El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó la Ley de Presupuestos de 2022 para modificar seis artículos de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, entre ellos el que le permitió ese mismo año transferir remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el organismo al cargo de las residencias públicas de mayores. El dinero se destinó al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que utilizó los fondos para pagar en 2022 y 2024 las facturas de la sanidad privatizada, los hospitales bajo concesión administrativa que gestionan los grupos Quirón y Ribera Salud.
La Ley de Presupuestos lleva fecha de 23 de diciembre de 2021, cuando la Comunidad de Madrid aún vivía los efectos de la pandemia y las residencias de mayores eran una de las áreas de asistencia más problemáticas. El covid puso aún más de manifiesto la escasez de personal y la falta de financiación e inversiones que sufren estos centros.
La Cámara de Cuentas explica una parte de la reforma de la Ley de Hacienda en su informe de fiscalización de 2022. Gracias a un nuevo artículo 67 bis, el consejero de Hacienda puede ahora transferir a la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, «en situaciones excepcionales», las «disponibilidades líquidas» de todos los organismos autónomos, incluso de aquellos que expresamente estaban exceptuados en la propia ley. Era el caso de AMAS, pero también de la Agencia de Vivienda Social (AVS) el Consorcio Regional de Transportes y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde entonces, sus excedentes de tesorería han dejado de ser considerados recursos propios si se dan circunstancias extraordinarias, y pueden ser transferidos a otros departamentos.
Aunque la ley no precisa en qué consisten esas situaciones «excepcionales», la Consejería de Hacienda las ha reconocido ya en tres ejercicios sucesivos. En total, a la sanidad privatizada han ido a parar 252,73 millones de euros procedentes de los fondos no gastados por AMAS. La primera vez que se pagó así a los hospitales concesionados fue en 2022 y por importe de 191,23 millones, tal y como desveló Público. Para reclamar ese dinero, el Sermas adujo una «necesidad de crédito excepcional (y urgente)» a fin de atender las «facturas de la actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos».
Dos años después, el importe de la transferencia ascendió a 61,5 millones de euros, y sirvió para abonar a la Fundación Jiménez Díaz la asistencia médica prestada en 2021 por el hospital emblema del grupo Quirón a pacientes que habían optado por la «libre elección» de centro sanitario, según informó la Cadena Ser.
Sanidad no ha querido revelar cómo repartió los 191,23 millones de la primera operación, si su destinatario fue sólo el grupo Quirón –que gestiona también el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital de Collado-Villalba y el Infanta Elena (Valdemoro)– o también pagó a Ribera Salud –propietario del Hospital de Torrejón–.
La Consejería de Hacienda, a preguntas de Público sobre el motivo del cambio legal, se remite al párrafo que sobre dicha modificación figura en el preámbulo de la Ley de Presupuestos de 2022: la justifica como una mera adaptación a las «nuevas necesidades de la gestión económico-presupuestaria de las Administraciones Públicas», una manera de dotarla de «mayor agilidad». Sin embargo, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez vio otros motivos. Así lo expuso en el debate sobre la Ley de Presupuestos que se celebró en la Asamblea de Madrid el 21 de diciembre de 2021, cuando afeó al Gobierno madrileño que hubiera aprovechado esa norma para colar «de forma torticera» la modificación, suspensión o adición de apartados a seis artículos de la Ley de Hacienda. Gutiérrez le acusó de «burlar» a la Asamblea de Madrid el debate sobre lo que era toda una reforma de esa ley, porque se suprimían obligaciones del Gobierno autonómico «importantísimas para la transparencia del buen uso de los dineros de todos los madrileños».
Los remanentes se disparan desde 2016
La Agencia Madrileña de Atención Social es la sucesora desde 2015 del Servicio Regional de Bienestar Social. En 2014 y 2015, todavía con su antiguo nombre, cerró con remanentes de tesorería discretos de 16,8 y 25 millones de euros, respectivamente. Pero, al convertirse en AMAS, disparó esos excedentes. En 2016 ascendían ya a 141 millones. Son acumulativos, y no dejaron de crecer ejercicio tras ejercicio, hasta alcanzar un máximo de 210 millones en 2021, según ha comprobado este periódico en los sucesivos informes de fiscalización elaborados por la Cámara de Cuentas. Ya desde el mismo 2016, este organismo empezó a llamar la atención de los gestores de la Comunidad de Madrid para que «revisaran» sus políticas de planificación presupuestaria y corrigieran esos importes. Ni la Consejería de Hacienda ni la de Familia, de la que depende AMAS, han contestado a las preguntas de Público al respecto.
Tras llegar a ese máximo, el Gobierno de Díaz Ayuso empezó a utilizar esos fondos para pagar a la sanidad privatizada en 2022. Desde entonces, los remanentes han disminuido: 58,8 millones en 2022, 59,9 millones en 2023 y 62,5 en 2024. Lo que no fue óbice para trasladar ese último año 61,5 millones al Sermas.
Según consta en los informes de la Cámara de Cuentas, AMAS sólo ejecutó el 39% de su presupuesto de inversiones en 2024, el año en que éste ha sido mayor desde 2018 –77 millones de euros– y un 40% en 2022, cuando ascendía a 43,3 millones. Otros ejercicios el grado de ejecución de las inversiones osciló entre el 67% y el 84%, con presupuestos de 14,6 a 17,7 millones. Hubo un año, 2023, en que ejecutó el 90,9% de la cantidad prevista para invertir. Pero también fue el ejercicio con la menor partida para inversiones: sólo 4,7 millones de euros.
«Se trata de ajustes de tesorería, no de ejecución presupuestaria», es la sucinta explicación que la Consejería de Familia ha dado a Público cuando le ha preguntado cómo se han generado unos remanentes tan abultados. Su portavoz niega que procedan de la falta de ejecución de los presupuestos de AMA. «El dinero destinado a nuestros mayores se ejecuta cada año prácticamente al 100%», asegura. Y cita los «2.000 millones de euros al año» que la Comunidad de Madrid dedica a las personas dependientes, «un récord histórico». Después, pasa a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez que, según dice, «priva» a los mayores de «un millón de euros cada día al no financiar el 50% de la dependencia como le corresponde, para seguir pagando la fiesta independentista«.
Fármacos de uso hospitalario
El Gobierno madrileño utilizó el mismo método también para nutrir de fondos a los hospitales públicos del Sermas. Y las transferencias partieron de otros organismos autónomos, no sólo de AMAS. En 2023, el desvío ascendió a 155,88 millones de euros, procedentes de la Agencia de Vivienda Social, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Madrid 112. La situación excepcional esgrimida por el Sermas para pedir fondos consistía en la adquisición de medicamentos de uso hospitalario. Además, AMAS proveyó de 17,13 millones de euros a la propia Consejería de Familia, para cubrir «gastos en distintos programas y centros gestores», sin más precisión.
En 2024, fue de nuevo la Agencia de Vivienda Social el organismo autónomo que proporcionó fondos al Sermas, de nuevo para pagar medicamentos de uso hospitalario: 10,68 millones de euros. En total, 166,56 millones en dos años para comprar fármacos.
El año de la transferencia al Sermas, la Agencia de Vivienda Social cerró con un remanente de tesorería negativo nada menos que de 712 millones de euros. De hecho, ésa ha sido la tónica de la agencia en los últimos años, con remanentes negativos que alcanzaron los 914,4 millones en 2022.