El exjuez Baltasar Garzón publica La democracia amenazada (Planeta), cuyo subtítulo es elocuente: Cuando el fascismo ataca la convivencia. Sale a la venta justo después de que el Tribunal Supremo rechazase su pretensión de ser readmitido en la carrera judicial. De eso habla en esta entrevista, en la que se retrotrae a algunos casos mediáticos del pasado, de los GAL a la Operación Nécora. Aunque, como ha venido a hablar de su libro, profundiza en la amenaza ultra, en la crisis de la izquierda, en los crímenes del franquismo, en los casos de corrupción, en el lawfare o en la herencia franquista de la derecha española.
Empecemos por el final del libro, que es el principio de todo: la juventud. En los jóvenes, escribe en La democracia amenazada, está la solución a los problemas, aunque le preocupa el creciente desprecio al feminismo y la deriva hacia planteamientos autoritarios o posfascistas.
Sí, yo veo un problema en la juventud y estamos en riesgo quizá porque no hemos sabido atajar a tiempo lo que otros, y especialmente la extrema derecha, sí interpretaron clarísimamente: la utilización de las redes sociales, las dinámicas de los influencers y de los algoritmos, dónde estaba el futuro… Hace cuatro años, en Los disfraces del fascismo, anunciaba, advertía de que podía producirse esta deriva, pero realmente no creía que se produciría esta involución. En paralelo, otro sector de la juventud está muy comprometido. Debemos ejercer nuestra responsabilidad porque tenemos esa obligación de pedagogía. ¿Cómo hacerlo? No queda otra que adaptarse y hacer ver a ese 20 o 25% de jóvenes con dinámicas regresivas que están equivocados.
¿Cómo?
Ese es el reto. Yo no tengo la solución, está en ellos y en esa labor de pedagogía y en ese ejercicio de transmisión de memoria y de lecciones aprendidas. La izquierda está perdiendo y los progresistas han perdido el norte, porque se distraen en luchas internas y en la anulación de unas iniciativas con otras. Es muy frustrante, aunque algo tenemos que hacer: ¿no nos damos cuenta de que nos están comiendo el terreno? Hemos perdido la calle.
¿Quiere decir que la izquierda ha perdido la calle?
Sí. Cuando digo «la hemos perdido» es porque hablo como progresista. O sea, hemos dejado espacios vacantes y la derecha, pero sobre todo la extrema derecha, sabía que los tenía que ocupar y lo ha hecho. Históricamente ocurrió lo mismo a inicios de los años noventa: se produjo un declive porque dejamos espacio. No podemos aceptar que sea normal que se pasen no sé cuántos meses frente a las sedes de un partido político diciendo barbaridades, o que hagan manifestaciones en defensa de la patria, como si no fuera nuestra patria también. Es decir, en la izquierda ha habido mucha decepción. Quizá por cansancio, quizá por aburrimiento, quizá porque creíamos que todo estaba conseguido, y ahora vemos que no es así. Sin embargo, a la vez hay un segmento de la juventud muy comprometido, y tenemos que acercarnos y descubrirlo.
«El poder en España es conservador y para la derecha los demás son usurpadores»
En tiempos de poderes autoritarios, «nos han robado la utopía», escribe en el libro.
Quizá sería mejor decir el camino hacia la esperanza y hacia esas luchas que en un momento eran utópicas, pero en las que tal vez teníamos que haber seguido insistiendo, porque ahí es donde está la solución. Si consentimos lo que está ocurriendo, al final no quedará ni esa esperanza ni esa lucha por mejorar, solo sobrevivir.
¿Cuál es la amenaza más urgente para la democracia de España?
La pérdida de confianza en el sistema político de partidos y en la Administración de Justicia.
Lo que, de alguna manera, termina favoreciendo al populismo, a la extrema derecha y, si lo quiere personificar, a Vox.
Efectivamente, esa es la dinámica. Como dice Enzo Traverso, se apropian de los espacios, consentimos esa apropiación y entonces se queda la democracia vacía. Esos discursos de insulto y de descalificación no son una casualidad, sino el mecanismo y el sistema para vaciar la democracia y para que no podamos analizar. Cuando se le pregunta al Partido Popular o a la extrema derecha: «¿cuál es su programa o su alternativa?», no hay respuesta nunca. No es que no la tengan, sino que no la quieren exponer.
¿Dónde quedó el Feijóo gestor y estadista?
En Galicia.
¿Por qué la derecha no tolera un Gobierno progresista?
Porque considera que el poder es suyo. En España tenemos un grave problema: la derecha no ha aprendido y sigue con códigos de la dictadura. La apropiación del poder durante el franquismo se transmite sin solución de continuidad, a través de la Transición, a los planteamientos de Alianza Popular y del Partido Popular. El poder en España es conservador, o sea, de la derecha. Los demás son usurpadores. Aceptando que la moción de censura es un mecanismo constitucional, eso sería suficiente para no decir que el Gobierno es ilegítimo. Sin embargo, desde 2018 mantienen ese discurso.
«El que pueda hacer que haga», clamaba Aznar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un mensaje que ha vuelto a repetir tras la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Se la esperaba?
Siempre habla el que más tiene que callar. Nadie se ocupa de las actividades de Aznar como expresidente ni se establece una comparativa entre Zapatero y sus antecesores. Tampoco con los mandatarios extranjeros, que también hacen lo mismo. No justifico ninguna de ellas ni tampoco las auspicio, solo digo que hay que regular la actividad de los ex altos cargos para definir lo que es estrictamente privado y lo que es consecuencia del cargo que has ocupado. En el libro trato el fenómeno de los lobbies. En España hay proyectos de ley que se están tramitando y que no avanzan. Este sería un momento idóneo para regular esa materia. Por otra parte, respetemos los tiempos penales, porque el investigado no ha comparecido ante el juez y ya está sentenciado y aniquilado.
¿Pero usted se esperaba la investigación a Zapatero?
Claro que me sorprendió. Ahora bien, la presunción de culpabilidad contra una persona es grave. Evidentemente, si se imputa un tráfico de influencias, habrá que demostrar que ha existido. Mientras tanto, deberíamos ser prudentes a la hora de calificar. No por tener relación con Venezuela ya es malo, mientras que tenerla con el señor Donald Trump es palabra de Dios.
«La izquierda ha perdido la calle y la extrema derecha ha ocupado los espacios que dejamos vacantes»
El Tribunal Supremo acaba de rechazar su pretensión de ser readmitido en la carrera judicial. ¿La echa de menos?
Con este sistema judicial no me apetece en absoluto formar parte del ejercicio de la profesión de juez. Lo único que yo he procurado es que se cumpla un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ratificado por España y vinculante para España, que señala que hubo una sentencia arbitraria, parcial y sin previsibilidad penal. Yo no cuestiono la sentencia. Ya recurrí al Tribunal Constitucional y no se me hizo caso, pero el Comité ha dicho que los efectos se tienen que reparar. Si no lo entiende así el Tribunal Supremo, volvemos a un problema grave: la interpretación en materia de derechos humanos de la Justicia española es más que cuestionable. Rechazamos cualquier dictamen de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas porque creemos que somos los poseedores de la verdad, y no es así.
En todo caso, una resolución positiva habría llegado, a su edad, demasiado tarde, porque la pena fue severa: once años de inhabilitación.
No podría, porque ya tengo la edad de jubilación. Es una cuestión de principios. O sea, ya no estoy peleando por mí, sino para que un país democrático cumpla los convenios internacionales de derechos humanos que ha ratificado. Yo pedía una reparación integral, como decía el Comité. Si no se entiende así, seguiré peleando.
¿Se equivocó al ordenar las escuchas entre los responsables de la trama Gürtel y sus abogados?
No. Había indicios de que seguían blanqueando y que podían utilizar las estructuras de los abogados. Mi resolución judicial estaba motivada y tenía amparo legal. Se podía discrepar de esa interpretación, pero una discrepancia en la interpretación de la ley no puede dar lugar a un delito de prevaricación. Eso es lo que sostiene el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité consideró que la condena fue «arbitraria e imprevisible» y duda que tuviese «acceso a un tribunal independiente e imparcial». También se refería a la causa contra los crímenes del franquismo, por la que fue acusado de prevaricación por el pseudosindicato ultra Manos Limpias, aunque luego fue absuelto. ¿Cree que sufrió una persecución por atreverse a investigar las tropelías de la dictadura?
Yo creo que sí. No tiene otra explicación. La Ley de Amnistía no puede amparar los hechos atroces y los crímenes contra la humanidad. Catorce años después, la Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce los argumentos del auto. Y respecto a las escuchas, la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce como posible lo que yo hice.
¿Se considera más héroe o víctima?
Me da reparo considerarme víctima, porque víctimas son aquellos que han sufrido y siguen sufriendo la impunidad y el desconocimiento. En mi caso, héroe tampoco, porque hice lo que tenía que hacer, era mi obligación. No concibo el derecho si no es interpretándolo en defensa de la legalidad y de las víctimas. Digamos que soy un afectado por una interpretación muy particular de la Justicia española.
¿Hay modo humano de despolitizar la Justicia? ¿Y de evitar el lawfare? ¿Cómo se puede denunciar la instrumentalización judicial sin caer en una defensa ciega?
La cuestión no es si se despolitiza o no, porque los jueces somos personas normales y estamos contaminados de sociedad, y así debe ser. Tenemos cada uno nuestra ideología y, en la interpretación del Derecho, aplicas esas enseñanzas sin quebrantar los principios fundamentales, de forma más progresista o conservadora. En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, siempre tienes que ser progresista. Pero sí, se puede evitar el lawfare y la instrumentalización de la Justicia.
«Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la ley»
Coinciden varios casos judiciales que afectan al PSOE con el juicio de Kitchen. ¿Casualidad?
Los tiempos judiciales son diferentes. Un señalamiento del juicio de Kitchen no se hace de hoy para mañana. Y no veo al Tribunal Supremo poniéndose de acuerdo con la Audiencia Nacional. Han coincidido.
No duda en afirmar que hubo una «conspiración» para «aniquilar» a los fiscales generales del Estado. En el caso de Álvaro García Ortiz chapotean Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de presunto fraude fiscal, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. ¿El mundo al revés?
La actuación de Álvaro García Ortiz fue legítima. Emitió una nota desmintiendo una falacia. No se ha investigado la calumnia y se demostró que era un bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Y, mirando solo hacia un lado, se ha condenado a un inocente, porque solo se tomó en cuenta una versión.
¿El comisario Villarejo es un personaje de película?
No, es un personaje que está sometido a juicio, que tiene un discurso de sí mismo y sobre el que judicialmente tendrá que decidirse si lo que hizo en cada una de las fases fue correcto. Y ya se ha decidido que hubo materia delictiva. Evidentemente, se podría hacer una película sobre él, claro.
¿Qué dice de la democracia española la existencia de Villarejo?
Hubo un deterioro del Estado de derecho bajo el Gobierno del Partido Popular en el que se confundió la defensa de la democracia con el ataque absoluto a la misma. Y lo que debería haber sido una búsqueda de la verdad y de elementos que acreditaran la comisión de un delito se convirtió en la comisión de un delito para generar una impunidad y la protección del PP. Pero bueno, saltemos hacia atrás, porque eso ocurrió también con los GAL. Entonces, cualquier fenómeno que lleve a ocultar la realidad o que ponga a su servicio estructuras del Estado —en contra de la sociedad— es repudiable, es perseguible y debe ser erradicado.
Usted investigó terrorismo, narcotráfico, corrupción y crímenes de Estado. ¿Qué poder opuso más resistencia?
Probablemente la investigación más compleja y difícil fue la de los GAL, porque las propias estructuras de las personas afectadas y del Ministerio del Interior se pusieron al servicio no de la investigación, sino para bloquear la misma. La única ayuda que tenía para investigar era un funcionario de Policía con un Seat 124. Cuando Francisco Paesa se dio cuenta de que lo estaba siguiendo, pegó un acelerón con su Jaguar y lo dejó plantado en un semáforo.
Usted fue el juez instructor de la Operación Nécora. ¿Qué falló para que no hubiese más condenas?
No es que fallara, sino que fuimos exactamente por lo que teníamos que ir. Con lo que teníamos, era necesario intervenir. Las estructuras dirigentes de la Policía no eran partidarias de hacerla, pero fue necesario porque se corría el riesgo de que Galicia se convirtiera en un escenario muy difícil de gobernar en el área de la investigación criminal contra el narcotráfico. Más allá del éxito final, que tampoco fue tan malo —hubo un 75% de condenas—, si no se actuaba se podía correr el riesgo de que aquello fuera insoportable. Teníamos que recuperar la calle para las víctimas, y eso se consiguió, aunque evidentemente el narcotráfico no se terminó.
Todavía no hemos hablado de Donald Trump. Después de la invasión de Venezuela, ¿puede ser el turno de Cuba?
Vivimos en una inseguridad jurídica total. Desde el momento en que la llamada primera democracia del mundo pone sus esfuerzos al servicio de aniquilar la arquitectura internacional, de prescindir del derecho internacional, de eliminar organismos internacionales o retirarse de los mismos, pues no queda más que el poder de su voluntad y la arbitrariedad. Como tiene poder y lo ejerce, corremos un serio riesgo, como estamos viendo: ejecuciones extrajudiciales en alta mar, invasión de un país para detener a su presidente, apoyar las masacres de Gaza, bombardear Irán o causar la muerte de decenas de niños y sus profesores en una escuela. Evidentemente, es un riesgo para la democracia y para toda la humanidad.
«Gaza es un resort, Venezuela un campo de petróleo», escribe en el libro. ¿Qué es España después de que Sánchez le plantase cara a Trump?
Es una cuestión de dignidad. A mí, como ciudadano español, me enorgullece que el presidente del Gobierno, esté o no esté de acuerdo con él, plante cara, como en su momento lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero ante una guerra ilegal. O tienes el valor de denunciarlo o estamos perdidos.
¿Cree que Netanyahu será condenado algún día?
Va a ser condenado en su país seguro, porque en gran parte todo lo que está desarrollando es para evitar los tres procesos por corrupción. Ahora bien, a nivel de la Corte Penal Internacional, no sé si alguna vez alguien decidirá detenerlo para juzgarlo.
«Me enorgullece que Pedro Sánchez plante cara a Trump, es una cuestión de dignidad»
¿Concibe un nuevo Gobierno de Sánchez tras las elecciones? Si no fuese así, ¿qué futuro le augura al país y a la memoria histórica?
Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la Ley de Memoria Democrática, porque lo estamos viendo en los gobiernos autonómicos. En cuanto a la posibilidad de que haya un Gobierno conservador, no tengo ningún miedo, porque ya lo ha habido. Sí que tengo miedo de que sea un Gobierno como en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón o en Andalucía, y que se introduzcan elementos como el de la prioridad nacional. De eso trata este libro: de denunciar las amenazas contra la democracia. Y esa es una amenaza clarísima, porque incide en la discriminación, en la xenofobia, en el racismo, en la desigualdad… Y eso, hoy en día, es inaceptable.
¿Cree que el PSOE y el PP podrían haber evitado la llegada de la ultraderecha si en su día hubiesen pactado una gran coalición a la alemana?
Bueno, es que para pactar esa gran coalición tendríamos que ser alemanes y somos españoles.