Luis García Valverde y Aurora Gómez celebraron la navidad de 2024 de un modo diferente. Lo hicieron repasando cientos de páginas de documentación técnica sobre el faraónico proyecto que Amazon está levantando en Aragón. Una red de centros de datos que la multinacional aspira a convertir antes de 2030 en probablemente su mayor infraestructura física fuera de Estados Unidos.
Hasta 11 complejos, tras la última ampliación anunciada en marzo, desplegados por la región, interconectados entre sí y diseñados para hacer funcionar un cierto tipo de inteligencia artificial. Sobre todo, aplicaciones generadoras de texto, imagen y vídeo que requieren enormes cantidades de energía y agua para funcionar. Y que al mismo tiempo son la gran apuesta de gigantes como Amazon para seguir aumentando unos beneficios anuales récord.
Gómez y Valverde recuerdan aquellas semanas como un «infierno». El análisis de aquellos informes desembocó a la vuelta del parón navideño en varias alegaciones formales contra el complejo de Amazon Web Services (AWS), la filial de computación de la firma estadounidense. Pero sobre todo plantó la semilla de un proyecto más ambicioso. Que con el tiempo ha cristalizado en el primer movimiento organizado en España contra los centros de datos de la era de la IA generativa.
Esta industria en expansión por todo el planeta ha encontrado en tierras aragonesas un verdadero filón. Los centros de AWS son sólo los primeros de una larga lista de macrocomplejos que aspiran a brotar en la región y que tienen en el gobierno autonómico a su principal valedor. Otro gigante tecnológico como Microsoft ya tiene todos los permisos para levantar tres nuevos centros.
También grandes nombres de los sectores inmobiliario, energético y de la construcción se han sumado a esta fiebre promotora. Firmas españolas como ACS, Forestalia, el fondo Azora y la socimi Merlin Properties, y corporaciones globales como el fondo Blackstone, tienen aquí proyectos en diferentes fases de tramitación.
Pero si el desembarco de grandes centros de datos, conocidos como hiperescalares, había navegado hasta ahora en España en un clima social de cierta indiferencia, el panorama parece estar cambiando. El colectivo del que Gómez y Valverde forman parte junto a otros activistas e investigadores lleva meses plantando cara a esta industria tanto en la calle como en los tribunales.
En el marco del proyecto internacional Dirty Data coordinado por la organización periodística Environmental Reporting Collective (ERC), Público relata por primera vez desde dentro, a través de información y testimonios inéditos, cuál es su historia. También detalles exclusivos de la demanda que este colectivo está a punto de interponer ante el Gobierno de Aragón por la tramitación exprés del macroproyecto de Amazon.
La fuerza de la presión popular
En mayo las autoridades de Box Elder en el estado de Utah aprobaron el proyecto Stratos. Un complejo de servidores para la IA que ocupará un terreno equivalente a dos veces la isla de Manhattan y que según diferentes estudios amenaza al Gran Lago Salado contiguo a este condado. Varios centenares de vecinos acudieron a la audiencia pública para tratar de frenar el proyecto.
Escenas similares llevan meses ocurriendo por todo EEUU. Aunque los vecinos de Box Elder no han conseguido por ahora su objetivo, grupos ciudadanos en diferentes rincones del país ya han logrado paralizar proyectos multimillonarios. En respuesta a esta creciente oposición una larga lista de gobiernos locales han aprobado legislaciones contrarias a la construcción de nuevos centros.
El guante lo han recogido Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, figuras del ala progresista del Partido Demócrata, que en marzo propusieron una moratoria nacional a esta industria. Por el momento en España la conversación, y el propio despliegue de esta industria, avanza varias pantallas por detrás. Pero desde hace casi un año las cosas se están moviendo en Zaragoza y sus alrededores.
En septiembre las calles de la capital aragonesa vieron cómo una columna de manifestantes marcharon hasta la plaza de San Pedro de Nolasco, en pleno Casco Antiguo. El recorrido escogido para la primera manifestación contra los centros de datos en España no fue casual. La marcha partió del barrio de Torrero, donde se ubicará uno de los tres complejos de Microsoft, y concluyó frente al departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés.
«No esperábamos a tanta gente», relata más de medio año después Cristina García, miembro de No es sequía, es saqueo, el colectivo que organizó la protesta. Este grupo se había creado unos meses antes con el objetivo de cambiar una narrativa hasta entonces dominada, señala García, por las propias empresas, el Ejecutivo autonómico y sus medios afines.
Desde entonces y a través de sus redes sociales el grupo difunde la cara menos amable de estas infraestructuras, denunciando por ejemplo cómo el ejército de Israel ha usado la nube de Microsoft y AWS en el genocidio de Gaza. O cómo estas mismas empresas dan soporte al ICE, punta de lanza de Trump en su cruzada antimigratoria, a través de estos centros.
Su otro foco está en la organización de charlas públicas en los municipios de Aragón donde han sido anunciados nuevos centros. Y de actividades como un reciente «paseo tóxico» por las inmediaciones del enorme solar que planea ocupar Microsoft al sur de Zaragoza.
Cristina García, activista digital: «Podríamos replicar lo que está pasando en EEUU»
Rememorando la manifestación del año pasado, García apunta a la «sensación de esperanza» que sintió al ver que su primera convocatoria pública no había caído en saco roto. «Recuerdo que pensé que toda esa gente que estábamos ahí podríamos replicar lo que está pasando en EEUU», señala, aludiendo a la «fuerza popular» que ha logrado frenar ya varios proyectos.
Las empresas constructoras de centros de datos saben que un punto clave de su negocio es dar con autoridades dispuestas a tramitar con la mayor celeridad proyectos que tienen una compleja infraestructura asociada. Desde una conexión a una fuente energética capaz de saciar su ingente sed de vatios, a buenas comunicaciones ante una eventual situación de crisis, pasando por terrenos disponibles que garanticen su capacidad de crecer.
El caso aragonés es paradigmático en ese sentido. El Ejecutivo de Azcón está tramitando todos los complejos mencionados en este reportaje mediante la figura de los PIGA (Proyecto de Interés General), una categoría administrativa reservada para inversiones de «especial trascendencia» para el territorio. Y que conlleva, entre otros puntos, bonificaciones fiscales, una priorización frente a otras iniciativas y una reducción de los plazos de tramitación.
Una demanda pionera en ciernes
En agosto de 2025 el Gobierno de Jorge Azcón aprobó el PIGA del primer proyecto de expansión de AWS, que incluye cinco complejos en varios municipios aragoneses. La autorización definitiva del Ejecutivo no requirió a la empresa hacer cambios sustanciales en el proyecto, tal y como pedían varias de las organizaciones que presentaron alegaciones.
Solo uno de los 11 complejos planteados a día de hoy prevé consumir el 16,5% de toda la energía que usa Aragón
Casi cualquiera de las cifras asociadas a este macro proyecto, una especie de avanzadilla de esta industria en tierras aragonesas -desde finales de 2022 AWS ya tiene tres centros operativos, más pequeños, y actualmente en expansión- son inéditas. Solo uno de los 11 complejos planteados a día de hoy por la empresa prevé consumir el 16,5% de toda la energía que usa la comunidad y se espera que el conjunto de todos ellos supere con creces la demanda actual de todo Aragón.
Los números en torno al agua son igualmente una fuente de preocupación, en especial por las maniobras de la empresa para tapar su impacto hídrico y la opacidad demostrada también para sus centros en España. Desde AWS declaran que «su primer objetivo» es «ser un vecino comprometido con aquellas comunidades» donde se intalan. «Para ello, estamos en continuo contacto con los diferentes agentes sociales y económicos de la región, desde asociaciones vecinales, grupos ecologistas, sindicatos, instituciones públicas y administrativas, así como organizaciones de empresas locales, entre otras», alegan. «Fruto de estas colaboraciones han surgido diferentes proyectos comunitarios centrados en formación STEM, protección y cuidado del medioambiente, desarrollo económico del tejido empresarial local, innovación y tecnología, etc.».
Luis Valverde, de Ecologistas en Acción, y Aurora Gómez, de Tu Nube Seca Mi Río, recuerdan que una vez agotada la vía de las alegaciones debatieron internamente cuáles podrían ser sus siguientes pasos. Junto con el grupo de académicos que les está acompañado en este proceso –entre las que está el investigador Enol Nieto, de la Universidad de Vic–, decidieron entonces darle forma a una idea que les rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Llevar al Ejecutivo de Azcón ante los tribunales por la manera en que ha tramitado este macro proyecto, que tachan de «ilegítima».
«Hacen oídos sordos a la ciudadanía preocupada y se saltan procesos democráticos«, señala a Público Gómez, poniendo el foco en la reducción de los plazos de participación pública que conllevan los PIGA.
Valverde apunta que en ese momento se toparon con dos importantes obstáculos: cómo financiar el procedimiento judicial y dar con letrados dispuestos a embarcarse en esta causa. Tras descartar acudir al fondo jurídico de Ecologistas en Acción, el grupo decidió crear una campaña de micromecenazgo abierta a la ciudadanía, que en apenas seis días alcanzó los 7.300 euros que se habían marcado como objetivo mínimo.
El método de financiación escogido, explica este medioambientalista, además de solventar la cuestión económica, buscaba también dar a conocer su causa y comprobar hasta qué punto la gente estaba interesada en apoyarla. «Frente a un PIGA que no es realmente de interés general para Aragón, nosotros podíamos evidenciar cual es el verdadero interés de los aragoneses», señala.
«Todo el rato nos estamos inspirando en otros países y en colectivos, incluso en otras épocas«, apunta por su parte Gómez, aludiendo a las experiencias exitosas de micromecenazgo de la organización británica Global Action Plan, especializada en litigios sociales y medioambientales.
Una vez superado con éxito el obstáculo del dinero -la campaña logró recaudar finalmente 15.000 euros- el grupo encontró en el Fons de Defensa Ambiental, una pequeña asociación de Barcelona especializada en la defensa de litigios ambientales, el soporte jurídico que necesitaban.
Amazon mueve ficha
El equipo de letrados que está llevando el caso presentó en enero el recurso contencioso administrativo contra el Gobierno aragonés, el paso previo a la interposición de una demanda ante una administración. Pocas semanas después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo admitió a trámite, abriendo así un plazo todavía abierto para el estudio del enorme expediente asociado a este proyecto multimillonario.
En este tiempo, Amazon no se ha quedado de brazos cruzados. Según ha podido saber Público de fuentes conocedoras del procedimiento, la empresa interpuso un recurso de reposición, ya desestimado por la sala del TSJA, contra la admisión del contencioso por parte del alto tribunal, alegando que este se había presentado fuera de plazo.
Estas mismas fuentes señalan que la compañía se ha opuesto también a la ampliación del expediente que reclama la acusación, para así poder integrar en la causa los informes de todos los complejos que la multinacional ha hecho públicos hasta el día de hoy.
A preguntas de Público, un portavoz de la compañía admite que AWS ha intervenido en «algunos de los trámites procesales» del procedimiento, pero declina dar más detalles al tratarse de un proceso judicial en marcha. Desde el Gobierno aragonés, por su parte, argumentan haber «actuado conforme a la ley» y señalan estar dispuestos «a defender su acción de gobierno en las instancias que sean pertinentes».
Preguntadas también sobre un posible acercamiento a las entidades de la sociedad civil demandantes, fuentes del Ejecutivo de Azcón señalan que «ni acercamiento, ni lo contrario». «Lo que corresponde es contestar el procedimiento contencioso dando respuesta a lo que se haya planteado por parte de los recurrentes», responden por escrito a este medio.
La jurista Mireia Orra de Salsas señala que desde una mirada jurídica el contencioso abierto en Aragón es una estrategia muy novedosa en el contexto español. A diferencia de tradiciones como la anglosajona, donde una única sentencia favorable puede fijar jurisprudencia ante casos similares, aquí el camino es más complejo. «Un litigio ganado puede ayudar, pero solo eso».
Orra de Salsas, quien apunta también a la gran cantidad de «tiempo y recursos» que requieren estos procesos, ha estado directamente implicada en los últimos años en varios litigios estratégicos frente a los abusos de la tecnología en sus diferentes derivadas. Uno de ellos fue la denuncia contra la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) por el uso de reconocimiento facial que en 2022 desembocó en una multa de la agencia catalana de protección de datos.
Karen Hao, periodista: «Cuando la gente se levanta, los imperios se derrumban»
Este caso, explica la jurista hoy miembro del colectivo DonesTech, ejemplifica cómo estos procesos pueden alargarse durante años. Tras la multa inicial, las entidades litigantes abrieron un contencioso contra la agencia catalana por apartarlas del proceso. Una demanda que más de tres años después sigue sin resolverse. «Lo de Aragón va para largo«, concluye esta experta.
Desequilibrio de fuerzas y un fin ambicioso
«Cuando la gente se levanta, los imperios se derrumban». La periodista y autora estadounidense Karen Hao cerró así hace unas semanas su charla inaugural en re:publica, uno de los encuentros de referencia en Europa sobre tecnología y derechos.
En su reciente libro El imperio de la IA. Sam Altman y su carrera por dominar al mundo (Península, 2025), Hao usa la metáfora de los imperios para diseccionar las estructuras de poder que los gigantes de la IA están levantando en todo el planeta, incluidos los centros de datos. Pero también apunta cómo la creciente contestación ciudadana en todo el planeta puede hacer tambalear hasta a las empresas más poderosas.
Más allá del resultado final en los tribunales, las diferentes fuentes consultadas para este reportaje describen el contencioso abierto contra el Gobierno aragonés como una pata de una estrategia mucho más amplia, con objetivos ambiciosos. Desde el movimiento de resistencia aragonés aseguran que su fin último no es otro que «sentar un precedente legal crucial para todo el Estado, un muro contra la burbuja especulativa de los datos».
«El actual proceso en torno a los centros de datos va a explotar en cualquier momento y va a pillar a mucha gente por el camino«, advierte Carlos López, miembro de Ecologistas en Acción en Aragón, haciéndose eco del creciente número de voces que alertan de una burbuja en torno a la IA. «La única manera de que esto no ocurra es a través de la oposición social».
En una línea similar se expresa Cecilia Rikap, profesora del University College London (UCL), quien analiza desde hace años cómo la gran industria tecnológica impacta en la soberanía y el desarrollo de los países. «Estos centros siempre requieren la autorización de los gobiernos locales, quienes por ignorancia, desidia o por apoyar antes a las empresas que a la población local, terminan no solo autorizando su instalación sino también haciéndoles exenciones de impuestos«.
Esta economista otorga a la sociedad civil organizada un papel «fundamental» para crear conciencia sobre los costes de estas infraestructuras. «La visibilización del problema solo se logra gracias a la movilización colectiva desde los territorios», añade Rikap.
Cualquier observador externo detectaría fácilmente el desequilibrio de fuerzas entre las partes de la batalla que se ha abierto en Aragón. De un lado, una industria con los bolsillos llenos de liquidez y una amplia plantilla de abogados que tiene en Amazon a su particular punta de lanza. Del otro, un incipiente movimiento ciudadano que se ha apoyado en un crowdfunding para su primer movimiento de peso en esta partida.
Esta realidad no parece por el momento desanimar a este colectivo. «Estas empresas parecen todopoderosas, pero realmente no lo son«, indica Cristina García.
Esta activista tira de los ejemplos que llegan de EEUU para asegurar que, a pesar de todo, «estos proyectos sí se pueden parar». Recordando que en ocasiones son los propios promotores quienes los retiran si se topan con una resistencia organizada. «El desembarco de esta industria nos va a afectar y va a hipotecar nuestro futuro, por eso es importante que nos movilicemos», concluye.
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.