El acuerdo de Gobierno en Extremadura entre el Partido Popular y Vox ha traído consigo diferentes consecuencias, entre ellas, el claro divorcio de los de Alberto Núñez Feijóo con las líneas más humanitarias de la Iglesia Católica en materia migratoria. Dentro de la rúbrica que ha servido para investir a María Guardiola de nuevo como presidenta de la Junta de Extremadura, ambas formaciones han estado de acuerdo en que Vox, además de la vicepresidencia, se haga cargo de la Consejería de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, una derrota en toda regla para Génova en este sentido, que se pliega a las tesis xenófobas de la ultraderecha, ya reprimida anteriormente por la institución religiosa con una frase muy contundente: «Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano«.
Uno de los principios que rigen todo el acuerdo de PP y Vox en Extremadura es el de «prioridad nacional«, con el que el PP se adscribe a las pretensiones xenófobas de Vox y aceptan su rechazo categórico a la inmigración. Uno de los apartados en el que lo emplean es en el de la vivienda, en el que ambos partidos acuerdan un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social basado en este mantra, dando prioridad a quienes mantengan un arraigo «real, duradero y verificable». Las dos formaciones también se comprometen a construir al menos 3.500 viviendas protegidas antes de que acabe la legislatura, y a reformar la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (LOTUS).
Del mismo modo, en el texto también hay un apartado expreso llamado «Seguridad, Libertad y Proridad Nacional«, que aborda también varios de los campos de batalla de la ultraderecha a los que el PP se rinde. Por ejemplo, el de las subvenciones, que proponen basar en este principio con un periodo mínimo de arraigo para acceder a ayudas y prestaciones públicas. Además, PP y Vox acuerdan facilitar los desalojos exprés para combatir la «ocupación ilegal» y mayor defensa jurídica a las «víctimas». Pero donde se aprecia una de las mayores muestras del cómo el PP ha cedido ante la ultraderecha es en el apartado del acuerdo que habla explícitamente de inmigración. Guardiola se compromete a adoptar desde el primer día una posición de rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central, y aparecen bajo su firma, abiertamente, expresiones como «menas» para referirse a los menores extranjeros no acompañados, comprando todo el relato y el marco discursivo de la extrema derecha. Sobre ellos, Vox obliga al PP a rechazar el reparto de inmigrantes «ilegales», tanto adultos como menores, al que Extremadura está obligada.
«Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano»
Con esta adscripción del PP a las tesis de la extrema derecha occidental, los inmigrantes pasan a ser enemigos legales del Gobierno extremeño, y muestra cuál será una posible reproducción a gran escala si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa de la mano de Santiago Abascal. A partir de ahora, en Extremadura, los migrantes podrán disfrutar de «prestaciones y servicios sociales estructurales” únicamente si se encuentran en situación de urgencia vital, es decir, muriéndose. Tampoco tendrán la posibilidad de beneficiarse de los recursos públicos en igualdad de condiciones, ni siquiera los residentes extranjeros legales, dado que pasará a imperar el «principio de prioridad nacional» mencionado anteriormente para todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Actuaciones que, aparte de claramente xenófobas, son ilegales, pues contravienen el artículo 14 de la ley de Extranjería. «Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles«, recoge dicho artículo. En consecuencia, priorizar a los nacionales contraviene una ley orgánica, además de la normativa europea.
Estos posicionamientos ya fueron rechazados abiertamente por la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Española chocó frontalmente con Vox por sus posturas xenófobas hasta desembocar en una situación poco habitual en la política española, en la que varios obispos respondieron de manera pública a las críticas de la formación ultraderechista y cuestionaron abiertamente su discurso sobre inmigración y valores cristianos.
El conflicto comenzó a intensificarse el pasado verano, cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, cargó contra los obispos por respaldar a la comunidad musulmana de Jumilla y por su defensa de la acogida a migrantes en situación irregular. Aquellas declaraciones abrieron una brecha entre el partido ultra y una parte del episcopado español que, tradicionalmente, había optado por la discreción en la confrontación política. Sin embargo, algunos prelados decidieron romper ese silencio. Uno de los primeros fue Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que lanzó una crítica directa al discurso xenófobo. «Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano», afirmó en una entrevista concedida a la emisora Catalunya Ràdio.
No fue el único, y la tensión aumentó a comienzos de año, cuando el Gobierno impulsó un plan para activar una regularización extraordinaria de inmigrantes y la Conferencia Episcopal Española expresó su respaldo a la iniciativa. La reacción de Vox fue inmediata. Desde el partido se multiplicaron los mensajes en redes sociales cuestionando la postura de la Iglesia y acusando a parte de la jerarquía eclesiástica de favorecer políticas migratorias que, a su juicio, perjudican a España. Algunos dirigentes de la formación fueron más allá. Un miembro de su dirección llegó a escribir en la red social X – antes Twitter – que «la oligarquía al completo odia al pueblo español», mientras que Abascal acusó a determinados obispos de «hacer negocio con la inmigración». Un debate sobre el que llegó a pronunciarse el Papa Francisco, que trasladó a los obispos españoles su preocupación por el auge de grupos de ultraderecha que, a su juicio, tratan de instrumentalizar a la Iglesia. Aunque en esa conversación no mencionó explícitamente a Vox, varias fuentes episcopales interpretaron que la advertencia apuntaba directamente al discurso político del partido.
Así las cosas, si el PP se adscribe definitivamente a las tesis xenófobas de la extrema derecha, como parece haber hecho con el acuerdo en Extremadura, estará entrando en confrontación directa con las visiones de la Iglesia Católica al respecto. Una situación, a su vez, paradójica, teniendo en cuenta que ambas formaciones pugnan por decirse de sí mismas el partido del voto católico en España.
La importancia del voto católico
La religión ha sido, históricamente, un filón a explotar para la política. El voto católico es una de las grandes batallas que libran el Partido Popular y Vox, en una batalla de fondo por ver quién se gana el apoyo de este sector de la población, cada vez más escorado a la derecha. ‘Populares’ y ultraderechistas pugnan por decirse de sí mismos los mayores defensores del catolicismo y de sus símbolos, y los motivos y contradicciones alrededor de esta batalla pueden someterse a examen.
El porcentaje de personas religiosas ha disminuido significativamente en España. Según un informe de Pew Research Center, España registra, de hecho, la mayor pérdida neta de cristianos en Europa en proporción a la población en la última década: un 87% de los encuestados fueron educados en el cristianismo, pero solo el 54% sigue identificándose como cristiano, una disminución del 33% de la población adulta en términos de identidad cristiana. De acuerdo a estos datos, podría parecer absurdo que cualquier partido político se lanzase a por el voto de un sector sociológico en decrecimiento, pero es ahí donde entra otro componente crucial de la política de nuestro tiempo: la batalla cultural. El catolicismo se ha convertido en un elemento clave de la expresión identitaria del conservadurismo, por lo que ha ganado mucho peso en el debate político. La derechización de los discursos y el impulso de los valores conservadores en los mismos han vuelto a darle a la religión un rol importante en el tablero de juego, por lo que conquistar este espacio es una victoria, especialmente para los partidos de derecha. Quien consiga canonizarse como el partido del voto católico tendrá buena parte de la batalla cultural de este sector político ganada.
En la izquierda, por contra, no solamente hay menos católicos, sino que además decrecen a mayor velocidad. Datos del CIS revelan que desde 2020, el PSOE ha visto caer en más de un tercio el porcentaje de sus votantes que se declaran católicos, mientras que los partidos a su izquierda han perdido una cuarta parte. Comparado con la derecha, es sangrante: solo una décima parte. 2025, además, ha sido el año en el que ha crecido el porcentaje de católicos tanto del PP como de Vox. De estos datos, se desprende que la intención de voto de los católicos se ha derechizado: un 26,8% prevé dar su apoyo al PP, un 16,8% al PSOE, un 15,9% a Vox, un 2,1% a Sumar y un 0,4% a Podemos, con datos del último CIS. En la derecha, la intención de voto entre los católicos es superior a la intención de voto en el total de la población. En la izquierda ocurre justo al contrario.
En España ocurrió un fenómeno clave tras la salida del nacionalcatolicismo, como fue la separación entre las esferas política y religiosa. La secularización era un «signo de modernidad» del que también se autoabanderaba la derecha, lo que provocó que los discursos religiosos desaparecieran radicalmente del plano político. Pero todo vuelve: en 2005, el PP se unió con los obispos para luchar contra el matrimonio igualitario, y Vox coge el timón en la actualidad con discursos especialmente duros contra el aborto y contra las religiones no cristianas. La posición de la que parten los de Santiago Abascal es la de un discurso que vincula nación y religión, rechaza frontalmente otras religiones, demoniza al inmigrante y tontea con las teorías de extrema derecha del gran reemplazo. En toda esta amalgama de posicionamientos donde la religión cristiana juega un papel central, la columna vertebral es un profuso conservadurismo. El rechazo al inmigrante se está convirtiendo en uno de los puntos centrales de estos discursos, en los que el Partido Popular parece estar cada vez más cómodo, ya sea por necesidad de superviviencia política o por convicción.
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