Ribera
Salud, la multinacional que gestiona el hospital de Torrejón
(Madrid) y cuyo CEO, Pablo Gallart, ha instado a sus directivos a
priorizar los tratamientos que dejan más beneficios a la empresa y a
aumentar las listas de espera, no tiene como único modelo de negocio
la administración privada de centros de titularidad pública.
También se lucra del presupuesto sanitario de todos a través de sus
propios hospitales, mediante acuerdos que contemplan diversas
fórmulas de remuneración.
El
mayor de esos centros, la clínica Povisa de Vigo (Pontevedra), con
alrededor de 500 camas y cerca de 1.500 trabajadores –más de 300
médicos y alrederor de 800 enfermeros y auxiliares–, lleva años
dando servicio a centenerares de miles de personas adscritas al
Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia. El último
convenio de Ribera con el Sergas entró en vigor el pasado abril,
durará dos años y permitirá a la empresa facturar 195 millones de
euros en ese período, prorrogable otros tres años.
Povisa
–acrónimo de Policlínico de Vigo Sociedad Anónima– abrió sus
puertas en 1973 como el proyecto de sanatorio privado de un grupo de
médicos que se lo vendió en 1997 a un acaudalado naviero vigués.
Para entonces, los gobiernos de Manuel Fraga –con Alberto Núñez Feijóo de número dos en su Consellería de Sanidade– ya lo habían
consolidado como una referencia de la privatización de la prestación
de servicios sanitarios en Galicia, convirtiéndolo en el hospital de
cabecera de miles de pacientes del Sergas en Vigo y su comarca a los
que la Xunta daba la opción de adscribirse a él o a los centros de
gestión pública.
Zaplana en Valencia
Ribera
Salud, surgida también al amparo de las privatizaciones de la
Generalitat Valencia del PP de Eduardo Zaplana, compró el hospital
por 22 millones de euros en 2019. Hoy, el centro da servicio a 112.600 personas con tarjetas de la sanidad pública, y más del 80%
de su volumen de negocio proviene del convenio con el Sergas.
Hasta
este año, la Xunta abonaba a Ribera una cantidad fija por cada
cartilla adscrita a Povisa –540 euros al año en el anterior
acuerdo–, más una cantidad variable por otros conceptos como el
gasto en tratamientos farmacológicos especiales o la formación del
personal. Según la prensa local, en 2023 el Sergas pagó 80 millones
de euros a la empresa de Gallart, y en 2024, otros 84 millones.
Según los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, de junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda la sanidad de Galicia
Sin
embargo, la progresiva pérdida de cartillas –llegaron a ser más
de 135.000, pero cayeron a 115.000 el año pasado y hoy no llegan a
113.000– hizo que Ribera considerara que el acuerdo no era
rentable, y bajo la sombra de la amenaza tácita de dejar sin
hospital de referencia a decenas de miles de personas –una táctica similar a la que Ribera empleó en Madrid–, forzó a la Xunta
a idear una nueva fórmula: la del pago por prestación de cada
servicio y tratamiento, que prevé incrementar la factura fija en
un 16% hasta los 97,5millones anuales, manteniendo los conceptos variables.
Según
los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, referidos a
junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda
la sanidad pública y concertada de Galicia: 53,3 días de media para
una intervención, frente a los 70,9 de la media de la comunidad y a
los 72 de la del área sanitaria de Vigo, la más grande de las siete
en las que se divide el sistema hospitalario gallego –565.000
usuarios–. Público ha pedido a la Xunta los datos de las
listas de espera de Povisa para consultas de especialista y pruebas
diagnósticas, pero la Consellería de Sanidade de Alfonso Rueda, que
dirige Antonio Gómez Caamaño, no ha respondido a este diario ni se
ha dado por enterada de la consulta.
Rentabilidad
Al
hilo de los audios en los que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud,
reclamaba a sus directivos que promovieran en Torrejón los
tratamientos más rentables para su cuenta de resultados económicos
y que idearan estrategias para «desandar el camino» mediante el
que habían logrado reducir las listas de espera, Público también
ha preguntado a la dirección de Ribera si
existe o existió alguna indicación en ese sentido al personal de
Povisa, para incidir en la práctica médica sobre los pacientes de
la sanidad pública en función del coste de sus tratamientos; en
el
rechazo o admisión de enfermos en función de la rentabilidad de
aquellos, o para que se fomentara el deterioro
de las listas de espera en el hospital vigués.
La
compañía ha rechazado esa posibilidad, ha reiterado que los audios de Gallart están «fuera de contexto» y ha asegurado que su
prioridad «son y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno
de los centros que gestiona, tanto públicos como privados». «En ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas
contrarias al interés general de los ciudadanos«, dicen las fuentes oficiales de la empresa, que, refiriéndose
expresamente a Povisa, sostienen
que el centro «mantiene unos indicadores asistenciales excelentes y
un compromiso total con la Administración para ofrecer la mejor
atención sanitaria a los ciudadanos». «El hospital está 100%
comprometido con mantener estos estándares de calidad» asegura la
dirección, que subraya que el trabajo del hospital está además «bajo la supervisión de la Administración con unidades de control
encargadas de garantizar que la atención prestada es excelente».
Público
también se ha dirigido al presidente del comité de empresa, Rafael
Agrás, quien ha asegurado que Povisa es «un modelo de negocio diferente» al de Torrejón y que la representación social de la compañía no tiene constancia de que se hayan transmitido consignas como las que desvelan los audios de Gallart en referencia al hospital madrileño. Agrás también indica que la gerencia de Povisa, que en los últimos meses había sostenido un sordo enfrentamiento con el personal médico que derivó en la fuga de médicas y enfermeros hacia la sanidad pública, ha procedido recientemente a hacer fijos a medio centenar de sanitarios y ha contratado a más personal médico.
El
pasado jueves, miles de vigueses se manifestaron por las calles de la
ciudad convocados por la plataforma SOS Sanidade para protestar
contra el deterioro del sistema público de salud por la falta de recursos en la ciudad, de la que
responsabilizan a la Xunta, y en la que reclamaban la «reconstrucción» de todo lo que se ha deteriorado durante lustros de recortes y privarizaciones. A la
manifestación asistió la líder de la oposición en el Parlamento de
Galicia, Ana Pontón, portavoz del BNG, y el
alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien manifestó su «apoyo total» a la
protesta y responsabilizó a Rueda de las carencias del área sanitaria de
la ciudad y
su comarca.