País Valencià y Catalunya han amanecido esta semana teñidas de dos colores. En la capital valenciana, la Marea Verde —símbolo de la defensa de la educación pública— ha vuelto a llenar calles y centros educativos. En Barcelona, el amarillo de la Marea Groga ha recuperado el emblema de la escuela pública y de la oposición a los recortes y a la pérdida de recursos en el sistema educativo.
Más allá del color, ambas comunidades tienen un diagnóstico común: blindar la escuela pública y corregir problemas estructurales que arrastran desde hace años. Sus reivindicaciones se concentran en tres ejes: la reducción de ratios para aliviar la sobrecarga en las aulas, el refuerzo y la estabilización de plantillas ante la elevada temporalidad del profesorado, y la reducción de la burocracia, que los docentes denuncian como «una carga que resta tiempo a la tarea pedagógica».
En el País Valencià, la protesta ha ido un paso más allá y se ha convertido en una huelga indefinida para forzar a la Conselleria a sentarse a negociar cuanto antes. En Catalunya, en cambio, el movimiento llega después de un acuerdo parcial con algunos sindicatos y sigue más dividido, con acciones de protesta que buscan mantener la presión y reorganizar el pulso.
En cuanto al seguimiento, las cifras reflejan la intensidad —y también la disputa interpretativa— de la movilización en València. Los sindicatos (STEPV, CCOO, UGT y CSIF) sitúan la participación en torno al 75% en los primeros días de huelga, mientras que la Generalitat la rebaja hasta aproximadamente el 32% en la segunda jornada, con variaciones territoriales que en provincias como Alacant se mueven en torno al 31–35%. En Barcelona, las convocatorias recientes han registrado un seguimiento estimado cercano al 80%, según datos facilitados a Público por el sindicato USTEC-STEs (IAC). Con todo, ¿cuál es el estado actual de las movilizaciones en ambas comunidades y qué valoración puede hacerse del desarrollo de las protestas?
La huelga docente se mantiene en Catalunya
En Barcelona y en el conjunto de Catalunya, el conflicto educativo continúa abierto en forma de una sucesión de huelgas encadenadas —hasta 17 jornadas convocadas— y con unas negociaciones que, por el momento, siguen sin desbloquearse. El Govern ha alcanzado acuerdos con CCOO y UGT, pero los sindicatos mayoritarios en la convocatoria de huelga consideran que ese pacto es «insuficiente y no responde a las demandas del colectivo». La Conselleria de Educación ha activado mesas sectoriales con el objetivo de reabrir el diálogo, aunque las posiciones entre las partes se mantienen enfrentadas.
Desde USTEC-STEs (IAC), su portavoz, Iolanda Segura, sostiene en declaraciones a Público que la respuesta del Departament es «absolutamente inaceptable» y evidencia, a su juicio, una falta de voluntad real para abordar un conflicto que tacha de «sin precedentes». En su opinión, el acuerdo firmado con parte de los sindicatos «que no representan ni un 25% de la representatividad del colectivo docente» ha tenido el efecto contrario al esperado: «ha echado gasolina a un fuego que ya estaba encendido«, afirma, señalando un incremento de la indignación entre el profesorado.
Segura confía, sin embargo, en que la mesa de negociación prevista este jueves permita reabrir un espacio de acuerdo. «Esperamos encontrar una propuesta que permita reiniciar la negociación y avanzar hacia un acuerdo aceptado por el conjunto del colectivo», dice. Entre las principales reivindicaciones, el sindicato coloca en el centro de la diana tanto las mejoras salariales como las condiciones estructurales de la enseñanza. En este sentido, la portavoz denuncia que las aulas catalanas presentan ratios demasiado elevadas y muchísima complejidad, «con más del 40% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo». «La dotación de recursos no ha acompañado este aumento de complejidad», corrobora.
Iolanda Segura, USTEC-STEs (IAC): «Reclamamos que el gasto en educación alcance el 6% del PIB, con una planificación progresiva»
Por ello, reclaman un refuerzo de los equipos educativos y de apoyo —psicopedagogía, servicios educativos y trabajo social— que permita un abordaje multidisciplinar de las necesidades del alumnado. En el plano retributivo, el sindicato insiste en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, que atribuyen a la «congelación salarial autonómica» y a «incrementos estatales insuficientes frente a la inflación». Además, plantean la necesidad de una cláusula de actualización automática vinculada al IPC «para evitar futuros desfases».
Otra de sus reivindicaciones pasa por reconocer y compensar actividades docentes que actualmente no están remuneradas ni contabilizadas en la jornada laboral, como salidas, excursiones o colonias escolares, que «en Catalunya forman parte habitual del trabajo educativo». Finalmente, Segura sitúa el debate en términos de inversión estructural, reclamando que el gasto en educación alcance el 6% del PIB, «con una planificación progresiva que permita sostener ese incremento en el tiempo».
El pulso educativo valenciano entra en una fase decisiva
En el País Valencià, la Conselleria de Educación ha sido señalada por los sindicatos por no haber presentado, hasta ahora, propuestas que consideren suficientes y por «intentar condicionar el avance de la negociación a la desconvocatoria de la huelga». Sin embargo, tras varios días de paros, el Ejecutivo autonómico ha reactivado las mesas de diálogo. Los sindicatos docentes acudirán este jueves a la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí. Las organizaciones han subrayado que esta convocatoria «no paraliza nada» y han asegurado que se presentarán a la reunión «con la gente en la calle».
«Veremos la propuesta que traen», señala Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO País Valencià. Valls ha participado en todas las movilizaciones del profesorado. Piensa que el conflicto entra en una fase decisiva: «Creo que es un punto de inflexión. Hay que sostener las movilizaciones si los objetivos no se están cumpliendo de forma razonable. Las movilizaciones pueden adoptar muchas formas», explica en declaraciones a Público.
La dirigente sindical remite a este diario la hoja de ruta unitaria consensuada por sindicatos y asambleas docentes, que sirve de base para la negociación con la Conselleria. El documento articula las principales demandas del colectivo —mejoras salariales, reducción de ratios, refuerzo de plantillas, condiciones laborales e inversiones en infraestructuras— y plantea un calendario de aplicación progresiva entre 2026 y 2028.
Alba Sánchez, profesora de Matemáticas en Educación Secundaria en Alacant, también ha acudido a todas las movilizaciones del profesorado y describe en conversación con este diario un clima de creciente malestar en los centros. Bajo su mirada, la Generalitat «sigue sin querer negociar de forma real» y estaría optando por «dilatar el conflicto para desgastar a los docentes«. Según denuncia, hasta ahora no se han puesto sobre la mesa propuestas concretas en materia de infraestructuras, reducción de ratios ni recuperación del poder adquisitivo.
Alba Sánchez, docente en Alacant: «La sensación es que no hay voluntad de mejora y que lo único que se hace es recortar en la educación pública»
«La sensación es que no hay voluntad de mejora y que lo único que se está haciendo es recortar en la educación pública mientras se incrementan los recursos destinados a la concertada y la privada», afirma. Sánchez afea que en el último año se han producido decisiones que, en su opinión, han supuesto un deterioro del sistema: supresión de ciclos de Formación Profesional (FP) con lista de espera, reducción de plantillas, denuncia del acuerdo de interinos firmado con los sindicatos y aprobación de órdenes «sin consenso» con la comunidad educativa.
La docente luce escéptica ante la reunión prevista para este jueves. Recuerda que en el último encuentro la Conselleria planteó una subida salarial de 75 euros en tres años, una propuesta que, según relata, «no se expuso siquiera de forma clara en la mesa de negociación». Sánchez describe la situación diaria de su centro, el IES 12 de Octubre, como «límite»: un único conserje cuando corresponderían dos, ausencia de personal administrativo, goteras recurrentes y problemas estructurales en el edificio. Afirma que el ascensor no puede utilizarse por ese mismo motivo y que las ratios alcanzan los 33 y 34 alumnos por aula, hasta el punto de que «literalmente no caben«. También denuncia la falta de espacios: el laboratorio ha sido reconvertido en aula y los departamentos docentes han desaparecido para dar cabida a más grupos.
Público ha trasladado preguntas a las consejerías de Educación de ambas comunidades para conocer su posición. En el caso del País Valencià, se ha preguntado al Ejecutivo autonómico si está dispuesto a asumir cambios de calado en la escuela pública, si reconoce la existencia de un problema estructural en el sistema educativo valenciano y cuál es el margen político real de la Conselleria para abordar la negociación. En Catalunya, este medio ha solicitado al Departament de Educació una valoración sobre el estado actual del conflicto —si lo considera encauzado o todavía abierto a un posible repunte—, así como su análisis sobre la continuidad de las movilizaciones pese al acuerdo alcanzado con parte de la representación sindical. También se ha preguntado si el Govern prevé reabrir la negociación sobre el modelo de escuela pública o si considera cerrado el actual marco de diálogo.
La administración catalana, por su parte, ha recalcado que este jueves está prevista una mesa sectorial en el marco de la negociación con el profesorado. En sus últimas intervenciones públicas, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha defendido la posición del Govern ante el conflicto docente, al que ha calificado de «desproporcionado» por la convocatoria de 17 jornadas de huelga, al tiempo que ha animado a «desescalar la tensión» en la mesa de diálogo. Niubó ha subrayado también las limitaciones presupuestarias del Ejecutivo catalán y ha advertido de que «todo de golpe no se puede recuperar», en referencia a las demandas sindicales, que el Govern considera inasumibles en su formulación actual, como la subida lineal de 400 euros mensuales, que ha tachado de «maximalista».
En la misma línea, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, sostiene que el Departament sí ve margen para incorporar parte de las reivindicaciones dentro del acuerdo ya firmado, y plantea que la propuesta del Govern debe actuar como «punto de inflexión» en la relación con los docentes. Hasta la fecha de publicación de este artículo, la Conselleria del País Valencià no ha respondido a las preguntas planteadas por este medio.
Otro frente educativo abierto con la rebelión del 0-3
A las movilizaciones de docentes en País Valencià y Catalunya se suma otro frente educativo que crece en paralelo: el de las profesionales de Educación Infantil de 0 a 3 años. La protesta, que arrancó el pasado 7 de abril en la Comunidad de Madrid, continúa activa y ya se ha extendido a varias comunidades autónomas tras la huelga estatal del 7 de mayo. Las educadoras denuncian precariedad estructural: salarios bajos, ratios elevadas y una falta de reconocimiento del primer ciclo de Infantil como etapa plenamente educativa. Los sindicatos cifran en más de 60.000 las trabajadoras convocadas al paro estatal y aseguran que el seguimiento fue especialmente elevado en centros privados y servicios externalizados.
En este contexto, el portavoz del PSOE en Madrid, Esteban Álvarez, avanza en declaraciones a Público que este jueves los socialistas presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar una transformación integral del modelo actual hacia una red pública unificada y de gestión directa. El texto, al que ha tenido acceso este diario, dibuja un diagnóstico tajante: un sistema «fragmentado, desordenado, desigual entre municipios y centros y crecientemente privatizado». La propuesta también pone el foco en las diferencias de ratios, la desigualdad salarial entre profesionales, el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de calidad educativa. Proponen situar sus salarios alrededor de 2.000 euros brutos mensuales. Por su parte, el Ministerio de Educación ha abierto la puerta a revisar antes del verano el decreto de ratios, algo que los sindicatos consideran un primer avance, aunque «insuficiente» por ahora.