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Los jubilados, trabajadoras del hogar y trabajadores a jornada completa o parcial son los que más defienden una vida de calidad por encima de la longevidad (en torno a un 60% piensan así). Una preferencia que cambia entre los estudiantes: solo el 36% defiende vivir mejor que vivir mucho tiempo y dos de cada diez optan por morir más tarde.
A largo plazo, el 30% de los entrevistados asegura que ya está tomando medidas para prepararse para la vejez, aunque esa previsión desciende a la mitad en el caso de los estudiantes y las trabajadoras del hogar.
Además, el 41% asegura que la tecnología y los avances médicos alargarán significativamente la esperanza de vida durante su vida, habiendo una diferencia de diez puntos entre los hombres (47%) y las mujeres (36%), que son más escépticas. Lo mismo ocurre al observar las respuestas por edad: los jóvenes son algo más negativos: el 8% niega que las tecnologías vayan a alargar la esperanza de vida —uno de cada tres sí que lo cree—; frente al 2% de las personas de 66 a 75 años que tampoco lo piensan. También los estudiantes son, de nuevo, más negativos: uno de cada cuatro no considera que los avances médicos vayan a alargar la vida de la población.
Esta posición se observa en otro de los puntos de la encuesta, que pregunta a los españoles el grado de optimismo que tienen sobre las posibilidades de que su vida sea larga y saludable. Una vez más, los jóvenes son los que tienen menos expectativas de que esto sea así: el 9% directamente lo niega; y apenas un 31% cree que su vida será larga y saludable. En el resto de la población, este último porcentaje está en torno al 45%.
El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sufrió este miércoles una contundente derrota en el Pleno del Congreso de los Diputados tras haber cometido varias meteduras de pata que le hicieron perder rápidamente la credibilidad. El ‘popular’ lo tenía fácil, con un PSOE tocado y en horas bajas, para dar un puñetazo en la mesa, salir reforzado y poder empezar a entablar conversaciones con otros partidos para cumplir su objetivo principal: derrocar a Pedro Sánchez. Sin embargo, protagonizar una fuerte bajada al barro hizo que el líder del PP se quedase como estaba: sin apoyos, ni siquiera el de Vox, enfadados tras haberles negado la entrada en un hipotético Gobierno y partido que el resto de formaciones, por otro lado, vetan para llegar a cualquier acuerdo. Pese a ello, según fuentes de Génova, las intenciones del líder del PP parecen seguir siendo las mismas: tantear a las fuerzas parlamentarias para hacer caer al Gobierno. Pero lo tiene todavía más difícil que antes. «No hay novedad», explican desde el entorno del líder gallego.
Desde el fin de semana, Feijóo insistió en una idea: llamar a todos los grupos, incluso a Junts, para estudiar la viabilidad de una moción de censura que posibilite un cambio de Gobierno. Su actitud del miércoles, no obstante, le hizo dar muchos pasos atrás. El gallego propuso cuatro medidas: reforzar la UCO, retirar la ley Bolaños, cesar al fiscal general del Estado y cambiar el Tribunal Constitucional. Hablando de la UCO y de su refuerzo, unidad encargada de la investigación del caso Koldo, Feijóo se olvidó de la UDEF de la Policía Nacional, que investigó la Gürtel y a cuyo jefe el PP mandó a Huesca. Los mismos agentes gracias a los cuales el PP fue condenado por corrupción.
Del mismo modo, Feijóo también hizo una afirmación que agitó las memorias de los presentes: «Este es el Gobierno más corrupto de las dos últimas décadas«. El gallego no se atrevió a decir de la democracia, o de la historia, porque en ella está el de José María Aznar, del que se cumplen justo dos décadas que terminó. En tercer lugar, Feijóo habló de cesar a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, pero no tuvo en cuenta cuáles son las condiciones que tienen que darse para que eso ocurra. El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice: «Podrá cesar a petición propia, por incurrir en incompatibilidades -con su cargo-, en caso de incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto«.
Por último, Feijóo le pidió a Pedro Sánchez que «cambiara» el Tribunal Constitucional. Así, al bulto. Ni que decir tiene que tal cosa no es posible ni recae en las responsabilidades del presidente del Gobierno. Todos estos errores, a pesar de su voluntad de cambio, hicieron volver al ‘popular’ a la casilla de salida en la que se encontraba antes del debate.
Por otro lado, la sensación en el Palacio de La Moncloa es de alivio total. Sus propios socios, quienes durante estas últimas semanas recolocaban el foco sobre la cúspide de Ferraz para señalar la corrupción allí acontecida, optaron por reducir los niveles de dureza en su retórica. Todos con la excepción de PNV y Podemos. Sumar, por su parte, levantó considerablemente el pie del acelerador, recuperando las carantoñas bidireccionales de antaño y las ovaciones al unísono de todos los ministros a las respectivas actuaciones de sus líderes.
Las 15 medidas del Plan Estatal contra la Corrupción presentadas por Sánchez sirvieron para sellar las grietas con el grueso del bloque de la investidura, pero lo hacen con un gran asterisco, a expensas de que las llamas del caso Cerdán no suban hasta la última planta del escalafón socialista y con el gran condicionante de sacar lustre a la agenda social.
Feijóo, por su parte, se lleva a su colección un suspenso manchado con barro. Poco ha durado la energía, el optimismo y la alegría que el cónclave del fin de semana había insuflado en Génova. Todo eran risas, hasta que su líder dio un paso en falso en su afán por desligarse al máximo de un Vox que le busca las cosquillas tras negarles la entrada en un eventual Gobierno. Deseo, por cierto, desbaratado por el presidente del Gobierno, bajando de la nube monocolor al Partido Popular y enseñándole la realidad del tablero político. “Toma, y a mí”, se burlaba Sánchez.
Así las cosas, este ejercicio de retórica alejada de la realidad y de peticiones imposibles e ignorantes protagonizado por Feijóo ha hecho retroceder al PP duramente a la casilla de salida: sin propuestas y sin garantías de confianza por parte de ninguna formación frente a un Sánchez que sí ha sido capaz de articular la luz verde de las formaciones parlamentarias, al menos momentáneamente y pese a los condicionantes.
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Tampoco evitó Sánchez hablar de la corrupción en sus propias filas, pero más allá del trío del Peugeot. Según dijo, el suyo sería, junto al de Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo más limpio de toda la democracia frente a los «periodos de corrupción» de Aznar y Rajoy, pero también de González. Una venganza hacia el líder histórico de su partido, Felipe, quien ya ha dicho públicamente que si Sánchez es el candidato del PSOE en las próximas elecciones, él no votará al partido de su vida.
Lo que sí obvió el presidente del Gobierno en su repaso a las corruptelas varias es que su antecesor en el cargo, Zapatero, vio a finales de 2024 cómo la Audiencia Nacional condenaba al que fuera su embajador en Venezuela, Raúl Morodo, por un delito fiscal. El alto cargo cobraba junto a su hijo comisiones millonarias a la petrolera estatal del país de Maduro por asesorías ficticias a la compañía que nunca se realizaron.
«Tenemos en marcha un gran proyecto que no vamos a abandonar por unos pocos» que «fueron egoístas» y «les dio igual jugarse la dignidad del Gobierno y el presente y el futuro de España», insistió Sánchez, que se mostró muy crítico con la actitud que ha tenido la oposición en las últimas semanas. «PP y Vox llevan siete años construyendo el relato de que soy un presidente megalómano», que se «aferra» al cargo y que está en el Gobierno para poder utilizar «el Falcon» y vivir en el Palacio de la Moncloa, y si lo hacen, denunció, es «para deshumanizar al adversario y porque creen que este cargo es un privilegio a disfrutar y no una alta responsabilidad a ejercer, porque así es como entienden PP y Vox el poder».
Pese a este retrato pesimista del estado del país que Sánchez denunció que hacen las derechas, el presidente quiso trasladar el mensaje de que «en España no existe impunidad» y tampoco una «corrupción generalizada». «La práctica totalidad de las contrataciones públicas cumplen con la ley, la inmensa mayoría de los servidores públicos trabajan con una integridad intachable, y nuestras empresas compiten con honradez», enumeró el presidente, que sin embargo admitió que «esa integridad no es absoluta» porque «sigue habiendo corruptos y corruptores» entre políticos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los empresarios.
De hecho, Sánchez presumió en su turno de réplica —tras haber recibido durísimas críticas de PP y Vox— de que su Gobierno es «el más limpio de la democracia» junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que evitó recordar la condena a 10 meses de cárcel al exembajador de Venezuela Raúl Morodo por fraude fiscal. En este segundo turno de intervención, Sánchez pasó de un tono sosegado y más neutro para pedir disculpas por la corrupción y presentar su plan de medidas a otro de ataque total al PP.
El presidente cargó expresamente no solo contra el exmandatario José María Aznar, a quien acusó de ser el responsable último de la creación de «la caja B» del PP y de haber liderado un Ejecutivo plagado de personas posteriormente condenadas por corrupción, sino también contra el expresidente socialista Felipe González, de cuyo Gobierno dijo que «hizo grandes cosas por nuestro país», pero «también sufrió el zarpazo de la corrupción» con casos como el de Luis Roldán, el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra o los GAL.
Asimismo, Sánchez acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer gala de una «doble moral» en virtud de la cual el presidente del Gobierno «tenía que saber todo lo que hacía Santos Cerdán a espaldas del partido pero Mariano Rajoy no tenía que saber que los sobres que recibía eran ilegales, o Isabel Díaz Ayuso no tenía por qué saber que vive en un ático a nombre de un testaferro, o usted no tenía por qué saber que veraneaba y salía a navegar con el narcotraficante más famoso de Galicia». «De todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted», espetó Sánchez.
Para poner coto a los episodios de corrupción y «situarnos a la vanguardia de lucha anticorrupción en Europa», Sánchez presentó su plan de 15 medidas, cuya primera iniciativa es la «puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente» que tendrá la misión de centralizar en un solo ente «las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas». Esa oficina, por ejemplo, sería la encargada de establecer «controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato».
Pese a que en el caso Koldo no se han encontrado, al menos por el momento, indicios de financiación ilegal del PSOE, otra de las medidas incluidas en el plan anticorrupción es la «obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes» de sus cuentas. Los partidos podrán perder sus subvenciones públicas si mantienen «en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción». Y, asimismo, la intención del Gobierno es «reducir el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción», con el objetivo de dificultar que grandes empresas puedan financiar a partidos políticos a cambio de adjudicaciones o prebendas.
Precisamente en el ámbito de la contratación, el plan establece la necesidad de modificar las fórmulas de adjudicación y adaptarlas a las que se utilizan para la concesión de los fondos Next Generation de la UE. Sánchez, igualmente, anunció que «se introducirán aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude», así como que se exigirán «sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones».
Otra de las patas del plan anticorrupción es la judicial, un área para la cual Sánchez anunció la creación de «secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia» con «jueces especializados». Asimismo, el plan incluye el «endurecimiento de las penas por delitos contra la administración en el Código Penal» y la «duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales».
Por último, para recuperar el dinero defraudado, Sánchez anunció la creación de la figura del «decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia». El presidente prometió también incrementar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, «encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente».
Cero eléctrico: Jueves 10 de julio a las 23:40 horas en La 2, Canal 24 horas y RTVE Play
Han pasado ya dos meses desde el apagón más grave de la historia de nuestro país, que dejó sin luz a unos 60 millones de personas en la península ibérica y en parte del sur de Francia. A las 12.33.24 del 28 de abril el sistema eléctrico colapsó.
En muchos lugares la luz tardó hasta 20 horas en volver. La industria quedó paralizada durante horas y murieron al menos 6 personas por causas relacionadas con el apagón.
Desde ese día, hemos escuchado muchas explicaciones de los responsables del sistema eléctrico, de las compañías eléctricas y del propio gobierno. Explicaciones y también acusaciones de unos contra otros.
Hay varias investigaciones en curso (la de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la de la Audiencia Nacional y la del organismo que representa a los operadores de los sistemas eléctricos europeos, ENTSO-E) y de ellas podrían salir acusaciones con sanciones e indemnizaciones aparejadas.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal, estima que aquel día, las empresas perdieron unos 1.600 millones de euros.
Hemos leído los informes que incluyen cronologías detalladas de los eventos que tuvieron lugar esa mañana que desencadenaron el apagón. Pero seguimos teniendo muchas preguntas: ¿Se podría repetir? ¿Por qué se produjo un apagón? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? ¿Qué medidas habría que poner en marcha para evitar otro cero eléctrico?
Durante las últimas semanas hemos estado entrevistando a algunos de los mayores expertos en el sistema eléctrico de nuestro país que nos han ayudado a entender su complejidad y nos han dado las claves para comprenderlo. El profesor José Luis Sancha, de la Universidad de Comillas y experto en oscilaciones, nos explicaba principios básicos como, por ejemplo, que en todo momento el sistema eléctrico tiene que generar la misma cantidad de energía que se consume. O que todas las máquinas que se usan para producir esa electricidad aquí y en el resto de Europa, tienen que estar sincronizadas y girar con la misma frecuencia: 50 hercios -50 vueltas por segundo-. Y que si esto no se cumple, el sistema puede fallar como lo hizo el 28 de abril.
También hemos entrevistado a los máximos responsables a nivel institucional y empresarial del sistema eléctrico que nos han ofrecido las conclusiones de las primeras investigaciones sobre lo que ocurrió el 28 de abril. Tanto Red Eléctrica, con datos de su “caja negra”, como las compañías eléctricas -dueñas de las plantas que generan y después distribuyen la electricidad- y el propio gobierno, nos han explicado con detalle qué fue lo que pasó.
Los tres coinciden: la causa del apagón fue un fenómeno de sobretensiones en cascada que no se pudieron amortiguar. En lo que no se ponen de acuerdo es en por qué el sistema no pudo corregirlas y colapsó, dejando sin luz también a Portugal.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, nos cuenta que, según los millones de datos que han analizado sobre el día del apagón, lo que el gobierno concluye es que “en el sistema faltaban capacidades de regular tensión, bien porque no se habían programado en suficiencia, bien porque los que estaban programados y conectados no estaban aportando ese control de tensión que esperaba el operador del sistema”. Es decir, el gobierno reparte culpas entre Red Eléctrica por no haber programado suficientes centrales y las compañías eléctricas, por no haber controlado bien la tensión, servicio por el que algunas de ellas estaban cobrando.
Por su parte, la directora general de Operación de Red Eléctrica, nos explica que, según sus datos, su actuación fue adecuada y los culpables de que el sistema colapsara fueron las eléctricas, que no controlaron la tensión. Además, pone el foco en que hubo centrales de generación de energía que se desconectaron de forma incorrecta, lo que pudo agravar la situación. Al desconectarse plantas de generación, la balanza entre lo que se genera y lo que se consume se desajusta, y eso es un problema grave para el sistema.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) que representa a Iberdrola, Endesa y EDP concluye en su informe que la responsable del apagón fue Red Eléctrica por no programar suficientes centrales que respaldaran el sistema. Marta Castro, directora técnica de la asociación, nos cuenta que “ese día a Red Eléctrica se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad, había un bache y tuvimos un accidente”.
El mercado eléctrico había determinado para ese momento que más del 60% de la electricidad se generase con fotovoltaica y eólica. No era la primera vez y ha habido días con más cantidad de generación renovable. Estas energías fueron las primeras señaladas. ¿Por qué?
El científico del CSIC y experto en la transición ecológica, Antonio Turiel, cree que las renovables “no fueron las culpables” pero explica que “se han relajado las condiciones para favorecer un despliegue más rápido de las energías renovables para fomentar su introducción” Y concluye que esto “ha sido imprudente porque, como se ha visto, para operar una red de alta tensión necesitas esos sistemas de estabilización.”
Añade que “si se produce un incidente del tipo que sea, que en una red tan grande y tan compleja como es la española, de vez en cuando hay algún incidente por diversos motivos, estos sistemas no son capaces de reaccionar”.
“Se ha hecho para abaratar costes –explica- para responder a presiones de las grandes compañías eléctricas para favorecer un despliegue rápido”.
José Donoso, presidente de la Unión Fotovoltaica Española, concluye que “lo que ha pasado es que la regulación ha ido demasiado lenta. Nuestras plantas llevan tecnología para controlar la tensión, pero no se puede utilizar porque llevamos desde 2020 esperando que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia apruebe la norma”.
La CNMC aprobó este nuevo procedimiento de control de tensión, que permitirá que miles de centrales fotovoltaicas puedan colaborar con el control de la tensión del sistema 45 días después del apagón.
El apagón ha reavivado el debate el calendario de cierre de las centrales nucleares. Algunos de sus propietarios quieren ampliar la vida de sus centrales, más allá de lo pactado en el acuerdo entre las eléctricas y el gobierno. También hay plataformas ciudadanas como Sí a Almaraz, Sí al Futuro, con quienes estuvimos en Cáceres, piden que se revise. Hemos hablado con varios expertos sobre el papel que tuvieron las centrales nucleares en el apagón y les hemos preguntado si un sistema eléctrico puede ser viable sin energía nuclear.
Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingenieros de España se muestra favorable a revisar el calendario de cierre porque “no se han cumplido los objetivos de almacenamiento de energía que se pactaron cuando se firmó el acuerdo en 2019”.
Jorge Morales, experto en el sistema eléctrico subraya que las nucleares “no tuvieron relevancia el día del apagón” y que “el problema nuclear no es ideológico, es un tema económico, es un tema de cuánto nos va a costar la fiesta cuando las centrales cierren.”
Semanas después del apagón el gobierno ha aprobado medidas como que la CNMC tenga más capacidad para vigilar que las centrales cumplan las normas, y otras para fomentar el almacenamiento. Esto último –asegura- dará más estabilidad al sistema.
En general, el mensaje que lanzan los expertos y actores del sistema es que hay garantías para evitar otro apagón, aunque hay expertos que no lo tienen tan claro. De momento, Red Eléctrica sigue operando en un “modo reforzado”, lo que quiere decir que está utilizando menos renovables y más centrales de gas y de ciclo combinado para producir electricidad, lo que es más caro.
Un reportaje especial de los servicios informativos que analiza a fondo el apagón sin precedentes que afectó a la península ibérica hace más de dos meses.
Aunque el suceso sigue envuelto en incertidumbre, la periodista de RTVE especializada en información económica Patricia Torvisco se adentra en el complejo entramado del sistema eléctrico. A través de entrevistas con sus principales protagonistas y con expertos en energía, el reportaje busca responder una pregunta crucial: ¿podría volver a producirse un apagón similar en España?
Con una duración de 30 minutos, el reportaje interpela directamente a instituciones y responsables del sistema energético para dar respuestas a la ciudadanía.
RTVE refuerza con este trabajo su compromiso con la información pública y el análisis profundo de los acontecimientos que marcan nuestra sociedad.
De ahí que el recién reelegido líder nacional del PP haya tomado una iniciativa que no tuvo en las anteriores generales, cuando en lugar de ‘compromiso’ solo hablaba de ‘querer’ o ‘aspirar’ a gobernar en solitario. Vox no solo ha criticado la postura de los populares, sino que, además, les ha puesto a prueba, sacando a relucir el tema que provocó la ruptura de los gobiernos de coalición. Así, Santiago Abascal planteó este martes deportar a «todos» los migrantes que «hayan venido a delinquir», tengan o no papeles, y a los menores extranjeros que «tienen que estar con sus padres».
«No compartimos la postura de Vox en ese sentido», subrayó Tellado, en una entrevista en Onda Cero, y recordó que en España existe una legislación de extranjería y «mecanismos de regularización para todas esas personas que vienen a España y llevan ya tiempo conviviendo con nosotros». No obstante, abogó por «luchar contra la inmigración irregular porque es un problema». Así, el popular defendió una «inmigración regular y ordenada». También lo hizo Ester Muñoz, en su estreno como portavoz en el Congreso: «De la misma forma que no se pueden hacer regularizaciones masivas, tampoco se pueden hacer deportaciones masivas».
Con todo, Feijóo marca sus distancias ideológicas con Vox sin desdeñar a sus votantes, a quienes aspira a captar. De hecho, hace apenas una semana, los líderes de las dos principales fuerzas de la oposición se reunieron para compartir sus impresiones sobre el contexto político nacional e internacional y con una posible moción de censura como telón de fondo. Tras meses de desencuentros públicos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantuvieron un encuentro privado e informal en el Congreso de los Diputados durante la última sesión parlamentaria ordinaria del curso.
Esta cita se produjo casi dos años después de la última que trascendiera, días después de las elecciones del 23-J de 2023 en el marco de la investidura fallida del popular. Desde entonces, no habrían mantenido ningún otra reunión que quisieran publicitar. También coincidió con el primer aniversario desde que Vox saliera de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en señal de protesta por las negociaciones que hace un año mantenía Feijóo con el Gobierno para frenar la crisis migratoria.
Suso Díaz, histórico sindicalista y dirigente de Comisiones Obreras, veterano militante comunista y padre de Yolanda Díaz ha fallecido este martes a los 80 años de edad a causa de un cáncer. El propio sindicato ha informado del fallecimiento y ha trasladado sus «más sentidas condolencias a la familia y amistades» de quien fue durante ocho años secretario general de la organización en Galicia.
Nacido en Ferrol, Jesús Díaz Díaz, conocido como Suso Díaz, trabajó en los astilleros y entró en la militancia comunista de manera clandestina. Fue en 1944 cuando ingresó como aprendiz en el astillero de Astano, la actual Navantia Fene, con solo 14 años, y en 1962 «participó en su primera huelga», paso previo a implicarse, «con poco más de veinte años, en las todavía clandestinas Comisiones Obreras».
En el comunicado difundido, CCOO ha subrayado que Díaz siguió participando en sus actos «mientras la salud se lo permitió» y ha mostrado su «luto» ante esta pérdida. En el mismo sentido, ha recordado que su «primera detención» tuvo lugar en 1969 y que ingresó de nuevo en prisión en 1972 tras los sucesos del 10 de marzo en Ferrol, en los que los disparos de la Policía franquista supusieron el asesinato de los operarios del naval Amador Rey y Daniel Niebla.
⚫Obituario | CCOO lamenta o falecemento de Suso Díaz, ex secretario xeral do sindicatohttps://t.co/JXgCFxwVzl pic.twitter.com/cPLpkiR9iG
— S. N. de CCOO Galicia (@ccoogalicia) July 8, 2025
«La brutal represión tras aquellos acontecimientos lo llevaría varias veces a la cárcel; siempre reivindicó la importancia de la movilización vivida en Ferrol en esas fechas», ha manifestado CCOO, recordando en este sentido que Díaz, en una entrevista, argumentó que Galicia estuvo entonces «en la vanguardia de la lucha obrera y antifranquista».
Tras la legalización de CCOO, Suso Díaz se incorporó a los órganos de dirección de la central en Galicia, que pasó a liderar desde 1992 y durante ocho años, período en el que trabajó para que el 10 de marzo acabase institucionalizado como el Día da Clase Obreira Galega.
Con la llegada de Xan María Castro, fallecido en 2023, a su puesto, siguió colaborando «en todas las causas que demostró justas y participando de modo activo en todas las convocatorias del sindicato», ha incidido el sindicato.
En 2010, CCOO y su fundación le concedieron el Premio 10 de Marzo por su trayectoria de compromiso con los derechos de la clase trabajadora y su relevancia en la lucha por las libertades que hoy disfrutamos. Se unió así a otros que le precedieron en dicha distinción, como Manuel Amor, Sari Alabau, Santiago Álvarez, Elvira Landín, Fernando Randulfe o Xesús Alonso Montero, por nombrar solo algunos.
No obstante, los reconocimientos sindicales no se limitaron únicamente a su organización, Comisiones Obreras. De hecho, el año pasado recibió el premio de la Fundación Luís Tilve, de UGT-Galicia, aprovechando la oportunidad para subrayar la importancia de la unidad de acción sindical para mejorar la vida de la clase trabajadora.
Tras la noticia del fallecimiento de Suso Díaz, numerosos han sido los rostros públicos que han mostrado su pésame y sus condolencias, así como también han mandado un mensaje a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Desde el PSOE han querido mandar un abrazo a la vicepresidenta del Gobierno y a toda su familia: «Mandamos un fuerte abrazo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a toda su familia por el fallecimiento de su padre. Fue un histórico luchador por la democracia de este país. Que la tierra le sea leve».
Por su parte, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha escrito: «Suso Díaz fue un referente sindical, un luchador incansable, un hombre de convicciones y una buena persona que dedicó su vida a trabajar por un mundo más justo. Un beso muy fuerte, querida Yolanda Díaz».
Mandamos un fuerte abrazo a la vicepresidenta segunda, @yolandadiaz, y a toda su familia por el fallecimiento de su padre.
Fue un histórico luchador por la democracia de este país.
Que la tierra le sea leve. https://t.co/Z3I1I4o8Bv
— PSOE (@PSOE) July 8, 2025
Suso Díaz fue un referente sindical, un luchador incansable, un hombre de convicciones y una buena persona que dedicó su vida a trabajar por un mundo más justo.
Un beso muy fuerte, querida @Yolanda_Diaz_ https://t.co/Vh4a6CkRDl— María Jesús Montero (@mjmonteroc) July 8, 2025
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El Gobierno, por su parte, ha cargado duramente contra el plan migratorio de Vox, que considera «vomitivo». Así lo ha calificado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien en redes sociales ha denunciado que los de Abascal quieran «echar a personas que llevan años en España en situación irregular y a sus hijos españoles». Saiz ha apelado también al PP, a quien ha pedido que se desmarque de estas declaraciones y ha advertido de que será su «cómplice» si «no se aleja explícitamente de esta barbaridad».
De igual modo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha recriminado al PP que esté dispuesto a «normalizar y a blanquear este delirio xenófobo con tal de gobernar», y ha asegurado que no se cree que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no vaya a querer gobernar con Vox si lo necesita tras unas elecciones generales. «Creo que es importante trasladar un mensaje a todos esos ciudadanos que ha venido a trabajar, a labrarse un mejor presente para ellos y sus hijos: que no tengan miedo, que estamos muy satisfechos de que estén aquí y que eso que está planteando Vox no va a suceder», ha afirmado.
También habla la Comisión de lo que llama «equilibrio institucional» en el marco del documento. «Se están impulsando reformas para mejorar la participación ciudadana en los procesos legislativos y reforzar el papel de la sociedad civil, aunque en algunos países aún existen obstáculos significativos». Finalmente, el informe destaca que estos cuatro pilares-justicia, anticorrupción, medios e instituciones- afectan directamente al buen funcionamiento del mercado único europeo y al entorno empresarial, influyendo en la inversión, la transparencia y la seguridad jurídica.
«La Unión Europea es sinónimo de seguridad jurídica y, con ella, de estabilidad económica y prosperidad. La principal novedad del Informe 2025 es que se centra más en el mercado único. El estado de derecho no solo es vital para la democracia y la seguridad, sino también para nuestra economía. Es nuestra ventaja competitiva», ha explicado el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath. En la misma línea ha hablado también la vicepresidenta, Hena Virkkunen. «Una cosa está clara: el estado de derecho es la piedra angular de nuestras democracias. Pero también es integral para el futuro de nuestras economías y para la seguridad de Europa», expuso, y dejó claro que respetarlo «es la única opción».
Recuerda, asimismo, la ley de protección a los menores del Gobierno, que aterrizó en el Congreso de los Diputados en marzo, y que desde entonces no ha dado ningún paso más. La norma recoge una batería de medidas, como penas de entre uno y dos años de cárcel por falsificar imágenes sexuales con IA; que todos los dispositivos tecnológicos vengan de fábrica con control parental; órdenes de alejamiento virtual; y la elevación, de los 14 a los 16 años, de la edad permitida para crearse un perfil en redes sociales.
«Creemos que la parte más difícil va a ser regular el tema de las plataformas y empresas digitales, pero confiamos en que la lety avance», señala Perazzo, que considera crucial la colaboración de las plataformas tecnológicas. «Al final, nada está diseñado teniendo a la infancia en mente y hay cuestiones que no pueden quedar así y es necesario que se involucren. En este informe, llamamos la atención sobre todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil y en cómo la detección, identificación y bloqueo de este tipo de contenidos necesita una participación activa estas empresas», zanja.
Concluido el XXI Congreso Nacional del PP sobre la mesa ha quedado el respaldo unánime del núcleo duro y la militancia al reelegido presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la condena de los populares a lo que han señalado como Gobierno corrupto. Unas acusaciones que durante los tres días que ha durado el cónclave del PP han protagonizado el discurso de todos y cada uno de los que se han colocado ante el atril para ofrecer a los presentes su relato.
En esta materia, dos de los pesos pesados del PP, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida este pasado viernes al Congreso Nacional de los populares. Ya desde las primeras palabras que defendieron, ambos líderes mostraron la cara más dura contra el presidente del Ejecutivo actual, Pedro Sánchez, centrando su discurso en el reciente caso de corrupción que ha sacudido a las filas socialistas con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García como epicentro y la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
“El PP está llamado a protagonizar un cambio de rumbo histórico porque la deriva de España hoy por hoy es de naufragio. Estoy seguro que este Congreso demostrará que el PP dará la esperanza a españoles hastiados, que conservan intacta la fe en nuestro país por un futuro mejor. (…) Hay que cerrar el paso de la fractura territorial y al intento de cancelar el éxito democrático inaugurado en la transición. Nos jugaremos la continuidad de un Gobierno nefasto, sino la continuidad histórica de una nación, las garantías de libertad, independencia judicial, separación de poderes, libertad de expresión e información y Estado de Derecho en todas sus manifestaciones”, eran las palabras que Aznar sostenía durante su intervención en la primera jornada del Congreso Nacional.
En esta misma línea, quien fuera primer presidente del Gobierno popular prosiguió con su discurso cargando contra Sánchez calificando al Ejecutivo central como “cartón piedra” y “desmoronado”: “La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento, tiene un significado político. Compraron una investidura por impunidad total, han pedido perdón a los delincuentes. Lo han hecho en nombre de todos nosotros, sin permiso ni vergüenza, eso significa la amnistía. Si haces esto, no te extrañe acabar en la cárcel porque éste es tu ambiente”, añadió sobre la Ley de Amnistía. «Hay que darle la vuelta a España porque está cabeza abajo, el Gobierno levanta muros, sabotea la iniciativa empresarial y se cuela de polizón en las juntas de accionistas. El gran apagón es la única excepción ibérica digna de ese nombre. Adopta poses de adolescente inadaptado con la OTAN y compromete nuestra seguridad sólo por la foto que le interesa. El Gobierno huye hacia adelante y arrastra al país a una vía muerta”, sentenció.
Sin embargo, lejos de estas acusaciones que Aznar vertió sobre el Gobierno y su presidente, lo hace después de que 12 de sus 14 ministros estén imputados. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional. Unos datos de los que, entre otras cosas, se ha hecho eco a través de su cuenta de X (antes Twitter) Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. “Tres de sus ministros acabaron en prisión, incluido su vicepresidente del gobierno. Hasta nueve más estuvieron investigados por “sobresueldos” o financiación irregular, aunque ninguno ha sufrido condenas ni penas de prisión”, ha sostenido.
Vamos primero con lo obvio:
Tres de sus Ministros acabaron en prisión incluido su vicepresidente del gobierno.
Hasta nueves más estuvieron investigados por “sobresueldos” o financiación irregular, aunque ninguno ha sufrido condenas ni penas de prisión pic.twitter.com/UH6WqhmN9c— Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) July 6, 2025
El mismo esquema se repite con Rajoy. Mantenido la misma postura que Aznar, durante su intervención en el Congreso de los populares, el expresidente del Gobierno sostuvo que el escenario actual es “muy malo”: “Mucho antes de que estallaran los últimos escándalos, España ya tenía una pésima situación. (…) Lo de los últimos días es la puntilla de una legislatura que no debió arrancar, cosas impensables y disparatadas, con un mismo origen: quien perdió las elecciones se mantuvo en el poder a cambio de someterse a un chantaje constante”, comentaba.
Con el fin de dar continuidad a las acusaciones al Gobierno, Rajoy esgrimió que «el lema del Gobierno es el mismo: ‘Hagamos lo que hagamos, todo vale, lo único que no vale es que venga la derecha’”. “Esto demuestra una falta evidente de talante democrático, sino la concesión de su fracaso, están en un búnker porque no tienen el apoyo de la gente, tratan de retrasar lo inevitable. (…) Esta etapa nefasta de la política hace aguas por todas partes, pero hay más”, sostuvo.
Sin embargo, al igual que el otro ex mandatario, este discurso lo defendió cuando, durante su legislatura, el partido entero fue condenado por corrupción en el marco de la trama Gürtel. Asimismo, su ex ‘número 2’ de Interior, Francisco Martínez, fue detenido el pasado mes de mayo por delitos de blanqueo y revelación de secretos, además de estar imputado en la Operación Kitchen en la que el PP trató de ocultar la caja B del PP y Bárcenas desde el Ministerio del Interior.
En este orden de cosas, la lista de aquellos que, aunque lo pretenden, no pueden predicar con el ejemplo no se limita a los dos expresidentes de Gobierno. Sin ir más lejos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también intervino en el XXI Congreso Nacional del PP, acusó tanto a Sánchez como al Gobierno central de corromper las instituciones del Estado y pidió que “delincan más despacio”. Lo hace, sin embargo, una presidenta del PP señalada constantemente por la Justicia y manteniendo como altos cargos de su ejecutiva a imputados e investigados. De hecho, su número tres en el PP madrileño y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está actualmente imputada por corrupción, investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, en una pieza separada del caso Púnica conocida como el caso Neverland.
Algo similar sucede con su pareja, Alberto González Amador, procesado por delitos de fraude fiscal y falsedad documental, y cuyo futuro está ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, encomendaba hace unos días al cuerpo investigar los hechos de la causa que acabó con la pareja de la presidenta en los tribunales. Los deberes por hacer por parte de la UCO, que analiza un presunto delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, han recaído sobre esta estructura al considerar la Fiscalía la “complejidad” de la situación unida al “carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”. El órgano jurídico indica que, atendiendo a las comprobaciones de la Agencia Tributaria, la empresa de González Amador, Maxwell Cremona -de la que el novio de Ayuso es socio y administrador único- registró en 2020 y 2021 “un incremento de sus ingresos “por una serie de actividades. Con ello, el juzgado solicita al área de la Benemérita mencionada que “lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.
Lo cierto es que, aunque estos tres casos se contradicen a las palabras sostenidas este fin de semana contra la corrupción del Ejecutivo central, el Partido Popular posee una larga trayectoria en esta materia. Sin ir más lejos, el encargado de ocupar la presidencia del Congreso Nacional ha sido Xavier García Albiol, alcalde de Badalona e imputado recientemente por revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Albiol, que gobierna con mayoría absoluta, fue llamado a declarar el pasado 13 de junio en calidad de imputado en el marco de unas pesquisas iniciadas gracias a una querella de la exalcaldesa y líder de Guanyem Badalona Dolors Sabater. El magistrado registró el Hospital de Badalona a finales de febrero para investigar de qué manera la información médica acabó siendo divulgada por Albiol en un pleno de julio del año pasado. Unos hechos que se suman a los recurrentes escándalos protagonizados por Albiol en materia de racismo y políticas migratorias.
Por su parte, sobre una de las manos derechas de Isabel Díaz Ayuso y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, la Justicia ha centrado su foco después de la denuncia presentada por el PSOE de la localidad que le acusa de “simultaneidad de funciones”, a raíz de su contratación como trabajadora municipal, en concreto, por su cargo como Agente de Desarrollo Local, mientras ostenta el mando del Ayuntamiento. De la denuncia interpuesta ante los tribunales se desprende que esta situación podría vulnerar lo establecido en el artículo 178.2 B) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, además del artículo 5.b de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Asimismo, entre los cinco vocales que Feijóo ha designado este fin de semana figura Manuel Cobo, quien fuera mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón y vicealcalde de Madrid entre 2003 y 2011, y actual diputado del PP en la Cámara Baja. En 2017, el ex vicealcalde fue identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) junto al resto de miembros del Gobierno madrileño que en 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, vinculado todo ello a la operación Lezo. Según publicó entonces El Confidencial, la Audiencia Nacional hizo este requerimiento a la Guardia Civil dentro de una de las piezas separadas de la operación Lezo, ya que la compra de esta empresa en Sudamérica se considera la primera aventura del Canal de Isabel II al otro lado del charco.
No menos importante resulta el caso de Alberto Nadal, quien fuera secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el mandato de Mariano Rajoy y hermano de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Al frente de ese puesto, Nadal defendió a toda costa la ausencia de corrupción en el Ejecutivo del PP de Rajoy. Ahora, con los nuevos nombramientos de Feijóo, quien fuera mano derecha de Rajoy asumirá el cargo de vicesecretario de Economía del PP con las competencias en Economía, las relacionadas con Desarrollo Sostenible, un área que hasta ahora dirigía Juan Bravo, que pasará a ser ahora nuevo vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras.
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Aplausos, abrazos y sonrisas: el PP escenificó este fin de semana en su Congreso Nacional un respaldo sin fisuras a Carlos Mazón, el president valenciano que se negó a dimitir tras su polémica gestión de la DANA. Las imágenes del cónclave, con Mazón arropado por Alberto Núñez Feijóo y el recién nombrado secretario general del partido, Miguel Tellado, desataron la indignación de la oposición y de una ciudadanía que sigue reclamando justicia para las víctimas de la catástrofe. En redes sociales, las instantáneas fueron bautizadas como “las fotos de la vergüenza”, símbolo de lo que muchos consideran un desprecio a quienes aún sufren las consecuencias de aquella tragedia.
El Congreso, celebrado en IFEMA, fue concebido como el gran acto de reafirmación de Feijóo, que revalidó su liderazgo con un 99,24 % de los votos, y de unidad en torno a la dirección nacional del partido. Pero el protagonismo de Mazón, recibido entre ovaciones y vítores, eclipsó incluso los mensajes de renovación y ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El momento más comentado: el largo abrazo entre Mazón y Tellado, un gesto que se interpretó como el aval definitivo del aparato de Génova a un dirigente señalado por su ausencia en los momentos más dramáticos de la DANA, cuando compartía mesa en el polémico restaurante El Ventorro.
El baño de multitudes de Mazón provocó una oleada de reacciones desde la oposición. El PSOE de la Comunidad Valenciana, a través de un mensaje en redes sociales, criticó con dureza el espectáculo. “El PP aplaude a Mazón. El PP da cobijo a Mazón. Y Mazón sonríe. ¿Qué pensarán las víctimas de la DANA de estos aplausos? Cuanta inmoralidad y cuanto desprecio hacia ellas. El PP se ha convertido en cómplice”, escribieron los socialistas en redes sociales.
nuevo número dos del PP y mano derecha de Feijóo— a Mazón, quien lleva meses en la diana de la oposición por su gestión de la DANA. Fue un mensaje explícito: pese a las críticas internas y externas, el partido sostiene su liderazgo. Precisamente en un Congreso plagado de consignas contra la corrupción del PSOE y llamado a la limpieza ética, el gesto subraya la coherencia del PP al exigir responsabilidades en Madrid mientras protege a un dirigente cuestionado en València.
Dos años de Mazón y el debate sobre su sueldo vitalicio
El calendario añade más ingredientes al malestar. El próximo 13 de julio, Carlos Mazón cumplirá dos años al frente de la Generalitat Valenciana, lo que activa un umbral legal clave. Según el artículo 4.1 de la Ley 6/2002, si un presidente encabeza la Generalitat al menos dos años —incluso sin completar una legislatura completa— obtiene el derecho a percibir un sueldo anual de aproximadamente 75.000 euros durante dos años como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu, con coche oficial, oficina, dos asesores y personal eventual.
Más aún, si completara una legislatura completa (hasta 2027), se haría acreedor a una retribución durante 15 años, con una cuantía superior (cercana a los 100.000 € anuales además de coche, escolta y despacho). Este escenario ha levantado suspicacias, con la oposición señalando que esas condiciones pueden explicar en buena parte la negativa de Mazón a dimitir tras la gestión de la DANA.
Desde Compromís, Joan Baldoví ha criticado la “codicia institucional” que subyace detrás de esta prerrogativa y ha avanzado una propuesta para modificar el estatuto y evitar que Mazón —y quienes vengan después— puedan percibir esos 75.000 € anuales durante 15 añoses decir, abandonar ese privilegio vitalicio, incluyendo la eliminación de asesores y coche oficial.
Unidad interna frente al coste reputacional
Para el PP, la exaltación de Mazón parece responder a un cálculo estratégico. Pese al coste reputacional que supone su figura, Génova considera que el presidente valenciano es un activo valioso por su peso en el aparato autonómico y su capacidad para garantizar la estabilidad institucional en la Comunitat, donde gobierna con el apoyo de Vox. Un precio, dicen desde la dirección, que merece la pena pagar en un momento en el que el partido busca mostrar fuerza frente al Gobierno de Sánchez.
Pero la brecha entre la imagen que el PP quiso proyectar y el sentimiento de una parte importante de la ciudadanía es evidente. Las fotos de la vergüenza son ya, para muchos, el reflejo de un partido que ha decidido que la lealtad interna está por encima de cualquier otra consideración, incluso de la memoria de las 229 personas que murieron en la DANA.
Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen esperando explicaciones. Y en la calle, el clamor no se apaga: dimisión, justicia, dignidad. Las mismas palabras que no se escucharon este fin de semana entre las paredes de IFEMA.
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Según concluyó Puente, ambos facilitaron a Ábalos y Koldo García información sobre expedientes de licitación, colaborando así en los amaños. La propia UCO señala en el informe remitido el 5 de junio que Koldo García «se valía» de Pardo de Vera y Herrero para «manipular los procesos de contratación» de empresas.
La Guardia Civil incluye en el escrito conversaciones que muestran como Koldo García pedía a Pardo de Vera que ciertas obras se adjudicaran a la compañía Acciona. Otras conversaciones confirman que el exasesor de Ábalos ponía a su jefe al tanto de estas operaciones. La UCO también explica en su informe que Javier Herrero maniobró junto a Koldo García para que determinados contratos se adjudicasen a la compañía Obras Públicas y Regadíos, propiedad de dos hermanos empresarios, Daniel y Antonio Fernández Menéndez.
Estos empresarios lograron ponerse en contacto con Koldo García a través de Fernando Merino, un exdirectivo de Acciona que también pidió a Koldo García reunirse con Isabel Pardo de Vera para hablar de adjudicaciones de contratos públicos en el sector de la construcción.
Los mensajes intervenidos por la UCO muestran incluso que Javier Herrero trató de cambiar el modo en que se adjudicaban los contratos de la Dirección General de Carreteras. «Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado», le dijo a Koldo García en 2019.
Al margen de estos hechos, el juez Moreno también interrogará a Pardo de Vera sobre la contratación de una mujer vinculada al exministro Ábalos. Cuando el magistrado imputó a la expresidenta de Adif por primera vez, apuntó a su «decisiva participación en la contratación, aparentemente irregular» de Jésica Rodríguez en Ineco.
Según el juez, Pardo de Vera medió presuntamente en el fichaje «a instancias de los investigados José Luis Ábalos y Koldo García». En febrero de 2021, cuando terminó el contrato de Jésica Rodríguez en Ineco, Pardo de Vera medió de nuevo para abrir las puertas de otra empresa pública, Tragsatec, a la joven vinculada a Ábalos.
Rodríguez «Ni siquiera asistía a su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente dos años y medio», tal y como relató el instructor de la Audiencia Nacional.
Los populares comercializaban alguna de sus bromas a base de camisetas [a 10 euros] y sudaderas [a 20]. Algunas ponían «son las cinco y no he comido», como dijo el presidente ante los medios hace escasos días, y otras también recogían la mítica frase de Rajoy «muy españoles y mucho español». No solo se reían del rival sino de sí mismos, recordando la investidura de Feijóo, con el eslogan «no soy presidente porque no quiero» o acuñando la nomenclatura que le pone la izquierda: «fachosfera». Los voluntarios encargados de imprimir los eslóganes no llevaban ni la cuenta de las que llevaban vendidas: «Puf, demasiadas».
La música también ha cobrado especial importancia en este cónclave. Y no solo la de la discoteca del sábado noche. También hay quien ha cantado en Ifema durante el Congreso. Isabel Díaz Ayuso salía este domingo a la pista de baile al son de la canción Lady Madrid, de Pereza. «Tuyo es el partido», espetaba a Feijóo. La presidenta también dedicaba unas palabras a Alfonso Serrano, arrancándole unas lágrimas de emoción.
Por su parte, Feijóo escogía un estilo más rockero con el tema One More Time, el mismo que se escuchaba cuando logró su cuarta mayoría absoluta en Galicia. O el Hey ho, let´s go, Feijóo, let´s go con el que el líder tomó la palabra por segundo día consecutivo la palabra. La más rompedora fue la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, quien ha cautivado subiendo al escenario a ritmo de reguetón.
Enfermería o puerta grande. Así de drástica suena la melodía de la política española. El informe de la UCO que cerca a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo, merma el margen de maniobra de un Pedro Sánchez que cogió aire relativamente en el Comité Federal del PSOE. Aunque de manera relativa, a tenor de las acusaciones de acoso recogidas por eldiario.es y que condujeron a la autopurga de Paco Salazar como adjunto en la nueva estructura de Organización. Superado a tientas el plano orgánico, al presidente del Gobierno se le presenta el momento culmen de la legislatura con un pleno extraordinario en el Congreso sobre la corrupción que ha arremetido contra Ferraz. No sólo la oposición, también los socios esperarán con el cuchillo entre los dientes. De ahí saldrá una fotografía más nítida de lo que pueda venir en el corto plazo.
Sánchez se presentó el sábado en Ferraz con el “corazón roto” por la traición de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, pero con la “determinación intacta” para devolver el lustre a las siglas del PSOE y luchar contra la corrupción. Así, anunció una batería de 13 medidas orgánicas para combatir futuras impurezas, empezando por la descentralización del poder en la tocada secretaría de Organización, aunque este punto nació con dificultades tras la renuncia de Salazar por presuntos comportamientos machistas en su entorno laboral. Un problema que extiende la jaqueca que sufre Ferraz desde el informe de la UCO y que hunde entre la maraña de titulares el resto de iniciativas contra la corrupción.
Batería de medidas que, por cierto, exigen desde la coalición. El socio minoritario, Sumar, ya se levantó con el gesto torcido de la mesa de seguimiento del pacto de Gobierno. Los magentas insisten en que es necesario un “giro copernicano” no sólo en cuestiones de la lucha anticorrupción, sino también programáticas de legislatura. En cualquier caso, lo que desde luego no contenta a los aliados son las 13 reformas estatutarias que ha prometido el líder del PSOE, sino que piden algo más transversal. Ni el presidente ni nadie en su gabinete avanza sus líneas maestras en esta materia, pero sí se prevé que este miércoles, en uno de los dos debates monográficos agendado para esta semana en el Congreso de los Diputados, ofrezca a sus aliados algunas miguitas de pan para enfriar el descontento.
Al menos así lo verbalizaba ante los suyos el secretario general socialista, reafirmando su compromiso contra la corrupción tanto a nivel orgánico como “fuera” del Partido Socialista. Pero, de momento, entre los socios no hay atisbo de paz para con el presidente. Tampoco amagos de rupturas. De las patas que sostienen la silla de Moncloa tan sólo se ha descabalgado Podemos, que de primeras rechazó la ronda de contactos encabezada por el propio Sánchez para tomar la temperatura del bloque de la investidura. Los morados están inmersos en su propia guerra de guerrillas, tanto a su izquierda como a su derecha, por la hegemonía del caladero que queda a la siniestra del PSOE.
Dejando fuera de la ecuación a un Podemos que lleva unas semanas ya con el mono electoral enfundado, Sánchez previsiblemente focalizará su intervención en restañar la confianza dañada con Sumar, quien ha gesticulado con mayor vehemencia. Tanto es así que tras la reunión del pasado jueves, los magentas mandaron un mensaje al grupo mayoritario del Gobierno con el ceño fruncido y amagos de dar un paso más allá en sus amenazas si no ven compromiso por parte del presidente. Esa garantía pasaría no sólo por un despliegue legislativo contra la corrupción, sino que también le exigen dar el do de pecho en cuestiones de calado social como, entre otras, la vivienda.
Sánchez lanzó algún que otro guiño en el cónclave socialista, pero para la cabeza visible de Sumar en Moncloa, Yolanda Díaz, es insuficiente. La vicepresidenta segunda, tras escuchar al jefe del Ejecutivo, cree que el PSOE sigue en estado de shock y eso le impide comprender la crudeza de “lo que está pasando”. Insiste en que tienen que “tomar medidas” reales para regenerar “democráticamente” el país, a pesar de subrayar que la ciudadanía quiere que la coalición de socialistas y magentas siga gobernando, pero piden “un giro social” y avances como país.
Quienes son algo más contundentes, dentro de la laxitud que exige el momento, son los independentistas. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se mantiene expectante, aunque ya ha elevado el tono contra el PSOE en el mismo carril que Sumar. No obstante, aún se atan a la prudencia a la espera de determinar si “estamos ante tres” lobos solitarios o, en cambio, se trata de “la Gürtel del PSOE”. En la acera de enfrente, los juntaires encabezados por Carles Puigdemont, suben sus prestaciones y demandan un nuevo interlocutor con Waterloo, así como avances en los pactos que quedan pendientes, mientras no dudan en abrir la puerta a un Partido Popular que ya acepta la realidad parlamentaria del país. Con matices, eso sí.
Será importante también observar el comportamiento del Partido Nacionalista Vasco. Los jeltzales son los que más dubitativos se han mostrado en todo este proceso. No se suman al barco de las demandas de los neoconvergentes, ni tampoco caen en palabras gruesas o amenazas como en Podemos o en menor medida Sumar. Se mantienen en un discreto segundo plano mientras observan el desarrollo de los acontecimientos a la espera de tomar una decisión de calado, aunque sí han mandado un mensaje a navegantes, concretamente a Génova, de que no romperán la alianza hasta que se la corrupción salpique por completo al PSOE. Eso sí, exigen más explicaciones de Sánchez.
Pese a que el foco suele estar en el Sánchez-Feijóo, esta vez, el protagonismo recae sobre los socios. No obstante, no es baladí que en este mismo fin de semana, el Partido Popular ha renovado su confianza en su actual presidente, además de acometer un importante rearme ideológico que llega con varios años de retraso. Los conservadores, al igual que el PSOE, son conscientes de que esta es la batalla final contra el Gobierno de coalición y la estrategia está renovada sin ningún remilgo.
El PP estrenará nueva estructura, con un volantazo a la derecha pese a que Feijóo se empeñe en mostrarlo como un giro al centro. También será aún más duro si cabe con un Sánchez al que dan por amortizado. De ahí se desprenden, a su vez, los movimientos para tomar la temperatura a los socios del Gobierno y arrastrarlos hasta una eventual moción de censura. En cualquier caso, la cara que Feijóo ofrezca el miércoles no variará mucho de la que ha exhibido en sus últimas intervenciones, por lo que el foco real estará precisamente en las alianzas de Moncloa.
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Como clausura de la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, el que ha sido hasta ahora líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha sido reelegido como presidente del partido con 2790 votos a favor, 21 en blanco y 18 nulos. Tras su intervención, en la que ha dado a conocer la lista de nuevos nombres que ocuparán las vicesecretarías y el Comité Ejecutivo, Feijóo ha sido nombrado como presidente de la formación con una ruidosa ovación y con gritos de «¡Presidente, presidente!».
Feijóo, que presentó más de 94.000 avales para revalidar su liderazgo en el PP, logró en la primera vuelta de las primarias celebradas el pasado 16 de junio el 99,72% de los votos favorables de los afiliados para seguir al frente de la formación. Cabe destacar que solo un total de 51.634 afiliados, de los más de 806.000 militantes, se había inscrito para participar en este XXI congreso extraordinario del PP. Tras ello, este fin de semana se ha celebrado la segunda vuelta de las primarias con el voto de los más de 3.200 compromisarios del PP inscritos. En la votación de este sábado, el presidente del Partido Popular ha logrado el 99,24% de los votos.
Durante su discurso previo a las votaciones, el líder del PP ha apostado por la continuidad en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que saldrá del XXI Congreso nacional extraordinario, en el que de los 35 nombres repiten más de una quincena de cargos. Y es aquí donde, al margen del equilibrio territorial que ha intenado mantener, hay dos comunidades que sobresalen: Madrid y Galicia. Así, de los cinco cargos de libre designación a propuesta de Feijóo, cuatro de ellos repiten en el Comité Ejecutivo: la presidenta del PP de Lugo, Elena Candía; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el exministro gallego José Manuel Romay Beccaría; y el exalcalde de Madrid, Manuel Cobo.
No obstante, entre la lista de vocales designados por el presidente del PP, hay una nueva incorporación, la de la diputada madrileña y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que dejó de pertenecer a este órgano tras ser destituida como portavoz parlamentaria por Pablo Casado en agosto de 2020.
En esta línea, según ha adelantado Feijóo durante su intervención, entre los vocales del Comité Ejecutivo que repiten figura el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la diputada por Baleares Sandra Fernández Herranz; la responsable de Justicia, Interior y Defensa del PP, Cuca Gamarra; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; y el secretario del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Por su parte, repiten en sus mismos puestos el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, el gallego Diego Calvo, que es a su vez vicepresidente de la Xunta de Galicia; y el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, el extremeño José Antonio Monago.
También siguen formando parte del Comité Ejecutivo la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra; la diputada por Melilla Sofía Acedo; el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo; o el diputado gallego Francisco Conde. Otros cargos como el primer teniente de Oviedo Mario Arias dejan la Junta Directiva Nacional a la que se incorporaron en 2022 para formar parte del nuevo Comité Ejecutivo, lo que ocurre también con la vicepresidenta y consejera Familia de Castilla y León Isabel Blanco.
Al margen de ello, el presidente de los populares ha mencionado nuevos nombres que pasan ahora a formar parte activa de la Ejecutiva. Es el caso del catalán Daniel Sirera, que es portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Barcelona; o el navarro Sergio Sayas, que ocupa una de las Portavocías adjuntas del Grupo Popular en el Congreso. Además, el líder del PP ha incluido en su Comité Ejecutivo en esta nueva etapa a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; la senadora aragonesa Rocío Dívar; la diputada murciana Miriam Guardiola; el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo; y el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz.
Asimismo, entre las nuevas incorporaciones figura también la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas (Madrid), Janette Novo; y el diputado y el exconcejal madrileño José Enrique Núñez Guijarro.
Durante su intervención en la tarde de este sábado, el presidente del PP ha presentado su particular «manual de decencia» con un total de diez compromisos utilizando como telón de fondo el escenario al que se enfrenta el PSOE con los casos de corrupción del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Koldo García, y la entrada en prisión del ex secretario de Organización Santos Cerdán.
De esta forma, el líder de los populares ha enumerado uno por uno los principios que llevarán a «un cambio de raíz» en España asegurando que no quiere «ganar para llegar sino llegar para que gane España». En primer lugar, ha mencionado el proyecto nacional como hoja de ruta, señalando que son «el único partido que no negocio, ni negociará con la unión entre españoles». En segundo lugar, ha asegurado que «el PP no es una secta» y que en su formación «los acentos ni restan ni rompen, suman y construyen», con lo que ha hecho una defensa a la diversidad.
En la misma línea ha proseguido señalando que desde el PP van «a arrasar» a la oposición. «A mentiras, cesiones, maniobras, propaganda y a enfrentar a los españoles, que ganen ellos. Pero a valores, a convicciones, a proyecto, a servicio y a democracia,¡los vamos a arrasar!«, ha sostenido. Asimismo, como cuarto compromiso ha defendido el principio de igualdad de oportunidad y ante la ley como «obligación moral». «Este partido llegará hasta el último rincón de este país y trabajará por todos. Y el que Gobierno que presida también. Sin excepciones y sin privilegios».
En otro orden de cosas, ha proseguido asegurando que «solo los delincuentes temen a la Justicia, la desprestigian y la amordazan» por lo que ha anunciado que «por encima» de su partido, pondrá siempre a su país. «Creo en la política honrada, en las instituciones independientes, y en el Estado de Derecho«, ha añadido. En líneas similares, el presidente del PP, ha continuado con el sexto compromiso: la dignidad. Así, ha asegurado que esta está «en los compañeros que enterramos pero también en los que sobrevivieron y conviven con las secuelas de lo que pasaron». «Y la dignidad está en todos los servidores públicos que defienden nuestros derechos y nuestra seguridad contra insultos, amenazas y presiones. Esa es la dignidad que estamos obligados a imitar», ha defendido.
En su discurso, el líder del PP también ha hecho referencia a la corrupción, con la que se ha querido mostrar tajante. «No hay tolerancia, ni compadreo, ni chivatazos, ni vista gorda con quien llega a la política para servirse. No estoy dispuesto a aplicar a la corrupción la doble moral de ser indulgente con los nuestros y exigente con los otros«, ha aseverado. Por su parte, ha agregado que «la centralidad política no es indefinición, sino ambición. La centralidad tampoco es prescindir ni de ideología ni principios. No desisto de mi aspiración de volver a ser el partido de los diez millones de votantes».
Por último, Feijóo ha prometido «cambio de raíz en España» abanderando todo ello con el principio de libertad. «Somos un partido libre para decidir nuestras propias políticas. No vamos a ser nunca el partido que nuestros adversarios quieren que seamos. Conmigo España no está ni estará en venta«, ha concluido.
Al hilo de todo la anterior, el reelegido presidente del PP, ha asegurado que «el PP es la única alternativa a la actual decadencia a la que ha llevado a España el Gobierno». “La desesperación se produce cuando no se espera nada del presente. Pero la desesperanza ocurre cuando no se espera nada del futuro. Lo primero no depende de nosotros, pero lo segundo sí, porque somos la única alternativa a la actual decadencia”, ha afirmado. “Hace tres años celebramos un Congreso muy distinto. La principal diferencia es que entonces el reto era interno. Y hoy el reto es nacional. Entonces debíamos resolver nuestra propia crisis. Y hoy lo que tenemos es una crisis de rumbo de España”, ha señalado.
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Según una información de elDiario.es, varias mujeres del PSOE, entre ellas, una trabajadora de Moncloa, han acusado a Salazar de «comportamientos inadecuados» y «comentarios obscenos» cuando era su jefe en el gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Tras la renuncia de Salazar, que iba a ser nombrado este sábado como uno de los tres adjuntos en la Secretaría de Organización que liderará Rebeca Torró, no habrá nadie que le sustituya en ese puesto. De este modo, la número tres del PSOE contará finalmente con dos adjuntos: Anabel Mateos, secretaria de Municipios del Litoral de la Ejecutiva Federal socialista y Borja Cabezón, responsable de Acción Democrática y Transparencia.
Fuentes socialistas han asegurado que en el partido no conocían las denuncias publicadas en medios de comunicación y que tampoco constan denuncias al respecto en ninguno de los canales que tiene el partido. También han explicado que Salazar ha renunciado de forma voluntaria a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal.
Asimismo, Salazar ha pedido ser apartado provisionalmente de sus responsabilidades en la secretaría de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno. Según ha informado Moncloa en un comunicado, la Secretaria General de Presidencia ha puesto en marcha los mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y determinar si procede la activación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, tal y como establece la Administración General del Estado.
Hasta la fecha, según Moncloa, ningún empleado o empleada ha solicitado la activación de dicho protocolo ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho o comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que pudiera ser constitutivo de una actuación degradante, ofensiva o intimidatoria en la Presidencia del Gobierno que pudieran afectar a Francisco Salazar.
Ante las acusaciones de acoso, Francisco Salazar ha defendido su inocencia, pero en cualquier caso no prevé recuperar sus cargos en Moncloa y en el PSOE.
Fuentes de su entorno han informado de que esa es la determinación de Salazar, quien, muy afectado por la información, según su entorno, habló con dirigentes del partido y comunicó su decisión de apartarse. Ni siquiera ha acudido a la reunión del Comité Federal en Ferraz y este mismo sábado se ha desplazado a Andalucía para estar junto a su familia.
Las fuentes citadas han informado de que Salazar ha asegurado a todas las personas con las que ha hablado que es mentira que haya protagonizado algún acoso y ha asegurado que es totalmente inocente.
Pero que no tenía otra opción que renunciar a sus responsabilidades por una mera cuestión ética en un momento en el que el PSOE es muy sensible ante este tipo de comportamientos tras el informe de la UCO con conversaciones sobre mujeres entre el ex secretario de Organización y exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
Pese a que Moncloa explica que deja su responsabilidad en Presidencia del Gobierno de forma provisional, las fuentes aseguran que aunque se constate su inocencia, no prevé volver al cargo porque su voluntad es apartarse totalmente.
El anuncio de que dejaba su cargo en Presidencia del Gobierno ha contado con la autorización por escrito de Salazar, ya que, si no, es preceptivo que para apartarle de una responsabilidad debe seguir los protocolos establecidos y abrirse la investigación correspondiente. Pero explican que, además, no ha habido ninguna denuncia de acoso.
Dicho protocolo se endurecerá para incluir «la expulsión inmediata de aquellos militantes» que contraten prostitutas, anunció igualmente Sánchez, que aseguró que, «para los socialistas, el feminismo no es postureo, es una forma de ser» que «exige vivir como se piensa». «Y si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta», en el partido no puede haber dirigentes o militantes que «paguen por tener sexo», espetó el presidente del Gobierno y líder del PSOE.
Además de este compromiso contra los comportamientos machistas, Sánchez anunció la puesta en marcha de varias medidas internas para reforzar las estructuras anticorrupción dentro del PSOE y que no se repitan los casos de «algunas personas que han conseguido esquivar todas las cautelas y burlar los controles». Entre estas medidas, Sánchez anunció que se promoverá que puestos sensibles como la Secretaría de Organización sean asumidos por direcciones «colegiadas» para reducir la concentración de poder, se establecerán plazos máximos para resolver los expedientes que se abran y se permitirá a la comisión de garantías federal del PSOE hacer controles «aleatorios» de patrimonio a cualquier cargo de la organización.
El presidente, pese a todo, quiso insistir en el mismo mensaje que lleva semanas trasladando: que no va a adelantar las elecciones y que su intención es agotar la legislatura, pese a que confesó que la «traición» de Cerdán le ha dejado «con el corazón tocado». «Fui yo el que confió en ellos», en Cerdán, Ábalos y Koldo, «y el que no supo descubrir qué había detrás, pero esta sombra no puede hacernos olvidar lo mucho que hemos logrado y lo que nos queda por lograr, y merece la pena luchar», aseveró Sánchez, que prometió «no rehuir este desafío» y «derrotar a la corrupción tanto dentro como fuera de nuestra organización».
«Yo soy consciente de mi deber como secretario general y como presidente del Gobierno de España. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco, y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto», afirmó Sánchez metafóricamente. Especialmente, dijo, porque el PSOE no es «como los otros, como PP y Vox, ni como los corruptos que han manchado nuestras siglas». «Así que que nadie trate de igualarnos en la indecencia con ellos», porque «este partido está hecho de gente trabajadora, honrada, humilde, que jamás metería la mano en la caja», exigió.
El líder socialista, en esta línea, quiso insuflar ánimo a su dirección y su militancia presumiendo de los avances sociales logrados durante los siete años de Gobierno y apelando al miedo que genera entre una parte del electorado una alianza entre PP y Vox. «Lo que estamos viviendo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es un retroceso sin parangón de los derechos y las libertades», y la responsable es una «coalición ultraderechista en España» que «ya se ha quitado la careta definitivamente», alertó Sánchez.
«Quieren llevarnos en política internacional al aislacionismo, en materia climática al negacionismo, y en materia de convivencia al odio que ya impera en otros países occidentales», espetó igualmente el presidente del Gobierno, que aseguró que el PP «ofrece el pasado, la mentira y la corrupción de Aznar y Rajoy, con el agravante de la sumisión a los ultras, que es la aportación a la política nacional de Feijóo». «No nos ven como adversarios políticos legítimos en una democracia, nos ven como enemigos contra los que todo vale, las mentiras, el odio y, como vimos ayer, hasta las amenazas», denunció Sánchez en referencia a las palabras del expresidente José María Aznar, que el viernes deslizó que Sánchez debería acabar en la «cárcel» por pactar con partidos independentistas.
Despejada la incógnita de la Secretaría de Organización con Rebeca Torró, el PSOE ha arrojado luz sobre el futuro de la portavocía de Ferraz. Montse Mínguez, cuyo nombre ha sonado con fuerza para suceder a Santos Cerdán, será la nueva portavoz orgánica de la Ejecutiva socialista. Una responsabilidad que compatibilizará con la secretaría general del Grupo Socialista y que compartirá con Enma López, pues se crea una suerte de portavocía adjunta para la Secretaria de Política Económica, Transformación, Emprendimiento y Cambio Social.
Esther Peña dejará de ser la portavoz de la Ejecutiva a partir de este sábado, cuando el Comité Federal ratifique los nombramientos de la diputada del PSC Montse Mínguez, miembro de la dirección, como portavoz, así como el de Enma López; que ostentará una portavocía adjunta de nueva creación. Como ha ocurrido con la secretaría de Organización, el PSOE no ha esperado al sábado para anunciar estos cambios.
Modificaciones que a la postre mandan un mensaje a los socios del Ejecutivo al situar a mujeres en tres puestos de responsabilidad en el organigrama de Ferraz, junto con la intención de Sánchez de impulsar un régimen sancionador interno para todo aquel miembro del partido que consuma prostitución. De este modo, a expensas de las iniciativas en materia de lucha contra la corrupción, se combate de raíz los “desagradables” audios revelados por el informe de la UCO, en los que se escucha al exministro y ex número tres del PSOE José Luis Ábalos hablando de mujeres junto a su exasesor Koldo García.
Los nombres de Mínguez y de López llevan sonando en las quinielas para ocupar otros cargos de responsabilidad en el partido. De hecho, la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso estaba en la terna de favoritas para tomar el relevo de Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización. Hasta la fecha, la catalana se encargaba del área de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo.
Por su parte, el perfil de Enma López fue uno de los protagonistas del Congreso Federal de Sevilla de finales de 2024, al integrar la lista de nombres que podían sustituir a Esther Peña como portavoz orgánica del partido. Sin embargo, no se produjo tal modificación y el cónclave socialista culminó con el nombramiento de la edil en el Ayuntamiento de Madrid como secretaria de Política Económica, Transformación, Emprendimiento y Cambio Social.
Montse Mínguez tiene 49 años y es una figura destacada del PSC, muy cercana al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Desde 2019, representa a Lleida como diputada en el Congreso y forma parte de la ejecutiva federal socialista desde 2021, donde lidera la Secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rovira i Virgili en 1999 y, más tarde, obtuvo un máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión en la Universidad de Lérida en 2013.
Su carrera política comenzó en el ámbito municipal, cuando fue elegida concejala en el Ayuntamiento de Lleida en 2003. Dos años después, ascendió a segunda teniente de alcalde bajo la alcaldía de Àngel Ros, y más tarde se convirtió en primera teniente de alcalde tras la dimisión de Ros, continuando en este cargo con Félix Larrosa como nuevo alcalde.
Desde 2019, Mínguez ocupa un escaño como diputada por Lleida en el Congreso de los Diputados, y en esta última legislatura fue designada secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, trabajando estrechamente con Patxi López, el portavoz del partido. Además, fue una de las cuatro personas seleccionadas por Pedro Sánchez para asumir la Secretaría de Organización de forma colegiada e interina tras la salida de Santos Cerdán.
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Asimismo, Feijóo hará una reestructuración de las vicesecretarías. Por ejemplo, habrá una de Educación e Igualdad que dirigirá el diputado nacional Jaime de los Santos y otra de Política Social, en la que integra Sanidad, que volverá a dirigir Carmen Fúnez. Así, queda la incógnita sobre si mantendrá a Ana Alós, que ahora dirige la Vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, así como otros cambios que desvelará durante en congreso nacional.
Mientras el PP exhibe músculo interno y abre debates propositivos, el PSOE reunirá el sábado a su Comité Federal para hacer cambios y elegir al sustituto de Santos Cerdán, que fue encarcelado sin fianza el pasado lunes por supuestos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Así, los populares buscarán contraponer su congreso, «que mostrará un partido unido, con ideas, con proyectos y con ganas de llegar al Gobierno para reformar a España», con el PSOE, «en la misma sede de Ferraz que registró la Guardia Civil hace escasos días, de un partido en descomposición donde no se fían unos de otros», argumenta la futura portavoz parlamentaria.
Durante las noches del fin de semana, se notará un mayor alivio térmico en el interior de la mitad norte, con mínimas por debajo de los 18-20 grados. Sin embargo, en el centro, sur y litoral mediterráneo, seguirán las noches tropicales, e incluso algunas tórridas en puntos del sureste.
El domingo la actividad tormentosa se reforzará, previsiblemente, en el nordeste peninsular, con chubascos de lluvia y granizo fuertes por la tarde descargando en muchas zonas, sobre todo del norte. Las temperaturas repuntarán en el suroeste de la Península y bajarán por el sur de Galicia, la costa cántabra y vasca y en esas zonas del nordeste donde se cebarán las tormentas.
La fecha marcada en el calendario socialista era la de este sábado 5 de julio, día en el que tendrá lugar la celebración del Comité Federal. De ahí se esperaba que emanasen los nuevos nombres propuestos para la sucesión de Santos Cerdán al frente de la secretaría de Organización y otras variaciones con las que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere capear la crisis de confianza. Para conocer las medidas habrá que esperar unas horas, pero los perfiles ya han sido confirmados por Ferraz. Rebeca Torró Soler es la que se ha llevado el gato al agua.
Valenciana de nacimiento, Torró es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Su carrera política comenzó en 2007 como concejala de los socialistas valencianos (PSPV) en Ontiyent, ciudad de la que es nativa. Cuatro años más tarde, con la consecución de la alcaldía de Jorge Rodríguez, la nueva secretaria de Organización del PSOE accedería al Gobierno municipal, en el que se desempeñaría como portavoz hasta 2019.
Sin embargo, no sería hasta 2016 cuando daría su gran salto, de la mano del expresident Ximo Puig. Durante el primer Gobierno del Botànic sería nombrada directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, cargo que abandonaría dos años después para ocupar el escaño de la Diputación Valenciana y la vicepresidencia segunda, que dejó desierto su antiguo compañero y alcalde de Ontiyent, quien posteriormente abandonó el partido. En 2019, Torró le plantó cara en las elecciones municipales, pero perdió a manos de Rodríguez.
Tras una derrota amarga, fue recuperada por Puig para la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo. En 2022 dio un paso más en su resurgimiento, pasando a ocupar el puesto que dejaba desierto Arcadi España, como consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible. Además, ocupó la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts durante la segunda mitad de 2023.
Tras las elecciones municipales de ese mismo, fue electa como diputada del Parlamento valenciano, aunque el PSPV cayó derrotado, quedando fuera del Gobierno y reduciendo el Botànic a un recuerdo. A finales de 2024, Torró desembarcaría en la política nacional al ser nombrada secretaria de Estado de Industria, a las órdenes del ministro Jordi Hereu. Ahora, Torró ha recibido la llamada de Sánchez y deberá asumir la mayor responsabilidad interna de su carrera política.
El nombre de Torró no ha sido el único anunciado por la cúpula socialista. Si bien la secretaria de Industria será la cabeza de la cúspide, estará acompaña de otras tres personas en Organización. Para volver a evitar equivocaciones como las producidas con Santos Cerdán o José Luis Ábalos, desde Ferraz se deslizó que la intención de Sánchez era diluir el amplio poder de la gestión interna en diferentes manos, evitando que una sola persona campe a sus anchas, aúne mucho poder y pueda operar a espaldas de cualquier control.
Y así se ha hecho. A Torró le acompañaran otras tres personas que estarán adjuntas a Organización y, además, tendrán labores concretas. Anabel Mateos Sánchez, quien fuera diputada por Almería y se encarga actualmente de la Secretaría de Municipios del Litoral en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ocupará el cargo de adjunta a Organización y secretaria de Coordinación Territorial.
A esta se suma también Francisco Salazar Rodríguez, afiliado al PSOE desde 1992, secretario de Acción Electoral desde 2017 y diputado nacional por Sevilla en las dos últimas legislaturas. Anteriormente ya ocupó cargos de relevancia interna y ahora será adjunto a Organización y secretario de Análisis y Acción Electoral. El último adjunto y secretario de Transparencia y Acción Democrática será Borja Cabezón, que ya se encontraba en la gestora que fue designada para llevar Organización hasta la nueva constitución.
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Algunas señales ya apuntan a un daño reputacional en marcha. En declaraciones a RNE, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que empresarios del sector le han trasladado que se están cancelando reservas en plena temporada estival. Ello debido a «la incertidumbre que está generando uno de los medios de entrada a Andalucía, que es el ferrocarril, muy usado», ha concretado.
Por su parte, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, también ha subrayado que el «caos ferroviario» está provocando un «daño reputacional y económico» para la comunidad con «cambios de destino» por parte de los viajeros. «Hay personas que están cambiando de destino porque el tren no funciona», ha afirmado, según les ha llegado a través de «comentarios de afectados y de empresarios».
«Imágenes de gente parada en mitad del campo y con problemas y ataques de ansiedad por no haber aire acondicionado en plena ola de calor y en pleno inicio de periodo vacacional, desde luego, no es la mejor imagen para una tierra eminentemente turística«, ha concluido.
Fuentes del aeropuerto madrileño han explicado a 20minutos que en plena hora punta de la mañana, hacia las 11.00 horas, que es cuando hay más vuelos de largo recorrido, «la mitad de los puestos de control de pasaportes estaban vacíos»: «Esto ha originado 60 minutos de media de espera para pasar el control».
Según las citadas fuentes, ocho de los 16 puestos de control de la T4 estaban vacíos a esa hora y la Policía Nacional ha tenido que reforzar el número de agentes, llegando a operar al 100% hacia el mediodía. Ahora bien, esta información ha sido desmentida horas después por el Ministerio del Interior al asegurar que no había falta de efectivos.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que las 16 cabinas del control de pasaportes estaban operativas con dos agentes en cada una, es decir, estaban trabajando más de 30 policías. Interior insiste en que las colas no se debían a un bajo número de efectivos, sino que lo achaca a una aglomeración de pasaje por acumulación de vuelos, sobre todo procedentes de fuera del espacio Schengen como Reino Unido.
Asimismo, Jupol niega que la mitad de los puestos de control de pasaportes estuvieran vacíos este miércoles y responsabiliza del colapso a Aena por «programar hasta 20 vuelos en una hora», una cifra que considera «inasumible» aunque los puestos de control estén trabajando al 100%.
«Ahora mismo tenemos a 1.200 agentes de Policía Nacional en Barajas y 500 de ellos están destinados al control de pasaportes, pero para asumir el enorme volumen de pasajeros que está llegando harían falta 30.000 agentes. Es absolutamente inasumible», explican desde Jupol. Recuerdan, además, que este lunes «llegaron 250 nuevos agentes de refuerzo» a Barajas para asumir el mayor volumen de tráfico aéreo previsto estos días.
El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha sido muy crítico con la situación vivida este miércoles en Barajas: «Cientos de usuarios desesperados, muchos de ellos en tránsito, han perdido sus vuelos y viven con frustración un espectáculo caótico impropio de un aeropuerto internacional de primer nivel».
Molas ha considerado que «no es un fallo puntual ni una circunstancia imprevisible, sino una negligencia reiterada por parte del Ministerio del Interior».
Lo cierto es que este problema ya se generó en otros años precedentes, coincidiendo también con las vacaciones de verano, lo que motivó las quejas desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y compañías aéreas, así como de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. De hecho, la ALA ha instando este miércoles al Gobierno a que subsane el problema «cuanto antes».
La asociación ha lamentado que esta situación se produzca en pleno arranque de la temporada alta y, por ello, ha pedido dotar de «suficientes efectivos» los controles de pasaportes en Barajas y en el resto de aeropuertos para evitar demoras de este tipo. A su juicio, este problema causa «un gran perjuicio» a pasajeros y aerolíneas, así como a «la imagen y al turismo» del país.
La relación entre los socios del Gobierno pasa por uno de los momentos más bajos de la legislatura a raíz del escándalo de Santos Cerdán. Este miércoles, PSOE y Sumar se reunieron a petición de la coalición que lidera Yolanda Díaz para analizar la respuesta que debe ofrecer el Ejecutivo a un caso de corrupción que ha puesto en jaque la continuidad de la legislatura. Y, tras un encuentro de dos horas y media, Sumar se mostró muy duro con los socialistas: no solo aseguró que no se habían «producido avances», sino que también alertó de que «el PSOE no es consciente de la gravedad de la situación» ni de «la urgencia que tenemos de tomar medidas».
Quien expresó ese contundente análisis fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que como portavoz oficioso de la coalición compareció acompañado de representantes de todos los partidos que componen Sumar. Urtasun comenzó su intervención alertando de que la coalición considera «grave» la «situación que atraviesa el país» a raíz del encarcelamiento de Santos Cerdán, y exigió al PSOE poner en marcha un plan de choque con dos bloques: uno de medidas contra la corrupción y otro que incluya «una agenda social» que haga sentir a los votantes progresistas que «la legislatura vale la pena».
«Hemos trasladado a nuestro socio de Gobierno una hoja de ruta muy clara para evitar que la legislatura embarranque», pero «la reunión no ha producido avances, parece que el PSOE no es consciente de la gravedad de la situación ni es consciente de la urgencia que tenemos de tomar medidas», lamentó el ministro de Cultura. Urtasun coincidió con los socialistas al asegurar que la intención de todo el Ejecutivo es la de agotar la legislatura y que no haya elecciones hasta dentro de dos años, pero también espetó a los socialistas que, «para llegar a 2027, el PSOE tiene que moverse», puesto que no le va a valer con «inmovilismo y maquillaje». «Ese supone el mayor riesgo» de que la legislatura colapse, advirtió.
Los representantes de Sumar en la reunión entregaron a los del PSOE (los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas) un documento con sus propuesta tanto en materia de lucha contra la corrupción como en asuntos sociales. Por ello, Urtasun aseguró que «ahora la pelota está en el tejado» de los socialistas y que Sumar «ha señalado el camino» a seguir, aunque evitó responder a la pregunta de si la formación se plantearía salir del Gobierno si el PSOE siguiera sin asumir sus propuestas y sin dar una respuesta al escándalo de corrupción que Sumar considere satisfactoria.
Por su parte, la coordinadora de Movimiento Sumar —el pequeño sector de la vicepresidenta Díaz dentro de la coalición—, Lara Hernández, llegó incluso a asegurar durante la rueda de prensa que Sumar quiere pactar con el presidente Pedro Sánchez el contenido de su comparecencia del próximo día 9 ante el Congreso, una posibilidad que rechazan otros sectores de la alianza. Hernández, asimismo, tachó de «muy insatisfactoria» la reunión con el PSOE y avisó de que el Gobierno se está «jugando su futuro en las decisiones que tome». «No vamos a permitir que se tire por la alcantarilla por la corrupción el capital político acumulado en estos cinco años», espetó.
Igual de duro se mostró el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien calificó al PSOE como «completamente desnortado» y «desorientado» ante el estallido del escándalo de Cerdán. «Están en shock, pero nuestra obligación como parte del Gobierno» es presionar a los socialistas para poner en marcha medidas anticorrupción, planteó Santiago, que exigió al PSOE que ponga sobre la mesa y explique públicamente toda la información sobre las repercusiones de la presunta corrupción de su ex número tres, así como que devuelva el dinero robado si finalmente se prueba este desfalco.