La Xunta de Galicia ha multiplicado por cuatro en apenas cuatro años la cantidad de dinero que entrega mediante contratos registrados como menores y que fueron adjudicados a los grandes grupos de la sanidad privada española que gestionan hospitales, clínicas y laboratorios en la comunidad. En los últimos cuatro años, la cantidad se eleva a más de 6.400 euros de media al día.
Entre Quirón, Hospitales de Madrid (HM), Ribera Salud, Vithas y Recoletas, que administran más de una veintena de centros sanitarios en Galicia, facturaron a la Xunta entre 2022 y febrero de este año 9.748.361 euros, a través de más de 570 contratos suscritos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Consellería de Sanidade del Gobierno de Alfonso Rueda, frente a los 2.350.019 euros del período comprendido entre marzo de 2018 y el final de 2021. Así lo refleja la información a la que ha tenido acceso Público a través de la plataforma de adjudicaciones de la Xunta.
El procedimiento de la contratación menor establece un máximo de 15.000 euros (18.150 con IVA incluido) para que las administraciones públicas puedan eludir el concurso público y adjudicar directamente la prestación de servicios, entre ellos los relacionados con la sanidad. Por eso son conocidas como adjudicaciones a dedo. Además, cerca del 60% de la facturación mediante esa modalidad de los grandes grupos sanitarios a la Consellería de Sanidade, que dirige Antonio Gómez Caamaño, se tramitó mediante 39 adjudicaciones que superan ese tope. Suman 7,27 millones que se repartieron Quirón, HM, Ribera Salud y Recoletas.
Veinte contratos de más de 100.000 euros
En ocasiones, la cantidad licitada y finalmente adjudicada multiplica con creces el máximo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación menor. Según la información a la que ha tenido acceso Público, al menos 22 contratos asignados entre 2022 y 2026 a esas compañías superan los 100.000 euros. Ocho de ellos sobrepasan los 250.000 y dos incluso exceden el medio millón de euros.
La Xunta se ha limitado a dar acceso en su portal de transparencia al importe, objeto genérico y fechas de anuncio de todos esos contratos, pero en ninguno de los de mayor importe figura la documentación relevante de los expedientes, como sus memorias justificativas, pliegos de condiciones y resoluciones de las mesas de contratación, ni tampoco las razones que, en su caso, justifican la elección de una modalidad de contratación no contemplada por la ley para esos importes.
Consultado al respecto por Público, el Sergas asegura que las citadas adjudicaciones no son en realidad contratos menores, sino que «responden, principalmente, a la prestación de servicios con medios ajenos mediante autorizaciones de uso», una figura, según el Sergas, «regulada en el artículo 74 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, prevista específicamente en la normativa sanitaria», añade el organismo, y que «se emplea, por lo tanto, con dicho amparo legal». Ese precepto no se refiere sin embargo a las autorizaciones de uso sino a los contratos de servicios sanitarios, y no establece excepción alguna para que puedan adoptar la forma de contratos menores cuando su importe supera el máximo legal.
El Sergas, con todo, se reafirma en que se trata de «facturaciones de autorizaciones de uso, no siendo contratos menores del artículo 118 de la ley de contratos«, y que si su plataforma de transparencia los recoge como tales es porque «en el programa de contabilidad aparecen codificados como gasto menor al no existir un contrato programa ni una tipificación propia para esta figura específica de la autorización de uso». «Al tener esa codificación de gasto menor, los pagos se transmiten con esa denominación al portal de transparencia y a la plataforma de contratación mediante un procedimiento automatizado desde el programa contable, no de manera manual. Constan pues con dicha cualificación de ‘contrato menor‘ por motivo del código que tienen asignado, aunque realmente no se corresponden a esta figura», concluyen las fuentes del Sergas.
El estudio de la información disponible sí permite deducir que el organismo responsable de la sanidad pública en Galicia ha incrementado notablemente la contratación menor con los hospitales privados desde que las multinacionales se hicieron con ellos.
Ribera Salud
El grupo fundado en 1997 en València bajo la cobertura del Gobierno autonómico de Eduardo Zaplana (PP), propiedad hoy de la multinacional francesa Vivalto Santé, es el más beneficiado por los contratos que la Xunta registra como menores. Desde 2022 ha facturado al Sergas 4.928.423 euros mediante 178 adjudicaciones de ese tipo, de las cuales 21, que suman 3,86 millones, sobrepasan los 15.000 euros del máximo legal. El incremento con respecto al período de marzo de 2018 a finales de 2021 (1,22 millones) supera el 300%.
Ribera administra tres hospitales en Galicia, entre ellos Povisa, en Vigo, que el grupo adquirió en octubre de 2019 a la sociedad Nosa Terra XXI, propiedad del naviero José Silveira Cañizares. Povisa mantiene desde hace décadas un concierto con la Xunta para hacerse cargo de más de 100.000 pacientes de la sanidad pública en el área sanitaria de Vigo, por un importe superior a los 195 millones de euros en el período 2025-2026. Al margen de esas cantidades concertadas, Povisa se ha llevado desde 2022 más de 1,03 millones en contratos que la Xunta registra como menores.
El Sergas asegura que tampoco son tales «aunque figuren codificados de este modo por el tipo de documento contable tramitado», y que «responden al pago de hemoderivados [elaborados a partir de componentes de la sangre humana] y a las regularizaciones previstas en los propios pliegos que rigen el contrato de servicios».
Ribera Salud ha facturado a la Xunta 4,9 millones de euros desde 2022 mediante 178 contratos sin concurso, de los cuales 21, por 3,86 millones, sobrepasan el máximo legal de los contratos menores
En noviembre de 2020, Ribera se hizo con otro hospital privado en Galicia, la clínica Polusa, en Lugo, hasta entonces propiedad de la familia Lence, dueña de uno de los más importantes grupos lácteos de la comunidad. Bajo propiedad de los Lence, el centro apenas obtenía contratos sin concurso de la Xunta –14.700 euros entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, menos de 460 euros al mes de media–. Desde que Ribera lo compró esas adjudicaciones se dispararon: 3,72 millones, es decir, más de 50.000 euros mensuales. A partir de 2023 son al menos 15 por encima de los 15.000 euros del máximo legal. Las dos últimas, anunciadas por el departamento de Gómez Caamaño en octubre de 2024 y abril de 2025 bajo el epígrafe «Conciertos con entidades privadas», ascienden a 704.158 euros y a 846.677 euros, respectivamente.
La última adquisición de Ribera en Galicia fue el hospital Juan Cardona de Ferrol, que compró en junio de 2021 a la Fundación Santo Hospital de Caridad, una organización benéfica que hasta entonces obtenía de la Xunta una media de unos 2.200 euros al mes en contratos menores. Desde esa fecha la facturación por ese concepto se elevo hasta los 4.200 euros mensuales, y suma 1,9 millones desde entonces hasta ahora.
Público se ha dirigido a Ribera para interesarse tanto por el incremento de su facturación a la Xunta como por el uso de la modalidad de la contratación menor en adjudicaciones por importes que superan el máximo legal. La empresa asegura que todos los contratos «se han tramitado en todo momento conforme a la normativa y a los procedimientos establecidos». «Se trata de actuaciones que responden a necesidades asistenciales concretas del Sergas dentro del marco de colaboración habitual entre la sanidad pública y los centros concertados, y siempre bajo los criterios y supervisión de la Administración sanitaria», afirman fuentes de la compañía, que añaden que «la evolución en el volumen de contratos responde precisamente a esa mayor actividad asistencial y a la capacidad» de sus centros «para dar respuesta a las necesidades del sistema en cada momento».
Quirón
La compañía propiedad de la multinacional alemana Fresenius es la segunda más beneficiada por los contratos menores de la Xunta, que han pasado de los 530.000 euros del periodo 2018-2021 a más de dos millones entre 2022 y la actualidad, con un incremento de casi el 280%. Las tres filiales de Quirón en Galicia que han disparado su facturación por ese concepto son IDCQ Hospitales y Sanidad SL, que la ha aumentado un 456% al pasar de menos de 260.000 euros a más de 1,44 millones; Instituto Policlínico Santa Teresa –de 100.000 euros a 353.000, un 252%– y Quirón Prevención Hospitales y Sanidad SL –un 27%, desde los 170.000 euros en contratos menores entre 2018 y 2021 a los 217.000 entre 2022 y enero de 2026–.
Diez de los 348 contratos que la Xunta ha adjudicado sin concurso desde 2018 a las empresas de Quirón superan el tope máximo legal de la contratación menor. Seis lo multiplican casi por diez y sobrepasan los 150.000 euros. Los más elevados ascienden a 321.893 y 306.111 euros.
Público se ha dirigido a Quirón para conocer su versión sobre estas cuestiones, pero no ha recibido respuesta.
Hospitales de Madrid
La empresa de la familia Abarca Cidón gestiona siete centros sanitarios en Galicia. El que más contratos calificados como menores en la plataforma de la Xunta ha obtenido es el hospital HM Modelo de A Coruña, que adquirió en 2014 y que ha pasado de los 98.600 euros por esa modalidad en el primer período a más de 383.000 en el segundo –un incremento cercano al 290%–. Dos de esas adjudicaciones, publicadas por la Consellería de Sanidade en febrero y marzo de 2025, superan de largo el tope legal para los contratos menores: 278.282 euros y 70.365 euros, respectivamente, con IVA incluido.
La otra filial de HM en Galicia que ha obtenido contratos menores de la Xunta es el Instituto Policlínico La Rosaleda, de Santiago (A Coruña), que el grupo compró en octubre de 2016. Apenas ha facturado cantidades relevantes mediante esa modalidad: seis contratos por algo más de 5.300 euros entre 2018 y 2021 y ninguno desde entonces.
Público se ha puesto en contacto con la dirección de HM para pedir una valoración del aumento de esas cantidades: «No entramos a hacer valoraciones sobre el incremento o no de la actividad concertada por el Sergas, pero sí debemos aclarar que no es a través de contratos menores«, indican fuentes de la empresa.
Sus portavoces explican que el Hospital HM Modelo firmó en el 2020 «un contrato para la prestación de asistencia sanitaria especializada con una duración bianual más tres prórrogas anuales», pero aseguran que los importes citados «no guardan relación con contrato menor alguno, sino con el contrato firmado en 2020 con el Sergas».
Recoletas Salud
El Grupo Recoletas Salud es propiedad del empresario vallisoletano Amando Rodríguez, que a través de la sociedad Red Hospitalaria Recoletas SL adquirió a finales de 2022 y principios de 2023, los hospitales Cosaga y El Carmen, ambos en Ourense, para los que creó además una unión temporal de empresas (UTE). Desde entonces, las tres sociedades han incrementado su facturación a la Xunta un 689%, al pasar de 212.521 euros en contratos del Sergas entre 2018 y finales de 2021 a 1.678.504 millones entre 2022 y febrero de 2026.
Hospitales Cosaga SL, que entre 2018 y 2021, cuando era una cooperativa, no había obtenido un solo contrato registrado como menor por el Sergas, obtuvo 14 adjudicaciones por 456.184 euros en el período siguiente, cuando ya estaba en manos de la compañía de Rodríguez. En el caso de Centro Médico El Carmen SA, obtuvo 212.521 euros en el primer período. Después de que Recoletas la comprara, ha facturado 816.209 euros en los últimos cuatro años. La UTE Cosaga-El Carmen no había recibido adjudicaciones hasta este año, en el que solo entre enero y febrero lleva 406.110 euros.
De los 84 contratos suscritos desde 2018 por las filiales de Recoletas en Galicia y registrados en la modalidad de contratación menor por la Xunta, 19 superan los 18.150 euros con IVA del tope legal. Suman 1,4 millones de euros y siete superan los 50.000 euros.
Público se ha dirigido a Recoletas Salud para obtener una valoración sobre lo relatado en este artículo, pero no ha obtenido contestación. En cuanto al Sergas, sostiene que las facturas con Centro Médico El Carmen SA y Cogasa en 2026 son pagos que «fueron tramitados mediante ADOK [un documento contable único que se emplea para simplificar la gestión en operaciones donde se cumplen simultáneamente todas las fases de la adjudicación]» y que por ello «aparecen como [contratos] menores cuando se trata de pagos dentro de otro acuerdo marco».
En cuanto a los de 2024 y 2025, se corresponden, según el Sergas, «al período previo a la adjudicación del acuerdo marco» anterior, «tramitándose los correspondiente ADOKs para pago de las facturas de los servicios amparados por las autorizaciones de uso», una figura, según la Administración sanitaria, «prevista legalmente» y que «dejó de emplearse en el momento en el que se adjudicó el contrato licitado mediante acuerdo marco».
Vithas
Vithas es propiedad de la familia Gallardo a través del holding de inversiones Goodgrower, y ninguna de las adjudicaciones sin concurso que han obtenido de la Administración gallega sus filiales Vithas Hospitales SL y Vithas Lab Análisis Clínicos SL en los últimos ocho años supera los límites legales de la contratación menor. Pero ambas han visto incrementada notablemente su facturación con la Xunta mediante esa modalidad. En el primer caso, un 206% en los períodos analizados –de 206.000 a casi 630.000 euros–, y en el segundo, un 45% –de 77.000 a 112.000 euros–. La empresa tampoco ha querido valorar ese aumento.
En su respuesta a Público, y pese a que descarta que exista irregularidad alguna en el aumento de la contratación menor con los hospitales privados ni en el uso de esa modalidad para adjudicaciones que superan el límite legal, el Sergas afirma que «está trabajando en los últimos años para proceder a la licitación de estas prestaciones mediante procedimientos de la ley de contratos del sector público, existiendo diversos ejemplos de expedientes recién adjudicados y en ejecución».