El Tribunal Supremo acaba de rechazar la suspensión del real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que pidió con carácter urgente la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), una agrupación que dice luchar contra el «expolio del patrimonio histórico español» y contra la «dañina y revanchista» Ley de Memoria Histórica. «Memoria democrática sin subvenciones, patrimonio histórico sin ideologías y verdad histórica sin censura» es el lema con que saluda a los lectores en su página web.
La asociación presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para que ésta anule el real decreto, en vigor desde el pasado 23 de abril. Con la medida cautelarísima solicitada al mismo tiempo, su intención era paralizar de forma inmediata el proceso por el que medio millón de inmigrantes irregulares, según las previsiones del Gobierno, adquirirán derechos y obligaciones –cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos, recibir ayudas sociales–.
Aunque los fines y actividades declarados de la ARVH se centran en la «conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural español», la asociación es una más de la cuarentena de agrupaciones de la extrema derecha que en los últimos años han inundado de demandas los tribunales en una suerte de Brunete legal que Público describió en esta serie de reportajes. En un intento por trasladar la batalla política al campo judicial, estas asociaciones –desde Hazte Oír y Abogados Cristianos hasta Liberum o la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos– se han querellado contra altos cargos, magistrados y dirigentes políticos por los más diversos motivos. En su momento fueron las medidas contra la covid, los independentistas catalanes y los líderes de Podemos. Pero también un programa de televisión, las banderas o el discurso de un diputado les empujaban a los juzgados.
En el caso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la regularización de migrantes no ha sido su primer litigio extraurbanístico. En noviembre de 2023, ya había recurrido el anteproyecto de Ley de Amnistía, al tiempo que solicitaba como medida cautelarísima –al igual que hizo con la regularización de inmigrantes– que se suspendiera con carácter inmediato el procedimiento de aprobación de lo que entonces era una proposición no de ley. También intentaba paralizar el nombramiento del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo Elola-Olaso, por haber sido antes subsecretario del Ministerio de Política Territorial «y persona presuntamente muy cercana al presidente del Gobierno».
En una ampliación del recurso, pidió además la recusación del magistrado ponente, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, apoyándose en la supuesta «enemistad ideológica» de éste y de su hermano Marcial, vocal progresista del CGPJ, con la asociación. Incluso instó al tribunal a suspender la sesión de investidura del presidente del Gobierno, celebrada el 16 de noviembre de 2025. Incluso solicitó al Supremo que elevara una cuestión de legalidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque, a su juicio, la Ley de Amnistía vulneraba el Tratado de la UE y el principio del Estado de Derecho de la UE.
Rechazo del Supremo y el Constitucional
El Alto Tribunal rechazó tanto la medida cautelar como el recurso porque los tribunales contencioso-administrativos no pueden «enjuiciar la iniciativa legislativa de las Cortes Generales» ni entra en su ámbito «imponer al Gobierno la presentación de proyectos de ley», razonaba la Sala en un auto de diciembre de 2023. También avaló el nombramiento del letrado mayor del Congreso en una decisión de enero de 2025.
Dos años después del rechazo en el Supremo, la ARVH presentó un recurso de amparo contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que recusaba a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a cuatro de sus magistrados, Ramón Sáez, Juan Carlos Campo, María Luis Balaguer y Laura Díez, todos ellos considerados del bloque progresista. Se apoyaba, de nuevo, en la «enemistad ideológica» de los magistrados. El TC rechazó este segundo intento de recusación.
Público ha preguntado a la ARVH por estos litigios y por qué ha recurrido la regularización de migrantes, pero no ha obtenido respuesta alguna. El pasado diciembre también presentó un recurso administrativo contra el real decreto que concedió la nacionalidad a 54 hijos y 117 nietos de brigadistas internacionales.
Presidida por el procurador Antonio Javier Campal Crespo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tiene como vicepresidente a Guillermo Rocafort, caballero legionario del Tercio Gran Capitán, abogado, historiador, profesor universitario y colaborador del programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio. Rocafort fue condenado en 2025 por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la periodista Ana Pastor, tras rechazar el Supremo un recurso del abogado e historiador y confirmar una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid. Rocafort había acusado, sin pruebas, a la periodista de LaSexta de tener una sicav –una sociedad de inversión colectiva que sólo paga un 1% en el impuesto de sociedades– y de «incumplir sus obligaciones fiscales y contables».
De Cuelgamuros a la Cadena Ser
Pero la asociación se había estrenado, poco después de fundarse en 2021, con un recurso contra Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que buscaba la suspensión de la licencia urbanística otorgada por este municipio madrileño al organismo estatal para rehabilitar los accesos a las criptas de la basílica del Valle de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos franquista. Fue uno más de la quincena de recursos con los que organizaciones como la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y otros grupos filofranquistas intentaron impedir la exhumación de los restos de dos víctimas, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. Ambos, fusilados y enterrados en agosto de 1936 en Calatayud (Zaragoza), fueron trasladados a Cuelgamuros en 1959 sin el consentimiento de la familia, la primera que consiguió una sentencia judicial firme, en 2016, para recuperar sus restos.
«Esto supone llevar la guerra a los cementerios. Con ello se genera discordia», declaró entonces Guillermo Rocafort al medio especializado Confilegal.
Tras acumularse los recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los desestimó en marzo de 2025: determinó que las obras eran efectivamente de rehabilitación y estaban «justificadas por la necesidad de lograr el acceso a las criptas» para acometer las exhumaciones y dar así cumplimiento a una sentencia judicial. En su recurso, la ARVH invocaba «el derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y sus familias, y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno, que se verá vulnerado si se accede a ejecutar las obras, manifiestamente ilegales». En cuanto a los argumentos puramente urbanísticos, la asociación alegaba que, al estar incluida la basílica en el catálogo de bienes protegidos de San Lorenzo de El Escorial, sólo se pueden hacer en ella obras de rehabilitación y mantenimiento. Por el contrario, los trabajos en los accesos a las criptas –con un presupuesto de 674.682 euros y una duración de tres meses– eran, a su juicio, «obras de consolidación, demolición y obra nueva» que sólo podían ser autorizadas previa elaboración de un Plan Especial.
En 2022, la ARVH tuvo una segunda actuación: escribir una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, donde le pedía al Gobierno que declarara a la Cadena Ser «emisora de radio colaboracionista con el franquismo» y la dividiera en «múltiples lotes» para entregárselos a las asociaciones memorialistas. Según argumentaba la asociación, la Ser es una cadena «fascista» que se benefició de su posición de «casi monopolio» en el franquismo. En una cáustica vuelta de tuerca a Ley de Memoria Histórica, la ARVH denunciaba que la cadena de Prisa la vulnera y, por tanto, debe ser «resignificada» y su sede central, «declarada lugar de Memoria». Tras ridiculizar el contenido de la ley –pide que la emisora cambie de nombre comercial para alejarla de su pasado fascista y que pida perdón por él–, la asociación regresa al presente y exige la eliminación del programa Hora 25 y el despido de Héctor de Miguel, Quequé, el humorista a quien denunció Abogados Cristianos por una broma sobre dinamitar el Valle de Cuelgamuros.
Gestiona un monumento a soldados de Mussolini
Su mayor éxito lo obtuvo la ARVH en marzo de 2025, cuando consiguió la cesión de las seis hectáreas donde se levanta la Pirámide de los Italianos, un monumento construido en 1939 por orden de Franco en honor de los soldados de Mussolini muertos en la batalla de Santander dos años antes. El túmulo funerario, situado en Valle de Valdebezana (Burgos), fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Castilla y León en febrero de 2024, cuando Vox aún formaba parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. La decisión la firmó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, nombrado por el partido ultra pero aún en el cargo tras la ruptura del pacto de gobierno con el PP.
A cambio de un canon de 500 euros al año, la Hermandad de Ganaderos de la Rivera de Herbosa, propietaria de los terrenos, ha cedido los terrenos a la ARVH para que ésta rehabilite y conserve el monumento fascista. Incluso, según publicó La Razón, su intención no sólo es recuperar la pirámide, sino también construir allí «un centro de interpretación». Para ejecutar ese proyecto, la asociación necesita un presupuesto de medio millón de euros, que prevé obtener mediante una campaña de crowdfunding, ayudas de la Junta de Castilla y León e incluso de Roberto Menia, senador de Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni.
El monumento ya no alberga restos, que fueron trasladados en 1975 a Italia y al Mausoleo Militar Italiano de la iglesia de San Antonio de Padua en Zaragoza. Está vallado, pero sigue abandonado.
La asociación también promueve la declaración como Bienes de Interés Cultural de otros dos monumentos franquistas situados en la provincia de Burgos: el Monumento al general Mola en Alcocero de Mola y el Monumento a la columna de Sagardía en Alfoz de Bricia.
Otro de sus objetivos, el Arco de la Victoria, levantado en una de las salidas de Madrid, ya tiene la categoría de Bien de Interés Cultural, pero la asociación denuncia su «lamentable estado» y ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid para instarle a protegerlo. El consistorio de José Luis Martínez-Almeida, por su parte, dice tener listo un proyecto de restauración que aún no ha licitado, pero cuyas obras deberían comenzar en 2027.
Aunque la asociación se define como «independiente y apolítica», casi todos los monumentos cuya protección exige son franquistas. Sólo hay dos excepciones, el Templo de Debod, en Madrid, y los cuarteles de Loyola, en San Sebastián. El motivo: son los que están en peligro de ser destruidos, según la ARVH. También quiere blindar el Monumento a los Caídos, en Pamplona, que considera el «más importante vestigio de la segunda mitad del siglo XX en Navarra», tal y como defendió en La Razón. «Su desaparición [que exigen las asociaciones de Memoria Histórica] supondría un menosprecio a aquellos que murieron en el frente«, sostiene.
«Sólo uno de los bandos tenía razón y es el que ganó»
Ayuda igualmente a definir el perfil de la ARVH su presentación en sociedad, en marzo de 2022, en el Casino Militar de Madrid. Al acto asistieron, además de Antonio Javier Campal, los historiadores Antonio Nadal y Fernando Paz, miembro del patronato de honor de la Fundación Denaes, que presidió Santiago Abascal durante ocho años. Actuó como moderador Javier García Isac, hoy director general de EDATV, la televisión del agitador ultra Javier Negre. «Los que perdieron la Guerra Civil nos están diciendo cómo fue. Hubo dos bandos en nuestra Guerra Civil y hubo gente buena en los dos bandos, pero sólo uno tenía razón y, nos guste o no, es el que ganó. Lo demás es autoengañarnos», fue la introducción de este antiguo militante de Fuerza Nueva, habitual en tertulias como El gato al agua, de IntereconomíaTV, y candidato a las elecciones autonómicas y europeas por el Partido Demócrata (PADE) –una escisión a la derecha del PP– en 2003 y 2004.
También forman parte de la directiva de la asociación Francisco Javier Zaragoza Ivars, hijo de un alcalde franquista de Benidorm (Alacant) y el abogado que interpuso la mayor parte de los recursos contra la licencia de obras en Cuelgamuros, así como José Ismael de la Barba Palacio, arquitecto que firmó no sólo un informe que avala el valor patrimonial de la Pirámide de los Italianos, sino también otros sobre la relevancia arquitectónica de la basílica de la sierra madrileña o del Monumento a los Caídos de Pamplona.
El programa de La Sexta Equipo de Investigación contactó con la ARVH cuando preparaba un reportaje sobre El rastro de Franco, que emitió el 20 de noviembre de 2025. Su presidente, Antonio Javier Campal, respondió por escrito a las preguntas que le formularon los redactores del programa y después las colgó con las respuestas en su página web, denunciando que la asociación estaba siendo «objeto de un montaje televisivo». «El Valle de Cuelgamuros es, sin duda, la mejor obra y con más valor arquitectónico del siglo XX en España y es un monumento de reconciliación nacional a los dos bandos de nuestra contienda civil«, concluyó Campal cuando se le preguntó por su independencia ideológica.
Las preguntas que no contesta la ARVH
Público envió una serie de preguntas a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) sobre su actividad, recursos judiciales y fuentes de financiación. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. Su asociación fue registrada en el Ministerio del Interior en septiembre de 2021 pero, según aparece en su página web, ustedes dicen que sus miembros «llevan coordinándose de manera altruista desde hace más de 10 años en defensa del patrimonio histórico español». ¿Nos puede explicar a qué tipo de coordinación se refieren, cuál fue su actividad durante esos años?
2. ¿Cuántos miembros tiene su asociación? ¿Siguen siendo Javier Campal su presidente y Guillermo Rocafort su vicepresidente?
3. ¿Cuál es su presupuesto anual? ¿De dónde proceden sus fondos?
4. Según han explicado a los medios de comunicación, ustedes cifran en unos 500.000 euros el presupuesto para gestionar la Pirámide de los Italianos, cuya cesión disfrutan desde marzo de 2025. ¿Han conseguido esa cifra? ¿Cómo? ¿Han pedido/recibido alguna subvención de la Junta de Castilla y León, tal y como decían en la prensa que era una de las posibilidades que estudiaban para conseguir fondos? ¿Han recibido alguna ayuda de Italia, otra de las fuentes de financiación que mencionaban? ¿Han acometido ya algún trabajo de restauración o mantenimiento de la Pirámide?
5. Según puede leerse en su web, el objetivo de la asociación es defender el patrimonio histórico español, así como combatir la Ley de Memoria Histórica. No obstante, también han recurrido en los tribunales la Ley de Amnistía y el real decreto para la regularización de inmigrantes, que quedan fuera de ambos objetivos. ¿Por qué?
6. ¿Siguen adelante con el recurso contra la regularización de inmigrantes, pese a haber rechazado el Supremo la medida cautelarísima que habían solicitado para paralizar la entrada en vigor del real decreto?
7. ¿Qué acciones judiciales/administrativas tiene la asociación en marcha en estos momentos? En su web citan el Arco de la Victoria y el Monumento a los Caídos de Pamplona, pero quizás tienen alguna más activa en estos momentos.
8. ¿Qué respuesta les dio el secretario de Estado de Memoria Democrática a la carta en la que le pidieron que declarara a la Cadena Ser «emisora de radio colaboracionista con el franquismo» y la dividiera en lotes para entregárselos a asociaciones memorialistas?