Ya lo anticipó el mes pasado el portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela: sin una reacción y una negociación «real», en mayo el curso escolar se acabaría. Y así ha sido. Desde este lunes, la educación pública valenciana vive su primera huelga indefinida en décadas —no se registraba una desde 1988— con unos 78.000 docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional llamados a secundarla. La convocatoria está impulsada por STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. Los sindicatos situaron el seguimiento de la primera jornada de huelga entre el 80% y el 90%, mientras que la Generalitat redujo la cifra en torno al 47%-50%.
Durante el inicio de semana, València, Alacant, Castelló y Elx fueron escenario de numerosas movilizaciones. De acuerdo con los sindicatos, solo en Elx se concentraron alrededor de 3.000 personas en la calle, mientras que el conjunto de protestas habría reunido a más de 40.000 participantes en todo el País Valencià. La incidencia del paro también se notó en los centros: aulas prácticamente vacías y una parte importante de los colegios funcionando únicamente con servicios mínimos, especialmente en zonas como Benidorm y la Marina Baixa.
Uno de los principales puntos de fricción de la primera jornada fue precisamente la fijación de esos servicios mínimos, con debate en torno a 2º de Bachillerato, ante la proximidad de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó suspenderlos de forma cautelar. La Conselleria asegura estar abierta al diálogo, aunque los sindicatos sostienen que, por el momento, no existe sobre la mesa una propuesta concreta que consideren suficiente para desencallar el conflicto.
¿Qué hay detrás de la huelga del profesorado?
El paro se articula en torno a un paquete de reivindicaciones que los sindicatos han sintetizado en un acuerdo unitario de negociación con 40 medidas dirigidas a la Conselleria de Educación. En el centro de la mesa se sitúa la reducción de las ratios en las aulas: pasar de los actuales 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 en ESO y Bachillerato a un máximo de 20 estudiantes por clase. A ello se suma la recuperación y ampliación de plantillas, con la creación de 2.000 nuevas plazas, y el refuerzo de los profesionales de atención a la diversidad.
Los sindicatos también reclaman un plan de adaptación climática de los centros educativos ante los episodios de frío y calor extremos, la mejora de infraestructuras y la culminación de proyectos como el programa Edificant, además de acelerar la reconstrucción de los centros afectados por la DANA. En el plano laboral, denuncian la pérdida de poder adquisitivo, situado —según suscriben— «a la cola de las retribuciones del Estado». Critican que la parte autonómica del salario «no se actualiza desde hace 19 años» y exigen una recuperación progresiva del 20%, la actualización anual conforme al IPC, la recuperación de la paga extra y el reconocimiento del verano para interinos que hayan trabajado al menos 150 días.
Sindicatos de enseñanza en el País Valencià: «El fin es revertir un proceso de desmantelamiento y degradación de la educación pública»
El texto incluye medidas para reducir la temporalidad, compensar económicamente la participación en tribunales de oposiciones y aliviar la carga lectiva del profesorado mayor de 55 años. También demandan la reducción de la burocracia diaria, con la simplificación de trámites y la eliminación de informes duplicados que, denuncian, restan tiempo a la labor docente. Los docentes reivindican una mayor protección del valenciano mediante «un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe», junto con la retirada de lo que tachan de «medidas de censura» por parte del actual Ejecutivo popular.
El pulso incorpora igualmente la sustitución inmediata del personal de baja, la equiparación de los días de libre disposición con otras comunidades, la reducción de horas lectivas y la homogeneización de la jornada laboral con el resto de empleados públicos del Estado. El fin, enfatizan los docentes, es «revertir un proceso de desmantelamiento y degradación de la educación pública impropio de una sociedad que debe apostar de forma decidida por su futuro».
Xelo Valls, CCOO: «Se repite una estrategia ya vista en anteriores gobiernos del PP: debilitar los servicios públicos y favorecer la privatización»
Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO País Valencià, admite en conversación con Público que el profesorado valenciano «está agotado». «Siente que no tiene el reconocimiento que merece y que su trabajo va mucho más allá de las horas frente a la pizarra», explica. Valls insiste en que la creciente diversidad en las aulas requiere más personal y un refuerzo de las plantillas de atención educativa. «Las ratios deben bajar para que el alumnado —la auténtica joya del sistema educativo— pueda recibir una atención de mayor calidad por parte de docentes menos saturados y mejor remunerados», incide. También reclama una modernización urgente de las infraestructuras escolares para adaptarlas a la emergencia climática.
La dirigente sindical acusa además al actual Consell de haber desmantelado herramientas que, asegura, estaban permitiendo agilizar la construcción de centros educativos «por puro tacticismo político». «La educación es la principal garantía de equidad social y hay que protegerla», defiende. Valls advierte asimismo de que se avecinan nuevos recortes en la enseñanza pública «mientras se rebajan impuestos a las rentas más altas, que representan una minoría de la sociedad valenciana». En su opinión, se repite una estrategia ya vista en anteriores gobiernos del PP: «Debilitar los servicios públicos y favorecer modelos de privatización que terminan perjudicando a la mayoría social y a la clase trabajadora».
Apoyo unánime a los docentes
La primera jornada de huelga ha destacado por el respaldo de alumnado y asociaciones de familias, un apoyo que los sindicatos consideran clave para sostener la presión sobre la Conselleria. Elisabet García, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA) de València, sostiene que la huelga docente «será histórica» y que «todo el mundo la recordará» porque, a su juicio, visibiliza el deterioro acumulado de la escuela pública valenciana. En declaraciones a Público, García asegura que muchos de los avances logrados durante los gobiernos del Botànic «han quedado desmantelados con la llegada de la derecha al Consell». «La ideología marca claramente la política educativa del actual Gobierno valenciano», afirma tajante.
Elisabet García, FAMPA: «Se argumenta que no hay presupuesto para la pública mientras se sigue beneficiando a la concertada y a la privada»
La presidenta de FAMPA contrapone el modelo de enseñanza pública que defienden familias y docentes frente a, dice, «la apuesta constante» del Ejecutivo popular por la educación concertada y privada. «Resulta llamativo que se argumente que no hay presupuesto para la pública mientras se sigue beneficiando a la concertada y a la privada», critica. García insiste en que las reivindicaciones del profesorado coinciden plenamente con las de las familias.
«Todo lo que perjudica a los docentes termina repercutiendo también en nuestros hijos e hijas«, señala, en referencia a las ratios elevadas, las condiciones salariales o el estado de las infraestructuras educativas. «Si el profesorado dispone de mejores salarios, más recursos, infraestructuras dignas y menos carga burocrática, también podrá ofrecer una mejor atención y desarrollar su trabajo con mayor motivación», zanja.
Yolanda López, Mirada Blava: «La huelga de los profesores está totalmente justificada y la apoyamos al 100%»
Por su parte, Yolanda López, presidenta de la Asociación Mirada Blava —centrada en el ocio inclusivo para familias con miembros con diversidad funcional—, asegura en conversación con este medio que el respaldo al profesorado es «total». En su opinión, las reivindicaciones docentes se centran en «un salario justo y en medidas imprescindibles para una inclusión y una educación reales». «Sabíamos que esto iba a estallar. Vivimos situaciones de precariedad, con aumento de ratios y con los más vulnerables siendo siempre los que más pierden«, señala. López considera que la huelga «está totalmente justificada» y concluye que la apoyan «al 100%».
Un pulso encallado
La huelga indefinida se produce tras un nuevo punto muerto en las negociaciones entre los sindicatos del ámbito educativo y la Generalitat. No es el primer episodio de tensión: ya se registraron paros en mayo de 2024, a los que siguieron nuevas convocatorias en diciembre de 2025 y en marzo de este año, sin que ninguna lograra desbloquear el conflicto. Las reivindicaciones arrastran un historial de desencuentros que se remonta a la etapa del anterior equipo al frente de la Conselleria de Educación, dirigida por José Antonio Rovira, mano derecha de Carlos Mazón. Rovira fue sustituido por María del Carmen Ortí.
Beatriu Cardona, Intersindical Valenciana: «Desde 2007, el profesorado valenciano ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%»
Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana —estructura en la que se integra el STEPV— explicó hace un mes que el origen de la huelga está en la negativa de la Conselleria, el pasado 25 de septiembre, a abrir una negociación. Cardona recordó además que, desde 2007, el profesorado valenciano ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%. Desde el sindicato se apunta también a la decisión del actual Consell de denunciar el acuerdo de plantillas de 2023, una medida que habría provocado, según denuncian, una «bajada drástica de docentes» y, como consecuencia, un inicio de curso con falta de profesorado y retrasos en la cobertura de vacantes. En algunos centros, advierte el sindicato, aún se mantienen ratios de alumnado propias de los recortes de la crisis de 2010, lo que, argumentan, evidencia el deterioro estructural de las condiciones educativas.
En los mismos términos se pronunció la responsable de Enseñanza Pública de UGT en el País Valencià, Maica Martínez. Recalcó que las organizaciones sindicales llevan «más de seis meses» reclamando estas mejoras. En ese tiempo, criticó, la Conselleria habría respondido con «excusas» en lugar de abrir una negociación efectiva para abordar las demandas del profesorado.
Público se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación para conocer qué margen real de negociación existe en estos momentos y en qué aspectos concretos el departamento contempla posibles avances. Este diario también ha solicitado una valoración sobre el diagnóstico que realiza la administración acerca de las principales carencias estructurales del sistema educativo valenciano y las prioridades fijadas para afrontarlas en los próximos meses. Asimismo, se ha preguntado por las medidas previstas para garantizar el normal desarrollo del curso escolar. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.