Es sábado, al alba, en los alrededores de la cárcel de Carabanchel. Tres hombres esposados suben a un furgón. Se dirigen al patíbulo de Hoyo de Manzanares. Allí les espera su sentencia. Una sentencia resultado de un proceso sin garantías, sin derecho a defensa, sin rastro de legalidad. Son aún muy jóvenes. De 21, 24 y 27 años. Militantes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Parte de un escarmiento, de un golpe de fuerza de una dictadura que agoniza. Que intenta desesperadamente esconder su debilidad. Tres vidas con nombres: José Luis Sánchez-Bravo, Xosé Humberto Baena y Ramón García Sanz.
Se enfrentan a la muerte por turnos. A cara descubierta. En una fecha que quedará salpicada de sangre para siempre en el calendario. 27 de septiembre de 1975. No son los únicos. Esa misma madrugada otros dos hombres han corrido la misma suerte. Dos miembros de ETA. El primero es ejecutado frente al muro del penal de Burgos. Ángel Otaegui, de 33 años. El segundo, en Barcelona, en un bosquecito junto al cementerio de Cerdanyola del Vallès. Jon Pardes, Txiki, de 21. Entre los cinco cierran la lista de fusilados del franquismo. Con la firma y el beneplácito de un dictador ya moribundo.
Los asesinatos de José Luis, Xosé, Ramón, Ángel y Txiki fueron el resultado de cuatro consejos de guerra. Unos consejos en los que hubo más procesados. «Nuestras detenciones se produjeron a lo largo del mes de julio», recuerda en conversación con Público Manuel Blanco Chivite, superviviente del segundo de estos consejos. «No nos ocurrió nada excepcional. Pasamos por lo que era el canon de comportamiento de las fuerzas represivas de la dictadura«, continúa el antiguo militante del FRAP. Palizas, torturas, interrogatorios.
Torturas en la Puerta del Sol
Todo ello en la conocida sede de la Dirección General de Seguridad (DGS). En la emblemática Puerta del Sol. «La Policía de la dictadura detenía por decenas, por centenas, y luego aplicaba el terror en la DGS», confirma Pablo Mayoral, otro de los encausados. «Eran redadas masivas, publicadas en la prensa. El diario ABC titulaba Desarticulado el comando del FRAP y salía la fotografía de 20 personas, fueran o no militantes de esa organización. Así funcionaba», explica. «Por la DGS pasamos miles de personas. Todavía son muchos los que cuando cruzan por allí se estremecen al ver las rejas de las celdas bajas. Esa es la historia que debería contarse». La historia de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Una vez detenidos -y apaleados-, tocaba prestar declaración. «Se abre un sumario militar. Evidentemente sin abogados ni defensa ni nada», describe Blanco. «El coronel instructor de nuestro consejo, el primero de los dos que se celebró en El Goloso (Madrid), acudía a la DGS a un despacho de la Brigada Político-Social. Ahí declarábamos delante de él esposados y con dos policías a cada lado. Si aquello no le satisfacía, volvíamos a ser apaleados. Y de vuelta al interrogatorio«, rememora el que fuera periodista. «Había que rehacer las declaraciones o recomponerlas hasta que cuadraran con su versión de los hechos. Hasta que pensaran: Bueno, creo que ya hemos conformado -por no decir fabricado- el caso adecuadamente para nuestros objetivos«, continúa denunciando.
Manuel Blanco Chivite: «Estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo»
De ahí, les trasladaron a la cárcel de Carabanchel. A la espera de juicio. “Estuvimos en las celdas de aislamiento de una galería subterránea que se llamaban CPB, celdas de prevención bajas”, hace memoria Blanco. «Allí, por la noche, entre las 12 y la 1 de la madrugada, seguían apareciendo el servicio de información y el juez para tomar nota», asegura. Hasta finales de agosto, todavía sin un abogado a la vista. «Nos detuvieron en torno al 20 de julio y hasta el 22 de agosto o así no tuvimos un primer contacto con nuestras defensas. Es decir, estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo. En una celda en las que había que sentarse en el suelo y donde solo había un agujero», refiere el antiguo militante del FRAP.
Confesiones bajo tortura, sin pruebas ni testigos
Llegó el día de su juicio. 12 de septiembre. “En 20 minutos, el coronel instructor Mariano Martín Benavides había rechazado todas las pruebas que aportaban las defensas. Unas 120 pruebas. Por tanto, los abogados no podían presentar ni alegar nada”, explica Blanco. “Además, en los sumarios de la Brigada Político-Social se recogía que había habido tres testigos de los hechos, del ataque al policía armado del que se nos acusaba. Tres testigos de la propia Fiscalía”, incide el entonces encausado. Tampoco se les llamó a declarar. Todo el procedimiento se basó en las supuestas confesiones de los detenidos, obtenidas bajo tortura. En un juicio sumarísimo, resuelto a las pocas horas.
Al día siguiente se conocieron las sentencias. Tres penas de muerte, de las 11 que llegaron a firmarse entre los cuatro consejos. «Fue todo una cosa programada, acordada en un despacho de forma premeditada. Se eligieron las localizaciones, quiénes formaban los tribunales y hasta las propias sentencias. Dos aquí, tres allí, cinco en el otro lado, uno en este otro sitio», critica Mayoral. «Las sentencias estaban firmadas de antemano. Nos lo estaba diciendo hasta el último mindundi de la Policía, del ejército o de los funcionarios de la prisión», insiste.
La presión internacional y de las calles surtió efecto. Se consiguieron seis conmutaciones por penas de cárcel. Entre ellas la de Manuel. No se pudo hacer nada, en cambio, por los otros cinco condenados. Finalmente los fusilaron. «Cuando nos dejaron salir de la celda serían ya a las 10 o las 10.30 de la mañana. Ese día nos incorporaron a una galería que no tenía ese régimen de absoluto aislamiento. Podías salir al patio una o dos horas al día. Allí, los compañeros de otras tres o cuatro organizaciones, de siglas diferentes, se acercaron a nosotros en silencio total y nos fueron abrazando», rememora Blanco.
Cincuenta años después, Manuel y Pablo siguen trabajando para preservar su memoria. Este año lo hacen participando en la escritura y publicación de un libro: 27 de septiembre 1975, los últimos fusilamientos de la dictadura franquista (El Garaje), de la plataforma abierta Al Alba. También organizando una exposición en la Fundación Anselmo Lorenzo. Sin olvidar los actos de homenaje organizados para el propio día del aniversario. «Dentro del movimiento por la memoria histórica se suele reivindicar Verdad, Justicia, Reparación y, de una forma un tanto angelical, garantías de no repetición.
La impunidad en que ha quedado ya el francofascismo, la dictadura y sus más significativos representantes, beneficiarios y represores es un primer paso para la posibilidad de que se repita.
La impunidad facilita la repetición«, advierten los entrevistados.