Hace un año el sonido de las llaves de millones de inquilinos se escuchó por toda España. Fue la primera gran manifestación por una vivienda digna que se vivía en el país. Solamente en Madrid, alrededor de 100.000 personas salieron a las calles para exigir el fin del rentismo. El grito era unánime: «¿Qué pasa? Que queremos casa» y el mensaje claro: las huelgas de alquiler habían llegado para quedarse.
Estos días, coincidiendo con los Housing Action Days, hay marchas y eventos en varios puntos de España, que se suman a las acciones coordinadas que se están organizando en toda Europa. El año pasado más de sesenta países hicieron seguimiento de esta convocatoria, a la que están asociadas tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. «Mientras los ricos se enriquecen, las democracias de todo el mundo se debilitan y millones de personas luchan por satisfacer necesidades básicas como la vivienda», alertan los organizadores. Este año las reivindicaciones se centran en la turistificación, los efectos de la crisis climática y la escalada bélica.
Tras la Asamblea Estatal de la PAH celebrada este fin de semana, los activistas se han unido formalmente a estas jornadas y están anunciando actos desde sus diferentes nodos. En un comunicado difundido a los medios han tachado el nuevo decreto de vivienda de «insuficiente» y «limitado» y denuncian «el abandono deliberado por parte del Gobierno del intento de mantener en pie la moratoria antidesahucios», una medida que ha quedado fuera de este último paquete anticrisis.
Frente a esta situación, hacen un llamamiento a todos los movimientos sociales y ciudadanos a salir a la calle: «Ante estos decretos de mínimos, respondemos con movilizaciones de máximos». En paralelo, con la esperanza de que pueda servir para cambiar la postura de Junts en el último momento, hasta los socios del Gobierno se han aventurado a pedir apoyo. «Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que, cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación, se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa», decía Pablo Bustinduy este lunes, en una entrevista en RTVE.
Andalucía contra los desahucios y la gentrificación
A lo largo del mes de marzo se han organizado varias acciones contra la gentrificación y la especulación en diferentes puntos del país, que buscan presionar a las instituciones, pero también concienciar a la ciudadanía de la importancia de organizarse y participar en las asambleas.
Córdoba ha sido una de las primeras ciudades en sumarse oficialmente a los días globales por la vivienda. Stop Desahucios y otros colectivos han organizado este martes una protesta que ha recorrido el casco urbano. La plataforma denuncia el «reiteradamente nefasto efecto de los llamados fondos buitre», a los que señalan como «los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadores sin alternativa habitacional» y denuncia las consecuencias de la caída de la moratoria antidesahucios: «En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz».
Aunque en fechas algo más alejadas de estas jornadas, en Málaga, más de mil personas recorriendo la ciudad el 14 de marzo para apoyar a los vecinos del bloque de Avenida de Europa 15, que se enfrentan a un futuro desalojo masivo. A esa concentración acudieron también los 62 afectados por un desahucio en Manilva, que este martes 24 de marzo se han quedado en la calle sin alternativa habitacional.
«Desgraciadamente se ha ejecutado el desahucio, pero el apoyo vecinal ha derivado en una manifestación por la ciudad y esta noche parece que dormirán las familias en un polideportivo», explica un portavoz de Málaga para Vivir, que denuncia que han dejado a las familias «tiradas a su propia suerte». Este jueves pretenden acudir al pleno de la ciudad para intentar que los vecinos de Avenida Europa no corran la misma suerte.
Semana de movilizaciones: València, Mallorca o Madrid
Este fin de semana hay previstas otras dos concentraciones, una en Mallorca y otra en Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Tetuán sale a la calle este sábado 28 de marzo contra «las distintas formas de acoso inmobiliario». Como acción previa, la semana pasada empapelaron varias sedes socialistas, con carteles bajo el lema «Gobierno cómplice de matones y rentistas», exigiendo la desarticulación de las empresas de ocupación.
En la capital de les Illes Balears también se ha hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan el domingo 29 a la Plaza de España. El archipiélago registra los mayores porcentajes de descontento ciudadano, relacionados con el acceso a la vivienda. Ángela Pons, portavoz de la PAH en la isla, denunciaba hace hace unos días, en conversaciones con este medio, la situación asfixiante que viven los mallorquines, con cientos de trabajadores del turismo viviendo en asentamientos y caravanas, ante la imposibilidad de acceder a unos alquileres que «en los barrios obreros, ya rozan los 2.000 euros y por una habitación pueden pedirte fácilmente 700 euros».
«Aquí todo es para el turista, pero los mallorquines no tenemos dónde vivir. Y todas las semanas nos enfrentamos a desahucios de gente que se queda en la calle, porque no tenemos narices de encontrarles una alternativa habitacional», cuenta. Este mismo lunes ha atendido un último intento de desalojo de una pareja de 75 años.
También en otras ciudades hay previstos distintos tipos de acciones coordinadas. Segovia se ha unido a los Housing Global Days, con dos actividades, este martes y este miércoles, «para reivindicar y celebrar la semana de acción global por el derecho a la vivienda en un mundo habitable», que serán familiares y participativas. Barcelona o Donostia han anunciado diferentes acciones de lucha que darán a conocer en los próximos días.
Por su parte, en el País Valencià, el sábado, en el barrio de Russafa, se organizará una cadena humana «contra la especulación inmobiliaria», con la que quieren exigir la paralización de un proyecto que pretende construir 34 bajos turísticos y dos sótanos de estacionamiento. Un acto organizado desde València no está en venta, y que enmarcan dentro de esta semana de la lucha internacional por la vivienda.
En Toledo, aprovechando estas jornadas, la recién creada Unión Popular de Inquilinos se está dando a conocer barrio a barrio. Se trata de un grupo de jóvenes «indignados» por la subida de las rentas, las condiciones abusivas de los contratos y la gentrificación turística. Están vinculados a la Unión Popular de Estudiantes de Toledo y, en un comunicado, inciden en que hasta la fecha no había un colectivo en la ciudad al que recurrir en caso de conflicto con el casero o del que exigir el cumplimiento de los derechos de los inquilinos.
Además, el fin de semana pasado dos marchas reunieron a cientos de inquilinos y afectados por la subida de los precios de la vivienda en dos extremos del país: Vigo y Alacant. Unas 800 personas organizadas por Alianza Pola Vivenda exigieron en Vigo medidas contra la «emergencia habitacional», que deja ya contratos que superan los 700 euros, según denunció Juan Medela, portavoz de la Alianza. El colectivo exige que se adopten cinco medidas «inmediatas», entre las que incluía la declaración de la ciudad como zona tensionada –el Ayuntamiento aún no lo ha solicitado– o el establecimiento de un plan plurianual para la ampliación del parque público de vivienda y la creación de un censo de personas sin hogar.

En cambio, en Alacant, gran parte de las reivindicaciones y el descontento vecinal giró en torno al escándalo de las VPO que salpica a la provincia tras el estallido del caso de Les Naus. Desde el Sindicato de Vivienda de la Zona Norte han criticado duramente a los gobiernos local y autonómico, a los que acusan de modificar la legislación para facilitar estas concesiones. Piden la expropiación de las VPO adjudicadas a «personas que no las necesitan», la creación de un órgano de gestión en el que participen las asociaciones vecinales y que las personas implicadas en el escándalo sean apartadas de la administración pública.
Acciones coordinadas por toda Europa
«Los ricos se enriquecen cada vez más mientras las democracias de todo el mundo se vacían y millones de personas luchan por garantizar sus necesidades básicas y una casa donde vivir. A medida que se multiplican las crisis, la gente se ve obligada a emigrar, solo para encontrarse con fronteras cerradas, represión y políticas cada vez más racistas», denuncia en un comunicado la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad.
La coalición de activistas se describe como «inquilinos que resisten a los desalojos, trabajadores que luchan por salarios justos y por llegar a fin de mes, personas sin hogar que luchan por una vivienda digna para todes y comunidades que reclaman tierras y espacios para la vida colectiva». Bajo esta bandera se agrupan organizaciones de Irlanda, Alemania, Grecia, India o hasta Ucrania.
Sin ir más lejos, Portugal ha vivido el pasado fin de semana una ola de movilizaciones por la vivienda que ha recorrido unas 16 ciudades. Mientras que los salarios más bajos no llegan a los 1.000 euros, en las urbes el precio de la vivienda no para de subir, con alquileres que ya ascienden hasta los 2.000 euros mensuales. «Madres solteras desalojadas, familias que viven hacinadas, otras que regresan a chabolas sin agua o luz y algunas vuelven del trabajo para dormir en tiendas de campaña», así describen la situación del país en un comunicado los más de 80 convocantes.
En estos días son Francia y Alemania los países que concentran la mayor cantidad de acciones. En Berlín todos los días de la semana habrá diferentes actos, desde marchas a concentraciones o ‘performance’. Este miércoles saldrán con las maletas a la calle para denunciar la turistificación del centro de la ciudad. El jueves hay prevista una vigilia contra la falta de alojamientos y el aumento de los desalojos. También han organizado una «ruta» tras las huellas de los pubs y locales de barrio desaparecidos.
En Francia, entre otros actos, este sábado, en Lion, se organiza un evento en apoyo a 27 familias, incluidos 72 niños, que actualmente ocupan una escuela abandonada, tras haberse quedado sin otra alternativa. «Tras una tregua invernal, vuelven a enfrentarse a la amenaza del desalojo», advierte Jamais Sans Toit, un colectivo en apoyo a la infancia. En gran parte del país galo se suceden actos contra el fin de la «tregua invernal» que protege a las familias de los desalojos. París, Lille, Mulhouse o Marsella tomarán las calles este fin de semana.
A diferencia de otros años, en el comunicado conjunto de los organizadores de estos Housing Action Days se ha hecho un llamamiento claro a la paz: «El año comenzó con alarmas ensordecedoras: presenciamos genocidios y guerras impulsadas por los intereses de los poderosos, alimentando una nueva ola de militarización». Los conflictos, defienden, acaparan recursos que no se destinan a políticas sociales, como la vivienda, y provocan el desplazamiento forzado de miles de personas cada año.