperras online y la aprobación del real decreto con restricciones a la publicidad del juego–, el número de lo que llaman «jugadores problemáticos» se redujo del 0,9% al 0,7 u 0,8%.
Por el contrario, la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al real decreto de 2020alerta frente al «progresivo ensanchamiento de la base de clientes muy jóvenes con respecto a la totalidad de jugadoresonline activos». Según sus cifras,lacuotadeapostadoresde 18 y 19 años creció del 4,39% al 5,21% entre 2016 y 2019, al mismo tiempo que lo hacía la inversión publicitaria.Restringir los anuncios a determinados horarios–de una a cinco de la mañana– repite la misma cautela establecida para los propios programas de apuestas, que por su «repetitividad e inmediatez» pueden «induciro favorecer el consumo impulsivo», según determina la misma sentencia del Tribunal Supremo que dio, en parte, la razón aJDigitalen 2024.
Expertos en adicción al juego como Mariano Chóliz, catedrático de Psicología de la Universidad de València, contradicen también la perspectiva de la patronal y del lobby «inteligente» impulsado por Hernández y Espinosa. Sólo el 3,2% de la población juega, explica Chóliz, pero el 10% de esos jugadores son responsables del 80% de los 1.500 millones de euros que pierden al año esos apostadores españoles, destaca también. «Sin ludópatas, no habría juego online«, zanja.
En 1892, Clara Zetkin se hizo cargo del periódico La Igualdad (Die Gleichheit). Zetkin, que había regresado a Alemania un año antes -tras la derogación de las leyes antisocialistas de Otto von Bismarck-, convirtió el diario en «una herramienta excepcional» para despertar las conciencias socialistas, especialmente de las mujeres. Fue bajo su iniciativa que en agosto de 1907 se organizó la I Conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres, en Stuttgart. Un encuentro que se repetiría en 1910 y del que, de nuevo a propuesta de Zetkin, se aprobaría celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La idea era rendir «tributo a las huelguistas neoyorquinas» que se habían manifestado en 1908 por mejores salarios y el derecho al voto, y «a todas las mujeres» que habían dado su vida «contra la explotación». Así lo recoge en el prólogo del libro Conversaciones con Lenin la Fundación Federico Engels.
Eran los años previos a la I Guerra Mundial. Si algo tenía claro Zetkin era el papel del feminismo contra la escalada militar. La III Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra celebrada en 1915 con el lema «Guerra a la guerra» da cuenta de ello. Esa tradición de movilización feminista contra la guerra no se detuvo con el final del primer gran conflicto mundial. Durante los años 30, y especialmente ante el avance de los fascismos en Europa, se consolidó un movimiento internacional de mujeres que vinculó de forma explícita feminismo, antifascismo y pacifismo.
Este proceso cristalizó en la creación del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Fue una de las experiencias de movilización femenina más relevantes de la primera mitad del siglo XX, según explica Sandra Blasco Lisa en El Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y sus relaciones con España. Tuvo, además, un desempeño fundamental en la resistencia civil en el caso español, frente al golpe de Estado de julio de 1936, tal y como explica Noelia Adánez en su tribuna Una historia de alianzas feministas.
«El feminismo tiene que ser radical»
Esa tradición de alianzas feministas frente a la reacción conservadora -alianzas de base, construidas desde el activismo y la organización social- también estuvo muy presente en el diálogo celebrado en Público esta semana, con motivo del especial del 8-M, entre Justa Montero y Ayme Román. Ambas coincidieron en la importancia de reivindicar un «feminismo radical», un «feminismo que siempre que no se diluya va a resultar incómodo». Así como en señalar la necesidad de reforzar los espacios colectivos.
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Los feminismos del futuro.
Ayme Román, filósofa y divulgadora feminista, puso el acento en las limitaciones de los canales actuales de debate y difusión, especialmente en las redes sociales, donde «acabamos priorizando mensajes muy simples, reduccionistas» que dificultan explicar la complejidad de los problemas feministas. A su juicio, este «activismo algorítmico» favorece consignas rápidas y viralizables que simplifican debates profundos y puede ir «en contra del feminismo» cuando impide desarrollar argumentos más intrincados.
Justa Montero, activista histórica y autora de diferentes publicaciones especializadas, por su parte, reivindicó la tradición asamblearia del movimiento feminista como una herramienta para desactivar prejuicios y recuperar memoria política. Recordó que esa cultura política asamblearia permite «tener el tiempo, poder argumentar, poder pensar y poder dar pie a lo que es la inteligencia colectiva». En su experiencia -que se remonta a las movilizaciones de los años 70-, procesos colectivos como los que condujeron a las huelgas feministas de 2018 y 2019 demostraron precisamente esa potencia. Hablaba de espacios donde mujeres de distintas generaciones y trayectorias pudieron debatir, confrontar posiciones y construir diagnósticos comunes sobre las distintas realidades de las mujeres.
Desde ese punto de vista, Montero defendió que esa práctica colectiva constituye una de las principales fortalezas del feminismo. Es lo que ella misma describe como la «mochila» política llena de herramientas organizativas, memoria compartida y capacidad de análisis colectivo para afrontar los nuevos desafíos que plantean los discursos antifeministas o negacionistas.
Román y Montero deslizaron, a su vez, lo importantes que han resultado -en este sentido- las aportaciones del feminismo interseccional. Poner tus ideas en conversación con otras compañeras, reflexionaba Montero, te permite revisar tus propias premisas: «Ahí estamos mujeres de distintas edades. Mujeres muy jóvenes y mujeres que ya
somos mayores. Y efectivamente la percepción de muchas cosas en el diálogo es distinta». Una perspectiva que también reivindica la escritora, investigadora y activista antirracista Zinthia Álvarez Palomino, para quien las violencias que atraviesan a las mujeres no pueden entenderse sin atender a las relaciones entre género, raza y clase.
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Zinthia Álvarez Palomino : «La jerarquización de los cuerpos se construyó durante los procesos de colonización»
Como explica a Público, cuando hablamos de violencia machista, negacionismo o racismo es necesario recordar que estas violencias «no son aisladas ni operan de manera individual, sino que se entrelazan con el racismo estructural» y tienen su origen en «la jerarquización de los cuerpos que se construyó durante los procesos de colonización«. Procesos imperialistas sobre los cuales se han apoyado históricamente las guerras, que en estos momentos también se pueden observar al ser testigos del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza o los ataques que está liderando el Gobierno de Donald Trump contra Irán, Venezuela y Cuba.
El feminismo negro ha aportado importantes herramientas para comprender cómo operan hoy estos discursos. Álvarez Palomino argumenta que cuando la violencia machista deja de entenderse como un problema estructural y comienza a explicarse desde enfoques culturales, se produce un desplazamiento peligroso: «La misma violencia pasa a interpretarse de manera distinta según el grupo que la ejerza; nacionales o personas no blancas». Ese giro permite que proliferen ideas que se presentan como feministas pero que, en realidad, «refuerzan el racismo y consolidan las fronteras simbólicas dentro y fuera del Estado», alimentando la construcción de un enemigo interno y los relatos nacionalistas.
La interseccionalidad -concepto desarrollado por Kimberlé Crenshaw- permite comprender precisamente cómo operan estas jerarquías.
Como señala Álvarez Palomino, «género, raza, clase y origen configuran la credibilidad social». Basta observar quién sostiene el trabajo doméstico, los cuidados o buena parte del trabajo agrícola para entender cómo el capitalismo contemporáneo sigue reproduciendo jerarquías heredadas de la historia colonial. De ahí que, para Álvarez Palomino, combatir simultáneamente violencia machista, negacionismo y racismo institucional implique «ampliar, no restringir, la democracia» y reconocer como sujetas plenas de derechos a todas las personas.
Algunas de estas ideas han quedado también reflejadas en los manifiestos como el de la Comisión 8M, que este 2026 ha reivindicado explícitamente un feminismo antifascista y ha llamado a construir alianzas amplias frente a los discursos reaccionarios. Bajo el lema Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes, la plataforma ha apelado a fortalecer las redes de organización y solidaridad frente al avance de la extrema derecha.
La distancia entre las instituciones y los activismos
Ejemplo de trabajo para la articulación de las intuiciones feministas es Almena Feminista, «una cooperativa de trabajo asociado» que nació con la voluntad de «trabajar para la incidencia política social hacia una mayor transversalización de la perspectiva feminista interseccional en la sociedad y en las políticas públicas».
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Es interesante escuchar su valoración sobre la complejidad que implica llevar todos estos posicionamientos a las instituciones: «A pesar de que haya años de trabajo, de reflexiones y recomendaciones para políticas públicas más transformadoras, muchas veces las instituciones no escuchan realmente estas orientaciones», lamenta Amanda Alexanian, socia trabajadora de Almena y experta en incorporación de la perspectiva feminista a proyectos. En su opinión, esto provoca que se mantengan inercias que impiden cambios estructurales y que las mejoras sugeridas por la sociedad civil feminista queden reducidas a modificaciones superficiales.
Amanda Alexanian : «Muchas veces las instituciones no escuchan las orientaciones transformadoras»
Al mismo tiempo, Alexanian subraya en declaraciones a Público que la actual reacción antifeminista no puede entenderse como un fenómeno espontáneo. La virulencia de estos discursos responde, a su juicio, en buena medida a los avances logrados por los movimientos feministas en los últimos años y a su creciente impacto en la opinión pública. Pero también forma parte de «una estrategia política del neoconservadurismo y de la extrema derecha a nivel global», que se alimenta de narrativas como el victimismo masculino o la idea de que el feminismo supone un ataque contra los hombres. De ahí la importancia del trabajo que desarrollan organizaciones como Almena, como entidad que trata de vehicular las propuestas que se vienen elaborando en asociaciones y colectivas de base.
Espacios colectivos frente a derivas reaccionarias
En los últimos años, diversos informes han alertado de un crecimiento de discursos antifeministas entre parte de la juventud, amplificados por las redes sociales y por estrategias políticas impulsadas desde la extrema derecha. Sin embargo, otros estudios, como el presentado por el Consejo de la Juventud este mes de febrero, muestran una realidad más compleja y heterogénea. El análisis Más allá del compromiso y la reacción.
Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud de España distingue entre distintos perfiles generacionales y señala que las posiciones claramente contrarias a la igualdad son minoritarias, mientras que una mayoría de jóvenes se sitúa en posiciones favorables a la igualdad de género, ya sea desde una identificación feminista (34,6%) o desde un perfil que se define como «igualitario» (42,1%).
Respecto a ese debate sobre los cambios generacionales, la activista Justa Montero pedía en el diálogo organizado por Público leer con cautela algunos de los datos. A su juicio, «las encuestas, a veces, como todo, permiten varias lecturas». En referencia a uno de los estudios que más difusión ha tenido recientemente -el Barómetro de Juventud y Género del FAD, donde se destacaba que
más de la mitad de los varones jóvenes desconfía del feminismo y lo ve como una «manipulación política»-, señaló que el resultado depende en gran medida de cómo se formulan las preguntas. «Si lo que se pregunta es si el feminismo es una herramienta de manipulación y adoctrinamiento ideológico… Se alimenta el marco del discurso, de la narrativa capciosa, de la extrema derecha», explicó. En ese caso, recordaba, cerca de la mitad de los jóvenes varones respondían afirmativamente.
Justa Montero:
«Si lo que se pregunta es si el feminismo es una herramienta de manipulación… Se alimenta el marco de la extrema derecha»
Sin embargo, cuando en la misma encuesta se planteaban preguntas sobre igualdad, «cambia completamente: el 77,4% dice que sí» a que los valores relacionados con la igualdad son esenciales para la convivencia. Para Montero, esa diferencia muestra, por lo menos, que el debate es más complejo. Por eso, concluía diciendo que es necesario analizar cómo se construyen esas percepciones y «pensar cómo esto se está proyectando políticamente y públicamente».
Por su lado, Ayme Román, al pensar esta misma cuestión de los jóvenes, hizo hincapié en su sospecha de que «cada vez tenemos menos tolerancia al disenso y a sentir incomodidad cuando escuchamos algo que no encaja al 100% con lo que pensamos». La divulgadora hizo autocrítica y afirmó que esta dinámica puede acabar generando «una especie de cámara de eco dentro de los propios feminismos». Algo que «va en contra de la tradición de los feminismos», que siempre se han caracterizado por ser espacios de discusión política y elaboración colectiva.
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El informe del Consejo de la Juventud advertía, en el mismo sentido que Montero, de que las actitudes de la juventud hacia la igualdad «no deben entenderse como posiciones rígidas o excluyentes», ya que entre los distintos perfiles identificados existen solapamientos y transiciones. De hecho, el análisis subraya que las diferencias en torno al feminismo no se explican únicamente por la edad, sino también por factores como la ideología, el nivel educativo o el contexto social en el que se socializan las personas jóvenes. Desde el Consejo invitan a «ir más allá de lecturas estrictamente generacionales».
Es precisamente en esa diversidad de posiciones donde muchas activistas ven también una oportunidad política. La existencia de amplias mayorías jóvenes sensibles a la igualdad refleja, en buena medida, el impacto de décadas de avances feministas y abre un espacio para seguir ampliando derechos.
Frente al ruido, los feminismos siguen desplegando una intensa actividad gracias a sus bases que a menudo queda fuera del foco mediático. Como muestran las voces recogidas en este reportaje, continúa siendo un movimiento profundamente vivo, que se reorganiza, amplía sus alianzas y refuerza su activismo para afrontar una nueva etapa marcada por la reacción política, pero también por la defensa de vidas dignas donde quepan todas.
*Omar es un nombre ficticio. Su nombre se ha cambiado en este reportaje para proteger su identidad real.
En junio de 2025 la junta de tratamiento de la cárcel en la que Omar cumple su condena pidió al juez de vigilancia penitenciaria que le concediera el tercer grado. Lo hizo a través de un informe con información desactualizada. Pero con el convencimiento de que Omar, en prisión desde 2011 y una evolución positiva entre rejas, estaba listo para pasar buena parte de su tiempo en libertad.
En el escrito los funcionarios incluyeron una palabra, RisCanvi, junto a un adverbio: alto. Una señal, según los códigos establecidos en el mundo penitenciario catalán, de que existía un riesgo plausible en torno a Omar. Un riesgo de que al pisar la calle cometiera un nuevo delito o huyese sin haber completado su condena.
Este pronóstico no provenía de una persona, sino de una máquina. RisCanvi es un programa informático que la Generalitat introdujo en sus prisiones en 2010 y que desde entonces evalúa de forma periódica a todas las personas privadas de libertad en Catalunya. La versión actual de este software mide cinco tipos de riesgos, a través del mismo número de algoritmos: reincidencia general, reincidencia violenta, quebrantamiento de condena, violencia autodirigida y violencia contra otros dentro de prisión.
Diseñado originalmente como parte de un protocolo para la gestión interna en los centros, hoy los resultados de RisCanvi son utilizados de forma intensiva también en el ámbito judicial. Por parte de los jueces y los fiscales que deciden si presos como Omar pueden acceder a beneficios penitenciarios en la fase final de la condena, una parte fundamental en su proceso de rehabilitación social.
Este tipo de uso, documentado por Público en esta investigación a través de información y testimonios inéditos, carecería de las garantías que la nueva ley europea exige para algoritmos e inteligencia artificial (IA) en áreas sensibles, como las prisiones y la justicia. También iría en contra del consenso científico sobre cómo usar este tipo de sistemas de apoyo a una decisión humana.
El protocolo RisCanvi, actualmente en proceso de actualización por el Departament de Justícia del Ejecutivo catalán, lleva años en el punto de mira de organizaciones de defensa de los derechos de los presos y de actores de la sociedad civil que promueven un uso responsable de la tecnología. Hasta ahora, el debate se había centrado en la idoneidad o no de usar un algoritmo predictivo con una alta tasa de errores en un área tan delicada. También en la opacidad que este sistema ha arrastrado durante años.
Los hallazgos de esta investigación muestran sin embargo otra línea preocupante. La forma en la que jueces y fiscales usan los resultados de RisCanvi estaría impactando negativamente en los derechos de los presos más vulnerables que hoy cumplen condena en Catalunya.
«En la cárcel si quieres avanzar no te dejan»
El juez de Barcelona que en agosto recibió la petición de tercer grado para Omar dio su visto bueno en noviembre. Sin embargo, cinco días después el fiscal se opuso al ver que el RisCanvi del interno reflejaba un riesgo alto. Una postura a la que finalmente se acogió el magistrado encargado de su expediente, que rechazó la solicitud.
«¡Ya empezamos con lo mismo!». Omar recuerda hoy cómo reaccionó al enterarse de que el riesgo asignado por este sistema de nuevo le complicaba las cosas. Ese mismo argumento en contra, un RisCanvi alto, lo había usado dos años atrás también para oponerse el juez que recibió su primera solicitud de permiso de más de 72 horas.
Omar, que actualmente cumple condena en una prisión catalana, durante la entrevista con Público.
«En la cárcel si quieres avanzar no te dejan, la verdad», se lamenta este hombre de sonrisa fácil en una sala de la Fundació Marianao, una entidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) que apoya a internos con pocos recursos. Una jurista y una educadora de esta fundación, también presentes en la sala, acompañan a Omar desde hace años. Con la ayuda de ambas, Omar ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona todavía pendiente de resolución.
El caso de este recluso en prisión desde 2011 y con una evolución ejemplar entre rejas ejemplifica la forma en que algunos actores judiciales en Catalunya usan hoy los niveles de riesgo asignados por RisCanvi. Y cómo esta utilización condiciona que los internos accedan a una libertad condicional, una progresión de grado o a permisos de varios días una vez han cumplido una cuarta parte de su condena, tal y como establece la ley penitenciaria.
RisCanvi, igual que otros sistemas predictivos parecidos –el algoritmo de VioGén para combatir la violencia machista es el caso más conocido en España-, se creó hace una década y media con un protocolo asociado. En las cárceles catalanes este software está integrado en el día a día de los funcionarios y sus resultados les ayudan, por ejemplo, a decidir qué programas de rehabilitación han de seguir los internos o cuándo es adecuado que salgan de permiso. Estos profesionales reciben además una formación específica antes de empezar a utilizar el programa, según establece el manual de aplicación del protocolo de la propia Generalitat.
«La administración penitenciaria en Catalunya ha hecho un esfuerzo muy grande por que esto tenga una coherencia y esté dentro de un sistema, para que tenga un sentido», señala a PúblicoLorena Alemán Aróstegui. Esta jurista y doctora en Derecho penal por la Universidad Pública de Navarra, que ejerció como letrada en Catalunya durante varios años, es autora del único trabajo independiente sobre cómo RisCanvi influye en las decisiones judiciales.
Su interés en el tema empezó en 2021 a partir de una experiencia personal. Un juez de Lleida denegó entonces un permiso de salida, que contaba con la aprobación de la junta de tratamiento, a un cliente que cumplía condena en la prisión de Mas d’Enric. Alemán Aróstegui elevó entonces el caso a la Audiencia Provincial de Tarragona a través de un recurso. De poco sirvió. El magistrado validó la posición del juez de vigilancia “porque había resultados de riesgo alto y medio en RisCanvi; algo que ya había alegado el ministerio fiscal”, rememora.
«RisCanvi es un instrumento interno de la administración», explica hoy esta jurista que dedicó su tesis doctoral a profundizar en este espinoso asunto. «En el ámbito administrativo [los funcionarios] están condicionados por el artículo 6 del reglamento penitenciario”, que prohíbe la toma de decisiones basadas en herramientas automatizadas. “Pero es que en el ámbito judicial no hay nada, faltan normas. Hay muchísima discrecionalidad en la toma de decisiones», esgrime Alemán Arostegui en conversación con Público. También hay “mucho margen para que se prueben cosas”, añade.
El RisCanvi en sede judicial
Las más de quince entrevistas a letrados y otros actores judiciales hechas para esta investigación corroboran las tesis de Alemán Arostegui. Y ofrecen además otras claves relevantes. «El RisCanvi tiene mucha importancia a nivel interno y esto nosotros sí que lo consideramos como una herramienta muy potente», analiza Montse Pijoan, letrada del despacho barcelonés de Bataller Abogados. «Pero cuando pasamos al expediente judicial vemos mucha disparidad respecto a cuál es la concepción de RisCanvi o cuál es su alcance», apunta.
La letrada de penal y penitenciario Montse Pijoan en el despacho de Bataller Abogados, en Barcelona.
Aunque la postura oficial de la Generalitat es que los resultados de estos algoritmos son usados sólo por los profesionales de prisiones, la realidad es diferente. Cuando el propio interno o la junta de tratamiento solicita un beneficio penitenciario, el responsable de este órgano colegiado envía a los juzgados un informe que en casi todos los casos incluye los riesgos asignados por RisCanvi. Una información que a diferencia de lo que ocurre con los técnicos de la junta llega sin el debido contexto a sede judicial, explican las fuentes consultadas.
«En algunos juzgados vemos que la relevancia del RisCanvi es prácticamente determinante. Si ven un RisCanvi alto [en el expediente], ya es una barrera muy difícil de superar. Lo mismo ocurre con los fiscales», apunta la letrada Pijoan. “Si el riesgo es medio o alto, mi experiencia es que la Fiscalía te tumba el permiso”, corrobora Eva María Vivo, presidenta de la comisión de penitenciario del ICAB, el colegio de la abogacía de Barcelona.
Las resoluciones judiciales a las que Público ha tenido acceso y los letrados entrevistados dibujan además un uso variable por parte de los diferentes actores judiciales involucrados. Mientras que para algunos jueces de vigilancia y los fiscales que los asesoran RisCanvi tiene un peso decisivo, las audiencias provinciales «cada vez hacen una lectura más matizable de sus resultados del RisCanvi», resume Pijoan.
«Recurrir al RisCanvi es una herramienta fácil. Si a mí me dan riesgos altos o medios, deniego permisos, deniego tercer grado, no me hace falta decir nada más. Es una solución más fácil», reflexiona un juez de la jurisdicción de penitenciario en Catalunya en ejercicio que ha hablado con Público bajo condición de anonimato.
Este magistrado con amplia experiencia critica la falta de directrices claras y señala también cómo las evaluaciones de RisCanvi condicionan casi siempre la postura del ministerio fiscal. Si estas no se incluyen en el expediente del interno, los fiscales las solicitan a la prisión, explica. «Pero si le sale bajo, no lo va a decir. Siempre se lo calla», añade.
Dos de los autos de juzgados de vigilancia penitenciaria de Catalunya a los que ha tenido acceso Público donde se mencionan los riesgos asignados por RisCanvi.
Una predicción falible
Los algoritmos integrados en RisCanvi realizan sus cálculos a partir de 43 factores considerados de riesgo. Algunos son estáticos, es decir tienen que ver con la biografía del interno. Por ejemplo, el tipo de delito, la edad con la que delinquió por primera vez, los antecedentes delictivos familiares o la nacionalidad. Mientras que otros son dinámicos y sobre el papel pueden variar con el tiempo.
Aquí aparecen cuestiones como su grado de impulsividad y hostilidad, su respuesta al tratamiento en la cárcel o si ha tenido conflictos con otros presos, entre otros. Cada escala de riesgo en RisCanvi tiene una combinación diferente de variables. Esta información, tanto los factores estáticos como dinámicos, la recogen, valoran e introducen en el software los integrantes de la junta de tratamiento, formada por juristas, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y educadores.
Saber con exactitud por qué los niveles de riesgo de Omar se han mantenido altos estos años es una tarea compleja. Su buen comportamiento en prisión, la ausencia de partes desde 2014 o las sucesivas salidas, tanto programadas como judiciales, llevarían a pensar en unos riesgos tendentes a cero. Sin embargo, sus niveles de RisCanvi no se han movido.
Anneris Álava, educadora de la Fundació Marianao que le acompaña desde hace años, apunta una hipótesis. Que el tipo de delito por el que entró en prisión en 2011 -calificado como violento por el juez que le condenó- y su estado de intoxicación por alcohol al cometerlo continúen hasta hoy penalizando a Omar. Ambas variables tienen un peso especialmente importante en la cocina algorítmica de RisCanvi.
Anneris Álava y Mónica Pons, educadora y jurista, respectivamente, en la sede de la Fundació Marianao, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
A esto se podría añadir un tercer factor. Durante varios momentos de su cadena permisiva, el RisCanvi de Omar no se ha actualizado como establece el protocolo, es decir al menos cada medio año, advierte Mónica Pons, jurista y compañera de Álava en el equipo que le acompaña. “Los informes que le llegaban al juez reflejaban una situación que no era en la que se encontraba realmente”, apunta sobre las primeras denegaciones de permiso que enfrentaron.
Una mala praxis que de acuerdo a varios letrados entrevistados es hoy relativamente frecuente en las cárceles catalanas, con problemas de personal y recursos desde hace tiempo. «Nos cuesta mucho que actualicen el RisCanvi. En teoría lo tienen que hacer cada seis meses, cuando tiene revisión del grado, pero nos encontramos con que no ocurre», dice la letrada Pijoan.
Carlos Castillo es científico de datos y profesor titular en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Castillo y su equipo llevan años investigando los algoritmos de este sistema. Varios de estos estudios los han hecho además en colaboración con el Departament de Justícia y con datos reales de reincidencia de presos previamente analizados por RisCanvi.
Castillo explica que la precisión de estos modelos predictivos es muy parecida a la de otras herramientas similares que se usan, también desde hace años, en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. «Si uno toma un par de internos, uno de los cuales ha reincidido y otro no, en algo más del 70% de los casos RisCanvi le habrá dado una puntuación más alta al interno que reincidió respecto al que no lo hizo. Pero en un 30% de los casos RisCanvi habrá puntuado más alto al que no cometió la reincidencia respecto al que sí la cometió», resume Castillo.
Esta métrica habitual para medir la fiabilidad de modelos predictivos -conocida como Área bajo la curva (AUC)-, explica este científico, se ha de interpretar como que el acierto del Riscanvi en un poco más de siete de cada diez casos «permite ordenar internos desde el que tiene más riesgo al que tiene menos».
El restante 30% «entra dentro de incertezas que provienen del hecho de que no conocemos todos los antecedentes de la persona», ni lo que le ocurrirá durante el resto de su vida. Como cualquier intento de adivinar lo que pasará en el futuro, concluye Castillo, «esa predicción nunca es perfecta».
«Vacío de garantías»
RisCanvi se creó hace década y media a partir de la evidencia científica existente sobre qué factores disparan o reducen el riesgo de que un interno reincida. La Generalitat se apoyó para esta tarea en un equipo universitario experto en la predicción de la violencia. Desde entonces sus responsables de prisiones defienden que sólo es un elemento informativo más para los profesionales de los centros. RisCanvi, insisten en público y en privado, sirve para «orientar» y «complementar» sus decisiones.
Los funcionarios encargados de validar los resultados del software, al hacer esta tarea ven en la pantalla de su ordenador un mensaje de advertencia que coincide con este enfoque. En él se lee que los niveles de riesgo de RisCanvi han de interpretarse «teniendo en cuenta el motivo y el contexto» y en ningún caso han de «condicionar las decisiones», según una imagen a la que ha accedido Público.
Nota de advertencia que aparece en la pantalla de los funcionarios de prisiones, de forma automatizada, en el momento que han de validar los niveles de riesgo calculados por RisCanvi.
Las precauciones dentro de las prisiones catalanas contrastan con cómo los resultados de RisCanvi intervienen en sede judicial. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, responsable de los jueces de vigilancia y las audiencias provinciales, confirman que no existe un criterio establecido entre los magistrados sobre cómo usar esta información. Y admiten que la formación en torno a esta herramienta ha sido muy escasa, proviniendo principalmente del ICAB.
El juez entrevistado menciona también un curso organizado antes de la pandemia por el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, CEJFE, dependiente de Justícia, como la única ocasión en la que han podido intercambiar impresiones con funcionarios de prisiones sobre este tema.
Este juez señala además la importancia de conocer qué factores de riesgo valora el software para poder ponerlo en su verdadero contexto. «Si tú sabes el peso que tiene el ser inmigrante o tener una familia desestructurada, por ejemplo, tu grado de credibilidad o de fe ciega en el RisCanvi va a ser distinto», apunta.
Durante varios meses, Público ha tratado de entrevistar a un portavoz de la Fiscalía Superior de Catalunya, que declinó inicialmente la petición. Posteriormente, el fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria Francisco J. Faus, en conversación telefónica con este medio, defendió el uso que los fiscales hacen de los niveles de riesgo asignados por RisCanvi. También su conocimiento sobre las limitaciones y fortalezas de este sistema para evaluar el riesgo de los internos.
En 2024 la Unión Europa aprobó un nuevo reglamento de inteligencia artificial que pone el foco en el uso de algoritmos en áreas especialmente sensibles o de «alto riesgo». A estas aplicaciones se les exige unos requisitos de seguridad, control y transparencia especialmente exigentes.
«Desde el punto de vista regulatorio, el uso de un sistema de IA debe ajustarse a la finalidad prevista por quien lo desarrolla y valida. Extender su utilización sin una evaluación específica puede generar un vacío de garantías», señala Judith Membrives i Llorens, responsable de Tecnología y Derechos Humanos en Lafede, la principal federación de ONG de Catalunya. Esta investigadora, que junto a otros actores de la sociedad civil europea lleva meses implicada en la defensa de una aplicación garantista de la nueva regulación, califica este uso como «desplazamiento de finalidad».
«Cuando herramientas diseñadas para orientar decisiones técnicas se convierten en argumentos de autoridad en sede judicial, se diluye la frontera entre apoyo técnico y delegación de juicio. Y esa delegación algorítmica tiene implicaciones profundas para el Estado de Derecho y la democracia», añade Membrives i Llorens.
Exterior del complejo penitenciario de Brians 2, en la localidad de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Castillo hace una reflexión en la misma línea y califica el uso de RisCanvi en el ámbito judicial como un «uso no anticipado, un uso no previsto». Y advierte de que «ese tipo de usos son los que normalmente llevan a situaciones de discriminación y sesgo». «El RisCanvi es una herramienta para apoyar la decisión de una junta de tratamiento. Para eso está diseñada y para eso ha sido probada”, concluye.
El Departament de Justícia de la Generalitat ha declinado las reiteradas peticiones de Público para entrevistar a un portavoz, como parte de esta investigación. A preguntas por correo electrónico sobre el uso de los resultados del RisCanvi por actores judiciales, fuentes oficiales aseguran que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, área responsable de los servicios penitenciarios, «facilita información únicamente a aquellos órganos que estén legitimados normativamente para recibirla».
«No obstante, no podemos atender consultas relativas al uso que otros órganos judiciales o fiscales puedan hacer de dicha información», añaden estas fuentes.
Contacto con el exterior
Contar con una foto detallada de cómo RisCanvi influye en los derechos de todos los presos catalanes es hoy difícil. A diferencia de lo que ocurre con las resoluciones de las audiencias provinciales –disponibles a través del CENDOJ, el centro de documentación del poder judicial-, los fallos de los juzgados de vigilancia penitenciaria no son públicos.
Esto impide conocer de forma exhaustiva cuántos expedientes se frenan en esta primera instancia judicial a causa de estos algoritmos. A ello hay que añadir, además, que son pocos los internos que llegan hasta la segunda instancia, las audiencias. Debido a que sólo un pequeño porcentaje recurre frente a una denegación de permiso, señala Altamira Guelbenzu, abogada del colectivo IACTA y letrada en el turno de oficio.
Guelbenzu explica que la mayoría de los presos en Catalunya desconocen cómo presentar un recurso, o cómo acceder a un abogado de oficio que les ayude en esta tarea. «Existe una falta de información muy heavy» que se agrava en el caso de los internos extranjeros que no dominan el idioma, añade. «Todo esto hace que pocas veces estos casos lleguen a los juzgados y a las audiencias. Existe un agujero de información que dificulta ver la dimensión de esto», concluye esta letrada.
Anneris Álava, de la Fundación Marianao, coincide en este análisis y aporta otra clave importante. «Se ha de partir de la base de que la gran mayoría de personas internas en centros penitenciarios no tienen los recursos económicos suficientes como para permitirse buenos abogados», apunta.
La imposibilidad, en muchas ocasiones, de acceder a una defensa con garantías unida al peso de RisCanvi provoca que los internos vulnerables con frecuencia «no puedan disfrutar de beneficios penitenciarios» a pesar de reunir los requisitos para ello, reflexiona Álava. Una situación en la que con probabilidad se habría visto Omar de no contar con el apoyo de la fundación.
Este hombre espigado llegó a Catalunya siendo menor de edad desde un país del Magreb. Fue un menor tutelado y pasó por varios centros de acogida. Gracias a la Fundació Marianao encontró su primer empleo, que le permitió vivir de forma independiente unos años. Pero al poco de entrar en la veintena todo se torció.
«Me he complicado la vida yo solo», afirma hoy. «La verdad, la libertad no la valoras hasta que la pierdes. Ahora mismo te digo que cuento los minutos, uno a uno, porque me dan horas…», reflexiona durante una de sus últimas salidas de permiso. Los profesionales que trabajan día a día con la población reclusa inciden en la importancia de los beneficios penitenciarios. Consideran que es un elemento clave para lograr un proceso de reinserción exitoso, que permita a estas personas vivir de nuevo en sociedad sin delinquir.
«Una parte muy importante de la condena, aparte de tratar la problemática que le haya llevado a delinquir, y en el momento en que esto ya se ha podido tratar, también es retomar el contacto con el exterior. Porque al final la condena se acaba y es con lo que esa persona se va a encontrar cuando salga», apunta Mónica Pons.
Actualmente Omar está pendiente de que un juez resuelva la apelación que ha presentado ante la Audiencia Provincial para acceder al tercer grado.
«Una persona que lleva encerrada muchos años tiene que ir paulatinamente encontrándose de nuevo con esta sociedad, con todos los cambios que han ocurrido durante el tiempo que ha estado en el centro», añade su compañera Álava. De lo contrario, la probabilidad de que reincida, especialmente entre internos con algún problema de toxicomanía y otros perfiles vulnerables, aumenta de forma exponencial, explica esta educadora.
Omar rememora el enfado que sintió hace unos meses cuando le comunicaron, dentro de prisión, que el juez se había opuesto finalmente a su progresión de grado. «Ya estoy acostumbrado», dice con resignación.
«¿Qué hago? ¿Voy a chillar? No, porque voy a perderlo todo. ¿Voy a echarles bronca? No, porque yo para ellos soy un número más. Cuando estás dentro, no es igual a como estamos sentados aquí. Eres un número más, les da igual. Tú chillas, te llama un funcionario, te chapan y ya pierdes todo. Hay que usar la cabeza».
Omar asegura que «ha tenido suerte» de tener el apoyo de esta fundación. De lo contrario, su presente probablemente sería muy diferente y no vería el futuro con «optimismo», como hace ahora. «La primera vez que salí fui muy feliz porque llevaba muchos años dentro. Lo que ven todos los días en libertad, tú no lo ves. Porque estás en un patio. Es otro mundo», concluye.
RisCanvi, el algoritmo de la cárcel es una investigación periodística de Público. En los siguientes enlaces puedes acceder a todos los contenidos del proyecto.
Este proyecto ha tenido el apoyo de Civic Journalism Coalition, una coalición impulsada por las organizaciones EDRI, ECNL y Lighthouse Reports.
El
alcalde de Oleiros (A Coruña, 30.000 habitantes), el municipio con
mayor renta de Galicia según la Agencia Tributaria, ha ordenado
colocar en los paneles luminosos del Ayuntamiento que pueblan el
municipio una fotografía de un jabalí con el rostro del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, y la leyenda en gallego
«Ábrese a veda» («Se abre la veda»). En
declaraciones a Público, el regidor, Ángel García Seoane, Gelo para sus vecinos, ha justificado los anuncios por los
bombardeos de población civil en Gaza, Líbano e Irán.
«Hay fachas que me han pedido que rectifique y que me retracte. ¿De qué
tengo que retractarme? ¿A santo de qué? El primer día de esta
guerra, Israel y Estados Unidos bombardearon una escuela infantil en
Irán y mataron a 165 niñas», explica el alcalde. «Un
jabalí es una bestia, un animal que remueve el suelo y destroza las
cosechas, lo mismo que está haciendo Trump. Es él quien está
matando, y seguirá haciéndolo hasta que alguien lo cace a él»,
añade.
El mandatario relata que ideó la campaña tras escuchar el
mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado
miércoles: «No soy del PSOE, pero me pareció una reacción
admirable y me pregunté qué podía hacer yo para apoyarle». «A
él, no a su partido», matiza. Gelo admite ser consciente de que
su actitud podría costarle represalias, pero afirma que no tiene
miedo: «Moriré defendiendo mis ideas«.
Medio dólar de recompensa por Trump
El
pasado otoño, García Seoane ordenó colocar en los luminosos
municipales de Oleiros otra fotografía de Trump con el mensaje en
gallego e inglés «Búscase. Wanted. Terrorista
Internacional. International terrorist. Recompensa: 0,50$«.
El regidor lo justificó por el apoyo de Trump al genocidio cometido
por el Gobierno de Israel contra los palestinos en Gaza, la
persecución de inmigrantes en EEUU y los ataques a embarcaciones
civiles en el Caribe. Lo calificó de asesino y de terrorista y
recordó que, tras perder las elecciones de 2021, había intentado «un
golpe de Estado en su propio país».
García
Seoane es el líder de Alternativa dos Veciños, una formación de
izquierda independiente que lleva desde 1985 gobernando
ininterrumpidamente el municipio, donde ha consolidado un proyecto
basado en la protección urbanística, la inversión en servicios
sociales, la adquisición de superficies e inmuebles para uso público
y la protección de la naturaleza y los ecosistemas. La calidad de
vida ha convertido a Oleiros en uno de los municipios de Galicia más atractivos para vivir –y también de los más caros– y ha atraído a las clases medias y altas de A Coruña.
Según los atlas de distribución de renta del INE y la Agencia
Tribuaria, los ingresos medios por hogar en Oleiros superan los
47.000 euros anuales.
Pese
al cambio en la estructura social de la población local,
Gelo, que no considera un insulto que le llamen comunista, arrasa en
las elecciones incluso entre el electorado de derechas. En las
municipales de mayo de 2023 obtuvo un 54,3% de los votos, más del
doble que PP y Vox juntos. En las generales de julio de ese año, los
de Feijóo y Abascal sumaron el 49,5% de papeletas en
las generales de ese año, a las que Alternativa dos Veciños no se
presentó –nunca lo hace–.
Ver vídeo
Un reportaje de Candela Barro y Juan Oliver. Más información en publico.es» class=»foto-texto»>»Yo soy castrista pero me vota la derecha inteligente», dice Ángel García Seoane, ‘Gelo’, alcalde de Oleiros (A Coruña).
Ex
militante del Partido Comunista, amigo del fallecido presidente
cuabno Fidel Castro y promotor de un callejero que homenajea al idioma, la cultura y la naturaleza de Galicia, a la
intelectualidad progresista y a políticos de izquierda de todo el
mundo –incluida una inmensa estatua de ocho metros de altura que
homenajea al revolucionario Ernesto Ché Guevara en una de las
avenidas más transitadas del municipio–, García Seoane ha
mantenido un discurso antiimperalista desde que fundó Alternativa
dos Veciños en 1976.
El Mossad, la CIA y los espías españoles
Asegura
que ha sido espiado por la inteligencia española y por el Mossad
israelí, y ha mostrado las pruebas –un cable de 1991 de la
delegación de la CIA en Madrid– que demuestran que Estados Unidos
también lo tenía en el punto de mira por burlar el bloqueo comercial decretado por Washington contra Cuba.
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Tras
la invasión de Irak ordenada por el entonces presidente de Estados
Unidos, George Bush, y la foto de éste en Azores con sus
homógos José María Aznar (España), Tony Blair
(Reino Unido) y José Manuel Durão Barroso (Portugal), el
alcalde de Oleiros organizó su particular No a la guerra
vendiendo camisetas estampadas con un rollo de papel higiénico
decorado con la bandera estadounidense y la leyenda «USAme»,
y destinó el dinero a países invadidos por EEUU.
Al
año siguiente, emprendió otra campaña contra el entonces jefe del
Estado de Israel, el ultraderechista Ariel Sharon, acusado de
crímenes de guerra en Palestina desde los años ochenta. Gelo
sostiene que eso le valió una llamada del embajador de ese país en
Madrid, que le habría amenazado gravemente, aunque el diplomático
se apresuró a desmentirlo.
Cable de la CIA datado en 1991 que cita al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por su relación con el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.
Con
el inicio del exterminio
de palestinos
en Gaza en octubre de 2023 tras los atentados terroristas de Hamás
el día 7 de ese mes, los luminosos municipales de Oleiros también
han sostenido lemas contra el Gobierno de Israel y su presidente, Benjamin
Netanyahu,
que
aparecía en un fotomontaje, a la manera del Trump-jabalí, junto
a Adolf
Hitler,
con la frase en
gallego «Mesmas
bestas asasinas»
)»Mismas bestias asesinas». La asociación
Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio (ACOM), un lobbby que
asegura promover las relaciones entre España e Israel y combatir el
antisemitismo pero que en realidad se dedica a promover
acciones judiciales contra quienes critican las violaciones
del derecho internacional por parte de Israel –desde Ione Belarra a Ada Colau pasando por quienes participaron en las protestas de La
Vuelta contra el genocidio-, denunció al Ayuntamiento.
Sentencia contra un lobby israelí
El
pasado 31 de
enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A
Coruña desestimó el recurso de ACOM contra la sentencia de primera
instancia que había rechazado un mes antes el recurso en el que la
asociación reclamaba la anulación de la decisión del alcalde de
comparar a Netanyahu con Hitler, que consideraba una
«distorsión del holocausto», «un ejemplo inequívoco
de antisemitismo moderno» y de «odio frente a los judíos y
a lo que representan».
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En
su fallo, que ya es firme, la magistrada Rosa
Agrasso Barbeito
niega ese argumento y recuerda que el mensaje contra el primer ministro israelí “nada
refiere sobre la condición de judío de Benjamin Netanyahu, ni se le
ataca por esta condición, sino por la masacre a la que está
sometiendo al pueblo palestino, manifestación que también se recoge
por el presidente de España, ministros de nuestra nación, miembros
de la UE, la ONU [y] el Tribunal Penal Internacional». «Aunque
Benjamín Netanyahu sea primer ministro del Estado de Israel, no hay
un ataque al pueblo judío, al Estado de Israel, ni siquiera al
Gobierno del Estado de Israel […]. Lo que no puede admitirse es que
solo quepa hablar de genocidio o masacre frente a nacionales cuando
se trata de israelíes y no de otros razas o nacionales de otros
países», concluye.
El alcalde valoró este jueves esa posición de los tribunales, recordó que él no tiene nada contra la ciudadanía de Israel–»nunca he atacado al pueblo judío», comenta–, y alerta de que Facebook ha borrado el post en el que se hacía eco de la sentencia.
Israel y Estados Unidos han atacado este sábado Irán y objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano. Al menos cinco ciudades iraníes han sido atacadas: Teherán, Ilam (oeste del país), Isfahan, Qom y Karaj. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó por su parte que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. El mensaje de Trump es claro: Irán nunca tendrá un arma nuclear.
Un funcionario israelí dijo que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, pero el resultado de los ataques no estaba claro. Una fuente con conocimiento del asunto había dicho antes a Reuters que Jamenei no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.
De momento, hay más de 50 niñas muertas tras el ataque en una escuela en Irán. Una fuente iraní cercana al sistema gobernante citada por Reuters dijo que varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní y funcionarios también habían muerto. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación.
“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados», señaló el mandatario estadounidense en un mensaje grabado y publicado en sus redes sociales en la mañana de este sábado.
En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales «USA», no habló de plazos o de si la llamada «Operación Furia Épica» será limitada y aseguró que está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que «podrían pronto alcanzar territorio estadounidense». Trump ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra, y según The New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque, informa Efe.
En dos ocasiones en su discurso de 8 minutos, aparente grabado en Mar-a-Lago, Trump dijo que no va «a consentir más» que Irán siga desarrollando sus capacidades de misiles y de enriquecimiento uranio, después de que en junio la Operación Martillo de Medianoche atacara las tres principales instalaciones nucleares de Irán con bombarderos estratégicos B-2.
El mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio en más de dos décadas
En esta ocasión, el Pentágono ha utilizado el mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio en más de dos décadas con los grupos de ataque del portaaviones Gerald Ford en el Mediterráneo oriental y del Abraham Lincoln en el Índico frente al Golfo de Omán, así como F-22 o aviones de reabastecimiento y de espionaje electrónico. La campaña «masiva» y «continuada» que anunció Trump parece haber contado con una primera oleada de ataques con decenas de misiles crucero Tomahawk, posiblemente lanzados desde el Mediterráneo.
«Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y prospero»
Al pueblo iraní, el mandatario estadounidense le dijo que esta será la única oportunidad «en generaciones» para tomar el poder una vez el grueso de las operaciones militares hayan concluido.
«Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo he hecho esta noche», señaló Trump. «Ahora veamos como respondéis», espetó al pueblo iraní. «Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y prospero», aseguró Trump.
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Por su parte, tras los ataques de esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado que la operación ha destruido docenas de objetivos militares en Irán.
El Ministerio de Defensa israelí afirmó este sábado ha lanzado un «ataque preventivo contra Irán» para «eliminar las amenazas» a su país. Poco después una fuente seguridad israelí confirmó que el ataque ha sido realizado junto con Estados Unidos.
Por otro lado, el Ejército de Irán ha afirmado que todos los activos e intereses estadounidenses e israelíes en el Medio Oriente se han convertido en un objetivo legítimo, y que tras los ataques no existen líneas rojas.
Mapa de las ciudades en alerta en Israel difundida por el canal de noticias N12.
La alarma antiaérea ha sonado, por el momento, en cuatro ocasiones en Israel, la primera a modo de aviso, y las tres siguientes han sido una respuesta a un ataque real. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado el inicio del estado de alarma en todo el país, restringiendo el movimiento. Misiles balísticos han sido interceptados por el sistema Patriot israelí, más conocido como Muro de Hierro incluso sobre Jerusalén, lugar en donde la Ciudad Vieja ha sido evacuada.
El Ejército israelí informó por su parte de que al decretarse el estado de emergencia el territorio funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones.
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La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó este sábado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, después de que el Ejército bombardease Teherán y declarase el estado de emergencia en el país durante 48 horas.
El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa.
Víctimas civiles en ambos frentes
Al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur), que impactó un colegio de primaria, informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.
“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa y, hasta el momento, cinco alumnas han fallecido”, anunció el funcionario provincial, según informó la agencia IRNA.
Nafisi explicó que el ataque impactó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, que en el turno de la mañana contaba con 170 estudiantes.
Según el vicegobernador de Hormozgan, los equipos de rescate se encuentran en el lugar asistiendo a las estudiantes y realizando las labores de retirada de escombros.
Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.
«Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños», afirmó el cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.
Según el Magen David Adom (MDA) servicio de emergencias israelí, el herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos del MDA han atendido hasta el momento a «varios individuos» que resultaron heridos de camino a los espacios seguros y cuadros de ansiedad.
Cruz Roja: la «reacción en cadena» en Oriente Medio puede ser «devastadora» para los civiles
La escalada militar en Oriente Medio es una «peligrosa reacción en cadena en toda la región» que puede tener consecuencias «potencialmente devastadoras para la población civil», advirtió este sábado la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric.
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En un comunicado, la responsable del organismo especializado en atención humanitaria en conflictos subrayó que «respetar las normas de la guerra es una obligación y no una elección» y apeló a que los distintos bandos respeten los Convenios de Ginebra.
En una intervención maratoniana este martes por la noche ante el Congreso, Donald Trump se ha aferrado a la idea de unos Estados Unidos boyantes gracias a sus políticas económicas. El presidente estadounidense, arrinconado por los índices de popularidad por los suelos, se ha aferrado a la trillada idea de la «época dorada» y otras proclamas similares que ya empiezan a ser más bien coletillas en sus intervenciones. El discurso de una hora y cuarenta y un minutos – el más largo de la historia del país- ha estado preñado de ataques contra los inmigrantes, los demócratas y el Tribunal Supremo por su sentencia sobre los aranceles.
«Nuestra nación ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. […] Y no habéis visto nada igual, todavía tenemos que hacerlo mejor y mejor y mejor. Esta es la época dorada de América», ha arrancado Trump, que ha dedicado la primera hora a defender su gestión para hacer el país asequible para los ciudadanos. A pesar de que los datos muestran lo contrario: aunque la inflación se ha enfriado hasta el 2,7%, la comida, el gas y los alquileres siguen al alza. El precio para los consumidores continúa todavía un 25% más alto que hace cinco años y subraya la negligencia de Trump.
El triunfalismo de Trump:
«Nuestra nación ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca»
Pero Trump ha dejado que la realidad le estropee un buen mítin: «Estamos ganando tanto que en realidad no sabemos qué hacer con esto. La gente no para de decirme: ‘Por favor, presidente, estamos ganando demasiado. No podemos ganar más'». Las personas a las que se refiere el magnate seguramente no son el 60% de ciudadanos que suspenden su gestión, según la última encuesta publicada esta semana por elABCy elWashington Post.
El magnate ha presumido de haber prohibido a los grandes fondos de inversión comprar viviendas familiares para destinarlas al alquiler. Lo que no comentó es la letra pequeña del decreto, que da luz verde a esos mismos fondos para construir nuevas viviendas enfocadas únicamente al alquiler, un modelo que ha ganado mucha más fuerza entre las grandes compañías y un mercado que se perfila más rentable.
«Hoy, nuestra frontera es segura, nuestro espíritu se ha restaurado. La inflación está cayendo en picado, los ingresos aumentan rápidamente. La economía en auge ruge como nunca antes, y nuestros enemigos tienen miedo. Nuestras fuerzas armadas y la policía están reforzadas, y América vuelve a ser respetada”, ha defendido Trump, que tiene asediado militarmente Irán mientras sopesa si lanza un ataque controlado a pesar de que el Pentágono le recomienda no hacerlo. «Optaré por la paz siempre que pueda, pero nunca dudaré en enfrentarme a las amenazas para América», ha dicho el presidente citando la Operación Martillo de Medianoche con la que bombardeó las instalaciones nucleares iranianas.
Trump: «Hoy, nuestra frontera es segura, nuestro espíritu se ha restaurado. La inflación está cayendo en picado, los ingresos aumentan rápidamente»
Trump ha presumido de músculo militar a la vez que se jactaba de su rol como supuesto pacificador, y no ha dudado en citar a Venezuela como un «socio y amigo» en la explotación de petróleo. Una hipérbole mayúscula que obvia la intervención militar de Washington en Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro y la instauración de un protectorado en la sombra bajo amenaza de nuevos ataques.
Del mismo modo que ha cargado contra el expresidente Joe Biden -a pesar de que hace más de un año que no gobierna-, también ha rescatado otro de los lemas de campaña: la idea de que los estados demócratas llevan inmigrantes sin papeles a votar para ganar votos. Todo en previsión de que el resultado en noviembre no le sea favorable al Congreso.
«Quieren hacer trampas. Ya las han hecho, y su política es tan mala que la única manera que tienen de ganar las elecciones es haciendo trampas, y lo pararemos. Lo tenemos que parar, John», ha dicho el magnate en referencia a la Save Act, el proyecto de ley que quiere aprobar en el Congreso para exigir pruebas de ciudadanía a los votantes.
Buena parte de los congresistas demócratas han hecho el vacío a Trump y no han asistido al acto. El representante de Texas, Al Green, volvió a protestar contra el presidente al inicio de la sesión. El año pasado ya fue amonestado por interrumpir el discurso de Trump, y este miércoles ha sido expulsado de la cámara. Greene llevaba un cartel hecho a mano que decía: «¡Los negros no son monos!». La frase es una referencia al vídeo racista que Trump publicó en Truth Social con las caras de Barack Obama y Michelle Obama pegadas a las de unos monos.
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Trump, molesto porque el resto de demócratas que había en la cámara ni se levantaban ni lo ovacionaban, los ha etiquetado de «locos». «Nadie se levanta», ha dicho señalándolos. «Esta gente está loca, os lo digo. Está loca. Los demócratas están destruyendo este país, pero los hemos frenado justo a tiempo».
La congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, protesta contra Donald Trump durante el discurso del estado de la Unión.
En un flagrante recordatorio de la relación de Trump con el pederasta Jeffrey Epstein, los demócratas habían invitado a algunas de las víctimas del multimillonario. Aunque el efecto ha sido mínimo. La administración republicana supo desactivar el caso Epstein con la publicación de más de tres millones de documentos. Una bomba controlada que no dañó más la imagen del magnate de lo que ya estaba, mientras que en Europa provocó una oleada de dimisiones y escándalos.
Trump se mete con el Supremo
Igual que el año pasado, la delegación del Tribunal Supremo que asistió al discurso estaba compuesta por el presidente John Roberts, y los magistrados Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres se mantuvieron impasibles mientras Trump calificaba de «desafortunada» la sentencia y aseguró que con el precedente judicial, la acción del Congreso no será necesaria. Precisamente, el alto tribunal anuló los aranceles porque consideraba que el mandatario abusaba de los poderes de emergencia y necesitaba primero la aprobación del legislativo.
Roberts y Barrett son dos de los conservadores que votaron a favor de anular los aranceles, mientras que Kavanaugh es uno de los tres grandes que Trump ha elogiado por oponerse a la decisión. Para añadir sal a la herida, Barrett resulta ser uno de los tres magistrados que el republicano nombró en su primer mandato. En uno de los muchos ataques de los últimos días, el presidente calificó la acción de Barrett de vergüenza para su familia.
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«Guerra contra el fraude»
Cuando llegó el turno de hablar de Minnesota, Trump ni siquiera hizo referencia a los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE. El presidente no recordó a Good y Pretti, pero sí a los que considera sus muertos: el influencer de extrema derecha Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de octubre.
Trump, ajeno a la ola de indignación en el país que provocó la violencia parapolicial ejercida en Minneapolis, volvió a blandir el odio contra la comunidad somalí de la ciudad bajo acusaciones de supuesto fraude.
En cuanto a la corrupción que está saqueando América, no hay ejemplo más impactante que Minnesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado aproximadamente 19.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, dijo el republicano, refiriéndose a los somalíes como piratas.
Bajo esta supuesta epidemia de fraude que va más allá de Minnesota —y que el magnate ahora piensa explotar para atacar otros estados demócratas—, Trump anunció el inicio de una nueva guerra: la guerra contra el fraude. Aunque empezó hace cuatro meses, esta noche anuncio oficialmente que la guerra contra el fraude será liderada por nuestro gran vicepresidente, JD Vance, dijo. Es inevitable el paralelismo con la guerra contra el narcotráfico que Washington ha usado para volver a la senda del imperialismo del patio trasero.
La Audiencia Provincial de Madrid tendrá en sus manos el 16 de abril la decisión clave sobre si se crea una macrocausa por la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid. Determinará el futuro de los procedimientos instados por los familiares de los mayores, que no recibieron una prestación médica adecuada en marzo y abril de 2020. Porque, aunque la Audiencia de Madrid rechazó el pasado diciembre la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid para inhibirse en la investigación de una residente fallecida, la decisión de abril afectará a más de una veintena de procedimientos que tiene abiertos otro juzgado de instrucción, el número 3 de Madrid.
Su titular, María Isabel Durántez, ha rechazado de momento acumular 19 procedimientos: dos procedentes de Arganda del Rey, una de Collado Villalba, una de Getafe, cuatro de Leganés, seis de Madrid, tres de Móstoles, una de Navalcarnero y una de Valdemoro. Además, aún no ha dictado auto rechazando la acumulación en cuatro procedimientos en los que otros tantos juzgados se inhibieron en favor del suyo, pero lógicamente lo hará en línea con sus decisiones anteriores.
La causa por la discriminación vivida en las residencias de Madrid, donde fallecieron 7.291 personas sin ser trasladadas a un hospital y sin que sus centros fueran hospitalizados como había anunciado el Gobierno madrileño, se reactivó la pasada primavera cuando fueron imputados los primeros ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por un delito de denegación discriminatoria de la atención sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Esos ex altos cargos imputados en diversos procedimientos son el director de Coordinación Sanitaria hasta mayo de 2020, Carlos Mur Bernat; su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo y el director del Summa 112, Pablo Busca. El primero fue el firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, que bloquearon las derivaciones de residentes a los hospitales públicos; el segundo está considerado por las familias «el ideólogo» de dichos protocolos, y el tercero era el máximo responsable del servicio de ambulancias.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora decidir si se unen o no los procedimientos en el Juzgado de Instrucción 3 de la capital. Por un lado están la Fiscalía de Madrid, los familiares de las víctimas que impulsan las causas judiciales y Martínez Peromingo, que solicitan la acumulación de las causas. Por el otro se encuentran la titular del Juzgado y Carlos Mur, que argumentan que no deben unirse.
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Un único hecho, los mismos investigados
En sus escritos para instar la reapertura de las diligencias por la posible existencia de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, el Ministerio Público ya argumentó a favor de la acumulación de los procedimientos en una macrocausa. Según establecía, se investiga un único hecho, pese a que bajo la lupa se encuentren múltiples fallecimientos en distintos hospitales. La Fiscalía los compara con las muertes en un accidente de autobús. «Las causas del accidente son múltiples y las circunstancias del fallecimiento de cada una de las víctimas son distintas. Algunas de las víctimas formularán querella contra el conductor, otras contra el conductor de otro vehículo que se cruzó en la carretera», explica. Pero el procedimiento que se abriría sería único, «valorando conjuntamente la responsabilidad del conductor del autobús, el otro vehículo e incluso las circunstancias de cada una de las víctimas (ir no con cinturón)». En el caso de las residencias, el objeto de valoración debe ser, apunta, el protocolo que prohibía la derivación de los residentes contagiados, la medicalización de las residencias –que no llegó a realizarse –, la comunicación con los geriatras de enlace, los testimonios de los médicos de las residencias y si éstos consideraban que esos protocolos eran obligatorios.
Además, laFiscalía recurre ala«economía procesal»para apoyar la creación de una sola causa, un argumento que también utilizan en sus recursos tanto los familiares denunciantes como MartínezPeromingo. Las familias aseguran que no sólo hay un hecho único, sino que también los investigados son los mismos en todos los procedimientos: los tres ex altos cargos antes citados. «El hecho que dio origen ala comisión del delito es idéntico: la aprobación y ejecución de los Protocolos de la vergüenza, con sus discriminatorias consecuencias».A su juicio, mantener divididos los procedimientos en los juzgados, produciría «efectos injustos yrevictimidatorios[sic]en los perjudicados» yafectaría a la tutela judicial efectiva.
Los denunciantes ponen el foco en que lo de menos es en qué residencia viviesen los mayores, qué hospital les correspondiese o si finalmente fallecieron o no. «A todos se les aplicó una política discriminatoria global, consistente no sólo en la no derivación hospitalaria, sino en la falta de medicalización de las residencias y la no derivación a hospitales privados ni al hospital de Ifema». Según subrayan, el contexto fue «idéntico» y respondió a la «decisión política tomada y ejecutada» por los ex altos cargos investigados.
Uno de ellos, Francisco Javier Martínez Peromingo, también pide la acumulación de los procedimientos en una sola causa. Y lo hace por las mismas razones que la Fiscalía y los denunciantes –el hecho investigado y los imputados son los mismos en todos ellos–. Pero también porque «no resulta procesal ni humanamente admisible» que se le llame a declarar «en multitud de juzgados de la Comunidad de Madrid (siete, por el momento) y siempre por los mismos hechos». Es más, reproduce un párrafo del escrito de la Fiscalía que también utilizan los familiares y que tacha de «caótica» la situación a la que han conducido los «distintos caminos procesales» abiertos con cada denuncia. Para el ministerio público, la dispersión de los procedimientos «perjudica los intereses de la justicia», de los familiares de los fallecidos y de los propios investigados.
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Contextos asistenciales distintos
Por el contrario, otro de los ex altos cargos investigados, Carlos Mur, que firmó los Protocolos de la vergüenza antes de ser destituido en mayo de 2020, prefiere que no haya macrocausa. Dice que los hechos que se investigan son distintos, las víctimas son distintas y los «contextos asistenciales» también difieren, al igual que las responsabilidades que se atribuyen a los querellados. «La acumulación [de procedimientos] diluiría la necesaria individualización de conductas, perjudicando la claridad del procedimiento y el ejercicio pleno del derecho de defensa», razona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3, que se opone también a lamacrocausa, hace suyos los argumentos de CarlosMur.Dice que sólo son tres los investigadoscomunes a todos los procedimientos; el resto, detalla, serán distintos según la residencia o el hospital implicados: los geriatras de enlace, los geriatras de cada residencia, los directoresde esos centros… Lo mismo que ocurrirá, aduce, con las víctimas, sus padecimientos previos o con el hecho de que unos fallecieran y otros no.
No obstante, la jueza admite que los hechos objeto de investigación tienen un origen común: «La existencia y aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria y el funcionamiento (o no) del Plan de Choque aprobado por la Comunidad de Madrid, principalmente la medicalización de las residencias». Pero, a su juicio, esa «circunstancia» debe «conjugarse» con la comprobación de si cada víctima recibió la asistencia sanitaria adecuada. «Ese contexto», determina, «es lo que ha de constituir el objeto de investigación»: si cada afectado fue discriminado. Por eso, pide una «instrucción diferenciada».
Estudió filosofía, militó en Izquierda Unida y dedicó cerca de una década a la docencia y la investigación. Lara Hernández (Madrid, 1986) se fraguó políticamente al calor del 15M. «En la época dorada de la movilización social», cuenta en conversación con Público. En 2024, la madrileña volvía a la primera línea política, como parte de Movimiento Sumar, la formación que por entonces lideraba la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Apenas un año después, Hernández asumía una nueva responsabilidad: la coordinación general del partido.
A algo más de un mes de cumplir un año en el cargo y en la víspera de la presentación de la nueva confluencia que impulsan su formación, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, la política madrileña atiende a Público para hablar de la necesidad de «reconectar» con la calle. «La izquierda tiene que hablar en el idioma de la gente y hacerse cargo de sus problemas», defiende la dirigente de Sumar. Sobre el nuevo ciclo electoral, sobre el estado de salud de la izquierda, vivienda o feminismo. Sobre todo esto y mucho más hablamos con ella desde el plató de Público.
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Público entrevista a Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar.
Algo se mueve en la izquierda. ¿Cómo interpretas los movimientos que han agitado el espacio durante la última semana? ¿Crees que lo importante es precisamente que haya movimiento y debate?
Efectivamente. Creo que estos movimientos, como tú bien apuntas, responden a una demanda que está instalada en la calle. Hemos llegado a un momento en el que la gente está pidiendo que las izquierdas toquemos las teclas que de alguna manera van a servir como revulsivo para empezar a trabajar, para ponernos en marcha. Esta es una semana crucial para todas nosotras.
El miércoles se celebraba un debate entre Emilio Delgado y Gabriel Rufián al que finalmente decidíais asistir los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno. De parte de Movimiento Sumar, ibas precisamente tú. ¿Por qué era importante estar ahí?
Nos ha parecido importante asistir al acto del pasado miércoles porque en realidad plantea una fórmula que es perfectamente compatible con lo que vamos a presentar el día de mañana, el sábado 21 de febrero. Responde a una voluntad de la que nosotras queremos participar. Hay una realidad: la gente está esperando que la izquierda se organice, que la izquierda se ponga, manos a la obra para construir una alternativa a las políticas del Partido Popular y de Vox, que parece que están a la vuelta de la esquina. Ante eso, creo que hemos respondido de una manera responsable y con mucha altura de miras. En el caso del acto del sábado, creo que es importante decir algo: la izquierda que va a nacer mañana, la izquierda que nace el día 21 de febrero, tiene la tarea principal de volver a conectar con la calle. Esta tarea es la consecuencia directa de lo que hemos vivido esta semana.
Sobre el acto que celebráis este sábado las cuatro formaciones que formáis parte del socio minoritario del Ejecutivo —Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns—, ¿por qué habéis decidido organizarlo ahora? Mucha gente lo ha interpretado como una especie de respuesta al acto de Rufián y Delgado.
La fecha ha sido fruto de la casualidad. Creo también que Emilio y Gabriel deberían contestar a la pregunta de cómo ha sido que ha coincidido todo en la misma semana. Nosotros ya estábamos trabajando de manera coordinada a nivel de Gobierno, nuestras cuatro formaciones políticas: Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns. Desde luego nuestra voluntad es la de reeditar esa coalición electoral para presentarnos a las próximas elecciones generales del 2027. La idea es hacerlo ya precisamente porque urge, porque hay una alarma y una necesidad instalada en la calle para que nos pongamos a trabajar cuanto antes. Lo hacemos ahora porque creemos que es el mejor momento, porque creemos que la gente ya no puede esperar más. Nuestra idea es construir, consolidar esta alianza de estos cuatro partidos, para que, a partir de aquí, lancemos un llamamiento a que formen parte de este proceso, de esta alianza democrática, muchas otras formaciones políticas que no están, muchos otros sindicatos, entidades sociales y, por supuesto, todas las personas que se quieran sumar.
Estamos hablando de una presentación en la que no vais a anunciar un candidato, un nombre para la nueva coalición, tampoco un programa concreto. ¿Qué se va a presentar entonces el sábado?
Nosotras decidimos celebrar este acto porque nos parece un punto de inicio. Para nosotras es absolutamente fundamental entender que la casa ya no podemos construirla por el tejado. Soy perfectamente consciente del debate mediático: las caras, la visibilidad, los liderazgos. Esto es absolutamente crucial en el momento hacia el que vamos, pero tiene que ir de la mano de otros elementos políticos que son fundamentales. Y uno de ellos, lo apuntabas tú, es el programa. Tenemos que entender que estamos en un momento histórico totalmente distinto a todos los que hemos vivido anteriormente. En 2023, nosotras nos presentamos a unas elecciones generales con un programa de urgencia que logró revalidar un gobierno de coalición progresista y frenar el ascenso de la derecha y de la extrema derecha.
Queremos librar la batalla contra Vox desde el Parlamento y desde la calle
En 2027, ya no es así. Es otro momento, en el que —insisto— tenemos que hacernos cargo y asumir la responsabilidad para con la gente que nos está esperando. Eso requiere, en primer lugar, poner encima de la mesa un programa de transformación social y de transformación política real de nuestro país. Esto es lo que queremos hacer. Queremos, a partir del 21, que esta izquierda que nace asuma la responsabilidad de volver a conectar con la gente que está en la calle, de volver a hablar en su idioma, en su lenguaje, y, por supuesto, de hacernos cargo de los problemas de la gente. De plantear propuestas en positivo, que resuelvan la situación que tenemos hoy en día en España.
¿Cuáles van a ser los pilares de ese futuro programa?
Para nosotras, hay que hablar de dos temas Así de claro. Vivienda y redistribución de la riqueza. Hoy en día España es, en términos macroeconómicos,la gran locomotora de la Unión Europea. Tenemos cifras verdaderamente sorprendentes en la historia de nuestra democracia. Pero esa realidad macroeconómica, esos grandes números, no son realidades que aterricen en las casas de la gente. La vivienda es la gran aspiradora extractiva de las rentas de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que poner encima de la mesa este problema, que es ya la primera preocupación para el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos soluciones que no son fantasía ni nada que nos estemos inventando. Son soluciones reales, factibles, materiales y que se pueden implementar. Que incluso se están desarrollando ya en algunas comunidades autónomas y que pasan necesariamente por intervenir el mercado de la vivienda.
Lo segundo es hablar de la distribución de la riqueza. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI, pero los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los bancos siguen acumulando cada vez más ganancias. Sin ir más lejos, la semana pasada conocíamos los beneficios desorbitados que ha ganado la gran banca en el último periodo. Mientras todo esto pasa, se sigue produciendo una gran brecha en cuestión de pobreza. La pobreza infantil sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país y ante eso tenemos que plantear medidas como, por ejemplo, la prestación universal por crianza, seguir aumentando el salario mínimo o implementando medidas que compensen ese desfase entre el coste de la vida y los salarios que recibe la clase trabajadora. Todo ello para garantizar, en última instancia, que podamos tener vidas que merezcan la pena ser vividas.
Hubo muchos otros partidos en lo que fue el espacio de Sumar, que se generó al calor del 23J. Partidos que no forman parte en este momento de la nueva confluencia pero a los que habéis invitado al evento de este sábado. Varios de ellos ya han dicho que no van a ir. Es el caso de la Chunta Aragonesista. Més per Mallorca o incluso Podemos. Compromís, en cambio, sí va a estar. ¿Esperáis que todos estos partidos con los que habéis compartido espacio se acaben sumando al proyecto?
Aquí hay que respetar siempre la autonomía de todas las organizaciones políticas y los tiempos y ritmos en los que cada una quiera dar este tipo de debates. Nosotras ya trabajamos juntas en un grupo parlamentario del Congreso, que esto a veces hay que contarlo más. Actualmente, por primera vez en la historia de nuestra democracia, existe un grupo parlamentario conformado por siete formaciones políticas de carácter territorial, estatal, plurinacional. Esto ya existe. Nosotros ya trabajamos de manera coordinada con la Chunta, con MÉS, con Compromís. Una vez dicho esto, nuestra voluntad, nuestra vocación y desde luego nuestro deseo —y este es también mi anhelo personal y el de la formación política a la que represento— es que evidentemente todas y todos se monten a este barco y que cada uno encuentre el lugar que le sea más cómodo para estar.
El debate entre Emilio y Rufián partía de una propuesta que ya hizo en su momento el portavoz republicano de un frente amplio de izquierdas, pero que partiera, por primera vez, no del impulso de las fuerzas estatales, sino de las izquierdas soberanistas. Es una premisa con la que partidos como Compromís o la Chunta podrían sentirse más interpelados. ¿Vosotros cómo valoráis esta idea? ¿Cuál sería la fórmula electoral que queréis construir?
Es un debate muy largo y muy interesante a la vez. Aquí hay varios elementos a tener en cuenta y que va a haber que navegar. Hay una realidad que tiene que ver con la ley electoral que tenemos, que penaliza la fragmentación. Esto lo llevamos viendo en las series históricas del CIS y en los resultados electorales muchísimo tiempo. Constatar esto no quiere decir que lo tengamos que asumir. Todo lo contrario. Quiere decir que tenemos que superar estas dificultades. que vayamos viendo cómo se produce ese encaje para obtener nuestro objetivo político. Esta es la clave de todo, hacia dónde queremos caminar. Yo lo tengo clarísimo. Nosotras y nosotros queremos caminar hacia esa conexión con la calle, en primer lugar, y hacia librar esa batalla con Vox, en segundo. Y no solo desde el Parlamento, también desde la calle, desde lo popular.
Tenemos que situar los grandes temas en los institutos, en los bares y en los parques
Tenemos que volver a situar los grandes temas que nos han preocupado y que nos siguen preocupando a la izquierda, ya sea plurinacional o estatal, donde corresponde. En los institutos, en las cafeterías, en los bares, en los parques, en las escuelas infantiles. Una vez que esto se dé, veremos cómo alcanzar la fórmula, el encaje concreto, que, ahora mismo, es una cuestión más secundaria.
Al final estáis proponiendo ya una cierta fórmula con esa reedición de la coalición.
Nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto político y l un ‘no nos vamos a rendir’. Esto es lo que estamos diciendo, que no nos vamos a resignar. Estamos lanzando mucho más que un acto de cuatro formaciones políticas que ya trabajan juntas. Lo que estamos diciendo es que la izquierda del siglo XXI ha dejado atrás el ‘no es posible’. La nostalgia no nos va a llevar a ninguna parte, la nostalgia es antirrevolucionaria. En un momento como el actual, tenemos que hacernos cargo, arremangarnos y ponernos muy serias y serios, porque lo que tenemos enfrente es algo a lo que no tenemos que mirar en clave defensiva, sino en clave propositiva. Lo que tenemos es que volver a hablar y a situar los grandes discursos donde tienen que estar, que es en la calle y en la gente.
Hablando de ideas que han surgido a raíz de ese debate entre Delgado y Rufián, no sé si crees que la conversación en torno a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y del feminismo ha acaparado el debate público.
El debate público va a una velocidad que es absolutamente vertiginosa. Cada minuto y cada segundo aparece una noticia nueva y distinta. Sin entrar en la polémica —ya el propio Emilio se explicó al respecto y pidió disculpas— lo único que puedo decir es que nuestra vocación y nuestro objetivo es el de situar los temas que preocupan a la gente en la mesa. Desde luego, el feminismo es algo absolutamente transversal, que ha logrado traer muchas victorias a nuestro país. Vamos a seguir levantando las banderas en defensa del feminismo y de la lucha LGBTI porque entendemos que forman parte de nuestras raíces, de dónde venimos.
Pero sí consideráis que hay un cierto electorado, un perfil masculino y joven, al que no se está consiguiendo llegar desde la izquierda.
Este es un debate muy interesante. Yo aquí puedo hablar como profesora del instituto de secundaria. Se habla mucho de este 25% de la juventud que está profundamente derechizada. Bueno, hay un 75% que no. Es un 75% de la juventud que ha puesto en marcha las movilizaciones por la defensa del ecologismo, los Fridays for Future. Las mujeres jóvenes en las aulas son las generaciones de mujeres más empoderadas y con una mayor vocación de transformación desde el feminismo que se ha visto en mucho tiempo en nuestro país. Hay una realidad que está ahí. Ahora, es verdad que ante el crecimiento exponencial del voto hacia la extrema derecha, en la franja de entre 18 y 35 años, hay que reaccionar. Yo ante las veleidades de mi alumnado no respondía mediante la imposición, sino a través del convencimiento. Aquí la izquierda tiene que hacer una reflexión sobre cómo situar nuestras propuestas políticas, nuestra visión del mundo. Sobre cómo tejer nuevos horizontes de futuro para estas nuevas generaciones con las que se sientan identificadas y que empaticen con su sentido común y con su manera de vivir.
Otra de las cuestiones sobre las que ha pivotado el anuncio de la presentación de este sábado, de Un paso al frente, es el tema de los liderazgos. Vosotros habéis insistido en que, de momento, no hay una cara. Yolanda Díaz, que fue la anterior candidata del espacio, no ha terminado de aclarar cuál va a ser su encaje en la nueva confluencia. ¿Hay algún tipo de estrategia en no decir nada? ¿Por quién apostáis desde Movimiento Sumar? ¿Hay algún nombre alternativo sobre la mesa?
Por ser honesta, nosotras tenemos la voluntad, y además lo hemos dicho en múltiples ocasiones, de someterlo todo a debate. No tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en poner encima de la mesa el debate con respecto a los liderados, con respecto a los instrumentos, con respecto al método. No hay que mirar hacia otro lado. Ahora, esta velocidad vertiginosa del debate público que comentábamos antes nos empuja a tener que contestar preguntas que ni siquiera nos hemos autoformulado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que primero tenemos que ver cómo construimos la casa. Empezar la casa por abajo, por los cimientos. Y luego ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con quién, con las caras que van a representar o que van a liderar todo esto. Ahora mismo nuestra vocación es la de poner esta tarea que tenemos por delante de conectar con la calle y con la gente de nuevo.
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en la redacción de ‘Público’.
¿Cómo debería, en cualquier caso, elegirse el futuro candidato? Izquierda Unida, en un primer momento, proponía un proceso de primarias. El otro día su coordinador federal, Antonio Maíllo, hablaba, en cambio, de un candidato de consenso, ¿Por qué fórmula abogáis vosotros?
Nosotros lo hemos dicho y lo tenemos escrito en nuestros documentos. Los métodos democráticos son los únicos que sirven como vara de medir, también hacia dentro de los propios partidos. Un proceso de primarias es, desde luego, el método más democrático, transparente y limpio que puede servir para poner encima la mesa los nuevos liderazgos.
Apartándonos un poco de lo que es la última hora informativa, ¿Cómo valoráis desde Movimiento Sumar, en particular, y el espacio de Sumar, en general, estos dos años y pico de legislatura? Una legislatura complicada por la aritmética parlamentaria a la hora de aprobar proyectos legislativos.
Creo que el Gobierno de coalición progresista ha recibido todos los ataques posibles por tierra, mar y aire desde el minuto en que se depositó en la urna la papeleta por parte de la derecha y la extrema derecha. Estamos trabajando en condiciones sumamente complicadas. Esto es lo primero. Lo segundo, creo que hemos logrado muchas cosas, que se han conseguido victorias para el conjunto de las clases trabajadoras de nuestro país. Por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Estamos ya situados en 1.221 euros al mes para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hemos logrado aprobar y sacar adelante normas que tienen un impacto en la vida cotidiana de la gente. Que mi móvil no esté todo el rato sonando con números spam, a través de la ley de servicio de atención a la clientela.
Hemos puesto también el foco en el tema de la vivienda. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista Obrero Español tenga el Ministerio de Vivienda y hayamos hecho muchas más cosas nosotros en materia de vivienda? No solo trayendo la primera Ley de Vivienda que ha tenido esta democracia, porque esto hay que decirlo. La primera ley de vivienda que ha tenido nuestro país la trajo el primer Gobierno de coalición progresista. Antes de esa ley, la vivienda era una jungla; el mercado libre era salvaje. Además, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, hemos logrado poner el foco en un problema que es absolutamente transversal en nuestro país. Sin ir más lejos, el pasado martes el presidente del Gobierno anunció una inversión de 23.000 millones de euros en materia de vivienda en su comparecencia en las Cortes. Esto es evidentemente gracias al empuje que estamos haciendo desde el ala de Sumar para situar las cuestiones de fondo encima de la mesa.
¿Cuáles van a ser los caballos de batalla de Sumar en lo que queda de legislatura, en este próximo año y medio?
Vivienda, vivienda y vivienda. Este es para nosotros el tema principal, porque es el tema principal para la gente. Es el tema principal para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Hay una dificultad absolutamente brutal a la hora de acceder a un alquiler. Ya no existe la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en nuestro país, porque el techo es mucho más que un techo en sí mismo. Que yo tenga acceso a una vivienda es la condición de posibilidad para que el día de mañana pueda tener hijos, pueda tener pareja, pueda desarrollar mi vida con normalidad con mis amigos y con mi familia, con mi entorno más cercano. Hoy en día la situación es toda la contraria. Cada vez hay más personas que están a punto de ser expulsadas de sus viviendas porque su contrato de alquiler va a caducar a lo largo de este año y se exponen a subidas del 20, 30 o 40% el alquiler. Eso me obliga a que igual me tengo que ir de mi barrio, de mi ciudad, tengo que cambiar a mis hijos de cole.
Otro problema: el alquiler turístico. Esto está a nivel de todo nuestro país. La gentrificación, el proceso de expulsión de nuestros barrios, se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más extendido, más fraudulento y con una menor voluntad por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de regularlo. Podríamos hablar de Baleares, de Canarias, pero también de ciudades como Granada, Málaga, Barcelona o Madrid. Tantas y tantas ciudades que están viendo que tienen gobiernos autonómicos que se niegan sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda. Los que blandían y defendían la Constitución cuando les interesaba, ahora se sitúan del lado de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no quieren regular el mercado. Porque no regularlo significa seguir favoreciendo los intereses de los grandes tenedores, de los fondos buitres y de los que, en última instancia, son los verdaderos amigos del Partido Popular: los grandes poderes económicos.
La izquierda del siglo XXI tiene que dejar atrás el ‘no es posible’
¿Cuáles son las tres medidas estrella de Sumar para ofrecer soluciones a la crisis de la vivienda?
Intervención del mercado de la vivienda ya. Hay que ponerle coto, límite, freno a los precios de los alquileres. Lógicamente tiene que ser una intervención por ley. Esto ya está pasando. El Gobierno de Navarra ha intervenido el mercado del alquiler declarando, en primera instancia, zonas tensionadas. A partir de ahí lo que hemos visto es que, en seis meses, ha descendido un 8,6% el precio de los alquileres, sin afectar a la oferta de vivienda. Este es uno de los grandes argumentos esgrimidos por quienes representan a la patronal inmobiliaria en el Congreso, los diputados del PP y Vox.
Segunda medida: regular el alquiler de temporada y habitacional y, por supuesto, el alquiler turístico. Tampoco es una medida que llevemos como bandera discursiva. Hemos presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados ante la cual, lo recuerdo aquí, el Partido Socialista se ha abstenido. Y tercera medida: hay que poner coto a los grandes tenedores. ¿Qué es esto de que un número brutal de casas estén en manos de fondos buitres o de unos pocos propietarios? Tenemos que utilizar los mecanismos impositivos, el pago de impuestos.
Lo hemos visto en Extremadura, también en Aragón. Al espacio de la izquierda alternativa le está costando conectar con el electorado progresista. ¿Qué tiene que cambiar la izquierda para canalizar y convertir en votos el descontento que hay en las calles?
Esta pregunta conecta directamente con la primera parte de nuestra conversación. Aquí hay muchísimos temas que tenemos que abordar. La izquierda tiene que situar en el foco los temas que preocupan a la gente, pero no de una manera abstracta, sino sobre bases materiales. Hemos hablado de la vivienda y seguiría hablando de ello largo y tendido. Pero ¿qué pasa con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial? La IA ha llegado para quedarse en nuestras vidas y las ha penetrado de una manera que está modificando cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, incluso cómo se concibe la educación. Afecta también a los medios de comunicación y al poder digital que es, sin duda alguna, el gran poder de nuestros tiempos.
¿Qué pasa con los discursos respecto a las nuevas tecnologías y su implementación y calado en nuestra sociedad? Nosotros tenemos desde la izquierda que elaborar un discurso, plantear una propuesta política. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de la Unión Europea. La UE está viviendo la crisis existencial de mayor envergadura que ha vivido en todo su periodo de vida. Ante esto, tenemos que plantear cuál es nuestro modelo de Unión Europea. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por soberanía, por autonomía estratégica? Tenemos que empezar a hablar ese idioma, ese lenguaje que nos sitúe donde estamos, en el siglo XXI.
El final del camino son las elecciones generales de 2027, pero hemos entrado ya en un nuevo ciclo electoral que se inauguraba el pasado mes de diciembre en Extremadura. Estamos todavía en la resaca electoral de Aragón, donde no fue posible construir una lista única en el espacio de la izquierda alternativa. En Castilla y León, de cara a esos futuros comicios del 15 de marzo, tampoco ha sido posible articular una candidatura conjunta. ¿Se va a conseguir en Andalucía?
No hay nada que nos gustaría más a Movimiento Sumar. Nosotras hemos trabajado intensamente en todas estas citas electorales a las que hacías mención y las que quedan por delante para construir alianzas, candidaturas unitarias en las que, desde luego, estén todas las fuerzas presentes. Vamos a seguir trabajando por y para ello. También en Andalucía.