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La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a quedar envuelta en la incertidumbre después de que Teherán haya desmentido nuevamente las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que ambas partes estaban a punto de rubricar un pacto que pondría fin a meses de tensión militar y diplomática en Oriente Medio. Lejos de confirmar el optimismo exhibido desde Washington, las autoridades iraníes han insistido en que todavía no existe ninguna decisión definitiva y que persisten importantes desacuerdos en cuestiones consideradas estratégicas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que “no se ha tomado ninguna decisión final” sobre el eventual acuerdo y subrayó que las especulaciones sobre una firma inminente son prematuras. Según explicó, aunque una parte importante de los textos negociados está ya consensuada, continúan existiendo diferencias relevantes que impiden dar por cerrado el proceso.

Las declaraciones llegan apenas unas horas después de que Trump anunciara públicamente que un pacto de paz estaba prácticamente listo y que incluso podría firmarse en los próximos días. El mandatario estadounidense sostuvo que el acuerdo cuenta con el respaldo de los principales actores implicados y presentó el entendimiento como un éxito diplomático capaz de estabilizar la región y reabrir completamente el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la reacción iraní ha vuelto a enfriar las expectativas. No es la primera vez que ocurre. Durante las últimas semanas, Teherán ya había rechazado en varias ocasiones los anuncios realizados por Trump acerca de una supuesta inminencia del acuerdo, acusando a Washington de lanzar mensajes contradictorios y de modificar constantemente sus posiciones en la mesa de negociación.

Teherán denuncia cambios constantes en la postura de Washington

Desde el Gobierno iraní consideran que uno de los principales obstáculos para culminar las conversaciones es precisamente la falta de una línea clara por parte de la Administración estadounidense. Baghaei señaló que Washington ha alterado repetidamente algunas de sus exigencias durante el proceso negociador, una circunstancia que dificulta alcanzar compromisos definitivos.

La cuestión de las sanciones económicas sigue siendo uno de los puntos más sensibles. Irán exige garantías sobre el levantamiento efectivo de las restricciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos, mientras que también reclama claridad sobre el acceso a activos congelados en el extranjero. A ello se suman las discrepancias sobre la gestión futura del estrecho de Ormuz y sobre los mecanismos que deberían supervisar cualquier eventual entendimiento.

Fuentes diplomáticas citadas por diversos medios internacionales apuntan a que existe un borrador avanzado que contempla la ampliación de los actuales compromisos de alto el fuego y una hoja de ruta para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el propio diseño de ese documento estaría aún pendiente de cuestiones esenciales, lo que explica la cautela mostrada por Teherán frente al entusiasmo expresado por Trump.

La distancia entre ambos relatos refleja además una batalla política paralela. Mientras la Casa Blanca intenta proyectar una imagen de éxito diplomático en un momento delicado para la política exterior estadounidense, el régimen iraní evita aparecer como un actor que cede ante la presión de Washington sin haber obtenido contrapartidas suficientes.

Trump busca exhibir un triunfo diplomático en plena presión interna

El nuevo desmentido supone un revés para Trump, que en los últimos días ha insistido reiteradamente en que las negociaciones avanzan hacia una resolución positiva. El presidente llegó incluso a paralizar operaciones militares previstas contra objetivos iraníes alegando que las conversaciones estaban suficientemente avanzadas como para dar una oportunidad a la diplomacia.

La apuesta por un acuerdo responde también a factores internos. La prolongación de la crisis ha tenido consecuencias económicas, especialmente en los mercados energéticos, mientras que la opinión pública estadounidense muestra signos crecientes de cansancio ante una escalada militar prolongada en Oriente Medio. Diversos analistas consideran que Trump necesita exhibir resultados tangibles para reforzar su posición política.

Pese a ello, los acontecimientos de las últimas horas evidencian que el camino hacia un entendimiento definitivo continúa plagado de obstáculos. La propia diplomacia iraní insiste en que no aceptará acuerdos que vulneren sus “líneas rojas” y recalca que cualquier decisión deberá responder a los intereses estratégicos de la República Islámica.

Los últimos escándalos que han salpicado al entorno socialista están teniendo ya un reflejo claro en la opinión pública. Así lo muestran los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que evidencian un repunte de la preocupación por la corrupción tras las informaciones relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el denominado caso Leire Díez, así como las novedades que están en relación al juicio a la ‘Operación Kitchen’, las investigaciones en torno al presunto fraude a Hacienda del novio de de Ayuso y el paso por los tribunales de la ‘Operación Púnica’.

Eso sí, la imputación de Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias y la investigación sobre una supuesta trama para interferir en procesos judiciales, en la que figura Leire Díez, han irrumpido con fuerza en la agenda política y está influyendo de manera significativa en el electorado socialista. El impacto demoscópico no ha tardado en llegar. Según el CIS, el PSOE registra una caída cercana a los cinco puntos en estimación de voto respecto al anterior barómetro, elaborado antes de que ambos asuntos monopolizaran el debate público.

Uno de los datos más significativos es el aumento de la preocupación por la corrupción entre los propios votantes socialistas. Entre quienes respaldaron al PSOE en las elecciones generales de 2023, el porcentaje que considera que «la corrupción y el fraude» se encuentran entre los tres principales problemas del país ha pasado del 5,9% al 16,5% en apenas un mes, prácticamente triplicándose.

Aunque quienes dieron su apoyo a los partidos de derecha continúan siendo quienes perciben con mayor intensidad la gravedad de estos casos, los expertos destacan que el cambio más relevante se produce precisamente entre la base electoral socialista. Víctor Pérez Guzmán, director del centro de investigación Ateneo del Dato, indica a El País que el electorado del PSOE es el que se está sintiendo más directamente interpelado por estas informaciones. De hecho, según un estudio que prepara esta entidad, uno de cada tres votantes socialistas considera actualmente que el PSOE es el partido más afectado por la corrupción.

La inquietud también crece entre quienes apoyaron a Sumar en 2023, aunque en menor medida. En el conjunto de la población, la corrupción escala posiciones entre las preocupaciones ciudadanas. Si en mayo era el décimo problema más citado, ahora se sitúa como el cuarto. El porcentaje de españoles que la mencionan entre los tres principales problemas del país se ha duplicado, pasando del 9,1% al 18,4%.

Este contexto también afecta a la imagen del presidente del Gobierno. La valoración media de Pedro Sánchez desciende de 4,59 a 4,21 puntos, mientras que el porcentaje de ciudadanos que afirman tener «mucha» o «bastante confianza» en él cae del 35,8% al 31,1%. Aun así, el líder socialista mantiene ventaja sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tanto en valoración como en confianza.

Entre los propios votantes del PSOE también se aprecia desgaste. La confianza en Sánchez baja del 70% al 62,9%, mientras que quienes lo prefieren como presidente del Gobierno pasan del 29,4% al 25%.

Pese al retroceso, los datos sugieren que el impacto de los casos Zapatero y Leire Díez es inferior al que provocó hace un año el informe de la UCO que vinculó al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con una presunta trama de comisiones ilegales. Sin embargo, los analistas advierten de que la tendencia es preocupante para los socialistas. 

No cesan las hostilidades en Irán. Las armas siguen cargadas y preparadas para disparar, sin abandonar en ningún momento un posición ofensiva. La credibilidad de Trump, en este tema, comienza a verse seriamente cuestionada, ya que mientras sigue asegurando que un acuerdo de paz está muy próximo a alcanzarse, el fuego cruzado, iniciado mayormente por el presidente estadounidense, continúa dándose y siendo un lastre para las negociaciones.

Los bombardeos de Estados Unidos a Irán se han producido en dos noches consecutivas, aumentando su intensidad de una jornada a otra. Como se mencionaba, estos ataques han tenido lugar en plenas negociaciones de paz, provocando una respuesta de los iraníes que no solo han abierto fuego contra 18 emplazamientos de relevancia y con alguna relación con las fuerzas estadounidenses en las bases militares de Ali Al Salem y Ahmad al Haber en Kuwait, y la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin, sino que también advierten que procederán a llevar a cabo un bloqueo absoluto del Estrecho de Ormuz. En este contexto, en el que sigue habiendo una escalada de tensión a pesar de las conversaciones que ambos países mantienen para tratar de poner fin al conflicto, Trump ha amenazado con ordenar un nuevo bomardeo este jueves si Irán no acepta sus condiciones para que esta guerra concluya.

Según expone el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), las operaciones de ataque efectuadas contra Irán en las últimas horas estuvieron dirigidas contra sistemas de defensa antiaérea, infraestructuras de comunicación y emplazamientos de vigilancia que, según han defendido, suponían una amenaza para las tropas estadounidenses y para el tráfico marítimo internacional que atraviesa las aguas del golfo Pérsico.

Mientras tanto, el discurso iraní se ha endurecido todavía más. El comandante de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musaví, ha advertido de que cualquier intento de poner en riesgo el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz tendrá consecuencias devastadoras para toda la región. En paralelo, el Estado Mayor iraní ha reiterado su intención de aplicar un cierre absoluto de este estratégico paso marítimo, por el que transita una parte fundamental del comercio energético mundial.

Todo ello sucede en medio de unas negociaciones de paz que continúan formalmente abiertas, aunque cada vez más debilitadas. Las posiciones siguen muy alejadas y la desconfianza mutua dificulta cualquier acercamiento. Irán exige el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos bloqueados, mientras que la Administración Trump mantiene como condición irrenunciable importantes limitaciones al programa nuclear iraní. Por ahora, los intentos de mediación internacional tampoco han logrado avances significativos, alimentando el temor a que una nueva escalada militar termine por hacer descarrilar definitivamente cualquier posibilidad de acuerdo.

La trayectoria del proyecto Movimiento Sumar vive un nuevo escollo con la crisis abierta en el corazón de la formación, que tiene como protagonista a su coordinadora, Lara Hernández. La madrileña, que quedó como referencia del partido tras la abrupta salida de su fundadora, Yolanda Díaz, esta ahora en el centro de todas las miradas, después de un goteo de salidas que revelan una corriente crítica con su liderazgo, y una investigación abierta contra ella por acoso laboral.

Hernández fue una de las piezas del puzle que desarmó la vicepresidenta segunda cuando anunció su renuncia a ser la líder orgánica de Sumar, en 2024, después de la debacle del partido en las últimas elecciones europeas. Esto la catapultó a la secretaría de Organización del partido, fundado en 2022 tras la ruptura con Podemos, e integrado en la coalición Sumar en 2023 en aquel acto fundacional del madrileño polideportivo Antonio Magariños, junto a Izquierda Unida, Verdes Equo, Compromís o Más Madrid, entre otras siglas.

Menos de un año más tarde, con la marcha de Díaz, se consolidó el ascenso de Hernández a lo más alto de la supuesta referencia de la izquierda alternativa nacional, con su nombramiento como co-coordinadora general de Movimiento Sumar, puesto que asumió de forma íntegra tras la salida del diputado Carlos Martín por problemas de salud. Desde entonces, pese a que los estatutos de la formación recogen que tiene que haber una coordinación paritaria, no se ha abordado la elección de su sustituto.

Desde entonces, Hernández ha sido el rostro de un proyecto absorto en la crisis de liderazgo a la izquierda del PSOE, con una agenda marcada por la reconstrucción orgánica del partido y, en los últimos tiempos, del espacio político, siendo el principal rostro de una de las cuatro patas de ‘Un paso al frente‘, el llamado ‘nuevo Sumar’. Filósofa de formación, profesora de Secundaria de oficio y forjada en los movimientos posteriores al 15-M, la madrileña fue antes dirigente en Izquierda Unida. En el último año, se ha construido un perfil combativo, con un marcado acento en el auge de la ultraderecha, aunque ensombrecido, como casi toda la trayectoria de la coalición, por la tibieza con el PSOE, socio mayoritario del Gobierno del que forman parte.

Hernández fue una de las más duras de la coalición con los socialistas tras el estallido del caso de Santos Cerdán, en junio del año pasado: «Es el momento de que el PSOE se tome en serio lo que es formar parte de un gobierno», dijo en una entrevista en RNE. La coordinadora llegó a pedir «una remodelación estructural y completa del Ejecutivo» que, finalmente, nunca llegó a producirse.

Crisis de liderazgo y denuncia por acoso laboral

Ahora, la coordinadora es la principal señalada de la descomposición de Movimiento Sumar, que se ha consumado este martes con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno. La hasta ahora número dos de la formación señaló directamente a Hernández por su liderazgo, y reveló en su carta de renuncia que hay abierta una investigación interna por acoso laboral, a raíz de una denuncia «interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos». Además, Moreno lanzó otras acusaciones contra la organización, entre ellas «fraude» en el proceso constituyente valenciano.

Su marcha dinamita la imagen de la coordinadora, a menos de un mes de que se tengan que decidir los objetivos y cargos de la formación en su tercera asamblea estatal, que afrontan ahora con más incertidumbre si cabe. El Grupo Coordinador, el órgano más importante del partido, se reúne este jueves para aprobar esa cita, prevista para el próximo 11 de julio, según El País.

La salida de Moreno se suma a un goteo de bajas que vienen drenando Movimiento Sumar desde hace más de un año. Unos días antes se marchó el secretario de Comunicación, David Comas, que reabrió las heridas por las renuncias desde marzo de 2025 de la secretaria de Internacional, María Eugenia Rodríguez Palop, o la portavoz Elizabeth Duval. Fue precisamente la última la que avivó el fuego tras saltar la noticia de Moreno, con un mensaje en X en el que acusó a Hernández de llevar «meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización».

Desde el entorno de la coordinadora niegan todas las acusaciones, que atribuyen a una «operación política» para desprestigiarla. Lo cierto es que su caída en desgracia llega en el momento más crítico para Sumar, después de que Yolanda Díaz anunciara que no será la candidata en las próximas generales. Hernández es la heredera de la corriente de la vicepresidenta, ante la que ahora gana vuelo la candidatura de Verónica Barbero. La portavoz en el Congreso lidera las voces críticas con la actual dirección, y este martes abrió la puerta a dar un paso al frente en la próxima asamblea: «Yo estaré a disposición de mi partido«, aseguró en una entrevista en RNE.

Estados Unidos ha iniciado una amplia operación militar contra objetivos iraníes después de que un helicóptero Apache del Ejército estadounidense fuera derribado en un incidente que Washington atribuye a fuerzas vinculadas a Teherán. La respuesta ordenada por la Casa Blanca ha incluido una primera oleada de ataques aéreos contra instalaciones militares, sistemas de defensa antiaérea y centros logísticos situados en distintos puntos del territorio iraní.

La operación marca un nuevo salto en la tensión entre ambos países y eleva el riesgo de un conflicto regional de mayor envergadura en Oriente Próximo. Según fuentes militares estadounidenses, los bombardeos buscan “degradar la capacidad ofensiva iraní” y enviar un mensaje de disuasión tras un episodio que el Pentágono considera una agresión directa contra efectivos de Estados Unidos.

Las primeras informaciones apuntan a que el helicóptero Apache fue alcanzado durante una misión de vigilancia y apoyo en una zona estratégica del Golfo. La aeronave se precipitó al suelo tras recibir el impacto de un sistema antiaéreo. Aunque las autoridades estadounidenses no han facilitado inicialmente un balance completo de víctimas, altos cargos de Defensa han confirmado que el incidente provocó bajas entre la tripulación.

La reacción de Washington no se hizo esperar. Apenas unas horas después del derribo, bombarderos, cazas y drones estadounidenses comenzaron a atacar infraestructuras consideradas clave para las capacidades militares iraníes. Entre los objetivos figuran radares, depósitos de armamento y centros de mando vinculados a la Guardia Revolucionaria.

Trump promete una respuesta “contundente”

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump defendió la operación militar y aseguró que Estados Unidos no permitirá ataques contra sus fuerzas sin consecuencias.

“Quienes atacan a nuestros soldados deben saber que responderemos con toda nuestra fuerza”, afirmó el mandatario en una breve comparecencia. Trump sostuvo que la acción militar busca proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región y evitar nuevos ataques contra intereses norteamericanos.

El presidente también advirtió a Teherán de que cualquier represalia adicional desencadenará una respuesta todavía más severa. “No buscamos una guerra, pero tampoco vamos a tolerar agresiones”, señaló.

Teherán denuncia una “agresión ilegal”

Las autoridades iraníes han condenado los bombardeos y los han calificado como una violación de su soberanía nacional. Fuentes del Gobierno iraní acusaron a Washington de utilizar el derribo del helicóptero como pretexto para justificar una campaña militar previamente planificada.

Teherán ha prometido responder a cualquier ataque contra su territorio y ha elevado el nivel de alerta de sus fuerzas armadas. La Guardia Revolucionaria aseguró que dispone de capacidad para responder “en el momento y lugar que considere oportunos”.

Los medios estatales iraníes han informado además de daños en varias instalaciones militares, aunque por el momento no existe una evaluación independiente sobre el alcance real de los bombardeos ni sobre el número de víctimas.

Temor a una escalada regional

La nueva crisis ha generado preocupación entre gobiernos occidentales y países de Oriente Próximo, que temen que el enfrentamiento derive en un conflicto de mayores dimensiones. Diversos actores internacionales han pedido contención a ambas partes y han reclamado una reducción inmediata de las hostilidades.

La posibilidad de que grupos aliados de Irán en la región entren en la ecuación preocupa especialmente a las potencias occidentales. Analistas militares advierten de que una escalada prolongada podría afectar a rutas energéticas estratégicas, incrementar la inestabilidad regional y arrastrar a otros países a la confrontación.

Los mercados también han reaccionado con inquietud ante el deterioro de la situación. El precio del petróleo registró fuertes movimientos ante el temor a interrupciones en el suministro energético procedente del Golfo, una de las principales arterias energéticas del planeta.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha pronunciado después de la última dimisión del partido magenta; la de Laura Moreno, secretaria de Organización. Esta salida, la última de una lista de varios nombres, ha dejado en el ojo del huracán a Lara Hernández, actual coordinadora general en funciones.

El responsable republicano en el Parlamento ha reaccionado a este hecho a golpe de tuit: “Yo de lo de Sumar y compañía solo voy a decir que la mejor manera de ‘reventar a la derecha’ es no reventar a otras izquierdas. Por muchas fracturas y ganas de rajar que tengas. Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie).

Yo de lo de Sumar y compañía solo voy a decir que la mejor manera de ‘reventar a la derecha’ es no reventar a otras izquierdas.

Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas.

Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie).

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 10, 2026

 Desde el Movimiento Sumar afloraron las críticas hacia la dirección de Hernández. En su carta al órgano ejecutivo, Moreno situaba su nombre en el centro de las diferencias, señalando que se encuentra abierta una investigación por acoso laboral “interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” que afecta a cinco trabajadores. Asimismo, lanzaba acusaciones, entre ellas de “fraude” en el proceso constituyente valenciano, a la organización.

Además, la exsecretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, quien también dimitió de su cargo hace un tiempo, añadió que Hernández llevaba “meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral” y “acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización”.

En una publicación en redes sociales, Duval señalaba que ella dio un paso a un lado “como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año”. “En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el coordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!”, acentuaba.

Tanto Hernández como el diputado Carlos Martín fueron escogidos como coordinadores del movimiento. Martín también renunció a su puesto en agosto de ese mismo año y, desde entonces, a pesar de que los estatutos recogen que tiene que haber una coordinación paritaria, no se han abordado la elección de un sustituto, dejando solo a Hernández en el cargo.

Con la fecha por fijar para la Asamblea en las próximas semanas, se espera que se materialice una fisura interna entre dos corrientes, la de Hernández y la de Verónica Martínez Barbero, por cuestiones principalmente orgánicas. La portavoz en el Congreso no renuncia definitivamente al liderazgo, pero la decisión, deja claro, debe ser colectiva; con lo que se pone a disposición del partido de Yolanda Díaz.

El Movimiento Sumar ha sufrido una nueva baja en sus filas después de que su secretaria de Organización, Laura Moreno, haya dimitido de su cargo y haya decidido abandonar la formación para regresar a su plaza como profesora de Lengua y Literatura. Esta salida, no obstante, llega después de otras como las de Elizabeth Duval, portavoz y coordinadora de Comunicación, y María Eugenia Rodríguez Palop, secretaria de Internacional, y con el ojo del huracán puesto en Lara Hernández, actual coordinadora general en funciones.

En sustitución de Yolanda Díaz, el movimiento eligió en 2025 dos coordinadores generales, pero desde entonces atraviesa una delicada situación que ha llevado a importantes dimisiones, que a las ya mencionadas hay que sumar la del último secretario de Comunicación, David Comas. Ello motivado, en parte, por el afloramiento de críticas con la actual dirección de Lara Hernández, lo que ha provocado la convocatoria de la tercera asamblea de la formación en tres años.

En su carta al órgano ejecutivo, Moreno se ha despedido con cuestionamientos sobre el papel de Hernández, revelando que hay abierta una investigación interna por acoso laboral “interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” que afecta a cinco trabajadores. Además, ha lanzado acusaciones contra la organización, entre ellas “fraude” en el proceso constituyente valenciano.

Por si estas graves acusaciones de Moreno no fueran poco, la exsecretaria de Comunicación Elizabeth Duval ha añadido leña al fuego, señalando que Lara Hernández “lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización”.

“Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el coordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!”, ha señalado en una publicación en redes sociales. Además, ha instado a Hernández a dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar.

Cabe recordar que Lara Hernández fue elegida en marzo de 2025 junto a diputado Carlos Martín como coordinadores generales del movimiento. Martín dimitió del cargo en agosto de ese mismo año y desde entonces, a pesar de que los estatutos recogen que tiene que haber una coordinación paritaria, no se ha abordado la elección de su sustituto, dejando a Hernández únicamente en el cargo.

Ahora, a falta de que se fije una fecha para esta Asamblea en las próximas semanas, se espera que se materialice una fisura interna entre dos corrientes, la de Hernández y la de Verónica Martínez Barbero, ya no por cuestiones ideológicas sino orgánicas. Aunque la portavoz en el congreso no cerró la puerta a optar por el liderazgo, ha dicho que la decisión debe ser colectiva y que está a disposición del partido.

En los últimos meses la extrema derecha encabezada por Santiago Abascal había venido asfaltando el terreno en cada uno de los territorios que iban a concurrir a elecciones marcando en rojo cuál era la condición sine qua non si los populares querían hacerse con su apoyo en caso de llegar a los Ejecutivos autonómicos. En Castilla y León, Andalucía, Aragón y Extremadura, Vox fijó la ‘prioridad nacional’ como principio indispensable para dar su mano al PP y formar pacto de gobierno y este martes dos episodios han coincidido en el tiempo y han reflejado con más nitidez si cabe la entrega de los de Alberto Núñez Feijóo a la prioridad de la extrema derecha.

Por una parte, este martes 9 de junio el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, ha mantenido su primera reunión con Vox tras los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo. En esta cita, la formación de Moreno Bonilla fue la más votada, pero perdiendo la mayoría absoluta con 53 escaños, lo que volvía a situar en el mapa la exigencia principal de Vox. Con todo ello, y en aras de cerrar un Gobierno de coalición, este martes el Parlamento andaluz ha acogido el encuentro entre Moreno Bonilla y el líder de la extrema derecha en Andalucía, Manuel Gavira, para «abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía».

Según han apuntado fuentes del PP y Vox, tras la reunión que se ha llevado a cabo “en un clima de cordialidad”, ambas partes se han emplazado a «seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo». Un encuentro, no obstante, que se produce a dos días de la sesión de constitución del Parlamento de la XIII legislatura, convocada para este jueves, 11 de junio, a las 12:00 horas.

Una reunión que se ha producido el mismo día y prácticamente a la misma hora que el debate y posterior investidura que han acogido también este martes las Cortes de Castilla y León para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se erija como presidente de la Junta tras alcanzar un acuerdo con la extrema derecha. Durante su discurso de investidura, Mañueco ha asegurado que, desde su formación, aceptan la condición de Vox. “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ‘prioridad nacional’, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios”, ha sostenido, a la vez que ha instado a “acatar escrupolosamente las leyes” y a prescindir de “demagogias interesadas” ante “algo fácil de entender”.

De esta forma, el reelegido como presidente de la Junta de Castilla y León ha relacionado la ‘prioridad nacional’ de Vox con “una vinculación legal, efectiva y estable” en la autonomía, a la vez que ha garantizado “servicios públicos esenciales” y que serán “bien recibidos” los inmigrantes que “quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común”. “Vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal efectiva y estable con Castilla y León”, ha sostenido durante el discurso de investidura.

En línea similares, Mañueco ha proseguido detallando que la ‘prioridad nacional’ se aplicará en función de “tres estrictos criterios”. El primero será “acatando de manera escrupulosa las leyes, la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico en definitiva”. El segundo, “prestar de manera general los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte público”. Por último, Mañueco ha subrayado que entre los requisitos estará el de “excluir cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en la Comunidad”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”, ha matizado.

Con todo ello, las negociaciones en Andalucía 23 días después de las elecciones y el debate de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León confeccionan ya los dos nuevos escenarios sobre los que la extrema derecha podrá echar a andar su prioridad, la de que los españoles sean quienes primero accedan a los servicios públicos.

En el que es el tercer y último día del Papa en la capital, este lunes la carrera de San Jerónimo se ha vestido de gala para acoger un hito histórico, la primera vez que un Pontífice visita el Congreso de los Diputados. Para la ocasión, León XIV ha entonado un discurso ante un hemiciclo abarrotado testigo de esta jornada marcada en rojo en la historia del país y con el que ha lanzado dos mensajes clave que han articulado el debate posterior en las filas de los diferentes grupos parlamentarios: un ‘no’ al aborto y la eutanasia, por una parte, y un ‘sí’ rotundo a la acogida de inmigrantes “conforme a su dignidad”, por otra.

Al término de este alegato, la Cámara Baja se ha fundido en aplausos y entrega al Pontífice por las palabras pronunciadas, un gesto que, no obstante, resulta ciertamente contradictorio en algunas de las filas del Congreso. Poco después de que el Papa abandonara la Cámara, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no solo ha aplaudido con fervor la intervención de León XIV, sino que se ha confesado en completo acuerdo con el discurso del Pontífice. “Yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Desde la A hasta la Z”, ha sostenido el líder de los populares. Un grado completo de concordancia con las afirmaciones del Pontífice que, sin embargo, parece centrarse únicamente en la defensa entonada por León XIV a la vida y la familia como “fundamento natural de la sociedad” y obviar otros aspectos como la llamada del Santo Padre al respeto al inmigrante y al deber de acogida. “La defensa de la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones”, ha señalado Feijóo.

En esta línea, el presidente del PP ha tildado el discurso del Papa como “histórico”. “Con independencia de las creencias y la fe de cada uno, creo que el 100% de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles”, ha sostenido. Asimismo, Feijóo ha puesto de relieve la existencia actual de un “déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit de respeto a las convicciones”, en referencia a las palabras espetadas por León XIV en el hemiciclo.

Ahora bien, entre todas las líneas expuestas por el Papa y pese a la supuesta aprobación de la integridad de su discurso por parte del PP, lo cierto es que el Pontífice ha abordado cuestiones como la inmigración o el rearme, materias sobre las que tanto la derecha como la extrema derecha erigen su principal batalla contra las políticas Gobierno central. Mientras que Feijóo ha asegurado suscribir las palabras de León XIV “de la A a la Z”, el Papa ha apostado también por “ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” para la población migrante. “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, ha defendido en su discurso.

Unas palabras que chocan precisamente con el concepto de prioridad nacional creado por la extrema derecha y al que ya ha cedido el PP en numerosas comunidades autónomas para poder formar gobierno. Frente a ello, el Pontífice ha tildado de “indispensable” que la respuesta al “drama migratorio” sea “coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. “Cuando la respuesta institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana”, ha aseverado León XIV.

Sin embargo, la inmigración no ha sido el único aspecto abordado por el Papa y cuyas palabras al respecto entren en contradicción con las políticas de derecha y extrema derecha. Bajo el telón del contexto internacional, marcado por la escalada bélica tanto en Oriente Medio como en el este de Europa, el Pontífice se ha mostrado contrario a que la vía de las armas sea la elegida para “edificar una paz auténtica y duradera”, y ha rechazado el rearme “como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”. “La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”, ha defendido en su discurso León XIV.

Una postura de nuevo contraria a lo que tanto PP como Vox han defendido en los últimos meses. Mientras que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se han mostrado desde el inicio contrarios a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como reclamaban algunos aliados de la OTAN, el PP de Feijóo y la extrema derecha de Santiago Abascal han vertido numerosas críticas sobre el Ejecutivo central llegando a acusar al Gobierno de aislar a España dentro de la Alianza Atlántica por su negativa a aceptar plenamente ese objetivo.

Al margen de todo ello, el Papa se ha pronunciado también sobre la polarización latente en la sociedad actual, defendiendo la paz como “una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral”. “Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia”, ha agregado. Precisamente, en lo que respecta a esa memoria histórica que ha defendido este lunes el Santo Padre, el PP ha cargado en recurrentes ocasiones sobre la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno central defendiendo que esta norma promueve la confrontación sobre episodios de la historia pasada en lugar de promover la reconciliación o, directamente, eliminando leyes en esta materia al considerar que «parten de una premisa falsa, que la Guerra Civil fue una guerra de buenos contra malos».

Todo ello, por tanto, copa de contradicciones la defensa esgrimida por el presidente de los populares al discurso del Papa, quien ha asegurado suscribir “de la A a la Z” sus palabras, pero parece olvidar que entre estas hay una clara defensa a políticas que ellos mismos, junto con la extrema derecha, han tratado de socavar.

Israel ha lanzado en las últimas horas una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares en el oeste y el centro de Irán, en una respuesta directa al ataque con misiles ejecutado previamente por Teherán contra territorio israelí. La ofensiva supone un nuevo salto en la tensión regional y amenaza con hacer saltar por los aires la frágil tregua alcanzada en abril, que hasta ahora había contenido —aunque no eliminado— el riesgo de una confrontación abierta entre ambas potencias.

Según el Ejército israelí, los ataques se dirigieron contra instalaciones militares iraníes y formaron parte de una operación de represalia por el lanzamiento de misiles balísticos desde Irán. Teherán, por su parte, justificó su ofensiva como respuesta al bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbolá, aliado clave de la República Islámica en la región.

La nueva cadena de ataques comenzó después de que Irán lanzara alrededor de una decena de misiles contra el norte de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que los sistemas antiaéreos interceptaron los proyectiles o que estos cayeron en zonas abiertas, sin causar daños relevantes. Sin embargo, la ofensiva iraní tuvo una fuerte carga simbólica: se trata del primer ataque directo de este tipo desde la tregua de abril, lo que reabre el temor a una guerra regional de consecuencias imprevisibles.

Una tregua al borde del colapso

El intercambio de golpes llega en un momento especialmente delicado. La tregua de abril había rebajado temporalmente la tensión tras meses de enfrentamientos indirectos, ataques cruzados y operaciones militares en varios frentes. Pero el ataque israelí sobre Beirut, con al menos dos muertos y una veintena de heridos, ha vuelto a prender la mecha. Irán considera ese bombardeo una agresión contra su eje regional de aliados, mientras Israel sostiene que actúa para neutralizar amenazas vinculadas a Hezbolá.

La respuesta israelí contra Irán también desafía los llamamientos a la contención realizados desde Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, había pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evitara una escalada mayor, en un contexto de negociaciones sensibles entre Estados Unidos e Irán. Pese a ello, Israel siguió adelante con sus ataques contra territorio iraní.

La situación coloca a la Administración estadounidense en una posición incómoda. Por un lado, Washington mantiene su respaldo estratégico a Israel; por otro, intenta preservar vías diplomáticas con Teherán para evitar que la crisis derive en un conflicto regional de mayor alcance. Trump ha asegurado que los nuevos ataques no impedirán seguir buscando un acuerdo, aunque la realidad sobre el terreno apunta a un deterioro acelerado de cualquier margen de negociación.

El impacto de la escalada ya se deja sentir más allá de Israel e Irán. Varios países de la región han reforzado sus medidas de seguridad aérea, mientras el temor a nuevos ataques ha elevado la alerta en Líbano, Siria, Irak y el golfo Pérsico. La tensión también ha repercutido en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo, que vuelve a reaccionar ante el riesgo de una crisis prolongada en una de las zonas energéticas más sensibles del mundo.

En febrero de 2010, dos años antes de presentar su dimisión, quien entonces ocupaba la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ofreció al actual líder de Vox, Santiago Abascal, el puesto de director de la Agencia de Protección de Datos de la región. Un nombramiento que hizo desplazarse hasta la capital al líder de la extrema derecha, quien, en aquel momento, cosechaba su primera etapa en política como diputado del Partido Popular (PP) en el Parlamento Vasco.

No obstante, a raíz de la salida de María San Gil, peso pesado en el sector más duro del PP vasco especialmente en materia de nacionalismo, y con la llegada de Antonio Basagoiti, Abascal, quien estaba asociado al núcleo de San Gil y de Jaime Mayor Oreja, perdió peso en la nueva estructura del partido. Por ello, y después de quedarse sin representación en el Parlamento Vasco, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien también había mostrado simpatía con el sector de San Gil, le ofreció un nuevo encargo a quien hoy lidera la extrema derecha en España.

La Agencia de Protección de Datos madrileña, cuya dirección se le concedió a Abascal, funcionaba como un organismo público del Gobierno autonómico encargado de velar por el cumplimiento de la normativa referente a la protección de datos. Sin embargo, el nombramiento escogido por Aguirre aireó de manera notable las críticas entre los sectores de la izquierda, especialmente entre el PSOE e Izquierda Unida (IU) y también en las filas de CCOO, quienes advirtieron de que Abascal no reunía experiencia en protección de datos para asumir dicho encargo, y por lo que llegaron a presentar diferentes recursos judiciales.  Además, la ley establecía que para poder acceder a la dirección se debía acreditar una independencia que Abascal, con sus estrechos lazos con el PP en aquel momento y con la Fundación DENAES -creada en 2006 por él mismo-, no tenía.

Pese a todo ello, mientras estuvo en el cargo, el líder actual de Vox percibía un sueldo de 82.491’84 euros, que, con el complemento de productividad que ascendía a 11.363’16 euros, llegaba a embolsar anualmente 93.855 euros. Sin embargo, todo ello llegó a su fin a finales de 2012, cuando estalló la crisis económica en España y la agencia fue suprimida. En aquel momento, en declaraciones a los medios, la expresidenta madrileña defendió: «Se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general«. Unas palabras que, con el tiempo, han envejecido no de la mejor manera posible ya que, tras señalar lo anterior, procedió al cierre de la Agencia de Protección de Datos madrileña, dando la razón con ello a los más críticos.

No obstante, pese a que fue aquí cuando el ‘chiringuito’ de Aguirre a Abascal bajó la persiana, el líder de Vox siguió embolsándose cerca de 90 mil euros en otro puesto. En abril de 2013, fue nombrado director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, una entidad creada en 2001 y dependiente de la Comunidad de Madrid para fomentar las donaciones destinadas a fines sociales. Lo polémico de este nombramiento recayó en que en ningún momento se produjo un concurso público para el puesto, sino que los órganos de gobierno de la fundación designaron directamente a Abascal. Con este puesto, el líder de Vox consiguió un sueldo anual de 82.491’84 euros. Algo que, sin embargo, tendría todavía una duración más breve que en la presidencia de la Agencia de Protección de Datos.

En diciembre de 2013, el patronato ordenó el cierre de la Fundación debido a la supresión de las subvenciones autonómicas reflejado en los presupuestos autonómicos de 2014. Tras ello, Abascal inició de inmediato el proceso para asentar las bases de una nueva formación política que acabaría consolidándose en el partido que hoy lidera, Vox.

La política exterior de Estados Unidos y su marcado carácter intervencionista ya no pilla por sorpresa a nadie. Cuba y Bolivia son dos de los mejores ejemplos recientes de los que se puede hablar para escenificar este fenómeno, con una diferencia clara entre los sentidos de cada uno de ellos. Por un lado, Washington ha intentado, por todos los medios, derrocar al Gobierno cubano mediante presiones, amenazas y un bloqueo que ya se prolonga durante décadas, y por otro, la Casa Blanca ha manifestado su rechazo ante cualquier intento de derrocar el actual Gobierno boliviano, al tiempo que ha anunciado que intensificará su ayuda de emergencia y apoyo a las operaciones logísticas en el país andino. Dos maneras muy distintas de afrontar asuntos parecidos en función de los intereses ideológicos y políticos que primen en cada caso.

«El Departamento de Guerra y la Coalición contra cárteles de las Américas (A3C) rechazan cualquier intento de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Paz en Bolivia», manifestaba el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje publicado en redes. Hegseth reivindicaba la importancia de que La Paz no permita que «se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región«, mientras que defendía que Estados Unidos «está atento» y que seguirá «apoyando a socios de la A3C, como Bolivia, con objeto de garantizar la disuasión de los narcoterroristas de lucrarse con la muerte y destrucción del hemisferio».

Del mismo modo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, charlaba por teléfono este jueves con el jefe del Ejecutivo boliviano para «reafirmar el compromiso inquebrantable» de Estados Unidos de «apoyar la democracia» del país andino y «al Gobierno de Paz en su labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas». En dicho diálogo, el líder de la diplomacia estadounidense argumentaba, de acuerdo con las palabras de su portavoz, que está «intensificando la ayuda de emergencia» y el «apoyo a las operaciones logísticas» en el país a fin de «ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras» que, ha considerado, están «destinados a desestabilizar la sociedad boliviana«.

Este miércoles, el propio Paz se refirió a las protestas que sacuden al país desde hace semanas pidiendo su salida como «la batalla de las batallas». Todo ello, vinculando a las mismas con grupos del narcotráfico a los cuales acusa de «alimentar movilizaciones y acciones en contra de la Constitución». «Esta es la batalla de todas las batallas. O transformamos la patria hacia un destino institucionalizado, sin corrupción y con el narcotráfico acorralado, o vuelve un pasado donde todo vale«, advirtió esta semana.

Cuba, la contraparte

Mientras que la estrategia puesta en marcha desde Washington en Bolivia es la de apoyo al Gobierno, en la intervención en Cuba se encuentra la cara opuesta de la moneda. La Casa Blanca está endureciendo su bloqueo contra la isla y desplegando sanciones contra sus líderes para tensionar a la ciudadanía y justificar, de esta manera, una injerencia en el país isleño. Después de imputar a Raúl Castro por un supuesto delito cometido hace 30 años, sin mayor justificación que la palabra de la justicia estadounidense, la administración de Donald Trump ampliaba en la madrugada de este jueves su lista de sancionados, entre los que se incluye el propio Castro y el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Venezuela fue primero, y ahora, Estados Unidos tiene sus ojos puestos sobre Cuba para perpetrar una operación similar y tomar el control de la isla. El plan de Washington para La Habana sigue el mismo patrón que el empleado en Caracas: presión, amenazas, ultimátums y si todo ello no funciona, paso a la acción fulminante. Con esa hoja de ruta capturó Donald Trump a Nicolás Maduro a principios de este 2026 y es exactamente el mismo modus operandi que está siguiendo en la isla del Caribe, cuya estrategia es clara: desabastecer a la población de alimentos y materias primas a través de un bloqueo criminal, culpar al Gobierno revolucionario de la situación, impulsar (y financiar) una revuelta interna y acometer una intromisión sustentada en la situación generada por la propia Casa Blanca. «El país está muriendo de hambre y no tiene energía, ni petróleo, ni dinero. No tiene nada», decía Trump, allanando el terreno y asegurando que «el país ya se ha venido abajo». «Una vez nos hayamos encargado de Irán, haremos una pequeña parada en Cuba para solucionar la situación», expresaba el republicano.

«Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional». Así respondía La Habana, de la mano de su presidente, Miguel Díaz-Canel, al presidente estadounidense, tras las primeras amenazas hace unas semanas. El dirigente cubano, cuya cabeza está en juego ahora más que nunca, decidió plantarle cara a su homólogo estadounidense hace aproximadamente un mes, momento en el que Washington llevó hasta sus costas uno de los portaaviones más poderosos del Ejército, el USS Abraham Lincoln.

«Estaremos tomando Cuba casi de inmediato, Cuba es lo próximo«, amenazaba el estadounidense hace unas semanas. Algunos interpretaron sus palabras inicialmente como una broma, a vista de lo impredecible que es a veces el republicano, pero el envío del portaaviones, el endurecimiento de las sanciones ya existentes y la respuesta del Ejecutivo cubano despejaban las dudas. Las semanas venideras, no obstante, confirmaron lo inminente: las tensiones han seguido creciendo y la actitud del mandatario estadounidense está siendo calcada a la que tuvo cuando Nicolás Maduro fue depuesto del Gobierno venezolano. Por su parte, las autoridades cubanas insisten en que cualquier ataque contra la isla comportaría, inevitablemente, un riesgo para toda la región.

Cuando el Ministerio de Juventud e Infancia se reúna con los consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, Vox ya tendrá tres representantes en ese cónclave. Los pactos con el Partido Popular en Extremadura, Aragón y Castilla y León (y posiblemente en Andalucía) tras las últimas elecciones han provocado que sean tres los consejeros de la extrema derecha con las competencias en este ramo, lo que significa, por traducción directa, que Vox ya ejerce poder sobre los menores migrantes tras las cesiones de los de Alberto Núñez Feijóo. Los de Abascal han presentado especial énfasis en controlar este departamento, precisamente, por suponer las competencias directas sobre los menores extranjeros no acompañados, cuya distribución por los territorios se trata en esa mesa conjunta. Personas, niños y adolescentes, despreciados por los ultras con el acrónimo MENAs y que son el objetivo de ataques en su discurso antiinmigración.

Cabe recordar cómo se distribuyen las competencias sobre este asunto. Mientras que al Gobierno central le corresponde atender la política migratoria en general, a las comunidades les corresponde la tutela y acogida de los niños y menores extranjeros. En Aragón, Extremadura y Castilla y León, lugares donde se han celebrado elecciones recientemente y los ‘populares’ han tenido que pactar con la extrema derecha para poder gobernar, Vox se ha hecho con estas competencias, en carteras cuyos nombres varían ligeramente.

En verano de 2024, los ultras abandonaron los Gobiernos que compartían con el Partido Popular, precisamente con la excusa de que el PP había aceptado la distribución no obligatoria de los menores extranjeros. Dos años después, los de Abascal retoman el control de las riendas con los nuevos pactos, y ahora se verá, verdaderamente, hasta dónde pueden llegar (y hasta dónde les permite la ley hacerlo). Concretamente en Extremadura, dichas funciones se han subsumido bajo la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; en Aragón, en la de Desregulación, Bienestar y Familia, y en Castilla y León, en la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En las dos primeras, además, ambas corresponden a una vicepresidencia, lo que les otorga aún más peso, y se encargan de ellas los líderes de Vox que han concurrido a las urnas, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, respectivamente.

«La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad», reza, por su parte, el pacto firmado por PP y Vox en Castilla y León, anunciado el miércoles y sobre el que todavía se desconoce lo que ocurrirá con la respectiva Consejería del ramo. Como en Extremadura y en Aragón, los ultras también quieren promover mecanismos de retorno a sus países (aunque las comunidades no tienen competencias para ello) y pretenden reforzar los mecanismos de «verificación de edad» de los menores.

Pruebas forenses a todos los menores extranjeros

Sobre este último punto se ha hablado en Aragón. El miércoles, el vicepresidente Nolasco informaba de que «solicitará pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados que sean enviados forzosamente a Aragón por el Gobierno de España», ante lo que ellos consideran «casos de fraude». El pasado 25 de mayo, el Ejecutivo aragonés expulsó de un centro de acogida a un interno después de que el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) determinase que no tenía 13 años, sino que rondaba los 20, hecho que propició la comunicación de Nolasco.

No obstante, cabe destacar que pese a las reivindicaciones de la extrema derecha, esa clase de pruebas solo las puede ejecutar la Fiscalía y no dependen de la decisión de una comunidad autónoma sin competencias para ello. Cabría la posibilidad, por ejemplo, de que se compraran más dispositivos con ese propósito si así lo deseara la administración autonómica, pero siempre tendrá que ser la Fiscalía quien tome la decisión de realizar o no las pruebas, que además han sido condenadas por organismos internacionales por su imprecisión y por su carácter prejuicioso. Está previsto, por ello, que se reformen a través de un proyecto de ley del Gobierno central, cuya tramitación sigue, por ahora, paralizada. Por otra parte, el Tribunal Supremo reforzó la presunción de minoría de edad en casos de los jóvenes migrantes con identidad discutida, en una sentencia de este 29 de enero.

Sea como fuere, las competencias en este ramo estarán en manos de Vox en estas tres regiones, en lo que supondrá, además de una prueba de fuego para examinar su capacidad normativa, un altavoz en el que hacer sonar sus proclamas xenófobas. El PP, por su parte, también ha ido endureciendo su posición sobre los menores migrantes durante el año, oponiendo una gran resistencia al Gobierno central en la distribución obligatoria de los niños y adolescentes en la Península, con recursos judiciales que han llegado hasta el Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros es la alineación titular de un Gobierno y, junto a los secretarios de Estado, forma parte de la selección nacional. Esta refleja la estrategia y las prioridades del entrenador y da cuenta de su hoja de ruta. En todo gabinete, la plantilla debe estar equilibrada: habrá ministros más técnicos o diplomáticos; más políticos o partidistas; o más aguerridos o mediáticos.

Actualmente, el vicepresidente primero de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Defensa, Margarita Robles; o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pertenecen al primer grupo ―altos funcionarios, juristas o profesionales independientes―.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; o la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pertenecen al segundo grupo ―perfiles institucionales con larga experiencia en el partido―. Sin embargo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, forma parte del tercero. 

Su estrella política “emergió cuando asumió la defensa del Gobierno durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, donde se lió a mamporrazos verbales con la oposición. Eso animó a una parroquia socialista últimamente abocada a recibir golpes”, recuerda el profesor de Comunicación Política de la UPF-BSM, Toni Aira.

“Antes, una figura como Alfonso Guerra ―vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del partido― era muy común”. “Guerra ahorraba al líder un rol de ataque contra los ‘marrulleros’. Es lo que ahora hace un ‘diputado/a jabalí’: “embestir con juegos contundentes y bajar al fango para emitir ataques y mensajes de erosión”. “Aznar tenía a Álvarez Cascos, el llamado ‘general secretario’ del Partido Popular”, añade el autor de ´Mitólogos’.  

Según lo definió Iván Redondo en una entrevista en este diario, Puente es el “centrocampista ‘box to box’ de la Moncloa”. Es decir, un mediocentro tenaz que despliega su físico y calidad a lo largo y ancho del terreno de juego: presiona, vascula, asiste y remata. Incluso, en ocasiones, saca el balón jugado desde campo propio, pese a la coyuntura de la temporada o las dificultades del partido.

“Esa es la función que se le ha encomendado y que él asume bien y parece que con alegría. Lo hace sin el filtro de los medios de comunicación porque busca el link directo con la ciudadanía a través de las redes, donde se siente muy cómodo”, explica el profesor.

Puente, en redes

La actividad de Puente en redes sociales se ha convertido en uno de los fenómenos comunicativos más singulares dentro del Gobierno. El ministro acumula actualmente 306.550 seguidores en X, 48.000 seguidores y 671.100 ‘me gusta’ en TikTok, además de 36.300 seguidores en Instagram, unas cifras que le sitúan entre los miembros del Ejecutivo con mayor capacidad de generar conversación pública.

“Puente representa bastante bien una figura muy contemporánea: el político-troll. Un dirigente que entiende la lógica de internet y que logra ocupar conversación no tanto por el contenido, sino por la fricción. Su comunicación funciona muchas veces como funcionan las redes: interrupción, confrontación, respuesta rápida y generación constante de estímulo”, explica el politólogo, Javier Sánchez González.

En una izquierda acostumbrada durante años a una comunicación defensiva, “Puente aparece como alguien que disfruta el combate político y que además sabe convertirlo en espectáculo digital”. “Sánchez entendió que eso movilizaba emocionalmente a parte de su electorado y que servía para disputar agenda a la derecha en tiempo real”, detalla.

Según el analista internacional, el ministro cumple otra función muy clara dentro del ecosistema de Pedro Sánchez: “la del escudero político”. “Puente no comunica solo para sí mismo, comunica para proteger el núcleo emocional del sanchismo”. 

Tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Puente publicó varios vídeos en defensa de la causa socialista con una lógica muy reconocible: “consolidar la idea de bloque asediado”. “La política ya no se plantea como una discusión entre adversarios, sino como una confrontación entre ‘los nuestros’ y quienes intentan derribarlos”, describe Sánchez.

Pues aquí va el vídeo. Luego que nadie se extrañe de que hablemos de maniobras anti democráticas concertadas. Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación. https://t.co/adFarVHYOT pic.twitter.com/LXhaW56iw3

— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2026

Eso cohesiona muchísimo a la militancia y al votante más fiel. El problema, según Sánchez, es que también radicaliza el tono y estrecha el espacio para hablarle a quien está fuera de esa burbuja emocional. “Porque cuando todo se convierte en combate permanente, el riesgo es acabar comunicando solo para los convencidos”, matiza.

El consultor y analista político, Jordi Sarrión-Carbonell, define a Puente como una figura comunicativamente muy interesante, capaz de combinar su condición de ministro con una estrategia de comunicación marcadamente personal. Según su análisis, Puente proyecta una imagen que trasciende la disciplina habitual de un responsable ministerial: “Si bien es un miembro muy destacado del Gobierno, está intentando ser un poco más ‘outsider’ para prepararse —hipotéticamente— para una etapa post Pedro Sánchez”, señala.

El asesor destaca que “en redes sociales, hace una función de servicio público buenísima y atiende a la gente personalmente”, especialmente en cuestiones relacionadas con infraestructuras, transporte ferroviario o incidencias en la movilidad. Esta cercanía le ha permitido construir una comunidad propia y diferenciarse del tono más institucional.

Su estilo, sin embargo, también genera controversia. Aunque se le reconoce una notable capacidad comunicativa y un sólido respaldo profesional, Sarrión-Carbonell considera que su perfil responde a una estrategia deliberada de diferenciación. “Tiene muy buen equipo de asesoramiento y comunicación, pero prefiere mantener su perfil propio y marcado de político indomable. Ello le permite salirse de los moldes y argumentarios, siendo más auténtico y genuino, pero también tiene riesgos”, explica. Entre esos riesgos figura una gestión complicada de la confrontación pública. “La relación con la crítica no la gestiona bien”, apunta el experto de comunicación y redes sociales.

En el ámbito de las plataformas digitales, los especialistas destacan especialmente su dominio de X, antigua Twitter. “Maneja muy bien Twitter, pero le falta mucha presencia en TikTok y otras redes sociales”, sostiene. Paradójicamente, una de las claves de su éxito reciente ha sido apostar por formatos que contradicen las tendencias dominantes de consumo rápido de contenidos. “En una época de vídeos de un minuto, Puente graba vídeos largos que han tenido un gran impacto mediático y viralidad”, subraya.

La estación de Chamartín abre hoy su vestíbulo de cercanías y está ya a pleno rendimiento. https://t.co/qD74tpie9W pic.twitter.com/a2lv2GTBIY

— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 2, 2026

Su protagonismo también tiene implicaciones políticas dentro del propio Ejecutivo. Por un lado, Sarrión-Carbonell considera que “tiene un perfil que destaca y juega muy bien esa baza”, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del Gobierno. Por otro, advierte de que “su excesivo protagonismo puede eclipsar al presidente Sánchez o generar alguna pequeña crisis”, especialmente en momentos de elevada tensión política.

Esa capacidad de confrontación le ha permitido desempeñar un papel relevante dentro de la coalición progresista. Según el asesor, “hace de pegamento con otros ministros más de la izquierda por su naturaleza combativa”, una característica que le ha convertido en uno de los principales arietes del Gobierno frente a la oposición.

Sin embargo, en los periodos de normalidad política su discurso adquiere un tono más combativo. “En el día a día es más polarizante, profiere exabruptos más fuertes y entra en competición con un Partido Popular más polarizado y ‘ayusista’ en el sentido discursivo: radicalización, línea dura y trumpismo”, concluye.

Comunicación en tiempos de crisis

En conjunto, el ministro ofrece dos versiones comunicativas claramente diferenciadas. “Es un gran comunicador en épocas de crisis pero necesita ordenar su comunicación en el día a día”. Durante situaciones excepcionales, destaca, “está siempre presente, ocupa todos los espacios, rellena los huecos mediáticos, da información a tiempo real, comparece y se moviliza”. 

No obstante, el experto en redes sociales detecta puntos débiles en su estrategia comunicativa, especialmente en la gestión de los problemas cotidianos del transporte ferroviario. “El Cercanías parece el gran olvidado. Creo que ahí hay una crisis de comunicación espectacular porque hay un vector de radicalización en España que se produce cada día en el transporte público y creo que no se le está dando la importancia suficiente”, alerta.

También lo recuerda Sánchez González: “Puente podría proyectar mejor perfil como ministro de gestión de lo que proyecta hoy. De hecho, cuando entra en infraestructuras o gestión técnica suele funcionar bastante mejor. Pero su personaje digital termina muchas veces tapando al ministro real”.

“Hacer oposición a la oposición puede ser útil tácticamente. El problema es cuando absorbe toda tu identidad política. Porque entonces ya no eres relevante por lo que haces, sino por el ruido que generas. Y el ruido constante acaba teniendo un efecto curioso: deja de escucharse”, recalca el politólogo.

El resultado es una figura política que combina gestión, presencia institucional y una intensa actividad digital, capaz de generar apoyos y críticas a partes iguales, pero que ha conseguido convertir las redes sociales en una de las principales herramientas de proyección de su perfil político.

Biografía y trayectoria

Puente (Valladolid, 1968) comenzó a militar en el PSOE con 22 años, en 1990, pero no inició su carrera política hasta 2004, como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial de Jorge Félix Alonso. Así, entre 2017 y 2021, Puente estuvo al frente de la Portavocía de la Ejecutiva Federal del partido. Fue sustituido por Felipe Sicilia en octubre de 2021. 

Licenciado en Derecho y magíster en Dirección Política, llegó a la alcaldía de Valladolid en 2015 gracias al apoyo de ‘Valladolid Toma la Palabra’ y ‘Sí se puede’. Entonces, acabó con dos décadas de gobiernos ‘populares’ de Javier León de la Riva. Y aunque en 2019 reeditó el gobierno local, el Partido Popular y Vox recuperaron el bastón de mando en junio de 2023 tras una campaña electoral agridulce. Sin embargo, le esperaba un futuro inmediato prometedor.

Antes había sido concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valladolid desde 2007, asumiendo el liderazgo del grupo en 2008 y la Secretaría General de la Ejecutiva Municipal del PSOE en 2009. Asimismo, ejerció la abogacía desde 1995 hasta su llegada a la alcaldía vallisoletana.

Como antecedente a la cartera de Transportes, Puente fue representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Foro Local para la Agenda Urbana Española. En la misma FEMP ejerció también de presidente de la Red Española de Ciudades Saludables, entre 2015 y 2019, y como vocal de la Junta de Gobierno después. Asimismo, ha sido vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional.

Vito Zoppellari Quiles ha asegurado en más de una ocasión que no tiene ningún contrato laboral con ningún medio. No ha sido un lapsus. No ha sido un descuido. Lo ha dicho por escrito, en dos tuits, a finales de 2025 y de nuevo hace solo unas cuantas semanas, en mayo de 2026.

Quiles viene apareciendo en vídeos con el micro de Edatv desde comienzos de 2021. Pero su relación con el canal de bulos de Javier Negre no es mediante un contrato laboral. Quiles es autónomo y colabora con Edatv. Esa es su versión. La versión de Quiles. Porque la de Negre es otra.

La denominación social del canal de Negre es Eda TV Consulting desde el 28 de diciembre de 2021. Antes se llamaba Fack News Consulting. Supongo que le cambiaron el nombre porque eso de Fack News se parecía demasiado a Fake News.