Galicia es la
comunidad española más afectada desde hace años por los incendios
forestales, también por la oleada de este agosto que está arrasando
los montes de varias comunidades. Pero, paradójicamente, se trata
del territorio con menos superficie incluida en la Red Natura 2000,
el catálogo de la Unión Europea de áreas de conservación de la
biodiversidad que obliga al Estado, a través de las comunidades
autónomas, a declarar figuras de protección legal destinadas a
cuidar los ecosistemas animales y vegetales.
Aunque la directiva
europea que las regula no establece medidas específicas contra los
incendios, sí estipula que las administraciones de cada país
miembro competentes en sus respectivos territorios deben legislar
otras fundamentales para combatirlos: la gestión forestal preventiva
–clareos, cortafuegos y eliminación de biomasa en los bosques–;
las restricciones de usos del fuego en épocas de riesgo; el
mantenimiento y fomento de usos agrícolas y ganaderos tradicionales
que ayuden a reducir la carga de combustible, programas de
reconstrucción tras las catástrofes…
La directiva hábitat
de la UE, aprobada en el año 1992 y que España traspuso a su
legislación interna en 1995, obliga a los estados miembros a
identificar y designar, bajo criterios científicos objetivos, zonas
especiales de conservación (ZEC) de especies animales y vegetales y a proponer lugares de interés comunitario (LIC) –que pueden posteriormente
ser declarados ZEC–, así como zonas de especial protección de las
aves (ZEPA). Esos espacios componen la Red Natura europea, que ya ocupa
alrededor del 18% de todo la superficie de la Unión y más del 28%
de la de España. Según el último listado del Ministerio para la
Transición Ecológica, todas las comunidades autónomas tienen más
del 20% de su extensión bajo ese paraguas, con
Canarias (49%); Madrid (40%) y País Valencià (39%) a la cabeza.
Todas, menos una: Galicia no llega al 13%.
«Hay una absoluta desprotección del territorio porque la Xunta no
lo entiende como un hábitat o un ecosistema, sino como un recurso
que explotar para obtener dinero», sostiene Manoel Santos, zoólogo
y coordinador de movilización de Greenpece Galicia. «No es que la
Red Natura no pueda arder, de hecho arde porque, además, aquí está
mal gestionada y la declaración es más un título nobiliario que
otra cosa. Pero el hecho de que seamos la comunidad del Estado con
menos superficie en ella sí demuestra la relevancia que le da la
Xunta a la protección de la naturaleza», añade.
Expedientes de infracción
Santos recuerda que
la Comisión Europea le ha abierto a España dos expedientes de
infracción no sólo por el reducido porcentaje de territorio que la
Xunta ha incluido en Red Natura, sino porque considera que su plan
director –único para todos los espacios protegidos, con
independencia de sus características particulares– es insuficiente
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección para
los que supuestamente fueron creados.
Con datos
provisionales, y con la ola de incendios todavía en plena actividad, de
las más de 350.000 hectáreas que según el sistema Copernicus –el
programa europeo de observación espacial de la Tierra– han ardido
hasta ahora en los fuegos de las dos últimas semanas en España,
Galicia acumularía cerca de 68.000 hectáreas. Eso la sitúa a la
cabeza de las comunidades más afectadas en relación al total de su
territorio, una posición que ocupa desde hace decenios. Según un
estudio del portal Civio, históricamente ha sido la más dañada por
el fuego: desde 1983 hasta 2016 concentró uno de cada cinco
grandes siniestros ocurridos en el Estado –fueron más de medio
millón en ese período– y cerca de 1,8 millones de hectáreas calcinadas. La
superficie total de Galicia no llega a los 30.000 kilómetros cuadrados. La siguiente en la lista, con 1,3 millones de hectáreas
afectadas por el fuego entre 1983 y 2016 es Castilla y León, que tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados de superficie.
Xabier Vázquez Pumariño, biólogo y ornitólogo y experto en Red Natura, también advierte
de que ésta no está pensada para combatir los incendios ni, en la práctica, impide el desarrollo normal de actividades económicas que ya
se estuvieran llevando a cabo en las zonas que ampara. Pero alerta de
que la pasividad de la Xunta para incluir en ella espacios que
objetiva y científicamente merecerían esa declaración, así como
la protección que conlleva, revela «el escaso interés»
del Ejecutivo gallego actual y de los que lo han precedido «por una
política de protección ambiental garantista«.
«Cubrir el expediente»
Vázquez Pumariño
sostiene que la primera configuración previa de la Red Natura en
Galicia estuvo «mal diseñada», y que, durante finales de la
década de los 90 y principios de los años 2000, los gobiernos de
Manuel Fraga se limitaron «a cubrir el expediente para decir que
habían cumplido con la Unión Europea», sin que existiera un
interés real en proteger efectivamente el territorio y sus ecosistemas. El científico
asegura que la estrategia de no reconocer con figuras legales
protectoras el patrimonio ecológico de Galicia, incluso de
denostarlas para que la ciudadanía del medio rural las haya acabo por entender como
un obstáculo a su actividad, no sólo no ha variado desde entonces,
sino que se ha agravado como instrumento para allanar el terreno a
proyectos industriales como la explotación del eucalipto o los
parque eólicos.
Según los últimos
datos oficiales de la Xunta a los que ha tenido acceso Público,
Galicia cuenta con 537.416
hectáreas en
Red Natura a través de
59 ZEC y 16 ZEPA. País Valencià, con más de 6.000 kilómetros
cuadrados menos de superficie, tiene, respectivamente 97
y 40 zonas de protección, que suman casi un millón de hectáreas.
Este diario ha pedido a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio
Climático de la Xunta una valoración sobre la comparativa de la
superficie en Red Natura de Galicia con respecto al resto de
comunidades autónomas del Estado y el conjunto de la UE. También sobre si considera o no que la ausencia de las medidas de protección y
conservación que acompañan a esa declaración pueden ser un factor desencadenante o agravante de los
incendios forestales en espacios que deberían haber sido protegidos. A la hora en la que se terminó de escribir
este artículo, el departamento que dirige la conselleira Ángeles
Vázquez no había ofrecido respuesta.