La Unión Europea es un entramado político complejo en el que decisiones importantes a veces se toman en lugares insospechados. En febrero de 2024, el entonces comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, cogió su coche y se plantó en el acceso a una autovía cercana a la ciudad de Szczecin, en el extremo noroccidental de su país.
Allí cientos de agricultores y granjeros habían montado una barricada para protestar contra la situación del campo. Protestas similares se sucedían en esas semanas en España y en otros tantos países europeos. El entonces máximo responsable del sector agrícola comunitario habló durante “dos o tres horas” con los manifestantes, recuerda hoy.
Sólo un mes después, la Comisión propuso modificar varios aspectos esenciales de la política agraria común (PAC). Los cambios se centraron en rebajar los requisitos medioambientales que el sector ha de cumplir para optar a estas ayudas, un fondo multimillonario -un tercio del presupuesto total de la UE- que marca las líneas maestras de la agricultura y la ganadería en el continente.
En el segundo aniversario de las protestas que atravesaron España y Europa, una investigación en la que participa Público revela detalles inéditos sobre esta crisis y sus implicaciones políticas directas, de especial relevancia en un país como el nuestro, con gran peso del sector primario.
Bajo el discurso de la “simplificación” y mejora de la competitividad, Bruselas comenzó en ese momento un desmantelamiento del armazón verde de su política agraria, hoy todavía en marcha.
Entrevistas y documentos inéditos obtenidos a través de las leyes de transparencia muestran cómo, en los días previos a esa decisión, el entonces máximo responsable de Agricultura de la UE se reunió con actores relevantes de la extrema derecha europea, entre ellos el español Jorge Buxadé.
El Ejecutivo comunitario, en un contexto preelectoral -en el verano de 2024 se eligió un nuevo Parlamento- presionó para modificar las bases de la PAC en un tiempo récord y sin las garantías requeridas para una reforma de este tipo.
El malestar del campo
Wojciechowski califica como “emotiva” la charla de varias horas que mantuvo con los manifestantes en su Polonia natal, a pie de carretera. “Me invitaron a comer salchichas con ellos”, rememora hoy en una entrevista exclusiva en el marco de esta investigación.
Igual que en suelo polaco, en España los agricultores también salieron a la calle en masa en aquellas semanas de febrero. Lo hicieron para mostrar su descontento por las dificultades económicas que muchos de ellos enfrentan, especialmente los pequeños productores situados en el eslabón inicial de la cadena de suministro.
Las reivindicaciones y los grupos que protagonizaron estas protestas históricas fueron, sin embargo, de lo más diversos. Tanto en España como en otros países europeos. Así lo señalan las diferentes fuentes consultadas por Público para este reportaje y lo confirma un reciente estudio académico de varias universidades del continente.
Los documentos exclusivos obtenidos en esta investigación reflejan cómo Wojciechowski y su equipo se reunieron con múltiples asociaciones del continente en las semanas previas al 15 de marzo de aquel año. Ese día la Comisión presentó una revisión de la PAC que incluyó, entre otras medidas, la exención de la rotación de cultivos o del barbecho en ciertos terrenos, ambas propuestas contrarias al consenso científico sobre la protección de los ecosistemas agrarios.
Entre las reuniones del comisario en esas intensas semanas figuran, entre otros, encuentros con la española Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la poderosa Copa-Cogeca, un conglomerado europeo que agrupa a voces del campo muy diversas en el continente.
“Tuve muchas visitas, muchas reuniones con los agricultores de los Estados miembros”, señala el propio Wojciechowski, quien reconoce de forma explícita que fue “la presión” ejercida por los manifestantes la que motivó esta respuesta política a la crisis.
Maxime Orhon, responsable de incidencia política Por otra PAC, una coalición de medio centenar de ONG ambientales, organizaciones ganaderas y representantes de la agricultura ecológica, asegura sin embargo que sólo algunas de las reivindicaciones que los tractores sacaron a la calle fueron tenidas en cuenta. “Se ha tomado al medio ambiente como chivo expiatorio, pero es que en las protestas había otras muchas demandas”, apunta en una entrevista con Público.
Este experto señala que la Comisión decidió tocar “el tema más fácil”; es decir, la reducción de ciertos requisitos para poder optar a los fondos de la PAC. Pero no otras cuestiones más complejas como una redistribución de estas ayudas para hacerlas más equitativas o una reforma integral de los pagos básicos, reflexiona.
Nina Holland, experta en el sector agrícola de Corporate Europe Observatory (CEO), coincide en la importancia de discernir entre las múltiples quejas que sacaron los agricultores a la calle. A pesar de la variedad de demandas sobre la mesa, la reacción inmediata del gabinete de Von der Leyen fue reducir los requisitos medioambientales de la PAC, apunta esta investigadora de CEO, una organización con sede en Bruselas que fiscaliza a la gran industria que trata de influir en las normas europeas.
“Es cierto que los agricultores han de enfrentarse a mucha burocracia”, pero explicar las protestas sólo en base a esas quejas es un error, advierte. Holland lleva años siguiendo la capacidad de influencia de Copa-Cogeca -una organización que lleva mucho tiempo en el punto de mira por sus vínculos con la agricultura industrial, incluida la ganadería intensiva– y la pone como ejemplo del tipo de actores que fueron tenidos en cuenta por la Comisión. “En lo que respecta a la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura, el resultado fue realmente malo”, concluye.
La extrema derecha presiona
Los mensajes que el equipo de Wojciechowski recibió en esas semanas, a los que Público ha tenido acceso, ofrecen una mirada poco habitual a cómo se tejen las relaciones en la capital europea.
El 10 de enero, pocos días antes de que las imágenes de los tractores en la calle comenzasen a recorrer Europa, el español Jorge Buxadé mandó un correo electrónico al alto funcionario. En él, Buxadé, jefe de la delegación de Vox en Bruselas y entonces vicepresidente del grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas europeos (ECR Party), invitó al comisario a participar en un evento en València sobre “el futuro y los retos de la agricultura y la ganadería en España y Europa”.
La correspondencia entre ambos muestra el interés de Wojciechowski, miembro del ultraderechista partido polaco Ley y Justicia, por reunirse con Buxadé, declarándose incluso “ansioso” por llevar a cabo el encuentro.
Finalmente, y ante su ajetreada agenda, el comisario invitó al líder de Vox a encontrarse con él el 14 de febrero en la cámara comunitaria. Una cita a la que también acudieron los cuatro consejeros autonómicos de agricultura con los que entonces contaba el partido de Santiago Abascal. De acuerdo a los documentos obtenidos en esta investigación, este fue el único encuentro de Wojciechowski con representantes políticos en este periodo.
Un briefing preparado por el equipo del comisario previo a esta reunión muestra también algunas claves importantes. En él se señala que las propuestas derivadas del Pacto Verde europeo generan en el sector “una mayor incertidumbre y estrés respecto al futuro”. “Por último, también soy consciente del interés por simplificar la PAC y hacer frente a la creciente complejidad normativa y a la carga administrativa”, escribe el comisario en uno de los apartados finales del documento.
Público ha contactado a Vox para esta información, pero el partido no ha respondido a las preguntas de este medio.
Von der leyen busca la reelección
Otro elemento fundamental para analizar las protestas y sus consecuencias políticas son las elecciones europeas que entonces se atisbaban en el horizonte, señalan varias fuentes consultadas. Un contexto en el que “todo el mundo trataba de marcar la agenda para la nueva Comisión” y en el que Von der Leyen, presionada desde su flanco derecho, trataba de preparar el terreno para su reelección, esgrime Nina Holland.
El testimonio de un diplomático de la UE implicado directamente en las conversaciones que llevaron a la devaluación medioambiental de la PAC, y entrevistado para esta investigación bajo condición de anonimato, asegura que existía una “línea directa entre el gabinete de Ursula Von der Leyen y los intentos de apaciguar a los agricultores”. “Sin duda [Von der Leyen] se empeñó en ello. (…) Las elecciones influyeron y entonces se convirtió en un asunto político”, señala esta fuente, quien describe una situación de “pánico” en la Comisión que empujó a los funcionarios a buscar una solución rápida que acabase con las protestas.
Tomás García Azcárate, economista agrario y especialista en la PAC con una larga trayectoria en Bruselas, apunta al “cambio en el equilibrio político” en Europa como un factor determinante para entender el viraje de la política agraria comunitaria, que arrancó en aquel primer trimestre de 2024 y ha tenido una continuidad desde entonces. En 2025, la Comisión aprobó un nuevo paquete de “simplificación” mediante una de sus leyes Ómnibus.
Para Azcárate, la modificación de las mayorías tradicionales en Europa -motivada por la fuerte subida de la extrema derecha-, unido al malestar del campo y la presión de algunos lobbies, permiten entender esta transformación en las prioridades de la política agraria común. Y quita hierro al hecho de que Wojciechowski solo se reuniese con miembros de grupos políticos afines, atribuyéndolo al “aislamiento” del dirigente polaco.
Este experto señala que la batalla real estaba entonces entre los postulados de Von der Leyen y el neerlandés Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión y gran impulsor del Pacto Verde europeo en el primer mandato de la líder alemana.
Un caso de “mala administración”
Además de tener una continuidad legislativa, los cambios impulsados por las protestas del campo han sido también objeto de investigación por organismos y expertos vigilantes del buen funcionamiento de la Comisión.
Así, en noviembre pasado la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, tras una queja formal presentada por varias ONG meses después de la primera reforma de la PAC, constató “una serie de deficiencias de procedimiento” y calificó este caso como un ejemplo de “mala administración”.
Las normas internas de la UE establecen que cualquier cambio legislativo sustancial ha de acompañarse por una evaluación de impacto y de consultas a las partes interesadas. Algo que en ningún caso ocurrió en aquellas semanas frenéticas, constata Anjinho en su informe. La Defensora del Pueblo Europeo critica también la “definición especialmente amplia del término urgencia” y la ausencia de una justificación razonada por parte de la Comisión para saltarse sus propias normas.
Los documentos obtenidos en esta investigación atestiguan estas acusaciones. De ellos se desprende que, desde el inicio de 2024 hasta que la Comisión logró sacar adelante su propuesta, el Ejecutivo comunitario no realizó ningún análisis de impacto o consulta a sus servicios legales al respecto.
Preguntados por qué otros cambios, más allá de una rebaja de sus requisitos medioambientales, pueden hacerse para mejorar la actual política agraria común, los expertos consultados por Público ahondan en varias líneas.
Además de una distribución más equitativa del dinero de la PAC, Maxime Orhon señala la necesidad de financiar más y mejor el relevo generacional en el campo. Según un informe de la propia Comisión, en la actual PAC (2023-2027) la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras sólo representa el 1,8% de todos los pagos directos del programa. “No ha habido un aumento de este presupuesto en la actual PAC”, señala Orhon, quien advierte de que tampoco parece que el nuevo plan (2028-2034) hoy en discusión vaya a aumentar de forma considerable esta partida.
Mario Díaz Esteban, investigador científico del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advierte por su parte de que “los objetivos de Europa tienen que estar en lo medioambiental y lo social”. “Sólo podemos competir por ese lado, no por la vía de la producción”, señala este profesor en referencia a las voces que apuestan por una normativa que, al menos sobre el papel, impulsen la capacidad productiva del continente para así rivalizar con Asia o América.
Díaz Esteban ha sido hasta ahora el coordinador de la red PTI Agriambio, una red de investigadores que de forma pionera en España trata de evaluar, mediante un convenio entre el CSIC y el Ministerio de Agricultura, la eficacia socioambiental de la PAC europea.
En un momento en que dicho convenio pende de un hilo, este investigador advierte también de que hacen falta más datos para medir cómo estas políticas afectan a la biodiversidad de nuestro país. “Simplificar está siempre bien, el problema está en si eso se traduce en que cada uno haga lo que le dé la gana”, concluye.
Este reportaje forma parte del proyecto Pitchfork Politics: How The Farming ‘Crisis’ Rewrote Green Rules, una investigación producida con la colaboración de Journalismfund Europe.