El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) recibe el próximo miércoles 10 de junio el Premio Público Personaje del Año 2026 que otorga este periódico. Desde luego, la inhabilitación y condena dictada por el Tribunal Supremo en la simbólica fecha del 20 de noviembre ha sido una de las noticias más relevantes del curso político y judicial que está a punto de culminar.
El juicio fue duramente criticado y tachado de lawfare por sectores progresistas del país. El tribunal no logró demostrar en la sentencia con pruebas sólidas que García Ortiz filtrara un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, procesado por fraude fiscal. En dicho mail, este buscaba un acuerdo con la Fiscalía. Distintos periodistas de diferentes medios declararon en el juicio que la filtración del correo no llegó de la Fiscalía. Pese a ello, fue condenado a dos años de inhabilitación especial para ejercer dicho cargo, al pago de una multa de 7.200 euros, a cubrir las costas del juicio y a pagar una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Ayuso. García Ortiz presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolución.
¿Se siente víctima de lawfare?
No. Como ex fiscal general del Estado que soy, y como representante todavía que me siento de la Justicia española, no puedo aceptar esos términos. Para mí es un proceso que, en mi condición de condenado, considero injusto. De hecho, estoy accionando ante otras instancias para que se revierta esta situación. Pero yo institucionalmente quiero y creo que debo seguir defendiendo la Justicia española.
Se le condena por revelación de secretos, por la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles eran las pruebas que argüía el Tribunal Supremo para condenarle?
«Creo que debo remitirme al voto particular que, a mi juicio, sí reúne todas las características necesarias de garantías que debe dar un tribunal en un enjuiciamiento»
A mi juicio, no había pruebas. Pero, repito, yo soy quizás la parte más subjetiva de este procedimiento. Creo que la opinión pública, muchos profesionales, magistrados y exmagistrados se han manifestado. Yo creo que debo remitirme al voto particular que, a mi juicio, sí reúne todas las características necesarias de garantías que debe dar un tribunal en un enjuiciamiento y, por supuesto, a los recursos que he planteado ante el Constitucional.
Algo que sorprendió mucho a la opinión pública, y ya no le digo a nuestro gremio, fue lo de no considerar las testificales de los periodistas que aseguraron ante el Tribunal Supremo tener la información antes de que esta fuera presuntamente filtrada.
La propia sentencia hace, en un párrafo, alguna mención a que esta es una cuestión que habrá de resolverse. Como lanzando una especie de guante al Tribunal Constitucional. Efectivamente, creo que el testimonio de los periodistas, que sí merece la consideración en el voto particular, es genéricamente aprobado en la sentencia, pero también genéricamente despreciado en el fallo de la sentencia. Eso sí que es una cuestión que debemos valorar.
Creo que la causa en la que he sido condenado es importante porque da para reflexionar no sólo a la institución de la Fiscalía General, sino también a muchos otros componentes de la vida pública y social de este país, comenzando con los medios de comunicación, con el periodismo, con las fuentes, el sistema de fuentes y la forma que tenemos de transmitir las noticias. Creo que hay muchos campos de juego muy interesantes en lo que es el asunto.
Efectivamente, comentaban algunos de estos periodistas que testificaron su impotencia, frustración y dolor al ver que, para salvaguardar el secreto de las fuentes, que es lo más sagrado para obtener información, no podían defenderle a usted. Como si el Supremo apretara hasta el punto de decir: «O me lo dices, o este señor va a ser condenado«. Se ha puesto al periodismo en una situación dolorosa.
«Una cosa es que el periodista no revele su fuente, y otra, que tenga derecho a decir lo que le dé la gana ante un tribunal»
Hay una confusión, no sé si intencionada o no intencionada, entre lo que es el derecho a no revelar una fuente -que es un derecho fundamental en el periodismo, en la libertad de prensa y, por tanto, en el desarrollo de un país democrático- con respecto al derecho a mentir. Son dos cosas diferentes, absolutamente distintas. Una cosa es que el periodista no revele su fuente, y otra que el periodista tenga derecho a decir lo que le dé la gana delante de un tribunal. El periodista está tan sujeto a las obligaciones que le genera la promesa o el juramento que realiza antes de hacer sus manifestaciones o exposición como cualquier otro ciudadano.
¿Por qué cree que se actuó así desde el mismo proceso de la instrucción? El juez Hurtado hablaba de que desde Moncloa se le dio la orden a usted. Eso pasó sin pena ni gloria, no se tuvo en cuenta y, sin embargo, el Supremo le ha condenado.
«Yo hago una nota de prensa para revelar la verdad. Una fuente veraz de información, como es la Fiscalía, da la versión real frente a un tumulto de rumores, de bulos, de calumnias o de infamias»
Creo que no debo entrar en esa cuestión. Lo que sí puedo decir es que -lo reconozco aquí, pero lo reconocí pública y solemnemente en un acto público institucional de la Fiscalía General del Estado- yo hago una nota de prensa para revelar la verdad, para contar lo que pasó frente a un bulo, a un infundio que previamente había revelado el correo de un fiscal, un correo de la Fiscalía. Eso es lo que yo hago como fiscal general del Estado. Puede que bien, mal o regular. Puede que me haya equivocado o no, pero creo que lo hice atendiendo, primero, a la defensa de los compañeros, pues su quehacer profesional estaba siendo puesto en duda. Pero también para que los ciudadanos y los periodistas conocieran la verdad. Eso es lo más importante. Una fuente veraz de información, como es la Fiscalía, da la versión real frente a un tumulto de rumores, de bulos, de calumnias o de infamias. Esa era mi voluntad en el momento de hacer la nota de prensa, nada más.
¿Conoce usted al presidente del Gobierno? ¿Es su amigo?
No, no es mi amigo. Conozco institucionalmente al señor Sánchez como corresponde al fiscal general del Estado.
¿Lo conocía de antes? ¿De mucho antes?
«Habrá cientos de fotos en las que yo esté con cualquiera de los responsables públicos o políticos de este país, y bien estarán»
No. Pero sí que me gustaría aclarar una cuestión, no solo sobre el presidente del Gobierno, sino sobre quienes ostentan la representación de las instituciones de este país, y me parece importante. Quienes encarnamos esos puestos, quienes temporalmente somos depositarios de la confianza de los ciudadanos o de los responsables públicos que nos designan, nos conocemos todos y debemos conocernos todos. Debemos hablar y debemos confraternizar y debemos colaborar entre instituciones. Porque las democracias, los gobiernos, las instituciones funcionan cuando existe esta colaboración interinstitucional, intergubernativa, interadministrativa. No podemos estar cada uno mirando a un lado y a otro. Habrá cientos de fotos en las que yo esté con cualquiera de los responsables públicos o políticos de este país, y bien estarán, porque mi cargo hace que deba ser así.
¿Alguna vez ha recibido presiones del jefe del Ejecutivo o del ministro de Justicia? ¿Le consta que algún antecesor o antecesora los haya recibido de este Gobierno o de algún otro?
«Hay muchos tipos de presiones alrededor de una figura como el fiscal general»
Yo desde luego no las he recibido. Presión hay en la figura del fiscal general del Estado, es evidente, pero creo que a nadie se le ocurriría llamar al fiscal general del Estado para que hiciera o dejara de hacer una cosa. Me parece un cuento infantil y ridículo. Pero hay muchos tipos de presiones alrededor de una figura como el fiscal general del Estado. Presiones externas, de todo tipo, pero también internas, de todo tipo.
¿Le perjudicó el día en que, en una entrevista, el presidente del Gobierno dijo que la Fiscalía, el fiscal general, dependía del presidente del Gobierno?
«La dependencia o independencia del fiscal general del Estado depende de cómo él decida ejercer su cargo»
Creo que lo dije anteriormente. Esa pregunta me perseguirá toda la vida y es posible que persiga a los fiscales generales que vengan durante toda su vida. Pero el sistema español está muy claro, hace que efectivamente sea el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, quien designe al fiscal general del Estado y a partir de ahí, y contrariamente a como sucede en otros países -que a veces nos olvidamos cómo funcionan los países de nuestro entorno- el fiscal general del Estado no puede ser cesado. La dependencia o independencia del fiscal general del Estado depende de cómo él decida ejercer su cargo. Eso es lo más importante. Pero el estatus de independencia lo tiene exactamente igual que cualquier magistrado del Tribunal Supremo de este país.
En abril presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Alega que el juicio vulneró su derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo argumenta esa vulneración?
Está en el recurso del amparo para ir al Tribunal Constitucional. Hay que hacer mención al derecho fundamental que ha sido, en este caso, conculcado o presuntamente conculcado y era una construcción en base. El desarrollo de las pruebas del proceso y cómo esa forma de ver la prueba que se había desarrollado no era suficiente o no debía ser suficiente para vencer también un axioma imprescindible en un Estado democrático, como es la presunción de inocencia. Sería demasiado largo de desarrollar cada uno de los puntos en los que un recurso de amparo se activa, pero básicamente es eso.
¿Estaría dispuesto a llevar su reclamación hasta los tribunales europeos si hiciera falta?
No me gusta hacer futuribles. Yo creo en la justicia de mi país y creo que el Tribunal Constitucional es parte también del entramado jurisdiccional, aunque sea una jurisdicción diferente. Prefiero pensar que lo que yo entiendo que es justo se resolverá en el tribunal español que corresponda.
Otro futurible: si se resolviera en el Constitucional, además de ello, ¿qué otras acciones reparadoras podrían devolver su honorabilidad, quizás al margen del proceso jurisdiccional?
Es difícil reparar lo que ha ocurrido. Honestamente, creo que podría tener algún tipo de satisfacción moral, interna, íntima, familiar o del entorno… Pero es muy difícil repararlo.
¿A día de hoy se arrepiente de no haber dimitido antes de la condena?
«Dimitir o no dimitir era un dilema. Haber dimitido hubiera evitado algunas cosas, pero hubiera ocasionado otras»
No, yo creo que tenía coherencia continuar en el cargo hasta saber cuál iba a ser la resolución del tribunal. Era coherente, pero también lo he planteado muchas veces: dimitir o no dimitir era un dilema. Y los dilemas no son algo que sean blanco o negro. Es un dilema, y así se define precisamente, porque no tiene una buena solución, una solución clara. Haber dimitido hubiera evitado algunas cosas, pero hubiera ocasionado otras. Y no dimitir también tuvo sus problemas.
Yo me lo pensé mucho. Escuché a mucha gente, escuché a amigos, escuché a gente no tan amiga y tomé la decisión porque entendía que era lo mejor para la Fiscalía española que el fiscal general del Estado sólo pudiera ser relevado de su cargo con una sentencia del Tribunal Supremo de este país y no anticipadamente, porque pensaba que eso nos hacía más débiles.
Habla del Tribunal Supremo. ¿Cree que hay que modificar que las personas aforadas, que son juzgadas en la Sala Segunda, no tengan instancias superiores a las que recurrir?
El aforamiento, contrariamente a lo que se piensa, es una desventaja procesal. El derecho a la segunda instancia está reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, sin embargo, los aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo carecen de esa segunda instancia. Está tolerado. No digo que sea ilegal, pero esa posibilidad de recurso ya no se tiene. Esto hace que el Tribunal Supremo funcione como un tribunal de instrucción, de cautelares, de enjuiciamiento y de definición, es decir, de sentencia definitiva.
Es una cuestión que quizá debamos plantearnos o deba plantearse el legislador en el futuro: qué papel debe corresponderle, en la arquitectura de todo el sistema judicial español, a la Sala Segunda Tribunal Supremo, a la sala del artículo 61, a la propia Fiscalía o el propio régimen de aforados. No está mal discutir o comentar cómo debe organizarse la Justicia, es lo más sano que podemos hacer. Ver qué funciona, qué no funciona y proponer soluciones. No hay nada escrito que funcione perfectamente y todos los países, y nosotros también, debemos revisar nuestros sistemas continuamente. No estamos ofendiendo a nadie cuando cuestionamos que algo puede funcionar mucho mejor.
Pues pasamos a la parte más actual. ¿Conoce usted a Leire Díez?
«Creo que yo no debo entrar ni siquiera a responder a esa pregunta [si conoce a Leire Díez]. Hay algo que está ocurriendo, que es convertir en un espectáculo público las instrucciones»
Creo que yo no debo entrar ni siquiera a responder a esa pregunta. No puedo valorar, ni comentar, ni quiero entrar en el juego de hacer una afirmación o una negación sobre algo que debe estar bajo el secreto de sumario y amparado por la fase reservada que corresponde a la instrucción del procedimiento. Creo que hay algo que está ocurriendo, que es convertir en un espectáculo público las instrucciones, las investigaciones, aunque sean con amparo judicial. Y yo no voy a contribuir ni sumándome, ni comentando, ni diciendo, ni negando, ni afirmando absolutamente nada de lo que pueda haber en un atestado o en un sumario.
Habla de cómo se han convertido los informes de la policía judicial, sea la UCO o sea la UDEF, y las investigaciones en espectáculo, frase por frase, interpretación por interpretación. ¿Cómo perjudica eso a la persona que está siendo investigada y a su presunción de inocencia?
Creo que es un procedimiento del siglo XIX, no podemos olvidarlo, que no está diseñado para el siglo XXI. Desde luego, en la fase más secreta del procedimiento se trataba precisamente de preservarla ante terceros; que no se conociera nada para que luego, en el juicio oral, de una manera pública, se vieran todas las pruebas. Esa era la idea. Si anticipamos ese juicio público a esa fase anterior, no estamos en un supuesto ni de igualdad, ni haciéndolo con ningún tipo de garantías. Porque estamos destilando punto por punto, frase por frase lo que a uno de los bandos de la polarización puede interesar respecto de un sumario o de otro. Yo creo que eso es malo para la justicia. Estoy convencido de que hay que reformar el sistema. Este sistema no nos sirve.
Quizás algo tiene que ver en esta espectacularización de las investigaciones judiciales lo que mencionaba el ministro Óscar Puente esta semana. En el momento en el que se hacía esta entrevista, el ministro aseguraba literalmente que se quiere “tumbar al Gobierno con medios nada democráticos”. Esto ha generado la reacción de las asociaciones judiciales que han reclamado medidas al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le parecen estas declaraciones de miembros del Consejo de Ministros?
No debo entrar a valorar las declaraciones del ministro y me atrevería a decir que tampoco de las asociaciones judiciales o fiscales. Yo creo que debemos confiar en el sistema español. Es mi mensaje institucional y creo que me debo quedar ahí. No quiero ir más allá.
Tenemos la sensación de que hay determinadas instituciones que no se pueden criticar, como antaño ocurría con la monarquía, que decías algo y te secuestraban la publicación, te llevaban a juicio o te denunciaban. ¿Se puede criticar a los jueces o a los fiscales? ¿Cuál cree usted que es el límite en el que empieza la crítica y termina el respeto entre instituciones o entre poderes?
«No puede haber instituciones blindadas de cualquier tipo de crítica»
No sólo se puede, se debe criticar a las instituciones. El debate es la esencia del funcionamiento de una democracia. Lo que no puede haber es instituciones blindadas de cualquier tipo de crítica. Fíjese que lo digo como fiscal general del Estado. Podría yo también decir que las asociaciones fiscales o judiciales no defienden al fiscal general del Estado, una figura democrática constitucionalmente validada, o no defienden, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, otro órgano de nuestra parte de la justicia importantísimo.
Vayamos a un debate, pero vayamos a un debate sano. Sin insultos, sin ningún tipo de apreciación, menosprecio o de caricaturización de los personajes. No se puede usted imaginar las cosas que se han dicho de mí, los apodos que se me han puesto y la forma de referirse nada menos que al fiscal general del Estado. Además, en medios, eso me parece inaceptable. Y me parecería igual de inaceptable con cualquier otra institución. Lo que creo es que todas estamos sometidas a la crítica, pero todas a una crítica sensata y razonable. No podemos criticar que se nos critica. Lo que podemos criticar es cómo se nos critica, eso sí.
¿Cree que las redes sociales han pervertido, ensuciado o embarrado la perspectiva que debe tener el ciudadano frente al respeto institucional?
A veces, cuando hablamos de las redes sociales, parece que nos quitamos nosotros la responsabilidad. Quizás sea nuestra reacción frente a las redes sociales lo que se está pervirtiendo. Hemos perdido el mensaje institucional. Yo creo que como lo dice una red social lo reproducimos, pero lo reproducimos con esa ampliación que tienen los medios de comunicación masivos, que tienen los actuales medios de comunicación, que es completamente diferente. Y parece que así hay menos responsabilidad. Parece que se diluye si se cifra en una fuente que ha escuchado en cualquier otro sitio, que no tiene por qué ser tan fiable como la que él tendría como periodista.
Creo que las redes, internet, los nuevos sistemas de comunicación, la inteligencia artificial… cambian absolutamente el panorama en un Estado democrático. No solo en la información, también en la transmisión de la información, en cómo y de qué manera se comunica y cómo nos relacionamos y ejercemos nuestra acción política. Y no sólo digo votar, digo ejercemos nuestra acción política en todos los sentidos.
¿Técnica y jurídicamente, por qué se imputa al señor Rodríguez Zapatero? Está siendo mencionado por terceros, pero su voz o sus escritos no aparecen por ningún lado y, sin embargo, presuntamente está cometiendo delitos. Sin embargo, al señor Mariano Rajoy, que también aparece mencionado por terceros en innumerables ocasiones, como es el caso Kitchen, no se le imputa.
Yo sería imprudente absolutamente si entrara solamente en cualquiera de esos comentarios. No puedo entrar porque no me considero un opinador público y hay una responsabilidad como ex fiscal general del Estado que yo tengo que mantener, una prudencia institucional.
¿Está de acuerdo en que hay una doble vara de medir en los tribunales?
…
Le puedo preguntar por esto, porque usted no es periodista. ¿Qué opina de la situación de acoso a la que estamos sometidos los periodistas, la prensa progresista y políticos de izquierdas por algunos que se dicen periodistas, pero que son terminales de la ultraderecha?
«Limitar el libre ejercicio del derecho a la información debe ser censurado»
Yo creo que cualquier situación de acoso es indeseable, absolutamente indeseable. Si además tiene un sesgo, una finalidad concreta, si además no es periodismo, sino que es casi un arribismo, creo que más todavía merecen una condena, por supuesto. Todo lo que sea limitar el libre ejercicio del derecho a la información debe ser censurado y es censurable. Naturalmente, no puedo verlo de otra manera.
¿Hay jueces haciendo política?
Creo que los jueces y los fiscales, de alguna manera, y lo voy a decir en el sentido noble del término, hacemos política todos los días, porque todos los días intentamos buscar soluciones a problemas. A mí me gusta hablar de los jueces y de los fiscales, pues todos somos la Justicia, en términos mucho más amplios. Hay mucha gente en este país, muchos altísimos profesionales trabajando denodadamente a pie de calle y me atrevería a decir con las víctimas, con los problemas reales de la gente, con las demandas de los ciudadanos. Hacen una labor excepcional y, en ese sentido, hacen política porque tratan de resolver de la manera que la ley les indica los derechos de los ciudadanos.
Otro tipo de políticas… A mí no me cabe en la cabeza, pero de la misma manera que hay periodistas que no son periodistas, habrá profesionales de la Justicia que no lo sean, y habrá malos profesionales como los hay en todas partes. Lo que tiene que conseguir un sistema democrático en algo tan sensible como es la Justicia es ser capaz de detectar lo que no está funcionando bien, saber definirlo o establecer un sistema de contrapesos para que eso no sea de esa manera. Que en la aplicación de la ley se aplique el principio de igualdad. Tener el sistema de contrapesos para que eso sea así.
Hay una judicialización de la vida política en este país. Cada vez tiene más protagonismo lo que dicen los tribunales en el día a día de la política en este país. ¿Qué importancia tuvo para esto el juicio del procés?
«Todo llega al juez de instrucción, y yo creo que profesionalmente no están para eso»
Creo que no viene del procés. Creo que viene del propio sistema procesal español, que, por supuesto, tiene una traducción también en los hechos que derivan de la sentencia del procés. Pero viene quizá de antes. En nuestro sistema hemos puesto al juez de instrucción como el primer valedor de lo que se hace bien o lo que se hace mal en un país. No hay ningún veto, ningún filtro para que se acuda directamente a un juez a que diga si una cosa es delito o no es delito y lo equiparamos a estar bien o está mal hecho. Eso coloca al juez de instrucción en una situación muy delicada. Es muy difícil ser juez de instrucción, muy difícil, muy complicado. No hay ninguna barrera, no hay ningún paso previo para llegar al juez de instrucción. El ciudadano, una acción popular, un querellante se puede dirigir directamente al juez instructor.
Yo creo que el sistema está mal diseñado. Estaba mejor diseñado antes. Ahora está mal diseñado porque todo llega al juez de instrucción y yo creo que profesionalmente no están para eso. Los jueces de instrucción están para que el proceso se inicie cuando hay indicios suficientes de que puede haber un delito. Entonces, antes de una labor judicial ha de haber una labor policial y, si me apura, una labor del Ministerio Fiscal. Y después llegar a un juez de instrucción. Pero aquí ese recorrido anterior lo hemos recorrido de un salto y por eso tenemos esa cantidad ingente de denuncias, de querellas y actuaciones procesales que lo que tratan es de llevar a los tribunales toda la vida pública y política de un país. Eso no es sano, evidentemente.
En este sentido, ¿cree que es acertada la propuesta del Gobierno de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que traslada la dirección de las investigaciones penales de los jueces de instrucción a los fiscales?
No es sólo del Gobierno. Hay un pacto de Estado desde 2002 en el que los dos partidos mayoritarios entendieron que el camino es el que ha seguido toda Europa y que ha seguido la mayor parte de Iberoamérica. Este es que el Ministerio Fiscal es el que realiza las investigaciones y somete su investigación y su pretensión acusatoria a un juez de garantías como árbitro del proceso, no como elemento investigador y decisor del proceso. Es el sistema más lógico, está dentro de la lógica más absoluta y, como es lógico, lo tienen en el resto de los países. Somos una isla dentro de Europa. A mí me costaba mucho, como fiscal general, cuando viajaba a otros países, explicar qué hace un fiscal en España… Me costaba mucho.
Y si usted le pregunta a los espectadores o a los lectores de Público qué es lo que hace exactamente un fiscal, se encontraría con que mucha gente no sabe exactamente lo que hacemos, porque es muy complicado un sistema en el que el juez de instrucción lo puede hacer todo y el fiscal solamente acompaña a ese juez de instrucción y a la vez las acusaciones populares y las acciones populares tienen el mismo poder que la Fiscalía, que no tiene el monopolio de la acusación, porque es un sistema que se ha tornado mucho más complejo de lo que era.
Decía que el procés no es el inicio del problema de la judicialización de la política, pero sí que fue un hito importante en la historia reciente de la política en este país. ¿Qué errores cree que se cometieron en la respuesta del Estado al procés?
No me atrevo a hacer un juicio de valor sobre eso. Yo creo que fue una etapa muy complicada, muy difícil, en la que se puso a muchas instituciones al borde del abismo. Fueron unos hechos suficientemente graves como para comprometer a muchas instituciones y la respuesta institucional fue desigual, en algunos casos mejor, en unos peor, pero yo no me atrevo a hacer un juicio.
No se atreverá a decirme si cree que ha habido presos políticos en España en el actual período democrático.
No, yo creo que el concepto de preso político… Políticos presos sí, sabe que se jugó mucho con esta expresión. Presos políticos no me atrevería a decirlo, pero yo creo que no debo entrar en esas circunstancias. Ni viví como fiscal general el procés -sí la amnistía desde luego- ni tengo elementos suficientes como para decirlo o dejar de decirlo. Es más, prefiero también institucionalmente reservar la figura del fiscal general para que no critique de una manera acerada o alabe tampoco de una manera excesiva lo que hayan hecho sus predecesores.
Como habla de la amnistía, ¿qué le parece que jueces y fiscales se hayan manifestado contra la ley de amnistía a los dirigentes independentistas?
La Fiscalía, cuando yo era fiscal general, dio su opinión sobre la amnistía, que no es una opinión de si me gusta más o me gusta menos la amnistía, no estamos para eso. Cada uno tiene los gustos que quiere, hay a quien le gusta una bebida, un licor, un dulce… Lo que debemos saber es si podemos comer o podemos beber, es decir, si la amnistía es una opción legítima en el Estado de derecho español, si nuestra Constitución le da al Legislativo la opción de tomar el camino de la amnistía, o no. Eso es lo que debería decir la Fiscalía, eso es lo que dijimos.
La opinión sobre los hechos de la amnistía le corresponde, cómo no, a los representantes públicos, a los representantes políticos, para eso los elegimos. Lo que a nosotros nos preguntan es: ¿cree usted que cabe en el Estado de derecho español la amnistía? Nuestra respuesta era que sí, pero no opinamos, no tenemos por qué opinar.
Hablaba de si debemos criticar las instituciones para mejorar la democracia, la crítica como un elemento de mejora de nuestro sistema democrático. ¿Qué reformas considera que deben hacerse para democratizar la justicia y evitar las interferencias mutuas entre poderes, o sea, la judicialización de la política o la politización de la justicia?
Hay que hacer la gran reforma procesal que no se ha hecho en España. Todas las leyes, la civil, la social, la contenciosa, las leyes de procedimiento se han modificado excepto la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos una ley del siglo XIX y merece la pena, incluso le diría, aprovechar la oportunidad de los nuevos instrumentos digitales y de inteligencia artificial para ponernos a la vanguardia del mundo y hacer una ley procesal en la que el reparto de roles, por un lado, cambie, no sea el que tenemos ahora mismo, y, por otro lado, pues tengamos algunos conceptos que vamos teniendo quizá olvidados y que a mí sí me gusta hablar de ellos.
Por ejemplo, la soberanía digital. Por ejemplo, tener sistemas cerrados de comunicación dentro de los tribunales y no depender de las administraciones públicas, porque dependemos de las administraciones públicas, no sólo del Ministerio de Justicia, también de las administraciones públicas de las comunidades autónomas que lo tienen transferido. Necesitamos soberanía digital y necesitamos autonomía presupuestaria. Me refiero a la Fiscalía y a la Justicia, y necesitamos cambiar el sistema. Es evidente que el futuro, los ciudadanos, la ciudadanía de este país, merece otra respuesta por parte de las instituciones en la Justicia.