Field Produce Marketing, Hadiklaim y Agrifood Marketing. Las tres son empresas israelíes que se dedican a la producción y venta de cacahuetes, almendras y sobre todo, dátiles. Las tres tienen plantaciones y naves en los territorios palestinos y sirios que Israel ocupa ilegalmente en Cisjordania y los Altos del Golán. Y las tres exportan productos hortofrutícolas a varios países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España. Esto es lo que viene a denunciar una investigación reciente del grupo francés de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE) y el centro de investigación israelí Who Profits, publicada recientemente por EUObserver. Este medio digital con sede en Bruselas ha compartido su base de datos con Público, que ha comprobado que las tres compañías presumen en sus páginas web de llegar con sus productos a España. Así lo publicitaban a fecha de 17 de julio de 2026.
La distribución de estos productos en el mercado español incumpliría el Real decreto ley 10/2025 de medidas contra el genocidio en Gaza, cuyo artículo 3 prohíbe la importación de productos procedentes de los territorios palestinos ocupados. Las zonas afectadas por esta medida quedaron delimitadas en una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del pasado 10 de febrero de 2026. El real decreto pretendía responder a las exigencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en 2024 emitió un dictamen en el que instaba a todos los Estados a no reconocer ni cooperar con los territorios ocupados ilegalmente por Israel.
Pese a ello, Tel Aviv ha seguido expandiendo sus fronteras más allá del espacio que le conceden varias resoluciones de la ONU. La agricultura, afirma en conversación con Público la investigadora del CIDSE Dorien Vanden Boer, debe concebirse como una de las muchas estrategias que Israel utiliza «para despojar a los palestinos de sus tierras y expulsarlos de ellas», además de la guerra, la ilegalización y destrucción de infraestructuras civiles, la creación de campos de tiro y el establecimiento de zonas de valor arqueológico, entre otras.
Field Produce Marketing, Hadiklaim y Agrifood Marketing no son las únicas empresas que continúan con presencia en nuestro país. En la base de datos compartida por EUObserver con Público, figuraban otras tres compañías israelíes que presuntamente seguían exportando productos de los territorios ocupados a España. Estas eran Agrexco Carmel Agricultural Export Company, Hamat Group Ltd y Aqwise Wise Water Technology. A diferencia de las tres primeras, Público no ha podido confirmar que estas firmas publiciten que siguen enviando mercancía a nuestro país tras la entrada en vigor del Real decreto-ley 10/2025.
Las seis empresas israelíes han declinado responder a las solicitudes de información realizadas por este periódico antes de la publicación de este artículo. Público también ha preguntado a la AEAT si existían expedientes sancionadores abiertos a estas u otras empresas israelíes, pero la Agencia Tributaria respondió que no podía facilitar la información porque estaba en manos de las diferentes Aduanas y no disponía de ella «de forma automatizada».
Cultivando expolio en la Cisjordania Ocupada
Field Produce Marketing tiene una de sus cuatro plantas en el asentamiento de Yafit, en el Valle del Jordán, justo en la Cisjordania Ocupada, rebautizada por la administración sionista como Judea y Samaria. Esta es una información de la que la firma presume en su propia página web. La empresa está registrada como una sociedad privada israelí y exporta el 65% de lo que produce, con alianzas –cadenas de alimentación, «tostadoras de café» y comercializadores de frutos secos- en toda Europa. La actividad se centra sobre todo en el cultivo y la venta de cacahuetes, almendras y dátiles de la variedad Medjool, una de las más habituales en los supermercados de España.
Field Produce Marketing tiene entre su clientela a tres empresas que compran y venden al mercado español: Delinuts, Importaco y La Piedra Redonda. La primera es una marca gallega dedicada a la creación de «barritas energéticas naturales». La segunda, una de las principales intermediarias en el mercado de los frutos secos en España, con sede en València. Importaco es además una de las proveedoras de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. La Piedra Redonda trabaja por su parte con el sello Oro del Mediterráneo, localizable en distintas superficies. Todos estos datos están disponibles en la web de Field Produce Marketing. Público se ha puesto en contacto con las tres empresas españolas para conocer su versión y saber en qué estado se encontraban sus acuerdos comerciales con compañías israelíes. Delinuts e Importaco no han respondido. La Piedra Redonda por su parte dice no importar productos de Israel, pese a figurar en el listado de clientes de Field Produce Marketing.
Hadiklaim, por su parte, es una cooperativa que se dedica fundamentalmente a la comercialización de dátiles -y derivados- procedentes del Valle del Jordán y de la zona del Mar Muerto. Las plantaciones vuelven a situarse en la Cisjordania Ocupada, concretamente en los asentamientos de Yafit, Galil, Almog, Beit Ha’arava y Tomer, tal y como recoge en uno de sus últimos informes Who Profits. «Exportamos nuestras nueve variedades de dátiles a más de cincuenta países en los cinco continentes«, sostiene la compañía en su página web. España sigue siendo uno de sus principales destinos, según el mapa disponible en Hadiklaim.com.
La cooperativa opera a través de varias marcas, entre ellas, MyJool, Jordan River y King Salomon Dates. EUObserver informó –con datos previos a la resolución de febrero de 2026- de que los dátiles de la firma se podían localizar en Aldi, El Corte Inglés, Lidl, Carrefour o Mercadona. Las dos últimas cadenas han negado -en declaraciones a Público– tener actualmente en sus estanterías mercancía procedente de los territorios palestinos ocupados. Las tres primeras han declinado responder a las preguntas de este periódico. Hadiklaim recibió además «indemnizaciones» del Ministerio de Economía de Israel entre 2019 y 2021 por un valor total de casi tres millones de euros a raíz de la supuesta caída de las exportaciones. La firma israelí tampoco ha atendido las reiteradas solicitudes de información de este periódico.
Agrifood Marketing, por último, también tiene sus plantaciones en el Valle del Jordán y en la zona del Mar Muerto, un enclave que le permite a la compañía «suministrar todas las variedades de dátiles (…) durante todo el año». La Cisjordania Ocupada –insisten en su página web- tiene un «clima perfecto» para el cultivo de estos productos, sobre todo por la «combinación singular de la calidez del desierto, la baja humedad y la experiencia de los agricultores israelíes». La «comercialización a nivel mundial» alcanza países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón o España, según el mapa disponible en Agrifood-Marketing.co.il. La firma no ha querido responder a las preguntas de Público y tampoco identifica en su portal quiénes son concretamente sus clientes en el mercado español.
La postura de los supermercados españoles
Las principales cadenas de supermercados en España se agarran al cumplimiento de la resolución aprobada por la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en febrero de 2026, pero no aclaran qué mecanismos de fiscalización interna utilizan ni cuántos acuerdos comerciales han roto con sus proveedores con motivo del nuevo marco legal.
La respuesta de cada uno de los grupos tiene de todos modos sus particularidades. Un portavoz de Carrefour España ha asegurado en una conversación con Público que no comercializa en nuestro país «productos procedentes de Israel o Palestina». En los mismos términos se ha pronunciado Eroski, para luego explicar que la decisión «responde a la voluntad» de la marca de «actuar de forma coherente no solo con su identidad, sino también con su compromiso con una política de compras responsable, orientada al respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas».
Lidl también ha aprovechado la ocasión para reafirmar su «firme compromiso con los derechos humanos en todas las operaciones». La cadena alemana dice cumplir «estrictamente con la legalidad vigente en cada mercado» en el que opera, garantizando así «el absoluto cumplimiento de la resolución del 10 de febrero de 2026». Lidl presume asimismo de «exigir» a todos sus proveedores «operar bajo un riguroso código de conducta basado en los principios internacionales» y contempla «medidas inmediatas» para «cualquier vulneración de este código». La compañía sin embargo no ha entrado a detallar qué mecanismos de fiscalización utiliza y tampoco ha aclarado si rompió algún acuerdo o aplicó sanciones de algún tipo por vulnerar la normativa española.
Mercadona por su parte insiste en el cumplimiento de la legislación vigente y asegura que «traslada a sus proveedores la necesidad de hacerlo también», pero no aclara qué mecanismos de fiscalización utiliza para ello.
Ahorramás y Aldi han indicado que, «lamentablemente», prefieren no dar su versión de los hechos para este artículo. Por último, Alcampo, Dia y Supermercados El Corte Inglés no han respondido a ninguno de los correos de Público.