Desde la formación de Díaz insistían a primera hora de la mañana en que no existía «ningún motivo para no aprobar el real decreto-ley inmediatamente», toda vez que el acuerdo «ya se ha alcanzado» entre ambas partes y añadiendo así que su aprobación es «absolutamente fundamental».
«Dijimos que para darle sentido a la legislatura había que lanzar la agenda social y que había que hacerlo ya. Lo hemos cumplido. Es un gran paso para mejorar la vida de las familias en España. Daremos más. Para mejorar la dependencia, para acabar con la pobreza infantil, para bajar los alquileres y proteger a los inquilinos a los que los fondos buitre están echando de sus casas. Mientras en el mundo avanzan las fuerzas racistas y el autoritarismo, en España se amplían derechos sociales para proteger a las clases trabajadoras. Este es el camino. Esto es lo que da sentido a este Gobierno», ha señalado asimismo este lunes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Una «marrullería ‘sanchista’ e insuficiente
El principal partido de la oposición ha desdeñado la propuesta del Gobierno que tilda de «marrullería sanchista, además de absolutamente insuficiente» porque «ni tiene presupuesto, ni ha sido acordada en el diálogo social, ni cumple con los compromisos de España con Europa». Además, desde Génova consideran que el anuncio del Gobierno de este lunes es «un acuerdo consigo mismo para cumplir con la obligación de ampliar el permiso parental retribuido, después de seis años de retraso, dejación y dejadez».
«En concreto, los españoles hemos pagado por esta desidia de Sánchez una sanción de más de 6,8 millones de euros, que se suman a la multa diaria de cerca de 10.000 euros que se cobra la UE desde el pasado 2 de agosto de 2024. En total, más de 10 millones de euros, cantidad que puede ampliarse hasta los 43.920 euros diarios si esa trasposición no llega antes de que el TJUE se pronuncie», denuncian.
Fuentes populares exigen además que el Gobierno «se ponga a trabajar en serio», cuente con los agentes sociales y cumpla con los compromisos de España con la UE o, al menos, «deje de bloquear» los proyectos del PP como la ley de conciliación y corresponsabilidad familiar, ya que es un proyecto «que sí contempla el cumplimiento con la orden europea, pero que fue vetado ilegalmente por el Gobierno y paralizado después por Francina Armengol».