Las relaciones incestuosas que a veces surgen entre el sector público y el privado tienen una de sus mejores manifestaciones en las llamadas puertas giratorias: altos cargos de la Administración que son contratados por grandes empresas para beneficiarse de su nombre, agenda de contactos y conocimiento del sector que supervisaban. Un ejemplo paradigmático es el de los exministros de Defensa Pedro Morenés y Eduardo Serra, que han pasado años al frente de dos de las mayores empresas españolas de armas, Amper y Everis, respectivamente. Otro caso es el del ex secretario de Estado de Energía José Folgado, contratado después por Red Eléctrica Española.
Y un tercero es el de los ex directores generales de Ordenación del Juego Carlos Hernández Rivera y Juan Espinosa García. El primero lo fue con el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2013 y 2016. El segundo, con el de Pedro Sánchez, entre 2016 y 2020. Juan Espinosa ejerció, además, como subdirector de Carlos Hernández antes de sucederle en el cargo. Como desvela Público, una vez fuera del Gobierno, ambos se asociaron en 2021 para crear una consultora, Silverback Advocacy, que se dedica al «lobby regulatorio», a asesorar a empresas sobre asuntos públicos. Según explican en su página web, gestionan los «intereses regulatorios» de sus clientes frente a las administraciones, trasladando a los responsables públicos las «legítimas aspiraciones» de las empresas, «acompañadas de una justificación de su compatibilidad con el interés general». También «optimizan» la capacidad de sus clientes «para influir en las decisiones públicas, regulatorias o no, que puedan afectarles, promoviendo mejores condiciones o previniendo obstáculos con impacto directo en su negocio».
El del juego es precisamente un sector sometido a una intensa regulación desde que fue legalizado en 1977: hace falta una licencia para ejercer la actividad, que otorga y supervisa la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, para proteger a los usuarios, de forma que no puedan apostar los menores de edad ni los adictos. Las empresas también están sometidas a estrictas normas publicitarias, deben pagar impuestos específicos y cumplir con los controles necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.
Preguntada al respecto por Público, un portavoz de Silverback Advocacy asegura que su cartera de clientes es «multisectorial», abarcando desde el ámbito sanitario hasta el de infraestructuras y servicios digitales, y que su «vinculación» con empresas o asociaciones del sector del juego online representa «una parte muy limitada» de su actividad. Pero se niega a desvelar los nombres de las empresas para las que trabaja. Sí que destaca que está inscrita en los registros de grupos de interés de las administraciones, «tanto europeas como nacionales, autonómicas y locales».
Asesores de las patronales española y británica
En cualquier caso, Carlos Hernández y Juan Espinosa empezaron a trabajar para el sector del juego ya antes de asociarse en Silverback, que facturó 882.000 euros en 2024, según consta en las cuentas del Registro Mercantil consultadas por este periódico. Hernández Rivera, que es abogado del Estado, fue contratado por el bufete Rousaud Costas Duran (RCD) en enero de 2017, apenas dos meses después de salir de la Administración, para encargarse del área de mercados regulados. Y en septiembre de 2020 se empleó como asesor externo de la Asociación Española de Juego Digital (JDigital), la patronal del sector de apuestas online a la que pertenecen las grandes del sector: Codere, Sportium, Betway, Luckia, William Hill… Entonces JDigital estaba preparando el recurso que en enero de 2021 presentó ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego. La norma, elaborada ya con Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo, restringía la publicidad y el patrocinio de las actividades de juego –prohibiendo que personajes famosos aparecieran en los anuncios, por ejemplo– para proteger a los menores y adictos. El alto tribunal, que tardó tres años en dictar sentencia, estimó parcialmente el recurso de la patronal en 2024, anulando tres artículos del real decreto.
Por su parte, Juan Espinosa recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en julio de 2021 para incorporarse a Silverback Advocacy, que se creó en esa fecha, sólo 14 meses después de que se publicara su cese como director general de Ordenación del Juego en el BOE, el 6 de mayo de 2020. Con Alberto Garzón apenas ejerció cuatro meses, pero asegura a Público que su salida del ministerio «respondió al cierre natural de una etapa profesional, y no estuvo vinculada a discrepancias regulatorias ni a desarrollos normativos concretos», en alusión al mencionado real decreto. Después, en marzo de 2022, fue autorizado a trabajar para The Betting and Gaming Council, la patronal británica del juego, así como para Samman Law & Corporate Affairs, un despacho y consultora con sedes en París y Bruselas especializada en asuntos públicos y regulatorios que ofrece «asesoramiento estratégico para influir en políticas públicas, gestionar riesgos normativos y resolver litigios comerciales». También se le permitió incorporarse a Deel Inc., una empresa estadounidense que se dedica a gestionar plantillas internacionales y tiene entre sus clientes a empresas de la industria del juego como Esports Entertainment Group, Fnatic o Hero Gaming. Igualmente recibió autorización para trabajar con Tabacos del Mediterráneo, la siderúrgica Celsa y la gestora de cobros Phillips & Cohen Associates, además de con una empresa de logística y una agencia de publicidad españolas.
La ley española prohíbe a los altos cargos «prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por decisiones en las que hayan participado», durante los dos años siguientes a su cese. En el caso de Juan Espinosa, estas últimas autorizaciones se le concedieron dos meses antes de cumplirse ese plazo de incompatibilidad. Según contestó entonces a la agencia Servimedia el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependía la Oficina de Conflictos de Intereses, la incompatibilidad no se aplicaba en este caso por tratarse de la patronal del Reino Unido, fuera del ámbito de actuación de la Dirección General de Ordenación de Juego española, por tanto.
Ahora, asociados en Silverback Advocacy, Hernández y Espinosa no revelan a Público si siguen asesorando a JDigital. Pero la consultora ha sido seleccionada y finalista en los años 2023, 2024 y 2025 de los premios que la patronal otorga, en la categoría de Mejor Proveedor de Servicios, a la empresa que destaca «por su labor de asesoramiento, certificación y consultoría a empresas del sector en el ámbito regulatorio y de compliance«.
Contra el endurecimiento de la regulación del juego
Además, ambos ex directores generales son habituales en las publicaciones del sector del juego, como AZARplus, Infoplay o SectordelJuego.com, donde publican artículos a favor de una «regulación inteligente» de las apuestas. En ellos advierten contra la «sobrelegislación» y sostienen que las normativas de juego que «restringen demasiado sin considerar el carácter del entorno no regulado pueden resultar ineficaces». A su juicio, el «endurecimiento» de las leyes sobre «protección y prohibición del marketing y la publicidad» no reduce «las tasas de juego problemático». Por el contrario, aseguran que legalizar los slots online –las tragaperras virtuales– en 2015 aumentó el número de jugadores del mercado legal hasta el 87% en 2019, cuando antes sólo el 55% optaba por las apuestas legales. Es la tesis defendida por la patronal de la industria del juego. Según argumentan, normas demasiado restrictivas no sólo son «desproporcionadas», sino que también contribuyen al crecimiento del mercado ilegal y, por tanto, no sujeto a la supervisión de los poderes públicos.
Hernández y Espinosa también suelen participar en foros públicos del sector, donde aseguran que la prohibición total de la publicidad no tiene efectos sobre el juego de los menores, porque éstos sólo juegan en el mercado ilícito: al «limitar la visibilidad del mercado regulado, fortalece el ilegal». Aseguran incluso que entre 2011 y 2020 –entre la legalización de las tragaperras online y la aprobación del real decreto con restricciones a la publicidad del juego–, el número de lo que llaman «jugadores problemáticos» se redujo del 0,9% al 0,7 u 0,8%.
Por el contrario, la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al real decreto de 2020 alerta frente al «progresivo ensanchamiento de la base de clientes muy jóvenes con respecto a la totalidad de jugadores online activos». Según sus cifras, la cuota de apostadores de 18 y 19 años creció del 4,39% al 5,21% entre 2016 y 2019, al mismo tiempo que lo hacía la inversión publicitaria. Restringir los anuncios a determinados horarios –de una a cinco de la mañana– repite la misma cautela establecida para los propios programas de apuestas, que por su «repetitividad e inmediatez» pueden «inducir o favorecer el consumo impulsivo», según determina la misma sentencia del Tribunal Supremo que dio, en parte, la razón a JDigital en 2024.
Expertos en adicción al juego como Mariano Chóliz, catedrático de Psicología de la Universidad de València, contradicen también la perspectiva de la patronal y del lobby «inteligente» impulsado por Hernández y Espinosa. Sólo el 3,2% de la población juega, explica Chóliz, pero el 10% de esos jugadores son responsables del 80% de los 1.500 millones de euros que pierden al año esos apostadores españoles, destaca también. «Sin ludópatas, no habría juego online«, zanja.