«Se nos han colado unos corruptos en casa», «nos han fallado los controles, es verdad», pero «hasta que alguien presente un indicio que diga lo contrario, el PSOE no es un partido corrupto» porque no hay ningún atisbo de financiación ilegal de la formación, al menos en este punto de la investigación, resumen fuentes de la Moncloa. Por ello, afirma el entorno de Sánchez, no es momento de «tirar la toalla», especialmente cuando existen «horas de grabaciones» en las que el presidente Sánchez no aparece, lo que refuerza, consideran estas fuentes, la afirmación de que el líder socialista desconocía las andanzas de Cerdán, Ábalos y Koldo.
El Ejecutivo intenta proyectar, además, la seguridad de que según avancen las pesquisas judiciales, esos indicios de financiación ilegal no se van a encontrar simplemente porque no existen. El PSOE, insisten, no se habría lucrado de las corruptelas de Cerdán, pese a que el juez Leopoldo Puente, en el auto en el que dictó prisión provisional para el exdirigente, estimó que el «botín» total defraudado sería de más de cinco millones de euros y aseguró que eso «refuerza la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado».
El Comité Federal y después el Congreso
A pesar de que la estrategia del Ejecutivo pasa por apretar los dientes y seguir adelante, el PSOE tiene por delante varios hitos en los próximos días que servirán para testar el nivel de apoyos tanto internos como externos con los que sigue contando Sánchez. El próximo sábado, día 5, los socialistas celebrarán una reunión clave de su Comité Federal, el máximo órgano entre congresos del partido. Allí, está previsto que Sánchez elija un nuevo secretario o secretaria de Organización para suplir a Cerdán y también que haga más cambios en la dirección del PSOE, aunque previsiblemente también se enfrentará a voces críticas con su gestión del escándalo, singularmente la del barón castellanomanchego Emiliano García Page.
Superado ese trance, al presidente del Gobierno aún le quedará otra larga sesión de explicaciones, en este caso en el Congreso, donde el miércoles día 9 comparecerá ante una oposición que le reclama insistentemente la dimisión y la convocatoria anticipada de elecciones y unos socios que, como mínimo, exigen mayor contundencia y aclaraciones. Fuentes de la Moncloa aseguran que el Ejecutivo tiene muy claro que debe ser «comprensivo» con sus aliados parlamentarios y que entienden su enfado y la dureza de algunas de sus declaraciones en las últimas semanas.
No obstante, en la Moncloa hay, por ahora, sensación de tranquilidad con respecto a la cohesión de una mayoría parlamentaria que, aunque ha quedado muy golpeada, aún sigue en pie. «Si no tuviéramos la confianza arco parlamentario, [el líder del PP, Alberto Núñez] Feijóo nos presentaría una moción de censura», pero no lo hace porque es consciente de que no cuenta con los apoyos para sacarla adelante, razonan estas fuentes. Este martes volvió a quedar claro ese extremo: aunque el PP cuenta con Vox y UPN para una eventual investidura de Feijóo, ni el PNV ni Junts han querido siquiera sentarse a negociar con los populares para darles los apoyos que les faltan para alcanzar la mayoría.