«Desde
el 7 de octubre de 2023, no se producen operaciones de exportación de armas
españolas a Israel». Lo ha repetido el ministro de Asuntos Exteriores, José
Manuel Albares, cada vez que se le ha preguntado por qué el Gobierno no
decretaba un embargo total para impedir que material bélico fabricado en España
terminara matando, o ayudando a matar, a palestinos en Gaza. No obstante, esa
suspensión ha estado lejos de ser eficaz. De hecho, el embargo legal, consagrado
en una norma jurídica, no ha existido hasta hace un mes, cuando el Congreso
convalidó el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en la
Franja aprobado en Consejo de Ministros en septiembre. Además, el Gobierno
tardó un año en anunciar que paralizaba las adjudicaciones de contratos públicos
a empresas de armas israelíes. Lo hizo la ministra de Defensa, Margarita
Robles, en octubre de 2024. Y, según precisó entonces, las licencias de
exportación pendientes no correspondían a armas, sino a «repuestos», que
también estaban paralizadas.
Posteriormente,
en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el 25 de marzo
de 2025, la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla, reveló
que las autorizaciones de exportación a Israel eran «temporales y exclusivamente de
material para reparación y mantenimiento, cuyo usuario final es el Ministerio
de Defensa español para el suministro y actualización de sistemas esenciales
para nuestras Fuerzas Armadas».
Hubo
que esperar a que se aprobara el embargo legal para que el Gobierno cancelara
los primeros contratos previamente adjudicados a empresas israelíes o empresas
españolas que comercializan sus productos, una decena, incluidos algunos de
mantenimiento de equipos.
Según
documentos compartidos por el medio de investigación irlandés The Ditch y verificados por Público, dos
empresas radicadas en España hicieron sendos envíos a Israel en 2024 y 2025, mientras
la guerra en Gaza estaba en pleno apogeo.
Airbus,
el gigante europeo del que España posee un 4,1% a través de la SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales), junto con Alemania y Francia –con un
10,8% cada uno–, mandó a Israel el 2 de agosto de 2024 cuatro pallets con unas
torretas que pesaban en total 200 kilos y habían salido de su factoría de
Getafe (Madrid). Para ello utilizó un vuelo regular de Air Europa Madrid-Tel
Aviv, que aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion y pasó las aduanas sin problemas,
tal y como muestran los registros de la Autoridad Fiscal israelí, consultados
por este periódico. Su destino final era la ciudad de Rehovot, donde tiene su
sede la principal compañía de armas de Israel, Elbit Systems.
Blanch
Internacional, una firma española del sector de defensa, con sede en Alcobendas
(Madrid), envió el 7 de mayo de 2025 dos paquetes con equipos electrónicos que
pesaban seis kilos. Lo hizo en un vuelo regular de la línea israelí El-Al que salió
de Barajas y aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion a las 17:25 de la tarde.
También pasaron el control aduanero en Tel Aviv sin incidentes. Su destino, las
instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Lod.
Tarjetas electrónicas
Público ha preguntado a
Airbus y Blanch Internacional por estos dos cargamentos. La multinacional
europea se ha limitado a responder que «cumple con la legislación nacional y
europea sobre exportación de equipos de defensa». Y se ampara en el carácter «confidencial» de los detalles relativos a equipos de sus clientes para no responder a las
preguntas que le ha formulado este periódico y que se pueden consultar al final
de esta información.
Por
su parte, Blanch Internacional asegura que su envío consistió en unas «tarjetas
electrónicas» que debía reparar el fabricante porque «estaban en garantía». Después,
tenían que volver a España. Precisa que no son material bélico. «Convierten datos
de otros componentes electrónicos y los procesan, pueden amplificar las
señales, filtrar y reducir voltajes y convertir señales analógicas a digitales.
Se reparan analizado los componentes en bancos de prueba del fabricante y luego
sustituyendo componentes como condensadores y diodos», explica la empresa, que
sin embargo no revela si pueden utilizarse en equipos de defensa. Blanch
Internacional, que se describe a sí misma como una firma de «ingeniería de
telecomunicaciones con capacidad de integración», asegura que su relación con
Elbit Systems es «la misma que con cualquier otro proveedor o empresa de
ingeniería de cualquier parte del mundo».
El Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Estado de Comercio, no ha querido responder a las preguntas de Público sobre estos dos envíos, acogiéndose al carácter secreto de las actas de la
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que aprueba las licencias de exportación de armas. «Las actas constituyen documentación clasificada conforme a la Ley sobre Secretos Oficiales», alega. Lo que no le impide sostener al mismo tiempo que España cuenta con «uno de los sistemas de control de exportaciones de material de defensa y doble uso más rigurosos, garantistas y transparentes del mundo«. Las autorizaciones, añade, se examinan «caso a caso, con informes técnicos, información de inteligencia y valoración jurídica». Por lo que, a su juicio, está garantizado que cada exportación responde a «criterios objetivos, verificables y plenamente ajustados al Derecho internacional».
Sidenor,
AMC Mecanocaucho, Nammo Palencia
Sin embargo, los dos envíos antes citados se añaden a otros que han goteado en los medios de comunicación a lo
largo de los dos últimos años. The Ditch reveló que, desde agosto de 2024, la
empresa vasca Sidenor ha vendido 1.207 toneladas de acero al fabricante de
armas Israel Military Industries Limited (IMI), adquirida por Elbit
Systems en 2018: 393 toneladas a bordo del MV Vela el 4 de junio de 2025; 306 toneladas el 20 de mayo en el Zim Atlantic, y 290 toneladas el 7 de
agosto de 2024 en el Zim Eagle.
La
Audiencia Nacional acaba de abrir una investigación al presidente de la
compañía, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por contrabando
y complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio. Según el juez Francisco
de Jorge, la firma vasca exportó el acero a Israel con «pleno
conocimiento» de que IMI es un fabricante de armas y de que el material
vendido iba a ser utilizado para fabricar armamento.
Además,
según la denuncia en el origen de la causa, la venta de acero se llevó a cabo
«sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin
inscribirse en el registro correspondiente».
Otra
empresa vasca, AMC Mecanocaucho exportó 485 kilogramos de
soportes antivibratorios –utilizados en vehículos, pero también en otros
equipos– que acabaron en la planta de guerra electrónica de Elbit Systems en
Holon. El material salió del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz el 12 de septiembre
en un vuelo de DHL. Según comprobó The Ditch, la aeronave con las piezas de AMC
Mecanocaucho a bordo aterrizó en al aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Al día
siguiente fueron transportadas en otro vuelo de DHL hasta Tel Aviv.
Antes,
en noviembre de 2023, Nammo Palencia, filial de la multinacional
noruego-finlandesa del mismo nombre, vendió municiones por importe de casi un
millón de euros a Elbit Systems. El Gobierno español precisó que se trataba de «munición sin explosivo de calibre medio» En esta ocasión, el cargamento llegó
a Israel por mar, y se desembarcó en el puerto de Haifa.
Contratos cancelados
El
embargo legal aprobado el pasado mes ha tenido un efecto inmediato en la
importación de suministros bélicos desde Israel. En estos dos últimos meses, el
Gobierno ha cancelado al menos una decena de contratos. El caso más notable es
precisamente el de Blanch Internacional, distribuidor en España de los
productos de Elbit Systems y sus filiales. Según puede comprobarse en la
Plataforma de Contratación del Estado, Defensa acaba de anular cinco
adjudicaciones a la compañía de Alcobendas, por importe de 2,4 millones de
euros. Se trata de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de
cámaras térmicas, visores nocturnos y designadores láser, que permiten el
guiado preciso de bombas y misiles.
Antes
de que se formalizara el embargo legal, pero sólo porque la Cadena Ser reveló
su existencia, el Gobierno anunció la cancelación de la compra para la Guardia
Civil de 15,3 millones de balas 9 milímetros Parabelum, gracias a un contrato
de 6,6 millones de euros adjudicado a Guardian Defense & Homeland Security
SA, que aparece como «representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar». Fue en octubre de 2024 y la ocasión
utilizada por Margarita Robles para anunciar la suspensión de las compras de
armas a Israel y la paralización de las licencias para repuestos.
Importaciones de 36,7 millones desde octubre de 2023
Según
el último informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, entre el 7 de octubre
de 2023 y el 31 de marzo de este año, Israel ha registrado importaciones de armas
y municiones desde España por valor de 5,3 millones de euros, un importe que
casi quintuplica los datos publicados por DataComex, la web de la Secretaría de
Estado de Comercio que elabora las estadísticas sobre comercio exterior. En
sentido inverso, las importaciones españolas desde Israel de material bélico en
esas mismas fechas sumaron 36,7 millones de euros. «España nunca ha importado
tanto [material bélico desde Israel] como tras el 7 de octubre de 2023», resume
el informe.
Además,
desde ese día, instituciones y organismos públicos españoles adjudicaron a empresas
israelíes de defensa al menos 46 contratos, por importe de 1.044 millones de
euros. La mayoría, detalla el Centro Delàs, correspondieron a dos empresas, Elbit
Systems y Rafael Advanced Systems.
En
cualquier caso, si lo que se envía a Israel son «componentes de armas» que no
se consideran «componente esencial», no necesitan licencia de exportación. Así
lo explica la Secretaría de Estado de Comercio en el informe de Datacomex donde
apunta un total de 160.905 euros en
exportaciones de ese tipo sólo entre enero y abril de este año.
Proveedor de Airbus y del Ejército israelí
Elbit
Systems es un proveedor habitual de equipos para Airbus. Por ejemplo, lleva
años suministrándole sistemas antimisiles que incluyen unas torretas compactas.
La guerra en Gaza no le impidió firmar en julio de este año un contrato de 223
millones de euros para adquirir a esta compañía israelí ese tipo de sistemas,
que se instalarán en aviones alemanes. Elbit Systems provee hasta el 85% de los
equipos militares terrestres y de los drones a las Fuerzas de Defensa de
Israel. Y Airbus presume no sólo de ser uno de los principales fabricantes de
aviones de transporte militar, sino también «el principal socio industrial del
Ministerio de Defensa y del Ejército del Aire» españoles. Es más, destaca en su
página web que lidera desde España su negocio de defensa. En Getafe, el tercer
centro por tamaño de Airbus, ensambla el Eurofighter, el caza europeo, y
convierte en aviones militares los A330. Unas 14.000 personas trabajan en sus
ocho centros españoles. Se atribuye 2.800 millones de euros del PIB nacional y
el 60% de las exportaciones españolas del sector de defensa y aeroespacial.
A
su lado, Blanch Internacional es casi una empresa familiar, aunque tiene
oficinas en Portugal y Estados Unidos. Fue fundada en 1997 por los herederos
del almirante general Carlos Buhigas García, breve jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas entre 1975 y 1977. Y padre de Carlos
Buhigas Viqueira, que declaró como testigo en el juicio por las escuchas del
Cesid, en el que se condenó a Emilio Alonso Manglano y a Juna Alberto Perote a seis meses
de cárcel por un delito continuado de interceptación ilegal de las comunicaciones
telefónicas: habían espiado durante una década a políticos, periodistas y personajes
públicos, desde el Rey hasta el empresario José María Ruiz Mateos pasando por
los directores de El Mundo y Abc, Pedro J. Ramírez y Luis María
Anson. En el juicio, Carlos Buhigas declaró que había suministrado «material técnico» al Cesid, el predecesor del CNI. Se trataba de sistemas de escucha. En el Registro
mercantil figuró como administradora única hasta 2013 su esposa, María José García
Blanch, y desde entonces son administradores solidarios sus dos hijos, Pablo y
Astrid Buhigas García.
Según
anuncia en su página web, Blanch Internacional ha conseguido contratos con los
ministerios de Defensa de España y Portugal, así como con los «servicios de
inteligencia» de ambos países. Las cuentas de 2024 que depositó en el Registro Mercantil
revelan una facturación de 3,58 millones de euros, un 46,7% más que el
ejercicio anterior. Sus administradores las cierran con una cautela: «Como [la
empresa] se basa en contratos con las administraciones públicas, el Ministerio
de Defensa, la Dirección de la Guardia Civil y la Policía, y es material de
defensa, se regirá en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos políticos
a nivel nacional y mundial».
Las preguntas que Airbus no contesta
1. ¿Eludió
Airbus la suspensión de exportaciones a Israel del Gobierno español con el
envío de este cargamento? ¿O le dio el Gobierno español licencia para
exportar esas torretas a Israel?
2. ¿Puede indicar exactamente qué tipo de equipamientos envió, cuáles son las características técnicas de esas torretas y para qué se utilizan en Israel?
3. ¿Cuál fue el importe del contrato?
4. ¿Ha hecho Airbus más envíos a Israel desde octubre de 2023 hasta ahora, además del citado? Si es así, ¿de qué tipo?