«Es una agonía la que estoy viviendo. O cruzo el río o me quedo en la orilla«. A Maricarmen le aplazaron in extremis su desahucio previsto para el martes 2 de junio. Será en dos semanas, el próximo 24 de junio. Desde el Sindicato de Inquilinas creen que es una estrategia que pretende contener la fuerte movilización social que la está respaldando. También denuncian que dos lanzamientos en un mes es «una tortura psicológica» y solamente aumenta la «agonía» de esta mujer de 88 años, con problemas de salud. Por eso el pasado martes mantuvieron parte de los actos de protesta que estaban previstos. Decenas de vecinos, incluidos varios artistas, se concentraron para exigir una solución permanente.
«De alguna manera, todo esto me está pasando factura» decía Maricarmen a los medios hace unos días, en una rueda de prensa frente al Congreso. Le cuesta andar y dormir, no tiene masa muscular porque va en silla de ruedas y apenas le queda aire para defenderse. Lleva más de cinco años luchando por quedarse en su casa, en la que reside desde que es adolescente y que nunca ha dejado de pagar. La última oferta de alquiler que le hizo el fondo de inversión que actúa como su casero rozaba los 2.000 euros, muy por encima de sus capacidades.
La esperanza que le dio fuerzas en octubre de 2025 para salir a la calle y denunciar su caso en los medios de comunicación va dando paso a la indignación y el cansancio. Tras paralizarse su primera orden de desalojo, pudo reunirse con la ministra de Vivienda y contarle su situación. También se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno y ha tratado de ponerse en contacto con las administraciones regionales y locales. La única alternativa que le ofrecen es irse a una residencia, a la que destinaría gran parte de sus ingresos y que está a varios kilómetros de su barrio. «Solo pido poder quedarme en la casa en la que murieron mis padres», reitera.
Maricarmen es vecina de la calle Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza (Retiro). Es una de las zonas que más se ha revalorizado en la capital en la última década. Actualmente se está pagando en régimen de arrendamiento más de 21 euros por el metro cuadrado, según los portales inmobiliarios. Y los precios no paran de subir. Poco queda del barrio obrero en el que ella creció.
Por el mismo calvario que esta jubilada ha pasado Mariano Ordaz, de 67 años, que fue finalmente desahuciado el pasado 7 de mayo. Vivió toda su vida en el mismo piso del barrio de Embajadores, al que sus padres accedieron con un contrato de renta antigua. En la puerta contigua vivían sus tíos. Ya no queda nadie de esta familia en aquel edificio, propiedad de una orden religiosa. Tras nueve horas de resistencia vecinal y sindical, Mariano se fue en una ambulancia del Samur Social, acompañado de una bolsa con lo indispensable.
Era la quinta vez que se enfrentaba a la expulsión, en dos de las anteriores se pudo acoger a la moratoria antidesahucios. Cuando Público le preguntó cuál era su alternativa habitacional, lo único que tenía en mente era buscar una habitación que poder alquilar cerca de la zona, ya que sus hijos no viven en Madrid. El Sindicato de Inquilinas explica que actualmente se encuentra en un albergue compartiendo habitación con otras tres personas.
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones calcula que hay más de 70.000 personas mayores de 65 años viviendo de alquiler en toda España. Su situación económica y psicosocial es especialmente delicada porque, generalmente, son quienes tienen pensiones más bajas o viven en zonas gentrificadas y donde las redes de apoyo son más endebles. Dentro de este colectivo, uno de los perfiles más vulnerables es el de las mujeres. Mientras que la pensión media de un hombre se encuentra en los 1.500 euros, estas mujeres perciben de media unos 300 euros menos.
Desde Un Techo por Derecho, una organización de mujeres de Málaga, llevan semanas buscando una solución para María, una anciana de 96 años que va a ser desahuciada el 11 de junio. Según cuentan, está al corriente de pago, pero no le han renovado el contrato. A mediados de mayo su hija acudió al pleno del ayuntamiento para pedir una ayuda que, de momento, no ha llegado.
En una situación similar se encuentra Paca Blanco, de 77 años y vecina del mismo distrito que Maricarmen. «No es de justicia. Somos la generación que ha conseguido los derechos que tenemos ahora», reivindica. Consiguió que aplazaran su primera orden de lanzamiento en febrero y, de momento, no se ha fijado una nueva fecha. Vive en una casa de alquiler social que está a nombre de su hijo, aunque es ella quien vive allí y asume los gastos desde hace más de una década. A pesar de ello, no le han permitido subrogarse al contrato y tampoco ha podido tener defensa legal en el proceso.
«Mi hijo estaba en paradero desconocido y ahora le han encontrado en Canarias. Se enfrenta a una pena de cárcel», cuenta. Aunque no es una buena noticia, le da algo de tiempo y permite a la familia poder defenderse en los tribunales. «A mí nunca me dejaron defenderme. Me calificaron de ocupante ignorada«, cuenta. Los servicios sociales, según denuncia, le han ofrecido irse a una residencia «de monjas», un extremo al que se niega. Blanco fue víctima del Patronato de la Mujer cuando era joven, por lo que se niega a volver a «estar encerrada en una institución». A lo largo de su vida ha sufrido violencia machista y la precariedad que deriva de ella.
Alejandra Jacinto, abogada experta en Vivienda, que conoce de sobra estos tres casos, explica que ni siquiera pudieron acogerse a la moratoria antidesahucios. El problema con Maricarmen, recuerda, es que, incluso en octubre –con la ley en vigor– «dijeron que no era aplicable porque el contrato era previo a la normativa». Mariano y Paca tuvieron problemas similares. «Aunque era una norma que ayudaba, dejaba fuera muchísimas casuísticas. Hace falta una moratoria nueva, pero que sea verdaderamente efectiva», sentencia. «¿Quién tiene la competencia de esto? El Gobierno central. Es una cuestión de modificar la ley de enjuiciamiento civil», añade. Actualmente solo se puede aplicar una prórroga de dos a cuatro meses para buscar una alternativa habitacional. Además, cuando los ayuntamientos o comunidades no ofrecen esa solución «no hay sanciones».
A raíz de estas últimas noticias, desde HelpAge, una entidad internacional que defiende los derechos de las personas mayores, han recordado que el acceso y la permanencia en una vivienda digna es «un derecho humano esencial». La entidad advierte de que los desahucios en estas etapas vitales «no pueden tratarse como conflictos administrativos y económicos», ya que implican «una posible vulneración de derechos fundamentales«, reconocidos nacional e internacionalmente.
«La pérdida de la vivienda en la vejez puede tener graves consecuencias, como el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de las redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida de arraigo comunitario», advierten. Además, han recordado que muchas mujeres mayores viven con «pensiones insuficientes» y afrontan trayectorias marcadas por «desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de su vida».
«Si los desahucios siempre afectan negativamente a la salud mental y física, imagínate con esta edad, donde uno ya está muy cansado, sufre problemas de salud, tiene mermadas ciertas capacidades…», señala a Público Alicia del Río, portavoz del Inquilinato. Son momentos en los que uno necesita más que nunca estabilidad y mantener sus redes de apoyo. «Esos comercios de siempre donde te echan una mano, tu médico de cabecera, tu trabajadora social… Perder esto de golpe puede acabar con todo. Es una situación que sabemos que enferma y llega a matar a la persona«, subraya.
Con Maricarmen han visto como se ha ido deteriorando su salud en los últimos meses. «Dejan de dormir, dejan de disfrutar de cosas que antes les gustaban, se exacerban los problemas de adicciones cuando los hay. Es realmente duro», asegura Del Río. Uno de los problemas que afrontan los jubilados es «que no tienen opciones». Para ellos, en lugares como Madrid, es prácticamente imposible pagar un alquiler, y una residencia implica destinar prácticamente todos sus ingresos a este fin. «Por eso, nosotros decimos que a los abuelos nos los están matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna», subraya.
A los abuelos nos los están matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna
Aun así, a pesar de estos relatos tan graves, la portavoz concluye recordando historias en las que han conseguido ganar la batalla con el apoyo del Sindicato: «La misma Maricarmen ha estado cinco años desobedeciendo a su casero, ha hecho portavocías y un montón de actos de resistencia en los que ha hablado con todas sus fortalezas. Tenemos a nuestro compañero Antonio, que es un símbolo de la batalla contra Blackstone y que consiguió renovar su contrato. Mariano, por ejemplo, resistió hasta cinco intentos de desahucio».