Todo empezó en la provincia de León. En el kilómetro 8 de la carretera comarcal Ponferrada-Ourense. Bajo un viejo nogal que anuncia la entrada a Priaranza del Bierzo. Allí, fueron arrojados a una fosa los cuerpos de trece hombres. Trece hombres fusilados por su adscripción al régimen republicano. Por su defensa de los valores democráticos. Ocurrió la noche del 16 de agosto de 1936, a un mes escaso de que el golpe de Estado militar encabezado por el general Francisco Franco recorriera España de norte a sur. Trece hombres que permanecieron allí sepultados 40 años de dictadura. Y lo que es peor: 25 de democracia. Sin que se investigara su paradero. Sin que sus familias pudieran darles una sepultura digna. O tener la seguridad siquiera de qué les había ocurrido. Viviendo con miedo. Bajo la amenaza constante del olvido.
Uno de estos hombres se llamaba Emilio Silva Faba. Militante de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, y propietario de un pequeño almacén: La Preferida. El 15 de agosto, Emilio fue arrestado por las fuerzas sublevadas y conducido a los calabozos. No sobreviviría a esa noche. Tampoco volvería a ver a su familia. Ni a su mujer, Modesta, ni a ninguno de sus seis hijos. Desde entonces, su nombre y su historia parecían perdidos. Silenciados bajo el peso de la amnesia institucional que sancionó en toda España la Ley de Amnistía de 1977. El instrumento de la «reconciliación nacional» y de la «superación del pasado», se repetía incansablemente durante los años de la Transición. El instrumento de la impunidad, matizan sin miramientos las asociaciones memorialistas.
Iván Aparicio, Recuerdo y Dignidad: «La exhumación de Priaraza marcó el punto de partida del movimiento memorialista moderno»
Este martes se cumplen 25 años de una fecha que lo cambiaría todo. El 21 de octubre del año 2000, un nieto y un hijo de Emilio sacaban a la luz, por fin, los primeros restos de esa memoria enterrada. Inaugurando el camino de la reparación para las decenas de miles de desaparecidos de la dictadura. Y para sus familias. Hijos, sobrinos y nietos. Ese día empezaban los trabajos de exhumación de la fosa de los Trece de Priaranza. Unas labores de excavación e identificación en las que se implicaron familiares, arqueólogos, forenses y miembros del ayuntamiento berciano. Convirtiéndose en la primera exhumación científica de republicanos asesinados por la dictadura. Porque no solo se recuperaron los trece cuerpos. Nueve de ellos llegaron a identificarse por medio de pruebas de ADN. Y pudieron, casi 70 años después de su asesinato, descansar en paz. Al abrigo de sus familias.
La exhumación de Priaranza abrió la caja de Pandora. «No fue la primera como tal. Se realizaron algunas exhumaciones clandestinas ya durante la Guerra Civil y, sobre todo, después de la Transición, a partir de los años 80», explica en conversación con Público Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad de Soria. Pero no con los mismos medios técnicos. Con una simple azada, un pico y una pala. «Por eso, la repercusión de lo que se hizo en Priaranza fue inmensa. Muchas familias constataron, por primera vez, la posibilidad de identificar esos cuerpos. De rescatar la memoria de todos esos familiares desaparecidos durante décadas«, continúa.
Ávila, Burgos, Granada, Cádiz o Albacete. La exhumación de los Trece de Priaranza comenzó a reproducirse en diferentes puntos de España. «Supuso un poco el punto de partida del movimiento memorialista moderno», señala Aparicio. Así como el nacimiento de la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida por el nieto y tocayo de ese primer identificado, Emilio Silva. Una asociación en torno a la que se aglutinan, hasta el día de hoy, las familias de muchos de los todavía más de 100.000 desaparecidos a manos de la dictadura.
Herederos de un trauma
Del asesinato de Priaranza hace ya 90 años. Una vida. De su exhumación, 25. Un cuarto de siglo. Mirando hacia atrás, asociaciones y familiares coinciden: hemos avanzado, pero no tanto como deberíamos. «En nuestras cunetas, debajo de nuestros huertos y en sitios de toda España, siguen los cuerpos de miles de personas que un día fueron arrancadas salvajemente de sus casas y de sus familias«, apunta el propio Silva. «Yo he tenido la suerte, entre comillas, de conseguir el dato para localizar el lugar donde estaba mi abuelo, pero hay muchísima gente que sigue sin saber nada», denuncia el presidente de la ARMH. O que intuye dónde pueden encontrarse sus familiares, pero no dispone del apoyo y de los recursos para hacer algo al respecto. «Es intolerable que esto ocurra en una democracia».
Toca ofrecer soluciones. Empezando por un marco normativo más ambicioso, a la altura de las circunstancias. Cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática del año 2022. «Algunas cosas se están haciendo bien», concede Aparicio. El reconocimiento de muchas víctimas y de lugares de memoria democrática; la retirada y resignificación de importantes símbolos de la dictadura, como el Valle de los Caídos; o el impulso en formas de subvenciones de las tareas de exhumación, enumera el activista.
Eso sí, se hacen despacio y a medias. «El tema de las exhumaciones es un caso evidente. El dinero que nos llega es algo mayor sí, pero insuficiente para financiar la excavación del enorme número de fosas -más de 6.000- que hay repartidas por España. Y sobre todo lo que viene después: la identificación genética de todas y cada una de las víctimas», desarrolla el presidente de Recuerdo y Dignidad. ¿El resultado? Las asociaciones compiten entre sí para obtener financiación. Obligadas a elegir, al mismo tiempo, en qué proyectos se comprometen y cuáles siguen posponiendo. «No hay víctimas de primera y de segunda. Deberíamos poder atender a todas por igual». Y hasta el final. Porque no se trata solo de averiguar sus nombres. «Trabajamos para saber quiénes eran y qué les ocurrió», asegura el activista soriano. Para, una vez localizadas sus familias, poder ofrecerles una historia. Saldando con ellas una deuda histórica.
Para Aparicio, ese es otro de los problemas: se delega demasiada responsabilidad en las asociaciones. «El Estado debería encargarse en primera persona de las tareas de exhumación. No limitarse a conceder recursos para que las desarrollen terceros», critica el activista soriano. «Se podrían crear, por ejemplo, una serie de equipos arqueológicos dentro de la UME que colaboraran en la apertura de fosas. Este modelo no es nuevo. Se ha implementado ya en países como Bosnia», asegura el presidente de Recuerdo y Dignidad. Con buenos resultados: mayor eficacia y rapidez.
Ahí está la principal amenaza: el paso del tiempo. «El duelo de las desapariciones de la dictadura es una herida que se ha heredado de generación en generación. Y que sigue abierta», cuenta a Público Tina Merino, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona, y de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), en Badajoz. Aún así, advierte la también historiadora, cada vez quedan menos personas que presenciaran aquella época. Que puedan recordar la localización de las fosas o los nombres de los desaparecidos de cada localidad. «Se está empezando a morir ya la generación de los nietos, con miles de desaparecidos todavía a nuestras espaldas», insiste Merino. «O nos ponemos las pilas, o muy pronto la mayoría de identificaciones genéticas van resultar directamente imposibles», se lamenta la activista.
De los 8.900 cuerpos recuperados en el primer Plan Cuatrienal impulsado por Memoria, solo se han identificado 70.
De ahí la reivindicación central de las asociaciones: el prometido banco de ADN. Un proyecto que el Ministerio de Memoria Democrática tiene pendiente desde que adquiriera el software Bonaparte para desarrollarlo en septiembre de 2023. «Hay otras cosas que se pueden ir haciendo, pero el banco de muestras de familiares habría que concretarlo ya. Cuanto más esperemos, menos muestras vamos a poder recoger y menos desaparecidos vamos a ser capaces de identificar», subraya Merino. Un banco que, para el presidente de la asociación memorialista soriana, no solo debe actuar como reservorio de esas muestras: «Que realice además las comparaciones y pruebas genéticas pertinentes, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses». Porque sí, el último Plan Cuatrienal de Exhumaciones impulsado por el ministerio se ha saldado con 300 actuaciones y la extracción de unos 8.900 desaparecidos. Pero con solo 70 identificados.
Los frentes de la lucha por la memoria no terminan ahí. La educación es otra de nuestras grandes carencias. «Debería incluirse la historia contemporánea de España en el currículo de los colegios como una asignatura específica. No como el capítulo final del temario», critica Merino. Un vacío que llenan desde hace años las escuelas de memoria, talleres impulsados por las propias asociaciones memorialistas. Con la colaboración de historiadores, investigadores y testigos de la época. Una última petición: la creación de una oficina de atención a las víctimas de la dictadura. «Cincuenta años de democracia y las víctimas y sus familiares siguen sin recibir el cuidado y la atención que merecerían del Estado», denuncia Silva. «Con una verdad recortada, sin justicia y sin reparación, las garantías de no repetición, que son el fundamento de la memoria histórica y de la construcción de la democracia, están inevitablemente en peligro».