Cualquier ciudadano que haya intentado defraudar a Hacienda mas de cuatro millones de euros y que luego diga que ha logrado reunir esa cantidad fuera de España, en apenas cuatro años, para devolver los préstamos que pidió entonces a sus amigos para saldar la deuda, se expondría con seguridad a nuevas inspecciones fiscales. Pero en el caso de Juan Carlos de Borbón no parece que vaya a ser así, por mucho que haya expertos que consideren que existen indicios más que suficientes para sospechar que el exjefe del Estado aún mantiene oculta al fisco, desde hace años, una fortuna que guardaría en el extranjero y que habría engordado sin declararla durante todo su reinado.
Según una información publicada el miércoles 6 de agosto en El Mundo, el padre de Felipe VI ha devuelto ya a varios aristócratas y empresarios afines los 4,3 millones de euros que dijo haberles pedido para poder saldar parte de las dos regularizaciones de sus declaraciones de impuestos de los ejercicios de 2015 y 2017 y de 2021. Las fuentes próximas al exmonarca citadas en el artículo aseguran que habría obtenido ese dinero mediante la venta de los derechos sobre su vida para la producción de documentales, y por su actividad como comisionista en Emiratos Árabes, país al que se fugó en agosto de 2020 tras conocerse que tenía cuentas corrientes millonarias en otros países.
«Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria deberían investigar de dónde viene el dinero, porque si fueran ingresos ocultos correspondientes a ejercicios en los que era residente fiscal en España [y lo fue hasta 2021], eso significaría la nulidad de las regularizaciones anteriores», indica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Cruzado explica que, en esa hipótesis, Juan Carlos de Borbón podría haber incurrido en la comisión de varios «delitos fiscales agravados que sí serían perseguibles»: por la Fiscalía en el caso de los ejercicios de 2015 y 2017, cuando regularizó cantidades superiores a 600.000 euros, lo que convierte el delito en «agravado» y hace que la prescripción sea de diez años; y en el de 2021, tanto por la Fiscalía como por la Agencia Tributaria, puesto que la prescripción administrativa de esas infracciones está establecida en cuatro años.
Ingresos que no tributan en España
«Pero lo más probable es que no se vaya a hacer nada», apunta el presidente de Gestha, recordando que el Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de súplica presentado por una docena de juristas –entre ellos exmagistrados y exfiscales–, filósofos y periodistas, contra el archivo de la querella en la que acusaban a Juan Carlos de Borbón de cinco delitos fiscales.
Público se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda para preguntarle si la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), que tiene potestad para abrir inspección a cualquier contribuyente sin necesidad de motivar esa decisión, va a comprobar la procedencia del dinero con el que el exmonarca ha saldado sus supuestas deudas con las trece personas físicas y jurídicas que habrían sufragado aquel préstamo. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero se han limitado a señalar que «la AEAT no habla nunca de casos concretos ni contribuyentes».
Este diario también requirió a la Fiscalía del Estado su posición sobre la posibilidad de investigar el origen de los 4,3 millones de euros que Juan Carlos de Borbón ha aflorado ahora, y se dirigió a la Casa Real para saber si Felipe VI tiene o tuvo conocimiento de la liquidación de la deuda de su padre y de los supuestos ingresos en Emiratos Árabes con los que la habría afrontado, así como para obtener una valoración de los hechos. A la hora en la que se terminó de redactar este artículo, ni la Fiscalía ni la Casa Real habían ofrecido respuesta.
Carlos Cruzado, el presidente de Gestha, recuerda que si el exjefe del Estado español tributara en España, «buena parte» de los 4,3 millones que dice haber obtenido en Emiratos Árabes como comisionista y por la venta de sus derechos de imagen, deberían haber nutrido las arcas públicas de su país, a las que el resto de sus conciudadanos sí destinan solidariamente un porcentaje de sus ingresos –si es a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el tipo impositivo cuando superan los 300.000 euros es del 47%–.
¿Préstamo o donación?
Además, aunque el exmonarca asegura que lo que recibió de sus amigos no fue una donación, que ellos habrían tenido que declarar a Hacienda, sino un préstamo sin intereses, averiguar el origen del dinero con el que Juan Carlos de Borbón liquidó la deuda no sería difícil, y bastaría comprobar la procedencia de las transferencias en las cuentas bancarias en las que los supuestos prestamistas debieron de haber recibido el pago.
En ese sentido, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y quien ejerció la dirección letrada de la querella que ese organismo ha desestimado, considera inaudita la pasividad que mantienen tanto la Fiscalía como el propio tribunal y la Agencia Tributaria ante los indicios de irregularidades en las regularizaciones del anterior rey de España. «Han tenido unas tragaderas infinitas y ni siquiera han preguntado quiénes eran los supuestos prestamistas, cuando era sencillísimo comprobarlo. Pero han preferido mirar para otro lado», añade.
«Han tenido unas tragaderas infinitas y ni siquiera han preguntado quiénes eran los supuestos prestamistas, cuando era sencillísimo comprobarlo»
Martín Pallín explica que la querella se basaba en que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos de Borbón deberían considerarse nulas, ya que el exmonarca habría sido avisado previamente por la propia Fiscalía de que estaba siendo investigado y el Código Penal español establece que no se pueden admitir regularizaciones una vez que el juez o el fiscal hayan iniciado «actuaciones que le permitan [al afectado] tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
«Si alguien se toma la molestia de leer el escrito de la Fiscalía [en respuesta a la querella], verá que dice literalmente que gracias a ella se pudieron recuperar cinco millones de euros para el erario público. Si fue gracias a la Fiscalía que presentó las regularizaciones, no hay que ser doctor en Derecho para deducir que lo hizo porque la Fiscalía le avisó. Y por tanto, que son nulas», subraya Martín Pallín, quien resume con una frase su «profunda decepción» por la actuación de las instituciones: «Más que ciudadanos de un Estado de Derecho parecemos súbditos de Fernando VII«, concluye el magistrado en referencia al tatarabuelo de Juan Carlos, quien, en su día, también huyó del país.
Tarjetas de crédito y vuelos en avión privado
En el caso de su tataranieto, a finales del año 2020, apenas cuatro meses después de escaparse a Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes, por la concatenación de escándalos sobre su fortuna, presentó ante la AEAT una primera regularización de sus declaraciones a Hacienda, reconociendo que no había pagado impuestos por valor de 678.393,73 euros por las rentas que obtuvo a través de varias tarjetas de crédito que se cargaban en cuentas del empresario mexicano Allen Sanginés‑Krause.
Tres meses después, en febrero de 2021, presentó una segunda regularización por 4. 395. 901,96 euros, correspondiente a los viajes en avión privado por valor de más de ocho millones con los que le obsequió una fundación controlada por su primo Álvaro de Orleans, y que tampoco había declarado. En 2021, la Fiscalía decidió archivar otra causa contra Juan Carlos de Borbón que investigaba el supuesto cobro de 80 millones de euros en comisiones por la construcción del AVE a La Meca en Arabia Saudí.