Cuando un diputado pregunta en el Congreso, por escrito, sobre la Casa Real, las probabilidades de éxito son escasas. El Ejecutivo suele abstenerse cuando se le reclama su posición acerca de alguna cuestión que tenga que ver con la monarquía y acostumbra a echar mano de la Ley de Secretos Oficiales o las excepciones que contempla la Ley de Transparencia cuando se le pregunta sobre datos concretos, en especial los económicos. «No entiendo que el Gobierno sea incapaz y tan timorato al calificar las acciones del monarca anterior y del actual», critica Alberto Ibáñez, de Compromís, uno de los diputados más insistentes.
Los grupos que suelen interrogar más frecuentemente al Ejecutivo sobre la actividad de la monarquía en España y sobre el dinero que le cuesta a los españoles son Esquerra Republicana (ERC), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Compromís. Según el análisis que ha hecho Público, durante esta legislatura, se ha remitido de forma escrita al Gobierno una cincuentena de preguntas (normalmente agrupadas en documentos donde figuran baterías de interrogantes), de las cuales el Gobierno ha respondido solo a tres de forma concisa y otorgando la información que se demandaba el solicitante.
Una de ellas la formuló el ya ex diputado del PNV Aitor Esteban, actualmente presidente del partido. El jeltzale preguntó en septiembre de 2023 si la Armada iba a gastar 1,8 millones de euros para la «construcción y compra» de un nuevo barco de regatas para Felipe VI. El Gobierno respondió que «no existe, ni está
previsto, proyecto ni créditos destinados a la adquisición de embarcación alguna
destinada a la sustitución del AIFOS500″.
Meses más tarde, en junio de 2024, Alberto Ibáñez preguntó por el coste de la conmemoración de la década de la coronación del monarca que se celebró en 2024. También en aquel caso se remitió una respuesta clara. Alquiler de la tribuna de invitados para el acto: 13.019,60 euros. Asistencia técnica: 309,76 euros. Traducción al inglés del texto que se subió a la web del Congreso con motivo de la «exposición conmemorativa»: 45,98 euros. La misma respuesta se ofreció a Gabriel Rufián y Teresa Jordà (ERC) cuando se interesaron por esa cuestión.
Con respecto al resto de las preguntas, o bien son inadmitidas a trámite por parte de la Mesa del Congreso; o el Gobierno evita responderlas; esgrime leyes como la de Secretos Oficiales o Transparencia para esquivar responder con datos o contesta de una forma genérica y sin información precisa. «Cada vez que preguntamos por la monarquía, el Gobierno responde con evasivas, silencios y excusas, evidenciando que existe un pacto tácito para blindar a una institución que no está sometida a los mismos mecanismos de control que afectan a cualquier otra institución del Estado», aseveran fuentes del BNG.
Pero ¿por qué algunas preguntas han sido inadmitidas a trámite? Es el caso, por ejemplo, de una del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las «investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por el rey emérito su majestad don Juan Carlos I, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca». Fuentes de la presidencia del Congreso explican a este medio que cuando la Mesa falla en ese sentido suele tener que ver con que considera las preguntas inconstitucionales o porque tienen defectos de forma.
En ese caso, como cuando Ione Belarra solicitó una valoración del Gobierno sobre «la creación de una fundación por el rey emérito su majestad don Juan Carlos junto a sus hijas en Abu Dabi para facilitar el traspaso de su herencia a las infantas Elena y Cristina», se hace un «requerimiento de aclaración».
No obstante, la mayoría de las veces las preguntas pasan el corte de la Mesa, pero después reciben respuestas incompletas y difusas por parte del Ejecutivo. Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Néstor Rego, Alberto Ibáñez, Ione Belarra o el diputado también de Esquerra Francesc-Marc Álvaro han preguntado, de distintas formas y vinculándolo con diferentes acontecimientos, por los fondos del Estado destinados o bien al actual rey o al emérito.
En esos casos, salvo en la ya citada respuesta acerca de la conmemoración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, o no hay respuesta o, si la hay, es críptica. Por poner un ejemplo, la propia Belarra preguntó si se ha utilizado dinero público para «ocultar» la «supuesta relación» del rey emérito con Bárbara Rey. El Gobierno despachó el asunto de la siguiente manera: «Se informa, en relación con las preguntas formuladas, que los presuntos hechos
a los que se hace referencia en la iniciativa, corresponderían a legislaturas anteriores«.
Por poner otro ejemplo, Aitor Esteban preguntó, en relación con las regatas en las que participa Felipe VI, si el Gobierno consideraba que debe «emplearse dinero público para costear una actividad privada del Jefe del Estado». En aquella ocasión, como en otras muchas, el Ejecutivo ni contestó.
Lo cierto es que el Gobierno casi nunca se moja cuando se le pregunta por una opinión, intención o posición en cuanto a la Casa Real, al menos a la luz de sus respuestas a las preguntas parlamentarias objeto de este análisis. En septiembre de 2024, Gabriel Rufián preguntó si el Ejecutivo está «dispuesto a impulsar reformas para eliminar el privilegio de la inviolabilidad del monarca en ejercicio y garantizar que Juan Carlos I pueda ser investigado por los presuntos delitos cometidos tras su abdicación». La respuesta —escueta e incompleta— es la siguiente: «El rey emérito es un ciudadano de pleno derecho sujeto al ordenamiento
jurídico como el resto de los españoles«.
Tampoco ha respondido el Gobierno si considera que el CIS debería preguntar sobre la monarquía. Como mucho, en una respuesta a Alberto Ibáñez en junio de 2024, ha dicho que en el último barómetro de aquel entonces la monarquía solo representaba el principal problema para el 0,3% de la ciudadanía, «situándose en la posición 50».
Ibáñez, en conversación con este medio, carga contra el Gobierno porque, subraya, «los ciudadanos tenemos el derecho de saber sus opiniones sobre el actor político que es el rey Felipe VI». Es una postura, la del Ejecutivo, que no extraña a Podemos. «El bipartidismo siempre ha protegido a la monarquía, encubriendo su corrupción e impidiendo que rinda cuentas ante la ciudadanía», explican fuentes de los morados a Público.
«Y esa protección del PP y del PSOE a una institución corrupta y heredera directa del franquismo se manifiesta en la negativa del Gobierno a responder a preguntas que afectan a la casa del rey», completan, «pero también en el bloqueo del PP y el PSOE a todos los intentos de Podemos por poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía o en el empeño del bipartidismo y de este Gobierno por mantener clasificados los papeles del 23F«. Y se remontan, incluso, al momento en el que el «PP y el PSOE pactaron a toda prisa la sucesión monárquica».
Secretos Oficiales y Transparencia
En otras muchas preguntas, el Gobierno recurre a las leyes de Secretos Oficiales y de Transparencia, que incluyen al rey entre los agentes a los que se les hace una «aplicación subjetiva» de la norma. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los recursos económicos destinados a la actividad internacional de Felipe VI o con las regatas de Juan Carlos I en Sanxenxo. Ambas cosas, a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que más de una vez ha instado al Ejecutivo a responder sobre esas cuestiones.
La de Secretos Oficiales es una ley franquista todavía en vigor que el Ejecutivo se ha propuesto reformar. Sin embargo, las formaciones a su izquierda dudan y mucho. Esquerra considera la Ley de Información Clasificada (la que sustituirá la de Secretos Oficiales) una norma «muy limitada que no resolverá todo el problema» y además lamenta que, hoy por hoy, se encuentre «estancada». Para los republicanos, igual que trasladan Podemos o BNG, tanto PP como PSOE protegen a la monarquía.
Alberto Ibáñez observa una «clara tendencia borbónica a la corrupción» y considera que profundizar en la transparencia de la Casa Real es necesario para evitar el riesgo de que «dentro de unos años» podemos volver «a tener noticias de presunta corrupción«. Por lo pronto, todas las fuentes consultadas de entre las formaciones a la izquierda del PSOE lamentan que el Gobierno no colabore en esa tarea tanto como les gustaría.