Concluido el XXI Congreso Nacional del PP sobre la mesa ha quedado el respaldo unánime del núcleo duro y la militancia al reelegido presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la condena de los populares a lo que han señalado como Gobierno corrupto. Unas acusaciones que durante los tres días que ha durado el cónclave del PP han protagonizado el discurso de todos y cada uno de los que se han colocado ante el atril para ofrecer a los presentes su relato.
En esta materia, dos de los pesos pesados del PP, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida este pasado viernes al Congreso Nacional de los populares. Ya desde las primeras palabras que defendieron, ambos líderes mostraron la cara más dura contra el presidente del Ejecutivo actual, Pedro Sánchez, centrando su discurso en el reciente caso de corrupción que ha sacudido a las filas socialistas con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García como epicentro y la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
“El PP está llamado a protagonizar un cambio de rumbo histórico porque la deriva de España hoy por hoy es de naufragio. Estoy seguro que este Congreso demostrará que el PP dará la esperanza a españoles hastiados, que conservan intacta la fe en nuestro país por un futuro mejor. (…) Hay que cerrar el paso de la fractura territorial y al intento de cancelar el éxito democrático inaugurado en la transición. Nos jugaremos la continuidad de un Gobierno nefasto, sino la continuidad histórica de una nación, las garantías de libertad, independencia judicial, separación de poderes, libertad de expresión e información y Estado de Derecho en todas sus manifestaciones”, eran las palabras que Aznar sostenía durante su intervención en la primera jornada del Congreso Nacional.
En esta misma línea, quien fuera primer presidente del Gobierno popular prosiguió con su discurso cargando contra Sánchez calificando al Ejecutivo central como “cartón piedra” y “desmoronado”: “La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento, tiene un significado político. Compraron una investidura por impunidad total, han pedido perdón a los delincuentes. Lo han hecho en nombre de todos nosotros, sin permiso ni vergüenza, eso significa la amnistía. Si haces esto, no te extrañe acabar en la cárcel porque éste es tu ambiente”, añadió sobre la Ley de Amnistía. «Hay que darle la vuelta a España porque está cabeza abajo, el Gobierno levanta muros, sabotea la iniciativa empresarial y se cuela de polizón en las juntas de accionistas. El gran apagón es la única excepción ibérica digna de ese nombre. Adopta poses de adolescente inadaptado con la OTAN y compromete nuestra seguridad sólo por la foto que le interesa. El Gobierno huye hacia adelante y arrastra al país a una vía muerta”, sentenció.
Sin embargo, lejos de estas acusaciones que Aznar vertió sobre el Gobierno y su presidente, lo hace después de que 12 de sus 14 ministros estén imputados. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional. Unos datos de los que, entre otras cosas, se ha hecho eco a través de su cuenta de X (antes Twitter) Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. “Tres de sus ministros acabaron en prisión, incluido su vicepresidente del gobierno. Hasta nueve más estuvieron investigados por “sobresueldos” o financiación irregular, aunque ninguno ha sufrido condenas ni penas de prisión”, ha sostenido.
El mismo esquema se repite con Rajoy. Mantenido la misma postura que Aznar, durante su intervención en el Congreso de los populares, el expresidente del Gobierno sostuvo que el escenario actual es “muy malo”: “Mucho antes de que estallaran los últimos escándalos, España ya tenía una pésima situación. (…) Lo de los últimos días es la puntilla de una legislatura que no debió arrancar, cosas impensables y disparatadas, con un mismo origen: quien perdió las elecciones se mantuvo en el poder a cambio de someterse a un chantaje constante”, comentaba.
Con el fin de dar continuidad a las acusaciones al Gobierno, Rajoy esgrimió que «el lema del Gobierno es el mismo: ‘Hagamos lo que hagamos, todo vale, lo único que no vale es que venga la derecha’”. “Esto demuestra una falta evidente de talante democrático, sino la concesión de su fracaso, están en un búnker porque no tienen el apoyo de la gente, tratan de retrasar lo inevitable. (…) Esta etapa nefasta de la política hace aguas por todas partes, pero hay más”, sostuvo.
Sin embargo, al igual que el otro ex mandatario, este discurso lo defendió cuando, durante su legislatura, el partido entero fue condenado por corrupción en el marco de la trama Gürtel. Asimismo, su ex ‘número 2’ de Interior, Francisco Martínez, fue detenido el pasado mes de mayo por delitos de blanqueo y revelación de secretos, además de estar imputado en la Operación Kitchen en la que el PP trató de ocultar la caja B del PP y Bárcenas desde el Ministerio del Interior.
En este orden de cosas, la lista de aquellos que, aunque lo pretenden, no pueden predicar con el ejemplo no se limita a los dos expresidentes de Gobierno. Sin ir más lejos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también intervino en el XXI Congreso Nacional del PP, acusó tanto a Sánchez como al Gobierno central de corromper las instituciones del Estado y pidió que “delincan más despacio”. Lo hace, sin embargo, una presidenta del PP señalada constantemente por la Justicia y manteniendo como altos cargos de su ejecutiva a imputados e investigados. De hecho, su número tres en el PP madrileño y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está actualmente imputada por corrupción, investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, en una pieza separada del caso Púnica conocida como el caso Neverland.
Algo similar sucede con su pareja, Alberto González Amador, procesado por delitos de fraude fiscal y falsedad documental, y cuyo futuro está ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, encomendaba hace unos días al cuerpo investigar los hechos de la causa que acabó con la pareja de la presidenta en los tribunales. Los deberes por hacer por parte de la UCO, que analiza un presunto delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, han recaído sobre esta estructura al considerar la Fiscalía la “complejidad” de la situación unida al “carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”. El órgano jurídico indica que, atendiendo a las comprobaciones de la Agencia Tributaria, la empresa de González Amador, Maxwell Cremona -de la que el novio de Ayuso es socio y administrador único- registró en 2020 y 2021 “un incremento de sus ingresos “por una serie de actividades. Con ello, el juzgado solicita al área de la Benemérita mencionada que “lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.
Otras corruptelas: de la alcaldesa imputada al presidente del XXI Congreso
Lo cierto es que, aunque estos tres casos se contradicen a las palabras sostenidas este fin de semana contra la corrupción del Ejecutivo central, el Partido Popular posee una larga trayectoria en esta materia. Sin ir más lejos, el encargado de ocupar la presidencia del Congreso Nacional ha sido Xavier García Albiol, alcalde de Badalona e imputado recientemente por revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Albiol, que gobierna con mayoría absoluta, fue llamado a declarar el pasado 13 de junio en calidad de imputado en el marco de unas pesquisas iniciadas gracias a una querella de la exalcaldesa y líder de Guanyem Badalona Dolors Sabater. El magistrado registró el Hospital de Badalona a finales de febrero para investigar de qué manera la información médica acabó siendo divulgada por Albiol en un pleno de julio del año pasado. Unos hechos que se suman a los recurrentes escándalos protagonizados por Albiol en materia de racismo y políticas migratorias.
Por su parte, sobre una de las manos derechas de Isabel Díaz Ayuso y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, la Justicia ha centrado su foco después de la denuncia presentada por el PSOE de la localidad que le acusa de “simultaneidad de funciones”, a raíz de su contratación como trabajadora municipal, en concreto, por su cargo como Agente de Desarrollo Local, mientras ostenta el mando del Ayuntamiento. De la denuncia interpuesta ante los tribunales se desprende que esta situación podría vulnerar lo establecido en el artículo 178.2 B) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, además del artículo 5.b de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Asimismo, entre los cinco vocales que Feijóo ha designado este fin de semana figura Manuel Cobo, quien fuera mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón y vicealcalde de Madrid entre 2003 y 2011, y actual diputado del PP en la Cámara Baja. En 2017, el ex vicealcalde fue identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) junto al resto de miembros del Gobierno madrileño que en 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, vinculado todo ello a la operación Lezo. Según publicó entonces El Confidencial, la Audiencia Nacional hizo este requerimiento a la Guardia Civil dentro de una de las piezas separadas de la operación Lezo, ya que la compra de esta empresa en Sudamérica se considera la primera aventura del Canal de Isabel II al otro lado del charco.
No menos importante resulta el caso de Alberto Nadal, quien fuera secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el mandato de Mariano Rajoy y hermano de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Al frente de ese puesto, Nadal defendió a toda costa la ausencia de corrupción en el Ejecutivo del PP de Rajoy. Ahora, con los nuevos nombramientos de Feijóo, quien fuera mano derecha de Rajoy asumirá el cargo de vicesecretario de Economía del PP con las competencias en Economía, las relacionadas con Desarrollo Sostenible, un área que hasta ahora dirigía Juan Bravo, que pasará a ser ahora nuevo vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras.
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