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La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha encendido las alarmas sobre el estado de la libertad de prensa en España. En su informe de 2026, la entidad ha denunciado un preocupante aumento de las presiones políticas y judiciales contra periodistas, en un contexto marcado por la polarización y lo que ha calificado como un creciente “clima de lawfare”.

En su clasificación global, Reporteros Sin Fronteras ha reiterado el deterioro sin precedentes en la libertad de prensa: la puntuación media de los 180 países analizados ha caído a su nivel más bajo en los últimos 25 años. España no escapa a esta tendencia y, de hecho, empeora su puesto al descender seis posiciones en el ranking, pasando del puesto 23 al 29 respecto a 2025, según datos recogidos por elDiario.es.

Según ha recogido el informe y detalla la relatora Edith Rodríguez Cachera en declaraciones a elDiario.es, las “demandas judiciales intimidatorias” se han multiplicado en los últimos años. Entre los actores señalados figuran el “entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso”, y el “juez Juan Carlos Peinado”, cuyas actuaciones – según RSF – contribuyen a intensificar la presión sobre los medios.

Un entorno político beligerante

El informe ha puesto el foco en episodios concretos que ilustran esta deriva. Uno de los más graves se remonta a marzo de 2024, cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, profirió amenazas directas contra periodistas de elDiario.es tras la publicación de una investigación sobre presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió en mensajes que, lejos de ser anecdóticos, reflejan un patrón de hostilidad hacia medios críticos.

“¿Es una amenaza?”, preguntó la periodista. “Es un anuncio”, respondió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El intercambio se produjo el mismo día en que elDiario.es publicó en exclusiva que la pareja de la presidenta había defraudado 350.951 euros a Hacienda mediante un entramado de facturas falsas y empresas pantalla, además de haber percibido dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.

Lejos de rebajar el tono, Rodríguez reincidió meses después. Durante el juicio que acabó con la condena del exfiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de Alberto González Amador, el asesor volvió a cargar contra el medio. Preguntado por su negativa a responder sobre el caso, despachó a sus periodistas como “de línea izquierdista” y “escandalosos”, en declaraciones que refuerzan la percepción de una estrategia de descrédito hacia medios incómodos.

A estos episodios se suma la difusión de datos personales de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp por parte del propio Rodríguez, acompañada de acusaciones falsas, así como la propagación del bulo de que redactores de elDiario.es intentaron acceder encapuchados al domicilio de la presidenta. Estos hechos motivaron denuncias tanto del grupo Prisa como del PSOE. El caso se encuentra ahora en sede judicial: el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar a Rodríguez el próximo 6 de mayo.

La sombra del poder judicial

Más inquietante aún resulta, según RSF, la implicación de actores judiciales. El juez Peinado ha protagonizado varias acciones contra periodistas, incluyendo amenazas de querella y exigencias económicas por informaciones críticas. En otro episodio significativo, Peinado amenazó en octubre a el diario de Prisa con interponer una querella y le exigió una indemnización de 50.000 euros por la publicación de una entrevista al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que este criticaba con dureza la investigación del magistrado sobre la esposa del presidente del Gobierno.

Que estas iniciativas provengan del ámbito judicial añade un componente especialmente delicado. Como subraya RSF, el hecho de que jueces participen en este tipo de acciones “intimida aún más” a los periodistas, al trasladar el conflicto del terreno político al institucional.

El diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras va más allá de los casos concretos y apunta a un patrón preocupante. Para la organización, las actuaciones contra la prensa —tanto las vinculadas al entorno político de Isabel Díaz Ayuso como las promovidas desde instancias judiciales por el juez Juan Carlos Peinado— no son hechos aislados, sino parte de una estrategia que “busca silenciar e intimidar” a los periodistas y generar una “pesadilla ideológica y económica” para los medios.

La relatora Edith Rodríguez Cachera ha introducido un matiz clave: estas presiones no se dirigen de forma indiscriminada. Al contrario, suelen concentrarse en “medios digitales de tamaño mediano”, más expuestos que los grandes grupos y, por tanto, más susceptibles de ver condicionada su línea editorial bajo la amenaza de procesos judiciales o campañas de descrédito.

En ese contexto, RSF ha descrito un desplazamiento inquietante del conflicto político hacia los tribunales. “Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, ha recogido el informe.

El análisis se completa con una radiografía del sistema mediático español. Según la organización, el mercado audiovisual está “altamente concentrado”, con Atresmedia y Mediaset España, junto a RTVE, acaparando gran parte del espacio. En el ámbito autonómico, los medios públicos agrupados en la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) mantienen una presencia sólida, aunque con un “alto riesgo de injerencias políticas”. Frente a este panorama, la prensa —en papel y digital— conserva, según RSF, una mayor diversidad que permite sostener cierto pluralismo.

Pero el informe también ha situado el foco en el clima político general. “España es víctima de un clima de gran polarización política”, ha adviertido, una realidad que impacta directamente en los medios, donde “la opinión contamina cada vez más la información”. En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su compromiso con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y con medidas orientadas a reforzar la transparencia, el secreto profesional, el acceso a la información o la reforma del sistema de regulación y medición de audiencias. Sin embargo, RSF ha introducido una cautela significativa: “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”.

Polarización, precariedad y presión

El informe no se ha limitado a señalar presiones externas, sino que describe un deterioro interno del propio sector. “Peligrosamente concentrado y debilitado, el sistema mediático ha instalado a la profesión periodística española en una precariedad grave y ya cronificada”, ha adviertido Reporteros Sin Fronteras. La consecuencia es directa: “A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo”. En paralelo, añade el texto, la fragilidad económica de los medios los hace “cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”.

Ese contexto se ve agravado por el clima social. Según RSF, “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas”, hasta el punto de que la profesión se sitúa entre las peor valoradas por la ciudadanía española. La desconfianza no es solo reputacional: tiene efectos concretos en forma de acoso y agresiones.

En este sentido, la organización ha alertado de que “el crecimiento de la extrema derecha y su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso”, al tiempo que “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. El informe apunta directamente a Vox, al señalar que “utiliza agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada”. Este hostigamiento, se produce “dentro y fuera de las redes” y cuenta con la “connivencia de políticos y medios digitales afines”, afectando de forma especialmente intensa a las mujeres periodistas, “víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”.

Como ejemplo de esta deriva, RSF ha mencionado a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, a quienes ha acusado de vulnerar principios básicos de la ética periodística y de intimidar de forma sistemática a profesionales de la información. Ambos se encuentran actualmente inmersos en un proceso en el Congreso, después de que varios periodistas y formaciones políticas solicitaran la retirada de sus acreditaciones.

Reino Unido acaba de hacer algo que en España todavía suena a debate pendiente, cuando no directamente a tabú político: convertir el alquiler en una forma de vida estable y no en una cuenta atrás hacia la próxima renovación. La nueva legislación británica sobre los derechos de los inquilinos rompe con una de las lógicas más duras del mercado privado: los contratos con fecha fija de caducidad y la posibilidad de que el propietario ponga fin al alquiler sin tener que justificar una causa concreta. A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley.

La decisión no llega en el vacío. Reino Unido ha tomado esta medida en plena crisis de acceso a la vivienda, considerada la más grave desde la década de 1930, con precios disparados, alquileres cada vez más inasumibles, falta de vivienda asequible y una generación entera atrapada entre la imposibilidad de comprar y la inseguridad de alquilar. ¿Les suena? El diagnóstico británico tiene una potencia política evidente: cuando el mercado deja de garantizar un hogar, el Estado entra a corregir las reglas. No se trata solo de construir más, sino de impedir que vivir de alquiler sea sinónimo de provisionalidad permanente.

El corazón de la reforma (que entra en vigor este 1 de mayo) es claro: se acaban los contratos temporales como norma en el alquiler privado inglés. Las llamadas fixed-term tenancies serán sustituidas por arrendamientos periódicos o abiertos, de modo que el contrato ya no termina automáticamente porque llegue una fecha marcada en el calendario. Organizaciones especializadas en vivienda como Shelter explican que estos contratos no tendrán una fecha final establecida y funcionarán como alquileres mensuales o semanales de carácter continuado.

El otro gran cambio es la desaparición de los llamados desahucios sin causa, conocidos en Reino Unido como Section 21 evictions. Hasta ahora, un propietario podía recuperar la vivienda sin tener que alegar un incumplimiento del inquilino. Con la nueva ley, ese mecanismo queda abolido y el arrendador deberá acudir a causas legales específicas, como impago, necesidad de vender o recuperación del inmueble en determinados supuestos. El Gobierno británico subraya que el propietario seguirá teniendo vías para recuperar su vivienda, pero ya no podrá hacerlo mediante una expulsión arbitraria.

El fin del desahucio por calendario

La reforma británica tiene una lectura que va más allá del tecnicismo jurídico. El calendario deja de ser una herramienta de presión sobre el inquilino. En un mercado tensionado, la fecha de finalización del contrato se convierte muchas veces en una amenaza silenciosa: no hace falta un desahucio judicial, ni un impago, ni una sentencia. Basta con que el contrato venza, el propietario no renueve o imponga una subida imposible de asumir.

Ese fenómeno también existe en España. Muchos inquilinos no son expulsados de su casa por dejar de pagar, sino porque el contrato termina y el nuevo precio los echa fuera de facto. La salida no aparece en las estadísticas como un desahucio, pero sus efectos sociales son muy parecidos: mudanza forzosa, pérdida de barrio, cambio de colegio, ruptura de redes familiares, más tiempo de transporte, más gasto y más inseguridad vital.

Reino Unido ha decidido intervenir precisamente ahí: en el punto donde el contrato deja de ser un acuerdo entre partes y se convierte en una cuerda que se tensa periódicamente. La vivienda alquilada pasa a ser un hogar mientras el inquilino cumpla, no una estancia provisional sometida al vencimiento de cada seis, doce o veinticuatro meses. Esa es la gran diferencia política: la estabilidad deja de depender de la voluntad del propietario y se convierte en una garantía legal.

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos ofrece una protección temporal, pero no indefinida. Los contratos de vivienda habitual se prorrogan obligatoriamente hasta cinco años si el arrendador es persona física y hasta siete si es persona jurídica, siempre que el inquilino quiera continuar. Una vez pasado ese periodo, si ninguna de las partes comunica lo contrario, existe una prórroga tácita anual hasta un máximo de tres años más.

Ese sistema da cierta estabilidad, pero mantiene intacta la lógica de fondo: el alquiler tiene una fecha de revisión estructural. Cuando acaba el periodo protegido, el inquilino vuelve a quedar expuesto a la no renovación o a una subida que lo obligue a marcharse. En zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Baleares o Canarias, ese momento se vive como una auténtica cuenta atrás. No es solo cuánto se paga hoy, sino qué ocurrirá cuando el contrato llegue a su fin.

España regula como provisional lo que ya es permanente

La gran contradicción española es que la ley sigue tratando el alquiler como una etapa transitoria, cuando para millones de personas se ha convertido en una forma permanente de vida. Durante décadas, alquilar era presentado como un paso previo a la compra. Hoy, para jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias urbanas, comprar una vivienda es directamente inviable. Pero alquilar tampoco garantiza estabilidad.

Ahí aparece el drama habitacional español en toda su crudeza: ni comprar ni quedarse. La propiedad se aleja por precios prohibitivos, salarios insuficientes y falta de ahorro; el alquiler, mientras tanto, se encarece y caduca. La consecuencia es una generación que no puede construir un proyecto de vida sobre ningún suelo firme. Se vive con contrato, pero también con fecha de incertidumbre.

Por eso el espejo británico resulta incómodo. Un país con una tradición inmobiliaria mucho más liberalizada que la española ha asumido que la seguridad residencial no puede depender solo del mercado. Reino Unido no ha aprobado una “renta antigua” sin salida para el propietario ni ha eliminado el derecho del dueño a recuperar su vivienda en determinados casos. Lo que ha hecho es modificar el equilibrio: si el inquilino cumple, no puede ser expulsado simplemente porque toca renovar.

España, en cambio, continúa atrapada entre parches. El último ejemplo es la prórroga extraordinaria de alquileres que decayó en el Congreso tras no conseguir respaldo parlamentario. La medida pretendía permitir una extensión de hasta dos años, en las mismas condiciones, para contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. Su caída dejó incertidumbre jurídica entre los inquilinos que ya la habían solicitado y volvió a mostrar la fragilidad de las soluciones temporales.

El problema es precisamente ese: España discute prórrogas mientras otros países discuten estabilidad estructural. Las prórrogas pueden aliviar situaciones concretas, pero no cambian el diseño del sistema. Alargan la cuenta atrás, pero no la eliminan. Ganan tiempo, pero no garantizan que alquilar pueda ser una forma segura de habitar.

El debate ya existe en España, pero no tiene mayoría

La idea del alquiler indefinido no es ajena al debate político español. Más Madrid registró en el Congreso una proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y establecer contratos de alquiler residencial de duración indefinida. La iniciativa defendía que un contrato sin límite temporal permitiría estabilidad, seguridad residencial y certidumbre para vivir, formar familias y consolidar barrios. En su exposición de motivos, la propuesta resumía la filosofía de la medida con una frase especialmente clara: “El contrato indefinido permite hacer del alquiler un hogar”.

La propuesta no planteaba que el propietario perdiera para siempre el control sobre su vivienda. El modelo previsto admitía causas tasadas para recuperar el inmueble, como la necesidad de uso por parte del arrendador o de familiares en determinados supuestos. La clave era otra: impedir que el mero vencimiento del contrato se convierta en una puerta abierta a la expulsión o a una subida desproporcionada.

El debate conecta también con una evidencia de fondo: las grandes subidas de precio suelen producirse al firmar nuevos contratos, no necesariamente durante la vigencia de los contratos existentes. Si cada cinco o siete años se fuerza una nueva negociación desde cero, el mercado encuentra una vía perfecta para actualizar rentas al alza y expulsar a quienes no pueden seguir el ritmo.

Sin embargo, esta discusión sigue sin abrirse paso con fuerza en el Congreso. La derecha española ha presentado tradicionalmente este tipo de medidas como un ataque a la propiedad privada o como una amenaza para la oferta de alquiler, pero el bloqueo no puede explicarse solo por PP y Vox. También el PSOE, pese a gobernar desde hace años y pese a haber hecho bandera de la vivienda en el discurso público, ha avanzado poco o nada hacia una reforma estructural que elimine la caducidad automática de los contratos.

El Gobierno ha aprobado medidas relevantes, como la Ley de Vivienda, los límites a la actualización anual de rentas o intentos de prórroga extraordinaria de contratos, pero ha evitado tocar el núcleo del problema: la capacidad del vencimiento contractual para expulsar al inquilino aunque cumpla con sus obligaciones. En la práctica, el Ejecutivo socialista ha preferido moverse en el terreno de los parches, las prórrogas y los acuerdos parciales antes que asumir el debate de fondo sobre si el alquiler habitual debe tener o no fecha de caducidad.

Esa cautela tiene consecuencias. Millones de inquilinos siguen viviendo pendientes de una renovación, de una subida inasumible o de una no renovación que les obligue a abandonar su casa y su barrio. El PSOE ha denunciado la crisis habitacional, ha señalado la responsabilidad de los gobiernos autonómicos que no aplican la Ley de Vivienda y ha confrontado con la derecha por su negativa a regular el mercado, pero no ha convertido el alquiler indefinido en una prioridad legislativa propia.

La reforma británica deja esa contradicción más expuesta. Si Reino Unido, con una tradición mucho más liberal en materia de vivienda, ha decidido poner fin a la temporalidad estructural del alquiler, España ya no puede escudarse en que esa discusión sea inviable o radical. La pregunta apunta también a Moncloa: por qué un Gobierno progresista que reconoce la vivienda como una emergencia social no ha impulsado una fórmula que blinde la permanencia de quienes pagan y cumplen.

Donald Trump ha vuelto a hacer saltar las alarmas en la comunidad científica estadounidense. La Administración republicana ha destituido de forma abrupta a los miembros del National Science Board, el Consejo Nacional de Ciencia, un órgano independiente creado en 1950 que supervisa la Fundación Nacional de Ciencia y asesora tanto al Gobierno como al Congreso en materia de investigación, innovación y política científica. La decisión, comunicada por correo electrónico y sin explicaciones detalladas, llega en un momento especialmente sensible: el organismo ultimaba un informe sobre el deterioro de la posición científica de Estados Unidos frente al avance de China.

La fulminación del consejo supone un golpe directo a una de las instituciones clave del ecosistema investigador norteamericano. Según la información adelantada por medios estadounidenses, los miembros recibieron un mensaje de la Oficina Presidencial de Personal en el que se les notificaba la “terminación inmediata” de sus cargos. El movimiento ha sido calificado por antiguos responsables del organismo y por representantes demócratas como un ataque político a la ciencia y a la innovación, precisamente cuando Washington afronta una competición estratégica cada vez más dura con Pekín.

El informe incómodo: China pisa el acelerador

El dato más revelador no está solo en los ceses, sino en el contexto en el que se producen. El Consejo Nacional de Ciencia trabajaba en un informe sobre el estado de la ciencia estadounidense que, según una de sus integrantes cesadas, Yolanda Gil, advertía de la creciente superioridad científica de China en áreas estratégicas. El documento apuntaba al avance sostenido de Pekín en inversión en I+D, producción científica y capacidades tecnológicas, al tiempo que Estados Unidos mostraba síntomas de retroceso por los recortes, la incertidumbre presupuestaria y la politización de sus agencias públicas.

La lectura política es difícil de evitar. Trump, que ha construido buena parte de su discurso internacional sobre la promesa de restaurar la supremacía estadounidense, se encuentra ahora con un diagnóstico que contradice esa narrativa: China no solo compite, sino que en determinados terrenos empieza a superar a Estados Unidos. En lugar de reforzar la independencia del organismo encargado de analizar ese desafío, la Casa Blanca ha optado por vaciarlo de golpe, abriendo la puerta a su sustitución por perfiles más afines a la agenda presidencial.

El Consejo Nacional de Ciencia no era un comité ornamental. Entre sus funciones figuraban aprobar grandes partidas de financiación, orientar la estrategia de la Fundación Nacional de Ciencia y ofrecer recomendaciones al Congreso y al Ejecutivo. La NSF, por su parte, es una de las grandes columnas vertebrales de la investigación básica en Estados Unidos, con un presupuesto cercano a los 9.000 millones de dólares y un papel decisivo en universidades, laboratorios y proyectos tecnológicos de largo alcance.

La decisión se produce además tras meses de presión sobre la propia Fundación Nacional de Ciencia. La Administración Trump ya había propuesto recortar más de la mitad de su presupuesto, aunque el Congreso bloqueó esos planes. Para sus críticos, la destitución del consejo allana el terreno para nuevos recortes y reduce los contrapesos internos frente a una Casa Blanca que pretende redibujar la política científica desde parámetros ideológicos y de lealtad política.

La dimensión institucional del golpe es profunda. El National Science Board fue concebido con mandatos escalonados de seis años para garantizar continuidad y autonomía frente a los vaivenes electorales. Esa arquitectura buscaba precisamente impedir que un presidente pudiera sustituir de una sola vez a todos sus integrantes y convertir el órgano en una extensión partidista del Ejecutivo. La purga de Trump rompe ese equilibrio y plantea dudas jurídicas y políticas sobre el alcance real del poder presidencial sobre organismos creados por ley.

La comunidad universitaria también ha reaccionado con preocupación. La Asociación de Universidades Americanas expresó su inquietud por el despido de los miembros del consejo, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y las instituciones académicas. Para buena parte del sector científico, el problema no es solo la salida de 22 expertos, sino el mensaje que se envía a investigadores, universidades y centros tecnológicos: los diagnósticos incómodos pueden tener consecuencias políticas.

La paradoja es evidente. Mientras China refuerza su planificación tecnológica, su inversión pública y su estrategia industrial, Trump desmantela uno de los órganos encargados de medir la competitividad científica estadounidense. La Casa Blanca defiende que las operaciones de la NSF no se verán afectadas y ha sugerido que las competencias del consejo podrían necesitar una actualización, pero no ha ofrecido una explicación convincente sobre la urgencia ni sobre el cese simultáneo de todos sus integrantes.

El episodio encaja en una ofensiva más amplia contra estructuras independientes de asesoramiento científico. Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado cambios drásticos en organismos federales, ha cuestionado a expertos técnicos y ha tratado de reforzar el control político sobre agencias que tradicionalmente habían funcionado con márgenes de autonomía. En este caso, el objetivo es especialmente sensible: la ciencia como palanca de poder nacional, crecimiento económico y seguridad estratégica.

El resultado inmediato es una incógnita institucional. Si el Consejo Nacional de Ciencia queda paralizado o es reconstruido con perfiles leales al presidente, Estados Unidos puede perder una herramienta esencial para evaluar con rigor su posición frente a China. Y eso ocurre justo cuando los datos apuntan a que la competición ya no se libra solo en aranceles, defensa o comercio, sino en laboratorios, patentes, universidades, semiconductores, inteligencia artificial y capacidad de atraer talento.

El agitador ultraderechista Vito Quiles despachó con tres senadores del Partido Popular 24 horas antes del asalto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según una exclusiva del programa «Mañaneros 360», de Radio Televisión Española (RTVE), Quiles comió con Benjamín Prieto, expresidete del Partido Popular de Cuenca, entre otros senadores, el pasado martes en la propia Cámara Alta. 

Después de la comida, la senadora popular Marimar Blanco se incorporó a la sobremesa en la cafetería del Senado. «Quiles come y se fotografía en el Senado con el Partido Popular«, ha informado el presentador del formato, Javier Ruíz. Asimismo, varios de los senadores que se encontraban en la cafetería afearon al activista por tomar esa imagen.

El Partido Popular ha negado que la comida estuviese agendada. «Fue causal, no estaba preparada», confirman fuentes del partido a la reportera de Mañaneros 360, Marta Hita. «La información está tan contrastada que sabemos lo que comieron: ensalada de garbanzos con picante«, ha detallado.

«Quiles accedió al restaurante con el teléfono en mano, agarró del brazo a la mujer del presidente, le empujó e impidió su salida de una cafetería de Las Rozas«, ha avanzado el conductor del maagzine en exclusiva. «Esto no es periodismo, es escuadrismo«, ha sentenciado de forma contundente

Un equipo de Más Vale Tarde se desplazó rápidamente hasta el lugar donde ocurrió todo y su reportero, Javier Bastida, corroboró la información. «Nos confirman que Quiles ha esperado a la mujer del presidente en el interior del recinto«, decía el periodista, que aseguraba que, ante la multitud de preguntas, habrá «respuestas bastante concretas porque en el interior del establecimiento hay cámaras que han podido grabar lo ocurrido y ese relato de si le estaba impidiendo salir a la mujer del presidente del Gobierno».

La mujer del jefe del Ejecutivo anunció que va a presentar una denuncia contra el activista mediático por una presunta «agresión».