El material militar fabricado en España atraviesa fronteras y llega hasta distintos puntos del mundo, incluso a aquellos sitios que son señalados como autores de violaciones a los derechos humanos. Más allá del caso concreto de Israel, el Gobierno mantiene las exportaciones a varios destinos calientes. Los informes oficiales en los que figuran las razones esgrimidas para permitir esos negocios son, a día de hoy, de carácter secreto.
Según datos recogidos en el último informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial, al menos 12 de los países que aparecen en el último reporte gubernamental de exportaciones de material de defensa o antidisturbios en 2025 son señalados por perseguir, encarcelar o torturar a civiles.
Entre ellos no está Israel, pero sí su principal aliado: en el primer semestre de 2025 se autorizaron 92 licencias de exportación de material de defensa a EEUU por un importe de 313.372.468 euros. El informe del Gobierno indica que sólo el 2,9% fue con destino a las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras que el resto tiene como destino a empresas privadas.
Además, se efectuaron exportaciones a EEUU por 21,5 millones de euros, entre los que destacan 10 millones en barcos, 1,4 millones en munición o 1,2 millones en bombas, «todo ello material susceptible de ser utilizado en acciones contrarias al derecho internacional como las llevadas a cabo por EEUU en los últimos meses», afirma Amnistía Internacional en un análisis sobre los datos del Gobierno español.
El organismo de derechos humanos destaca que además de mantener su apoyo a Israel en el genocidio contra Gaza, el Gobierno de Donald Trump «puso fin al acceso al asilo en la frontera y se endureció drásticamente el control de la inmigración. Se violaron los derechos de quienes protestaban», indica AI.
La organización de derechos humanos resalta que «el uso de medios letales por la policía afectaba desproporcionadamente a la población negra». «El gobierno de Trump implementó una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración», afirma.
Socios árabes
El régimen absolutista que ejerce el poder en Arabia Saudí es otro de los grandes clientes de la industria armamentística española. En el primer semestre de 2025 -último periodo sobre el que el Gobierno español ha ofrecido información al Congreso-, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), encargada de analizar las solicitudes de exportación, autorizó ocho licencias con destino a Arabia Saudí por un importe de 37.536.000 euros.
El informe de AI señala que en 2025 «Arabia Saudí ejecutó a cientos de personas por una amplia variedad delitos, relacionados en especial con las drogas y el ‘terrorismo’. La mayoría de las víctimas de ejecución por delitos de drogas eran nacionales de otros países, quienes se enfrentaban a obstáculos adicionales para obtener un juicio justo». El documento añade que «muchas de las ejecuciones se llevaron a cabo por ta’zir, delitos para los que la ley no especificaba ninguna pena concreta».
Emiratos Árabes Unidos es otro de los destinos polémicos. En los primeros seis meses de 2025 se autorizaron ocho licencias de material de defensa por importe desconocido y se exportaron vehículos blindados por 14,4 millones de euros, entre otras operaciones. Según destaca el informe de AI, el régimen absolutista que dirige Emiratos «mantuvo la pena de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones».
En esa misma región está otro de los clientes de la industria militar española: la monarquía absolutista de Qatar. Amnistía Internacional destacó en su estudio que el año pasado «ontinuaron imponiéndose estrictas restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica», mientras que «las minorías religiosas, las mujeres, los niños y las niñas y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica».
Pese a ello, el Gobierno autorizó la exportación de material antidisturbios a ese país. El informe oficial no explica cuál es el tipo de armamento comercializado.
Persecución en Bangladesh
En el caso de Bangladesh, la JIMDDU dio su visto bueno a dos licencias de exportación de material de defensa por un valor de 2.024.732 euros. En ese país asiático, según AI, «la libertad de expresión, asociación y reunión continuó restringida innecesariamente bajo el gobierno provisional».
Entre otros aspectos, «se sometió a personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, a arrestos arbitrarios y hostigamiento por ejercer su derecho a expresarse libremente». Además, la crisis humanitaria de las personas refugiadas rohinyás «se agudizó debido a los recortes en la financiación humanitaria».
Juicios por «terrorismo» en Egipto
El Gobierno español autorizó también dos licencias de exportación de material de defensa a Egipto –bajo el control del régimen autoritario de Abdel Fattah el-Sisi– por importe desconcido. En este país, apunta AI, «las autoridades llevaron a juicio a miles de personas por delitos relacionados con el terrorismo, en muchos casos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos» y «se sometió a las ONG a restricciones indebidas que limitaban su acceso a financiación, lo que mermó sus actividades».
«Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituían homicidio intencional, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2025 y en años anteriores», añade el documento de la organización de derechos humanos.
Acuerdos con el Gobierno de Erdogan
Turquía es otro de los clientes de la industria armamentística española. En la primera mitad de 2025 se concretaron exportaciones de material de defensa al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por 59.589.987 de euros, mientras que se autorizaron otras 32 licencias por un valor de 133.231.227 euros, lo que sitúa a este país entre los principales compradores.
Estas operaciones no se han visto afectadas por las violaciones de derechos humanos registradas en el país. Amnistía Internacional documentó que en 2025 «se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial».
«Las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas torturas y otros malos tratos a manos de autoridades del Estado, seguían enfrentándose a una cultura de impunidad», subraya.
Periodistas asesinados en Filipinas
Las vulneraciones de derechos humanos también agitan la vida diaria en Filipinas. En el informe de AI se señala que en 2025 continuaron los homicidios en el contexto de la denominada «guerra contra las drogas», mientras que «cuatro periodistas fueron asesinados y una periodista fue detenida por presuntas violaciones de la legislación antiterrorista, que también se utilizó contra activistas y trabajadores y trabajadoras del ámbito del desarrollo».
«Cientos de personas, entre las que había menores de edad, fueron arrestadas y quedaron detenidas tras las protestas contra la corrupción en los proyectos de control de las inundaciones. El acoso online de las autoridades creó un clima de temor entre jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos», apunta. Pese a estas cuestiones, el Gobierno español concedió tres licencias de exportación de material de defensa a Filipinas por un valor de 32.326.236 euros.
Juicios sin garantías en Argelia
En el caso de exportaciones de material militar a Argelia, donde en 2025 «se practicaron detenciones arbitrarias, se celebraron juicios sin garantías basados en cargos de terrorismo y otras acusaciones infundadas y se impusieron prohibiciones de viajar para castigar la disidencia pacífica», la Junta Interministerial que regula este comercio dio su visto bueno a tres licencias de exportación por 385.200.000 euros. El informe del Gobierno detalla que se trata de ocho aviones militares.
Represión en Azerbaiyán y Kazajistán
La Junta también autorizó dos licencias de exportación a Azerbaiyán por un importe de 6.400.000 euros. Al mismo tiempo, según AI, el gobierno de ese país «seguía reprimiendo toda forma de disidencia y cientos de personas continuaban en prisión por cargos falsos y de motivación política».
El informe señala que las ONG independientes y los grupos de base se enfrentaron a fuertes restricciones. Se reprimieron protestas pacíficas. La tortura y otros malos tratos, así como la impunidad de los perpetradores, seguían siendo generalizados. Las mujeres y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación, violencia de género y acoso del Estado».
En el listado de exportaciones autorizadas en el primer semestre de 2025 figuran también Kazajistán. Este país, gobernado por Kasim-Yomart Tokáyev, recibirá exportaciones de material de defensa español por un importe de 81.460.149 euros en concepto de un avión militar y componentes para la fabricación de aeronaves militares.
Las autoridades de este país “siguieron silenciando las voces críticas y reprimiendo la disidencia utilizando para ello los cargos excesivamente amplios de difundir información falsa e incitar a la discordia étnica, social, racial y religiosa”, afirma AI. El organismo de derechos humanos denuncia que en 2025 “continuaron las detenciones y los procesamientos de activistas de la sociedad civil y personas corrientes que ejercían su derecho a la protesta pacífica”.
«Las autoridades presionaban cada vez más a las ONG y los grupos de oposición política, acusándolos de usar fondos extranjeros para socavar el país y sus ‘valores tradicionales’. Se formularon acusaciones parecidas contra personas LGBTI, que seguían sufriendo discriminación», subraya.
Material antidisturbios para Uzbekistán
En el vecino Uzbekistán también tienen interés por la industria militar española. El último informe del Gobierno señala que se autorizaron tres licencias de material de defensa con destino a ese país por 28.171.648 euros. Además, la Junta Interministerial permitió la venta de material antidisturbios para las fuerzas policiales uzbekas por un importe de 38.000 euros.
De acuerdo al estudio realizado por AI, en ese país se registran violaciones a los derechos humanos. «La libertad de expresión seguía estando amenazada, y activistas y periodistas se enfrentaban a enjuiciamientos por motivos políticos y a restricciones para viajar. Las autoridades continuaron paralizando las reformas para abordar la impunidad de la tortura y otros malos tratos», destaca el documento.
Actas secretas
Las solicitudes de exportación a estos países fueron tramitadas por la JIMDDU, entre cuyos integrantes se encuentran representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Defensa o del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros. Las actas de sus reuniones son secretas, lo que impide conocer cuáles son los procedimientos seguidos en cada caso para permitir las operaciones.
A raíz de una consulta de Público, fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio señalaron que «la política española en materia de exportación de material de defensa y de seguridad se rige por uno de los marcos más exigentes y garantistas a nivel internacional» y destacaron que este país cuenta con la Ley 53/2007, que «establece un sistema especialmente riguroso en términos de control, transparencia y prevención de desvíos».
Sostienen además que «cada operación es analizada de forma individualizada» por la JIMDDU, que «evalúa de manera exhaustiva múltiples criterios antes de autorizar cualquier exportación» y aseguran que «entre ellos, ocupa un lugar central el respeto a los derechos humanos en el país de destino».
«Criterios objetivos»
La Secretaría de Estado de Comercio sostiene que se realiza «una evaluación detallada del uso final del material, con el objetivo de garantizar que no será empleado para la represión interna, la vulneración de derechos fundamentales o la violencia contra la población civil». «Este análisis se apoya en información procedente de organismos internacionales, informes sobre la situación política y valoraciones sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos en los países receptores», afirmaron las fuentes consultadas por este periódico.
Remarcaron además que España «aplica plenamente la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea, que establece criterios vinculantes para todos los Estados miembros, así como otros compromisos internacionales en la materia» y subrayaron que «este sistema permite precisamente lo que exige el derecho internacional: un examen caso por caso, basado en criterios objetivos y en un escrutinio técnico muy exigente». «No se trata de decisiones automáticas ni generalizadas por países, sino de evaluaciones individualizadas de cada operación», añadieron.
Público solicitó los informes sobre las exportaciones autorizadas a los países señalados por vulnerar los derechos humanos. La Secretaría de Estado de Comercio no remitió esos documentos, al tiempo que aseguró que «el Gobierno remite periódicamente al Parlamento informes públicos sobre las exportaciones autorizadas y realizadas, en los que se recoge de forma agregada toda la actividad en este ámbito, conforme a lo previsto en la legislación vigente».