«Tenemos en marcha un gran proyecto que no vamos a abandonar por unos pocos» que «fueron egoístas» y «les dio igual jugarse la dignidad del Gobierno y el presente y el futuro de España», insistió Sánchez, que se mostró muy crítico con la actitud que ha tenido la oposición en las últimas semanas. «PP y Vox llevan siete años construyendo el relato de que soy un presidente megalómano», que se «aferra» al cargo y que está en el Gobierno para poder utilizar «el Falcon» y vivir en el Palacio de la Moncloa, y si lo hacen, denunció, es «para deshumanizar al adversario y porque creen que este cargo es un privilegio a disfrutar y no una alta responsabilidad a ejercer, porque así es como entienden PP y Vox el poder».
Pese a este retrato pesimista del estado del país que Sánchez denunció que hacen las derechas, el presidente quiso trasladar el mensaje de que «en España no existe impunidad» y tampoco una «corrupción generalizada». «La práctica totalidad de las contrataciones públicas cumplen con la ley, la inmensa mayoría de los servidores públicos trabajan con una integridad intachable, y nuestras empresas compiten con honradez», enumeró el presidente, que sin embargo admitió que «esa integridad no es absoluta» porque «sigue habiendo corruptos y corruptores» entre políticos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los empresarios.
De hecho, Sánchez presumió en su turno de réplica —tras haber recibido durísimas críticas de PP y Vox— de que su Gobierno es «el más limpio de la democracia» junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que evitó recordar la condena a 10 meses de cárcel al exembajador de Venezuela Raúl Morodo por fraude fiscal. En este segundo turno de intervención, Sánchez pasó de un tono sosegado y más neutro para pedir disculpas por la corrupción y presentar su plan de medidas a otro de ataque total al PP.
El presidente cargó expresamente no solo contra el exmandatario José María Aznar, a quien acusó de ser el responsable último de la creación de «la caja B» del PP y de haber liderado un Ejecutivo plagado de personas posteriormente condenadas por corrupción, sino también contra el expresidente socialista Felipe González, de cuyo Gobierno dijo que «hizo grandes cosas por nuestro país», pero «también sufrió el zarpazo de la corrupción» con casos como el de Luis Roldán, el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra o los GAL.
Asimismo, Sánchez acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer gala de una «doble moral» en virtud de la cual el presidente del Gobierno «tenía que saber todo lo que hacía Santos Cerdán a espaldas del partido pero Mariano Rajoy no tenía que saber que los sobres que recibía eran ilegales, o Isabel Díaz Ayuso no tenía por qué saber que vive en un ático a nombre de un testaferro, o usted no tenía por qué saber que veraneaba y salía a navegar con el narcotraficante más famoso de Galicia». «De todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted», espetó Sánchez.
Un plan de 15 medidas
Para poner coto a los episodios de corrupción y «situarnos a la vanguardia de lucha anticorrupción en Europa», Sánchez presentó su plan de 15 medidas, cuya primera iniciativa es la «puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente» que tendrá la misión de centralizar en un solo ente «las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas». Esa oficina, por ejemplo, sería la encargada de establecer «controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato».
Pese a que en el caso Koldo no se han encontrado, al menos por el momento, indicios de financiación ilegal del PSOE, otra de las medidas incluidas en el plan anticorrupción es la «obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes» de sus cuentas. Los partidos podrán perder sus subvenciones públicas si mantienen «en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción». Y, asimismo, la intención del Gobierno es «reducir el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción», con el objetivo de dificultar que grandes empresas puedan financiar a partidos políticos a cambio de adjudicaciones o prebendas.
Precisamente en el ámbito de la contratación, el plan establece la necesidad de modificar las fórmulas de adjudicación y adaptarlas a las que se utilizan para la concesión de los fondos Next Generation de la UE. Sánchez, igualmente, anunció que «se introducirán aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude», así como que se exigirán «sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones».
Otra de las patas del plan anticorrupción es la judicial, un área para la cual Sánchez anunció la creación de «secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia» con «jueces especializados». Asimismo, el plan incluye el «endurecimiento de las penas por delitos contra la administración en el Código Penal» y la «duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales».
Por último, para recuperar el dinero defraudado, Sánchez anunció la creación de la figura del «decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia». El presidente prometió también incrementar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, «encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente».