De esta manera, de momento queda en alto la tramitación de una ley que busca promover métodos de transporte más sostenible, de la bicicleta o el tren, especialmente para el transporte de mercancías, como alternativas a la movilidad por carretera, más contaminante. La norma acoge la creación de zonas de bajas emisiones, crea el marco legal para que los alcaldes que lo deseen establezcan «peajes urbanos» por acceder a sus ciudades en coche u obliga a grandes empresas a elaborar planes de movilidad para sus empleados, entre los que se incluye rutas de transporte colectivo, la posibilidad de teletrabajar y la movilidad compartida. El llamado ‘carsharing‘ al estilo de plataformas como Bla,Bla, Car, queda definido por primera vez en un texto legal, que abría la posibilidad de subvencionar esta actividad.
Precisamente, el número de empleados que las empresas obligadas a crear planes de movilidad es una de las últimas batallas entre el PSOE y sus socios a la izquierda, que antes del estallido del escándalo de corrupción por el informe de la UCO sobre Cerdán, había quedado «viva» para la reunión de este jueves. Aunque improbable, tampoco estaba cerrado del todo la posibilidad de que las rutas internacionales de autobús pudieran dejar y recoger pasajeros en España.
Si se aprueba, la Ley de Movilidad Sostenible aplazará la liberalización del transporte en autocar para favorecer el actual sistema de concesión, aunque con un mandato para renovar el trazado de las líneas de competencia estatal para hacerlas más rápidas y atractivas para los pasajeros. Según la propuesta del Ministerio, esto supondrá suprimir el 83% de las paradas de las grandes líneas, algunas de las cuales podrían suplirse con la medida que la semana pasada ya habían acordado los grupos con un amplio consenso, que comunidades y ayuntamientos puedan poner por su cuenta autobuses para enlazar localidades sin bus ni tren con otras que sí los tengan.
El «contexto» hace imposible llegar a acuerdos
Sin embargo, de momento todo esto ha quedado en suspenso. «Por el contexto«. Esta es la explicación que da uno de los grupos a la izquierda del PSOE para explicar el motivo de la cancelación de la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible que debía votar -y aprobar, previsiblemente- el informe de la ponencia de la Ley de Movilidad Sostenible. Es decir, decidir qué enmiendas negociadas en los últimos meses entre los grupos parlamentarios se incorporan a la norma definitiva, que debía así quedar ‘vista para sentencia’. El siguiente paso, el definitivo, estaba previsto el 26 de junio, cuando fuentes del PSOE calculaban que la ley se votaría en el Pleno del Congreso, que reproduce a mayor escala la mayoría que esperaba alcanzarse en el encuentro cancelado de este jueves.
«Ahora se ha abierto un nuevo horizonte y no sé lo que pasará», dicen desde otro de los grupos del Congreso, que no descartan que, de nuevo, a Ley de Movilidad Sostenible quede guardada en un cajón, no por desavenencias sobre su contenido sino por la cuarentena en la que han puesto al PSOE grupos que hasta ahora han sido claves para que el Gobierno aprobara leyes en el Parlamento. «La situación se está complicando. Va a ser muy difícil«, añaden sobre el futuro de la norma.
Según intento con previsión de aprobarla el 26 de junio
Con la votación en el Pleno y al margen de que el trámite parlamentario debía ir después al Senado, se cumpliría la enésima previsión del Ministerio de Transportes para ver por fin aprobada una norma de la que depende el desembolso de fondos europeos, que debía estar aprobada antes de final de 2024 y que encadenado retrasos, el principal, el final abrupto de la pasada legislatura cuando Sánchez convocó las elecciones del 23 de julio del año pasado. Como consecuencia, hubo que empezar el proceso desde el principio y en enero de este año, el ministro de Transportes, Óscar Puente, llevó al Consejo de Ministros un proyecto de ley exactamente igual al que había decaído meses antes, para aprovechar el «consenso» que hasta entonces se había ido alcanzado. A partir de ahí, la oposición cada vez más dura del PP al Gobierno ha complicado las cosas, pero según apuntan varias fuentes parlamentarias, la estocada final a esta ley puede que venga del lado opuesto, es decir, de la falta de apoyo de partidos más a la izquierda del PSOE o aliados tradicionales como el PNV.
En estos momentos, no es posible llegar a acuerdos con el PSOE, añaden desde un grupo que ha apoyado las iniciativas del Gobierno desde el principio de la legislatura y que ahora pone en suspenso el respaldo al Gobierno, también por lo que respecta a la Ley de Movilidad. Ante la perspectiva de perder una votación tan importante y que la ley no saliera aprobada en comisión, el PSOE ha decidido suspender la sesión, apuntan otras fuentes parlamentarias.
El PP, por su parte, asegura que la cancelación está motivada por la falta de apoyos entre los partidos con los que critica que el PSOE se ha centrado en negociar la ley a lo largo de los últimos meses y entre los que no se encuentra esta formación. De cara a la reunión de este jueves, fuentes populares señalan que ni siquiera tenían decidido el sentido de su voto sobre una ley de «gran envergadura» que, aunque critican los modos de negociación del PSOE, creen que debería aprobarse. Sin embargo, de momento dudan de que vaya a ser así, en este caso por la falta de apoyos entre sus socios y debido al escándalo de corrupción que rodea al PSOE.