«No puedo olvidar lo que sufrí, siempre que escucho el nombre de Frontex siento una gran injusticia por todo lo que viví«. Jeancy Kimbenga tenía apenas 16 años y era un menor no acompañado cuando, el 8 de mayo de 2020, entró por primera vez en aguas territoriales griegas después de dejar atrás la República Democrática del Congo, su país de origen.
Su travesía comenzó en una lancha neumática hacia la isla de Lesbos, pero antes de llegar a la costa, la Guardia Costera helénica, en una operación conjunta con Frontex -la agencia encargada de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea-, interceptó a la barca en la que viajaba junto a una veintena de personas. Los migrantes fueron remolcados hacia aguas turcas, forzados a subir a balsas salvavidas y abandonados en el mar, hasta que los guardias turcos los rescataron al día siguiente.
Ese fue solo el inicio. En total, Jeancy fue víctima de siete devoluciones forzosas en el mar Egeo. Estas devoluciones en caliente, realizadas sin considerar las circunstancias individuales de los migrantes y sin brindarles la posibilidad de solicitar asilo, son ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos.
El 12 de junio de 2020, un mes después de su primera travesía, Jeancy volvió a intentar llegar a Grecia, de nuevo sin éxito y con un desenlace trágico. Vio a su mejor amigo, otro menor no acompañado solicitante de asilo, caer al mar y ahogarse, un recuerdo que lo persigue hasta hoy.
Tras varios intentos fallidos, en noviembre de 2020, el joven decidió tomar acciones legales. Se reunió en Turquía con los abogados de la ONG neerlandesa Front-LEX, que lleva años litigando contra las actuaciones de Frontex, y presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando la suspensión de las operaciones conjuntas de la agencia en Grecia. Sin embargo, según apunta la organización, los jueces no examinaron ni las pruebas ni el fondo del asunto sino que desestimaron el caso basándose en las normas procesales del Tribunal sobre la admisibilidad. «Estas normas impiden prácticamente a las víctimas de las actividades de Frontex siquiera acceder al Tribunal», apuntan a Público.
Hoy, tras perder el caso, Frontex le reclama al joven 7.680 euros por costas legales. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de la agencia europea para conocer los motivos de la solicitud de dicha cantidad al migrante y su postura oficial tras las acusaciones de ser cómplices de devoluciones en caliente en el mar Egeo, pero no obtuvo respuesta.
Si bien, Frontex ha reiterado en múltiples ocasiones su «firme compromiso» con el respeto de los derechos fundamentales y la legalidad en todas sus operaciones. En 2022, tras acusaciones sobre la gestión de incidentes de devoluciones ilegales, su entonces director ejecutivo, Fabrice Leggeri, renunció. Desde entonces, la agencia dice haber tomado medidas para reforzar la «transparencia y la rendición de cuentas». Su sucesor, Hans Leijtens, se comprometió públicamente a garantizar que todas las operaciones de Frontex se lleven a cabo «respetando plenamente los derechos humanos». Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la situación que denuncia Jeancy.
Primera vez que Frontex apunta a una víctima individual
Frontex manejó un presupuesto cercano a 1.000 millones de euros en 2024 y planea desplegar 10.000 nuevos agentes en 2027. Frente a esa poderosa maquinaria, Jeancy, que aún lucha por superar el estrés postraumático provocado por sus múltiples travesías en el mar, debe enfrentarse a una deuda que no puede pagar. «Es todo tan injusto, y los traumas de todo aquello me persiguen hasta hoy. Así como no tenía dinero para pagar a mis abogados -que trabajaron gratuitamente-, tampoco tengo ahora el dinero que Frontex reclama», explica a Público.
Frontex manejó un presupuesto de 1.000 millones de euros en 2024
Esta es la primera vez que Frontex apunta directamente a una víctima individual de sus operaciones. En una carta enviada a Frontex en agosto de 2025, a la que este medio ha tenido acceso, la ONG Front-LEX subraya que la agencia nunca abordó el fondo del caso ni refutó las pruebas presentadas por Kimbenga, incluido un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y documentos de ACNUR que demostraban expulsiones sistemáticas en el Egeo. Según la organización, Frontex se limitó a copiar argumentos de procesos anteriores, alegando inadmisibilidad y acusando al joven de actuar «con fines políticos o publicitarios». Además, denunció que los 7.680 euros reclamados son «totalmente desproporcionados» respecto al trabajo real realizado, ya que, según explican, el caso no generó una carga compleja de pruebas ni audiencias.
«Cobrar estas cantidades infladas a una víctima directa de violaciones de derechos humanos no solo es inmoral: genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia«, advirtió Front-LEX en su réplica. La ONG recordó que el Parlamento Europeo ya había pedido en 2021 a Frontex que se abstuviera de perseguir costas legales en casos similares, por el «efecto amedrentador» que esto tiene sobre la sociedad civil y sobre las propias víctimas.
«Cobrar estas cantidades infladas genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia»
Para el joven, que ha podido comenzar una nueva vida en Francia tras concederle la protección subsidiaria, la reclamación es un golpe adicional tras el sufrimiento vivido años atrás. «Me parece una vergüenza que la agencia ni siquiera haya intentado refutar mis denuncias, y que ahora tenga la osadía de pedirme que pague sus facturas. No tengo dinero para eso», manifiesta. La organización Front-LEX será quien asumirá los gastos que la agencia reclama al migrante, si es necesario.
«Hans Leijtens, el director ejecutivo de Frontex, está, intencionalmente, robando al pobre el único cordero que posee. Mientras la Comisión Europea utiliza personal interno para el litigio, Frontex contrata abogados externos a costes ridículamente elevados, solo para alegar que una acción legal es inadmisible», apunta a Público, Iftach Cohen, responsable legal de Front-LEX.
Esfuerzos europeos por contener la migración
Las críticas hacia Frontex se multiplicaron tras salir a la luz una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2022. El informe concluyó que Frontex, bajo el mando del ex director ejecutivo Fabrice Leggeri, fue cómplice de los esfuerzos griegos para obligar a los migrantes que cruzaban el mar Egeo a regresar a Turquía en 2020 y 2021. La investigación desveló que al menos seis de estas devoluciones involucraban a barcos de la guardia costera griega cofinanciados por Frontex.
En paralelo, Turquía ha intensificado sus medidas para controlar los flujos migratorios. En marzo, el gobernador de la provincia turca de Edirne, en el noroeste del país, anunció la construcción de un muro en la frontera con Grecia para prevenir las entradas irregulares hacia la Unión Europea. Este movimiento se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Ankara y Bruselas para contener la migración.
La historia de Jeancy ilustra claramente cómo estas políticas migratorias enfrentan a un David contra un Goliat institucional. Los migrantes no solo deben sortear los peligros del mar, sino también un sistema legal que, según expertos, les niega incluso la posibilidad de reclamar sus derechos. «Lo viví, lo sufrí y nadie fue investigado. Eso es lo más injusto de todo», concluye el joven.