Al menos 235 muertos, más de 4.000 heridos y un número todavía indeterminado de desaparecidos. Ese es el balance provisional con el que Venezuela amanecía este jueves tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 de magnitud que la víspera golpeó buena parte de su costa central. Se trata de la catástrofe natural más grave que recuerda el país en más de un siglo. El seísmo castiga, además, a un Estado en plena transición: poco menos de seis meses después de que una operación militar estadounidense capturara a Nicolás Maduro y entregara la conducción del país a su hasta entonces número dos, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada ha aprovechado la coyuntura para reforzar el llamado a la «unidad nacional» que repite desde enero. La catástrofe también ha puesto de manifiesto el realineamiento geopolítico de Caracas, que ha encontrado en Estados Unidos y en los gobiernos de la derecha de la región los envíos de ayuda más rápidos y voluminosos.
Apenas habían transcurrido unas horas desde que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro-norte del país cuando Rodríguez comparecía en cadena nacional, flanqueada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre fuerte del aparato partidista. Los viejos-nuevos rostros del poder en Venezuela llamaban a mantener «la unión para salvar vidas».
La mayor catástrofe natural en más de un siglo
El movimiento sísmico se produjo en torno a las 18.04 hora local del miércoles (las 00.04 del jueves en la España peninsular) en el estado de Yaracuy, en el noroccidente del país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de un «doblete sísmico»: un primer temblor precursor de magnitud 7,2, con epicentro cercano a San Felipe, seguido apenas 39 segundos después por el sismo principal, de magnitud 7,5 y a una profundidad de unos diez kilómetros. La superficialidad del foco amplificó la violencia del sacudimiento, que se sintió en al menos seis estados —Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón— e incluso en la vecina Colombia. El sistema estadounidense de alerta de tsunamis llegó a emitir un aviso para Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, levantado poco después.
La agencia estadounidense advierte de que «son probables numerosas víctimas y daños extensos»
La magnitud del desastre llevó al USGS a activar la alerta roja de su sistema PAGER, el nivel más alto posible y que la agencia no suele activar más de una o dos catástrofes al año en todo el mundo. La agencia estadounidense advierte de que «son probables numerosas víctimas y daños extensos». Su modelo probabilístico —una estimación automática, no un recuento real— otorgaba un 42% de probabilidad a que el número final de muertos se sitúe entre 10.000 y 100.000; un 33% a que oscile entre 1.000 y 10.000; y hasta un 17% a que supere los 100.000. La agencia cifraba además las pérdidas económicas en una horquilla de entre el 1% y el 7% del PIB venezolano.
El estado de La Guaira, declarado zona de desastre, concentra la mayor devastación
El balance oficial, todavía provisional, no ha dejado de empeorar. Si en su primera comparecencia Rodríguez hablaba de 32 fallecidos y más de 700 heridos, 24 horas después las cifras se elevaban ya a 235 muertos y 4.300 heridos, con decenas de edificios derrumbados. El estado de La Guaira, declarado zona de desastre, concentra la mayor devastación; en Caracas, los colapsos se concentraron en sectores como San Bernardino. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía suspendió operaciones por graves daños estructurales, y a la treintena de réplicas registradas se sumaron cortes de electricidad, telecomunicaciones y gas. El propio USGS prevé una secuencia de réplicas vigorosa —cifra en torno al 40% la probabilidad de un nuevo seísmo de magnitud 6 o superior en la semana posterior—, de modo que el peligro dista de haber pasado para una población que pasó la noche a la intemperie.
Venezuela registra cada año cientos de pequeños temblores, pero un evento de esta energía no se veía desde hacía más de un siglo. La ruptura se produjo en la misma franja de fallas de la costa norte —los sistemas de El Pilar, San Sebastián y Boconó— responsable de los grandes desastres históricos del país: el terremoto de 1812 que, en plena guerra de Independencia, devastó Caracas y Mérida y dejó, según estimaciones, unos 30.000 muertos. Más recientemente, en el año 1967, el país fue golpeado por un terremoto de magnitud 6,3, que causó cerca de tres centenares de víctimas en la capital.
El discurso de la «unión nacional»
Los terremotos abren una nueva página en la convulsa y opaca política venezolana. Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional, suspendió las actividades no esenciales e insistió en que Venezuela saldrá de la tragedia «más fortalecida y más unida que nunca». «Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional», escribió en sus redes.
En un mensaje difundido a través de las redes sociales personales de Nicolás Maduro —recluido desde el 3 de enero en el Centro Penitenciario Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York—, el expresidente aseguraba que él y su esposa, Cilia Flores, elevaban sus oraciones «por cada familia afectada» y llamaba a «la unión nacional, a la serenidad y al amor». Maduro, que firmó como «presidente constitucional», pidió «máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción».
El terremoto se presenta como una oportunidad para el Gobierno venezolano para profundizar en el discurso de unidad nacional que repite desde enero, cuando la detención de Maduro dejó al chavismo sin su figura central. Es un escenario difícilmente rebatible para postergar el debate sobre unas eventuales elecciones e incluso sobre un proceso de diálogo con la oposición que algunas figuras habían empezado a reclamar en los últimos días. En ese pulso, la catástrofe permite dilatar procesos de negociación y una eventual cita con las urnas.
La derecha latinoamericana hace cola para auxiliar
La respuesta internacional ha sido inmediata y reveladora. Una de las primeras figuras en pronunciarse fue el presidente Donald Trump, quien escribió en Truth Social que los dos seísmos habían dejado «un número devastador de muertos» y que Estados Unidos estaba «preparado, dispuesto y capacitado para ayudar». El mandatario, que ordenó actuar con rapidez a todas las agencias federales, se refirió a los venezolanos como sus «nuevos y grandes amigos»; su secretario de Estado, Marco Rubio, que mantuvo una llamada con Rodríguez, anunció el despliegue de equipos de búsqueda, rescate y asistencia médica. El gesto materializa la nueva relación entre Washington y Caracas, transformada desde enero y que ahora toma forma en una respuesta rápida y voluminosa por parte de quien el chavismo calificó durante años como su enemigo sistémico.
El grueso del esfuerzo procede, precisamente, de la derecha regional. El Salvador encabeza los ofrecimientos: Nayib Bukele anunció el envío de 300 rescatistas y paramédicos junto a 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos. El dominicano Luis Abinader confirmó la partida de brigadas especializadas de sus Fuerzas Armadas tras conversar directamente con Miraflores. A ellos se sumaron el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast. Son, casi sin excepción, los gobiernos más beligerantes con el chavismo durante la última década los que con mayor intensidad compiten ahora por enviar brigadas a Caracas.
La izquierda regional también ofreció asistencia, aunque con un tono más medido. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó «profunda preocupación y consternación» y dijo que su país evaluaría las medidas necesarias; la mexicana Claudia Sheinbaum ordenó preparar la ayuda solicitada bajo el lema de que «México siempre es y será solidario».
Para Caracas, cada brigada que aterriza puede leerse como un acto de reconocimiento y normalización del orden surgido tras la captura de Maduro; para Washington, la ocasión de exhibir que la Venezuela que ha tutelado durante medio año reingresa en el club interamericano por la puerta que él mismo abre. La ayuda humanitaria, urgente y necesaria, tiene también una lectura política, y acelera la normalización internacional del Gobierno de Rodríguez.
El caso más elocuente es, una vez más, el de La Habana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que «el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados», en una respuesta sobria que contrasta con dos décadas de cooperación sanitaria: desde que Chávez creara en 2003 el programa Barrio Adentro, miles de médicos cubanos atendieron a la población venezolana a cambio del petróleo de la isla. Pero esa imagen choca con lo ocurrido en los últimos meses. Bajo la política de «máxima presión» de Trump —que considera las misiones médicas una forma de explotación laboral al servicio de las arcas del Gobierno cubano—, varias fuentes apuntan a que esos contingentes, establecidos hace décadas en Venezuela, estaban siendo replegados de forma discreta y se hallaban ya prácticamente desmantelados en el país. El acercamiento con Washington es directamente proporcional al distanciamiento con La Habana. De hecho, el ataque del 3 de enero se saldó, con la muerte de 32 militares cubanos que protegían a Maduro.
La factura del realineamiento con Washington
El terremoto golpea a un país que lleva medio año desmontando la arquitectura legal del chavismo para acomodarse a las exigencias estadounidenses. La Asamblea Nacional aprobó el 29 de enero una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió de par en par la puerta al capital extranjero, y en febrero replicó el esquema con una nueva Ley de Minas que liberaliza el oro, los diamantes y las tierras raras. Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y el Tesoro estadounidense retiró el 1 de abril a Rodríguez de su lista de sancionados. Otras multinacionales extranjeras como Repsol y General Electric han firmado acuerdos en crudo y electricidad.
El alcance de ese giro va más allá de lo económico. La imagen que mejor lo condensó se vio el pasado 23 de mayo, cuando aeronaves militares estadounidenses sobrevolaron Caracas, llegando incluso a aterrizar en la sede de la embajada: un «simulacro de evacuación», según el Gobierno venezolano, un «ejercicio de respuesta militar», según la propia misión diplomática estadounidense. Una estampa impensable apenas unos meses antes, que ilustra hasta qué punto se ha redibujado la relación entre ambos países.
El seísmo de Yaracuy funcionará, en las próximas semanas, como una prueba de esfuerzo del orden político venezolano nacido en enero. La catástrofe refuerza el discurso de unidad nacional y desplaza del horizonte inmediato tanto las negociaciones con la oposición como unas eventuales elecciones. Y la ayuda extranjera —encabezada, paradójicamente, por los gobiernos que más hostilidad profesaron al chavismo— se presenta, además, como una validación internacional del mandato de Rodríguez.