El juzgado granadino ha convocado, a las 10 horas de este miércoles, a la representación de las partes así como a la Fiscalía, para «efectuar los requerimientos correspondientes en orden de propiciar el cumplimiento activo de la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones de Cagliari (Italia)», que es la que obliga a que se produzca ese retorno del menor con el exmarido de Juana Rivas.
El auto pide recopilar «con carácter urgente» un informe del personal técnico del punto de encuentro, «sobre el lugar, condiciones y modo en que podría tener lugar la efectiva entrega, salvaguardando el interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio».
La defensa de Juana Rivas había intentado recurrir hasta el último momento, incluso ante el Tribunal Constitucional, que por ahora ha rechazado meterse en el caso, ya que todavía se puede recurrir esa sentencia. Además, queda todavía por pronunciarse la Audiencia Provincial de Granada, que ha dado un plazo de diez días para que se pronuncien las partes.
El hijo mayor, de 19 años, envió este domingo una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, relatando el «desamparo» y el «temor» que siente con la vuelta de su hermano a Italia. «He sido un niño maltratado por mi padre y sé de primera mano por el infierno por el que está pasando mi hermano, no puedo permitir esta barbaridad e incoherencia», advierte Gabriel, en una llamada de auxilio al dirigente andaluz. Él, que ya es mayor de edad, no debe volver a Italia, pero hace años tuvo que pasar por lo mismo.
También el Gobierno se ha pronunciado sobre el asunto, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego —que este mismo lunes estuvo reunida en Granada con Juana Rivas—, ha pedido a la Fiscalía «que ponga en marcha todas las herramientas a su alcance para que se respeten los derechos de Daniel». La titular de Igualdad, por su parte, ha señalado la «disfunción» que se produce entre la jurisdicción de los dos países, Italia y España, y ha apuntado que tendrá que intervenir la Comisión Europea para resolverlo. Ana Redondo ha defendido también que Italia debería resolver primero la cuestión penal que hay contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos; y ya después determinar la custodia del niño.
Ese es el «dilema» que señaló también la Audiencia Provincial de Granada, que defendió este lunes mantener la «confianza mutua» entre estados europeos y un «armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia» en la Unión Europea (UE). Así lo aseguraron los magistrados en un auto en el que rechazaban la petición de suspensión de la orden de entrega, pero que todavía deben fallar sobre el recurso de apelación que presentó Juana Rivas para anular la sentencia italiana.