Exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia ya están imputados en ocho procedimientos judiciales distintos por la discriminación sufrida por las personas mayores que vivían en residencias. Así lo ha anunciado este viernes una de las abogadas de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, en una rueda de prensa.
Jacinto ha recordado que la primera causa se abrió, en mayo de este año, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular citó a declarar como investigados a los exdirectores de Coordinación Sanitaria y firmantes de los conocidos como protocolos de la vergüenza, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo. Sus declaraciones se suspendieron después de que sus abogados alegaran no haber recibido las actuaciones y necesitar más tiempo para analizarlas.
Un mes después, en junio, ambos estaban citados en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, pero la comparecencia volvió a aplazarse, ya que este juzgado se inhibió en favor del Juzgado 3 de Madrid.
Estos dos eran los procedimientos conocidos hasta ahora. A ellos se suman causas abiertas en otros dos juzgados en Madrid capital y uno en Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro. Mur figura como imputado en los ocho procedimientos, Peromingo en siete y el exdirector del Summa 112, Pablo Busca, en seis.
Un año de la macrodenuncia
«Basta ya de impunidad», «Ayuso, escucha, seguimos en la lucha», «No eran números, eran personas». A las 10.45 horas de un 10 de octubre como hoy, hace justo un año, se escuchaban estas frases a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las portavoces de las asociaciones de familiares Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, Carmen López y María Jesús Valero, acababan de presentar la primera macrodenuncia contra antiguos altos cargos del Gobierno de Ayuso por haber negado atención sanitaria a miles de mayores durante la pandemia.
En la rueda de prensa ofrecida este viernes, precisamente para hacer balance de la situación de la denuncia un año después, participaron los otros dos miembros del equipo jurídico –Carlos Castillo y Eduardo Ranz–, además de las portavoces López y Valero. Hubo coincidencia a la hora de calificar como «esperanzadora» la noticia de que los ex altos cargos están ya imputados en ocho procedimientos.
La «desidia» de algunos juzgados
Junto a esa «satisfacción» por la investigación en ocho juzgados, los abogados «lamentaron» que todavía no haya sido posible tomarle declaración a los ex altos cargos en ninguno de ellos, por motivos que van desde la falta de acceso previo a la causa alegada por sus defensas hasta «el problema de competencias» surgido.
Esa disputa competencial se refiere al hecho de que en más de una decena de juzgados se hayan inhibido en favor del número 3 de Madrid, que fue el primero en abrir una investigación, pero este haya rechazado acumular todos los procedimientos. Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid quien decida si todas las causas deben acumularse en ese juzgado de Madrid, como defienden los denunciantes, el Ministerio Fiscal y Peromingo, o si deben investigarse por separado, como sostiene la jueza de Madrid 3 y la defensa de Mur.
El equipo jurídico: «Estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune»
Los letrados confesaron que uno de los aspectos que más les preocupa «es que algunos procedimientos puedan prescribir debido a la desidia de los juzgados. Si finalmente se produce la prescripción en algunos casos, evaluaremos si la inactividad judicial fue irregular y estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune», señalaron.
Además, pusieron otros ejemplos concretos de desidia judicial. En los Juzgados de Instrucción número 6 de Móstoles y 5 de Navalcarnero aún no han adjudicado ni número de diligencias previas a sendas querellas interpuestas a principios de abril. Y el Juzgado 39 de Madrid ha tardado medio año en notificarles un auto de inadmisión de la denuncia.
La situación de los procedimientos
Detrás de esa denuncia colectiva hay 109 familias que representan a 115 mayores, de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020 sin recibir atención hospitalaria. El escrito acusa a los responsables de cometer delitos tipificados en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la «denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios». En la denuncia se señala a 29 personas: Mur, Peromingo, Busca, el exresponsable del Plan de Choque que debía «medicalizar» las residencias, Antonio Burgueño, y los geriatras de enlace de 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Burgueño está imputado en al menos una causa, la del Juzgado 3 de Madrid.
La macrodenuncia reunía un conjunto de pruebas y documentos oficiales, buena parte de ellos inéditos. Según los denunciantes, dichos documentos confirman el veto que se produjo a las derivaciones a hospitales públicos, la falta de medicalización de las residencias y que no se utilizaran recursos como el hospital de campaña creado en Ifema, los hospitales privados (salvo para los residentes que tenían seguro privado) y los hoteles medicalizados. El dosier incorporaba también actas de inspección elaboradas por la Policía Municipal, así como informes internos del Gobierno de Ayuso que detallaban el día a día en los 475 geriátricos madrileños durante los meses más trágicos de 2020. También se adjuntaban siete informes de la Consejería de Políticas Sociales y un documento de la Consejería de Sanidad sobre la «medicalización de las residencias», que confirmaba que esta se tradujo únicamente en la presencia de 24 médicos y 25 enfermeras entre marzo y abril de aquel año.
El Ministerio Fiscal decidió fragmentar la denuncia colectiva, abriendo diligencias separadas para cada uno de los 109 denunciantes. Algunas de estas investigaciones derivaron en la presentación de denuncias ante los juzgados por parte de la Fiscalía. En el caso de 48 denunciantes, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la reapertura de procedimientos previamente archivados, relacionados con querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, presentados en su día por Marea de Residencias.
Además de la denuncia colectiva, otros familiares presentaron durante el último año directamente querellas en algunos Juzgados. En conjunto, la combinación de la denuncia colectiva y las querellas individuales, dio lugar a 92 procedimientos judiciales distintos. De ellos, 73 continúan en fase de instrucción, diez están pendientes de resolución de recursos ante la Audiencia Provincial y en cinco casos los denunciantes desistieron.
En los cuatro casos restantes, los juzgados de instrucción se negaron a reabrir causas archivadas provisionalmente, una decisión que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial. Dos denunciantes ya han presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otros dos estudian presentarlo durante los próximos días.