El Ejecutivo toma, así, medidas contra la reduflación que, según recuerda, es legal en España en muchos contextos, pero «afecta a la transparencia en las relaciones de consumo, debilita el principio de información veraz y clara y puede inducir a error a las personas consumidoras al hacerlas creer que están adquiriendo la misma cantidad de un producto que venían adquiriendo con anterioridad por el mismo valor».
Hay, en el Congreso, una ley socialista que contempla una medida similar, aunque lleva sin avanzar desde el pasado mes de diciembre. En esa propuesta también se planteaba obligar por ley a las empresas a informar cuando su producto mantenga o aumente su precio, pero reduzca su cantidad. El Gobierno ha ido un paso más allá, y ha incluido en esa obligación de información cuando la reduflación se produzca también al reducirse las unidades vendidas en paquetes, y no solo la reducción de la cantidad en un único envase.