El director de Carreteras y su número dos, Camino Arce Blanco, firmaron la aprobación de la modificación el 25 de octubre. El documento firmado incluía «los dos aspectos que Fernando Merino le había destacado a Koldo», apunta la UCO.
Fue Camino Blanco quien escribió a Koldo el 5 de diciembre de 2019 informando de que se había liberado el pago a OPR tras aprobarse la modificación. «Lo conseguimos!! (sic)», le dijo, «para que veas lo complicado que es dar un paso… en este trabajo». Adjunto a los mensajes, Blanco envió una foto del documento por el que se aprobaba una revisión de precios de 1,9 millones de euros.
Un amaño frustrado por la detención de Koldo García
El último presunto amaño de los identificados por la UCO acabó frustrado, según la UCO, por la detención de Koldo García en 2024. Sin embargo, la adjudicación se remonta a 2021, cuando Adif contrató a la UTE Monforte, formada por OPR y otra compañía llamada ASCH para una obra en Montorte, Lugo.
El 16 de febrero de 2024, con la obra en marcha, hubo un desprendimiento y Adif licitó un expediente de emergencia para que una empresa se encargara de subsanarlo. Aquel día, Daniel Fernández explicó a Koldo García que ese tipo de contratos (los expedientes de emergencia) solo se adjudican a una empresa, y no a UTEs. De modo que pidió que fuera adjudicada a OPR, en lugar de a ASCH.
Los mensajes de Daniel Fernández se sucedieron, hasta que Koldo García consideró que estaba siendo demasiado explícito y le llamó para que fingiera que se había equivocado enviándole un whatsapp en concreto. La UCO conoce el contenido de esa llamada por que en aquél momento el teléfono de García ya estaba intervenido.
El asesor de Ábalos también habló con Antonio Fernández: «Oye mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo; y cuando digo todo es referente a una cosa de emergencia y tal. Por el WhatsApp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como sabemos hacer».
El informe de la UCO sostiene que la obra fue adjudicada finalmente a ASCH, en lugar de a OPR, «como posible consecuencia de la detención de Koldo García». Se trata de un contrato de 1,45 millones de euros.