Ante un panorama donde los conflictos bélicos, diplomáticos y, en general, políticos, impactan de manera frontal con el suministro de recursos, la soberanía energética se ha convertido en un asunto de estado. En el caso europeo, esta cuestión adquiere un nivel agregado, ya que concierne al conjunto de los Veintisiete. En este contexto, Bruselas impulsa una serie de proyectos que cumplan una doble función: suministrar las materias primas y la infraestructura energética que, según la UE, necesita para reducir su dependencia de Rusia, China y otras potencias extranjeras. Sin embargo, estas iniciativas salen adelante al tiempo que las mismas compañías acumulan algunos de los casos de contaminación sin resolver más persistentes del continente.
Uno de los casos que se enmarca en este contexto es el de Solvay, una compañía química multinacional de origen belga y que opera en diferentes puntos de Europa. Sus proyectos en España, Francia y en Italia son ahora fundamentales para la política industrial estratégica de la UE, pero todavía debe hacerse cargo del impacto ambiental que ha generado hasta ahora. Así lo ha analizado una investigación periodística internacional financiada por el Journalismfund Europe y de la que Público ha formado parte.
Una planta de biomasa y quema de carbón
La empresa tiene su sede social española en Torrelavega, una localidad de Cantabria y se dedica a la producción de carbonato y bicarbonato sódicos. El carbonato sódico es un recurso empleado para la fabricación de vidrio, paneles solares. También es utilizado en baterías de vehículos eléctricos y detergentes. Por su parte, el bicarbonato tiene diversas aplicaciones, como alimentos, piensos, cosméticos o productos farmacéuticos.
La fabricación de estos químicos todavía se lleva a cabo mediante la quema de carbón. Se trata de la fuente de energía que más emisiones de CO2 provoca y uno de los principales causantes de la crisis climática. En este contexto, uno de los grandes proyectos de Solvay en España es su futura planta de cogeneración a partir de biomasa. Esta fue anunciada en marzo de 2025 y su objetivo, según defiende la compañía, es «reducir casi la mitad de las emisiones de CO2 para 2027».
«Con más de 116 años operando en España, estamos orgullosos de la transición de la planta a una nueva etapa, marcando un capítulo importante en su historia. Este hito supone un paso de gigante en la reducción de nuestra huella de carbono y en el suministro de productos más sostenibles a nuestros clientes”, declaró durante el anuncio del proyecto Etienne Galan, presidente de Solvay para el negocio del Carbonato Sódico y Derivados. «Nuestro ambicioso plan para Torrelavega incluye ofrecer a nuestros clientes en España carbonato y bicarbonato sódico con la huella de carbono más baja del mercado. Este proyecto reafirma nuestro compromiso con la producción local sostenible y competitiva, asegurando la viabilidad y el éxito a largo plazo».
Un proyecto «estratégico» con 30 millones de euros
La planta de biomasa ha recibido una ayuda para proyectos de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera. Esta se enmarca dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Es el Ministerio de Industria quien se encarga de gestionar los PERTE, que a su vez se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. En total, la subvención asciende a 30 millones de euros.
La construcción de la planta para Solvay corre a cargo de ENSO, una compañía dedicada a la descarbonización industrial por medio de la bioenergía. En su página web defienden «una transición energética que no solo sea eficiente, sino también justa, medible y replicable». Según explican, la descarbonización del complejo industrial de la empresa química en Torrelavega consistirá en dos estrategias. Por un lado, el autoconsumo de energía cogenerado por la planta de biomasa. Por el otro, un aumento de la eficiencia energética que se buscará implementando un nuevo variador de frecuencia –un dispositivo que regula la velocidad de la corriente eléctrica–.
«Nuestros esfuerzos de colaboración con Solvay durante los últimos meses han culminado en la aprobación con éxito de un proyecto de gran envergadura», expresó durante el anuncio del proyecto en marzo de 2025 la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular. En su intervención, también recordó que la planta de biomasa había sido declarada como «iniciativa estratégica». Esta categoría, añadió entonces, permite «el acceso a la financiación a través de los Certificados de Ahorro de Energía (CAE)».
El Gobierno regional declaró el «carácter estratégico» del proyecto en enero de 2025. «Estamos hablando de una decisión, la de hacer el informe para reconocer el carácter estratégico del proyecto de cogeneración de biomasa de Solvay, necesaria y urgente porque va a dotar a Cantabria de la cogeneración más grande de España, logrando reducir el 60% del consumo de carbón y las emisiones de dióxido de carbono en 326 millones de toneladas al año», afirmó entonces el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. Este medio ha tratado de contactar con el Ejecutivo cántabro, pero no ha obtenido respuesta.
La biomasa… ¿una falsa solución?
«El proyecto de biomasa tiene por objeto reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ de la central, sustituyendo la mayor parte del carbón que se utiliza actualmente en la central de Torrelavega», declaran a Público fuentes de Solvay. La biomasa plantea diversos problemas en lo que respecta a la transición energética. Mario Rodríguez, director de la Fundación para la Ecología y el Desarrollo (ECODES), recuerda en declaraciones a este medio que esta fuente requiere también de combustión, por lo que provoca emisiones de CO2.
En la misma línea se expresa Alfonso Fernández-Manso, profesor del Grupo de investigación en Ecología Aplicada (GEAT) de la Universidad de León. «Conviene recordar que la combustión de biomasa no es inocua«, indica en un artículo que publicó para el blog del Grupo de Energía, Economía y dinámica de Sistemas (GEEDS) de la Universidad de Valladolid. Subraya que no solo emite CO2, sino también «partículas en suspensión, incluidas PM10 y PM2,5, así como compuestos orgánicos volátiles, todos ellos con efectos relevantes sobre la calidad del aire y la salud pública».
Por este motivo, aduce que la «neutralidad de carbono» de esta energía es «científicamente cuestionable«. «La tala y la quema inmediata de masa forestal liberan carbono a la atmósfera en un plazo muy corto, mientras que su eventual recaptura por el monte requiere décadas y depende, además, de que esa regeneración se produzca realmente y en condiciones equivalentes», añade.
Para el director de ECODES, la medida poco tiene que ver con una intención por parte de la empresa química de cambiar su imagen hacia una más verde. «Es difícil que Solvay tenga una imagen positiva desde el punto de vista ambiental«, expresa, en referencia a la trayectoria histórica del grupo en este asunto. En su lugar, se trataría de «una cuestión práctica» para cumplir con las exigencias normativas de la Unión Europea.
«La fábrica de Solvay sigue quemando todavía carbón, ni siquiera gas», insiste el experto. Ante esta situación, considera que la planta de biomasa «puede tener sentido como sistema de transición». No obstante, pone de relieve que, si se quiere llegar a una verdadera neutralidad de carbono, «la biomasa no debe parar esa transición». Fuentes de la compañía afirman que «la protección de las personas, las comunidades y el medioambiente es una prioridad para Solvay, y seguimos comprometidos con llevar a cabo nuestras actividades de forma responsable y cumpliendo con la normativa vigente».
Sobre el impacto ecológico de la planta
Por otro lado, la construcción de la planta tendrá ya de por sí repercusiones sobre el medio físico. De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), «la instalación se encuentra a pocos kilómetros del Lugar de Interés Geológico (LIG) denominado ‘Yacimiento de Zn-Pb de Reocín'». Se trata de una mina que estuvo en funcionamiento de 1856 a 2003 y que llegó a ser el mayor yacimiento de zinc en Europa. Asimismo, la DIA expone que «la eliminación y alteración del suelo aumentará el riesgo de erosión, pudiendo producirse también impactos sobre este factor por posibles derrames accidentales de aceites, combustibles, residuos u otros elementos que alteren su calidad«.
El mismo documento reconoce que «los impactos sobre el aire, los factores climáticos y el cambio climático» pueden tener lugar debido a «las emisiones de polvo y partículas sólidas suspendidas por las operaciones de la Planta, descarga del material y tránsito de camiones y maquinaria, emisiones atmosféricas», así como a las «emisiones acústicas». En la misma línea, señala «impactos sobre la vegetación, flora y fauna«, los cuales pueden ocasionarse a raíz de «la pérdida o degradación de los hábitats y, por las perturbaciones (ruidos y presencia humana) que pueden provocar el desplazamiento de la fauna».
El paisaje es otro de los elementos analizados por la DIA. A este respecto, apunta que el mayor impacto se deberá a «una mayor construcción de elementos dentro del complejo fabril de Solvay –chimenea y otros-, la cercanía a la ría, a las vías de comunicación y, a las viviendas». No obstante, el documento recuerda que se trata ya de un emplazamiento «muy antropizado» debido a que lleva siendo «industrialmente intervenido desde 1908».
Bernardo García, portavoz cántabro de Ecologistas en Acción y que ha seguido muy de cerca a la compañía química desde hace años, sospecha igualmente de las intenciones de Solvay y recalca en conversación con Público que seguirá teniendo un importante impacto ambiental. «La quema de cualquier combustible, sea biomasa o no, siempre tiene emisiones«, expresa. «Y también tendrá impactos en cuanto a la calidad del aire», reitera. El activista insiste además en que la descarbonización tampoco será completa y que los avances de la empresa para adaptarse a las exigencias de la crisis climática son tardías e insuficientes.
Controversias laborales por el ERE en Barreda
No es esta la única polémica en la que Solvay se ha visto recientemente involucrada. La empresa anunció este año un ERE en su fábrica de Barreda, en el municipio cántabro de Torrelavega. Las negociaciones con el comité de empresa culminaron el 6 de abril, con un acuerdo que redujo el número inicial de 77 despidos planteado por la compañía a 45. Julio Ibáñez, de UGT-FICA –el sindicato mayoritario en el comité– declara a este medio su disconformidad con la medida. «Creemos que había otras opciones», señala, como ajustes de plantilla o rebajas de capacidad.
Según explica Ibáñez, el ERE ha sido justificado por «circunstancias económicas del mercado» y «causas productivas y organizativas». Sobre la planta de biomasa, remarca que la reducción de emisiones de CO2 «es la única forma de que la fabrica pueda seguir funcionando». Sin embargo, el sindicalista teme que la puesta en marcha de la planta de biomasa sirva como excusa para nuevos reajustes en la plantilla. «Es probable que debamos afrontar otro ajuste», apunta. Sobre esta cuestión, desde el comité defienden «que la transición energética se haga de forma justa y no se deje a nadie atrás».
La mancha en la playa de Usgo, sin resolver
La planta de biomasa tiene prevista su puesta en marcha en el 2027 como parte de una transición energética que la empresa debe llevar a cabo hacia formas más limpias. Y es que Solvay arrastra un historial de contaminación ambiental del que todavía debe hacerse cargo. Ejemplo de ello es la playa de Usgo, donde la compañía lanza sus vertidos a través de un emisario. La consecuente polución del litoral ha sido una causa de que Ecologistas en Acción haya incluido este punto geográfico como hotspot de la contaminación en su informe anual Banderas negras.
La última edición de este estudio, publicado en junio de 2026, repite por tercer año consecutivo la bandera negra en la playa de Usgo, categoría que también repitió en 2020 y 2021. De acuerdo con el informe más reciente, Solvay vierte en el litoral cántabro «residuos químicos generados como subproductos de sus procesos industriales, fundamentalmente lodos de cloruro cálcico, cloruro de sodio, hidróxido de calcio, metales pesados y amoníaco«. En la edición de 2024, la organización advertía de que los efectos de estos vertidos se notan hacia «unos 12 km de litoral costero, incluyendo la ZEPA [zona de especial protección para las aves] Islas Cabreras, el Parque Natural de las Dunas de Liencres y adentrándose en el mar varios kilómetros».
El informe más reciente recalca que se trata de «un grave problema histórico por la gravísima afección que ocasiona en el medio». Como consecuencia de estos vertidos, estiman que se produce «un gran incremento de la turbidez de las aguas, la reducción drástica de la radiación solar, una modificación muy significativa de la tasa de sedimentación, el aumento de temperatura y subidas y bajadas súbitas del pH«. A raíz de ello, pronostican que «esto va a causar una drástica reducción de los organismos fotosintéticos que son base de la cadena alimenticia».
En relación con las circunstancias ecológicas a las que se ve expuesto el enclave, Solvay solicitó en 2014 llevar a cabo un dragado. Este consistía en trabajos de limpieza «retirando las arenas que se acumulan en la propia salida«. Los diferentes informes de Ecologistas en Acción revelan que la situación de los vertidos sigue sin resolver. Fuentes de la compañía química declaran que «la planta de Torrelavega opera de conformidad con su permiso medioambiental y la normativa aplicable. Como parte del proceso de producción de carbonato sódico, Solvay utiliza materias primas naturales, entre ellas la piedra caliza y la sal. El material a base de piedra caliza que queda tras el ciclo de producción se vierte a través de un emisario submarino autorizado, de acuerdo con los requisitos del permiso«.
La empresa añade que «el vertido se supervisa de forma continua y es inspeccionado periódicamente por las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en el permiso«. En este sentido, «Solvay mantiene su compromiso con unas operaciones responsables y con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones medioambientales», alega. De manera más general, justifica que «sigue trabajando para reducir la huella medioambiental de su producción de carbonato sódico, entre otras cosas mediante el desarrollo de su proces, diseñado para reducir las emisiones de CO2, así como el consumo de agua, salmuera y piedra caliza, y para reducir los residuos de piedra caliza. Tras el éxito de las pruebas piloto, Solvay tiene previsto implementar progresivamente esta tecnología».
La dinámica descrita en la planta de Torrelavega se hace extensible a otros territorios europeos, como serían el caso del proyecto Alpha en Rosignano Solvay –una localidad de la Toscana, en Italia, que lleva el nombre de la compañía– o en La Rochelle, en Francia. La investigación internacional incluye también un estudio pormenorizado del caso italiano, sus fuentes de financiación y su declaración de carácter estratégico. Se trata de una categoría que permite simplificar y acelerar los trámites burocráticos para desarrollar diferentes iniciativas empresariales. Estos casos serán desarrollados próximamente dentro del mismo marco de la investigación.
Esta investigación ha sido apoyada por Journalismfund Europe.